Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00333-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00333-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00333-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00333-00 (4920-2023)
Demandante: Edilson Campos Anzola
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Tema: Causal 5.° del artículo 250 del CPACA. Reajuste salarial de
soldados profesionales. Reconocimiento y pago de la prima de
actividad para soldados profesionales. Reajuste Subsidio
Familiar para soldados profesionales. Falta de congruencia en
la sentencia. DECLARAR INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el dieciséis (16) de febrero de dos
mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D2, para lo cual invocó la causal contenida en el numeral 5,
que permite la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas por «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación».
ANTECEDENTES
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que el señor Edilson Campos Anzola es soldado profesional en el Ejército
Nacional.
Que el 5 de octubre de 2018, presentó una petición con el fin de que se le
reconociera y pagara el reajuste del 20% en el salario básico mensual y la prima de
actividad. Sin embargo, no recibió respuesta por parte del Ejército Nacional.
Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
instauró demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, solicitando que se declarara la configuración del acto ficto presunto, por
1 La presentación del recurso se efectuó el 13 de julio de 2023, de acuerdo con la anotación efectuada por la
Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 00003 de SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022 por el Juzgado Quince Administrativo
del Circuito de Bogotá negó las pretensiones.
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medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y
el reconocimiento y pago de la prima de actividad.
Que como restablecimiento del derecho, solicitó se condenara a: i) reconocer y
pagar en forma retroactiva el reajuste salarial del 20% conforme a la Ley 131 de
1985 y el Decreto 1794 de 2000, así como el reajuste y pago de sus prestaciones
sociales; ii) reconocer y reajustar el subsidio familiar, computando dicho factor en
un monto equivalente al 62.5% de su asignación básica, conforme al artículo 11 del
Decreto 1794; iii) reconocer y pagar la prima de actividad prevista para los oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares, en aplicación del derecho a la igualdad
previsto en el artículo 13 de la Constitución Política; iv) reliquidar todas las
prestaciones sociales y factores salariales, de acuerdo al salario básico conformado
por el mínimo aumentado al 60%; v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA; y vi) pagar los intereses moratorios a que haya lugar,
junto con la condena en costas.
Que el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 12 de
agosto 2022, declaró la existencia del acto ficto mediante el cual se le negó el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y prima de actividad y negó
las demás pretensiones de la demanda.
Que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 16 de febrero de 2023.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En providencia del 16 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia de negar las pretensiones
de la demanda y no condenar en costas.
Para sustentar su decisión desarrolló los siguientes argumentos:
Que las normas que establecieron el nuevo régimen salarial y prestacional de los
soldados profesionales de las fuerzas militares, esto es, Decretos 1793 y 1794 de
2000, consagran un mandato expreso al establecer que los soldados voluntarios
que se encontraban vinculados a 31 de diciembre de 2000 y que ingresaron como
soldados profesionales, seguirían devengando un salario mínimo mensual legal
vigente incrementado en un 60%.
Que con relación a la petición de inaplicar parcialmente el artículo 1.° del Decreto
1794 de 2000 por inconstitucionalidad, se debe tener en cuenta que la Corte
Constitucional ha señalado que el principio de igualdad no elimina la posibilidad de
que el legislador introduzca regímenes diferenciados entre grupos respecto de un
mismo asunto o derecho, siempre y cuando dicha diferenciación se ajuste a los
preceptos constitucionales.
Que no basta con que el actor manifieste que las disposiciones acusadas
establecen un trato diferente para configurarse un cargo por inconstitucionalidad,
sino que se deben expresar las razones por las cuales se estima que la diferencia
en dicho trato resulta discriminatoria y señalar en forma clara los grupos
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involucrados, el trato en las normas demandadas que genera transgresión del
derecho a la igualdad y lo que justifica dar un tratamiento distinto al contenido en
dichas normas.
Que, sobre la interpretación de dicho artículo esta Corporación en sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 20130006001(3420-2015), señaló
que solo los soldados voluntarios vinculados a 31 de diciembre de 2000, hoy
profesionales, tienen derecho a percibir una asignación básica equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 60%; mientras que las
personas que ingresaron directamente como soldados profesionales, devengaran
un salario mensual vigente incrementado en 40%, de conformidad con el inciso 1.°
del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000.
Que teniendo en cuenta la certificación de tiempo de servicios del 19 de enero de
2022, el demandante ingresó directamente al escalafón de soldado profesional el
15 de marzo de 2004, por lo que no tiene derecho al reajuste de la asignación básica
en un 20%, ya que nunca ostento la calidad de soldado voluntario.
Que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-587 de 2006, estableció que el
derecho a la igualdad requiere de la existencia de supuestos que objetiva, material
y funcionalmente sean equiparables, no configurándose en este caso tal
prerrogativa, pues el actor no se encuentra en la misma situación de aquellos
soldados voluntarios que ingresaron al Ejército Nacional antes del 31 de diciembre
del 2000.
Que en lo que respecta a la pretensión sobre el reconocimiento y pago de la prima
de actividad prevista para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, afirmó
que los soldados profesionales no tienen derecho a devengar otras prestaciones
sociales diferentes a las señaladas en el Decreto 1794 del 2000, pues de lo contrario
se estarían vulnerando los principios de inescindibilidad de la ley y de libertada de
configuración legislativa.
