Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00348-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00348-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00348-00 (5028-2023)
Demandante : Manuel Sánchez Carvajal
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de nulidad originada en la sentencia de
segunda instancia ni la existencia de vicios graves que
comprometieran el debido proceso o el principio de congruencia.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Manuel
Sánchez Carvajal contra la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño1.
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Manuel Sánchez Carvajal presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de que se declarara la nulidad del acto ficto por medio del cual
se le negó el incremento del 20 % en su salario y la prima de actividad. Subsidiariamente,
solicitó que se tuvieran por probadas las excepciones de inconstitucionalidad y
convencionalidad, con el fin de que se inaplicara el acto administrativo demandado.
2. Como consecuencia de la nulidad, solicitó: que se reconociera que desempeñó las
mismas funciones que un soldado profesional que fue voluntario y que se encontraba en
el mismo supuesto de hecho contemplado en la norma que prevé la prima de actividad
para oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; el pago retroactivo y la reliquidación
integral de las prestaciones sociales y demás factores salariales y no salariales, con base
en un salario básico equivalente al salario mínimo legal vigente aumentado en un 60 %,
así como el otorgamiento de la prima de actividad.
1 Decisión suscrita por los magistrados Álvaro Montenegro Calvachy, Édgar Guillermo Cabrera Ramos y Beatriz Isabel
Melodelgado Pabón.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00348-00 (5028-2023)
Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
3. El demandante indicó que fue incorporado al Ejército Nacional como soldado
profesional sin haber sido previamente voluntario, rigiéndose por el Decreto Ley 1793 de
2000. Afirmó que ha desempeñado sus funciones en condiciones sustancialmente
iguales a las de los soldados profesionales que anteriormente fueron voluntarios, y
también bajo circunstancias operativas similares a las de oficiales y suboficiales, lo cual
en su criterio debe ser reconocido en virtud del principio constitucional de igualdad y del
mandato de no discriminación. Señaló que no existe una diferencia objetiva y razonable
que justifique la exclusión del 20 % adicional en su salario y el no reconocimiento de la
prima de actividad, ya que cumple con el mismo supuesto de hecho normativo, esto es,
estar en servicio activo o en ejecución permanente de funciones militares.
4. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó la demanda y solicitó
negar las pretensiones al considerar que no existía discriminación alguna en el trato
salarial y prestacional del actor, pues las diferencias entre soldados profesionales,
oficiales, suboficiales y quienes inicialmente fueron voluntarios responden a la estructura
jerárquica y funcional propia de las Fuerzas Militares, de modo que no es posible predicar
igualdad entre grupos con situaciones fácticas y normativas distintas. Afirmó que el
demandante nunca ostentó la calidad de soldado voluntario y, por tanto, no podía
beneficiarse del incremento salarial del 20 % reconocido por la sentencia de unificación
del 25 de agosto de 2016, reservada exclusivamente para quienes transitaron del
régimen voluntario al profesional antes del año 2000. En cuanto a la prima de actividad,
explicó que esta solo procede para oficiales y suboficiales conforme al régimen especial
aplicable, y que los soldados profesionales están excluidos por mandato expreso del
Decreto 1794 de 2000, sin que ello vulnere la igualdad. Adicionalmente, señaló que no
existió silencio administrativo, comoquiera que la entidad respondió oportunamente la
petición del actor por el medio electrónico utilizado, y que, en todo caso, éste carece de
titularidad para reclamar tanto el reajuste del 20 % como la prima de actividad.
5. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Mocoa, mediante sentencia del
29 de septiembre de 2022, declaró configurado el silencio administrativo negativo frente
a la petición elevada por el actor, al constatar la ausencia de respuesta completa dentro
del término legal, pero negó las pretensiones al verificar que el acto ficto se ajustaba a la
normativa vigente. Explicó que el régimen salarial y prestacional aplicable a los soldados
profesionales está contenido en el Decreto 1794 de 2000, el cual asigna a quienes se
vinculan por primera vez un salario mínimo incrementado en un 40 %, mientras que el 60
% solo cobija a los soldados voluntarios vinculados antes del 31 de diciembre de 2000
que posteriormente se incorporaron como profesionales, en protección de sus derechos
adquiridos. Señaló que el demandante ingresó directamente como soldado profesional
en 2002 y no cumplía las condiciones previstas para el régimen de transición, por lo que
no podía reclamar el incremento del 20 %. Destacó, además, que no existe igualdad
predicable entre los voluntarios incorporados al régimen profesional y quienes ingresan
directamente como profesionales, pues son grupos con trayectorias, supuestos jurídicos
y situaciones fácticas distintas, lo cual justifica constitucional y jurisprudencialmente un
trato diferente.
6. En relación con la prima de actividad, el Juzgado reiteró que dicha prestación no hace
parte del régimen prestacional de los soldados profesionales y solo corresponde a
oficiales, suboficiales y empleados del sector defensa conforme a los Decretos 1211,
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
1212 y 1214 de 1990, cuyas funciones, responsabilidades y exigencias de carrera difieren
de las asignadas a los soldados profesionales dentro de la estructura jerarquizada de la
Fuerza Pública. Por ello, rechazó tanto la alegada vulneración del derecho a la igualdad
como la solicitud de inaplicar por vía de excepción el Decreto 1794 de 2000. Para el
despacho, la diferenciación salarial y prestacional entre grados militares responde a
criterios razonables y objetivos vinculados con la jerarquía, la responsabilidad funcional
y la disponibilidad de recursos públicos, conforme a la Ley 4ª de 1992 y la jurisprudencia
constitucional y contenciosa. En resumen, concluyó que no se acreditaron vicios de
legalidad ni prueba suficiente que desvirtuara la presunción de legalidad del acto
demandado.
7. El actor apeló la sentencia de primera instancia al considerar que el fallo incurrió en
incongruencia externa (citra petita), pues a su juicio el despacho omitió resolver varios de
los cargos de nulidad y las pretensiones principales y subsidiarias planteadas en la
demanda. Sostuvo que el juzgado no se pronunció respecto de: (i) la aplicación del
principio de igualdad y del precedente de unificación sobre “trabajo igual, salario igual”
(SU-519/97), ni explicó si lo descartaba o se apartaba de él; (ii) la primacía de la realidad
para examinar las funciones realmente ejercidas por los soldados profesionales; (iii) la
igualdad de trato en el marco de los principios de función pública y carrera administrativa
para servidores que desempeñan las mismas funciones; (iv) el cargo de discriminación y
la carga probatoria reforzada que, conforme a la jurisprudencia constitucional, recaía
sobre la entidad demandada; (v) la pretensión dirigida a declarar que el actor ejercía las
mismas funciones que los soldados voluntarios incorporados como profesionales; (vi) la
comparación propuesta entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales respecto de
la prima de actividad (fundada en el común denominador de pertenecer a las Fuerzas
Militares y no en la jerarquía de mando), criterio que el juzgado no analizó y reemplazó
por la fórmula “trabajo igual, salario igual”, que no había sido invocada para esa
pretensión; y (vii) las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad en
subsidio, así como los principios del artículo 53 de la Constitución.
8. El apelante alegó que estas omisiones vulneraron el principio de congruencia, al no
resolverse integralmente las pretensiones ni justificarse por qué algunas fueron
descartadas, lo que afectó su derecho al debido proceso y a una doble instancia efectiva.
En consecuencia, solicitó que se ordenara complementar la sentencia del a quo o, de
manera subsidiaria, se aplicara la excepción de inconstitucionalidad del artículo 287 del
CGP para garantizar la prevalencia del artículo 55 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y permitir un estudio completo de los asuntos sometidos a
decisión.
9. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 26 de mayo de 2023,2
confirmó el fallo de primera instancia al concluir que el actor no tenía derecho al
incremento salarial del 60 %, pues su vinculación como soldado profesional ocurrió el 23
de junio de 2002, por fuera del régimen transitorio previsto en los Decretos 1793 y 1794
de 2000 para los soldados voluntarios incorporados antes del 31 de diciembre de 2000.
Señaló que la Ley 131 de 1985 y la transición prevista en los decretos citados solo
protegían derechos adquiridos de quienes venían como voluntarios, por lo que al
2 Sentencia que quedó ejecutoriada el 13 de julio de 2023.
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
demandante (ingresado directamente como profesional en 2002) le correspondía el
salario mínimo incrementado en un 40 %. Con fundamento en la sentencia de unificación
de 25 de agosto de 20163 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, precisó que el
legislador respetó la situación jurídica previa de los voluntarios, sin que ello supusiera
discriminación respecto de quienes ingresaron bajo el nuevo régimen, de modo que la
administración aplicó correctamente la normativa salarial vigente.
10. En cuanto a la prima de actividad, el Tribunal sostuvo que los soldados profesionales
cuentan con un régimen salarial y prestacional propio (Decreto 1794 de 2000) en el cual
dicha prestación no está contemplada, ya que solo se reconoce a oficiales y suboficiales
conforme a los Decretos 1211 y 1214 de 1990. En tal sentido, consideró que no es posible
extender la prima de actividad al actor sin quebrantar los principios de inescindibilidad
normativa y de libertad de configuración legislativa. Agregó que no existía vulneración del
derecho a la igualdad, porque la estructura jerárquica de la Fuerza Pública justifica
diferencias en funciones, responsabilidades y requisitos, conforme a la Ley 4ª de 1992 y
a la jurisprudencia del Consejo de Estado4 y de la Corte Constitucional5.
Demanda del recurso extraordinario de revisión6
11. El señor Manuel Sánchez Carvajal interpuso recurso extraordinario de revisión con
fundamento en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, solicitando que se declare la
nulidad parcial de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 86001-33-31-001-2020-00065-
01. Como sustento del recurso, alegó que el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en
incongruencia al omitir pronunciamiento sobre varios reparos formulados en el recurso
de apelación, particularmente en relación con la negativa al reajuste salarial del 20 % y
la prima de actividad, así como la solicitud de adición y nulidad de la sentencia de primera
instancia.
12. Sostuvo que las decisiones adoptadas tanto en primera como en segunda instancia
vulneraron su derecho al debido proceso, al desconocer hechos jurídicamente relevantes
expuestos en la demanda y argumentos constitucionales relacionados con el principio de
igualdad, particularmente en su modalidad "a trabajo igual, salario igual", y con los
principios laborales consagrados en el artículo 53 de la Constitución. Señaló que se omitió
valorar adecuadamente su condición frente a otros soldados profesionales en iguales
circunstancias, sin que se aplicaran los precedentes de la Corte Constitucional ni se
realizara un juicio de igualdad conforme a la sentencia SU-519 de 1997. Adujo también
que no se resolvieron excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad
oportunamente formuladas, ni se aplicó la presunción de inconstitucionalidad del acto
censurado. Finalmente, cuestionó que no se justificara el trato desigual frente a quienes
sí perciben la prima de actividad, pese a desempeñar funciones similares dentro de las
Fuerzas Militares.
Contestación del recurso
3 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-2015).
4
Ibidem.
5
Sentencia C-888 de 2002.
6 Radicada el 15 de julio de 2023.
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
13. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional guardó silencio.
Ministerio Público
14. El procurador delegado solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor Manuel Sánchez Carvajal, al considerar que no se
configuró la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. Señaló que la sentencia cuestionada
no incurrió en violación del principio de congruencia, pues el recurrente no logró
demostrar que el fallador hubiera omitido pronunciarse sobre pretensiones, cargos o
cuestiones planteadas en la demanda o en la apelación. Explicó que el a quo analizó
integralmente las pretensiones relativas al reconocimiento de la diferencia salarial del 20
% y de la prima de actividad, así como los argumentos sobre igualdad, discriminación y
trato prestacional diferenciado, apoyándose en la jurisprudencia de unificación que
distingue entre soldados profesionales, oficiales y suboficiales debido a sus funciones y
responsabilidades disímiles.
