Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00413-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00413-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00413-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Luisa Agripina Polo de Candanoza
Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de
2003.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 18 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión2, por medio de la cual se confirmó parcialmente la decisión del 23 de
febrero de 2015 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de
Villavicencio que negó las pretensiones de la demanda presentada por la Caja
Nacional de previsión social EICE3 y accedió a las pretensiones de la demanda de
reconvención.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1 En adelante Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 50001-33-33-005-2012-00178-01;
actor: Cajanal EICE en liquidación, demandado: Enrique Alfonso Candanoza Polo.
3 En adelante Cajanal EICE.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2023)
Demandante: UGPP
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 18 de agosto de
2022 por el Tribunal Administrativo del Meta que confirmó parcialmente la decisión
del 23 de febrero de 2015 emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Villavicencio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 50001-33-33-005-2012-00178-00 [01], que accedió a las
pretensiones de la demanda de reconvención presentada por la demandada y, en
consecuencia, declaró: i) la nulidad parcial de la Resolución PAP 57077 del 10 de
junio de 2011, en cuanto negó tácitamente el reconocimiento de la mesada 14; y ii)
a título de restablecimiento del derecho, la condenó al reconocimiento y pago de la
mesada 14 a partir del 31 de diciembre de 2010, fecha del retiro del servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) revocar parcialmente la sentencia que
ordenó el pago de la mesada 14, toda vez que ese factor ya estaba incluido en la
prestación devengada por Luisa Agripina Polo de Candanoza, desde el retiro
definitivo del causante y ii) el reintegro de todos los montos pagados en virtud del
fallo de segunda instancia.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. Enrique Alfonso Candanoza Polo nació el 2 de mayo de 1947, adquirió el estatus
pensional el 2 de mayo de 2002, con fundamento en la prestación del servicio así:
Entidad Desde Hasta Días
Secretaría de desarrollo de la salud [Magdalena] 01/08/1977 01/08/1978 361
Secretaría de desarrollo de la salud [Magdalena] 04/05/1979 31/05/1982 1.108
Secretaría de desarrollo de la salud [Magdalena] 01/06/1982 23/10/1994 4.463
Secretaría de desarrollo de la salud [Magdalena] 24/10/1984 18/07/2000 5.665
ESE de Villavicencio 20/12/2003 31/12/2010 2.532
Tiempo total 14.219
3.2. El último cargo desempeñado fue como Supernumerario en Villavicencio [Meta].
3.3. Mediante la Resolución 057077 del 10 de junio de 2011, la entonces Cajanal
EICE reconoció una pensión vejez, en los términos de la Ley 100 de 1993, efectiva
a partir del 1° de julio de 2009, con el 75% de lo devengado entre el 20 de noviembre
4 Para mayor comprensión los supuestos fácticos del recurso se relatarán de acuerdo con los
elementos probatorios allegados a este proceso.
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Demandante: UGPP
de 1997 y el 30 de junio de 2009, con inclusión de la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad.
3.4. El 25 de agosto de 2017, falleció, por lo tanto, la cónyuge sobreviviente, Luisa
Agripina Polo de Candanoza solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional .
La Ugpp negó la petición, mediante la Resolución RDP 025053 del 28 de junio de
2018; sin embargo, a través de la Resolución RDP 034537 del 23 de agosto de 2018
la entidad revocó la anterior decisión y ordenó el reconocimiento de la prestación a
partir del 26 de agosto de 2017, con el 100% del valor reconocido al causante.
3.5. La Ugpp demandó la nulidad y el restablecimiento del derecho en contra del acto
de reconocimiento, al considerar que «la administración tuvo en cuenta determinados
tiempos de servicio que no debió incluir en la liquidación de la pensión del señor ENRIQUE
ALFONSO CANDANOZA POLO, siendo que el accionado presenta demanda de
reconvención, alegando una indebida liquidación de la prestación».
3.6. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio en sentencia del
23 de febrero de 2015, negó las pretensiones de la demanda principal y accedió a
lo solicitado en la demanda de reconvención, porque el causante alcanzó el estatus
pensional antes del 26 de julio de 2005, «fecha de la entrada en vigencia del Acto
Administrativo 01 de 2005, que eliminó la mesada catorce en todos los regímenes
pensionales, manteniéndola, por regla general, sólo para quienes hubieran consolidado su
derecho pensional antes de la entrada en vigencia de esa reforma constitucional y que por
lo tanto era claro que le asistía el derecho reclamado», en ese sentido declaró la nulidad
parcial de la Resolución PAP 57077 del 10 de junio de 2011, en cuanto se equivocó
en la determinación del IBL y condenó a la Ugpp a reliquidar la pensión de jubilación
con el 75% de todo lo devengado el último año servicio [2010] y al reconocimiento
de la mesada 14 a partir del 31 de diciembre de 2010 [fecha del retiro del servicio].
