Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00338-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00338-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00338-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00338-00 (4940-2023)
Demandante : Robin Meza Flórez
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia ni la existencia de vicios graves que
comprometieran el debido proceso o el principio de congruencia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los cargos
de apelación con base en el material probatorio y la jurisprudencia
aplicable, y respondió de manera expresa a las pretensiones y
argumentos relevantes del accionante.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Robin Meza
Flórez contra la sentencia de 10 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca1.
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Robin Meza Flórez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
el propósito de que se declarara la nulidad del oficio 20193170197741: MDN-CGFM-
COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 5 de febrero de 2019, mediante el cual
se le negó el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: (i) el incremento del 20
% en su salario, (ii) el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, y (iii) la prima de actividad. Subsidiariamente, solicitó que se tuvieran por probadas
las excepciones de inconstitucionalidad y convencionalidad, con el fin de que se
inaplicara el acto administrativo demandado.
2. Como consecuencia de la nulidad, deprecó: (i) que se reconociera que desempeñó las
mismas funciones que un soldado profesional voluntario y que se encontraba en el mismo
supuesto de hecho contemplado en la norma que prevé la prima de actividad para
1 Decisión suscrita por los magistrados Patricia Victoria Manjarrés Bravo, Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon y Jaime
Alberto Galeano Garzón.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00338-00 (4940-2023)
Demandante: Robin Meza Flórez
oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; (ii) el pago retroactivo y la reliquidación
integral de las prestaciones sociales y demás factores salariales y no salariales, con base
en un salario básico equivalente al salario mínimo legal vigente aumentado en un 60 %,
así como el otorgamiento del subsidio familiar y la prima de actividad.
3. El demandante indicó que fue incorporado al Ejército Nacional como soldado
profesional sin haber sido previamente voluntario, rigiéndose por el Decreto Ley 1793 de
2000. Afirmó que ha desempeñado sus funciones en condiciones sustancialmente
iguales a las de los soldados profesionales que anteriormente fueron voluntarios, y
también bajo circunstancias operativas similares a las de oficiales y suboficiales, lo cual
en su criterio debe ser reconocido en virtud del principio constitucional de igualdad y del
mandato de no discriminación. Señaló que no existe una diferencia objetiva y razonable
que justifique la exclusión del 20 % adicional en su salario, el no reconocimiento de la
prima de actividad ni la negación del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, ya que cumple con el mismo supuesto de hecho normativo —esto es, estar
en servicio activo o en ejecución permanente de funciones militares.
4. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó la demanda y solicitó
negar la totalidad de las pretensiones, alegando la falta de sustento jurídico y probatorio
de las mismas. En primer lugar, argumentó que el acto administrativo demandado fue
proferido acorde con el ordenamiento jurídico vigente y está amparado por la presunción
de legalidad. Alegó que al actor no le asiste derecho al reajuste salarial del 20 %, dado
que nunca ostentó la calidad de soldado voluntario y, por tanto, no cumple con los
requisitos exigidos por el régimen transitorio del Decreto 1794 de 2000. Frente a la prima
de actividad, sostuvo que dicha prestación no está prevista para soldados profesionales
en el marco normativo que regula su situación (Decreto 1794 de 2000), por lo que no es
procedente su reconocimiento por analogía con oficiales o suboficiales.
5. En cuanto al subsidio familiar, la entidad señaló que esta prestación le fue reconocida
al actor en aplicación del Decreto 1161 de 2014, norma vigente al momento en que
cumplió los requisitos y formuló la solicitud. Afirmó que, antes de esa fecha, no existía
derecho adquirido, sino una mera expectativa, al no haber acreditado el vínculo conyugal
o unión marital de hecho conforme a las exigencias legales. Rechazó además las
pretensiones subsidiarias basadas en la excepción de constitucionalidad y
convencionalidad, argumentando que no se configuró ninguna violación a los derechos
fundamentales del accionante, en especial a la igualdad, al trabajo o a la seguridad social.
Finalmente, solicitó no imponer condena en costas, dado que el proceso se enmarca en
un litigio sobre derechos fundamentales.
6. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, al declarar la nulidad parcial del acto administrativo y
ordenar el reconocimiento del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794
de 2000. Consideró que el demandante consolidó su derecho desde el 19 de septiembre
de 2013, fecha en que se constituyó la unión marital de hecho, pues los mecanismos
legales para su acreditación tienen carácter declarativo y no constitutivo. En
consecuencia, dispuso que el subsidio se liquidara con base en la asignación básica y la
prima de antigüedad, con los reajustes legales correspondientes y deducción de los
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Demandante: Robin Meza Flórez
valores ya reconocidos bajo el Decreto 1161 de 2014, al amparo del efecto ex tunc
derivado de la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
7. Por el contrario, el Juzgado negó las demás pretensiones al concluir que el actor no
tenía derecho al reajuste salarial del 20 % ni a la prima de actividad. Sostuvo que el
demandante ingresó directamente como soldado profesional en el año 2005, sin haber
sido voluntario, y por tanto estaba sujeto al régimen salarial y prestacional previsto en los
Decretos 1793 y 1794 de 2000. Además, precisó que la prima de actividad es una
prestación exclusiva para oficiales y suboficiales, derivada de su jerarquía y funciones,
por lo que no se configuraba trato discriminatorio alguno. En igual sentido, desestimó las
excepciones de constitucionalidad y convencionalidad, al considerar que las diferencias
normativas respondían a criterios objetivos y razonables, sin evidenciar contradicción con
la Constitución ni con los tratados internacionales sobre derechos humanos.
8. Ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia por diferentes motivos. El
actor alegó vulneración al debido proceso por falta de pronunciamiento claro y motivado
sobre aspectos sustanciales de la demanda, como la presunta discriminación hacia los
soldados profesionales y la violación de principios constitucionales de igualdad, salario
justo y función pública. Cuestionó además la falta de análisis sobre la prima de actividad,
las pretensiones declarativas y las excepciones de inconstitucionalidad y
convencionalidad propuestas, así como la omisión de precedentes relevantes. Por ello,
solicitó la nulidad parcial del fallo respecto del reajuste del 20 % y la prima de actividad,
o en su defecto, su revocatoria y el reconocimiento de sus pretensiones, incluida la
condena en costas.
9. Por su parte, la entidad demandada solicitó revocar los ordinales primero a cuarto del
fallo, al considerar que el acto acusado era meramente informativo y no susceptible de
nulidad, y que el subsidio familiar fue reconocido válidamente conforme al Decreto 1161
de 2014, vigente al momento de la solicitud. Alegó que, aunque el Decreto 3770 de 2009
fue anulado con efectos ex tunc, el actor solo consolidó su unión marital en 2015, por lo
que no podía invocar el régimen anterior. Advirtió que ya existe un acto administrativo
válido (Orden Administrativa 1467 de 2016) que reconoció el subsidio, el cual no fue
impugnado y permanece vigente. En consecuencia, pidió revocar la decisión y negar las
pretensiones basadas en el Decreto 1794 de 2000, así como abstenerse de imponerle
costas.
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E2,
mediante sentencia de 10 de marzo de 2023 modificó parcialmente el fallo de primera
instancia en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar, al establecer que esta
prestación debía reconocerse desde el 19 de septiembre de 2011, fecha en la que el
demandante consolidó su unión marital de hecho, y no desde 2013 como lo había
señalado el Juzgado. La Sala consideró que, tras la nulidad con efectos ex tunc del
Decreto 3770 de 2009, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia respecto
de situaciones no consolidadas, como la del actor, por lo que resultaba procedente aplicar
dicho régimen y ordenar el reajuste del subsidio en los términos allí previstos. Además,
precisó que al tratarse de una prestación periódica, el derecho podía reclamarse sin que
2 Sentencia que quedó ejecutoriada el 24 de marzo de 2023.
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Demandante: Robin Meza Flórez
operara la prescripción, ya que este solo surgió con la ejecutoria de la sentencia de
nulidad.
11. En lo demás, el Tribunal confirmó la negativa del a quo frente a las pretensiones
relacionadas con el reajuste del 20 % de la asignación básica y el reconocimiento de la
prima de actividad. En relación con el reajuste salarial, precisó que el demandante fue
vinculado directamente como soldado profesional el 31 de agosto de 2005, por lo que no
era beneficiario del régimen de transición previsto en el inciso segundo del artículo 1.º del
Decreto 1794 de 2000, aplicable exclusivamente a quienes se encontraban prestando
servicio como soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, conforme a la Ley
131 de 1985. Concluyó que no se configuraba un trato discriminatorio, ni se vulneraba el
principio de igualdad, ya que las diferencias entre ambos grupos respondían a criterios
objetivos y constitucionalmente válidos, como la forma de ingreso, la naturaleza funcional
y la jerarquía militar, de acuerdo con lo señalado, entre otras, en la sentencia C-015 de
2014 de la Corte Constitucional.
