Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00224-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00224-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00224-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de noviembre de 2024
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00224-00 (2605-2023)
Demandante: Yecid Tavera Luna
Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Tema: Reajuste de la prima de actividad en la asignación de retiro.
Incremento del porcentaje de la prima de actividad. Ausencia
vulneración derecho al debido proceso. Falta de congruencia en la
sentencia. Condena en costas en segunda instancia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión que interpuso1 el señor Yecid
Tavera Luna contra la sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5,
que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Yecid Tavera Luna, por haber prestado servicios a la Policía Nacional,
recibió la asignación de retiro mediante la Resolución 2850 del 12 de junio de 1990,
con un porcentaje del 74% de las partidas computables.
Que el 4 de junio de 2019, solicitó a la entidad el reajuste y pago del 12% adicional por
concepto de prima de actividad, dado que percibía el 37.5%, aunque, debía
reconocerse un 49.5% para el personal de oficiales y suboficiales activos, retirados o
pensionados, y sus beneficiarios.
Que al no recibir respuesta, y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (CASUR), solicitando la nulidad de la Resolución 2850 del 12 de
junio de 1990 y del acto administrativo ficto presunto resultante de la ausencia de
respuesta a su petición del 4 de junio de 2019.
Que como restablecimiento del derecho, solicitó: i) la reliquidación de su asignación
de retiro con un porcentaje del 49.5% por prima de actividad, en virtud de los artículos
31 y 37 del Decreto 1002 de 2019; ii) el pago retroactivo desde 2008 hasta diciembre
de 2019, equivalente a 154 mesadas de prima de actividad; iii) el cumplimiento de la
sentencia según los artículos 194 y 195 del CPACA; y iv) la condena en costas y
agencias en derecho a la entidad demandada.
1 La presentación del recurso se efectuó el 3 de mayo de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 1 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 28 de junio de 2021 por el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Medellín que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Que el Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 28 de
junio de 2021, negó sus pretensiones, argumentando que el demandante, como
Sargento Segundo de la Policía Nacional al momento del retiro, debía recibir sus
prestaciones conforme al Decreto 1212 de 1990, que era la normativa vigente en ese
momento. Por ello, el porcentaje aplicable a la prima de actividad era el 25% del sueldo
básico, como lo calculó adecuadamente la entidad demandada.
Que con la expedición del Decreto 2683 de 2007, el Gobierno Nacional incrementó en
un 50% la prima de actividad para los Oficiales y Suboficiales retirados de la Policía
Nacional, reconocimiento que CASUR aplicó de manera retroactiva a partir del 1.º de
julio de 2007, para alcanzar un total del 37.5%.
Que el demandante apeló, argumentando que, aunque la sentencia indicaba que los
agentes retirados antes de los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 no tenían
derecho a aumentos en la prima de actividad más allá de los porcentajes previos, él
no era Agente ni pertenecía al Nivel Ejecutivo, sino que ostentaba el grado de Sargento
Segundo.
Que en virtud del Decreto 2863 de 2007, que derogó el Decreto 1515 del mismo año,
se incrementó su prima de actividad en un 50%, lo cual ajustó su asignación de retiro
al 37.5% desde el 1.º de julio de 2007. Sin embargo, el demandante alegó que desde
2008 la entidad omitió un incremento adicional, el cual debió ajustarse al 49.5%
conforme al Decreto 673 de 2008 y posteriores, hasta el Decreto 318 de 2020,
incumpliendo así el principio de oscilación establecido en el artículo 4 del Decreto
2863.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 22 de febrero de
2023, confirmó la decisión de primera instancia.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la providencia del 22 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión de primera instancia, determinando que el señor Yecid Tavera
Luna no tiene derecho al reajuste de su asignación de retiro respecto al componente
de prima de actividad en un 49.5%, en tanto el sistema de oscilación de las
asignaciones de retiro y pensiones permite que las variaciones en las asignaciones de
actividad se apliquen a las ya reconocidas, pero esto no implica la obligación de liquidar
la asignación de retiro con el total de emolumentos y los mismos porcentajes que
perciben los activos.
