RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2023-00329-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00329-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00329-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Iván Martínez Bedoya en contra de la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 25307-33-33-002-2021-00006-01. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmada electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00329-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya
Providencia Sentencia del 27 de enero de 2023 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E

Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1
Administrativo . Nulidad originada en la sentencia. Congruencia

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jorge Iván
Martínez Bedoya contra la sentencia del 27 de enero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Jorge Iván Martínez Bedoya presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo configurado
por la falta de respuesta de la parte demandada a su petición del 30 de agosto de
2018, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del
20% y de la prima de actividad, y del Oficio MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER-1.10 del 19 de septiembre de 2018, que le negó el otorgamiento del
subsidio familiar.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de que
había
realizado iguales funciones que un soldado profesional que fue voluntario; (ii) el
pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, como salario básico

1 En adelante CPACA.
2 Samai índice 19, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«20RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250127zip(.zip) NroActua 19», archivo
«20_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250127zip_0_20250127150633944», carpeta «2021 00006
NRL 03», subcarpeta «C1 PRINCIPAL», archivo «02 demanda.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

mensual o asignación salarial mensual, conforme con la Ley 131 de 1985 y el
Decreto 1794 de 2000; (iii) el reconocimiento de la prima de actividad de acuerdo
con los porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales, así como del subsidio
familiar en los términos previstos en el artículo 11 ibidem; (iv) la reliquidación de
todas las prestaciones sociales y factores salariales, así como de aquellos que no
tenían tal carácter, con base en un salario básico equivalente al mínimo legal
incrementado en un 60%; (v) la actualización de los valores adeudados conforme
con el IPC; (vi) la condena en costas a la entidad demandada; y (vii) el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

3. En caso de que lo anterior no fuera procedente, pidió la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13,
25, 53 y 209 de la Constitución Política, y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, respectivamente.

1.1.1. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

4.1. Jorge Iván Martínez Bedoya se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado al
régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto
1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.

4.2. Desde su ingreso a la institución, realizó iguales funciones a las desempeñadas
por los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios.

4.3. No obstante, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los soldados
voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario mínimo mensual legal
vigente incrementado en un 60%. En consecuencia, sufrió una discriminación en
materia salarial.

4.4. El 30 de agosto de 2018 le solicitó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el
reconocimiento de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad, así como
del subsidio familiar.

4.5. En lo que respecta a la solicitud del reconocimiento y pago de la diferencia
salarial del 20% y de la prima de actividad la entidad demandada guardó silencio,
configurándose así un silencio administrativo negativo.

4.6. En relación con la solicitud del reconocimiento y pago del subsidio familiar con
base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, mediante el acto administrativo:
MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 19 de septiembre de
2018 la entidad manifestó que «no es viable jurídicamente hacer el reconocimiento del
subsidio familiar bajo los parámetros del decreto 1794 de 2000» [sic].

4.7. La última unidad de servicios se encontraba ubicada en Bogotá.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

1.2. Sentencia de primera instancia3

5. Mediante sentencia proferida el 10 de junio de 2022 el Juzgado 2 Administrativo
de Girardot negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:

5.1. ElDecreto 1794 de 2000, en su artículo 1, estableció que los soldados
profesionales que se vincularan a las Fuerzas Militares devengarían 1 salario
mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% de
igual salario. Sin embargo, dispuso una excepción para quienes, al 31 de diciembre
del año 2000, eran soldados en los términos de la Ley 131 de 1985, en el sentido
que estos devengarían también un salario mínimo legal vigente, pero incrementado
en un 60% como lo devengaban antes de dicha incorporación.

5.2. Sobre el incremento del 20% del salario de los soldados que al 31 de diciembre
del año 2000 servían como voluntarios y luego pasaron a profesionales, en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 20164, aclarada mediante providencia
del 6 de octubre de igual año, el Consejo de Estado reiteró la posición en el sentido
de indicar «que la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto
Reglamentario 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales,
tienen derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo
legal vigente incrementado en un 60%».

5.3. Asimismo, frente a la eventual vulneración del derecho a la igualdad respecto de
los soldados profesionales vinculados directamente bajo la vigencia de los decretos
1793 y 1794 de 2000, se precisó en la providencia de aclaración del 6 de octubre
que dicho derecho no había sido desconocido. Ello, aun cuando la Sala no se
encontraba obligada a pronunciarse sobre ese aspecto, en la medida en que no era
posible adelantar un juicio de igualdad entre los soldados voluntarios posteriormente
profesionalizados y aquellos que se vincularon por primera vez como soldados
profesionales, toda vez que sus situaciones no eran fáctica ni normativamente
equiparables, por lo cual el cargo carecía de vocación de prosperidad.

5.4. Los soldados profesionales que se incorporaron por primera vez a la Fuerza bajo
esa condición no eran beneficiarios de los derechos adquiridos que les asistían a
quienes sí se desempeñaron como soldados voluntarios al tenor de lo dispuesto en
la Ley 131 de 1985. Por tanto, el trato normativo diferencial de la norma no se
predicaba entre iguales, sin que pudiera inferirse un trato discriminatorio que
vulnerara el derecho a la igualdad.

3 Samai índice 19, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«20RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250127zip(.zip) NroActua 19», archivo
«20_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250127zip_0_20250127150633944», carpeta «2021 00006
NRL 03», subcarpeta «C1 PRINCIPAL», archivo «35
093nr21006Ejercito20%SPnoIgualdadPrimaActivSubFam.pdf».
4 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de

agosto de 2016, referencia: CE-SUJ2 85001333300220130006001 (3420-2015). Asunto: Sentencia
de unificación jurisprudencial CE-SUJ2 No. 003/16 proferida en aplicación del artículo 271 de la Ley
1437 de 2011 Tema: Con fundamento en el inciso 2, del artículo 1, del Decreto Reglamentario 1794
de 2000, los soldados voluntarios posteriormente incorporados como profesionales, tiene derecho a
ser remunerados mensualmente en el monto de un salario básico incrementado en un 60%.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

5.5. Elrégimen salarial aplicable a los soldados profesionales, contenido en el
Decreto 1794 de 2000, no incluyó la prima de actividad como factor salarial. En ese
contexto, no tenía acogida en el sub lite la pretensión de inaplicar dicho decreto por
inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 4 y 13 de la Constitución
Política, para acudir a disposiciones que regulaban los salarios y prestaciones de
otros servidores de la Fuerza Pública.

