Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00210-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00210-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00210-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00210-00 (2524-2023)
Demandante : Luis Enrique Quimbayo Lozano
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de nulidad originada en la sentencia de
segunda instancia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Luis Enrique
Quimbayo Lozano contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima.1
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Luis Enrique Quimbayo solicitó declarar la nulidad parcial de las resoluciones GNR
316452 del 27 de octubre de 2016, mediante la cual Colpensiones, con ocasión de su
retiro definitivo del servicio, reliquidó la pensión de vejez previamente reconocida con
fundamento en el Decreto 758 de 1990, en el marco del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993; SUB 229765 del 30 de agosto de 2018, que negó la solicitud de
reliquidación pensional conforme al Decreto 546 de 1971; y SUB 275301 del 22 de
octubre de 2018 y DIR 19560 del 6 de noviembre de 2018, que resolvieron,
respectivamente, los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la
Resolución SUB 229765 de 2018.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a Colpensiones
reliquidar su pensión conforme a los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, aplicables a
los servidores públicos de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con base en el 75 %
de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio (del 3 de
octubre de 2015 al 3 de octubre de 2016).
1Decisión suscrita por los magistrados Belisario Beltrán Bastidas, Luis Eduardo Collazos Olaya y Carlos Arturo
Mendieta Rodríguez.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00210-00 (2524-2024)
Demandante: Luis Enrique Quimbayo Lozano
3. El actor indicó que laboró en la Fiscalía General de la Nación por más de 24 años.
Mediante Resolución GNR 013421 del 20 de febrero de 2013, Colpensiones le reconoció
pensión de vejez en cuantía inicial de $ 932.716, con fundamento en 1382 semanas
cotizadas y una tasa de reemplazo del 68,85 %, conforme al artículo 9 de la Ley 797 de
2003, condicionando su disfrute al retiro definitivo del servicio. Posteriormente, por medio
de Resolución GNR 89544 del 30 de marzo de 2016, al resolver el recurso de reposición,
la entidad aplicó el Decreto 758 de 1990 y elevó la mesada a $ 1.750.697.
4. Luego, mediante la Resolución GNR 175492 del 17 de junio de 2016, Colpensiones,
en aplicación del artículo 20 del Decreto 758 de 1990 y del régimen de transición previsto
en la Ley 100 de 1993, reajustó la pensión del actor al constatar que acreditaba 1729
semanas de cotización, por lo que determinó una tasa de reemplazo del 90 % y una
mesada de $ 1.800.236, con efectos a partir del 2 de marzo de 2011. En dicha decisión,
la entidad descartó la aplicación del Decreto 546 de 1971 por considerarlo menos
favorable, en la medida en que contiene una tasa del 75 % y la mesada sería inferior ($
1.500.197), dejando claro que el ingreso base de liquidación no se rige por lo dispuesto
en dicho decreto, sino por los artículos 21 y 36 (inciso tercero) de la Ley 100 de 1993.
5. Posteriormente, mediante Resolución GNR 316452 del 27 de octubre de 2016,
Colpensiones nuevamente reliquidó la prestación con ocasión del retiro definitivo del
servicio e incluyó al actor en nómina. Para ello, realizó la liquidación de la prestación
conforme al Decreto 546 de 1971, la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988, el Decreto 758
de 1990 y la Ley 797 de 2003, concluyendo que, en el marco del régimen de transición,
la opción más favorable era la prevista en el Decreto 758 de 1990. En consecuencia,
aplicó dicha normativa en cuanto a edad, tiempo y tasa de reemplazo (90 %), y determinó
que el ingreso base de liquidación debía regirse por los artículos 21 y 36 (inciso tercero)
de la Ley 100 de 1993, fijando la mesada en $ 1.872.356, con efectos a partir del 3 de
octubre de 2016.
6. El demandante insistió en la reliquidación de su pensión con aplicación integral del
Decreto 546 de 1971, esto es, con base en el 75 % del salario más alto devengado en el
último año de servicio y la inclusión de todos los factores salariales. No obstante, esta
solicitud fue negada mediante Resolución SUB 229765 del 30 de agosto de 2018,
decisión confirmada por las resoluciones SUB 275301 del 22 de octubre de 2018 (resolvió
recurso de reposición) y DIR 19560 del 6 de noviembre de 2018 (decidió el recurso de
apelación).
