Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00346-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00346-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00346-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00346-00 (5015-2023)
Demandante: Marco Tulio Quebrada Murcia
Providencia Sentencia del 16 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1
Administrativo . Nulidad originada en la sentencia. Congruencia
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Marco Tulio
Quebrada Murcia contra la sentencia del 16 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, Marco Tulio Quebrada Murcia presentó una demanda
en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo [sin identificación] a
través del cual la entidad demandada le negó el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial del 20% y la prima de actividad.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de que había
realizado iguales funciones que un soldado profesional que fue voluntario; (ii) el pago
de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, como salario básico mensual o
asignación salarial mensual, conforme con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de
2000; (iii) el reconocimiento y liquidación de la prima de actividad de acuerdo con los
porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales; (iv) la reliquidación de todas
las prestaciones sociales y factores salariales, así como de aquellos que no tenían
1 En adelante CPACA.
2 Samai índice 21, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«25_MemorialWeb_Otro-1(.pdf) NroActua 21», archivo
«25_110010325000202300346002MemorialWeb2025223241», link «2020 00177 NR 03», carpeta
«C1 PRINCIPAL», archivo «02demanda.pdf».
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tal carácter, con base en un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado
en un 60%; (v) la actualización de los valores adeudados conforme con el IPC; (vi)
la condena en costas a la entidad demandada; y (vii) el cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.
3. En caso de que lo anterior no fuera procedente, pidió la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13,
25, 53 y 209 de la Constitución Política y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, respectivamente.
1.1.1. Fundamentos fácticos
4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
4.1. Marco Tulio Quebrada Murcia se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado al
régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto
1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.
4.2. Desde su ingreso a la institución, realizó iguales funciones a las desempeñadas
por los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios.
4.3. No obstante, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los soldados
voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario mínimo mensual legal
vigente incrementado en un 60%. En consecuencia, sufrió una discriminación en
materia salarial.
4.4. El 3 de diciembre de 2018 le solicitó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad; sin
embargo, fue negada a través de «acto administrativo virtual sin identificación alguna»
[sic].
4.5. La última unidad de servicios fue el «BATALLON DE ALTA MONTAÑA # 1 TC.
ANTONIO ARREDONDO con PÁRAMO DE SUMAPAZ».
1.2. Sentencia de primera instancia3
5. Mediante sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 el Juzgado 2 Administrativo
de Girardot negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:
5.1. ElDecreto 1794 de 2000, en su artículo 1 estableció que los soldados
profesionales que se vincularan a las Fuerzas Militares devengarían 1 salario
mensual equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% de
igual salario. Sin embargo, dispuso una excepción para quienes, al 31 de diciembre
del año 2000, se encontraban como soldados en los términos de la Ley 131 de 1985,
3 Samai índice 21, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«25_MemorialWeb_Otro-1(.pdf) NroActua 21», archivo
«25_110010325000202300346002MemorialWeb2025223241», link «2020 00177 NR 03», carpeta
«C1 PRINCIPAL», archivo «29 054nr20177Ejercito20%SPnoIgualdadPrimaActividad.pdf».
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en el sentido que estos devengarían también un salario mínimo legal vigente, pero
incrementado en un 60% como lo devengaban antes de dicha incorporación.
5.2. Sobre el incremento del 20% del salario de los soldados que al 31 de diciembre
del año 2000 servían como voluntarios y luego pasaron a profesionales, en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, aclarada mediante providencia
del 6 de octubre de igual año, el Consejo de Estado reiteró la posición en el sentido
de indicar «que la correcta interpretación del artículo 1º, inciso 2º, del Decreto
Reglamentario 1794 de 2000 alude a que los soldados voluntarios, hoy profesionales, tienen
derecho a percibir una asignación salarial mensual equivalente a un salario mínimo legal
vigente incrementado en un 60%».
5.3. Asimismo, frente a la eventual vulneración del derecho a la igualdad respecto de
los soldados profesionales vinculados directamente bajo la vigencia de los decretos
1793 y 1794 de 2000, se precisó en la providencia de aclaración del 6 de octubre
que dicho derecho no había sido desconocido. Ello, aun cuando la Sala no se
encontraba obligada a pronunciarse sobre ese aspecto, en la medida en que no era
posible adelantar un juicio de igualdad entre los soldados voluntarios posteriormente
profesionalizados y aquellos que se vincularon por primera vez como soldados
profesionales, toda vez que sus situaciones no eran fáctica ni normativamente
equiparables, por lo cual el cargo carecía de vocación de prosperidad.
5.4. Los soldados profesionales que se incorporaron por primera vez a la Fuerza
Pública bajo esa condición no gozaron ni gozan de los derechos adquiridos que sí
permearon y permean a quienes sí se desempeñaron como soldados voluntarios al
tenor de lo dispuesto en la Ley 131 de 1985. Por tanto, el trato normativo diferencial
de la norma no se predica entre iguales, sin que pudiera inferirse un trato
discriminatorio que vulnerara el derecho a la igualdad.
5.5. Elrégimen salarial aplicable a los soldados profesionales, contenido en el
Decreto 1794 de 2000, no incluyó la prima de actividad como factor salarial. En ese
contexto, no tenía acogida en el sub lite la pretensión de inaplicar dicho decreto por
inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 4 y 13 de la Constitución
Política, para acudir a disposiciones que regulaban los salarios y prestaciones de
otros servidores de la Fuerza Pública.