5.6. Lo anterior, porque en materia salarial la comparación entre los distintos
regímenes solo podía predicarse entre sujetos en condiciones equivalentes, esto
es, entre quienes cumplían con iguales requisitos para desempeñar cargos
similares o equivalentes y ejercían funciones idénticas o análogas, ya fuera entre
oficiales, suboficiales o soldados profesionales. Además, la naturaleza jerarquizada
de las Fuerzas Militares justificaba constitucionalmente el trato diferenciado.

5.7. Ladiferenciación se fundaba en la naturaleza distinta de los roles
desempeñados, sin que pudiera inferirse un trato discriminatorio contrario al
derecho a la igualdad, en consideración de las diferencias en los vínculos y
funciones.

5.8. En el caso concreto, estaba acreditado que Jorge Iván Martínez Bedoya ingresó
al Ejército Nacional como soldado profesional, incorporado al Régimen de Carrera
y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, previsto
en el Decreto Ley 1793 de 2000, en calidad de soldado nuevo, sin haber tenido
previamente la condición de soldado voluntario.

5.9. El demandante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario ni se encontraba
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 2000; en consecuencia, no le
asistía el derecho a acogerse a la excepción prevista en el inciso segundo del
artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.

5.10. No tenía derecho al reconocimiento de la prima de actividad, en tanto dicho
factor salarial estaba previsto para servidores de las Fuerzas Militares vinculados
bajo requisitos distintos a los exigidos para los soldados profesionales, sumado a la
naturaleza disímil de las funciones que unos y otros desempeñaban. En ese sentido,
no se advirtió la existencia de un trato discriminatorio en perjuicio del actor.

5.11. La pretensión encaminada al reconocimiento del subsidio familiar en aplicación
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 debía ser negada. El demandante contrajo
matrimonio el 15 de marzo de 2018, fecha en la cual se encontraba vigente el
Decreto 1161 de 2014. Por esa razón no le era aplicable la primera norma.

1.3. El recurso de apelación5

6. El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas del

5 Samai índice 19, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«20RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250127zip(.zip) NroActua 19», archivo
«20_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20250127zip_0_20250127150633944», carpeta «2021 00006
NRL 03», subcarpeta «C1 PRINCIPAL», archivo «37 ApelacionSentencia.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

escrito inicial, con sustento en extensos argumentos que se sintetizan a
continuación:

6.1. La sentencia de primera instancia incurrió en omisiones, por falta de aplicación
de la ley procesal, en particular de los artículos 55 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia6, 280 y 281 del Código General del Proceso7 y 187 del
CPACA. Por ende, el a quo transgredió el principio de congruencia.

6.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» del escrito inicial, que eran relevantes para analizar el juicio
de igualdad en la modalidad «TRABAJO IGUAL – SALARIO IGUAL», en atención a la
diferencia del 20% que afecta a la remuneración de los soldados profesionales. Con
ello dejó la «questio facti de la sentencia sin motivación».

6.3. La providencia no resolvió de forma completa, exhaustiva y rigurosa cada uno
de los siguientes cargos:

• «SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN
COLOMBIA» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO»
[sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL
COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL
MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA- Y DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS SOLDADOS
PROFESIONALES» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL
A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR» [sic].

• «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMAN[DA]DO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION» [sic].

6 En lo sucesivo Lea.
7 En adelante CGP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

• «pidió el amparo de las garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución,
esto es: a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de
la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, y demás garantías allí consignadas» [sic].

6.4. El juzgado tampoco abordó lo relacionado con la pretensión dirigida a que se
declarara que desempeñó iguales funciones a las desarrolladas por un soldado
profesional que fue voluntario. También dejó de pronunciarse sobre los hechos «22,
23, 24» relativos a la reclamación de la prima de actividad.

6.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber
analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor,
solamente abordó los que eran útiles a la tesis del despacho.

6.6. En consideración a «tantas omisiones prohibidas por el ordenamiento jurídico, en las
cuales el aquo ha incurrido al momento de dictar la sentencia de este proceso, le ruego
encarecidamente que proceda a declarar la nulidad de lo actuado, a fin de seguir agraviando
el ordenamiento jurídico vigente» [sic].

6.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes
para los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los
incorporados directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo
régimen de conformidad con los decretos 1793 y 1794 de 2000.

6.8. Era incorrecto suponer que existía un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales.

6.9. La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2015 del Consejo de Estado no
era aplicable al presente asunto.

6.10. No existía un criterio objetivo que justificara la diferencia salarial que afectaba
al demandante respecto de la remuneración de los soldados profesionales que
fueron voluntarios.

6.11. La sentencia de primera instancia incurrió en error al negar el reajuste del
subsidio familiar, pues el acto administrativo careció de sustento legal y la
providencia no estudió la excepción de inconstitucionalidad planteada en la
demanda, la cual tenía vocación de prosperidad, toda vez que la entidad no
desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que pesaba sobre el acto que negó
el reconocimiento del subsidio y sobre el Decreto 1161 de 2014. Además, la decisión
judicial desconoció el precedente constitucional aplicable, con lo que se descartó la
correcta interpretación de las sentencias que protegían los derechos laborales y la
presunción de favorabilidad hacia el trabajador.

