Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00397-00
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00397-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00397-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00397-00 (5444-2023)
Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
I. ASUNTO
1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por Carlos Alfredo Rojas González1
en contra de la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 50001-33-33-005-2015-00262-01.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
2. La demanda. Con la demanda se solicitó: i) declarar la nulidad de la Resolución
nro. 05477 del 7 de noviembre de 2014, por medio de la cual el director de la
Aeronáutica Civil declaró insubsistente el nombramiento que el demandante
ostentaba en el cargo de inspector de seguridad área, grado 29 de la Dirección
Regional Aeronáutica Civil del Meta; y ii) el reintegro al aludido empleo, junto con el
reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.
3. Hechos. Mediante el acto administrativo enjuiciado, el director general de la
Aeronáutica Civil declaró insubsistente el nombramiento del señor Carlos Alfredo
Rojas González en el cargo de inspector de seguridad área, grado 29 de la Dirección
Regional Aeronáutica Civil del Meta.
4. La anterior decisión se adoptó sin tener en cuenta el excelente desempeño
funcional del actor en el ejercicio del cargo, que no tuvo llamados de atención y que
las labores realizadas no correspondían a dirección, manejo o confianza del
nominador.
5. Por ello, consideró que en el cargo era en provisionalidad y no bajo la figura de
libre nombramiento y remoción, razón por la que en el acto de desvinculación
debieron quedar consignadas las razones que sirvieron de base para tal decisión.
1 El escrito de revisión se remitió al correo electrónico de la secretaría de esta sección el 14 de agosto de 2023,
según lo evidencia el documento denominado «006ED_RV_Recursoextraord.pdf» contentivo del expediente
digital el cual puede ser descargado en la opción de «GESTIONAR DOCUMENTOS» de la plataforma SAMAI.
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Recurrente: Carlos Alfredo Rojas González
6. Sentencia de primera instancia2. Mediante sentencia de 18 de junio de 2018,
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio negó las
pretensiones de la demanda.
7. Con tales fines y después de referenciar brevemente las pruebas incorporadas a
la actuación, concluyó que el cargo desempeñado por el demandante correspondía
a uno de libre nombramiento y remoción y no de provisionalidad, razón por la que
no era obligatorio que en el acto administrativo de desvinculación se consignaran
los motivos que la determinaron.
8. Recurso de apelación3. Inconforme con la anterior decisión, el abogado de la
parte demandante la recurrió en apelación, arguyendo, en esencia, que las
funciones desempeñadas por el señor Carlos Rojas no eran de dirección,
ordenación y no requerían la confianza del ordenador, sino que fueron actividades
estrictamente técnicas y administrativas, lo que descarta el nombramiento de libre
nombramiento y remoción. Indicó que esa misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en la sentencia C-720 de 2015.
9. Sentencia objeto de revisión4. En sentencia de 4 de agosto de 2022, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la decisión de primera instancia.
10. Para ello, y después de referenciar el marco normativo y jurisprudencial de los
cargos de libre nombramiento y remoción, así como los hechos probados en la
actuación, concluyó que:
11. A partir de la firmeza de la sentencia C-720 de 2015 es que el cargo de inspector
de seguridad área dejó de ser de libre nombramiento y remoción y se convirtió en
otro más de carrera administrativa. No obstante, comoquiera que el fallo solo
produjo efectos ex nunc, no es aplicable al caso del demandante, pues el acto
administrativo de retiro fue proferido en el año 2014.
12. De ahí que, en sentencia del Consejo de Estado -aportada por el demandante
en el curso de la segunda instancia-, se dijo que como no se estableció orden alguna
acerca de los efectos en el tiempo de la antedicha providencia, se debía aplicar el
artículo 45 de la Ley 270 de 1996.
13. En ese entendido, la entidad demandada no tenía la obligación de motivar el
acto administrativo que declaró la insubsistencia de un cargo de libre nombramiento
y remoción.
2 Folios 3 a 11 del documento denominado «ED_01pruebascompila(.pdf) NroActua 2», visible en el índice 2 de
la plataforma SAMAI.
3 Folios 260 a 302 del documento denominado «019recibememorialesporcorreoelectronico_03cuaderno2.pdf»
contentivo del expediente digital el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la
plataforma SAMAI.
4 Folios 12 a 36 del documento denominado «ED_01pruebascompila(.pdf) NroActua 2», visible en el índice 2
de la plataforma SAMAI.
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Recurrente: Carlos Alfredo Rojas González
14. Finalmente, sostuvo que el hecho de no dejar constancia sobre los motivos en
la hoja de vida del accionante, no afectaba la legalidad del acto administrativo.
15. Del recurso extraordinario de revisión5. Para el recurrente, la sentencia de
segunda instancia arriba referenciada incurrió en la causal de revisión contenida en
el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 20116.
