RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2023-00340-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00340-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00340-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jemir Rodrigo Blanco Velandia en contra de la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 11001-33-35-013-2020-00175-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023) Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmada electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00340-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia
Providencia Sentencia del 8 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D

Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1
Administrativo . Nulidad originada en la sentencia. Congruencia

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Jemir Rodrigo
Blanco Velandia contra la sentencia del 8 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Jemir Rodrigo Blanco Velandia presentó una
demanda en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo de la parte demandada frente a su petición de
reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de que había
realizado iguales funciones que un soldado profesional que fue voluntario; (ii) el
pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, como salario básico
mensual o asignación salarial mensual, conforme con la Ley 131 de 1985 y el
Decreto 1794 de 2000; (iii) el reconocimiento y liquidación de la prima de actividad
de acuerdo con los porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales; (iv) la
reliquidación de todas las prestaciones sociales y factores salariales, así como de
aquellos que no tienen tal carácter, con base en un salario básico equivalente al
mínimo legal incrementado en un 60%; (v) la actualización de los valores adeudados

1 En adelante CPACA.
2 Samai Juzgado 13 Administrativo de Bogotá [radicación 11001333501320200017500], índice 51,

actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «6_ED_01EXPEDIENTENYR(.pdf) NroActua 51».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

conforme con el IPC; (vi) la condena en costas a la entidad demandada; y (vii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del
CPACA.

3. En caso de que lo anterior no fuera procedente, pidió la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13,
25, 53 y 209 de la Constitución Política y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana
de Derechos Humanos.

1.1.1. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

4.1. Jemir Rodrigo Blanco Velandia se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado
al régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto
1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.

4.2. Desde su ingreso a la institución, realizó iguales funciones a las desempeñadas
por los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios.

4.3. A pesar de lo anterior, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo
mensual legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los
soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario mínimo
mensual legal vigente incrementado en un 60%. Por lo tanto, sufrió una
discriminación en materia salarial.

4.4. El 30 de agosto de 2018 le solicitó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el
reconocimiento de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad; sin
embargo, la entidad no resolvió su petición, de manera que se configuró el silencio
administrativo negativo.

4.5. La última unidad de servicios se encontraba ubicada en Bogotá.

1.2. Sentencia de primera instancia3

5. Mediante sentencia proferida el 19 de diciembre de 2022 el Juzgado 13
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:

5.1. El artículo 1 del Decreto1794 de 2000 dispuso 2 fórmulas salariales: una
aplicable a quienes se vincularon como soldados profesionales a partir del 1 de
enero de 2001, consistente en un salario mínimo legal vigente incrementado en un
40%, y otra para quienes, al 31 de diciembre de 2000, se encontraban vinculados
como soldados voluntarios, a quienes se les reconoció la base salarial incrementada
en un 60%, como garantía del salario que venían devengando.

3 Samai Juzgado 13 Administrativo de Bogotá [radicación 11001333501320200017500], índice 51,

actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «7_ED_02FALLOREAJUSTE20S(.pdf) NroActua
51».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

5.2. En el caso concreto, estaba demostrado que el demandante prestó servicio
militar desde el 29 de septiembre de 1999 hasta el 2 de diciembre de 2000, luego
se desempeñó como alumno soldado profesional entre enero y febrero de 2001 y
adquirió la calidad de soldado profesional a partir del 1 de marzo de 2001 hasta el
31 de diciembre de 2019, sin haber sido previamente soldado voluntario. Por tal
razón, su situación salarial quedó cobijada por la primera regla, correspondiente a
quienes se vincularon con posterioridad al 1 de enero de 2001, conforme con el
Decreto 1794 de 2000.

5.3. En consecuencia, no procedía el reajuste salarial del 20% solicitado, puesto que
la entidad demandada había reconocido y pagado el salario correspondiente al
régimen salarial y prestacional aplicable a los soldados profesionales vinculados
después del 1 de enero de 2001. No era viable aplicar un régimen salarial anterior
ni extender los derechos adquiridos de los soldados voluntarios a quienes
ingresaron bajo las nuevas reglas salariales.

5.4. El reconocimiento de la prima de actividad resultaba improcedente, toda vez que
esta únicamente era aplicable a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares
y de Policía, por lo que, al no establecerse dicho beneficio para los soldados
profesionales, condición del actor, la entidad demandada no estaba obligada a
acceder a esta.

5.5. No era procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad ni de
inconvencionalidad al acto administrativo demandado, toda vez que las diferencias
salariales entre quienes fueron soldados voluntarios y luego profesionales, y
aquellos que ingresaron directamente como soldados profesionales, no vulneraban
los derechos a la igualdad ni a la favorabilidad. Tales distinciones se encontraban
justificadas en situaciones fácticas y jurídicas distintas, derivadas de la fecha y
forma de vinculación, así como del respeto por los derechos adquiridos, en el marco
de la libertad de configuración del legislador para regular el régimen salarial y
prestacional de la Fuerza Pública.

5.6. Asimismo, el régimen salarial establecido en el Decreto 1794 de 2000 no
desconocía la Constitución ni los tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad, por lo que no podía predicarse la inconvencionalidad alegada.
En consecuencia, al no evidenciarse un trato discriminatorio entre soldados
profesionales en iguales condiciones, se descartó la procedencia del reajuste
salarial del 20% y de la prima de actividad.