6.12. Asimismo, la sentencia desconoció los principios de favorabilidad al trabajador,
de la condición más beneficiosa y de igualdad, al no reconocer su expectativa
legítima de recibir el subsidio y al no aplicar criterios objetivos de comparación con
otros trabajadores en iguales condiciones. En consecuencia, se debía revocar la
sentencia de primera instancia y ordenar el reconocimiento y pago del reajuste del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

subsidio familiar, conforme con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y la
jurisprudencia constitucional vigente.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión8

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 27 de enero de 2023 confirmó la de primera instancia y condenó en
costas a la parte actora.

8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. Según la hoja de servicios, Jorge Iván Martínez Bedoya se vinculó como soldado
profesional el 1 de junio de 2002, sin haber prestado servicios previos como soldado
voluntario, por lo que su asignación básica quedó determinada en un salario mínimo
legal mensual vigente incrementado en un 40%, conforme con el artículo 1 del
Decreto 1794 de 2000. En consecuencia, era procedente descartar el reajuste del
60%. Este beneficio estaba reservado únicamente para quienes, al 31 de diciembre
de 2000, se desempeñaban como soldados voluntarios bajo la Ley 131 de 1985 y
se incorporaron como soldados profesionales desde el 1 de enero de 2001. Tal
criterio fue reiterado por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de
agosto de 20199.

8.2. No se vulneró el derecho a la igualdad, pues no existía identidad fáctica ni
jurídica entre los soldados profesionales vinculados directamente y aquellos que
provenían del régimen de soldados voluntarios. La forma de ingreso y la existencia
de un régimen de transición para proteger derechos adquiridos constituían
elementos diferenciadores objetivos y constitucionalmente justificados. Por ello, la
diferencia de trato era razonable y no le asistía razón al demandante.

8.3. La prima de actividad reclamada no estaba prevista en las normas que regulaban
el régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales. Esta prestación se
encontraba reglada en el artículo 84 del Decreto 1211 de 1990 únicamente para
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Al respecto, el Consejo de Estado,
en sentencia de unificación del 25 de abril de 201910 sostuvo que no se configuraba
vulneración del derecho a la igualdad por las diferencias existentes entre los
regímenes aplicables a soldados profesionales y a oficiales y suboficiales, en
atención a la naturaleza funcional distinta, la jerarquía militar y las situaciones
fácticas disímiles de cada grupo.

8.4. Con fundamento en ese precedente, tales criterios resultaban plenamente
aplicables al caso concreto, por lo que el demandante, en su condición de soldado
profesional, no tenía derecho al reconocimiento de la prima de actividad prevista
para oficiales y suboficiales, sin que ello implicara un trato discriminatorio.

8 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, [radicación 11001333501320200017501], Índice

11, actuación «SENTENCIA».
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Referencia 2013-00060-01 (3420-15) CE-SUJ2 No. 003/16,

25 de agosto de 2016. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Referencia 2013-00237-01 CE-SUJ2-015-19. 25 de abril

de 2019. M.P William Hernández Gómez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

8.5. Se encontraba acreditado que el demandante ingresó como soldado profesional
el 1 de junio de 2002, contrajo matrimonio el 15 de marzo de 2018 y tenía reconocido
el subsidio familiar conforme con el Decreto 1161 de 2014, en cuantía del 26% de
la asignación básica.

8.6. El Decreto 1794 de 2000 reguló inicialmente el subsidio familiar para soldados
profesionales, dicha disposición fue derogada por el Decreto 3770 de 2009.
Posteriormente, el Decreto 1161 de 2014 creó un nuevo subsidio familiar para
quienes no habían consolidado ese derecho, en cuantía de hasta un 26% del sueldo
básico.

8.7. Por su parte, el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 200911, lo que implicó la vigencia del Decreto 1794 de 2000
únicamente para situaciones no consolidadas entre el 14 de septiembre de 2000 y
el 30 de junio de 2014. No obstante, como el demandante contrajo matrimonio en
marzo de 2018, cuando ya se encontraba vigente el Decreto 1161 de 2014, esa era
la norma aplicable al caso y no procedía el reajuste del subsidio familiar conforme
con el Decreto 1794 de 2000.

1.5. Recurso extraordinario de revisión12

9. Jorge Iván Martínez Bedoya interpuso recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia del 27 de enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Lo anterior con fundamento en la
causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

10. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se
declarara la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia y
«[c]omo consecuencia de loa anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado
en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].

11. Como pretensión subsidiaria, pidió: «[d]ebido al parecido que existen entre la figura
jurídica de la incongruencia y la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente,
le ruego al Despacho que estudie el presente proceso como violación del derecho
fundamental del debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de
forma incompleta y deficiente» [sic].

12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

12.1. Lasentencia objeto de la acción de revisión desconoció el principio de
congruencia pues no resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de
apelación.

12.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, la

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Referencia 11001032500020100006500, 8 de junio de

2017. M.P. César Palomino Cortés.
12 Samai, Índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 1 a 60.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los
hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» de la demanda que eran relevantes para «la
aplicación de la consecuencia jurídica emanada del derecho fundamental a la igualdad en
materia salarial y las consecuencias jurídicas establecidas en los principios básicos del
artículo 53 de la Constitución» [sic]. Esta situación se puso de presente en el recurso
de apelación.

12.3. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de «la prima de actividad», en la
sentencia no se analizaron los hechos «22, 23, 24» que sustentaron aquella
reclamación.

12.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la
motivación de aquellos hechos ni mencionó la petición de adición. Lo anterior, a
pesar de que tenía el deber de efectuar un pronunciamiento exhaustivo sobre todos
los hechos de la demanda.

12.5. Al considerar los planteamientos del recurso de apelación, era posible advertir
que la sentencia de primera instancia estaba afectada por incongruencia «en la
modalidad de cifra petita» al dejar de resolver sobre los puntos identificados por el
apelante.