Que, atendiendo a las consideraciones de esta Corporación en Sentencia del 23 de
febrero de 2017, la remuneración de los miembros de la Fuerza Pública debe
atender al nivel de los cargos, funciones, responsabilidades y calidades, por lo que
no todos pueden tener las mismas prestaciones, por tratarse además de un cuerpo
jerarquizado.
Que en lo que tiene que ver con la pretensión sobre el subsidio familiar, no es
aplicable lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a la situación del
actor, por cuanto el hecho generador en este caso, se cumplió el 8 de septiembre
de 2017, fecha en la que se declaró la unión marital de hecho mediante escritura
pública núm. 3391, esto es, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, que se aplica
únicamente a los soldados profesionales que no se habían casado o constituido
unión marital de hecho antes del 24 de junio de 2014.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
El señor Edilson Campos Anzola, en ejercicio del mecanismo establecido en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, presentó recurso extraordinario de revisión al
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considerar que la sentencia está incursa en la causal 5 de la citada legislación.
Solicita se declare la nulidad de la sentencia y se envíe el expediente al juez de
primera instancia para que dicte una nueva decisión, donde se resuelva de fondo lo
planteado en la demanda. De manera subsidiaria, solicita que, se examine la
violación al debido proceso «a la luz de la institución de la decisión judicial motivada
de forma incompleta y deficiente», dadas las similitudes que comparte esta figura
con la falta de congruencia.
Para sustentar el recurso, presentó los siguientes argumentos:
Que el actor, en calidad de soldado profesional, tiene asignadas las mismas
funciones que los soldados profesionales que fueron incorporados al Régimen de
Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares
que estaban activos antes de su entrada en vigencia, es decir, los soldados
voluntarios. Sin embargo, se encuentra en una situación de discriminación salarial
pues nunca ha recibido el salario proporcional a su trabajo ni lo correspondiente a
la prima de actividad.
Que la sentencia de primera instancia no realizó el juicio de igualdad en la
modalidad trabajo igual – salario igual debido a la diferencia salarial del 20%, no
resolvió de forma completa, exhaustiva, y rigurosa lo relacionado con el contenido
de los siguientes cargos presentados en la demanda y tampoco se pronunció de
forma completa sobre los hechos 8, 9, 10, 12, 13 ,14, 15, 20, 21 ni sobre los
argumentos expuestos en los alegatos de conclusión.
Que en el recurso de apelación, se solicitó al Tribunal adicionar la sentencia de
primera instancia para que analizara de manera exhaustiva cada uno de los
argumentos planteados en las pretensiones de la demanda y anulara la decisión por
desconocer el artículo 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, los
artículos 280 y 281 del Código General del Proceso y el artículo 187 de la Ley 1437
de 2011, aspectos que no fueron objeto de estudio.
Que, además, no se resolvieron de manera completa y rigurosa los reparos o
críticas a la providencia apelada, especialmente en relación con el reconocimiento
del reajuste del 20 % salarial, el subsidio familiar y la prima de actividad, ya que hizo
caso omiso a los puntos planteados en el recurso.
Que dentro de los argumentos planteados en el recurso de apelación respecto de
la diferencia salarial, no se resolvieron los siguientes aspectos:
• El desconocimiento del thema petendi señalado en la demanda.
• El error del juez en considerar que no son pasibles de comparación los
sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad por existir
dos regímenes diferentes, lo cual a su vez lo lleva a resolver el caso con una
norma derogada.
• El despacho de primera instancia cometió un error al aplicar la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, dado que no correspondía en el caso
concreto.
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• «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de
transición laboral para los solados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen
el demandante no tiene derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la
demanda».
• «Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica
que tiene la diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo
régimen de carrera del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000,
que se produjo de manera generalizada a través de las Órdenes Administrativas de
Personal números 1241 de 20 de enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003,
por medio de las cuales el Ministerio de Defensa dispuso la conversión obligatoria
de todos los soldados voluntarios en soldados profesionales, el demandante no
puede acceder a dicha diferencia salarial».
• «El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la
igualdad en un criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para
justificar la desigualad, y además lo dio por probado sin estarlo».
• «Incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los verdaderos
criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del
precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097
de 2006, T-545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros»
• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras
sentencias en la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se
afirma que: “la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad».
• «No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para
resolver la litis, pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte
Constitucional, Sentencia SU-519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de
1997. Pese a que hizo una mención en la sentencia con relación a la solicitud
realizada por el suscrito, nunca hubo un estudio profundo de tal situación».
• «El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se
encuentra mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron
soldados voluntarios».
• «El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran
en el expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes
con los cuales se prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho
pedido».
• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-
230/94; el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado
después en la sentencia T-335/00, así como el precedente contenido en la
Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL
DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO».
• «No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que
justifique el trato de desigualdad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el
Despacho negó el reconocimiento del derecho pedido».
• «El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso
iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en
contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece
a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho
fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».
• «Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución
política, específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a.
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales».
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• «El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al
demandante de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la
institución».
• «La sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los
principios de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los
principios generales de la carrera administrativa- y de la carrera administrativa en
las fuerzas militares para los soldados profesionales, como el merito y la igualdad
de oportunidades».