Para el efecto realizó las siguientes consideraciones:
Que el señor Yecid Tavera Luna sirvió en la Policía Nacional durante 21 años,10
meses y 1 día, obteniendo su asignación de retiro en 1990, la cual fue calculada con
un sueldo básico de $48.900 y una prima de actividad en $12.225 equivalente al 25%,
de acuerdo con el Decreto 1212 de 1990, vigente para la fecha que se causó el
derecho.
Que en virtud del Decreto 2863 de 2007, se dispuso un incremento del 50% en la prima
de actividad para el personal retirado, por lo que CASUR ajustó la prima del
demandante al 37.5% a partir de julio de ese año, lo que fue reconocido correctamente
por la entidad. En consecuencia, el Tribunal consideró que no existía deuda alguna
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por este concepto.
Que las asignaciones de retiro deben calcularse conforme a la normativa vigente al
momento en que ocurre el retiro, y que no es procedente aplicar normas posteriores
para revisar o reajustar la asignación de retiro, salvo por efecto del principio de
oscilación.
Finalmente, se impuso la condena en costas a la parte demandante en segunda
instancia, con fundamento en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso,
debido a que la parte demandante resultó vencida en el proceso y tales disposiciones
establecen la imposición de costas de manera objetiva en estos casos.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor Yecid Tavera Luna, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, presentó recurso extraordinario de revisión al considerar que
la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.
En su escrito, solicita que se infirmen las sentencias de primera y segunda instancia y
que se profiera una de reemplazo, preferiblemente de interés jurídico, para que en lo
«sucesivo quien demande esta prestación solicite la extensión de la jurisprudencia
horizontal del órgano de cierre […] por tratar un tema de pleno derecho» y en la que
se acceda a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo,
pide que se condene a CASUR a pagar una indemnización por perjuicios patrimoniales
(lucro cesante) desde 2007, como sanción por la omisión y extralimitación de la
entidad, lo cual habría causado un detrimento prolongado en perjuicio del demandante
y en beneficio de la entidad.
Solicita también el pago de intereses de mora, la indexación y actualización de las
sumas adeudadas conforme al índice de precios al consumidor. Finalmente, reclama
el pago de las costas y agencias en derecho, argumentando que CASUR actuó sin
fundamento legal y excedió su competencia, afectando los derechos laborales y
sociales del demandante.
Que la sentencia de segunda instancia concluyó el proceso sin resolver de fondo las
peticiones planteadas, argumentando que se trataba de un caso de pleno derecho, lo
cual, según el demandante, no admitía una interpretación ambigua.
Que la entidad pagadora, CASUR, aplicó incorrectamente los Decretos 2863 de 2007,
que solo aplica para liquidar prestaciones distintas a la asignación de retiro o pensión,
error que resultó en una liquidación incorrecta de la prima de actividad, aumentándola
del 25% al 37.5% cuando debió ser del 41.5% en 2007 y del 49.5% en 2008, como
parte de la nivelación salarial establecida por la Ley 4 de 1992.
Que no es gratuito que el Decreto 4433 de 2004, que no incluía beneficios de prima
de actividad para oficiales y suboficiales con asignación de retiro o pensión, haya sido
objeto de diversas reformas. Fue únicamente en 2007, para cumplir con la escala
porcentual propuesta por el Gobierno Nacional, que se expidió el Decreto 1515 de
2007, el cual reformó el Decreto 1214, igualando la prima de actividad al 33% para
todos los empleados tanto activos como retirados. Posteriormente, el Decreto 2863 de
2007 aumentó esta prima al 50% (un 16.5% adicional). Sin embargo, el Tribunal, según
se argumenta, malinterpreta el derecho de los beneficiarios a un incremento al 49.5%,
al aplicar solo un 37.5% en el primer ajuste y omitir un segundo incremento de 8%,
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dejando a los beneficiarios en desventaja desde 2008. Este incumplimiento es visto
como una violación al derecho de seguridad social, al debido proceso y a principios de
justicia social, al no ajustar los porcentajes de prima de actividad como establece la
normativa.