5.6. Loanterior, porque en materia salarial la comparación entre los distintos
regímenes solo podía predicarse entre sujetos en condiciones equivalentes, esto es,
entre quienes cumplían iguales requisitos para desempeñar cargos similares o
equivalentes y ejercían funciones idénticas o análogas, ya fuera entre oficiales,
suboficiales o soldados profesionales. Además, la naturaleza jerarquizada de las
Fuerzas Militares justificaba constitucionalmente el trato diferenciado.
5.7. La diferenciación se encontraba justificada en la naturaleza distinta de los roles
desempeñados, sin que pudiera inferirse un trato discriminatorio contrario al derecho
a la igualdad, en consideración de las diferencias en los vínculos y funciones.
5.8. En el caso concreto, estaba acreditado que Marco Tulio Quebrada Murcia ingresó
al Ejército Nacional como soldado profesional, incorporado al Régimen de Carrera y
Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, previsto
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en el Decreto Ley 1793 de 2000, en calidad de soldado nuevo, sin haber tenido
previamente la condición de soldado voluntario.
5.9. Igualmente, que nunca ostentó la calidad de soldado voluntario ni se encontraba
vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 2000; en consecuencia, no le
asistía el derecho a acogerse a la excepción prevista en el inciso segundo del
artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.
5.10. No tenía derecho al reconocimiento de la prima de actividad, en tanto dicho
factor salarial estaba previsto para servidores de las Fuerzas Militares vinculados
bajo requisitos distintos de los exigidos para los soldados profesionales, sumado a
la naturaleza disímil de las funciones que unos y otros desempeñaban. En ese
sentido, no se advirtió la existencia de un trato discriminatorio en perjuicio del actor.
1.3. El recurso de apelación4
6. El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas del
escrito inicial, con sustento en extensos argumentos que se sintetizan a
continuación:
6.1. La sentencia de primera instancia incurrió en omisiones, por falta de aplicación
de la ley procesal, en particular de los artículos 55 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia5, 280 y 281 del Código General del Proceso6 y 187 del
CPACA. Por ende, el a quo transgredió el principio de congruencia.
6.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» del escrito inicial, que eran relevantes para analizar el juicio
de igualdad en la modalidad «TRABAJO IGUAL – SALARIO IGUAL», en atención a la
diferencia del 20% que afecta a la remuneración de los soldados profesionales. Con
ello dejó la «questio facti de la sentencia sin motivación».
6.3. La providencia no resolvió de forma completa, exhaustiva y rigurosa cada uno de
los siguientes cargos:
• «SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN
COLOMBIA» [sic].
• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO»
[sic].
• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL
COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic].
4 Samai índice 21, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«25_MemorialWeb_Otro-1(.pdf) NroActua 21», archivo
«25_110010325000202300346002MemorialWeb2025223241», link «2020 00177 NR 03», carpeta
«C1 PRINCIPAL», archivo «35 RecursoSentencia.pdf».
5 En lo sucesivo Lea.
6 En adelante CGP.
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• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS» [sic].
• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL
MISMO, EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA- Y DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN
LAS FUERZAS MILITARES PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES» [sic].
• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL
A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR» [sic].
• «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION» [sic].
• «pidió el amparo de las garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución,
esto es: a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de
la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, y demás garantías allí consignadas» [sic].
6.4. El juzgado tampoco abordó lo relacionado con la pretensión declarativa dirigida
a que se declarara que desempeñó iguales funciones de un soldado profesional que
fue voluntario. También dejó de pronunciarse sobre los hechos «22, 23, 24» relativos
a la reclamación de la prima de actividad.
6.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber
analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor,
solamente abordó los que eran útiles a la tesis del despacho.
6.6. En consideración a «tantas omisiones prohibidas por el ordenamiento jurídico, en las
cuales el aquo ha incurrido al momento de dictar la sentencia de este proceso, le ruego
encarecidamente que proceda a declarar la nulidad de lo actuado, a fin de seguir agraviando
el ordenamiento jurídico vigente» [sic].
6.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes para
los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los incorporados
directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo régimen de
conformidad con los decretos 1793 y 1794 de 2000.
6.8. Era incorrecto suponer que existía un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales.
6.9. La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2015 del Consejo de Estado no
era aplicable al presente asunto.
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6.10. No existía un criterio objetivo que justificara la diferencia salarial que afectaba al
demandante respecto de la remuneración de los soldados profesionales que fueron
voluntarios.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión7
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 16 de marzo de 2023 confirmó la de primera instancia y se abstuvo de
condenar en costas.
8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
8.1. El presidente de la República dictó el Decreto 1793 de 2000, en el cual se
estableció el Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales
de las Fuerzas Militares. El artículo 38 señaló que el régimen salarial y prestacional
sería expedido con base en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los
derechos adquiridos, lo que se materializó con el Decreto 1794 de 2000, en el que
se dispuso el monto de la asignación básica y las primas de antigüedad, vacaciones,
navidad, de servicio anual, cesantías, subsidio familiar, entre otras.
8.2. La asignación básica de los soldados profesionales se encontraba regulada en
el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, el cual dispuso que los soldados
profesionales vinculados a las Fuerzas Militares devengarían una asignación salarial
mensual equivalente a 1 salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% de
dicho salario.
8.3. Adicionalmente, la norma estableció que, sin perjuicio de lo previsto en el
parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31 de diciembre de 2000 se encontraban
vinculados como soldados conforme con la Ley 131 de 1985, percibirían un salario
mínimo legal vigente incrementado en 60%.