• La sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad ni la de
inconvencionalidad propuestas, y no realizó el test de ponderación de
derechos, pese a haberlo afirmado.
• «La sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial
se incurriría en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD
NORMATIVA».
• En el presente caso son procedentes las excepciones de inconstitucionalidad
y de inconvencionalidad.
En cuanto a la prima de actividad, se señaló que no se resolvieron los siguientes
planteamientos:
• El error del juez en considerar que no son pasibles de comparación los
sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad.
• La sentencia incurre en un error conceptual al confundir la naturaleza jurídica
del salario con la de la prestación salarial.
• Se desconoció que el demandante cumple las condiciones previstas en la
norma que regula la prima de actividad para oficiales y suboficiales.
• «La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la
demanda, ni probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no
discriminación, situación que no tuvo en cuenta el Despacho».
• «El despacho asume en la sentencia El criterio de que las funciones de los oficiales
y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional, y que, por eso,
es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal justificación,
en sendas sentencias judiciales».
• «El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras
sentencias en la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se
afirma que: “la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”».
• «El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia
T-230/94; el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado
después en la sentencia T-335/00, así como el precedente contenido en la
Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el contenido del DERECHO FUNDAMENTAL
DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO».
• «El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso
iure y la PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en
contra de la entidad demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece
a mi poderdante está basado en un criterio objetivo y exento de violación del derecho
fundamental de la igualdad en cabeza del demandante».
En lo que respecta al subsidio familiar, no se resolvieron los siguientes aspectos:
• «El Despacho yerra en el proceso hermenéutico al juzgar el contenido de la norma
atribuyéndole un alcance que no se compadece con su recto significado, en lo que
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tiene que ver con el ingrediente normativo del artículo 11 de decreto 1794, contenido
en la expresión: “unión marital de hecho vigente».
• «Acuso a la sentencia de TENER POR PROBADO, SIN ESTARLO, que la entidad
demandada desvirtuó la presunción de inconstitucionalidad que pesa sobre el acto
administrativo que negó el reconocimiento del reajuste del subsidio de familia y
sobre el decreto 1161 de 2014, situación que comporta un desconocimiento del
precedente constitucional aplicable al presente caso, contenido entre otras
sentencias en las siguientes: C-038 de 2004; C-671 de 2002; C-931 de 2004; T-
1318 de 2005 ; T-043 de 2007 ; T-273 de 2007 ; T-267 de 2006 y T-418 de 2007»
• La sentencia es contraria al artículo 53 constitucional, en lo que tiene que ver con el
principio in dubio pro operario, por acoger una interpretación desfavorable para el
trabajador, desconociendo el precedente constitucional sobre la materia.
• La sentencia es contraria al artículo 53 constitucional, frente al principio de la
condición más beneficiosa, por desconocer la afectación del derecho a percibir el
subsidio familiar, ya que existe una expectativa legitima causada por el tránsito
legislativo en materia de seguridad social generado por la expedición del Decreto
1161 de 2014; desconociendo el precedente constitucional sobre la materia.
• La sentencia es contraria al artículo 53 constitucional, en lo que respecta al derecho
fundamental a la igualdad, al señalar que los ambos sujetos no son pasibles de
comparación.
Contestación al recurso extraordinario de revisión3
La Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional pese a ser notificada en debida
forma no contestó el recurso de revisión en el término previsto.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio en
esta oportunidad.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida el
16 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con base en
la causal invocada por el recurrente, la cual establece: «5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) las generalidades del recurso
extraordinario de revisión, ii) la causal de revisión invocada, y iii) se examinará el
caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
3 La entidad fue notificada del auto admisorio del recurso de revisión el 23 de octubre de 2023. Véase índice
00011 de SAMAI.
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El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de las
decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada. En términos de artículo 248 del
CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos legales de una
sentencia ya ejecutoriada4. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente, como la aparición
de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso
fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la
sentencia cuestionada o la desaparición, al momento del reconocimiento, de las
razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación periódica.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en la
adopción de la sentencia que se pretende anular, como el hallazgo de documentos
falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos relevantes
por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o
violencia en la emisión del fallo.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada 5.
Si bien la revisión constituye una vía impugnativa que afecta el principio de la
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción
al principio de la cosa juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una
tercera instancia para discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria,
para plantear nuevas interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios
que cometieron las partes ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 1001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
5 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley6.
Causal quinta de revisión: Nulidad en la sentencia
El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el hecho
de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]». En ese sentido, la norma se limitó a
establecer como requisito de esta causal que se configure una nulidad en la
sentencia, pero no definió las causales, por tanto, le correspondió a la jurisprudencia
llenar dicha causal de contenido, en atención a las múltiples interpretaciones que
se generaban alrededor de la misma.
Según la posición actual del Consejo de Estado, la nulidad predicable de una
sentencia de instancia se estructura por: (i) la ocurrencia de alguna de las hipótesis
taxativamente reguladas por el artículo 133 del Código General del Proceso (CGP);
o (ii) la existencia de irregularidades insaneables que afecten sustancialmente el
derecho al debido proceso, al punto que, de no haber ocurrido, la decisión habría
sido diferente.