Que el Decreto 2863 de 2007 aumentó un 16.5% al personal activo, lo que debía
reflejarse igualmente en los pensionados, alcanzando un total del 49.5% para quienes
ya estaban en esa condición antes de 2007, como lo establecieron los Decretos 1211,
1212, 1214 y 1515 de 2007. Sin embargo, en las decisiones de primera y segunda
instancia no se tuvo en cuenta este ajuste, y se interpretó erróneamente que el
incremento del 50% era adicional al 16.5%, lo que distorsionó el cálculo de la pensión.
Que el Tribunal convalida errores de la entidad pública en la aplicación de normas para
liquidar la prima de actividad, pues desconoce que el porcentaje de incremento a las
asignaciones de retiro debe corresponder al porcentaje otorgado al personal activo,
como lo ordena el principio de oscilación, lo que afecta derechos fundamentales como
el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital.
Que, además, se han impuesto cargas excesivas al señor Yecid Tavera en lo que
concierne a la condena en costas y agencias en derecho, a pesar de que el reclamo
del demandante era una cuestión de pleno en derecho y el fundamento del reclamo
está basado en 18 decretos sucesivos emitidos entre el Decreto 2863 de 2007 y el año
2022, los cuales modificaron los Decretos 1211, 1212 y 1214, demostrando que no
existía ninguna falta de fundamento en la demanda.
Que, por tanto, la condena en costas y agencias en derecho impuesta al señor Tavera
carece de justificación, y, en su lugar, debería revertirse en contra de CASUR, pues
dicha condena además vulnera el principio de la non reformatio in peius al ser apelante
único, y carece de respaldo legal según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que establece que la condena en costas solo
procederá cuando se determine que la demanda carece manifiestamente de
fundamento legal.
Que las sentencias impugnadas también tuvieron una indebida motivación pues,
amparadas en una jurisprudencia del Consejo de Estado han transformado un derecho
claro e indiscutible en una incertidumbre jurídica, lo cual agrava la congestión judicial.
La norma que regula los incrementos de asignación de retiro o pensión, establecida
antes de 2007, estipula un incremento del 50% según el estatus alcanzado y el tiempo
de servicio, pero la administración no la aplicó correctamente, generando una
distorsión en el cálculo de las pensiones. Las normas en cuestión son claras y no
admiten otra interpretación; por tanto, no es aceptable que se legisle en detrimento de
un grupo minoritario de oficiales, suboficiales y beneficiarios pensionales.
Contestación al recurso extraordinario de revisión3
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional pese a ser notificada en debida
forma no contestó el recurso de revisión en el término previsto.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en esta
3 La entidad fue notificada del auto admisorio del recurso de revisión el día 14 de agosto de 2023. Véase índice
00010 de SAMAI.
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oportunidad.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa: de la solicitud de asumir el conocimiento por interés jurídico
El artículo 271 del CPACA dispone que el Consejo de Estado podrá asumir el
conocimiento de los asuntos pendientes de fallo por razones de importancia jurídica,
transcendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten
la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial.
El conocimiento lo puede asumir de oficio, a solicitud de parte, o por remisión de las
secciones o subsecciones de los tribunales, o a petición del Ministerio Público. Para
asumir el trámite a solicitud de parte, la petición deberá formularse mediante una
exposición de las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las
razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o
la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.
Este mecanismo faculta al Consejo de Estado para unificar la jurisprudencia y sólo hay
lugar a su aplicación cuando se configura alguno de los eventos previstos en la norma
citada.