8.4. Así las cosas, el supuesto de hecho aplicable al demandante se encontraba
previsto en el inciso 1 del Decreto 1794 de 2000, ya que su vinculación fue posterior
a 31 de diciembre de 2000; de ahí que su asignación básica correspondiera a 1
salario mínimo legal mensual incrementado en un 40% de ese salario.
8.5. El derecho a la igualdad exigía la verificación de situaciones fácticas y jurídicas
idénticas o similares que justificaran un trato igual, circunstancia que no se presentó
en el caso analizado. En efecto, aunque todos ostentaban el rango de soldados
profesionales, las disposiciones normativas examinadas distinguieron dentro de este
grupo 2 categorías claramente diferenciadas.
8.6. De un lado, se encontraban los soldados voluntarios que, tras haber prestado el
servicio militar obligatorio, pasaron a ser soldados profesionales; y de otro, aquellos
que ingresaron directamente como profesionales durante la vigencia del Decreto
1794 de 2000. Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación,
precisó que dicha diferenciación obedeció a un régimen de transición que reconoció
7 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, [radicación 11001333501320200017501], Índice
11, actuación «SENTENCIA».
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y protegió los derechos adquiridos de los primeros, atendiendo a diferencias
objetivas como la antigüedad en la vinculación, la condición de novedad de los
segundos y la remuneración mínima que percibían los soldados voluntarios.
8.7. No era posible realizar un juicio de igualdad entre los soldados voluntarios que
luego fueron enlistados como profesionales y aquellos que se vincularon por primera
vez como soldados profesionales, en tanto el trato igual solo podía predicarse entre
sujetos en condiciones equivalentes. En este caso, las situaciones objeto de
comparación no resultaban fáctica ni normativamente similares, máxime cuando
dicha diferenciación obedeció a la protección constitucional de los derechos
adquiridos, prevista en el artículo 58 de la Constitución Política, respecto de quienes
provenían de la condición de soldados voluntarios, lo que justificó el monto del
salario básico que percibían bajo la vigencia de la Ley 131 de 1985.
8.8. En este sentido, resultaba improcedente la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, puntualmente en relación con el inciso 1 del artículo 1 del
Decreto 1794 de 2000, ya que la diferenciación entre los soldados voluntarios que
pasaron a profesionales y los que se incorporaron directamente tenía fundamentos
de hecho, legales y además no desconocía principios constitucionales.
8.9. En cuanto a la prima de actividad, cuyo reconocimiento se solicitó sobre la base
de una presunta vulneración al principio de igualdad, porque, a diferencia de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, los soldados profesionales no la
devengan, se debía reiterar que la igualdad solo podía predicarse entre sujetos en
condiciones equivalentes.
8.10. En ese contexto, se concluyó que existían criterios objetivos que impedían
efectuar juicios de comparación, en la medida en que se trataba de una institución
de carácter jerarquizado, cuya remuneración se encontraba determinada por
factores como los escalafones, grados, especialidad, antigüedad y naturaleza de las
funciones. Por ello, se precisó que la única similitud entre oficiales y soldados
profesionales radicaba en su pertenencia a la Fuerza Pública, sin que ello implicara
el desempeño de funciones iguales ni la asunción de responsabilidades
equivalentes.
8.11. Así las cosas, al haberse establecido que la actuación de la demandada no
vulneró el principio de igualdad y que tampoco existió fundamento normativo que
permitiera la prosperidad del recurso de apelación, la consecuencia era confirmar la
sentencia de primera instancia, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.
1.5. Recurso extraordinario de revisión8
9. Marco Tulio Quebrada Murcia interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 16 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior con
fundamento en la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
«[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
8 Samai, Índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 1 a 60.
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recurso de apelación».
10. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se
declarara la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia y
«[c]omo consecuencia de loa anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado
en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].
11. Como pretensión subsidiaria, pidió: «[d]ebido al parecido que existen entre la figura
jurídica de la incongruencia y la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente,
le ruego al Despacho que estudie el presente proceso como violación del derecho
fundamental del debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de
forma incompleta y deficiente» [sic].
12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
12.1. Lasentencia objeto de la acción de revisión desconoció el principio de
congruencia pues no resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de
apelación.
12.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, la
providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los
hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» de la demanda que eran relevantes para «la
aplicación de la consecuencia jurídica emanada del derecho fundamental a la igualdad en
materia salarial y las consecuencias jurídicas establecidas en los principios básicos del
artículo 53 de la Constitución» [sic]. Esta situación se puso de presente en el recurso
de apelación.
12.3. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de «la prima de actividad», en la
sentencia no se analizaron los hechos «22, 23, 24» que sustentaron aquella
reclamación.
12.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la
motivación de aquellos hechos ni mencionó la petición de adición. Lo anterior, a
pesar de que tenía el deber de efectuar un pronunciamiento exhaustivo sobre todos
los hechos de la demanda.
12.5. Al considerar los planteamientos del recurso de apelación, era posible advertir
que la sentencia de primera instancia estaba afectada por incongruencia «en la
modalidad de cifra petita» al dejar de resolver sobre los puntos identificados por el
apelante.
12.6. En el recurso de apelación, se plantearon varios cargos contra la decisión de
primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal
no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.
12.7. Con lo anterior, la providencia recurrida desconoció las formas de cada juicio,
pues según los artículos 55 de la LEAJ, 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA debía
«referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos
procesales». Por ende, al dejar de referirse a cada uno de los argumentos expuestos,
la sentencia fue incompleta.