Fuera de los supuestos del artículo 133 del CGP, no toda anomalía en una sentencia
puede desvirtuar sus efectos de cosa juzgada. A modo enunciativo, la jurisprudencia
ha señalado que esto ocurre en situaciones como: «(i) es inhibitorio; (ii) se profiere
sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la non reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se
pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o
jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por
desistimiento, transacción o perención; (v) no cuenta con el número de votos
requerido para su aprobación y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea
por una condena extra, ultra o infra petita»7.
La Sala Plena del Consejo de Estado, en providencias como la del 31 de mayo de
20118 ha identificado otros eventos en los que se configura la nulidad en la
sentencia, tales como:
«[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia
en proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera
sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin
el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después
de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia
aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de mayo de 2011. Exp.
11001-03-15-000-2008-00294-00. C.P. Mauricio Torres Cuervo.
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un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia
carece completamente de motivación».
Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado también que la vulneración del
derecho al debido proceso constituye una variable de la causal establecida en el
numeral 5 antes mencionado, al indicar que:
«(…) la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal
de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que
se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento9»
Se ha reconocido además que la violación del principio de congruencia tiene la
potencialidad de originar una nulidad en la sentencia que puso fin al proceso. Veamos:
«Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende
la violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la
sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate
(cifra petita)»10
De acuerdo con lo expuesto, por fuera de los supuestos que consagra el artículo 133
citado, existen otras causas desarrolladas jurisprudencialmente que comportan una
anomalía respecto de la sentencia y que podrían desvirtuar sus efectos de cosa
juzgada.
La concreción y extensión de esta causal de revisión a otros eventos insaneables que
implican la violación de derechos constitucionales y procesales obedece, como lo ha
establecido este máximo órgano, a la finalidad misma del recurso extraordinario de
revisión: permitir que decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, y
garantizar el principio de seguridad jurídica limitando la procedencia de la causal a
situaciones excepcionales en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional
que, sin ella, el fallo se hubiera proferido en otro sentido11.
Finalmente, es preciso resaltar que la nulidad se desprenda directamente de la
sentencia objeto del recurso extraordinario, es decir, que el vicio se estructure en el
momento procesal en que se dicta la decisión judicial. Si la nulidad proviene de una
situación anterior no oportunamente alegada, la regla general será su saneamiento.
Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado como nulidad originada en la sentencia
aquella que, aunque se presenta antes de la emisión del fallo, no pudo ser advertida
por el afectado, quien tiene la carga procesal de demostrar esta circunstancia12.
Principio de congruencia
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz (E).
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de
septiembre de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00440-00 (1452-14). C.P. César Palomino Cortés.
11 En este mismo sentido, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve
Especial de Decisión. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William
Hernández Gómez.
12 Véanse: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Tercera Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de diciembre de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-01235-00. C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de diciembre de 2019. Exp.11001-03-15-000-2012-00643-00. C.P. Martín Gonzalo
Bermúdez Muñoz.
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Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio […]».
Al respecto, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 25 de enero de
201813, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber legal que
tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su conocimiento con
fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las normas aplicables y lo
alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita14,
como regla general.
Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión está en
armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe coherencia
en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia15. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación se pronunció en los siguientes
términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir
la disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo
argumentado y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía
sustancial que inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva
de la providencia, ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe
negarse, pues el mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones
propias de los recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018.
Exp. 25000-23-41-000-2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
14 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de
2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó:
«[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la
doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el
demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y
“minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre de
2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
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las que por su naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos
extraordinarios […]».16
Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
El recurrente sostiene que se configura la causal de revisión porque la sentencia
emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció normas de rango
superior y no respondió de manera integral las inconformidades expuestas en el
recurso de apelación.
A su juicio, hay falta de congruencia, tanto entre el recurso de apelación y el fallo de
segunda instancia, como entre la demanda y la providencia emitida por el Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá el 12 de agosto de 2022.
Según el recurrente, en el recurso de apelación solicitó al Tribunal adicionar la
sentencia de primera instancia con el fin de que se analizara de manera exhaustiva
cada uno de los supuestos fácticos y jurídicos de la demanda, tarea que, asegura,
no fue realizada por el juzgado. Sin embargo, la sentencia atacada no resolvió de
manera completa y rigurosa las críticas relativas a la negativa del reconocimiento del
reajuste salarial del 20%, de la prima de actividad, ni del subsidio familiar, así como
la omisión de un juicio comparativo entre los soldados voluntarios que fueron
posteriormente convertidos en soldados profesionales e ingresaron a la carrera
administrativa conforme a lo dispuesto por la Ley 1793 de 2000, y los soldados
profesionales que ingresaron por primera vez a la Fuerza Pública luego de la
creación del régimen de carrera para el soldado profesional, con el fin de determinar
la posible vulneración del núcleo esencial del derecho a la igualdad.
Se procederá a evaluar si se satisfacen los requisitos establecidos por la ley y
precisados por el Consejo de Estado mediante los criterios jurisprudenciales
aplicables para configurar la causal invocada.
En relación con el reproche por supuesta incongruencia en la decisión, se observa
que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
accionante se formularon las siguientes pretensiones: a) la configuración del silencio
administrativo negativo; b) la nulidad del acto administrativo ficto o presunto mediante
el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la
prima de actividad; y c) que el demandante realizó las mismas funciones que un
soldado profesional voluntario y que, al igual que los oficiales y suboficiales del
Ejército Nacional, se encuentra en el supuesto de hecho previsto por la norma para
el reconocimiento y pago de la prima de actividad.