En este caso, los hechos y circunstancias expuestos en la solicitud presentada por la
parte demandante no se subsumen en alguno de los eventos prescritos en el artículo
271 del CPACA.
Por lo expuesto, se negará la petición de avocar el conocimiento del presente asunto
para proferir sentencia de unificación de jurisprudencia por importancia jurídica.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el 22
de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, considerando la causal
presentada por el recurrente.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) causal de revisión invocada, y iii) se examinará el caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada4. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de las
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de
2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala. Demandado:
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
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garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por alguno
de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidos, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que no
podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 5.
Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al
principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para
plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del recurso,
es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre debidamente
acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta Corporación este
mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias consagradas
taxativamente en la ley6.
Causal quinta de revisión: Nulidad en la sentencia
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a
establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la sentencia,
pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia llenar dicha
causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que se generaban
alrededor de la misma.
Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una sentencia
de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP); o
5 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de 1.993.
Expediente Rev 040.
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(ii) la existencia de irregularidades insanables que afecten sustancialmente el derecho
al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría sido diferente.
Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como: «(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin
motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según
el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento,
transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su
aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena
extra, ultra o infra petita»7
La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de
20118 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la sentencia,
tales como:
«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva
sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando
sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el
cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única
actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se
condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más
actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de
la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor
o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de
motivación».
Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del derecho
al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el numeral 5
antes mencionado, al indicar que:
«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser
causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar
si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal
de revisión en comento9»
Se ha reconocido además que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso. Veamos:
«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado
por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o
por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento
que la sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del
debate (cifra petita)»10
De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo 133
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia del 16 de
marzo de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00.
8 Radicado núm. 11001-03-15-000-2008-00294-00.
9 Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P: Olga Melida Valle
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "B", 7 de septiembre de
2018. C.P. César Palomino Cortés. Exp: 11001-03-25-000-2014-00440-00(1452-14)
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citado, existen otras causas desarrolladas jurisprudencialmente que comportan una
anomalía respecto de la sentencia y que podrían desvirtuar sus efectos de cosa
juzgada.
La concreción y extensión de esta causal de revisión a otros eventos insanables que
implican la violación de derechos constitucionales y procesales obedece, como lo ha
establecido este máximo órgano, a la finalidad misma del recurso extraordinario de
revisión: permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y
garantizar el principio de seguridad jurídica limitando la procedencia de la causal a
situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional
que, sin ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido11.
Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la
sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el
momento procesal en que se dicta la decisión judicial. Si la nulidad proviene de una
situación anterior no oportunamente alegada, la regla general será su saneamiento.
Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado como nulidad originada en la sentencia
aquella que, aunque se presenta antes de la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia12.
Principio de congruencia
Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y
en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en
esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero de
201813, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con
fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo
alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita14,
como regla general.
11 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial
de Decisión 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2017-02369-00.
12 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 3 de
diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y el 3 de
diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; Exp. 11001-03-15-000-2012-00643-00).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-
00911-01.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de abril
de 2015, Exp 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
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Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en
armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia en
lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia 15.
Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir incongruencia en cualquiera
de ellas, para que pueda generar la invalidez de la sentencia, esta debe ser de tal
magnitud que no proceda solución diferente a su nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los siguientes
términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de
confundir la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente
a lo argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la
dispositiva de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso
extraordinario debe negarse, pues el mismo se estaría empleando para
mimetizar tesis o razones propias de los recursos ordinarios o de las
discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza especial se
requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]».16
Prohibición constitucional de la non reformatio in pejus
Esta institución ha sido concebida como un principio general del derecho y una
garantía inherente al debido proceso, que en nuestro ordenamiento jurídico tiene
consagración constitucional en el artículo 31, inciso 2, según el cual «[…] [e]l superior
no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único […]».
