RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2023-00353-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00353-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00353-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Francisco Javier Soler Fonseca en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 1001-33-35-028- 2020-00162-00[01]. Segundo: No condenar en costas. Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen. Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023) Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmada electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00353-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca
Providencia Sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A

Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1
Administrativo . Nulidad originada en la sentencia. Congruencia

Sentencia de revisión

Asunto

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Francisco Javier
Soler Fonseca contra la sentencia del 27 abril de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Antecedentes

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del CPACA, Francisco Javier Soler Fonseca presentó una demanda
en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio
administrativo negativo de la parte demandada frente a su petición de reconocimiento
y pago de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) la declaración de que había
realizado iguales funciones que un soldado profesional que fue voluntario; (ii) el pago
de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, como salario básico mensual o
asignación salarial mensual, conforme con la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de
2000; (iii) el reconocimiento y liquidación de la prima de actividad de acuerdo con los
porcentajes establecidos para oficiales y suboficiales; (iv) la reliquidación de todas las
prestaciones sociales y factores salariales, así como de aquellos que no tenían tal

1 En adelante CPACA.
2 Samai índice 17, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«18RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip(.zip) NroActua 17», archivo
«18_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip_0_20241126120132091», carpeta
«110013335028 2020-00162 00», archivo «01. 110013335028 2020-00162 00. Demanda y
anexos.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

carácter, con base en un salario básico equivalente al mínimo legal incrementado en
un 60%; (v) la actualización de los valores adeudados conforme con el IPC; (vi) la
condena en costas a la entidad demandada; y (vii) el cumplimiento de la sentencia en
los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.

3. En caso de que lo anterior no fuera procedente, pidió la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad y de convencionalidad, de conformidad con los artículos 13,
25, 53 y 209 de la Constitución Política y 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, respectivamente.

1.1.1. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

4.1. Francisco Javier Soler Fonseca se vinculó al Ejército Nacional y fue incorporado
al régimen de carrera del personal de soldados profesionales previsto por el Decreto
1793 de 2000, sin haber sido soldado voluntario.

4.2. Desde su ingreso a la institución, realizó iguales funciones a las desempeñadas
por los soldados profesionales que fueron soldados voluntarios.

4.3. No obstante, recibió una remuneración equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente incrementado en un 40%, mientras que el salario de los soldados
voluntarios que pasaron a ser profesionales era de un salario mínimo mensual legal
vigente incrementado en un 60%. En consecuencia, sufrió una discriminación en
materia salarial.

4.4. El 14 de septiembre de 2018 le solicitó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% y de la prima de actividad; sin
embargo, la entidad no resolvió su petición, de manera que se configuró el silencio
administrativo negativo.

4.5. La última unidad de servicios se encontraba ubicada en Bogotá.

1.2. Sentencia de primera instancia3

5. Mediante sentencia proferida el 27 de mayo de 2022 el Juzgado 28 Administrativo
de Bogotá declaró probada la excepción «carencia del derecho del demandante e
inexistencia de la obligación de la demandada» y la existencia del acto ficto o presunto
negativo demandado, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:

5.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 1 Decreto 1794 de 2000, el derecho
a percibir una remuneración equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente
incrementado en un 60% se encontraba reservado exclusivamente para los soldados
voluntarios que se incorporaron como soldados profesionales y que se hallaban

3 Samai índice 17, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«18RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip(.zip) NroActua 17», archivo
«18_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip_0_20241126120132091», carpeta
«110013335028 2020-00162 00», archivo «23. Sentencia primera instancia.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

vinculados al Ejército Nacional al 31 de diciembre de 2000, amparados por el régimen
establecido en la Ley 131 de 1985. En consecuencia, dicho beneficio no resultaba
aplicable a quienes se incorporaron con posterioridad a esa fecha, como lo era el
actor al haber ingresado como soldado profesional el 15 de marzo de 2003.

5.2. En ese sentido, no se trataba de un trato inequitativo entre soldados profesionales
que desempeñaban funciones similares, sino el legítimo reconocimiento, por parte del
legislador, de los derechos adquiridos de quienes se encontraban vinculados como
soldados al 31 de diciembre de 2000, conforme con lo previsto en el artículo 4 de la
Ley 131 de 1985.

5.3. En la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, aclarada mediante
providencia del 6 de octubre de igual año, el Consejo de Estado estableció una
diferenciación entre los soldados voluntarios que se incorporaron como soldados
profesionales y aquellos que ingresaron por primera vez al Ejército Nacional a partir
de la vigencia del Decreto 1794 de 2000, en lo relativo a la asignación salarial a la
que tenían derecho.

5.4. En relación con el primer grupo, la Corporación precisó que lo dispuesto por el
legislador tuvo como finalidad mantener un derecho adquirido consistente en
devengar una asignación salarial incrementada en un 60%, lo cual constituyó una
excepción al régimen general, sustentada en la garantía de los derechos laborales.

5.5. Los soldados que ingresaron durante la vigencia de la referida normativa conocían
desde el inicio de su vínculo que su asignación salarial correspondía a un salario
mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40%, lo cual no configuró un trato
diferenciado injustificado entre uniformados de igual categoría, sino el reconocimiento
de la mayor antigüedad de quienes ya se encontraban vinculados.

5.6. Así las cosas, la diferenciación en la asignación básica se estimó legal y
constitucionalmente justificada, en la medida en que garantizó que la reforma de la
planta de personal de la Fuerza Pública no afectara derechos adquiridos con
anterioridad, los cuales debían ser reconocidos por los jueces de esta jurisdicción.

5.7. Dentro de las prestaciones económicas reconocidas a los soldados profesionales,
no se encontraba prevista la prima de actividad. En efecto, el Decreto 1211 de 1990,
en su artículo 84, reguló este emolumento exclusivamente para los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares, sin incluir a los soldados profesionales.