A título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó: a) el pago de la
diferencia salarial del 20% no percibida, a título de salario básico mensual o
asignación salarial mensual, conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985 y el
Decreto 1794 de 2000; b) el reconocimiento de la prima de actividad, de acuerdo con
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del
7 de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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los porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales en las normas vigentes; c)
el reconocimiento y pago del subsidio de familia, con base en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000; d) la reliquidación de todas las prestaciones sociales y/o
factores salariales, así como los que no lo son, con base en un salario básico
calculado como el mínimo incrementado en un 60%; d) la actualización de los valores
adeudados conforme al IPC; y e) el pago de costas y agencias en derecho.
De manera subsidiaria, solicitó la aplicación de las figuras de excepción de
inconstitucionalidad y de convencionalidad con el propósito de inaplicar el acto
administrativo objeto de la demanda.
En primera instancia, el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, mediante
sentencia del 12 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda,
sustentando su decisión en diversas consideraciones, entre las que se destacan:
En lo que concierne al reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% sobre
el sueldo básico, conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985, concluyó que no
era procedente acceder a dicha pretensión. Para ello, fundamentó su decisión en el
hecho de que el demandante «prestó su Servicio Militar DIPER desde el 26 de mayo
de 2002 hasta el 29 de febrero de 2004; como Alumno Soldado Profesional DIPER:
desde el 01 de marzo de 2004 hasta el 15 de marzo de 2004 y como Soldado
Profesional DIPER: desde el 15 de marzo de 2004 –». En virtud de lo anterior, se
determinó que el demandante ingresó al Ejército Nacional en calidad de soldado
profesional bajo la vigencia del Decreto 1794 de 2000, sin haber ostentado en
ningún momento la calidad de soldado voluntario.
Consecuentemente, se estableció que si bien es cierto que en la actualidad los dos
grupos de soldados ostentan la calidad de soldados profesionales y desempeñan
las mismas funciones y obligaciones, el personal incorporado como soldado
profesional a partir de la entrada en vigor del Decreto 1794 de 2000 tiene derecho
al reconocimiento de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV),
incrementado en un 40%. Por su parte, aquellos que ostentaban la calidad de
soldados voluntarios al 31 de diciembre de 2000 y posteriormente fueron
incorporados como soldados profesionales tienen derecho al reconocimiento de un
SMLMV incrementado en un 60%.
En cuanto al reconocimiento y pago de la prima de actividad conforme a los
porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales, el a quo determinó que dicha
prestación no era aplicable al demandante, toda vez que su reconocimiento se
encuentra limitado a otros miembros de la Fuerza Pública. En este sentido, precisó
que el Decreto 1794 de 2000, que consagra el régimen prestacional de los soldados
profesionales, no contempla la mencionada prima dentro de sus disposiciones.
Adicionalmente, se pronunció sobre la excepción de inconstitucionalidad invocada
por la parte demandante, señalando que dicho mecanismo judicial permite la
inaplicación de una norma cuando esta contraviene preceptos constitucionales y no
ha sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional. No obstante, indicó
que, si bien el demandante argumentó que la exclusión de ciertos beneficios para
los soldados profesionales vulnera el principio de igualdad consagrado en la
Constitución Política, no era procedente aplicar la excepción de
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inconstitucionalidad, pues el reconocimiento de tales beneficios se encuentra sujeto
al nivel del cargo y las funciones asignadas por la ley, razón por la cual, al tratarse
de regímenes especiales distintos, no era viable considerar que las personas
cobijadas por estos se encontraban en igualdad de condiciones.
Finalmente, en lo atinente a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, estimó
que en razón a que la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho del
demandante con la señora Francy Yaneth Rodríguez Cespedes fue protocolizada
el 8 de septiembre de 2017, esto es, en vigencia del Decreto 1161 de 2014, que
otorgó dicho subsidio para quienes no lo estuvieran percibiendo conforme lo
regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009; no le asiste derecho el
actor a que dicha prestación le sea reconocida conforme lo regulado en el Decreto
1794 de 2000.
El señor Edilson Campos Anzola interpuso recurso de apelación, solicitando la
revocatoria de la decisión dictada por el Juzgado, fundamentando su solicitud, en
síntesis, en los siguientes argumentos:
1. Que el a quo no resolvió de manera congruente todos los puntos planteados
en la demanda y omitió pronunciamiento sobre algunas pretensiones
declarativas. Por lo cual debía ordenarse al juez de primera instancia
complementar la decisión para que se resolviera de fondo cada uno de los
puntos expuestos, tanto fácticos como jurídicos.
2. Que no se analizó de manera seria y exhaustiva la posible violación del
derecho a la igualdad en las modalidades de trabajo igual – salario igual,
igualdad simple y mandato de no discriminación, mérito en la carrera
administrativa, garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución,
remuneración mínima vital y móvil proporcional y primacía de la realidad
sobre formalidades.