12. Respecto de la prima de actividad, el órgano colegiado de la referencia reiteró que
esta no se encuentra contemplada dentro del régimen prestacional aplicable a los
soldados profesionales. Sobre este punto, citó la sentencia de unificación del 25 de abril
de 20193, que analizó el derecho a la igualdad entre soldados profesionales y oficiales o
suboficiales, concluyendo que no existe vulneración a este principio, en tanto las
diferencias se explican por la naturaleza funcional, la jerarquía dentro de la estructura
militar y las situaciones fácticas diferenciadas de cada grupo. En consecuencia, no era
exigible la equiparación de los regímenes salariales o prestacionales entre estas
categorías.
13. Finalmente, el Tribunal descartó que la sentencia de primera instancia adoleciera de
incongruencia, al considerar que respondió de manera sustancial a los puntos planteados
en la demanda, resolviendo el caso con base en las normas aplicables, la jurisprudencia
vigente y el material probatorio que se estimó relevante para adoptar una decisión de
fondo.
Demanda del recurso extraordinario de revisión4
14. El señor Robin Meza Flórez interpuso recurso extraordinario de revisión con
fundamento en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, solicitando que se declare la
nulidad parcial de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 11001-33-35-008-2020-00265-
00, dejando incólume lo decidido respecto del subsidio familiar reconocido.
15. A juicio del recurrente, ambas providencias incurrieron en nulidades originadas en la
propia sentencia, al haberse dictado con incongruencia, falta de motivación y violación
del derecho fundamental al debido proceso. Alegó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió pronunciarse de manera clara, completa y exhaustiva sobre los
cargos formulados en la demanda y en el recurso de apelación, en particular los
relacionados con el reajuste del 20 % en la asignación básica y el reconocimiento de la
3 Sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 del 25 de abril de 2019, Rad. 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-16).
4 Radicada el 13 de julio de 2023.
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Demandante: Robin Meza Flórez
prima de actividad, así como las solicitudes de adición y nulidad de la sentencia de
primera instancia. Sostuvo que el fallo desconoció los principios constitucionales de
igualdad, salario justo y proporcionalidad (artículo 53 de la Constitución), y omitió realizar
un juicio de igualdad conforme a la sentencia SU-519 de 1997, pese a la similitud
funcional entre soldados profesionales, oficiales y suboficiales.
16. Indicó que el Tribunal no resolvió las excepciones de inconstitucionalidad y
convencionalidad propuestas, ni aplicó la presunción de inconstitucionalidad del acto
acusado. Asimismo, reprochó la omisión de valoración de hechos jurídicamente
relevantes consignados en la demanda, los cuales sustentaban el juicio de igualdad y la
reclamación de la prima de actividad. Alegó que las decisiones desconocieron la
presunción de discriminación y la inversión de la carga de la prueba establecidas por la
Corte Constitucional en las sentencias T-247 de 2010, T-097 de 2006 y T-335 de 2000,
entre otras, y que tampoco se aplicaron los principios de primacía de la realidad y mérito
en la función pública previstos en los artículos 25, 53 y 209 de la Carta Política.
17. Sostuvo que el Tribunal incurrió en violación del principio de congruencia, al no
responder todos los cargos del recurso de apelación ni justificar la falta de estudio de los
mismos, especialmente aquellos que cuestionaban la aplicación indebida de la
jurisprudencia sobre soldados voluntarios y la ausencia de un análisis estructural de la
discriminación sistemática hacia los soldados profesionales. Afirmó que, al resolver el
fondo del asunto sin refutar los reparos planteados, el órgano colegiado vulneró los
artículos 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 280 y 281 del Código
General del Proceso (CGP) y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), normas que exigen que las sentencias se refieran
a todos los hechos y asuntos debatidos.
18. En consecuencia, solicitó que se declarara la nulidad parcial de ambas sentencias y
que se ordenara al juzgado de primera instancia dictar una nueva decisión que resolviera
integralmente los aspectos fácticos y jurídicos omitidos, con observancia de las garantías
procesales y del precedente constitucional. Subsidiariamente, pidió que el caso se
estudiara como una violación del derecho fundamental al debido proceso por falta de
motivación completa y suficiente en las decisiones judiciales.