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12.8. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no agotó «el debate
jurídico planteado en la demanda y en el recurso de apelación, el cual debe ser superado,
incluso para desestimarlo, razón por la cual, se hace necesario el remedio de la nulidad,
para que dicho debate sea realizado, y quede zanjado» [sic].
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión
13. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, contestó el recurso
extraordinario de revisión y solicitó declararlo infundado con base en los siguientes
argumentos9:
13.1. Elrecurrente se limitó a reiterar iguales argumentos y cargos de nulidad
planteados en la demanda y en la apelación, pese a que el asunto ya había sido
resuelto con fundamento en una sentencia de unificación. Las sentencias de primera
y segunda instancia estuvieron debidamente motivadas, presentaron coherencia
interna y externa, y negaron de manera fundada las pretensiones relacionadas con
el incremento del 20% y el reconocimiento de la prima de actividad.
13.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un análisis normativo y
jurisprudencial exhaustivo, abordó de manera expresa el test de igualdad y examinó
el caso concreto. Como resultado, concluyó que no se vulneró el derecho a la
igualdad, pues el demandante no ostentó la calidad de soldado voluntario, sino que
ingresó directamente como soldado profesional, bajo un régimen legal distinto.
13.3. En consecuencia, no existía trato discriminatorio ni causales de nulidad, y que
el recurso pretendía indebidamente convertir la revisión en una tercera instancia
para reabrir debates ya resueltos.
1.7. Intervención del Ministerio Público10
14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión con fundamento en las siguientes
consideraciones:
14.1. La sentencia impugnada guardó plena congruencia entre lo pedido, lo debatido
y lo decidido. El problema jurídico fue correctamente delimitado con base en las
pretensiones de la demanda y los argumentos de la apelación, y resuelto conforme
con el material probatorio y el marco jurídico aplicable.
14.2. No se vulneró el principio de congruencia, por cuanto no existió una disparidad
manifiesta entre lo solicitado y lo decidido, ni se evidenció omisión o error por parte
del ad quem, toda vez que todos los argumentos fueron objeto de un
pronunciamiento expreso y motivado. En consecuencia, la sentencia del 16 de
marzo de 2023 presentó coherencia interna y externa, razón por la cual debía
rechazarse el recurso y despacharse desfavorablemente lo pretendido.
9 Samai, Índice 13, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONRECEXT(.pdf) NroActua 13».
10 Samai, índice 10, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«Memorial_CHL_9CONCEPTO(.pdf) NroActua 10».
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2. Consideraciones
2.1. Competencia
15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado11, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
16. En este caso, la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, fue notificada el
7 de julio de 2023 y quedó ejecutoriada el 14 de igual mes y año12, fecha en la cual
se radicó el recurso extraordinario de revisión13.
17. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
18. En el asunto objeto de estudio, Marco Tulio Quebrada Murcia y la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, están legitimadas para actuar como
demandante [el primero] y como demandada [la última], comoquiera que actuaron
con esa misma calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda
instancia pretende controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
19. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa
juzgada14. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que
se encuentra ejecutoriada15 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido
lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede,
establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
11 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
12 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 13 de febrero de 2024. Samai,
índice 6, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento
«AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.pdf) NroActua 6».
13 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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20. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
21. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
22. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 16 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda con desconocimiento del principio de congruencia?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
23. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso16 que solo pudieron ser advertidas en
la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y
legalidad de las nulidades17 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
16 En adelante CGP.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
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o la aplicación de las normas18. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia ha
precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello se
pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley […]»19.
24. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso20.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso21.
• Se profiere sin motivación22.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente23.
• Se desconoce el principio de congruencia24.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
20 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,
radicación: REV-062.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,
radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
24 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación: 11001-
03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-
03065-00.
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• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»25.
25. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP26. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar27.
26. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la
cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. El principio de congruencia en la sentencia
27. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]».
25 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión.
Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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28. En sentencia del 26 de octubre de 201728, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el decurso procesal.
29. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201829, señaló:
«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y
lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que no
puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la
justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”30.(Resaltado fuera del texto
original).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso después
de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar en la etapa
de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no
se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en
los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de familia
y de protección de los derechos fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión
acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación
y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el juzgador”
[…]» (Resaltado fuera del texto original).
30. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y
decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo
se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los recursos
ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza
especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]»31.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
29 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
30 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
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31. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en
su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita32, como regla general.
32. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos ámbitos
o facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido
y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
parte motiva de la providencia33. Al respecto, es importante destacar que, en caso
de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a
su nulidad.
2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
33. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
33.1. El demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida el
30 de marzo de 2022 por el Juzgado 2 Administrativo de Girardot. En su escrito de
84 páginas expuso los argumentos resumidos en el acápite 1.3 de esta providencia.
En concreto, planteó 22 cargos contra la decisión de primer grado, en relación con
las consideraciones relativas al ajuste del 20%, así:
1 «Acuso a la Sentencia de falta de comprensión del thema petendi de la demanda» [sic].
«Acuso a la Sentencia de incurrir en error, al considerar que no son pasibles de comparación
los sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad rogado al Despacho en
2
la demanda, al considerar que existen dos regímenes diferentes. Error que lo lleva a resolver
el presente caso con una norma derogada» [sic].