1.3. El recurso de apelación4

6. El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas del
escrito inicial, con sustento en extensos argumentos que se sintetizan a
continuación:

4 Samai Juzgado 13 Administrativo de Bogotá [radicación 11001333501320200017500], índice 51,

actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «1_ED_04RECURSOAPELACIONP(.pdf)
NroActua 51».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

6.1. La sentencia de primera instancia incurrió en omisiones, por falta de aplicación
de la ley procesal, en particular de los artículos 55 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia5, 280 y 281 del Código General del Proceso6 y 187 del
CPACA. Por ende, el a quo transgredió el principio de congruencia.

6.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» del escrito inicial, que eran relevantes para analizar el juicio
de igualdad en la modalidad «TRABAJO IGUAL – SALARIO IGUAL», en atención a la
diferencia del 20% que afectaba a la remuneración de los soldados profesionales.
Con ello dejó la «questio facti de la sentencia sin motivación».

6.3. La providencia no resolvió de forma completa, exhaustiva y rigurosa cada uno
de los siguientes cargos:

• «SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN
COLOMBIA» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO»
[sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL
COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL
MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
GENERALES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA- Y DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA EN LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS SOLDADOS
PROFESIONALES» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL
A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR» [sic].

• «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION» [sic].

• «el amparo de las garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución, esto es:
a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital

5 En lo sucesivo Lea.
6 En adelante CGP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y
demás garantías allí consignadas» [sic].

6.4. El juzgado tampoco abordó lo relacionado con la pretensión declarativa dirigida
a que se declarara que desempeñó iguales funciones de un soldado profesional que
fue voluntario. También dejó de pronunciarse sobre los hechos «22, 23, 24» relativos
a la reclamación de la prima de actividad.

6.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber
analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor,
solamente abordó los que eran útiles a la tesis del despacho.

6.6. En consideración a «tantas omisiones prohibidas por el ordenamiento jurídico, en las
cuales el aquo ha incurrido al momento de dictar la sentencia de este proceso, le ruego
encarecidamente que proceda a declarar la nulidad de lo actuado, a fin de seguir agraviando
el ordenamiento jurídico vigente» [sic].

6.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes
para los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los
incorporados directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo
régimen de conformidad con los decretos 1793 y 1794 de 2000.

6.8. Era incorrecto suponer que existía un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales.

6.9. La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2015 del Consejo de Estado no
era aplicable al presente asunto.

6.10. No existía un criterio objetivo que justificara la diferencia salarial que afectaba
al demandante respecto de la remuneración de los soldados profesionales que
fueron voluntarios.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión7

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en
sentencia del 8 de junio de 2023 confirmó la de primera instancia y se abstuvo de
condenar en costas.

8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. A partir del test de igualdad desarrollado por la Corte Constitucional, el actor no
se encontraba en una situación fáctica ni jurídica comparable a la de los soldados
voluntarios incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, toda vez que
ingresó directamente como soldado profesional a partir del 1 de marzo de 2001.

8.2. En consecuencia, no prosperaba el reclamo por la presunta vulneración del
derecho a la igualdad en el reajuste de la asignación básica, pues la diferencia

7 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, [radicación 11001333501320200017501], Índice

11, actuación «SENTENCIA».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

salarial entre los soldados profesionales que no ostentaron la condición de
voluntarios y aquellos que sí la tuvieron, aun cuando desempeñaran funciones
similares, se encontraba constitucionalmente justificada.

8.3. Con fundamento en la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado del
25 de agosto de 20168, la diferencia salarial del 20% estaba justificada en la
protección de los derechos adquiridos de los soldados voluntarios, dentro de la
libertad de configuración del legislador. Por tanto, no existió trato discriminatorio ni
vulneración del derecho a la igualdad, razón por la cual no era procedente reliquidar
la asignación básica del demandante.

8.4. La prima de actividad fue concebida por el gobierno nacional para determinados
grupos de servidores de la Fuerza Pública, sin incluir a los soldados profesionales,
y su reconocimiento obedecía a criterios objetivos relacionados con la estructura
jerárquica, el nivel de preparación, las funciones y las responsabilidades propias de
cada categoría. En ese contexto, no resultaba procedente equiparar a los soldados
profesionales con oficiales y suboficiales, ni unificar los regímenes prestacionales,
pues se trataba de sujetos situados en condiciones fácticas y jurídicas distintas, lo
que justificaba la existencia de diferencias salariales y prestacionales.

8.5. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 9 y del Consejo
de Estado10, tales distinciones se encontraban amparadas por la libertad de
configuración del legislador y por los principios de proporcionalidad, racionalización
del gasto público y remuneración acorde con la naturaleza y calidad del trabajo. Al
no haberse demostrado que el actor se encontrara en igual situación de hecho y de
derecho que los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, no se vulneró el
derecho a la igualdad, razón por la cual se debía negar el reconocimiento de la
prima de actividad.