12.6. En el recurso de apelación, se plantearon varios cargos contra la decisión de
primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal
no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.

12.7. Con lo anterior, la providencia recurrida desconoció las formas de cada juicio,
pues según los artículos 55 de la LEA, 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA debía
«referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos
procesales». Por ende, al dejar de referirse a cada uno de los argumentos expuestos,
la sentencia fue incompleta.

12.8. La providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no agotó «el debate
jurídico planteado en la demanda y en el recurso de apelación, el cual debe ser superado,
incluso para desestimarlo, razón por la cual, se hace necesario el remedio de la nulidad,
para que dicho debate sea realizado, y quede zanjado» [sic].

12.9. El acto administrativo demandado no se fundamentó en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 y, en consecuencia, vulneró esa disposición, pues se omitió
aplicar la norma vigente que ordenaba el reconocimiento y pago del subsidio familiar
a los soldados profesionales, liquidado en un 4% del salario básico mensual más la
totalidad de la prima de antigüedad. En ese sentido, el acto debió sustentarse en
dicho precepto legal y, al negarse el reconocimiento del subsidio, se desconoció
una regulación de obligatoria aplicación al momento de su expedición.

12.10. Existía un conflicto normativo en la aplicación del derecho en relación con el
reconocimiento del subsidio familiar, toda vez que, tras la declaratoria de nulidad
con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, mediante el cual se había derogado
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se podía concluir que dicha disposición
recobró plena vigencia. En consecuencia, bajo los parámetros del principio de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

condición más beneficiosa previsto en el artículo 53 de la Constitución Política,
debía aplicarse el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 al caso objeto de demanda.

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

13. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no contestó el recurso
extraordinario de revisión13.

1.7. Intervención del Ministerio Público14

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión con fundamento en las siguientes
consideraciones:

14.1. La sentencia objeto del recurso extraordinario guardó congruencia entre las
pretensiones de la demanda, los cargos formulados y la decisión adoptada, pues el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca circunscribió su análisis al reajuste de la
asignación básica, al reconocimiento de la prima de actividad y al pago del subsidio
familiar, tal como fue solicitado, y resolvió dichas pretensiones de manera negativa
con apoyo en el marco normativo, jurisprudencial y probatorio pertinente.

14.2. No existió una diferencia evidente ni falta de pronunciamiento que permitiera
afirmar la vulneración del principio de congruencia, ya que el juez de segunda
instancia se pronunció de forma clara y fundamentada sobre todos los hechos y
pretensiones discutidos. En consecuencia, la sentencia era coherente y válida, y el
recurso extraordinario de revisión no tenía fundamento, por lo que debía resolverse
de manera desfavorable.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado15, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

16. En este caso, la sentencia del 27 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, fue notificada el

13 De conformidad con el auto del 5 de diciembre de 2023. Samai, Índice 14, actuación «Auto que

decreta pruebas», documento «15Autoquedecret_49052023seabreaprueb(.pdf) NroActua 14».
14 Samai, índice 10, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_CHL_9CONCEPTO(.pdf) NroActua 10».
15 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

1 de febrero de 2023 y quedó ejecutoriada el 8 de igual mes y año16. Por su parte,
el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 13 de julio de 202317.

17. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

18. En el asunto objeto de estudio, Jorge Iván Matínez Bedoya y la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, están legitimadas para actuar como demandante [el
primero] y como demandada [la última], comoquiera que actuaron con esa misma
calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia pretende
controvertir en esta oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

19. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa
juzgada18. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada19 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

20. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.

21. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las

16 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 13 de febrero de 2024. Samai,

índice 6, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento
«AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.pdf) NroActua 6».
17 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5. Problema jurídico

22. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 27 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, al
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda con desconocimiento del principio de congruencia?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión

23. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso20 que solo pudieron ser advertidas en
la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades21 y;

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas22. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

20 En adelante CGP.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de

Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley […]»23.

24. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso24.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso25.
• Se profiere sin motivación26.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente27.
• Se desconoce el principio de congruencia28.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»29.

25. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP30. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar31.

23Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
24 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:

11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,

radicación: REV-062.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
28 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03065-00.
29 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de

Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

26. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;

ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y

iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.7. El principio de congruencia en la sentencia

27. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]».

28. En sentencia del 26 de octubre de 201732, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el decurso procesal.

29. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201833, señaló:

«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y
lo que constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
33 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que
no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo
la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”34.(Resaltado fuera del texto
original).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso
después de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar
en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no
se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en
los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de
familia y de protección de los derechos fundamentales.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión
acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación
y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el
juzgador” […]» (Resaltado fuera del texto original).

30. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y
decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo
se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los recursos
ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza
especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]»35.

31. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en
su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita36, como regla general.

32. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos ámbitos
o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido
y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo

34 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,

providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo
“ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
parte motiva de la providencia37. Al respecto, es importante destacar que, en caso
de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a
su nulidad.

2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto

33. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:

33.1. El demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida
el 10 de junio de 2022 por el Juzgado 2 Administrativo de Girardot. En su escrito de
111 páginas expuso los argumentos resumidos en el acápite 1.3 de esta
providencia. En concreto, planteó 22 cargos en contra de la decisión de primer
grado, en relación con las consideraciones relativas al ajuste del 20%, así:

1 «Acuso a la Sentencia de falta de comprensión del thema petendi de la demanda» [sic].
«Acuso a la Sentencia de incurrir en error, al considerar que no son pasibles de comparación
los sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad rogado al Despacho en
2
la demanda, al considerar que existen dos regímenes diferentes. Error que lo lleva a resolver
el presente caso con una norma derogada» [sic].
«La sentencia se de Unificación del Honorable CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejera Ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ. Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de agosto de 2016 No. de
3
referencia: CE-SUJ2 85001333300220130006001 No. Interno: 3420-2015, no tiene vocación
de ser aplicada al caso que nos convoca, por tal razón, el Despacho yerra en dicha aplicación»
[sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de transición laboral
4 para los solados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen el demandante no tiene
derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la demanda» [sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica que tiene la
diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo régimen de carrera
del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000, que se produjo de manera
5 generalizada a través de las Órdenes Administrativas de Personal números 1241 de 20 de
enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de
Defensa dispuso la conversión obligatoria de todos los soldados voluntarios en soldados
profesionales, el demandante no puede acceder a dicha diferencia salarial» [sic].
«El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la igualdad en un
criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para justificar la desigualad, y
6
además lo dio por probado sin estarlo, y a su vez, desconoce por contradicción el contenido
del procedente constitucional fijado en la Sentencia T-097 de 2006» [sic].
«Además de lo anterior, incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los
verdaderos criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del
7
precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097 de 2006,
T545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la
8 C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis,
pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte Constitucional, Sentencia SU-
9
519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de 1997. Pese a que hizo una mención de
su doctrina en la sentencia recurrida, nunca hubo un estudio profundo de tal situación» [sic].
«El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra
10 mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados
voluntarios» [sic].

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de

noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

«El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran en el
11 expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes con los cuales se
prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho pedido» [sic].
«El Despacho, de forma arbitraria se niega a reconocer y valorar los hechos probados en el
proceso con relación a la igualdad material, así mismo se niega a reconocer lo pedido, tanto
12 en sede declarativa como en sede de nulidad o excepciones y en sede de restablecimiento del
derecho. Dichos hechos quedan probados de una segunda forma, esto es, por la aceptación
de los mismo por parte de la entidad demandada» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94;
el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
13
T335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
«No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que justifique el
14 trato de desigualdad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el Despacho negó el
reconocimiento del derecho pedido» [sic].
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad
15 demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].
«Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución política,
específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a. Igualdad de
16 oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales […]» [sic].
«El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al demandante
17
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución» [sic].
«la sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los principios
de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los principios generales de la
18
carrera administrativa- y de la carrera administrativa en las fuerzas militares para los soldados
profesionales, como el mérito y la igualdad de oportunidades» [sic].
«la sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad propuesta ni la excepción de
19
inconvencionalidad invocada» [sic].
«el Despacho no realizó ningún test de ponderación de derechos a pesar que dice haberlo
20
hecho» [sic].
«la sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
21
en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD NORMATIVA» [sic].
«la excepción de inconstitucionalidad invocada si es procedente en el presente caso, así como
22
la excepción de inconvencionalidad propuesta» [sic].

33.2. Respecto de la motivación frente a la prima de actividad, el recurso de apelación
concretó en 8 cargos su descenso frente a la sentencia de primer grado, así:

1
«los sujetos propuestos en el juicio de comparación si son pasibles de ser comparados, por
tal razón el despacho incurre en un error al afirmar lo contario» [sic].
2
«acuso a la sentencia de incurrir en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del
salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial» [sic].
3
«Desconoce que el demandante acredita las condiciones de hecho del supuesto hipotético de
la norma que contempla la prima de actividad para los oficiales y suboficiales» [sic].
«La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni
4 probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que
no tuvo en cuenta el Despacho […]» [sic].
«Entiende este apoderado, que el despacho asume en la sentencia El criterio de que las
funciones de los oficiales y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional,
5
y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal
justificación, en sendas sentencias judiciales. Bajo ese entendido, respetuosamente
disentimos del Despacho, pues en nuestro sentir, ello no es un criterio objetivo que justifique
la desigual» [sic].
«El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en
6 la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94;
7
el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
T-335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
8
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].

33.3. En relación con el subsidio familiar su inconformidad se circunscribió a 5 cargos
expuestos de la siguiente manera:

«La sentencia no estudio la Excepción de Inconstitucionalidad rogada en la demanda, y por
1
ello no lo declaró, pese a que la misma tiene vocación de prosperidad, máxime si se tiene en
cuenta que la entidad no desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que existe en contra
del acto administrativo que negó el reconocimiento del reajuste del subsidio de familia» [sic].
«Acuso a la sentencia de TENER POR PROBADO, SIN ESTARLO, que la entidad demandada
desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que pesa sobre el acto administrativo que negó
el reconocimiento del reajuste del subsidio de familia y sobre el decreto 1161 de 2014,
2 situación que comporta un desconocimiento del precedente constitucional aplicable al
presente caso, contenido entre otras sentencias en las siguientes: C-038 de 2004; C-671 de
2002; C-931 de 2004; T-1318 de 2005 ; T-043 de 2007 ; T-273 de 2007 ; T-267 de 2006 y T-
418 de 2007» [sic].
«Acuso a la sentencia de ser totalmente contraria al artículo 53 de la constitución en lo que
tiene que ver con el principio in dubio pro operario, pues escogió la interpretación que
3 desfavorece al trabajador, en lugar de la más favorable a los derechos del trabajador. Además
de ser claramente contraria a la constitución, también, desconoce el precedente constitucional
sobre la materia sin justificación alguna» [sic].
«Acuso a la sentencia de ser totalmente contraria al artículo 53 de la constitución en lo que
tiene que ver con el principio la condición más beneficiosa, pues desconoció la afectación del
derecho a recibir el subsidio de familia, del cual existe una expectativa legítima, causada por
4 el tránsito legislativos (normativo) en materia de seguridad social, generado por la expedición
del decreto 1161 de 2014. Además de ser claramente contraria al contenido de la constitución,
también, desconoce el precedente constitucional sobre la materia sin justificación alguna»
[sic].
«Acuso a la sentencia de ser totalmente contraria al artículo 13 de la constitución en lo que
5 tiene que ver con el principio y derecho fundamental a la igualdad, pues señala el Despacho
que los dos sujetos invocados en la comparación no son pasibles de la comparación» [sic[.