«La sentencia de Unificación del Honorable CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejera Ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ. Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de agosto de 2016 No. de
3
referencia: CE-SUJ2 85001333300220130006001 No. Interno: 3420-2015, no tiene vocación
de ser aplicada al caso que nos convoca, por tal razón, el Despacho yerra en dicha aplicación»
[sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de transición laboral
4 para los soldados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen el demandante no tiene
derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la demanda» [sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica que tiene la
diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo régimen de carrera
5 del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000, que se produjo de manera
generalizada a través de las Órdenes Administrativas de Personal números 1241 de 20 de
enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo
“ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no
alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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Defensa dispuso la conversión obligatoria de todos los soldados voluntarios en soldados
profesionales, el demandante no puede acceder a dicha diferencia salarial» [sic].
«El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la igualdad en un
criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para justificar la desigualdad, y
6
además lo dio por probado sin estarlo, y a su vez, desconoce por contradicción el contenido
del precedente constitucional fijado en la Sentencia T-097 de 2006» [sic].
«Además de lo anterior, incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los
verdaderos criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del
7
precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097 de 2006,
T545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la
8 C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis,
pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte Constitucional, Sentencia SU-
9
519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de 1997. Pese a que hizo una mención de
su doctrina en la sentencia recurrida, nunca hubo un estudio profundo de tal situación» [sic].
«El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra
10 mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados
voluntarios» [sic].
«El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran en el
11 expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes con los cuales se
prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho pedido» [sic].
«El Despacho, de forma arbitraria se niega a reconocer y valorar los hechos probados en el
proceso con relación a la igualdad material, así mismo se niega a reconocer lo pedido, tanto
12 en sede declarativa como en sede de nulidad o excepciones y en sede de restablecimiento del
derecho. Dichos hechos quedan probados de una segunda forma, esto es, por la aceptación
de los mismos por parte de la entidad demandada» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94;
el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
13
T335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
«No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que justifique el
14 trato de desigualdad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el Despacho negó el
reconocimiento del derecho pedido» [sic].
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad
15 demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].
«Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución política,
específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a.
Igualdad de
16 oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales» [sic].
«El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al demandante
17
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución» [sic].
«la sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los principios
de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los principios generales de la
18
carrera administrativa- y de la carrera administrativa en las fuerzas militares para los soldados
profesionales, como el mérito y la igualdad de oportunidades» [sic].
«la sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad propuesta ni la excepción de
19
inconvencionalidad invocada» [sic].
«el Despacho no realizó ningún test de ponderación de derechos a pesar que dice haberlo
20
hecho» [sic].
«la sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
21
en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD NORMATIVA» [sic].
«la excepción de inconstitucionalidad invocada si es procedente en el presente caso, así como
22
la excepción de inconvencionalidad propuesta» [sic].
33.2. Respecto de la motivación frente a la prima de actividad, el recurso de apelación
concretó en 8 cargos su desacuerdo frente a la sentencia de primer grado, así:
1
«los sujetos propuestos en el juicio de comparación si son pasibles de ser comparados, por
tal razón el despacho incurre en un error al afirmar lo contrario» [sic].
2
«acuso a la sentencia de incurrir en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del
salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial» [sic].
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3
«Desconoce que el demandante acredita las condiciones de hecho del supuesto hipotético de
la norma que contempla la prima de actividad para los oficiales y suboficiales» [sic].
«La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni
4 probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que
no tuvo en cuenta el Despacho […]» [sic].
«Entiende este apoderado, que el despacho asume en la sentencia El criterio de que las
funciones de los oficiales y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional,
5
y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal
justificación, en sendas sentencias judiciales. Bajo ese entendido, respetuosamente
disentimos del Despacho, pues en nuestro sentir, ello no es un criterio objetivo que justifique
la desigual» [sic].
«El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en
6 la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94;
7
el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
T-335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad
8 demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].
33.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en la sentencia del 16 de marzo de 2023, expuso el marco jurídico dentro del cual
realizó el estudio de los planteamientos del recurso de apelación, para lo cual
delimitó los problemas jurídicos objeto de análisis. De una parte, examinó la
procedencia del reconocimiento de la asignación básica incrementada en un 60 % a
favor del demandante, en su condición de soldado profesional vinculado con
posterioridad al 31 de diciembre de 2000. De otra, estudió la solicitud de
reconocimiento de la prima de actividad, formulada con fundamento en el principio
de igualdad.
33.4. Para resolver dichas cuestiones, la corporación expuso la evolución normativa
aplicable a los soldados voluntarios y a los soldados profesionales, desde la Ley 131
de 1985 hasta los Decretos 1793 y 1794 de 2000.
33.5. En ese contexto, analizó el artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 y concluyó que
el supuesto fáctico del demandante se subsumía en el inciso primero de esa
disposición, por haber ingresado directamente como soldado profesional después
del 31 de diciembre de 2000.
33.6. Posteriormente, abordó el estudio del principio de igualdad con apoyo en la
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, en especial la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 y su providencia aclaratoria, y destacó la
existencia de diferencias objetivas entre los soldados voluntarios profesionalizados
y quienes se vincularon directamente como soldados profesionales.