3. Que debía realizarse un análisis comparativo entre los soldados voluntarios
que luego fueron convertidos en soldados profesionales e ingresaron bajo el
régimen de carrera administrativa del Decreto 1793 de 2000 y aquellos
soldados profesionales que ingresaron por primera vez a la Fuerza Pública
después de la creación del citado régimen. Con este análisis, solicitó que el
fallador de segunda instancia evaluara la posible vulneración al derecho
fundamental a la igualdad, específicamente en la modalidad de «trabajo igual
• salario igual», así como lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Política respecto al «pago proporcional del trabajo».
4. Que la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 solo tiene autoridad
frente a los casos con características esenciales similares, es decir, soldados
profesionales que antes fueron soldados voluntarios, pues en ella nunca
abordó el principio de "trabajo igual, salario igual" ni las garantías
constitucionales del artículo 53 de la Constitución, ya que no tenía
competencia para hacerlo y solo resolvió los hechos específicos del caso.
5. Que el régimen salarial de los soldados profesionales es un derecho
adquirido, no una expectativa legítima.
6. Que, si bien es cierto que la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
contestó la demanda, nada dijo con relación a la viabilidad del reconocimiento
del subsidio de familia, ni presentó argumento alguno con el objetivo de
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desvirtuar la presunción de inconstitucionalidad que pesa sobre el acto
enjuiciado.
7. Que el error del a quo es pensar que para el reconocimiento y pago de la
prima de actividad el ordenamiento jurídico exige una preparación,
experiencia y responsabilidades diferentes, ya que eso lo exige el
ordenamiento para el pago del salario y no de las prestaciones salariales.
8. Que la prima de actividad está diseñada para reconocer y premiar la
permanencia de los miembros de las Fuerzas Militares en el ejercicio de sus
funciones. Su no reconocimiento al soldado implica una falta de valoración
de su continuidad en el servicio.
9. Que el juez omitió pronunciamiento frente el cargo de la vulneración al
principio de igualdad en la modalidad de situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del
derecho.
10. Que el a quo no realizó el correspondiente juicio de igualdad de los soldados
profesionales que ostentan el subsidio de familia con base en el Decreto 1794
de 2000, en comparación con los soldados profesionales que lo devengan en
virtud del Decreto 1161 de 2014.
11. Que se erró en la interpretación de la escritura pública de la declaración de
unión marital de hecho, pues habiéndose precisado que la misma inició el 18
de enero de 2012, el juez de primera instancia estimó que esta nació el 8 de
septiembre de 2017, cuando se protocolizó dicha escritura, lo que resulta
contrario a la esencia misma de las sociedades de hecho.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 16 de febrero de
2023, delimitó el problema jurídico en los siguientes términos: establecer si el
demandante tiene derecho a: i) un reajuste salarial del 20% y cualquier otra
acreencia laboral a partir de su ingreso al Ejército Nacional, con fundamento en el
inciso 2 del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000; ii) el reconocimiento y pago de la
prima de actividad, en aplicación de los Decretos 1211 y 1214 de 1990; y, iii) el
reconocimiento del subsidio familiar en un monto equivalente al 4% de su asignación
básica más la prima de antigüedad, conforme el Decreto 1794 de 2000.
Al concluir que no existían fundamentos legales ni jurisprudenciales que sustentaran
tales pretensiones confirmó la decisión emitida en primera instancia por el Juzgado
Quince Administrativo de Bogotá.
En lo que respecta a la inaplicación parcial del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000
por inconstitucional e convencional, así como a la falta de aplicación del test de
ponderación, consideró que:
«[…] la inaplicación parcial de esta norma por supuesta inconstitucionalidad no
es procedente, pues no contradice el artículo 13 constitucional. […]
En este orden, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado
que la igualdad cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional
por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho
fundamental; precisando que el principio de igualdad consagrado en el artículo
13 no proscribe ni elimina la posibilidad de que el legislador introduzca
regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema,
asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa diferenciación se ajuste
a los preceptos constitucionales.(…) que para que se configure un cargo de
inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no basta con que el
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actor manifieste que las disposiciones acusadas establecen un trato
diferenciado para ciertas personas y que ello es contrario al artículo 13 de la
Constitución, sino que debe expresar, además, las razones por las cuales
considera que tal diferencia de trato resulta discriminatoria. (…) los cargos
referentes a la vulneración del derecho a la igualdad deben señalar con claridad
los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que
genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento
distinto al contenido en las normas acusadas».
«[…] que el caso sub examine no se cumple con el primer presupuesto del test
de igualdad, pues, para ello, se requiere la existencia de supuestos o
situaciones que objetiva, material y funcionalmente sean equiparables, a fin de
establecer “qué es lo igual que merece un trato igual y qué es lo divergente que
exige, por consiguiente, un trato diferenciado”; lo anterior, por cuanto el
demandante no se encuentra en una situación igual que los soldados
voluntarios que ingresaron al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de
diciembre de 2000».
En relación con la postura adoptada por el Juzgado respecto de la comparación
entre el demandante y los sujetos propuestos como término de referencia en el juicio
de igualdad, se argumentó que pertenecían a regímenes normativos distintos,
dando aplicación a la Sentencia del 25 de agosto de 2016. En este sentido, el
Tribunal destacó expresamente que:
«Conforme a la normativa y la jurisprudencia arriba transcrita, es claro que solo
los soldados voluntarios que se encontraban vinculados a 31 de diciembre de
2000 e ingresaron como soldados profesionales, seguirían devengando el
equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente incrementado en un
sesenta por ciento (60%), en virtud del principio constitucional de respeto a los
derechos adquiridos estipulado en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1793 de
2000 (artículo 38). A contrario sensu, las personas que ingresaron directamente
al escalafón de soldados profesionales devengarán un (1) salario mensual
vigente incrementado en un cuarenta por ciento (40%), tal como lo establece el
primer inciso del artículo 1º del Decreto 1794 de 2000».