5.8. Por su parte, el artículo 32 del Decreto 1515 de 2007, modificado por el artículo 2
del Decreto 2863 de 2007, se refirió únicamente a la prima de actividad de los oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como del personal
civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, conforme con los Decretos
1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990.

5.9. La vulneración del derecho fundamental a la igualdad no se configuraba con su
sola alegación, sino que debía demostrarse la existencia de un trato diferenciado
frente a igual grupo de personas que desempeñaran funciones idénticas. En el caso
concreto, el acto administrativo demandado se sustentó en la regulación legal vigente
y no desconoció el ordenamiento jurídico. En consecuencia, el acto administrativo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

ficto controvertido se ajustó a la normativa aplicable y al régimen salarial y
prestacional de los soldados profesionales previsto en los decretos 1793 y 1794 de
2000.

5.10. La excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 1 del Decreto 1794 de 2000
fue examinada en relación con la asignación salarial de los soldados profesionales
vinculados con posterioridad al 31 de diciembre de 2000, quienes percibían una
remuneración inferior a la de aquellos incorporados con anterioridad, pese a
desempeñar iguales funciones. Tal diferencia respondió a la existencia de un régimen
de transición orientado a garantizar los derechos adquiridos de los antiguos soldados
voluntarios posteriormente reconocidos como soldados profesionales.

5.11. La regulación vigente tuvo como finalidad preservar las condiciones mínimas del
personal que ya prestaba sus servicios y establecer las reglas generales aplicables
al nuevo personal, y la antigüedad operó como criterio legítimo de diferenciación
salarial. En ese marco, no se configuró la vulneración del principio de igualdad
previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, por tratarse de grupos
jurídicamente distintos, en armonía con la protección de los derechos adquiridos
reglada en los artículos 53 y 58 de la Carta.

5.12. Laexcepción de inconstitucionalidad respecto de la prima de actividad no
prosperaba, al no evidenciarse desconocimiento de la Constitución Política. La
inexistencia de criterios válidos de comparación entre oficiales, suboficiales y
soldados profesionales permitía concluir que se trataba de grupos de personal militar
diferenciados, con funciones, responsabilidades y regímenes salariales y
prestacionales distintos, regulados por normas específicas, sin que la sola
pertenencia a la fuerza pública implicara el derecho a devengar iguales prestaciones.

5.13. Asíentonces, no resultaba justificado ordenar, para un caso concreto, la
aplicación de una prestación prevista en normas diferentes de los Decretos 1793 y
1794 de 2000, mediante el uso de la excepción de inconstitucionalidad, pues ello
desconocería el principio de inescindibilidad y se sustentaría en una concepción
errónea del derecho a la igualdad, entendido como identidad absoluta de
remuneración.

5.14. No se advirtió la existencia de una omisión legislativa en los citados decretos que
habilitara la creación de un régimen prestacional especial para el demandante.

1.3. El recurso de apelación4

6. El demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las súplicas del escrito
inicial, con sustento en extensos argumentos que se sintetizan a continuación:

6.1. La sentencia de primera instancia incurrió en omisiones, por falta de aplicación de
la ley procesal, en particular de los artículos 55 de la Ley Estatutaria de Administración

4 Samai índice 17, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«18RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip(.zip) NroActua 17», archivo
«18_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip_0_20241126120132091», carpeta
«110013335028 2020-00162 00», archivo «25. RECURSO APELACION.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

de Justicia5, 280 y 281 del Código General del Proceso6 y 187 del CPACA. Por ende,
el a quo transgredió el principio de congruencia.

6.2. En efecto, dejó de analizar las premisas fácticas expuestas en los hechos «8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» del escrito inicial, que eran relevantes para analizar el juicio
de igualdad en la modalidad «TRABAJO IGUAL – SALARIO IGUAL», en atención a la
diferencia del 20% que afectaba a la remuneración de los soldados profesionales.
Con ello dejó la «questio facti de la sentencia sin motivación».

6.3. La providencia no resolvió de forma completa, exhaustiva y rigurosa cada uno de
los siguientes cargos:

• «SITUACIÓN HISTÓRICA DE DISCRIMINACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DERECHOS LABORALES DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES EN
COLOMBIA» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EN LA MODALIDAD DE IGUALDAD SALARIAL
COMO DERECHO FUNDAMENTAL» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL. REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ART 209 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO,
EN LA MODALIDAD DE VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA
CARRERA ADMINISTRATIVA- Y DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LAS
FUERZAS MILITARES PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES» [sic].

• «AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE SALARIO JUSTO Y PROPORCIONAL A
LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, ARTÍCULOS 25 y 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ESTADO EN DESMEDRO DEL PATRIMONIO DEL TRABAJADOR» [sic].

• «ACUSO AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDO DE NO HABERSE
FUNDAMENTADO EN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ART 13 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y POR TANTO SER VIOLATORIO DEL MISMO, EN
LA MODALIDAD DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACION» [sic].

• «pidió el amparo de las garantías mínimas del artículo 53 de la Constitución, esto
es: a. Igualdad de oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, y demás
garantías allí consignadas» [sic].

5 En lo sucesivo Lea.
6 En adelante CGP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

6.4. El juzgado tampoco abordó lo relacionado con la pretensión declarativa dirigida a
que se declarara que desempeñó iguales funciones de un soldado profesional que
fue voluntario. También dejó de pronunciarse sobre los hechos «22, 23, 24» relativos
a la reclamación de la prima de actividad.

6.5. Además, el juez de instancia planteó una solución al problema jurídico sin haber
analizado la totalidad de los hechos ni la validez de los argumentos del actor,
solamente abordó los que eran útiles a la tesis del despacho.

6.6. En consideración a «tantas omisiones prohibidas por el ordenamiento jurídico, en las
cuales el aquo ha incurrido al momento de dictar la sentencia de este proceso, le ruego
encarecidamente que proceda a declarar la nulidad de lo actuado, a fin de seguir agraviando
el ordenamiento jurídico vigente» [sic].