33.7. Finalmente,examinó la improcedencia del reconocimiento de la prima de
actividad a favor de los soldados profesionales, con fundamento en el carácter
jerarquizado de las Fuerzas Militares y en la diversidad de regímenes salariales y
prestacionales. Concluyó que no se configuró vulneración del derecho a la igualdad
y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
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33.8. Acorde con lo anterior, resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos
en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la corporación concluyó que no
resultaba procedente reconocer el reajuste salarial pretendido, en la medida en que
el demandante se vinculó directamente como soldado profesional con posterioridad
al 31 de diciembre de 2000, por lo que su situación jurídica se encontraba regulada
por el inciso primero del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000, que fijó la asignación
básica en un salario mínimo legal mensual incrementado en un 40%, sin que fuera
posible extenderle el beneficio previsto para los soldados voluntarios que pasaron a
ser profesionales, al tratarse de supuestos fácticos y normativos distintos. Así lo
sostuvo:
«Fue hasta el año 2000 cuando, en uso de las facultades extraordinarias concedidas
mediante la Ley 578 de 2000, el Presidente de la República dictó el Decreto 1793 de
2000, en el cual se consagró formalmente el Régimen de Carrera y Estatuto del
Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, señalándose en el
artículo 38, que el régimen salarial y prestacional sería expedido con base en lo
dispuesto por la Ley 4 de 1992, sin desmejorar los derechos adquiridos, lo que se
materializó con el Decreto 1794 de 2000, en el que se estableció el monto de la
asignación básica y las primas de antigüedad, vacaciones, navidad, de servicio
anual, cesantías, subsidio familiar, entre otras.
La asignación básica de los soldados profesionales fue prevista en el artículo 1º del
Decreto 1794 de 2000, en los siguientes términos:
Artículo 1. Asignación salarial mensual. Los soldados profesionales que se
vinculen a las Fuerzas Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al
salario mínimo legal vigente, incrementado en un cuarenta por ciento (40%) del
mismo salario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo del artículo siguiente, quienes al 31
de diciembre del año 2000 se encontraban como soldados de acuerdo con la Ley
131 de 1985, devengarán un salario mínimo legal vigente incrementado en un
sesenta por ciento (60%).
De conformidad con la anterior normatividad, es claro que el supuesto de hecho
aplicable al demandante se encuentra contenido en el inciso 1º de la norma trascrita,
ya que su vinculación fue de manera posterior a 31 de diciembre de 2000; de ahí
que su asignación básica corresponde a un salario mínimo legal mensual
incrementado en un 40 % del mismo.
Lo que motiva la demanda y el recurso de apelación es que en criterio de la parte
actora, no tiene porqué existir diferencia entre la remuneración que se paga a los
soldados voluntarios que pasaron a profesionales y los que ingresaron directamente
como profesionales a partir de 1º de enero de 2001, ya que las funciones que
desarrollan son las mismas y por tanto, todos deben recibir el pago de una
asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual incrementado en
un 60%; de lo contrario, se vulneraría el principio de igualdad señalado en el artículo
53 superior, exactamente frente al postulado de “trabajo igual, salario igual”.
Siendo el principio de igualdad el ingrediente medular que causa la presente
demanda, resulta oportuno traer como referencia algunos pronunciamientos de la
Corte Constitucional34, relacionados directamente con los regímenes salariales y
prestacionales de los empleados públicos y la necesidad de que existan algunos
factores diferenciales […].
34 «Referencia: expediente D-826, Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 96 (parcial) del
Decreto 1211 de 1990 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de
la Fuerzas Militares”., Actor: Martín Edgardo Aponte Castellanos., Magistrado Ponente: LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA, Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil once (2011)».
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Así mismo, en cuanto a las fases de análisis para determinar si una norma
desconoce el principio de igualdad, el alto Tribunal Constitucional manifestó35 […].
El aspecto relacionado con la remuneración de los soldados profesionales fue objeto
de análisis por parte del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 25 de
agosto de 2016. Oportunidad en la que la Alta Corporación expresó lo siguiente: […].
En providencia de 6 de octubre de 2016, se resolvió una solicitud de aclaración36 en
la que, frente a la presunta vulneración al principio de igualdad, señaló: […].
Conforme a lo expuesto, se releva por la Sala que el derecho a la igualdad implica
la comprobación de situaciones fácticas y de hecho idénticas o similares que
ameritan un trato igual, situación que no se presenta en el caso bajo análisis toda
vez que, pese a ostentar el mismo rango de soldados profesionales, los enunciados
normativos analizados distinguen en este género de uniformados dos categorías,
esto es, los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y antes habían
prestado el servicio militar obligatorio; y los que ingresaron a ser profesionales de
manera directa durante la vigencia del Decreto 1794 de 2000, respecto de quienes,
como lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia de unificación, se presentó
una transición en la que se distinguió a los voluntarios que pasaron a profesionales
y los que ingresaron a partir del 1º de enero de 2001 directamente como
profesionales, predicándose de los primeros una protección de derechos adquiridos;
además la existencia de una serie de diferencias objetivas en cuanto a su
vinculación, esto es, la antigüedad de unos y la novedad de otros; así como la
remuneración mínima que percibían los voluntarios» [sic].
33.9. Por su parte, el Tribunal estableció que el demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la prima de actividad pretendida, puesto que dicho factor salarial
no se encontraba previsto en el régimen aplicable a los soldados profesionales, y su
reconocimiento estaba reservado a otros estamentos de las Fuerzas Militares que
cumplían con funciones, responsabilidades y requisitos de vinculación distintos, sin
que ello configurara un trato discriminatorio ni una vulneración del principio de
igualdad, al no tratarse de situaciones fáctica ni normativamente equiparables. Al
respecto consideró:
«En cuanto a la prima de actividad, cuyo reconocimiento se peticiona sobre la base
de una presunta vulneración al principio de igualdad, porque, a diferencia de los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, los soldados profesionales no la
devengan, nuevamente la Sala acude al criterio, según el cual, la igualdad se predica
entre iguales, y en este caso sí que existen patrones que impiden hacer juicios de
comparación, empezando por el hecho de que se trata de una institución netamente
jerarquizada, cuya remuneración depende de los escalafones, grados, especialidad,
antigüedad, naturaleza funcional, entre otras; de ahí que lo único en que pueden
asimilarse los oficiales y los soldados profesionales es el hecho de hacer parte de la
fuerza pública, pero ello no implica que realicen las mismas funciones y/o asuman
las mismas responsabilidades.