Que, en consecuencia,
«[…] atendiendo que Edilson Campos Anzola ingresó directamente al escalafón
de soldado profesional, el día 15 de marzo de 2004, según se observa en la
certificación de tiempo de servicios de fecha 19 de enero de 2022, suscrita por
el Mayor Oficial de Atención al Usuario DIPER10, la Sala concluye que el actor
no tiene derecho al reajuste de la asignación básica en un 20% representado
por la diferencia entre el monto reconocido (salario mínimo incrementado en
40%) y el monto regulado por el inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1794
de 2000 (salario mínimo incrementado en el 60%), pues se reitera que nunca
ostentó la calidad de soldado voluntario».
En cuanto a la falta de pronunciamiento respecto del reconocimiento y pago de la
prima de actividad, expresamente consideró:
«[…] es claro para entonces que la prima de actividad (consagrada en el artículo
8413 del Decreto 1211 de 1990, modificado por el artículo 3014 del Decreto 737
de 2009) prevista para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, no
puede ser reconocida a los soldados profesionales de esa misma institución. Lo
anterior, a juicio de la Sala, no constituye vulneración alguna del derecho a la
igualdad, pues los soldados profesionales no tienen el mismo nivel de
jerárquico, ni desempeñan las mismas funciones que los oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares».
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Finalmente, en lo que tiene que ver con la forma en que debe ser reconocido el
subsidio familiar dispuso:
«Visto entonces que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 3770
de 2009, con efectos ex tunc, es dable concluir que el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 cobró nuevamente su vigencia. Sin embargo, la Sala considera
que tal disposición normativa no resulta aplicable a Edilson Campos Anzola,
habida cuenta de que el hecho generador del «subsidio familiar», en el caso
sub examine, tan solo se cumplió el 8 de septiembre de 2017, fecha en que se
declaró la unión marital de hecho mediante la escritura pública No. 3391,
otorgada por el Notario Séptimo del Círculo de Bogotá; es decir, estando en
vigencia el Decreto 1161 de 2014 y no el Decreto 1794 de 2000, pues aquel
(Decreto 1161 de 2014) empezó a regir a partir del 24 de junio de 2014,
aplicándose únicamente para aquellos soldados profesionales que no venían
percibiendo el subsidio familiar regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770
de 2009, esto es, que no se habían casado o constituido unión marital de hecho
antes del 24 de junio de 2014».
De tal forma, la Sala advierte que la decisión objeto de análisis abordó las dos
facetas de congruencia que han sido desarrolladas jurisprudencialmente del marco
normativo del principio.
Por una parte, se observa la armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo
(congruencia interna), toda vez que los fundamentos jurídicos y fácticos expuestos
en la motivación de la sentencia conducen de manera lógica y coherente a la
conclusión adoptada, esto es, la determinación de que el señor Edilson Campos
Anzola no tiene derecho al reajuste de su asignación básica ni del subsidio familiar,
así como tampoco al reconocimiento de la prima de actividad en igualdad de
condiciones a las que perciben los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
Para ello, como se expuso, el Tribunal consideró que las diferencias que existen
entre estos sujetos se fundamentan en un marco normativo y constitucional válido,
y responden a criterios razonables y objetivos que justifican el trato diferenciado.
Por otra parte, existe conformidad entre la decisión y lo solicitado por la parte en el
marco de la competencia del fallador de segunda instancia (congruencia externa),
dado que el análisis se circunscribió exclusivamente a los puntos planteados en la
apelación y las pretensiones presentadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
El fallo analizó detalladamente cada una de estas pretensiones a la luz del régimen
jurídico aplicable (Ley 4ª de 1992, Ley 131 de 1985 y Decreto 1794 de 2000), de
los precedentes jurisprudenciales pertinentes de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, y de las pruebas aportadas al expediente. Así, concluyó que
no se configuraba la vulneración del derecho a la igualdad alegada, al encontrarse
debidamente acreditado que las diferencias salariales y prestacionales entre los
distintos niveles jerárquicos de la Fuerza Pública obedecen a criterios legales y
constitucionales válidos que responden a la naturaleza jerárquica y funcional de
estas posiciones, con lo cual se dio respuesta íntegra a todos aquellos argumentos
que abarcaban el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad salarial y la
carga probatoria en casos de discriminación salarial.
En cuanto a la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad, en la decisión se argumentó que esta figura requiere demostrar
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una oposición directa y manifiesta entre las normas impugnadas y la Constitución,
lo que no ocurrió en este caso, ya que en precedentes jurisprudenciales tanto de la
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, se ha avalado la validez de las
disposiciones cuestionadas, no encontrando que existieran elementos para
desvirtuar la constitucionalidad de las normas señaladas.