6.7. No era cierto que existieran regímenes salariales y prestacionales diferentes para
los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales y para los incorporados
directamente. Todos los soldados quedaron sometidos al mismo régimen de
conformidad con los decretos 1793 y 1794 de 2000.

6.8. Era incorrecto suponer que existía un régimen de transición laboral para los
soldados voluntarios que posteriormente fueron incorporados como profesionales.

6.9. La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2015 del Consejo de Estado no
era aplicable al presente asunto.

6.10. No existía un criterio objetivo que justificara la diferencia salarial que afectaba al
demandante respecto de la remuneración de los soldados profesionales que fueron
voluntarios.

1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión7

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 27 de abril de 2023 confirmó la de primera instancia y se abstuvo de
condenar en costas.

8. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. No se configuraba vulneración del derecho a la igualdad respecto de la asignación
básica del demandante, pues los soldados profesionales que ingresaron directamente
con posterioridad al 31 de diciembre de 2000 no se encontraban en una situación
fáctica y jurídica equiparable a la de aquellos que previamente se desempeñaron
como soldados voluntarios y posteriormente fueron incorporados como profesionales.

8.2. La diferencia salarial prevista en el inciso 1 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000
respondió a un criterio objetivo fundado en la antigüedad y en la protección de los
derechos adquiridos, sin que resultara procedente adelantar un juicio de igualdad

7 Samai índice 17, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«18RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip(.zip) NroActua 17», archivo
«18_RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20241126zip_0_20241126120132091», carpeta
«110013335028 2020-00162 00», archivo «30. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA.pdf».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

ante la ausencia de un referente válido de comparación. En ese contexto, dicha
disposición gozaba de presunción de legalidad y resultaba de obligatorio
cumplimiento.

8.3. La sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016 tuvo
fuerza vinculante, toda vez que constituyó un precedente obligatorio para la
resolución de casos con supuestos fácticos y jurídicos similares. En consecuencia,
no existían razones para aplicar la excepción de inconstitucionalidad ni para efectuar
control de convencionalidad respecto del inciso 1 del artículo 1 del Decreto 1794 de
2000.

8.4. En relación con la prima de actividad, el régimen salarial y prestacional del actor
se encontraba regulado por el Decreto 1794 de 2000, norma que no establecía dicho
emolumento a favor de los soldados profesionales. La diferencia frente a oficiales y
suboficiales se explicó en las distintas funciones, niveles de formación y
responsabilidades asignadas a cada categoría.

8.5. Esa diferenciación fue estimada razonable y amparada por la libertad de
configuración legislativa, sin que comportara una vulneración al derecho fundamental
a la igualdad. Así entonces, no resultaba procedente aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ni realizar control de convencionalidad.

8.6. La sentencia de primera instancia fue congruente con las pretensiones de la
demanda y los argumentos de la contestación, estuvo debidamente motivada y se
apoyó en el análisis normativo, fáctico y probatorio del caso, razón por la cual debía
ser confirmada.

1.5. Recurso extraordinario de revisión8

9. Francisco Javier Soler Fonseca interpuso recurso extraordinario de revisión en
contra de la sentencia del 27 de abril de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior con fundamento en
la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

10. El demandante solicitó la revisión de la providencia objeto del recurso y que se
declarara la nulidad parcial de las sentencias de primera y segunda instancia y
«[c]omo consecuencia de loa anterior, se envíe el expediente al JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA para que dicte una nueva sentencia, donde se resuelva de fondo lo planteado
en la demanda, desde el punto de vista fáctico como lo jurídico» [sic].

11. Como pretensión subsidiaria, pidió: «[d]ebido al parecido que existen entre la figura
jurídica de la incongruencia y la decisión judicial motivada de forma incompleta y deficiente,
le ruego al Despacho que estudie el presente proceso como violación del derecho
fundamental del debido proceso a la luz de la institución de la decisión judicial motivada de
forma incompleta y deficiente» [sic].

8 Samai, Índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3», folios 1 a 60.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

12. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:

12.1. Lasentencia objeto de la acción de revisión desconoció el principio de
congruencia pues no resolvió los planteamientos expuestos en el recurso de
apelación.

12.2. Respecto de la reclamación de ajuste salarial por la diferencia del 20%, la
providencia que puso fin a la primera instancia no se pronunció respecto de los
hechos «8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21» de la demanda que eran relevantes para «la
aplicación de la consecuencia jurídica emanada del derecho fundamental a la igualdad en
materia salarial y las consecuencias jurídicas establecidas en los principios básicos del
artículo 53 de la Constitución» [sic]. Esta situación se puso de presente en el recurso de
apelación.

12.3. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de «la prima de actividad», en la
sentencia no se analizaron los hechos «22, 23, 24» que sustentaron aquella
reclamación.

12.4. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se refirió a la
motivación de aquellos hechos ni mencionó la petición de adición. Lo anterior, a pesar
de que tenía el deber de efectuar un pronunciamiento exhaustivo sobre todos los
hechos de la demanda.

12.5. Al considerar los planteamientos del recurso de apelación, era posible advertir
que la sentencia de primera instancia estaba afectada por incongruencia «en la
modalidad de cifra petita» al dejar de resolver sobre los puntos identificados por el
apelante.

12.6. En el recurso de apelación, se plantearon varios cargos contra la decisión de
primera instancia, en atención a las omisiones anunciadas. Sin embargo, el tribunal
no los resolvió ni justificó la razón de su omisión.

12.7. Con lo anterior, la providencia recurrida desconoció las formas de cada juicio,
pues según los artículos 55 de la LEAJ, 280 y 281 del CGP y 187 del CPACA debía
«referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales».
Por ende, al dejar de referirse a cada uno de los argumentos expuestos, la sentencia
fue incompleta.