15. Agregó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el alcance de
la competencia del juez de segunda instancia, la falta de referencia expresa a todos los
argumentos no implica incongruencia cuando el fallo aborda el aspecto general objeto del
recurso. Indicó que la decisión recurrida mantuvo coherencia interna y correspondencia
externa con lo pedido, sin vulnerar el debido proceso, y que el recurrente no identificó un
yerro que encuadrara en la causal invocada.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
16. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado7 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en
la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, al presuntamente omitir
pronunciarse sobre aspectos sustanciales planteados por el señor Manuel Sánchez
Carvajal en el recurso de apelación (relacionados con el reajuste salarial del 20 % y la
prima de actividad) y al no abordar sus argumentos constitucionales sobre el derecho a
la igualdad y al debido proceso, configurándose una nulidad originada en la sentencia
misma.
7 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
Análisis del problema jurídico
18. En el caso concreto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
al verificar que los argumentos expuestos por el accionante no demuestran la
configuración de una nulidad originada en la sentencia cuestionada, ni evidencian vicios
graves que comprometan la validez formal o material del fallo recurrido (causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA). Por el contrario, del análisis integral del
expediente se advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió los asuntos
sometidos a su conocimiento dentro del marco de sus competencias, con base en el
acervo probatorio y en la jurisprudencia aplicable. En consecuencia, no se acreditó una
vulneración sustancial al debido proceso ni al principio de congruencia que justifique
infirmar la decisión, conforme a las razones que se exponen a continuación.
19. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
20. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
21. Esta corporación8 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
22. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, "admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
8
Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia9 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita."10. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
23. Bajo ese contexto, de conformidad con la naturaleza y el objeto del recurso
extraordinario de revisión, en esta oportunidad corresponde a la Sala determinar si la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió
en alguno de los vicios graves e insubsanables que configuran la causal prevista en el
numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, si contiene una nulidad originada en la
providencia misma que puso fin al proceso. En tal sentido, no procede examinar las
eventuales irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por cuanto el
objeto del recurso se restringe a la revisión de la decisión definitiva e inapelable que
resolvió el litigio.
24. El accionante considera que en el fallo de segunda instancia se incurrió en
incongruencia, al omitir pronunciamiento sobre varios cargos formulados en el recurso de
apelación, específicamente lo relacionado con la negativa al reajuste salarial del 20 %, la
prima de actividad y las solicitudes de adición y nulidad de la sentencia de primera
instancia. Asimismo, afirmó que la decisión del Tribunal vulneró su derecho al debido
proceso y al principio de igualdad, al no valorar hechos jurídicamente relevantes ni
resolver de manera expresa los planteamientos constitucionales expuestos, como las
excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, ni efectuar un juicio de
igualdad conforme a los precedentes constitucionales invocados.
25. No obstante, tras el estudio integral de la sentencia cuestionada, la Sala observa que
el Tribunal sí abordó de manera sustancial los problemas jurídicos planteados, agrupando
los reproches formulados en el recurso en torno a dos ejes temáticos que permitían
estructurar adecuadamente el análisis del caso: incremento salarial del 20 % y prima de
actividad.
26. En relación con el reajuste salarial del 20 %, el Tribunal estableció que el actor no
tenía derecho a dicho incremento porque, aunque prestó servicio militar obligatorio en el
año 2000, su vinculación como soldado profesional ocurrió el 23 de junio de 2002, es
decir, por fuera de la transición prevista para quienes se encontraban amparados por la
Ley 131 de 1985 al 31 de diciembre de 2000. Con apoyo en los Decretos 1793 y 1794 de
2000 y en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201611 de la Sección Segunda,
la Sala concluyó que el incremento del 60 % y, por ende el reajuste del 20 % pretendido,
constituye un derecho adquirido exclusivamente para los soldados voluntarios que
expresaron su intención de incorporarse al régimen profesional antes del 1.º de enero de
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
10 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
11 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-2015).