En cuanto al juicio de igualdad invocado por la parte actora bajo la premisa de
«trabajo igual – salario igual», se observa que la decisión sí explicó que no existe
una equivalencia absoluta entre los grupos en comparación, dado que sus
condiciones de vinculación, funciones y prerrogativas difieren de manera
significativa. Además, la referencia a la jurisprudencia constitucional y al régimen
transitorio aplicable refuerza el razonamiento del Tribunal, que destaca que las
diferencias no solo son legítimas, sino necesarias para garantizar derechos
adquiridos y mantener el equilibrio entre los distintos niveles jerárquicos de la
Fuerza Pública.
En cuanto a la aplicación de la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
cuya supuesta indebida aplicación fue alegada como un error en primera instancia,
se confirmó su procedencia al establecer que en dicha decisión se trazaron reglas
jurisprudenciales aplicables tanto a los soldados voluntarios que posteriormente
fueron incorporados como soldados profesionales, como a aquellos que se
vincularon directamente en esta última categoría a partir del 31 de diciembre de
2000.
Entonces, se tiene que en la sentencia de segunda instancia, se emitió
pronunciamiento sobre la mayoría de los argumentos planteados en el recurso de
apelación, en especial aquellos relacionados con la diferencia salarial establecida
en el Decreto 1794 de 2000, la justificación del 20% adicional en la asignación de
algunos soldados profesionales, la existencia de un trato diferenciado basado en
criterios objetivos, la imposibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
sin una oposición evidente entre normas y la Constitución, la exclusión de los
soldados profesionales del beneficio de la prima de actividad, por estar destinada
únicamente a oficiales y suboficiales conforme a la Ley 4ª de 1992 y la aplicación
del subsidio familiar conforme a los preceptuado en el Decreto 1161 de 2014.
No obstante, respecto de algunos reproches formulados, si bien la sentencia no
profundizó en su análisis sobre el alcance del precedente constitucional invocado,
la supuesta ausencia de un test de igualdad, la alegada discriminación sistemática,
y el reconocimiento del derecho a la igualdad en sus diversas modalidades, tales
omisiones no tienen la entidad suficiente para invalidar la decisión de segunda
instancia, en tanto:
i) No se motivó ni se demostró la trascendencia del argumento, y de su contenido
no se desprende la configuración de un error judicial que justificara la prosperidad
de la pretensión condenatoria en sede de nulidad y restablecimiento del derecho; ii)
En cuanto al supuesto desconocimiento de las providencias citadas en el recurso
de apelación, es importante señalar que la inobservancia del precedente
jurisprudencial no constituye un defecto de suficiente entidad para generar la nulidad
de la sentencia, pues no se trata de una irregularidad de carácter procedimental,
sino de un aspecto relacionado con el análisis de fondo del fallo acusado y,
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iii) Los aspectos centrales del litigio fueron debidamente abordados y resueltos con
fundamento en el marco normativo y jurisprudencial aplicable.
Debe recordarse que la incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando
esta trastorna completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo
del proceso. Por esta razón, como lo ha establecido esta Corporación «[...] no
cualquier reproche sobre la falta de congruencia externa o interna estructura la
causal de revisión, pues se exige que la disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo
probado sea protuberante, a tal punto que, no exista justificación objetiva y
relacionada con las materias medulares del proceso»17.
Así, cuando el recurrente alega una violación al principio de congruencia y
consecuencialmente, una vulneración al debido proceso, lo hace refiriéndose a su
desacuerdo con la forma en que fue aplicada e interpretada una norma sustancial
que rige la materia. Sin embargo, esto no constituye una anomalía en el
procedimiento o en la sentencia que pueda configurar una causal de nulidad, sino
que se trata de un cuestionamiento sobre el fondo de la decisión, pretendiendo
utilizar esta vía como si se tratara de una tercera instancia, lo cual excede la
competencia del juez en el recurso extraordinario.
Tanto es así que, de acuerdo con el expediente del proceso ordinario, observa la
Sala que el hoy recurrente en la demanda presentada en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, ventiló similares argumentos a los
expuestos en esta oportunidad, lo que denota que pretende utilizar el recurso
extraordinario de revisión como una instancia adicional.
Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra configurada la causal de nulidad
originada en la sentencia prevista por el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA,
razón por la cual el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.
Condena en costas
De acuerdo con el inciso primero del artículo 188 del CPACA, la regla general es
que, en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se
dispondrá sobre la condena en costas.
Con la expedición de la Ley 2080 de 2021, se modificó el artículo 255 del CPACA
en cuanto a la condena en costas en el marco del recurso extraordinario de revisión,
en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…]
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la regulación
de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido en el
CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. MP. Alberto Montaña Plata.
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Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
En el presente caso como se declara infundado el recurso extraordinario de revisión,
sería procedente la condena en costas. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se
incurrió en ningún costo o gasto procesal y que la entidad pública contra la que se
interpuso el recurso extraordinario de revisión no intervino en este proceso y ni
siquiera constituyó apoderado judicial que permitiera considerar, cuando menos,
que habría ejercido la vigilancia del proceso, la Sala estima que no hay lugar a
imponer condena en costas ni fijar agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Edilson Campos Anzola en contra de la sentencia del
dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la sentencia proferida el doce (12)
de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito de Bogotá que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, háganse las anotaciones pertinentes en el
sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión,
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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