Según Beatriz Quintero y Eugenio Prieto (1995, p. 274), el ámbito de la apelación se
ve determinada por la parte que recurre y, en consecuencia:
«[…] el asunto se examina en la extensión que le favorezca, pero no
solamente, dentro del perjuicio, en la extensión que ella lo pide. Por eso el
apelante limita el recurso a la parte de la providencia que le desfavorece, sin
que el ad quem tenga competencia para desmejorar en apelación la situación
del apelante. Si se vulnera este principio se produce un acto jurisdiccional
viciado de incompetencia funcional»17.
La lógica subyacente es que la parte que recurre lo hace únicamente respecto de la
parte de la decisión que le es desfavorable, permitiendo que la autoridad judicial que
conozca del recurso pueda mejorar su situación, pero nunca empeorarla. Esto limita la
competencia del tribunal a los motivos de inconformidad expresados en el recurso.
Aunque la violación del principio de non reformatio in pejus no está explícitamente
incluida como una causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, la
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio
de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor
derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado
o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de
hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de 2007.
Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado: Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7 de abril
de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
17 Quintero, Beatriz & Prieto, Eugenio (1995), Teoría General del Proceso. Bogotá D.C:. Temis S.A. p. 274, tomo II.
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jurisprudencia de las Salas Especiales de Decisión18 y de las Salas de Sección19 ha
desarrollado una línea jurisprudencial pacífica que reconoce la procedencia de este
recurso para proteger los principios de congruencia y non reformatio in pejus, a través
de la causal de «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación».
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos parámetros.
Caso concreto
El recurrente sostiene que se configura la causal de revisión invocada, dado que la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró su derecho al
debido proceso, resultó incongruente al no resolver de fondo las pretensiones
planteadas y contravino el principio de non reformatio in pejus.
En su criterio, en primer lugar, se incurrió en una indebida aplicación normativa al no
reconocer un incremento del 50% en el factor correspondiente a la prima de actividad
de su asignación de retiro. En segundo lugar, que los argumentos expuestos en la
providencia recurrida no guardan relación con las manifestaciones de inconformidad
alegadas en el recurso de alzada. Finalmente, que su situación fue agravada
indebidamente al imponérsele condena en costas en segunda instancia, a pesar de
ser el apelante único.
Al analizarse los fundamentos del recurrente, advierte la Sala, que plantea sobre la
vulneración de su derecho al debido proceso se funda en la presunta indebida
aplicación de una disposición normativa como lo es el Decreto 2863 de 2007. Sin
embargo, no señala ninguno de los componentes que jurisprudencialmente han sido
desarrollados como motivo de nulidad, limitándose a acusar el fallo por contener
errores in iudicando derivados de una inobservancia y errónea aplicación de una
norma legal, lo cual escapa del ámbito de este recurso.
Para la Sala es claro que esta clase de argumentos no son de recibo como fundamento
del recurso extraordinario de revisión, porque entre sus causales específicas no se
contempla la indebida interpretación de normas sustanciales, como la que presenta
como sustento de su demanda.
Esta Corporación en diferentes decisiones ha señalado que el recurso busca revertir
decisiones que atentan contra la justicia material, pero no para tratar de discutir la labor
interpretativa del juez o corregir errores in iudicando. En ese sentido, esta Subsección
en sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16 señaló que:
18 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia del
2 de febrero de 2016, expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00; Sala 14 Especial de Decisión, en sentencia
del 5 de abril de 2016, expediente núm. 11001-03-15-000-2008-00320-00; Sala 10 Especial de Decisión, en sentencia
del 1.° de noviembre de 2016, expediente núm. 11001-03-15-000-2012-00230-00; Sala 8 Especial de Decisión,
sentencia del 6 de febrero de 2018, expediente núm. 11001-03-15-000-2016-01127-00; Sala 27 Especial de Decisión,
en sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente núm. 11001-03-15-000-2018-03791-00; Sala 14 Especial de
Decisión, en sentencia del 13 de octubre de 2020, expediente núm. 11001-03-15-000-2019-00119-00; Sala 8 Especial
de Decisión, en sentencia del 14 de diciembre de 2021, expediente núm. 11001-03-15-000-2017-00512-00.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de mayo de 2018, radicado núm. 11001-03-25-000-2014-
00251-00 (07242014); sentencia del 20 de marzo de 2018, expediente núm. 11001-03-25-000-2013-01303-00;
sentencia del 7 de septiembre de 2018, expediente núm. 11001-03-25-000-2014-00440-00; sentencia del 25 de junio
de 2020, radicado núm. 11001-03-25-000-2018-00600-00 (2426-18); sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente
núm. 68001-33-31-006-. 2010-00296-01; sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente 11001-03-25-000-2014-
00507-00.