Contestación del recurso
19. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
20. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
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Estado5 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, al
presuntamente omitir pronunciarse sobre aspectos sustanciales planteados por el señor
Robin Meza Flórez en el recurso de apelación —relacionados con el reajuste salarial del
20 % y la prima de actividad— y al no abordar sus argumentos constitucionales sobre el
derecho a la igualdad y al debido proceso, configurándose una nulidad originada en la
sentencia misma.
Análisis del problema jurídico
22. En el caso concreto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
al verificar que los argumentos expuestos por el accionante no demuestran la
configuración de una nulidad originada en la sentencia cuestionada, ni evidencian vicios
graves que comprometan la validez formal o material del fallo recurrido —causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA—. Por el contrario, del análisis integral del
expediente se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los
asuntos sometidos a su conocimiento dentro del marco de sus competencias, con base
en el acervo probatorio y en la jurisprudencia aplicable. En consecuencia, no se acreditó
una vulneración sustancial al debido proceso ni al principio de congruencia que justifique
infirmar la decisión, conforme a las razones que se exponen a continuación.
23. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
24. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
5 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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25. Esta corporación6 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
26. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia7 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.»8. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
27. Bajo ese contexto, de conformidad con la naturaleza y el objeto del recurso
extraordinario de revisión, en esta oportunidad corresponde a la Sala determinar si la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en alguno de los vicios graves e insubsanables que configuran la causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, si contiene una nulidad originada
en la providencia misma que puso fin al proceso. En tal sentido, no procede examinar las
eventuales irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por cuanto el
objeto del recurso se restringe a la revisión de la decisión definitiva e inapelable que
resolvió el litigio.
28. El accionante considera que la sentencia de segunda instancia incurrió en
incongruencia y falta de motivación, al omitir pronunciamiento sobre varios cargos
planteados en el recurso de apelación, en especial los relativos a la negativa del reajuste
salarial del 20 %, el reconocimiento de la prima de actividad, así como las solicitudes de
adición y nulidad de la sentencia de primera instancia. Alegó, además, que se vulneraron
sus derechos al debido proceso y al principio de igualdad, al no valorarse hechos
jurídicamente relevantes ni resolver de forma expresa las excepciones de
inconstitucionalidad y convencionalidad planteadas, ni realizar un juicio de igualdad
conforme a la jurisprudencia constitucional invocada, particularmente la sentencia SU-
519 de 1997.
6 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
8 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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Demandante: Robin Meza Flórez
29. No obstante, tras el estudio integral de la providencia cuestionada, la Sala observa
que el Tribunal sí abordó de manera sustancial los problemas jurídicos planteados,
agrupando los reproches formulados en el recurso en torno a tres ejes temáticos que
permitían estructurar adecuadamente el análisis del caso: subsidio familiar, prima de
actividad e incremento salarial del 20 %.
30. En cuanto al reajuste salarial del 20 %, el Tribunal aplicó la interpretación contenida
en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de agosto de 20169,
concluyendo que tal beneficio solo era procedente para los soldados que, al 31 de
diciembre del año 2000, se encontraban prestando servicio como voluntarios conforme a
la Ley 131 de 1985. Como el actor fue incorporado como soldado profesional en el año
2005, sin haber sido voluntario, no le resulta aplicable el régimen transicional previsto en
el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000. En respaldo de esta
interpretación, el órgano colegiado explicó que si bien soldados voluntarios y soldados
profesionales actualmente comparten régimen de carrera y funciones militares, lo cierto
es que existe una diferencia relevante en las condiciones de ingreso que impide
considerar a ambos grupos como sujetos equiparables a efectos de un juicio de igualdad.
31. Frente a la invocación de la sentencia SU-519 de 1997, el Tribunal indicó que, aunque
dicha decisión desarrolló el principio “a trabajo igual, salario igual”, no era aplicable al
caso por tratarse de situaciones fácticas y jurídicas disímiles, al no haber identidad en las
condiciones de ingreso, jerarquía y régimen normativo. Así, concluyó que la diferencia de
trato estaba justificada en la garantía de los derechos adquiridos de los soldados
voluntarios que transitaron a la categoría profesional bajo el marco normativo anterior, lo
que descartaba la configuración de un trato discriminatorio arbitrario.