8.6. No existía incompatibilidad entre el Decreto 1794 de 2000 y las disposiciones de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no era procedente
aplicar la excepción de convencionalidad solicitada. El demandante fundamentó
esta pretensión en iguales argumentos a los expuestos para alegar la
inconstitucionalidad, especialmente en una supuesta vulneración del derecho a la
igualdad; sin embargo, no se encontraba en una situación fáctica ni jurídica
equiparable a la de los soldados voluntarios incorporados antes del 31 de diciembre
de 2000, lo cual impedía predicar un trato igual entre ambos grupos.

8.7. Asimismo, la diferenciación normativa obedecía a la libertad de configuración del
legislador y no desconocía la normativa internacional, razón por la cual tampoco
procedía la excepción de inconstitucionalidad. Finalmente, existía jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado según la cual el reajuste salarial del 20%
únicamente era aplicable a los soldados voluntarios homologados como
profesionales, en atención al respeto de los derechos adquiridos reconocidos bajo
la Ley 131 de 1985.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016. Radicación: 85001-33-33-002-2013-00060-01(3420-15) CE-
SUJ2 No. 003 de 2016. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 Sentencia C-445 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
10 Consejo de Estado; Sección Segunda - Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014,

radicación: 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-2009), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

1.5. Recurso extraordinario de revisión11

9. Jamir Rodrigo Blanco Velandia interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 8 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Lo anterior con fundamento en
la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

10. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se
declarara la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia y
«[c]omo consecuencia de lo anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado
en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].

11. Como pretensión subsidiaria, pidió: «[d]ebido al parecido que existen entre la figura
jurídica de la incongruencia y la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente,
le ruego al Despacho que estudie el presente proceso como violación del derecho
fundamental del debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de
forma incompleta y deficiente» [sic].

12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

12.1. La sentencia objeto de revisión desconoció el principio de congruencia pues no
resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

12.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, la
providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los
hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» de la demanda que eran relevantes para «la
aplicación de la consecuencia jurídica emanada del derecho fundamental a la igualdad en
materia salarial y las consecuencias jurídicas establecidas en los principios básicos del
artículo 53 de la Constitución» [sic]. Esta situación se puso de presente en el recurso
de apelación.

12.3. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de «la prima de actividad», en la
sentencia no se analizaron los hechos «22, 23, 24» que sustentaron aquella
reclamación.

12.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la
motivación de aquellos hechos ni mencionó la petición de adición. Lo anterior, a
pesar de que tenía el deber de efectuar un pronunciamiento exhaustivo sobre todos
los hechos de la demanda.

12.5. Al considerar los planteamientos del recurso de apelación, era posible advertir
que la sentencia de primera instancia estaba afectada por incongruencia «en la
modalidad de cifra petita» al dejar de resolver sobre los puntos identificados por el
apelante.

11 Samai, Índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 1 a 60.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

12.6. En el recurso de apelación, se plantearon varios cargos contra la decisión de
primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal
no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.

12.7. Con lo anterior, la providencia recurrida desconoció las formas de cada juicio,
pues según los artículos 55 de la LEAJ, 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA debía
«referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos
procesales». Por ende, al dejar de referirse a cada uno de los argumentos expuestos,
la sentencia fue incompleta.

12.8. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no agotó «el debate
jurídico planteado en la demanda y en el recurso de apelación, el cual debe ser superado,
incluso para desestimarlo, razón por la cual, se hace necesario el remedio de la nulidad,
para que dicho debate sea realizado, y quede zanjado» [sic].

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

13. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no contestó el recurso
extraordinario de revisión12.

1.7. Intervención del Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto 13.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado14, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

16. En este caso, la sentencia del 8 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue notificada el

12 De conformidad con el auto que resolvió sobre la etapa probatoria dentro del trámite del recurso

extraordinario de revisión proferido el 30 de julio de 2024. Samai, Índice 11, actuación «Auto que
decreta pruebas», documento «12Autoquedecret_49562023PruebasRERsi(.pdf) NroActua 14».
13 Tal y como consta en el auto del 30 de junio de 2024. Samai, índice 14, actuación «Auto que

decreta pruebas», documento «16Autoquedecret_55622023PruebasRERsi(.pdf) NroActua 14».
14 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

13 de junio de 2023 y quedó ejecutoriada el 21 de igual mes y año15. Por su parte,
el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 14 de julio de 202316.

17. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

18. En el asunto objeto de estudio, Jemir Rodrigo Blanco Velandia y la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, están legitimadas para actuar como
demandante [el primero] y como demandada [la última], comoquiera que actuaron
con esa misma calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda
instancia pretende controvertir en esta oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

19. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa
juzgada17. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada18 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene dos características principales:

20. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.

21. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las

15 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 13 de febrero de 2024. Samai,

índice 6, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento
«AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.pdf) NroActua 6».
16 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.

2.5. Problema jurídico

22. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 8 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda con
desconocimiento del principio de congruencia?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión

23. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso19 que solo pudieron ser advertidas en
la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades20 y;

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas21. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

19 En adelante CGP.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de

Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley […]»22.

24. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso23.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso24.
• Se profiere sin motivación25.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente26.
• Se desconoce el principio de congruencia27.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»28.

25. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP29. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar30.

22Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
23 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:

11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,

radicación: REV-062.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
27 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-
2020-03065-00.
28 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de

Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

26. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;

ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y

iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.7. El principio de congruencia en la sentencia

27. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]».