16. Fundamentos. Consideró que se presentaron tres (3) memoriales, entre ellos
una solicitud probatoria -consistente en el decreto y recaudo de tres [3] providencias
judiciales- dentro del término de ejecutoria del auto que admitió el recurso de
apelación y el tribunal no emitió pronunciamiento alguno.
17. Estos fallos eran determinantes para demostrar que el operador judicial
desconoció que el cargo ocupado por el señor Carlos Rojas González no era de
libre nombramiento y remoción, por lo que era una exigencia su motivación; y que
no se corrió traslado para alegar de conclusión.
18. Pretensiones. Con sustento en lo expresado, se solicitó anular la sentencia
impugnada; devolver el proceso al Tribunal Administrativo del Meta para que
decrete y practique las pruebas oportunamente solicitadas y, en consecuencia,
emita una nueva decisión teniendo en cuenta el precedente vertical y horizontal de
obligatorio cumplimiento.
19. La Aeronáutica Civil guardó silencio.
20. La intervención del procurador delegado7. El agente del Ministerio Público
delegado ante esta corporación solicitó que se declarara infundado el recurso,
porque no existe un precedente jurisprudencial respecto de las sentencias
aportadas al procedo ordinario. Adicionalmente, adujo que la omisión de no correr
traslado para alegar de conclusión no invalida la sentencia impugnada.
III. CONSIDERACIONES
21. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
corporación.
22. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
5 Ejusdem., documento denominado «ED_0recursoextraordi(.pdf) NroActua 2».
6 El citado dispositivo dice a la letra: «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»
7 Índice 13 de la plataforma SAMAI.
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Recurrente: Carlos Alfredo Rojas González
23. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 4 de agosto de
2022 y los correos electrónicos de notificación fueron enviados el día 9 del mismo
mes.
24. Así las cosas, debe tenerse presente que los artículos 203 y 205 del CPACA,
este último con la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, establecen que
las sentencias entienden notificadas con la constancia de su recibo generada por el
sistema de información y, además que«[l]a notificación de la providencia se
entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación.»
25. Por consiguiente, se concluye que la notificación de esa providencia tuvo lugar
el 11 de agosto de ese año8. Así entonces, como el recurso fue presentado a través
del correo electrónico de la secretaría de esta sección el 14 de agosto de 20239,
esto es, dentro del año siguiente a su ejecutoria10, se concluye que su radicación se
cumplió dentro de los términos de ley.
26. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso, corresponde a
la Sala determinar sí ¿La sentencia impugnada incurrió en la causal 5 de revisión
contenida en el artículo 250 del CPACA y, por tanto, amerita ser anulada?
27. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso
extraordinario de revisión y; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA.
28. Normas y jurisprudencia aplicables.
29. La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
30. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
8 Sobre el particular, se recuerda que en sentencia C-420 de 2020, la Corte Constitucional resolvió «[d]eclarar
EXEQUIBLE de manera condicionada el inciso 3 del artículo 8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto
Legislativo 806 de 2020, en el entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al
mensaje.» (El énfasis es de la Sala)
9 Los tres (3) días de ejecutoria que habla el artículo 302 del Código General del Proceso vencían el 12 de
agosto de 2022, por lo que el actor inicialmente tenía hasta el 12 de agosto de 2023 para presentar el recurso;
sin embargo, como ese día era sábado, se extendía hasta el primer día hábil siguiente, es decir, hasta el 14 de
agosto de 2023.
10 Con tales fines se debe considerar que contra la sentencia de segunda instancia procedían las solicitudes de
aclaración y/o adición que podían ser presentadas dentro de los tres días siguientes, esto es, hasta el 16 de
agosto de 2022.
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sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta corporación-.
31. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,11 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante
la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».12
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina13
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.14
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
11 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
13 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
14 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor
derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir
alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo
violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base
en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
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no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».15
32. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
33. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.16 En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez17 o para corregir errores «in iudicando»18, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados19-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
de una persona con mejor derecho20-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,21- o
deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación22-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
15 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-
000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
17 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
18 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
19 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
20 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
21 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
22 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
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48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios
de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho
de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si
se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».23
34. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
35. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
36. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.24
23 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia de 27
de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen
y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia
de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento,
ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y
debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de
revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)».
24 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
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37. Por su parte, en la segunda teoría se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial.25 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:26
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia27 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201828 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
25 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
26 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV
2014-00440-00.
28 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
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finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional29 y que se configuren en la sentencia».
38. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
39. Pues bien, conforme con lo analizado, se resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
40. Caso concreto - interrogante único: ¿La sentencia impugnada incurrió en la
causal 5 de revisión contenida en el artículo 250 del CPACA y, por tanto, amerita
ser anulada?