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
2001. En ese marco, la liquidación realizada con el aumento del 40 % se ajustó
plenamente al régimen vigente, sin configurarse vulneración al principio de igualdad ni a
las garantías del artículo 53 constitucional.
27. El Tribunal consideró que la referida sentencia de unificación resultaba plenamente
aplicable al caso, en tanto definió con claridad los dos grupos de referencia: (i) soldados
voluntarios que, vinculados mediante la Ley 131 de 1985, fueron incorporados al nuevo
régimen respetando su salario básico incrementado en 60 %, y (ii) soldados profesionales
ingresados con posterioridad, sujetos al incremento del 40 %. Esta distinción, sustentada
en el respeto por derechos adquiridos y en la regulación expresa del Decreto 1794 de
2000, fue determinante para resolver la controversia, pues el actor pertenece al segundo
grupo. En consecuencia, el órgano colegiado consideró que no era posible trasladar al
demandante los efectos salariales propios de quienes consolidaron una situación jurídica
anterior.
28. A partir de ello, la autoridad judicial de la referencia efectuó un examen riguroso del
principio de igualdad, apoyándose de manera directa en la jurisprudencia unificada del
Consejo de Estado del 25 de agosto de 201612, que reconoció la existencia de un régimen
transicional tácito en materia salarial a favor de los soldados voluntarios que accedieron
a la profesionalización, quienes conservan el incremento del 60 % como derecho
adquirido. Concluyó que no era constitucional ni jurídicamente posible equiparar la
situación del actor (soldado profesional vinculado en vigencia del Decreto 1794 de 2000)
con la de los soldados voluntarios sometidos al régimen anterior. De esta manera, el
Tribunal descartó la procedencia del reajuste reclamado, pues no existía identidad fáctica
ni normativa para adelantar un juicio de igualdad.
29. Ahora, aun cuando la providencia no citó de manera expresa la sentencia SU-519 de
1997, su análisis se ajustó materialmente a la metodología allí establecida para efectuar
el juicio de igualdad, la cual exige comparar situaciones equiparables, verificar la
legitimidad del fin perseguido y valorar la razonabilidad y proporcionalidad del trato
diferente. En consonancia con lo anterior, el Tribunal explicó que las diferencias salariales
entre soldados voluntarios y soldados profesionales responden a regímenes jurídicos
distintos, obedecen a criterios objetivos derivados de su forma de vinculación y se
encuentran justificadas por la protección constitucional de los derechos adquiridos
prevista en el artículo 58 de la Carta Política. Por tanto, sí hubo un estudio pleno del
cargo, el cual fue respondido de manera motivada y conforme al marco constitucional y
jurisprudencial aplicable, lo que descarta la alegada incongruencia y la supuesta omisión
de pronunciamiento.
30. Recuérdese que el principio de congruencia se entiende vulnerado cuando la
sentencia omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones, excepciones o
argumentos relevantes propuestos por las partes, o cuando resuelve cuestiones que no
fueron planteadas en el debate judicial. Esta exigencia no implica que el fallo deba replicar
literalmente los argumentos expuestos en los escritos procesales, sino que debe existir
una correspondencia sustancial entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto. En otras
palabras, la incongruencia se configura cuando hay una ruptura evidente entre las
12 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-2015).
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Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
pretensiones o cuestiones jurídicas planteadas y las razones que sustentan la decisión,
al punto que se comprometa la lógica interna del fallo o el derecho al debido proceso de
alguna de las partes.