7. Finalmente, sostuvo que, aunque Colpensiones le aplicó el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que liquidó la pensión con fundamento en
el Decreto 758 de 1990, considerando únicamente la asignación básica como ingreso
base de liquidación, lo que a su juicio desconoció el régimen especial previsto en los
Decretos 546 de 1971, 717 y 1660 de 1978. En tal sentido, insistió en que la liquidación
debía efectuarse con base en el 75 % del salario más alto devengado en el último año de
servicios, incluyendo todos los factores salariales, por resultar más favorable.
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Demandante: Luis Enrique Quimbayo Lozano
8. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que la pensión
del actor fue reconocida conforme al principio de favorabilidad, aplicando el Decreto 758
de 1990 con fundamento en el régimen de transición, lo que permitió liquidar la prestación
con una tasa de reemplazo del 90 %, siendo superior a la prevista en el Decreto 546 de
1971 (75 %), razón por la cual no había lugar a la reliquidación. Resaltó que el régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no implica la aplicación integral del
régimen anterior, sino únicamente respecto de la edad, el tiempo de servicios y el monto
de la pensión. Precisó que no era procedente incluir factores salariales distintos a los que
sirvieron de base para las cotizaciones y propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, prescripción y buena fe.
9. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 11 de
marzo de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones. En consecuencia, declaró la
nulidad parcial de la Resolución GNR 316452 del 27 de octubre de 2016, mediante la
cual Colpensiones reliquidó la pensión de vejez del actor, al considerar que este era
beneficiario del régimen de transición y cumplía los requisitos del Decreto 546 de 1971,
por lo que su pensión debía regirse por dicho régimen, conforme a la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020.2 En ese sentido, concluyó que
Colpensiones incurrió en error al aplicar el Decreto 758 de 1990 con fundamento en el
principio de favorabilidad, en tanto este no permite sustituir el régimen pensional
aplicable.
10. No obstante, el juez de primera instancia negó la pretensión de liquidar la prestación
en el equivalente al 75 % de la asignación más elevada devengada en el último año de
servicio, al precisar que el ingreso base de liquidación debía determinarse conforme a los
artículos 21 o 36 (inciso 3.º) de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los
salarios de los últimos diez años, incluyendo únicamente los factores salariales sobre los
cuales se efectuaron cotizaciones. Por consiguiente, ordenó la reliquidación de la pensión
con inclusión del sueldo, la bonificación judicial y las doceavas partes de la bonificación
por servicios y de la prima de productividad, y excluyó los demás factores no previstos
en la normativa aplicable.
11. Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia con el fin de que se negaran
las pretensiones de la demanda. Señaló que es el empleador quien cuenta con la
información sobre los factores salariales devengados por el actor y quien determina los
conceptos que integran el ingreso base de cotización; por ello, ante la ausencia de una
certificación completa, la entidad debía liquidar la prestación con base en la información
disponible en el expediente administrativo. Indicó que, conforme al inciso 3.º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y a la jurisprudencia constitucional (en particular, la sentencia
SU-230 de 2015), el ingreso base de liquidación no es un elemento cobijado por el
régimen de transición, por lo que debe calcularse con base en los ingresos sobre los
cuales se efectuaron las cotizaciones al sistema. En ese sentido, sostuvo que, aun en
presencia de un régimen especial, el promedio de liquidación se rige por la normativa
general vigente.
2 Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021-20.
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12. Adicionalmente, la entidad reiteró que la pensión fue reconocida con fundamento en
el Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 90 %, siendo superior a la prevista
en el Decreto 546 de 1971 (75 %), en aplicación del principio de favorabilidad, por lo que
consideró improcedente la reliquidación pretendida al encontrarse ya satisfecha una
condición más beneficiosa para el actor. Agregó que correspondía a la parte demandante
acreditar los supuestos fácticos de sus pretensiones, conforme al artículo 167 del CGP,
carga que no fue cumplida, limitándose a cuestionar la legalidad de los actos sin aportar
prueba suficiente.
13. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 31 de marzo de 2022,3
confirmó el fallo de primera instancia al concluir que el actor es beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por su vinculación a la
Rama Judicial por más de 10 años, le resultaba aplicable el régimen especial del Decreto
546 de 1971 en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo (75 %). En ese
sentido, acogió las reglas fijadas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 11 de junio de 2020, según las cuales el ingreso base de liquidación no está sometido
a transición y debe determinarse conforme a los artículos 21 y 36 ejusdem, con base en
el promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años.
14. Con fundamento en lo anterior, consideró que Colpensiones incurrió en error al
liquidar la pensión con base en el Decreto 758 de 1990 bajo el principio de favorabilidad,
pues, aunque aplicó una tasa de reemplazo superior (90 %), omitió incluir en el ingreso
base de liquidación los demás factores salariales devengados por el actor, limitándose al
salario básico. En consecuencia, concluyó que no era posible predicar una verdadera
favorabilidad, y que la liquidación debía efectuarse conforme al régimen especial,
incluyendo los factores salariales sobre los cuales se realizaron cotizaciones, tales como
la bonificación por servicios, la prima de productividad y la bonificación judicial, en los
términos del Decreto 1158 de 1994 y normas concordantes. Por ello, avaló la
reliquidación ordenada por el a quo y se abstuvo de imponer costas en atención a la
aplicación de la jurisprudencia de unificación.4
Demanda del recurso extraordinario de revisión5
15. El señor Luis Enrique Quimbayo Lozano interpuso recurso extraordinario de revisión
con fundamento en la causal quinta del artículo 250 del CPACA, solicitando la revocatoria
de las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué
(11 de marzo de 2021) y por el Tribunal Administrativo del Tolima (31 de marzo de 2022)
y, como consecuencia de ello, se deje sin efectos la Resolución SUB 58583 del 1.° de
marzo de 2023, mediante la cual se dio cumplimiento a dichos fallos y se ordenó la
disminución de su mesada pensional.
3 La sentencia fue notificada por correo electrónico remitido el 5 de abril de 2022.
4 Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-
021-20.
5 La demanda fue radicada el 31 de marzo de 2023.
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Demandante: Luis Enrique Quimbayo Lozano
16. Como fundamento, sostuvo que las decisiones judiciales incurrieron en nulidad
originada en la sentencia al haber sido proferidas extra petita, pues, aunque su pretensión
consistía en obtener la reliquidación de la pensión para mejorar su monto, el resultado
final implicó la reducción de su mesada, situación que no fue objeto de debate ni de
solicitud en la demanda. Indicó que solo al momento del cumplimiento del fallo advirtió el
efecto desfavorable de la decisión judicial.
17. Alegó que dicha disminución vulnera sus derechos al mínimo vital, a la seguridad
social y a una vida digna, teniendo en cuenta su condición de adulto mayor (nació el 2 de
marzo de 1951), en situación de discapacidad y con cargas económicas que reducen
significativamente su ingreso disponible. Sostuvo que la decisión desconoce el principio
de condición más beneficiosa, pues, aunque es beneficiario del régimen de transición, la
aplicación del Decreto 758 de 1990 le resultaba más favorable que el régimen especial
del Decreto 546 de 1971.
18. Afirmó que la actuación de la administración y la ejecución del fallo judicial vulneran
el principio de no regresividad en materia de derechos sociales, al reducir el nivel de
protección previamente alcanzado en su pensión. Señaló que la interpretación adoptada
por las autoridades implica un retroceso injustificado en sus condiciones económicas, en
contravía de los estándares fijados por la Corte Constitucional.6
19. Finalmente, invocó una sentencia del Consejo de Estado7 en la que se admitió la
procedencia del recurso extraordinario de revisión en un caso en el que la decisión
judicial, aun aparentemente favorable, terminó siendo lesiva para el pensionado al reducir
su mesada, destacando la prevalencia de la justicia material y la tutela judicial efectiva
sobre la cosa juzgada en este tipo de situaciones.
Contestación del recurso
20. La entidad demandada solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión al considerar que no se configura la causal invocada, por cuanto la parte
recurrente no acreditó la existencia de una nulidad originada en la sentencia, en los
términos del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA.