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«[…] el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar hechos procesales específicos que
incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio
–como es el caso de los documentos falsos o adulterados-, o no pudieron
ser tenidos en cuenta y eran determinantes -como ocurre con las pruebas
recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho-, o fueron
sobrevinientes a la decisión y hacen que esta pierda su razón de ser – como
en el caso de la causal cuarta-, o deben poder ser objeto de examen judicial
–como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era
objeto de recurso de apelación-.
En otras palabras, el recurso busca revertir decisiones que fueron
ganadas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero
no para tratar de enmendar lo que, en términos legales y
jurisprudenciales, se conocen como errores judiciales, es decir, los
casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta
de aplicación de la norma correspondiente o su indebida aplicación
(error de derecho)» (Negrillas fuera del texto original).
Es claro que el juez de la revisión carece de la competencia para adentrarse en el
análisis del asunto decidido, por cuanto no es un juez de instancia y la circunstancia
de no aplicación de una norma de derecho o su indebida interpretación o aplicación,
están por fuera de la naturaleza de la causal invocada.
Ahora, respecto al reproche de la incongruencia en la decisión se tiene que en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el accionante se
pretendía la anulación de la Resolución 2850 del 12 de junio de 1990 y del acto
administrativo ficto presunto configurado ante la no respuesta de la solicitud
presentada el 4 de junio de 2019, a través del cual le negó el reajuste de su asignación
de retiro con base en la prima de actividad prevista en el Decreto 2863 de 2007. Como
consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara
a la demandada reliquidar su prestación con un porcentaje del 49.5% por concepto de
la variación en el cómputo del aludido factor salarial, con fundamento en los Decretos
1213 de 1990 y 2863 de 2007, desde el 1.º de julio de 2007.
Tal acto administrativo fue el que atacó en sede judicial, al considerar que al expedirse
el Decreto 2863 de 2007, se reconoció el principio de oscilación y se ordenó un
incremento en la prima de actividad para los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional; pero en su caso particular lo que hizo la demandada
fue incrementar el 50% de dicho factor el cual quedó en un 37.5%, cuando en realidad
debió aumentarlo en un porcentaje de 12%, para que en su asignación de retiro pasara
de un 25% a un 49.5%.
Al respecto, la sentencia de primera instancia proferida en el proceso ordinario objeto
de revisión, resolvió:
«Al aplicar los postulados anteriores para el caso del Sargento Segundo (R)
YECID TAVERA LUNA, se reitera que prestó sus servicios por 21 años, 10
meses y 1 día, por lo tanto la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLICÍA NACIONAL – CASUR - le tuvo en cuenta para reconocer la
asignación de retiro el 25% de la prima de actividad23, porcentaje que al
multiplicarlo por el 50% arrojaría un 12.5% y que sumado equivaldría a un
total del 37.5%, porcentaje que se ha venido cancelando al demandante
desde el 01 de julio de 2007, en cumplimiento de lo ordenado en el Decreto
2863 de 2007.