28. En sentencia del 26 de octubre de 201731, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el decurso procesal.

29. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201832, señaló:

«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y
lo que constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
32 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que
no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo
la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”33.(Resaltado fuera del texto
original).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso
después de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar
en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no
se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en
los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de
familia y de protección de los derechos fundamentales.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión
acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación
y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el
juzgador” […]» (Resaltado fuera del texto original).

30. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y
decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo
se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los recursos
ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza
especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]»34.

31. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en
su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita35, como regla general.

32. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos ámbitos
o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido
y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo

33 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,

providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo
“ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
parte motiva de la providencia36. Al respecto, es importante destacar que, en caso
de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a
su nulidad.

2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto

33. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:

33.1. El demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida
el 19 de diciembre de 2022 por el Juzgado 13 Administrativo de Bogotá. En su
escrito de 71 páginas expuso los argumentos resumidos en el acápite 1.3 de esta
providencia. En concreto, planteó 21 cargos contra la providencia de primer grado,
en relación con las consideraciones relativas al ajuste del 20%, así:

1 «Acuso a la Sentencia de falta de comprensión del thema petendi de la demanda» [sic].
«Acuso a la Sentencia de incurrir en error, al considerar que no son pasibles de comparación
los sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad rogado al Despacho en
2
la demanda, al considerar que existen dos regímenes diferentes. Error que lo lleva a resolver
el presente caso con una norma derogada» [sic].
«La sentencia se de Unificación del Honorable CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejera Ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ. Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de agosto de 2016 No. de
3
referencia: CE-SUJ2 85001333300220130006001 No. Interno: 3420-2015, no tiene vocación
de ser aplicada al caso que nos convoca, por tal razón, el Despacho yerra en dicha aplicación»
[sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de transición laboral
4 para los solados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen el demandante no tiene
derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la demanda» [sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica que tiene la
diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo régimen de carrera
del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000, que se produjo de manera
5 generalizada a través de las Órdenes Administrativas de Personal números 1241 de 20 de
enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de
Defensa dispuso la conversión obligatoria de todos los soldados voluntarios en soldados
profesionales, el demandante no puede acceder a dicha diferencia salarial» [sic].
«El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la igualdad en un
criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para justificar la desigualdad, y
6
además lo dio por probado sin estarlo, y a su vez, desconoce por contradicción el contenido
del precedente constitucional fijado en la Sentencia T-097 de 2006» [sic].
«Además de lo anterior, incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los
verdaderos criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del
7
precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097 de 2006,
T545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la
8 C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis,
pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte Constitucional, Sentencia SU-
9
519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de 1997. Pese a que hizo una mención de
su doctrina en la sentencia recurrida, nunca hubo un estudio profundo de tal situación» [sic].
«El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra
10 mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados
voluntarios» [sic].

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de

noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

«El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran en el
11 expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes con los cuales se
prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho pedido» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94; el
precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
12
T335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
«No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que justifique el
13 trato de desigualdad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el Despacho negó el
reconocimiento del derecho pedido» [sic].
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad
14 demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].
«Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución política,
específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a. Igualdad de
15 oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales» [sic].
«El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al demandante
16
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución» [sic].
«la sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los principios
de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los principios generales de la
17
carrera administrativa- y de la carrera administrativa en las fuerzas militares para los soldados
profesionales, como el mérito y la igualdad de oportunidades» [sic].
«la sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad propuesta ni la excepción de
18
inconvencionalidad invocada» [sic].
«el Despacho no realizó ningún test de ponderación de derechos a pesar que dice haberlo
19
hecho» [sic].
«la sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
20
en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD NORMATIVA» [sic].
«la excepción de inconstitucionalidad invocada si es procedente en el presente caso, así como
21
la excepción de inconvencionalidad propuesta» [sic].

33.2. Respecto de la motivación frente a la prima de actividad, el recurso de apelación
concretó en 6 cargos su desacuerdo frente a la sentencia de primer grado, así:

1
«los sujetos propuestos en el juicio de comparación si son pasibles de ser comparados, por
tal razón el despacho incurre en un error al afirmar lo contario» [sic].
2
«acuso a la sentencia de incurrir en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del
salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial» [sic].
3
«Desconoce que el demandante acredita las condiciones de hecho del supuesto hipotético de
la norma que contempla la prima de actividad para los oficiales y suboficiales» [sic].
«La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni
4 probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que
no tuvo en cuenta el Despacho […]»[sic].
«Entiende este apoderado, que el despacho asume en la sentencia El criterio de que las
funciones de los oficiales y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional,
5
y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal
justificación, en sendas sentencias judiciales. Bajo ese entendido, respetuosamente
disentimos del Despacho, pues en nuestro sentir, ello no es un criterio objetivo que justifique
la desigual» [sic].
«El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en
6 la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].

33.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 8 de junio de 2023, expuso el marco jurídico dentro del cual
realizó el estudio de los planteamientos del recurso de apelación, en el siguiente
orden:

• «1. Planteamiento del problema jurídico».
• «2. Tesis de la Sala».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

• «3. Marco normativo aplicable».
• «3.1. Régimen de los soldados profesionales».
• «3.2. Prima de actividad».
• «4. Decisión del caso».
• «4.1. Reajuste asignación básica – Derecho a la igualdad».
• «4.2. Excepciones de Convencionalidad y de inconstitucionalidad».
• «4.3. Prima de actividad».