32. Por otro lado, el accionante reprocha un presunto desconocimiento de las
providencias jurisprudenciales citadas en el recurso de apelación; sin embargo, la Sala
reitera que la inobservancia del precedente no constituye, por sí sola, una causal de
nulidad de la sentencia. Además, contrario a lo sostenido por el recurrente, la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016 sí resultaba aplicable al caso concreto, pues en
ella se establecieron los criterios diferenciadores entre los soldados profesionales que
ingresaron directamente a la fuerza pública y aquellos que previamente prestaron servicio
como soldados voluntarios. Dicha distinción guarda relación directa con la controversia
planteada por el actor, referida al reconocimiento del reajuste salarial del 20 %, el cual,
conforme a esa jurisprudencia, solo procede para quienes cumplieran los requisitos del
régimen transitorio previsto en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de
2000. En consecuencia, el fallo impugnado no desconoció el precedente judicial, sino que
lo aplicó de manera razonada y acorde con el marco normativo y fáctico del proceso.
33. Ahora, el principio de congruencia se entiende vulnerado cuando la sentencia omite
pronunciarse sobre alguna de las pretensiones, excepciones o argumentos relevantes
propuestos por las partes, o cuando resuelve cuestiones que no fueron planteadas en el
debate judicial. Esta exigencia no implica que el fallo deba replicar literalmente los
argumentos expuestos en los escritos procesales, sino que debe existir una
correspondencia sustancial entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto. En otras palabras,
9 Sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-
2015).
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Demandante: Robin Meza Flórez
la incongruencia se configura cuando hay una ruptura evidente entre las pretensiones o
cuestiones jurídicas planteadas y las razones que sustentan la decisión, al punto que se
comprometa la lógica interna del fallo o el derecho al debido proceso de alguna de las
partes.
34. En relación con la prima de actividad, el Tribunal advirtió que el Decreto 1794 de
2000 -norma especial aplicable al régimen de soldados profesionales- no contempla
dicho emolumento como parte de su estructura prestacional. Además, justificó esta
exclusión en la diferenciación objetiva existente entre los oficiales y suboficiales (a
quienes sí les asiste este derecho) y los soldados profesionales, debido a sus distintas
condiciones jerárquicas, funciones y requisitos de ingreso. En esta línea, se descartó la
existencia de una vulneración al derecho a la igualdad, al no tratarse de sujetos en
condiciones equiparables. La decisión se fundamentó, entre otras, en la referida
sentencia de unificación 25 de agosto de 201610, en la que se explicaron las diferencias
entre oficiales, suboficiales, agentes y soldados.
35. Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo
procesal destinado a controvertir la interpretación jurídica adoptada por el juez de
instancia, ni a revaluar el sentido normativo de la decisión impugnada. Ello resulta aún
más evidente en el presente caso, en el que se advierte que los razonamientos expuestos
por el Tribunal para negar el reconocimiento de la prima de actividad respondieron de
manera expresa y argumentada a los planteamientos del recurrente. En consecuencia,
no se configura un vicio que afecte de forma sustancial el núcleo esencial del debido
proceso ni que comprometa la validez formal o material de la providencia objeto de
revisión.
36. Finalmente, en cuanto al reparo relacionado con la supuesta omisión del Tribunal al
pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, esta Sala
considera que dicho argumento no tiene vocación de prosperar. Se advierte que los
motivos que fundamentaron la solicitud de nulidad —relativos a presuntas deficiencias en
la motivación y a la incongruencia del fallo— fueron abordados y resueltos de manera
sustancial en el estudio del recurso de apelación. Así, el Tribunal no desconoció los
planteamientos formulados, sino que los examinó dentro del análisis integral del caso,
descartando la existencia de vicios que comprometieran el debido proceso o el principio
de congruencia.
37. Por lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí analizó
los cargos formulados en la apelación. Aunque algunos de ellos fueron tratados de
manera sintetizada y agrupada por materias afines11, no se advierte una omisión
sustancial que configure una incongruencia que vicie de nulidad la sentencia.
38. En consonancia con ello, la causal invocada no se encuentra acreditada y, por tanto,
se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
10 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-2015).
11 Sobre el particular esta Subsección en la sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00330-
00 (4906-2023), concluyó que «no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos, cuando de manera
compendiosa se pueden resolver varios cargos que traten sobre un tema en específico».
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00338-00 (4940-2023)
Demandante: Robin Meza Flórez
Condena en costas
39. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
40. En ese sentido, en el caso concreto, en principio procedería la imposición de costas
al actor dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin
embargo, al no haberse acreditado su causación —toda vez que la parte accionada no
intervino en el trámite del proceso—, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Robin Meza Flórez contra la sentencia de segunda instancia proferida el 10
de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-35-008-2020-00265-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Robin Meza Flórez, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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