Conforme a los supuestos normativos y jurisprudenciales mencionados
anteriormente, encuentra el Despacho que no es procedente la reliquidación
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de la asignación de retiro a favor del señor YECID TAVERA LUNA en los
términos solicitados. De este modo, con base en el análisis ya elaborado a
lo largo de esta providencia, se dictará sentencia negando las suplicas de la
demanda».
El demandante apeló la decisión para que se revocará, en atención a que, a partir del
año 2008, no se incrementó el factor salarial al 49.5% con el Decreto 673 de 2008 y
los 15 Decretos consecutivos hasta el Decreto 318 de 2020, dejándose de aplicar el
principio oscilación.
Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
sentencia de primera instancia y condenó en costas al recurrente. Los argumentos de
tal decisión son los siguientes:
«33. En este sentido, la Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de
Sueldos de la Policía Nacional efectúo el reajuste en la proporción indicada
en el Decreto 2863 de 2007 y 1212 de 1990, pues se constató que antes del
mes de julio de 2007, la parte actora percibía por concepto de prima de
actividad el equivalente al 25%, y a partir de julio de 2007, comenzó a
devengar un porcentaje correspondiente al 37.5% de la prestación
mencionada, de tal forma que la entidad demandada no le adeuda suma
alguna por este concepto.
34. Se precisa que el reconocimiento y liquidación de las asignaciones de
retiro y, en general, de todas las prestaciones periódicas de término
indefinido, se rigen por la normativa vigente al tiempo en que ocurre el retiro».
En este orden de ideas, toda vez que lo pretendido en este asunto era obtener la
aplicación del Decreto 2863 de 2007, con el fin de reajustar la asignación de retiro del
demandante, respecto del porcentaje de la prima de actividad y lo decidido en la
sentencia revisada tiene como soporte el estudio del porcentaje dispuesto en las
normas vigentes al momento del retiro del servicio y el incremento posterior en
aplicación de las fluctuaciones que dicho factor ha tenido con acatamiento del principio
de oscilación, no se advierte incongruencia en la providencia que esa Corporación
emitió dentro del asunto.
Por un lado, la Sala considera que no hay lugar a predicar incongruencia interna pues
el juzgador planteó como problema jurídico a resolver si «la asignación de retiro del
actor debe o no ser ajustada respecto de la partida computable prima de actividad en
el equivalente al 49,5%», lo cual constituía precisamente el objeto de las pretensiones
de la demanda y al encontrar que no había lugar a estos, dispuso confirmar la decisión
adoptada por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín.
Igualmente, se advierte una completa armonía entre lo planteado por la parte apelante
y lo resuelto en la sentencia, ya que se abordaron los puntos de inconformidad,
específicamente sobre la no aplicación de los Decretos 673 de 2008 y 318 de 2020,
entre otros. La sentencia explicó que el porcentaje para la liquidación de la prima de
actividad se calcula con base en lo que percibe el retirado, y no en los valores que
reciben quienes están en servicio activo en el mismo grado. Además, cualquier
modificación en las partidas computables está sujeta al principio de oscilación, así:
«V. Respuesta al problema jurídico
35. El actor no tiene derecho al reajuste respecto de la partida computable
Prima de Actividad en el equivalente al 49.5%, pues el sistema de oscilación
de las asignaciones de retiro y pensiones consiste en que las variaciones
que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad, también
se hagan en las asignaciones y pensiones ya reconocidas, pero no genera
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la obligación de liquidar la asignación de retiro con el total de los
emolumentos devengados y con los mismos porcentajes percibidos por el
personal en actividad.
36. Luego no es procedente la revisión o reajuste de la asignación de retiro
con base en normas posteriores a aquella que sirvió de fundamento para su
reconocimiento y tampoco sufrir modificación alguna de las partidas
computables para su liquidación, sino es por efectos de la aplicación del
principio de oscilación.»