33.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en la sentencia del 27 de enero de 2023, expuso el marco jurídico dentro del cual
realizó el estudio de los planteamientos del recurso de apelación, en el siguiente
orden:

• «1. Competencia».
• «2. Problema Jurídico».
• «3. Tesis de la Sala».
• «4. Fundamentos que sustentan la tesis».
• «4.1. Régimen salarial de los soldados».
• «4.2. Régimen prestacional de los soldados profesionales».
• «4.3. Del subsidio familiar para los soldados e infantes de marina profesionales».
• «4.3.1 De la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009 y los efectos
retrospectivos».
• «5. Pruebas jurídicamente relevantes».
• «6. Caso concreto».
• «6.1. Del reconocimiento del reajuste salarial del 20%».
• «6.2. Del reconocimiento de la prima de actividad».
• «6.3 Del reajuste del subsidio familiar conforme el Decreto 1794 de 2000».

33.5. Acorde con lo anterior, resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos
en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la corporación concluyó que no
resultaba procedente reconocer el reajuste salarial pretendido, en la medida en que
el demandante se vinculó directamente como soldado profesional a partir del 1 de
junio de 2002, sin haber pertenecido previamente al régimen de soldados

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

voluntarios regulado por la Ley 131 de 1985. En consecuencia, su asignación básica
debía liquidarse conforme con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 1 del Decreto
1794 de 2000, esto es, en un salario mínimo legal mensual vigente incrementado
en un 40%, sin que fuera aplicable el reajuste al 60%, reservado exclusivamente
para quienes se encontraban amparados por el régimen de transición allí previsto.
Así lo sostuvo:

«De acuerdo con la hoja de servicios del señor Jorge Iván Martínez Bedoya,
tenemos
que el demandante se vinculó como soldado profesional el primero de junio de 2002,
sin que previamente hubiera prestado sus servicios en el Ejército Nacional como
soldado voluntario, de tal suerte que su asignación básica está determinada en un
salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%, toda vez que así lo
dispone el artículo 1º del Decreto 1794 de 2000» [sic].

33.6. Asimismo, precisó que el reajuste al 60% no tenía vocación de generalidad,
pues respondía a la necesidad de preservar los derechos adquiridos de quienes se
encontraban vinculados con anterioridad bajo un régimen distinto, razón por la cual
no podía extenderse a quienes ingresaron directamente al nuevo esquema
normativo. En ese sentido, sostuvo:

«Ese beneficio concierne solamente a quienes a 31 de diciembre de 2000 se
desempeñaban como soldados voluntarios en los términos de la Ley 131 de 1985 y
fueron vinculados desde el primero de enero de 2001 como soldados profesionales,
y no a los que se incorporaron de forma directa» [sic].

33.7. Frente al argumento de vulneración del derecho a la igualdad, el Tribunal
descartó la existencia de un trato discriminatorio, al considerar que no se trataba de
sujetos comparables, en atención a las diferencias objetivas relacionadas con la
forma de ingreso y el régimen jurídico aplicable, así como a la finalidad legítima del
régimen de transición. Al respecto, concluyó:

«La diferencia de trato se encuentra justificada en la garantía de los derechos
adquiridos de los soldados voluntarios vinculados bajo la Ley 131 de 1985,
circunstancia que impide predicar la existencia de una vulneración del derecho a la
igualdad respecto de quienes se incorporaron directamente como soldados
profesionales» [sic].

33.8. Por su parte, el Tribunal estableció que el demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la prima de actividad pretendida, pues la prestación no hacía
parte del régimen salarial y prestacional aplicable a los soldados profesionales. Este
emolumento se encontraba expresamente previsto en el artículo 84 del Decreto
1211 de 1990 únicamente para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares,
quienes pertenecían a categorías funcionales y jerárquicas distintas, sometidas a
regímenes jurídicos diferenciados.

33.9. En ese contexto, descartó que la exclusión de los soldados profesionales
constituyera una vulneración del derecho a la igualdad, al haber obedecido a
criterios objetivos, razonables y constitucionalmente válidos, conforme con el
precedente reiterado del Consejo de Estado. Al respecto, consideró:

«La prima de actividad que reclama el demandante no se encuentra prevista en las
normas que regulan el régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales;
por el contrario, dicha prestación fue consagrada en el artículo 84 del Decreto 1211

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

de 1990 exclusivamente para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares»
[sic].

33.10. Adicionalmente, el Tribunal recordó que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, analizó el presunto trato
desigual entre soldados profesionales y oficiales y suboficiales, y determinó que no
se configuraba una vulneración del derecho a la igualdad, puesto que se trataba de
grupos jurídicamente diferenciados, con funciones, jerarquías y situaciones fácticas
disímiles. En ese sentido, la alta corporación precisó:

«Los sujetos pertenecen a grupos jurídicamente diferenciados que responden a una
naturaleza funcional distinta (…) y la jerarquía militar constituye un criterio objetivo
para diferenciar a los distintos grupos de miembros de la Fuerza Pública, razón por
la cual no puede predicarse vulneración del derecho a la igualdad» [sic].

33.11. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la diferencia de trato
en materia prestacional entre soldados profesionales y oficiales y suboficiales se
encontraba constitucionalmente justificada, pues respondía a la naturaleza propia
de cada categoría dentro de la jerarquía militar y a los distintos regímenes que las
regulan. En consecuencia, el demandante, en su condición de soldado profesional,
no tenía derecho al reconocimiento de la prima de actividad prevista en el Decreto
1211 de 1990, sin que ello implicara un trato discriminatorio.