41. El recurso extraordinario se centró en señalar que la sentencia recurrida no tuvo
en cuenta la solicitud probatoria presentada dentro del término de ejecutoria del auto
que admitió el recurso de apelación, así como también omitió correr traslado para
alegar de conclusión.
42. Entonces, para determinar si el presente medio extraordinario tiene vocación de
prosperidad, la Sala tendrá en cuenta lo siguiente:
43. Mediante sentencia del 18 de junio de 201830, el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito Judicial de Villavicencio, negó las pretensiones de la demanda
interpuesta por el señor Carlos Alfredo Rojas González.
44. A través del auto del 8 de noviembre de 202131, se admitió el recurso de
apelación presentado por el demandante. En esta providencia se plasmaron las
siguientes consideraciones:
«Una vez quede en firme la presente providencia, y en caso de que no se formulen
dentro del término de ejecutoria solicitud de pruebas o cualquier otra que deba
ser resuelta previo a la etapa de alegatos de conclusión, se prescindirá de la
audiencia señalada en el numeral 4, artículo 247 del C.P.A.C.A., y en su lugar,
córrase traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que se
presenten sus alegatos de conclusión… (El énfasis es nuestro)
29 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
30 Folios 3 a 11 del documento denominado «ED_01pruebascompila(.pdf) NroActua 2», visible en el índice 2 de
la plataforma SAMAI.
31 Folios 69 a 70 del documento denominado
«020recibememorialesporcorreoelectronico_04cuadernosegundains» contentivo del expediente digital el cual
puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la plataforma SAMAI.
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Se recuerda a los sujetos procesales… que la correspondencia con destino a este
proceso deberá enviarse simultáneamente a los demás sujetos procesales, en un
mismo mensaje… al correo electrónico sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, en un
solo archivo adjunto en formato PDF…»
45. Examinado el pantallazo aportado por el señor Rojas González en el recurso de
revisión, advierte la Sala que el día 11 de noviembre de 2021 el apoderado del
demandante envió un PDF denominado «Memorial – Solicitud Pruebas» al correo
antes referenciado, junto con la siguiente leyenda:
«Referencia: Medio de control, Nulidad y restablecimiento del derecho
Demandante: Carlos Alfredo Rojas González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
Exp.: 500013333005-2015-00262-01
Asunto: Solicitud de Pruebas en el Término de Ejecutoria – Auto admisorio del
recurso de apelación fechado en noviembre 8 de 2021, notificado por estado No.
186 el 9 de noviembre del citado.
Respetuosamente, GUILLERMO LEÓN RAMÍREZ RODRÍGUEZ, de condiciones
civiles y profesionales conocidas en autos, obrando en calidad de apoderado de la
parte demandante en el proceso de la referencia, hago solicitud de pruebas con
fundamento en el artículo 212 del C.P.A.C.A., que contempla las oportunidades
probatorias en segunda instancia, comedidamente solicito:
Oficiar al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta, con el propósito de enviar a su despacho copia de la sentencia de
impugnación de tutela y la notificación con la correspondiente ejecutoria, con
radicado No. 11001-03-15-000-2019-04478-01, proferida por la autoridad mentada
el 22 de abril de 2020, C.P. Doctor Julio Roberto Piza Rodríguez. Actor: Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Demandado: Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”.
[…]
Oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F, M.P. Doctora Patricia Salamanca Gallo, para que envíe a su
despacho copia de la sentencia del 18 de agosto de 2021, radicado No.
110013335010201500551-01, incluida la constancia de notificación y ejecutoria,
decisión proferida en segunda instancia. Demandante: Jorge Luis Reyes Quintero.
Demandada: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.
[…]
Las anteriores providencias, se citan de acuerdo a su enorme trascendencia para él
caso concreto, pues se tratan de precedentes judiciales verticales que corresponden
a situaciones jurídicas análogas a la del aquí demandante, Carlos Alfredo Rojas
González.
[…]
Oficiar al Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Segunda – Subsección “A”, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, con el
propósito de remitir copia de la sentencia calendada el 8 de abril de 2021 en el
proceso de nulidad con radicación No. 11001032500020150046900 (1144-15).
Demandante: Jairo Benjamín Villegas Arbeláez. Demandado: Nación – Ministerio de
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Hacienda y Crédito Público – Departamento Administrativo de la Función Pública –
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL.
La sentencia mentada es de suma importancia teniendo en cuenta que declara la
nulidad de la expresión “libre nombramiento y remoción” contenida en el artículo 1º
del Decreto 4353 de 25 de noviembre de 2005, expedido por el presidente de la
República, norma que sirvió de fundamento para la declaratoria de insubsistencia
del aquí demandante y por lo tanto, puede inferir en la decisión del recurso de
apelación…»
46. La anterior solicitud no aparece consignada en el expediente ni en las
actuaciones de la sede electrónica de lo contencioso administrativo de Colombia
(SAMAI).