También se observa que la sentencia presenta congruencia interna, ya que existe
coherencia entre lo decidido en la parte resolutiva y lo argumentado en la parte motiva
de la providencia. En efecto, tras concluir que la entidad demandada actuó
correctamente al ajustar la prima de actividad en un 12.5% con base en el Decreto
2863 de 2007, el Tribunal confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda.
De modo que, aunque la parte recurrente alega una violación al principio de
congruencia y al derecho al debido proceso, lo hace refiriéndose a su desacuerdo con
la forma en la que fue aplicada una norma sustancial, por lo que no se trata de una
anomalía en el procedimiento o en la sentencia que constituya causal de nulidad, sino
más bien un cuestionamiento sobre el fondo de la decisión, como si se tratara de una
tercera instancia, lo cual excede la competencia del juez en el recurso extraordinario.
En cuanto al principio de la non reformatio in pejus, que sustenta la última objeción del
recurrente y busca impedir que el juez de segunda instancia empeore la situación del
único apelante, resulta evidente que su invocación en este contexto carece de
fundamento. Este principio no se activa frente a la imposición de costas, pues dicha
decisión no constituye un motivo que invalide el proceso, ni parcial ni total, y tampoco
configura una causal de nulidad conforme al artículo 133 del CGP ni a las disposiciones
jurisprudenciales aplicables.
La Sala aclara que las costas procesales engloban todos los gastos necesarios o útiles
en una actuación judicial, incluyendo tanto los gastos ordinarios del proceso, como las
agencias en derecho, que corresponden a los costos de representación judicial, los
cuales, según los artículos 141, numeral 4, y 178 del CPACA, estos gastos son
inherentes al proceso.
En cuanto a la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo,
el artículo 188 del CPACA establece que, «[…] salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Así, dado que las costas, tal como lo ha definido esta Corporación, constituyen una
«[…] carga procesal que deben asumir las partes intervinientes dentro de un proceso,
y que las mismas se causan de forma objetiva [...]»20, no es posible afirmar, como
pretende el recurrente, que la condena en costas impuesta en segunda instancia
agrava su situación porque ello obedeció a lo previsto en el artículo 365 del CGP
numeral 1, que expresamente señala que se condenará en costas a la parte a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, como ocurrió en el caso
objeto de estudio.
Advierte la Sala que el Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín no condenó en
costas al demandante, es decir, que la condena impuesta por el Tribunal Administrativo
20 En ese sentido, véase Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de
2020, exp. 11001-03-25-000-2015-01120-00.
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de Antioquia se deriva de la causación de estas en el trámite de segunda instancia, lo
que derrota el argumento del actor en cuanto a la violación del principio de la non
reformatio in pejus, en tanto no posible admitir que el ad quem modificó o revocó la
decisión proferida en primera instancia.
Cabe recordar que el artículo 188 del CPACA exige que toda sentencia se pronuncie
sobre las costas, ya sea para imponerlas total o parcialmente, o para abstenerse de
hacerlo21. Esto se aplica independientemente de si se trata del único apelante, ya que
la condena en costas no constituye el objeto principal de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sino que es una determinación accesoria adoptada en
virtud del mandato legal.
En estos términos, como la sentencia recurrida está en consonancia con los hechos,
las pretensiones aducidas en la demanda y el recurso de alzada incoado por la parte
demandante, el cargo por nulidad de la sentencia generada en la falta de congruencia,
violación al debido proceso y a la non reformatio in pejus no prospera.
Por lo expuesto, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Yecid Tavera Luna.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptó la postura en virtud de la cual, se deberá analizar
la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, se observa que el recurso extraordinario de revisión no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el
escrito contentivo del recurso el señor Yecid Tavera Luna expuso argumentos
razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá
condena en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada el recurso extraordinario de revisión presentada por el
señor Yecid Tavera Luna sentencia del 22 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
21 Ibid.
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Administrativo de Antioquia, que confirmó la sentencia proferida el 28 de junio de 2021
por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín que negó las
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
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