33.12. En relación con el subsidio familiar, el Tribunal consideró improcedente el
reajuste solicitado con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, dado
que el demandante contrajo matrimonio el 15 de marzo de 2018, cuando ya se
encontraba vigente el Decreto 1161 de 2014, que estableció el subsidio familiar en
cuantía del 26% de la asignación básica. Si bien el Consejo de Estado declaró la
nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, dicha decisión solo aplicaba
a situaciones jurídicas no consolidadas entre el 14 de septiembre de 2000 y el 30
de junio de 2014.

33.13. Por lo tanto, al haberse consolidado la situación familiar del actor con
posterioridad a dicho período, le resultaba plenamente aplicable el régimen previsto
en el Decreto 1161 de 2014, razón por la cual no tenía derecho a que el subsidio
familiar fuera reajustado de acuerdo con el Decreto 1794 de 2000. Al respecto, la
providencia señaló

«De conformidad con los documentos obrantes en el expediente, se encuentra
acreditado que el demandante […] contrajo matrimonio el 15 de marzo de 2018 y
[…] tiene reconocido subsidio familiar de conformidad con lo previsto en el Decreto
1161 de 2014, en cuantía del 26% de la asignación básica» [sic].

33.14. En relación con las excepciones de inconstitucionalidad y de convencionalidad
propuestas, si bien el Tribunal no realizó un análisis autónomo o separado de estas,
del razonamiento desarrollado sobre el reajuste salarial, la prima de actividad y el
subsidio familiar se desprende que no tenían fundamento para prosperar. Las
normas aplicadas al caso estaban vigentes, habían sido previamente examinadas
por los tribunales y contaban con respaldo constante de la jurisprudencia
constitucional y contencioso-administrativa.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

33.15. En ese contexto, las diferencias de trato alegadas por el demandante se
sustentaban en criterios objetivos y razonables, tales como la forma de vinculación
al servicio, la existencia de regímenes de transición orientados a la protección de
derechos adquiridos y la estructura jerárquica propia de las Fuerzas Militares. Por
ende, no se acreditaba una contradicción clara, directa y manifiesta entre las
disposiciones aplicadas y la Constitución Política o el bloque de constitucionalidad,
presupuesto indispensable para la procedencia excepcional de tales figuras, ni se
configuraba vulneración del derecho a la igualdad ni del principio de a trabajo igual,
salario igual.

2.9. Análisis de la Sala

34. En el presente asunto, Jorge Iván Martínez Bedoya invocó la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en incongruencia externa
al confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones relacionadas
con el reconocimiento del reajuste salarial del 20%, de la prima de actividad y del
subsidio familiar. Lo anterior, bajo el argumento de que el fallo de segunda instancia
no resolvió de manera expresa ni suficiente los planteamientos expuestos en el
recurso de apelación.

35. Del examen de las actuaciones dentro del proceso ordinario se advierte que, en
el recurso de apelación, la parte demandante expresó su desacuerdo con la
motivación de la sentencia de primera instancia. Los cargos formulados, 22 relativos
al ajuste salarial, 8 frente a la prima de actividad y 5 respecto del subsidio familiar,
se centraron en cuestionar la suficiencia de la motivación judicial, la aplicación del
precedente constitucional y contencioso administrativo sobre el derecho a la
igualdad, y la valoración probatoria, con base en la presunta ausencia de criterios
objetivos que justificaran el trato diferenciado entre los soldados profesionales
vinculados directamente y aquellos que inicialmente ostentaron la condición de
soldados voluntarios.

36. El recurso de apelación se caracterizó por su amplitud y densidad argumentativa,
pues el apelante formuló múltiples reproches dirigidos tanto a la motivación jurídica
como a la apreciación probatoria de la sentencia de primera instancia. No obstante,
tales cargos, aunque presentados de manera individual, se estructuraron en torno
a igual eje argumental: la alegada vulneración del derecho a la igualdad derivada
del trato diferenciado entre los soldados profesionales que ingresaron directamente
y aquellos que previamente fueron soldados voluntarios.

37. Los cuestionamientos del apelante, aunque presentados de manera
diferenciada, reflejaron un núcleo argumentativo común: la presunta
inconstitucionalidad de las normas aplicables, el supuesto desconocimiento del
precedente constitucional o jurisprudencial pertinente y la alegada omisión del
Tribunal al no acoger ciertas excepciones o argumentos planteados. Por tanto, no
introdujeron problemas jurídicos autónomos o novedosos.

38. En consecuencia, las observaciones evidenciaron la inconformidad del apelante
con la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto 1794 de 2000, con el
régimen posterior establecido en el Decreto 1161 de 2014 y con la jurisprudencia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

de unificación del Consejo de Estado. Así, no era exigible que el Tribunal emitiera
respuestas fragmentadas o individualizadas frente a cada reproche, sino que
identificara los problemas jurídicos relevantes y los resolviera de manera integral y
razonada, conforme con lo dispuesto en el artículo 280 del CGP.

39. Una lectura detenida de la providencia impugnada permite concluir que no se
configuró la alegada incongruencia externa. En efecto, el Tribunal sintetizó y abordó
las inconformidades del apelante, al resolver de manera expresa y motivada las
pretensiones relacionadas con el reajuste salarial, la prima de actividad y el subsidio
familiar, sin necesidad de responder literalmente cada argumento de la apelación.
Esta conclusión se encuentra respaldada por el alcance que el ordenamiento
jurídico asigna al deber de motivación judicial, el cual exige la resolución razonada
de los problemas jurídicos relevantes, conforme con lo dispuesto en el artículo 280
del CGP, que señala:

«Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de
las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta
procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo
de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con
arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda
y su contestación» [se destaca].