47. En ese contexto, para la Subsección, el hecho de que la solicitud probatoria no
se halle dentro del expediente ni en las actuaciones de SAMAI, no puede significar
que la misma no fue presentada, pues de ser así, se estaría poniendo en primer
plano lo formal antes que lo sustancial, lo cual no se compagina con el objeto y
principio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y mucho menos con los
lineamientos del artículo 228 de la Constitución Política.
48. No obstante, ante la eventual configuración de una nulidad procesal, esta
corporación ha pregonado que la infracción debe ser de una magnitud determinante
en la decisión final32, al punto que, de no haberse presentado, aquella hubiese sido
distinta, situación que no ocurre en el caso sub examine, como pasa a explicarse.
49. En el presente asunto, la solicitud probatoria de la parte recurrente estaba
encaminada al decreto y recaudo de 3 providencias judiciales, las cuales no son
medios de prueba tal como lo ha dicho esta corporación en múltiples providencias33.
50. En suma, 2 de las tres 3 providencias tienen efectos inter partes y no erga
omnes, razón por la que el Tribunal Administrativo del Meta no estaba en la
obligación de aplicar tales fallos34.
51. Y, por último, la sentencia proferida por esta corporación el 8 de abril de 2021,
en el marco de un proceso de simple nulidad adelantado por el señor Jairo Benjamín
Villegas Arbeláez, tuvo efectos ex nunc, por lo que no cobijaba la situación
consolidada del demandante, pues su retiro había ocurrido en el año 2014.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, C.P: María
Adriana Marín, providencia del 26 de octubre de 2020 emitida dentro de los expedientes con radicados 11001-
03-15-000-2016-02271-00 y 11001-03-15-000-2016-02306-00.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Auto del 15 de noviembre de
2013 expedido dentro del proceso identificado con el radicado 15001-23-31-000-2010-00933-02.
34 Estos fallos son los siguientes: i) la providencia emitida del 1.° de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por el señor
Freddy Santamaría Hernández contra la UAE Aeronáutica Civil, y ii) la sentencia del 22 de abril de 2020,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de una acción de tutela instaurada por la
Aeronáutica Civil contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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52. De hecho, este fallo sí fue analizado por el Tribunal Administrativo del Meta en
la providencia revisada, tanto es así que en sus consideraciones quedó plasmado
lo siguiente:
«[…] en sentencia del CONSEJO DE ESTADO que fue aportada por el demandante,
en 2ª instancia […] no solo se dijo… sino que en la misma, al declarar la nulidad de
la expresión «libre nombramiento y remoción» contenida en el artículo 1° del Decreto
4353 de 25 de noviembre de 2005, que con base en el Decreto Ley 790 de 2005,
había clasificado al nivel de «inspector de seguridad área» como de libre
nombramiento y remoción, dispuso que los efectos de la sentencia de nulidad
operarían hacía el futuro “… en aras del principio de la seguridad jurídica frente a
las situaciones que se consolidaron al amparo de la expresión «libre nombramiento
y remoción»[…]»
53. Así las cosas y de conformidad con lo explicado en precedencia, considera la
Sala que el reparo alegado por el recurrente no tiene la determinación suficiente
para variar la decisión inicial.
54. Por otro lado, se advierte que, contrario a lo afirmado por el recurrente, el
tribunal sí corrió traslado para alegar de conclusión. En efecto, en el auto que
admitió la alzada se dejó consignada esa orden para el caso en el que, dentro de la
oportunidad de ley, las partes no peticionaran la práctica de pruebas.
55. En ese sentido, y dado que el tribunal desconocía la solicitud probatoria de la
parte actora, es claro que el aludido traslado si tuvo lugar. En todo caso, la posible
omisión en esa materia tampoco permite anular la sentencia impugnada, pues se
recuerda que tal escrito, además de ser facultativo y no imperativo, se ha entendido
como «[…] la oportunidad para expresarle al juez, cuál debe ser, en sentir de las
partes, la conclusión a la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de
hecho, de derecho, y el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del
proceso traer nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas»35.
56. Así las cosas, y en atención a que los cargos no formularon, la Sala declarará
infundado el aludido recurso extraordinario.
57. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
58. Ante la falta de regulación expresa sobre la materia, se hace necesario acudir
al Código General del Proceso, disposición que en su artículo 365 estableció las
reglas para imponer condena en costas, así:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de
24 de enero de 2024, expediente nro. 05001-23-31-000-2010-00494-02.
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1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…].
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.»
59. En este contexto, y aunque el recurso extraordinario se declarará infundado, no
es procedente la imposición de condenas por este concepto, en razón a que la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil no intervino en este trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR infundado el Recurso Extraordinario de Revisión formulado
por el señor Carlos Alfredo Rojas González en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 4 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Meta,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
50001-33-33-005-2015-00262-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al recurrente, conforme a lo indicado en
esta providencia.
TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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