12.8. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no agotó «el debate
jurídico planteado en la demanda y en el recurso de apelación, el cual debe ser superado,
incluso para desestimarlo, razón por la cual, se hace necesario el remedio de la nulidad, para
que dicho debate sea realizado, y quede zanjado» [sic].

1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión

13. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no contestó el recurso
extraordinario de revisión9.

9 De conformidad con el auto que resolvió sobre la etapa probatoria dentro del trámite del recurso

extraordinario de revisión proferido el 30 de julio de 2024. Samai, Índice 12, actuación «Auto que
decreta pruebas», documento «12Autoquedecret_50642023PruebasRERsi(.pdf) NroActua 12».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

1.7. Intervención del Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto 10.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

15. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de revisión
de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13 numeral 3 del
Reglamento Interno del Consejo de Estado11, expedido por la Sala Plena de esta
corporación, que estableció «[d]e los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

2.2. Oportunidad

16. En este caso, la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, fue notificada el
8 de junio de 2023 y quedó ejecutoriada el 16 de igual mes y año12. Posteriormente,
el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 16 de julio de 202313.

17. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé
el artículo 251 del CPACA.

2.3. Legitimación en la causa

18. En el asunto objeto de estudio, Francisco Javier Soler Fonsecay la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, están legitimadas para actuar como
demandante [el primero] y como demandada [la última], comoquiera que actuaron
con esa misma calidad dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda
instancia pretende controvertir en esta oportunidad.

2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

19. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es un
medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la cosa juzgada14.
Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se encuentra

10 Ibidem.
11 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
12 Según auto admisorio del recurso extraordinario de revisión del 12 de febrero de 2024. Samai, índice

6, actuación «Auto que admite recurso extraordinario de revisión», documento
«AUTOQUEADMITERECURSOEXTRAORDINARIODEREVISION(.pdf) NroActua 6».
13 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

ejecutoriada15 y persigue el restablecimiento del criterio de justicia material y la
supremacía de las garantías procesales cuando estas han sido lesionadas en
aquella, al ocurrir alguna de las causales por las cuales procede, establecidas en la
ley. Tiene dos características principales:

20. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo opera
por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA, en
concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o errores
de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia proferida dentro
del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la controversia materia
del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con precisión cuál es la causal
que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las razones de hecho y de derecho
que la sustentan.

21. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera instancia.

2.5. Problema jurídico

22. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:

¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 27 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al confirmar la sentencia
de primera instancia que negó el reconocimiento del reajuste salarial del 20%
y la prima de actividad con desconocimiento del principio de congruencia?

2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso extraordinario
de revisión

23. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]» es
causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que se
estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado los siguientes:

i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en el
artículo 133 del Código General del Proceso16 que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad y legalidad
de las nulidades17 y;

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
16 En adelante CGP.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas18. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia ha
precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:

«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el auto
por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello se
pretermite íntegramente la instancia.

66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos,
antes de la oportunidad debida.

66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número de
votos diferente del previsto en la ley […]»19.

24. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que se
presentan cuando:

• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del debido
proceso20.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso21.
• Se profiere sin motivación22.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente23.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
19Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de

Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
20 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,

radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:

11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de 2005,

radicación: REV-062.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018,

radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

• Se desconoce el principio de congruencia24.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»25.

25. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es procedente
invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una nulidad ocurrida
en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al proceso. En este
caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad procesal prevista en
el artículo 134 del CGP26. Sin embargo, la jurisprudencia ha aceptado la formulación
de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre que el recurrente no hubiese
tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso, circunstancia que le
corresponde probar27.

26. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:

i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la
cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;

ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y

iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.

2.7. El principio de congruencia en la sentencia

27. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el artículo
281 del CGP prevé lo siguiente:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse

24 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación: 11001-
03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2020-
03065-00.
25 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,

radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del 16
de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de

Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión.

Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
[…]».

28. En sentencia del 26 de octubre de 201728, esta subsección sostuvo que el principio
de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al debido
proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda pronunciarse
respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las partes hayan
expuesto en el decurso procesal.

29. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de enero
de 201829, señaló:

«[…] Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez y
lo que constituye la materia del litigio.

A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite que no
puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este campo la
justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino dentro de las
pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso. (…)”30.(Resaltado fuera del texto
original).
[…]
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso después
de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar en la etapa
de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que no
se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto en
los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de familia
y de protección de los derechos fundamentales.

En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional, solicitando
del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión acota el
contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación y resultado
y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el juzgador” […]»
[Resaltado fuera del texto original].

30. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:

«[…] El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado y
decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el mismo
se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los recursos

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2016, radicado:

25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
29 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
30 Sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente nro. 4092, CP Manuel Santiago Urueta Ayola.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su naturaleza
especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios […]»31.

31. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido como
el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en
su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita32, como regla general.

32. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo dos ámbitos o
facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido y
alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo dispuesto
en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la parte motiva
de la providencia33. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.

2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto

33. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones relevantes:

33.1. El demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida el
27 de mayo de 2022 por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá. En su escrito de 72
páginas expuso los argumentos resumidos en el acápite 1.3 de esta providencia. En
concreto, planteó 21 cargos contra la decisión de primer grado, en relación con las
consideraciones relativas al ajuste del 20%, así:

1 «Acuso a la Sentencia de falta de comprensión del thema petendi de la demanda» [sic].
«Acuso a la Sentencia de incurrir en error, al considerar que no son pasibles de comparación
los sujetos que se le ruegan sean comparados en el juicio de igualdad rogado al Despacho en
2
la demanda, al considerar que existen dos regímenes diferentes. Error que lo lleva a resolver
el presente caso con una norma derogada» [sic].
«La sentencia de Unificación del Honorable CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejera Ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ. Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de agosto de 2016 No. de
3
referencia: CE-SUJ2 85001333300220130006001 No. Interno: 3420-2015, no tiene vocación
de ser aplicada al caso que nos convoca, por tal razón, el Despacho yerra en dicha aplicación»
[sic].
«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que existe un régimen de transición laboral
4 para los soldados voluntarios y que debido a tal supuesto régimen el demandante no tiene
derecho a la diferencia del 20% de salario reclamada en la demanda» [sic].