33.4. Acorde con lo anterior, resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos
en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la corporación concluyó que el
demandante no tenía derecho al reajuste solicitado, toda vez que no se encontraba
en una situación fáctica ni jurídica comparable a la de los soldados voluntarios
incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000. En consecuencia, se
determinó que no se vulneró el derecho a la igualdad, pues la diferencia salarial del
20% entre los soldados profesionales que ingresaron directamente y aquellos que
provenían de la condición de voluntarios se encontraba constitucionalmente
justificada en la protección de los derechos adquiridos, conforme con la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y con el régimen especial
previsto en el Decreto 1794 de 2000. Así lo sostuvo:

«En el sub lite, se encuentra probado que el actor ingresó a la institución a prestar
el servicio militar, y que estuvo en ese servicio, entre el 29 de septiembre de 1999
y el 2 de diciembre de 2000, y luego se vinculó en calidad de alumno Soldado
Profesional, donde permaneció entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2001, y
como Soldado Profesional entre el 1° de marzo de 2001 hasta el 31 de diciembre
de 2019, y que los 3 meses de alta transcurrieron del 31 de diciembre de 2019 al 31
de marzo de 2020 (Archivo No. 1 del expediente digital, pág. 132), es decir, que el
demandante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario, sino que ingresó
directamente como Soldado Profesional.

El Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016,
señaló que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen derecho a percibir
una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 60%, bajo las siguientes condiciones […].

Teniendo en cuenta el acápite normativo, como la jurisprudencia citada, es claro
que los soldados profesionales que se encontraban vinculados como voluntarios al
31 de diciembre de 2000, tienen derecho a que su asignación básica sea el
equivalente a un salario mínimo incrementado en un 60%, y no en un 40%, mientras
que quienes no tuvieron la condición de voluntarios como es el caso del
demandante, la percibirán en el equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente,
incrementado en un cuarenta por ciento (40%), luego no es procedente reliquidar la
asignación básica como lo pide el accionante, pues se reitera, ingresó como
Soldado Profesional el 1° de marzo de 2001.

Ahora bien, el actor insiste en afirmar, que esa diferenciación desconoce el principio
de igualdad, razón por la cual debe inaplicarse el inciso primero del artículo 1º del
Decreto 1794 de 2000, que prevé la asignación básica de los soldados profesionales
que se vincularon directamente después de la entrada en vigencia de la norma, en
1 SMLMV incrementado en un 40%.

No obstante, tal como lo explicó el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación
citada en precedencia, tal diferenciación tiene fundamento en la protección de los
derechos adquiridos de los soldados voluntarios que se vincularon en vigencia de
la Ley 131 de 1985, no obstante que pasan a regirse en su condición de soldados
profesionales por los Decretos 1793 y 1794 de 2000, situación que no encaja en el
caso del actor.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

[…]

También es importante precisar, que la expedición del Decreto 1794 de 2000, tiene
fundamento en el principio de libertad de configuración del legislador, y si bien es
cierto, el monto a reconocer de la asignación básica varió respecto de quienes
ingresaron por primera vez al Ejército Nacional en condición de soldados
profesionales, también lo es, que mantuvieron los derechos adquiridos37 de los
soldados voluntarios incorporados como profesionales.

Así las cosas, no hay lugar a que el ahora demandante, aduciendo el principio de
igualdad pueda beneficiarse de esa transición consagrada en el inciso 2 del artículo
1 del Decreto 1794 de 2000, que busca proteger derechos adquiridos, en la medida
que no cumple con la condición de haberse vinculado con anterioridad al 31 de
diciembre de 2000, como soldado voluntario, sin que ello implique per se, un
desconocimiento del derecho a la igualdad, pues, tal como lo indicó la Corte
Constitucional en la Sentencia T – 587-06, el artículo 13 Superior no debe
entenderse “como un mandato que establece una igualdad mecánica o automática”,
dando el siguiente alcance al referido mandato […].

En ese orden de ideas, se concluye que, en efecto, en esta oportunidad no se
cumple con el primer presupuesto del test de igualdad, pues, el demandante no se
encuentra en una situación igual a la de los soldados voluntarios que ingresaron al
Ejército Nacional con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, esto es, no existe el
supuesto fáctico para señalar que sean equiparables, razón suficiente para negar
las pretensiones de la demanda en este aspecto» [sic].

33.5. Por su parte, el Tribunal estableció que el demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la prima de actividad pretendida, puesto que dicha prestación fue
concebida por el gobierno nacional exclusivamente para determinados grupos de
servidores de la Fuerza Pública, sin incluir a los soldados profesionales, y su
otorgamiento obedecía a criterios objetivos vinculados con la estructura jerárquica,
el nivel de preparación, las funciones y las responsabilidades propias de cada
categoría.