40. En desarrollo de dicho deber, el Tribunal examinó el problema jurídico
relacionado con la procedencia del reconocimiento de la asignación básica
incrementada en 60% y concluyó que el actor no tenía derecho a dicho reajuste, al
no encontrarse en una situación fáctica ni jurídica equiparable a la de los soldados
voluntarios que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, fueron incorporados
como soldados profesionales, en atención al régimen de transición previsto para la
protección de derechos adquiridos. En consecuencia, determinó que no se desvirtuó
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

41. Asimismo, el Tribunal abordó el estudio de la prima de actividad y explicó que
dicha prestación no forma parte del régimen salarial y prestacional aplicable a los
soldados profesionales, sino que se encuentra prevista exclusivamente para
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, en atención a criterios objetivos
relacionados con la jerarquía militar, la naturaleza funcional de los cargos y las
responsabilidades asignadas. Por tal razón, no reconocerla no comportaba una
vulneración del derecho a la igualdad.

42. En cuanto al subsidio familiar, el Tribunal analizó el marco normativo aplicable y
concluyó que no resultaba procedente el reajuste solicitado con fundamento en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto el demandante contrajo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

matrimonio el 15 de marzo de 2018, cuando ya se encontraba vigente el Decreto
1161 de 2014. Si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad con efectos ex tunc
del Decreto 3770 de 2009, precisó que la vigencia del Decreto 1794 de 2000 solo
cobijaba situaciones jurídicas no consolidadas entre el 14 de septiembre de 2000 y
el 30 de junio de 2014, supuesto que no se configuraba en el caso concreto, al
encontrarse el actor plenamente sometido al régimen vigente al momento de la
consolidación de su situación jurídica.

43. Sibien la providencia no desarrolló un acápite autónomo respecto de las
excepciones de inconstitucionalidad y de convencionalidad propuestas por la parte
actora, del análisis integral de su motivación se desprende que el Tribunal sí efectuó
un juicio de compatibilidad entre las disposiciones aplicadas y el ordenamiento
superior. En efecto, al analizar el régimen salarial previsto en el Decreto 1794 de
2000, el Decreto 1161 de 2014 y la regulación de la prima de actividad, concluyó
que dichas normas no vulneraban el principio de igualdad ni desconocían mandatos
constitucionales o convencionales, por tratarse de un tratamiento diferenciado
fundado en criterios objetivos y razonables, conforme con el artículo 13 de la
Constitución Política y el precedente judicial aplicable.

44. En ese contexto, aunque no se refirió de manera expresa a las excepciones
planteadas, el Tribunal explicó porque no se configuraba una incompatibilidad
evidente que habilitara la inaplicación de las normas vigentes, razón por la cual las
aplicó al caso concreto. De este modo, la sentencia sí dio respuesta a los
planteamientos sustanciales de la demanda y descartó, con fundamento en el
precedente reiterado de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la presunta
contradicción con los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política y con los
instrumentos internacionales invocados, sin que ello comporte vulneración del deber
de motivación ni del principio de congruencia.

45. En relación con el argumento según el cual la sentencia omitió pronunciarse
sobre la solicitud de que se declarara que el actor desempeñó iguales funciones
que un soldado profesional que antes fue voluntario, la Sala observa que dicha
solicitud no constituía una pretensión autónoma, sino un argumento instrumental
dirigido a sustentar la alegada vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, la
ausencia de una declaración específica al respecto no comporta un
desconocimiento del principio de congruencia.

46. Asimismo, frente al reproche relativo a la falta de referencia expresa a
determinados hechos (numerales 8 a 24 de la demanda), tal circunstancia no
implicaba su exclusión del análisis, pues el juez cuenta con autonomía para la
citación de los elementos fácticos y jurídicos relevantes que sustentan la decisión,
dentro del marco del principio de independencia judicial.

47. En ese orden de ideas, la providencia recurrida no incurrió en incongruencia
externa, toda vez que examinó los reparos planteados por el apelante, aun cuando
su conclusión no coincidiera con las expectativas de este. El desacuerdo del
recurrente recae sobre la interpretación jurídica y la valoración probatoria del
Tribunal, mas no sobre la falta de correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, tal
y como lo expuso en su pretensión subsidiaria. De esta manera, no puede
confundirse la disconformidad del recurrente con la ausencia de pronunciamiento,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

pues el Tribunal sí abordó los cuestionamientos planteados, aunque su
interpretación jurídica no coincidiera con la sostenida por el apelante.

48. Tampoco se advierte incongruencia interna, pues existe coherencia entre los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte motiva y lo decidido en
la parte resolutiva, la cual reiteró de manera consistente la negativa de las
pretensiones relacionadas con el reajuste salarial, la prima de actividad y el subsidio
familiar.

49. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. En estricto sentido, las
alegaciones del recurrente pretenden someter a revisión la suficiencia, lógica y
corrección de la motivación judicial, lo cual equivale a un control de validez
argumentativa o de apreciación probatoria, impropio del recurso extraordinario de
revisión, en la medida en que excede su ámbito de control y corresponde al examen
de fondo reservado a las instancias ordinarias.

50. Como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado,
el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni un
mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un instrumento
excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a situaciones
específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías esenciales,
en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.

51. Si se admitiera que este recurso sirve para controvertir la interpretación del juez
o la calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.

52. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la incongruencia alegada respecto de
la sentencia proferida el 27 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. Por el contrario, se verificó que el
ad quem resolvió los cuestionamientos expuestos en la apelación y mantuvo
coherencia entre la parte motiva y resolutiva de su decisión.

53. En síntesis, la sentencia del Tribunal observó el principio de congruencia, cumplió
con el deber de motivación previsto en el artículo 280 del CGP y resolvió de manera
integral los aspectos jurídicos debatidos, incluidos aquellos referidos a la eventual
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no prospera.

2.10. Costas

54. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00329-00 (4905-2023)
Demandante: Jorge Iván Martínez Bedoya

55. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 27 de
enero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que la sentencia no está afectada por falta de
congruencia. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Jorge Iván Martínez Bedoya en contra de la sentencia proferida el 27 de enero de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
25307-33-33-002-2021-00006-01.

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai
y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de
origen.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.