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,

providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto
de 2002, radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial,
no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita”
que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando
se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se
acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”:
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de

noviembre de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

«Yerra el Despacho, en la sentencia, al considerar que dada la naturaleza jurídica que tiene la
diferencia del 20% para los soldados voluntarios, incorporados al nuevo régimen de carrera
del soldado profesional creado en el Decreto Ley 1793 de 2000, que se produjo de manera
5 generalizada a través de las Órdenes Administrativas de Personal números 1241 de 20 de
enero de 2001 y 1175 de 20 de octubre de 2003, por medio de las cuales el Ministerio de
Defensa dispuso la conversión obligatoria de todos los soldados voluntarios en soldados
profesionales, el demandante no puede acceder a dicha diferencia salarial» [sic].
«El Despacho, en su fallo, fundamentó la negación del restablecimiento de la igualdad en un
criterio objetivo ficticio, que no tiene capacidad de ser objetivo para justificar la desigualdad, y
6
además lo dio por probado sin estarlo, y a su vez, desconoce por contradicción el contenido
del precedente constitucional fijado en la Sentencia T-097 de 2006» [sic].
«Además de lo anterior, incurre en un error de hecho, pues da por probado sin estarlo, los
verdaderos criterios objetivos que justifican el trato diferente en materia salarial a la luz del
7
precedente constitucional, lo que configura su violación, Sentencia T-369/16, T-097 de 2006,
T545A de 2007, T-833 de 2012, entre otros» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la
8 C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«No conformó la proposición jurídica completa de las normas aplicables para resolver la litis,
pues omitió aplicar la Sentencia de Unificación de la H. Corte Constitucional, Sentencia SU-
9
519/97 que fue reiterada en la sentencia SU 547 de 1997. Pese a que hizo una mención de
su doctrina en la sentencia recurrida, nunca hubo un estudio profundo de tal situación» [sic].
«El Despacho con la sentencia apelada, desconoce la igualdad formal en la cual se encuentra
10 mi poderdante con relación a los soldados profesionales que antes fueron soldados
voluntarios» [sic].
«El Despacho pretermitió en la valoración de los medios de convicción que obran en el
11 expediente, y la aplicación de las instituciones jurídico probatorias vigentes con los cuales se
prueba la igualdad material, y a pesar de ello niega el derecho pedido» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94;
el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
12
T335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
«No existe una sola prueba, y tampoco existe probada una causal objetiva que justifique el
13 trato de desigualdad que recibe mi poderdante, y a pesar de ello, el Despacho negó el
reconocimiento del derecho pedido» [sic].
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad
14 demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].
«Acuso la sentencia de desconocer abiertamente el artículo 53 de la Constitución política,
específicamente los siguientes principios mínimos fundamentales: a.

Igualdad de
15 oportunidades para los trabajadores; b. remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; c. primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales» [sic].
«El Despacho tuvo por probado, sin estarlo, la existencia del pago proporcional al demandante
16
de un salario acorde a la cantidad y calidad de trabajo que aporta a la institución» [sic].
«la sentencia incurre en violación directa de la constitución, específicamente de los principios
de la función pública, concretamente en el desconocimiento de los principios generales de la
17
carrera administrativa- y de la carrera administrativa en las fuerzas militares para los soldados
profesionales, como el mérito y la igualdad de oportunidades» [sic].
«la sentencia no resolvió la excepción de inconstitucionalidad propuesta ni la excepción de
18
inconvencionalidad invocada» [sic].
«el Despacho no realizó ningún test de ponderación de derechos a pesar que dice haberlo
19
hecho» [sic].
«la sentencia incurre en un yerro al afirmar que de reconocerse la igualdad salarial se incurriría
20
en una violación al PRINCIPIO DE LA INESCENDIBILIDAD NORMATIVA» [sic].
«la excepción de inconstitucionalidad invocada si es procedente en el presente caso, así como
21
la excepción de inconvencionalidad propuesta» [sic].

33.2. Respecto de la motivación frente a la prima de actividad, el recurso de apelación
concretó en 8 cargos su desacuerdo frente a la sentencia de primer grado, así:

1
«los sujetos propuestos en el juicio de comparación si son pasibles de ser comparados, por
tal razón el despacho incurre en un error al afirmar lo contrario» [sic].
2
«acuso a la sentencia de incurrir en un yerro de tipo conceptual entre la naturaleza jurídica del
salario y la naturaleza jurídica de la prestación salarial» [sic].

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

3
«Desconoce que el demandante acredita las condiciones de hecho del supuesto hipotético de
la norma que contempla la prima de actividad para los oficiales y suboficiales» [sic].
«La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni
4 probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que
no tuvo en cuenta el Despacho […]» [sic].
«Entiende este apoderado, que el despacho asume en la sentencia El criterio de que las
funciones de los oficiales y suboficiales son diferentes a las que presta el soldado profesional,
5
y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la prima de actividad. Y soporta tal
justificación, en sendas sentencias judiciales. Bajo ese entendido, respetuosamente
disentimos del Despacho, pues en nuestro sentir, ello no es un criterio objetivo que justifique
la desigual» [sic].
«El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en
6 la C-022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga
argumentativa está inclinada en favor de la igualdad”» [sic].
«El Despacho desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T-230/94;
7
el precedente contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia
T-335/00, así como el precedente contenido en la Sentencia T-247 de 2010, el cual fija el
contenido del DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO PROBATORIO» [sic].
«El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN, a favor de mi poderdante, y en contra de la entidad
8 demandada quien debía probar que el trato desigual que ofrece a mi poderdante está basado
en un criterio objetivo y exento de violación del derecho fundamental de la igualdad en cabeza
del demandante» [sic].