21. Sostuvo que la inconformidad del actor se dirige, en realidad, a cuestionar la
valoración jurídica y probatoria efectuada por los jueces de instancia, así como las
consecuencias derivadas de la decisión adoptada, lo cual resulta ajeno a la finalidad del
recurso extraordinario de revisión, que no constituye una tercera instancia ni un
mecanismo para replantear el debate del proceso ordinario.
22. Indicó que no existió decisión extra petita, en tanto el juez contencioso administrativo
está facultado para adoptar las medidas necesarias para restablecer el derecho, incluso
si ello implica ajustar la situación jurídica del demandante conforme al ordenamiento
aplicable, sin que ello suponga vulneración del debido proceso.
6 Sentencia C-556 de 2009.
7 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de
marzo de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-2013).
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23. Agregó que la eventual disminución de la mesada pensional no configura, por sí sola,
una irregularidad que afecte la validez de la sentencia, pues esta obedeció a la correcta
aplicación del régimen jurídico correspondiente y al análisis integral del caso, en el marco
de las competencias del juez.
24. Finalmente, señaló que no se acreditó vulneración de derechos fundamentales ni
desconocimiento de precedentes que habiliten la procedencia del recurso extraordinario
de revisión, por lo que solicitó declarar infundado el recurso.
Ministerio Público
25. El procurador delegado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado8 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si el demandante acreditó que el Tribunal
Administrativo del Tolima, al proferir la sentencia del 31 de marzo de 2022, incurrió en
una nulidad por haber adoptado una decisión presuntamente extra petita, configurándose
así la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA.
Análisis del problema jurídico
28. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión al no evidenciarse
la existencia de una nulidad originada en la sentencia del 31 de marzo de 2022, emitida
por el Tribunal Administrativo del Tolima. En particular, no se configura una decisión extra
petita, toda vez que la reliquidación pensional ordenada en sede ordinaria se adoptó
dentro del marco de las pretensiones formuladas en la demanda, por lo que no se acreditó
la configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA, como
se expone a continuación.
29. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
8 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
30. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
31. Esta corporación9 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
32. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia10 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita."11. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
33. Ahora bien, en el presente asunto el recurrente sostiene, en esencia, que las
sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué (11 de marzo de 2021) y el Tribunal Administrativo
del Tolima (31 de marzo de 2022), incurrieron en nulidad por haber sido adoptadas extra
petita. Señala que, si bien su pretensión estaba dirigida a obtener la reliquidación de su
9 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. 2014-00440-00
(REV).
11 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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pensión en condiciones más favorables, la decisión judicial condujo a la disminución de
su mesada pensional, situación que no fue objeto de debate ni de solicitud en la demanda
y que solo advirtió al momento del cumplimiento del fallo. Asimismo, afirma que dicha
disminución vulnera sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social y a una vida digna,
en atención a sus condiciones personales, y desconoce los principios de condición más
beneficiosa y de no regresividad en materia de derechos sociales.
34. En ese contexto, se precisa que cuando se emite una decisión extra petita se
desconoce el principio de congruencia porque el operador jurídico introduce en la
sentencia un asunto completamente ajeno al debate procesal, de manera que se rompe
la correspondencia entre lo pedido por las partes y lo resuelto. Esta corporación12 ha
señalado que “Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo […] “extrapetita”: cuando se
reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho
reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos
no alegados […].
35. No obstante, una decisión extra petita no se configura por el solo hecho de que resulte
desfavorable o genere consecuencias no previstas por quien acude a la jurisdicción,
siempre que el pronunciamiento se mantenga dentro del ámbito de la controversia
planteada.
36. Revisado el proceso ordinario, se observa que el actor promovió la demanda con el
propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación
de su pensión y, como consecuencia, solicitó que se reliquidara conforme al régimen
especial previsto en el Decreto 546 de 1971, con inclusión de todos los factores salariales
y en condiciones que, a su juicio, le resultaban más favorables.
37. Al analizarse esa pretensión, tanto el Juzgado de primera instancia como el Tribunal
Administrativo del Tolima abordaron el problema jurídico relativo a la determinación del
régimen pensional aplicable y a la forma de establecer el ingreso base de liquidación en
el marco del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993. En ese contexto,
concluyeron que al actor le era aplicable el régimen especial del Decreto 546 de 1971 en
cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, pero que el ingreso base de
liquidación debía determinarse conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
con base en los factores sobre los cuales se realizaron cotizaciones.