33.6. En ese contexto, no resultaba procedente equiparar la situación de los soldados
profesionales con la de los oficiales y suboficiales, ni unificar los regímenes
prestacionales, al tratarse de sujetos ubicados en condiciones fácticas y jurídicas
distintas, distinciones que se encuentran amparadas por la libertad de configuración
del legislador y por los principios de proporcionalidad, racionalización del gasto
público y remuneración acorde con la naturaleza y calidad del trabajo. En
consecuencia, al no acreditarse la identidad de supuestos de hecho y de derecho,
no se vulneró el derecho a la igualdad y debía negarse el reconocimiento de la prima
de actividad solicitada. Al respecto consideró:

«Es necesario indicar, que la intención del Gobierno Nacional, fue otorgar la prima
de actividad a ciertos grupos de servidores públicos dentro de la Fuerza Pública,

37 «“Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo

a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio” (Negrilla fuera de
texto original)».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

entre los cuales no menciona a los soldados profesionales, la cual se hace exigible
por el solo hecho de permanecer en el desempeño de funciones.

Para la Sala es claro que dentro de la estructura de las Fuerzas Militares, existe una
categorización de diversos grados como Oficiales, Suboficiales y Soldados, que
corresponden al nivel académico, profesional y de experiencia que ostentan cada
uno de ellos, pues cada grupo de servidores, tienen condiciones especiales en lo
que tiene que ver con los rangos de autoridad, requisitos para su ingreso,
atribuciones frente a las operaciones militares de distinto orden, que implica que
tengan unas remuneraciones salariales y prestacionales diferentes.

Por lo tanto, no es dable realizar una comparación entre los deberes, derechos y
responsabilidades que se les asignan en virtud de su naturaleza, razón por la cual
resulta justificable otorgarle ciertos emolumentos a algunos de esos servidores que
no devengan otros, como ocurre con los soldados profesionales, al encontrarse en
una categoría diferente que no puede ser entendida como asimilable a la de los
demás miembros de la Fuerza Pública.

En consecuencia, no puede pretenderse unificar los regímenes prestacionales en
relación con las partidas que se devengan en actividad, toda vez que es legítimo
que el legislador haya establecido estas diferencias bajo la consideración que en
este caso estamos ante sujetos distintos. Sobre la aplicación del derecho a la
igualdad a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, la Corte Constitucional
en Sentencia C-445/11 explicó […].

Por lo anterior, tal distinción obedece, además de las diferencias en los cargos y la
naturaleza de las funciones y responsabilidades, también a la necesidad de
racionalización de los recursos. Así lo explicó el Consejo de Estado al hacer el
estudio de una pretensión de simple nulidad contra el artículo 2 del Decreto 2863
de 2007, que ordenó el incremento del porcentaje de la prima de actividad para
ciertos grupos de servidores de la Fuerza Pública, excluyendo a otros […].

Así las cosas, las particularidades de los diferentes regímenes prestacionales de los
miembros de la Fuerza Pública, tienen fundamento en el principio de libertad de
configuración del legislador en materia salarial, bajo el cual, el Gobierno Nacional
tiene facultad expresa y específica para determinar el régimen prestacional de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conforme a la ley marco, que para el
efecto debe expedir el Congreso de la República. Igualmente, en lo preceptuado en
el último inciso del artículo 217 de la Carta, en el que se señala que “La Ley
determinará el sistema de reemplazos en las fuerzas militares, así como los
ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de
carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio” y el artículo 218, que al
referirse al cuerpo de policía, señala en su último inciso que “La ley determinará su
régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

Si bien, hay diferencia entre los emolumentos de los cuales gozan los soldados
profesionales, respecto de los Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional, no por
ello puede predicarse una vulneración al principio de igualdad, en la medida que
para que ello se configurara, el demandante debió demostrar que, estando dentro
de las mismas circunstancias de hecho y de derecho, la entidad demandada incluyó
partidas diferentes o aplicó porcentajes diferentes y más elevados, a quienes
ostentan el mismo rango en el Ejército Nacional.

Se advierte entonces, que el actor no demostró que esté en la misma situación de
hecho y de derecho que los Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional, para tener
derecho al reconocimiento de la prima de actividad, en la medida que les son
exigidos diferentes requisitos para el ingreso y ascenso dentro de la institución, y
tienen distintas responsabilidades» [sic].

33.7. En relación con las excepciones de convencionalidad y de inconstitucionalidad
el Tribunal consideró que no se configuraba incompatibilidad alguna entre el Decreto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

1794 de 2000 y las disposiciones constitucionales ni convencionales invocadas, en
particular las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

33.8. Lo anterior, porque los argumentos propuestos por el demandante se
sustentaban en una presunta vulneración del derecho a la igualdad, sin que se
acreditara que este se encontraba en una situación fáctica y jurídica equiparable a
la de los soldados voluntarios incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de
2000, circunstancia que impedía predicar un trato igual entre ambos grupos.
Adicionalmente, concluyó que la diferenciación normativa respondía a la libertad de
configuración del legislador y al respeto de los derechos adquiridos, conforme con
la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, razón por la cual no era
procedente aplicar ninguna de las excepciones propuestas. Así lo sostuvo:

«Asimismo, la parte demandante arguyó que se debe aplicar el control de
convencionalidad, es decir, la convención Americana de Derechos Humanos,
porque se está vulnerando el derecho a la igualdad y no discriminación del
accionante, toda vez que no existe ningún criterio objetivo de trato desigual en
materia salarial del accionante, con los demás soldados que se desempeñaron
como soldados voluntarios, con quienes realizan las mismas funciones y por ende
debe ordenarse el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% dejada
de percibir.