33.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en la sentencia del 27 de abril de 2023, expuso el marco jurídico dentro del cual realizó
el estudio de los planteamientos del recurso de apelación, en el siguiente orden:

• «1. Problema jurídico».
• «2. Fundamento normativo y jurisprudencial».
• «2.1. Excepción de inconstitucionalidad y control de convencionalidad».
• «2.2. Principio de igualdad».
• «2.3. Reajuste de la asignación básica y demás prestaciones sociales del soldado
profesional con fundamento en el incremento del 60% establecido en el inciso 2 del
artículo 1° del Decreto 1794 de 2000».
• «2.4. Reconocimiento de la prima de actividad».
• «2.5. Principio de congruencia en la sentencia y actividad interpretativa del juez».
• «3. Fundamento fáctico».
• «4. Caso concreto».
• «5. Conclusión» [sic].

33.4. Acorde con lo anterior, resolvió el caso concreto con los argumentos resumidos
en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la corporación concluyó que no
resultaba procedente reconocer el reajuste salarial pretendido, en la medida en que
el demandante se vinculó directamente como soldado profesional durante la vigencia
del Decreto 1794 de 2000, sin haber ostentado previamente la condición de soldado
voluntario, razón por la cual no podía ser equiparado con quienes accedieron a la
profesionalización en virtud del régimen anterior ni invocar un juicio de igualdad frente
a situaciones fáctica y normativamente distintas.

33.5. Enconsecuencia, la diferenciación salarial prevista en la normativa vigente
obedecía a criterios objetivos y razonables, asociados a la protección de derechos
adquiridos y a la fecha y modalidad de vinculación, sin que se configurara vulneración
alguna del derecho fundamental a la igualdad. Así lo sostuvo:

«De esta manera, dicha subdivisión de los soldados profesionales no transgrede el
artículo 13 de la Constitución, y en esa medida, no es posible realizar un juicio de
igualdad entre los soldados voluntarios que luego fueron enlistados como

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

profesionales y los soldados profesionales que se vincularon por vez primera, en la
medida que el tratamiento igual solo puede predicarse entre iguales, y en este caso,
las situaciones a comparar no son fáctica y normativamente similares, máxime
cuando dicha diferencia obedece a la protección de la garantía constitucional de los
derechos adquiridos contemplada en el artículo 58 de la Constitución Política, en lo
que respecta a aquellos que venían de ser soldados voluntarios, por lo que se debe
conservar el monto del salario básico que percibían en vigencia de la Ley 131 de
1985.

En este orden de ideas, considera la Sala que al no evidenciarse un tertium
comparationis entre el demandante en su calidad de soldado profesional vinculado de
manera directa, y los soldados profesionales que al 31 de diciembre de 2000 se
encontraban como soldados voluntarios, no resultan de recibo los argumentos
planteados por el demandante en el recurso de apelación.

[…] razón por la cual habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en tanto
negó el reajuste de la asignación básica del demandante en un 20%» [sic].

33.6. Por otra parte, el Tribunal estableció que el demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la prima de actividad, puesto que el régimen salarial y prestacional
aplicable a los soldados profesionales se encontraba regulado de manera especial
por el Decreto 1794 de 2000, normativa que no estableció el emolumento a favor de
este personal.

33.7. En ese sentido, la inexistencia legal de la prima de actividad para los soldados
profesionales constituía una diferenciación válida, fundada en la libertad de
configuración normativa del legislador y en las particularidades funcionales,
formativas y jerárquicas propias de los distintos grados que han integrado las Fuerzas
Militares, sin que ello implicara una vulneración del derecho fundamental a la igualdad
ni habilitara la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad o el ejercicio del
control de convencionalidad. Al respecto consideró:

«Así las cosas, analizadas las normas invocadas por el demandante, la Sala estima
que no se evidencian los elementos señalados por la Corte Constitucional como
parámetros que permiten identificar un trato diferente injustificado a la luz de la
Constitución de 1991, de manera que el trato diferente establecido por la normativa
en cuestión (Decreto 1794 de 2000) no se traduce en una violación al derecho
fundamental a la igualdad que sea imposible prohijar, pues los oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares tienen distinto nivel de formación y sus funciones son
sustancialmente distintas a las de los soldados profesionales, lo cual implica que entre
éstos y aquéllos no pueda predicarse que se encuentren en igualdad de condiciones.

Lo anterior, teniendo en cuenta además que, el legislador goza de autonomía y
libertad de configuración legislativa para establecer qué componentes
constituyen factores para liquidar prestaciones y constitucionalmente nada
impide a éste expedir uno o varios ordenamientos de índole laboral, de suerte
que es posible que en dicha materia coexistan diferentes regímenes jurídicos
que regulen diversos aspectos de la relación laboral sin que por ello pueda
considerarse que por esa sola circunstancia se viole el principio de igualdad.

[…]

Asimismo, no debe perderse de vista que de conformidad con la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019 dentro del Radicado Nº 85001-33-33-002-2013-
00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-1934, las partidas computables para la asignación

34 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente:

William Hernández Gómez, 25 de abril de 2019, Radicación número: 85001-33-33-002-2013-00237-
01(1701-16)CE- SUJ2-015-19, Actor: Julio Cesar Benavides Borja, Demandado: CREMIL, Referencia:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

de retiro de los soldados profesionales son únicamente las que el legislador o el
gobierno en uso de sus facultades constitucionales o legales disponga de manera
expresa y aquellas enlistadas expresamente en el artículo 13.2 del Decreto 4433 de
2004, por lo que siguiendo la misma lógica, la Sala entiende que frente a temas
salariales y prestacionales de soldados profesionales, se les debe aplicar en su
integridad las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1794 de 2000 y/o
en aquellas normas que de manera expresa consagren beneficios en favor de éstos
y, dado que por disposición legal no son beneficiarios de la plurimencionada prima de
actividad, no hay lugar a acceder a las pretensiones del demandante» [sic].