31. Respecto de la prima de actividad, el Tribunal reiteró que el actor estuvo sometido
desde su incorporación (ocurrida el 23 de junio de 2002) al régimen especial de los
soldados profesionales previsto en los Decretos 1793 y 1794 de 2000, normativa que
define de manera integral su situación administrativa, salarial y prestacional y en la cual
no se contempla dicho emolumento. Tras verificar que el demandante no perteneció al
grupo de soldados voluntarios regulado por la Ley 131 de 1985 (único que podría haber
generado derechos adquiridos previos al establecimiento del régimen profesional), la
Sala concluyó que no era posible aplicar por analogía las disposiciones correspondientes
a oficiales y suboficiales.
32. Igualmente, el órgano colegiado de la referencia destacó que la prima de actividad,
consagrada en los Decretos 1211 y 1214 de 1990, constituye una prestación diseñada
exclusivamente para los oficiales y suboficiales, en atención a sus funciones, nivel
jerárquico y responsabilidades, diferenciaciones avaladas reiteradamente por la Corte
Constitucional13 y por la Sección Segunda del Consejo de Estado14. En esa línea, el
Tribunal señaló que el régimen de los soldados profesionales es autónomo y completo, y
que reconocer prestaciones no previstas en él implicaría desconocer el principio de
inescindibilidad de la ley y exceder la potestad de configuración legislativa. Por ello,
descartó una vulneración del derecho a la igualdad, al considerar que el actor no se
encuentra en un supuesto equiparable al de los oficiales o suboficiales que sí devengan
la prima de actividad, y que las diferenciaciones salariales dentro de un cuerpo
jerarquizado responden a criterios objetivos y constitucionalmente legítimos.
33. Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo
procesal destinado a controvertir la interpretación jurídica adoptada por el juez de
instancia, ni a revaluar el sentido normativo de la decisión impugnada. Ello resulta aún
más evidente en el presente caso, en el que se advierte que los razonamientos expuestos
por el Tribunal para negar las pretensiones respondieron de manera expresa y
argumentada a los planteamientos del recurrente. Por ende, no se configura un vicio que
afecte de forma sustancial el núcleo esencial del debido proceso ni que comprometa la
validez formal o material de la providencia objeto de revisión.
34. Finalmente, en cuanto al reparo relacionado con la supuesta omisión del Tribunal al
pronunciarse sobre la solicitud de adición y de la nulidad de la sentencia de primera
instancia, esta Sala considera que dicho argumento no tiene vocación de prosperar. Se
advierte que los motivos que fundamentaron esas solicitudes (relativos a presuntas
deficiencias en la motivación y a la incongruencia del fallo) fueron abordados y resueltos
de manera sustancial en el estudio del recurso de apelación. Así, el Tribunal no
desconoció los planteamientos formulados, sino que los examinó dentro del análisis
integral del caso, descartando la existencia de vicios que comprometieran el debido
proceso o el principio de congruencia.
13
Sentencia C-888 de 2002.
14
Entre otras, sentencias del 27 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000- 2009-00029-00 (0656-09); 23 de febrero
de 2017, Rad. 11001-03-25-000-2010-00186-00 (1316-10).
9
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00348-00 (5028-2023)
Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
35. Por lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo de Nariño sí analizó los
cargos formulados en la apelación. Aunque algunos de ellos fueron tratados de manera
sintetizada y agrupada por materias afines15, no se advierte una omisión sustancial que
configure una incongruencia que vicie de nulidad la sentencia.
36. En consonancia con ello, la causal invocada no se encuentra acreditada y, por tanto,
se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
Condena en costas
37. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
38. En ese sentido, en el caso concreto, en principio procedería la imposición de costas
al actor dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin
embargo, al no haberse acreditado su causación, toda vez que la parte accionada no
intervino en el trámite del proceso, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Manuel Sánchez Carvajal contra la sentencia de segunda instancia proferida
el 26 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 86001-33-31-001-2020-00065-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Manuel Sánchez Carvajal, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
15 Sobre el particular esta Subsección en la sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00330-
00 (4906-2023), concluyó que «no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos, cuando de manera
compendiosa se pueden resolver varios cargos que traten sobre un tema en específico».
10
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00348-00 (5028-2023)
Demandante: Manuel Sánchez Carvajal
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
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