[…]

Atendiendo a las disposiciones señaladas, no encuentra la Sala que exista
incompatibilidad entre el Decreto 1794 de 2000, que regula el reajuste salarial del
20% para los soldados voluntarios que fueron homologados a soldados
profesionales y que establece la asignación básica para los soldados vinculados
directamente después de la entrada en vigencia de la norma, con las disposiciones
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No se evidencia la incompatibilidad de la normativa interna con tal convención, para
efectos de dar aplicación a la excepción de convencionalidad solicitada, en tanto
que el demandante sustenta la aplicación de dicha excepción en el desconocimiento
del derecho a la igualdad y trae a colación los mismos argumentos expuestos para
sustentar la excepción de inconstitucionalidad, sin embargo, se advierte
nuevamente que, el demandante no se encuentra en una situación igual a la de los
soldados voluntarios que ingresaron al Ejército Nacional con anterioridad al 31 de
diciembre de 2000, esto es, no existe el supuesto fáctico para señalar que sean
equiparables.

Si bien, el A quo no analizó el reparo desde el punto de vista del control de
convencionalidad, si concluyó que no se vulneró el derecho a la igualdad, ya que el
tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales y las situaciones que pretende
comparar el actor, no son fáctica o normativamente similares, lo cual comparte la
Sala, lo cierto es, que no se puede afirmar la vulneración de normas de la
Convención Americana de los Derechos Humanos, pues, la discriminación y
vulneración al principio de igualdad a que hace alusión el accionante coincide
parcialmente en esencia con lo expuesto en el artículo 13 de la Carta Superior sobre
la protección del derecho a la igualdad y al encontrarse el actor en supuestos
fácticos y jurídicos distintos a los soldados voluntarios que después pasaron a ser
soldados profesionales, no es posible dar un tratamiento igual a ambos grupos de
uniformados.

Lo anterior, tiene fundamento en el principio de libertad de configuración del
Legislador. Por lo tanto, se puede advertir claramente que lo dispuesto en la
legislación interna, no desconoce la legislación internacional, y por ende no hay
lugar a aplicar la excepción de convencionalidad, ni la de inconstitucionalidad, como
lo solicita la parte actora.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

Adicionalmente, a nivel interno, existe un pronunciamiento unificado del máximo
órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, según el cual, el reajuste del
20% solo es procedente para los soldados voluntarios que fueron homologados a
soldados profesionales, en aplicación del principio de respeto a los derechos
adquiridos, pues el legislador dispuso conservar el monto del salario básico que los
soldados voluntarios percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985, monto que varió
con el nuevo estatuto de personal de los soldados profesionales y que sería aplicado
a soldados profesionales» [sic].

2.9. Análisis de la Sala

34. En el presente asunto, Jemir Rodrigo Blanco Velandia invocó la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en incongruencia externa
al confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones relacionadas
con el reconocimiento del reajuste salarial del 20% y de la prima de actividad. Lo
anterior, bajo el argumento de que el fallo de segunda instancia no resolvió de
manera expresa ni suficiente los planteamientos expuestos en el recurso de
apelación.

35. De las actuaciones desplegadas dentro del proceso originario se advierte que,
en el recurso de apelación, la parte demandante expresó su desacuerdo con la
motivación de la sentencia de primera instancia. Los cargos formulados, 21 relativos
al ajuste salarial y 6 frente a la prima de actividad, se centraron en cuestionar la
suficiencia de la motivación judicial, la aplicación del precedente constitucional
sobre igualdad y la valoración de la prueba, con fundamento en la presunta ausencia
de criterios objetivos que justificaran el trato diferenciado entre los soldados
profesionales y aquellos que inicialmente fueron soldados voluntarios.

36. Cabe agregar que el recurso de apelación se caracterizó por su amplitud y
densidad argumentativa, pues en un escrito de considerable extensión el apelante
formuló múltiples reproches dirigidos tanto a la motivación jurídica como a la
apreciación probatoria efectuada en la sentencia de primera instancia. No obstante,
tales cargos, aunque enunciados de manera individual, se estructuraron de forma
reiterativa alrededor de igual eje argumental, consistente en la alegada vulneración
del derecho a la igualdad derivada del trato diferenciado entre los soldados
profesionales que ingresaron directamente y aquellos que previamente ostentaron
la condición de soldados voluntarios.

37. En ese contexto, los cuestionamientos relacionados con el reajuste salarial del
20% y con la prima de actividad no introdujeron problemas jurídicos autónomos ni
novedosos, sino que reiteraron, desde distintas perspectivas, la inconformidad del
apelante con la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto 1794 de 2000
y con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. Por ello, no era exigible
que el Tribunal emitiera una respuesta fragmentada o individualizada frente a cada
reproche, sino, como en efecto lo hizo, que identificara los problemas jurídicos
relevantes y los resolviera de manera integral y razonada, conforme con lo dispuesto
en el artículo 280 del CGP.

38. Una lectura detenida de las actuaciones permite deducir que no se configuró la
alegada incongruencia externa de la sentencia recurrida. Ciertamente, la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

providencia sí sintetizó y abordó las inconformidades del apelante, tal y como lo
ordena el artículo 280 del CGP, al indicar:

«Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de
las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta
procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo
de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con
arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda
y su contestación» [se destaca].