33.8. En relación con las excepciones de convencionalidad y de inconstitucionalidad el
Tribunal consideró que no resultaban procedentes, por cuanto el inciso 1 del artículo
1 del Decreto 1794 de 2000 fue expedido por el gobierno nacional en ejercicio de
competencias constitucionales y legales expresas, gozaba de presunción de
legalidad y no evidenciaba una incompatibilidad manifiesta, directa e indiscutible con
la Constitución Política ni con los instrumentos internacionales de derechos humanos
que integran el bloque de constitucionalidad.

33.9. En ese sentido, la sola inconformidad del demandante con el contenido normativo
del decreto no habilitaba su inaplicación por vía de excepción, máxime cuando dicho
acto no ha sido anulado por la Jurisdicción Contencioso-administrativa y su aplicación
se encontraba respaldada por la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado,
la cual ha contado con carácter vinculante. Así lo sostuvo:

«[e]l inciso 1° del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000 […] fue proferido por el
Gobierno Nacional de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales (artículo
150 numeral 19 literales e) y f) de la Constitución Política y la Ley 4 de 1992), de ahí
que la entidad demandada se encontraba en la obligación de implementarlo y
acatarlo, de modo que si alguna inconformidad tenía el demandante respecto a este
acto del Gobierno Nacional, debió demandar oportunamente ese decreto […] motivo
por el cual sigue gozando de presunción de legalidad.

Por todo lo previamente expuesto, a juicio de esta Sala […] no resulta procedente
aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el inciso 1° del artículo 1°
del Decreto 1794 de 2000, por cuanto tiene fundamento legal y constitucional […] y
no se advierte una incompatibilidad visible e indiscutible con las normas
constitucionales señaladas por el demandante.

De igual manera, en cuanto al control de convencionalidad […] ello no supone que
sea procedente realizar un control de convencionalidad porque éste implica que la
Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana
sean supraconstitucionales, situación que es incompatible con la Constitución Política
y la jurisprudencia constitucional» [sic].

2.9. Análisis de la Sala

34. En el presente asunto, Francisco Javier Soler Fonseca invocó la causal prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida

Sentencia de Unificación - asignación de retiro soldados profesionales - naturaleza jurídica de la
asignación de retiro - régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales - partidas
computables que deben tenerse en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro de los soldados
• reglas para la inclusión del subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro de
los soldados profesionales - legitimación de CREMIL para decidir sobre el reajuste de la asignación de
retiro - forma de liquidar la asignación de retiro de los soldados profesionales - interpretación del
artículo 16 del decreto 4433 de 2004 - cómputo de la prima de antigüedad - porcentaje de liquidación
de la asignación de retiro de soldados profesionales - inaplicación de los incrementos previstos por el
decreto 991 de 2015».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en incongruencia externa al
confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones relacionadas
con el reconocimiento del reajuste salarial del 20% y de la prima de actividad. Lo
anterior, bajo el argumento de que el fallo de segunda instancia no resolvió de manera
expresa ni suficiente los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.

35. De las actuaciones desplegadas dentro del proceso originario se advierte que, en
el recurso de apelación, la parte demandante expresó su desacuerdo con la
motivación de la sentencia de primera instancia. Los cargos formulados, 21 relativos
al ajuste salarial y 8 frente a la prima de actividad, se centraron en cuestionar la
suficiencia de la motivación judicial, la aplicación del precedente constitucional sobre
igualdad y la valoración de la prueba, con fundamento en la presunta ausencia de
criterios objetivos que justificaran el trato diferenciado entre los soldados
profesionales y aquellos que inicialmente fueron soldados voluntarios.

36. Cabe agregar que el recurso de apelación se caracterizó por su amplitud y
densidad argumentativa, pues en un escrito de considerable extensión el apelante
formuló múltiples reproches dirigidos tanto a la motivación jurídica como a la
apreciación probatoria efectuada en la sentencia de primera instancia. No obstante,
tales cargos, aunque enunciados de manera individual, se estructuraron de forma
reiterativa alrededor de igual eje argumental, que consistía en la vulneración del
derecho a la igualdad derivada del trato diferenciado entre los soldados profesionales
que ingresaron directamente y aquellos que previamente ostentaron la condición de
soldados voluntarios.

37. En ese contexto, los cuestionamientos relacionados con el reajuste salarial del
20% y con la prima de actividad no introdujeron problemas jurídicos autónomos ni
novedosos, sino que reiteraron, desde distintas perspectivas, la inconformidad del
apelante con la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto 1794 de 2000
y con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado. Por ello, no era exigible
que el Tribunal emitiera una respuesta fragmentada o individualizada frente a cada
reproche, sino, como en efecto lo hizo, que identificara los problemas jurídicos
relevantes y los resolviera de manera integral y razonada, conforme con lo dispuesto
en el artículo 280 del CGP.

38. Una lectura detenida de las actuaciones permite deducir que no se configuró la
alegada incongruencia externa de la sentencia recurrida. Ciertamente, la providencia
sí sintetizó y abordó las inconformidades del apelante, tal y como lo ordena el artículo
280 del CGP, al indicar:

«Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las
disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de
las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones,
cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo
dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda
y su contestación» [se destaca].