El reconocimiento de la prima de actividad en soldados profesionales ha sido un
tema analizado por la sección segunda del Consejo de Estado, como fue
recientemente en sentencia de 24 de junio de 2021, dentro del proceso de radicación
No. 5170-19. Veamos: […]» [sic].
33.10. En relación con las excepciones de convencionalidad y de inconstitucionalidad
el Tribunal consideró que no resultaban procedentes, en la medida en que las
disposiciones cuestionadas del Decreto 1794 de 2000 se ajustaban al orden
35 «Sentencia T-102 de 2014, Referencia: expediente T- 4.105.910».
36«Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicación número: 85001-33-33-002-2013-
00060-01(3420-15) CE-SUJ2-003-16».
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constitucional y convencional, y la diferenciación prevista entre los soldados
voluntarios que pasaron a ser profesionales y aquellos que se vincularon
directamente como soldados profesionales tenía un sustento objetivo, razonable y
proporcional, sin desconocer derechos fundamentales ni principios superiores. Así
lo sostuvo:
«No es posible realizar un juicio de igualdad entre los soldados voluntarios que luego
fueron enlistados como profesionales y los soldados profesionales que se vincularon
por vez primera, en la medida que el tratamiento igual solo puede predicarse entre
iguales, y en este caso, las situaciones a comparar no son fáctica ni normativamente
similares, máxime cuando dicha diferencia obedece a la protección de la garantía
constitucional de los derechos adquiridos contemplada en el artículo 58 de la
Constitución Política, en lo que respecta a aquellos que venían de ser soldados
voluntarios, por lo que se entiende justificado el monto del salario básico que
percibían en vigencia de la Ley 131 de 1985.
Debe relevarse qué si bien es cierto, el aspecto fáctico tratado en la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 no es el mismo al que se estudia en esta
oportunidad, por cuanto allí se analizó el caso de los soldados que, siendo
voluntarios, pasaron a profesionales, resulta válida en la medida que analiza
ampliamente la situación de ambos grupos de soldados.
Por tales argumentos no resulta procedente la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad, puntualmente en relación con el inciso 1° del artículo 1° del
Decreto 1794 de 2000, ya que la diferenciación entre los soldados voluntarios que
pasaron a profesionales y los que se incorporaron directamente tiene fundamentos
de hecho, legales y además no desconoce principios constitucionales» [sic].
2.9. Análisis de la Sala
34. En el presente asunto, Marco Tulio Quebrada Murcia invocó la causal prevista en
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en incongruencia externa al
confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones relacionadas
con el reconocimiento del reajuste salarial del 20% y de la prima de actividad. Lo
anterior, bajo el argumento de que el fallo de segunda instancia no resolvió de
manera expresa ni suficiente los planteamientos expuestos en el recurso de
apelación.
35. De las actuaciones desplegadas dentro del proceso originario se advierte que, en
el recurso de apelación, la parte demandante expresó su desacuerdo con la
motivación de la sentencia de primera instancia. Los cargos formulados, 22 relativos
al ajuste salarial y 8 frente a la prima de actividad, se centraron en cuestionar la
suficiencia de la motivación judicial, la aplicación del precedente constitucional sobre
igualdad y la valoración de la prueba, con fundamento en la presunta ausencia de
criterios objetivos que justificaran el trato diferenciado entre los soldados
profesionales y aquellos que inicialmente fueron soldados voluntarios.
36. Cabe agregar que el recurso de apelación se caracterizó por su amplitud y
densidad argumentativa, pues en un escrito de considerable extensión el apelante
formuló múltiples reproches dirigidos tanto a la motivación jurídica como a la
apreciación probatoria efectuada en la sentencia de primera instancia. No obstante,
tales cargos, aunque enunciados de manera individual, se estructuraron de forma
reiterativa alrededor de igual eje argumental, consistente en la alegada vulneración
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del derecho a la igualdad derivada del trato diferenciado entre los soldados
profesionales que ingresaron directamente y aquellos que previamente ostentaron
la condición de soldados voluntarios.
37. En ese contexto, los cuestionamientos relacionados con el reajuste salarial del
20% y con la prima de actividad no introdujeron problemas jurídicos autónomos ni
novedosos, sino que reiteraron, desde distintas perspectivas, la inconformidad del
apelante con la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto 1794 de 2000
y con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. Por ello, no era exigible
que el Tribunal emitiera una respuesta fragmentada o individualizada frente a cada
reproche, sino, como en efecto lo hizo, que identificara los problemas jurídicos
relevantes y los resolviera de manera integral y razonada, conforme con lo dispuesto
en el artículo 280 del CGP.
38. Una lectura detenida de las actuaciones permite deducir que no se configuró la
alegada incongruencia externa de la sentencia recurrida. Ciertamente, la providencia
sí sintetizó y abordó las inconformidades del apelante, tal y como lo ordena el artículo
280 del CGP, al indicar:
«Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de
las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta
procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo
de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con
arreglo a lo dispuesto en este código.
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda
y su contestación» [se destaca].