38. Así, la orden de reliquidación pensional no constituyó un pronunciamiento ajeno al
litigio, sino la respuesta directa a las pretensiones formuladas por el actor, quien solicitó
expresamente que su pensión fuera reliquidada conforme al régimen especial previsto en
el Decreto 546 de 1971. En ese sentido, no puede predicarse la existencia de una
decisión extra petita que desconozca el principio de congruencia, pues el juez de primera
instancia se limitó a acoger el régimen jurídico invocado en la demanda, decisión que fue
confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima al resolver el recurso de apelación
interpuesto por Colpensiones.
12 Ver entre otras, las sentencias del 16 de agosto de 2002, Rad. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668); y del 13
de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV).
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39. En esa medida, la situación que ahora se cuestiona en sede de revisión no tiene
origen en una actuación autónoma o sorpresiva del juez de segunda instancia, sino en la
materialización de una pretensión expresamente formulada por el propio demandante en
el proceso ordinario. De ahí que no resulte jurídicamente admisible alegar, en el recurso
extraordinario de revisión, la configuración de una nulidad por incongruencia, cuando el
contenido de la decisión se encuentra dentro del marco fijado por la litis.
40. Aunado a lo anterior, se advierte que el recurrente no controvirtió en su momento,
mediante el recurso de apelación, los aspectos que ahora cuestiona en sede
extraordinaria, particularmente las consecuencias derivadas de la aplicación del régimen
especial en materia de liquidación pensional (Decreto 546 de 1971). En efecto, el Tribunal
Administrativo del Tolima se limitó a estudiar los reparos formulados por el apelante único
(Colpensiones) y confirmó la decisión adoptada por el a quo.
41. Lo anterior evidencia que el recurso extraordinario de revisión se está utilizando como
un mecanismo para replantear discusiones que debieron ser objeto de debate en la
instancia ordinaria, lo cual desnaturaliza su carácter excepcional. En ese contexto, no se
configura el presupuesto de procedibilidad consistente en la existencia de una nulidad
originada en la sentencia, en tanto no se advierte un vicio que afecte de manera
sustancial el debido proceso o el principio de congruencia. En efecto, dicho recurso no
fue instituido para enmendar errores relacionados con la “inadecuada valoración de las
pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida
aplicación (error de derecho)”.13
42. De otra parte, los argumentos relacionados con la presunta vulneración del principio
de condición más beneficiosa, la no regresividad en materia de derechos sociales o la
afectación de derechos fundamentales tampoco tienen la entidad de estructurar la causal
invocada, en tanto no evidencian un vicio procesal en la sentencia, sino una discrepancia
con el criterio jurídico adoptado en la decisión.
43. Por último, la Sala precisa que la providencia14 invocada por el demandante, en la
que se admitió la procedencia del recurso extraordinario de revisión ante la disminución
de la mesada pensional como consecuencia de la decisión judicial recurrida, si bien
presenta similitudes fácticas y jurídicas con el presente asunto, no constituye un
precedente vinculante ni obligatorio para esta Sala. En efecto, no corresponde a una
decisión de unificación ni a un pronunciamiento reiterado que consolide una regla
jurisprudencial obligatoria, razón por la cual su alcance no desvirtúa las conclusiones
adoptadas en esta providencia.
44. En consecuencia, no se acredita la configuración de una decisión extra petita ni, por
ende, la existencia de una nulidad originada en la sentencia en los términos de la causal
invocada, razón por la cual se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-25-000-
2016-00288-00 (1638-2016).
14 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de
marzo de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2013-01223-00 (3095-2013).
9
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00210-00 (2524-2024)
Demandante: Luis Enrique Quimbayo Lozano
Condena en costas
45. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
46. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de
Colpensiones, las cuales deberán liquidarse por secretaría de la sección.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Luis Enrique Quimbayo Lozano contra la sentencia proferida el 31 de marzo
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 73001-33-33-006-2019-00245-01.
SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Luis Enrique Quimbayo Lozano en favor de
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00210-00 (2524-2024)
Demandante: Luis Enrique Quimbayo Lozano
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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