39. En desarrollo de dicho deber, el Tribunal abordó el problema jurídico respecto de
la procedencia del reconocimiento del reajuste de la asignación básica pretendido por
el demandante y concluyó que este no tenía derecho a dicho incremento, al no
encontrarse en una situación fáctica ni jurídica equiparable a la de los soldados
voluntarios que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2000, fueron incorporados
como soldados profesionales. En consecuencia, determinó que el acto administrativo
demandado se ajustaba al ordenamiento jurídico y que no se desvirtuó su presunción
de legalidad.

40. En relación con el reconocimiento de la prima de actividad, el Tribunal explicó que
este concepto no se encontraba previsto dentro del régimen salarial y prestacional
aplicable a los soldados profesionales, sino que había sido establecido para otros
estamentos de las Fuerzas Militares, con base en criterios objetivos relacionados con
la estructura jerárquica, los niveles de formación, las funciones desempeñadas y las
responsabilidades asignadas. Así entonces, la diferencia de trato no resultó
discriminatoria ni contraria al principio de igualdad.

41. Asimismo, el Tribunal se pronunció sobre las excepciones de inconstitucionalidad
y de convencionalidad propuestas por la parte demandante, al considerar que el
inciso 1 del artículo 1 del Decreto 1794 de 2000 no evidenciaba incompatibilidad
alguna con la Constitución Política ni con los instrumentos internacionales de
derechos humanos invocados. Para tal efecto, precisó que la situación del actor no
era asimilable a la de los soldados voluntarios que pasaron a ser profesionales, lo
cual impedía efectuar un juicio de igualdad entre ambos grupos.

42. En ese sentido, sostuvo que la diferenciación normativa cuestionada se
encontraba amparada por la libertad de configuración normativa del legislador y se
justificaba constitucionalmente en la protección de los derechos adquiridos de
quienes se encontraban vinculados bajo el régimen anterior, sin que se acreditara
vulneración del derecho fundamental a la igualdad ni desconocimiento de estándares
convencionales.

43. Con fundamento en lo anterior y en la jurisprudencia de unificación del Consejo de
Estado, el Tribunal reiteró que el incremento salarial pretendido únicamente resultaba
aplicable a los soldados voluntarios que fueron homologados como profesionales, en
atención a los derechos adquiridos reconocidos bajo la Ley 131 de 1985, y no a
quienes se vincularon directamente como soldados profesionales durante la vigencia
del Decreto 1794 de 2000, cuya situación jurídica se encontraba regulada por el inciso
1 del artículo 1 de este decreto.

44. Respecto del argumento según el cual la sentencia omitió pronunciarse sobre la
solicitud de que se declarara que el actor desempeñó iguales funciones que un
soldado profesional que antes fue voluntario, la Sala observa que dicha solicitud no
constituía una pretensión autónoma, sino un argumento instrumental dirigido a
sustentar la alegada vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, la ausencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

una declaración específica al respecto no comporta un desconocimiento del principio
de congruencia.

45. Asimismo, frente al reproche relativo a la falta de referencia expresa a
determinados hechos (numerales 8 a 24 de la demanda), tal circunstancia no
implicaba su exclusión del análisis, pues el juez cuenta con autonomía para
seleccionar los elementos fácticos y jurídicos relevantes que sustentan la decisión,
dentro del marco del principio de independencia judicial.

46. En ese orden de ideas, la providencia recurrida no incurrió en incongruencia
externa, toda vez que examinó los reparos planteados por el apelante, aun cuando
su conclusión no coincidiera con las expectativas de este. El desacuerdo del
recurrente recae sobre la interpretación jurídica y la valoración probatoria del Tribunal,
mas no sobre la falta de correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, tal y como lo
expuso en su pretensión subsidiaria. De esta manera, no puede confundirse la
disconformidad del recurrente con la ausencia de pronunciamiento, pues el Tribunal
sí abordó los cuestionamientos planteados, aunque su interpretación jurídica no
coincidiera con la del apelante.

47. Tampoco se advierte incongruencia interna, pues existe coherencia entre los
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la parte motiva y lo decidido en la
parte resolutiva, la cual reiteró de manera consistente la negativa de las pretensiones
relacionadas con el reajuste salarial y la prima de actividad.

48. En consecuencia, no se configuró la nulidad invocada. En estricto sentido, las
alegaciones del recurrente pretenden someter a revisión la suficiencia, lógica y
corrección de la motivación judicial, lo cual equivale a un control de validez
argumentativa o de apreciación probatoria, impropio del recurso extraordinario de
revisión, en la medida en que excede su ámbito de control y corresponde al examen
de fondo reservado a las instancias ordinarias.

49. Como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado 35,
el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia ni un
mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un instrumento
excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a situaciones
específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías esenciales, en
los precisos términos del artículo 250 del CPACA.

50. Si se admitiera que este recurso sirve para controvertir la interpretación del juez o
la calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.

51. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, pues no se acreditó la incongruencia alegada respecto de la
sentencia proferida el 27 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de

35 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-03-
15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020,
radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Por el contrario, se verificó que el
ad quem resolvió los cuestionamientos expuestos en la apelación y mantuvo
coherencia entre la parte motiva y resolutiva de su decisión.

52. En síntesis, la sentencia del Tribunal observó el principio de congruencia, cumplió
con el deber de motivación previsto en el artículo 280 del CGP y resolvió de manera
integral los aspectos jurídicos debatidos, incluidos aquellos referidos a la eventual
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y de convencionalidad. En
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión no prospera.

2.10. Costas

53. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de conformidad
con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que actuase con temeridad
o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal.

3. Conclusión

54. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 27 de abril
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA, puesto que la sentencia no está afectada por falta de congruencia. En virtud
de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Francisco Javier Soler Fonseca en contra de la sentencia proferida el 27 de abril de
2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 1001-33-35-028-
2020-00162-00[01].

Segundo: No condenar en costas.

Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos Samai
y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de
origen.

Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00353-00 (5064-2023)
Demandante: Francisco Javier Soler Fonseca

ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.