39. En desarrollo de dicho deber, el Tribunal examinó el problema jurídico relacionado
con la procedencia del reconocimiento de la asignación básica incrementada en 60%
a favor del demandante y concluyó que este no tenía derecho a dicho reajuste, al no
encontrarse en una situación fáctica ni jurídica equiparable a la de los soldados
voluntarios que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, fueron incorporados
como soldados profesionales. En consecuencia, determinó que no se desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado.
40. De igual manera, el Tribunal se pronunció de forma expresa y directa sobre las
excepciones de inconstitucionalidad y de convencionalidad propuestas por la parte
demandante, al considerar que no existía incompatibilidad entre el Decreto 1794 de
2000 y la Constitución Política, ni con los instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos invocados. Para tal efecto, precisó que el actor no se
encontraba en una situación fáctica ni normativa equiparable a la de los soldados
voluntarios que pasaron a ser profesionales, circunstancia que impedía predicar un
trato igual entre ambos grupos.
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41. En ese sentido, sostuvo que la diferenciación normativa cuestionada se
encontraba amparada por la libertad de configuración normativa y resultaba
constitucionalmente justificada en la necesidad de proteger los derechos adquiridos
de quienes se encontraban vinculados bajo el régimen anterior, sin que se acreditara
vulneración del derecho a la igualdad ni desconocimiento de estándares
convencionales.
42. Con fundamento en lo anterior y en la jurisprudencia unificada del Consejo de
Estado, el Tribunal reiteró que el incremento del 60% en la asignación básica
únicamente resultaba aplicable a los soldados voluntarios que fueron homologados
como profesionales, en atención a los derechos adquiridos reconocidos bajo la Ley
131 de 1985, y no a quienes se vincularon directamente como soldados
profesionales con posterioridad al 31 de diciembre de 2000, cuya situación jurídica
se encontraba regulada por el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000.
43. En cuanto al reconocimiento de la prima de actividad, el Tribunal explicó que dicho
factor salarial no se encontraba previsto en el régimen aplicable a los soldados
profesionales, sino que había sido establecido para otros estamentos de las Fuerzas
Militares, en atención a criterios objetivos relacionados con la estructura jerárquica,
los niveles de formación, las funciones desempeñadas y las responsabilidades
asignadas, lo que justificaba la existencia de diferencias salariales y prestacionales
sin que ello implicara un trato discriminatorio.
44. En relación con el argumento según el cual la sentencia omitió pronunciarse sobre
la solicitud de que se declarara que el actor desempeñó iguales funciones que un
soldado profesional que antes fue voluntario, la Sala observa que dicha solicitud no
constituía una pretensión autónoma, sino un argumento instrumental dirigido a
sustentar la alegada vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, la ausencia de
una declaración específica al respecto no comporta un desconocimiento del principio
de congruencia.
45. Asimismo, frente al reproche relativo a la falta de referencia expresa a
determinados hechos (numerales 8 a 24 de la demanda), tal circunstancia no
implicaba su exclusión del análisis, pues el juez cuenta con autonomía para
seleccionar los elementos fácticos y jurídicos relevantes que sustentan la decisión,
dentro del marco del principio de independencia judicial.
46. En ese orden de ideas, la Sala considera que la providencia recurrida no incurrió
en incongruencia externa, toda vez que examinó los reparos planteados por el
apelante, aun cuando su conclusión no coincidiera con las expectativas de este. El
desacuerdo del recurrente recae sobre la interpretación jurídica y la valoración
probatoria del Tribunal, mas no sobre la falta de correspondencia entre lo pedido y
lo resuelto. De esta manera, no puede confundirse la disconformidad del recurrente
con la ausencia de pronunciamiento, pues el Tribunal sí abordó los cuestionamientos
planteados, aunque su interpretación jurídica no coincidiera con la del apelante.
47. Tampoco se advierte incongruencia interna, pues existe coherencia entre los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte motiva y lo decidido en
la parte resolutiva. El Tribunal reiteró la negativa del ajuste salarial, decisión que
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guarda armonía con las consideraciones desarrolladas en la sentencia del 16 de
marzo de 2023.
48. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. En estricto sentido, las
alegaciones del recurrente pretenden someter a revisión la suficiencia, lógica y
corrección de la motivación judicial, lo cual equivale a un control de validez
argumentativa o de apreciación probatoria, impropio del recurso extraordinario de
revisión, en la medida en que excede su ámbito de control y corresponde al examen
de fondo reservado a las instancias ordinarias.
49. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de
Estado37, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni
un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un instrumento
excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a situaciones
específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías esenciales, en
los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
50. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
51. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la incongruencia alegada respecto de
la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Por el contrario, se verificó que el
ad quem resolvió los cuestionamientos expuestos en la apelación y mantuvo
coherencia entre la parte motiva y resolutiva de su decisión.
52. En síntesis, la sentencia del Tribunal observó el principio de congruencia, cumplió
con el deber de motivación previsto en el artículo 280 del CGP y resolvió de manera
integral los aspectos jurídicos debatidos, incluidos aquellos referidos a la eventual
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no prospera.
2.10. Costas
53. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de conformidad
con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase con
temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal.
3. Conclusión
54. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 16 de
marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
37 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-03-
15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020,
radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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Segunda, Subsección A, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que la sentencia no está afectada por falta de
congruencia. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Marco Tulio Qubrada Murcia en contra de la sentencia proferida el 16 de marzo de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado:
25307-33-33-002-2020-00177-00/01.
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai
y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de
origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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