39. En desarrollo de ese deber, el Tribunal examinó el problema jurídico relativo a la
procedencia del reajuste salarial del 20% y concluyó que el demandante no tenía
derecho a su reconocimiento, al no encontrarse en una situación fáctica ni jurídica
equiparable a la de los soldados voluntarios incorporados con anterioridad al 31 de
diciembre de 2000. En consecuencia, determinó que no se desvirtuó la presunción
de legalidad del acto administrativo demandado.

40. Asimismo, el Tribunal se pronunció de manera expresa y directa sobre las
excepciones de inconstitucionalidad y de convencionalidad invocadas por la parte
demandante, al concluir que no existía incompatibilidad entre el Decreto 1794 de
2000 y la Constitución Política ni con las disposiciones de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Para tal efecto, precisó que el actor no se encontraba en
una situación fáctica ni jurídica equiparable a la de los soldados voluntarios
incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, circunstancia que
impedía predicar un trato igual entre ambos grupos.

41. En ese sentido, el Tribunal sostuvo que la diferenciación normativa cuestionada
obedecía a la libertad de configuración del legislador y se encontraba
constitucionalmente justificada en la protección de los derechos adquiridos, sin que
se evidenciara vulneración del derecho a la igualdad ni desconocimiento de
estándares convencionales en materia de derechos humanos.

42. Con fundamento en lo anterior y en la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado, el Tribunal reiteró que el reajuste salarial del 20% únicamente resultaba
aplicable a los soldados voluntarios que fueron homologados como profesionales,
en atención a los derechos adquiridos reconocidos bajo la Ley 131 de 1985, y no a
quienes ingresaron directamente como soldados profesionales bajo el régimen
especial previsto en el Decreto 1794 de 2000.

43. En cuanto al reconocimiento de la prima de actividad, el Tribunal explicó que esta
prestación no fue prevista para los soldados profesionales, sino para otros
estamentos de la Fuerza Pública, en atención a los criterios objetivos relacionados

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

con la estructura jerárquica, el nivel de formación, las funciones y las
responsabilidades propias de cada categoría, lo que justificaba la existencia de
diferencias salariales y prestacionales.

44. En relación con el argumento según el cual la sentencia omitió pronunciarse
sobre la solicitud de que se declarara que el actor desempeñó iguales funciones
que un soldado profesional que antes fue voluntario, la Sala observa que dicha
solicitud no constituía una pretensión autónoma, sino un argumento instrumental
dirigido a sustentar la alegada vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, la
ausencia de una declaración específica al respecto no comporta un
desconocimiento del principio de congruencia.

45. Asimismo, frente al reproche relativo a la falta de referencia expresa a
determinados hechos (numerales 8 a 24 de la demanda), tal circunstancia no
implicaba su exclusión del análisis, pues el juez cuenta con autonomía para
seleccionar los elementos fácticos y jurídicos relevantes que sustentan la decisión,
dentro del marco del principio de independencia judicial.

46. En ese orden de ideas, la Sala considera que la providencia recurrida no incurrió
en incongruencia externa, toda vez que examinó los reparos planteados por el
apelante, aun cuando su conclusión no coincidiera con las expectativas de este. El
desacuerdo del recurrente recae sobre la interpretación jurídica y la valoración
probatoria del Tribunal, mas no sobre la falta de correspondencia entre lo pedido y
lo resuelto. De esta manera, no puede confundirse la disconformidad del recurrente
con la ausencia de pronunciamiento, pues el Tribunal sí abordó los
cuestionamientos planteados, aunque su interpretación jurídica no coincidiera con
la del apelante.

47. Tampoco se advierte incongruencia interna, pues existe coherencia entre los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte motiva y lo decidido en
la parte resolutiva. El Tribunal reiteró la negativa del ajuste salarial, decisión que
guarda armonía con las consideraciones desarrolladas en la sentencia del 8 de junio
de 2023.

48. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. En estricto sentido, las
alegaciones del recurrente pretenden someter a revisión la suficiencia, lógica y
corrección de la motivación judicial, lo cual equivale a un control de validez
argumentativa o de apreciación probatoria, impropio del recurso extraordinario de
revisión, en la medida en que excede su ámbito de control y corresponde al examen
de fondo reservado a las instancias ordinarias.

49. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de
Estado38, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni
un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un instrumento
excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a situaciones

38
En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020,
radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías esenciales,
en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.

50. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.

51. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la incongruencia alegada respecto de
la sentencia proferida el 8 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Por el contrario, se verificó que el
ad quem resolvió los cuestionamientos expuestos en la apelación y mantuvo
coherencia entre la parte motiva y resolutiva de su decisión.

52. En síntesis, la sentencia del Tribunal observó el principio de congruencia, cumplió
con el deber de motivación previsto en el artículo 280 del CGP y resolvió de manera
integral los aspectos jurídicos debatidos, incluidos aquellos referidos a la eventual
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no prospera.

2.10. Costas

53. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase
con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal.

3. Conclusión

54. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 8 de junio
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que la sentencia no está afectada por falta de
congruencia. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Jemir Rodrigo Blanco Velandia en contra de la sentencia proferida el 8 de junio de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
11001-33-35-013-2020-00175-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00340-00 (4956-2023)
Demandante: Jemir Rodrigo Blanco Velandia

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai
y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de
origen.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.