3.7. La anterior decisión fue objeto de recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión mediante sentencia del 18 de
agosto de 2022, con la que modificó los numerales segundo y tercero del fallo, al
considerar que al causante le asistía el derecho a devengar la pensión en los
términos previstos en la Ley 100 de 1993, con inclusión de los factores salariales
enlistados en el Decreto 1158 de 1994 y la mesada 14.
3.8. La Ugpp, en cumplimiento de la sentencia proferida en la segunda instancia,
reconoció la mesada 14 a partir del 1° de enero de 2011 [fecha de retiro del servicio],
con efectos fiscales desde el 26 de agosto de 2017 [día siguiente al fallecimiento
del causante], a favor de Luisa Agripina Polo de Candanoza.
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Demandante: UGPP
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En sentencia del 18 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala
de Decisión modificó parcialmente el numeral segundo y revocó parcialmente el
numeral tercero de la decisión emitida el 23 de febrero de 2015 por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio en el sentido de declarar la
nulidad parcial de la Resolución PAP 57077 del 10 de junio de 2011, en cuanto negó
tácitamente el reconocimiento de la mesada 14, y ordenó su reconocimiento y pago
a partir del 31 de diciembre de 2010, fecha del retiro del servicio, y en lo demás la
confirmó. Para tal efecto, observó lo siguiente5:
4.1. En primer lugar, «[e]s un hecho demostrado que la Entidad demandante no aplicó la
normativa especial que cobijaba al demandado, que era la Ley 84 de 1948, no obstante, la
Jueza de 1ª instancia, quien pese a que consideró que el demanda[do] era beneficiario de
dicha Ley, terminó por aplicarle los requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985, porque
estableció que el accionado solo adquirió el [e]status pensional cuando cumplió los 55 años
de edad, siendo que la Ley 84 de 1948, no contempló ningún requisito de edad, y como
quiera que el demandado no cuestionó ese aspecto de la sentencia, la Sala no puede
declarar la nulidad del acto acusado en lo que se refiere a la fecha de efectividad de la
prestación, porque el error en que incurrió la Entidad finalmente fue convalidado por el
demandado ante su silencio frente a la decisión que sobre el particular se adoptó» [sic].
4.2. En cuanto al IBL, la Ugpp tuvo en cuenta los factores de asignación básica, prima
de antigüedad y bonificación por servicios prestados y, para el reconocimiento
pensional, en la primera instancia fueron incluidos en la liquidación: la bonificación
por recreación, las primas de navidad, servicios y vacaciones, sobresueldo y
vacaciones.
4.3. En segundo lugar, el Hospital San Cristóbal Ciénaga y la Empresa Social del
Estado de Villavicencio certificaron que durante los últimos 3 años y 10 meses de
servicio [2007-2010], los factores cotizados por el causante fueron la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados. Sin embargo, a pesar de que la
bonificación por servicios prestados está enlistada en el Decreto 1158 de 1994, no
puede incluirse en la liquidación de la prestación, toda vez que «laboró para una
Entidad del orden territorial y dicho factor según el artículo 45, del Decreto 1042 de 1978,
se consagró para los funcionarios a los que se refiere el artículo 1°, esto es, del orden
nacional. El Decreto 1919 de 2002, en su artículo 1°, extendió a los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva del nivel territorial el régimen prestacional de los empleados públicos de
esa Rama del orden nacional, sin embargo, conforme al artículo 59, del Decreto 1042, la
Bonificación por Servicios Prestados es un factor de salario» [sic].
5 Samai, índice 3, actuación denominada: 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
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Demandante: UGPP
4.4. En consecuencia, el causante tenía derecho a la reliquidación de la pensión con
el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 3 años y 10 meses de
servicios, con inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, esto
es con la asignación básica.
4.5. No obstante, la entidad promedió los salarios devengados por encima de los
últimos 10 años laborados, en lugar de tener en cuenta el tiempo que le hacía falta
entre la entrada en vigor de la Ley 100 [30 de junio de 1995] y la adquisición del
estatus pensional, de manera que resultaba más favorable para el demandado
[quien presentó la demanda de reconvención, con el fin de que le fueran
reconocidos los factores devengados durante el último año de servicio] continuar
percibiendo la pensión en las condiciones inicialmente establecidas, porque «de un
lado, se haría más desfavorable la situación inicial de la parte demandada, quien formuló
demanda de reconvención con el fin de que se incluyeran los factores salariales adicionales
que fueron devengados durante su último año de servicio, porque para la fecha de su
presentación la línea jurisprudencial vigente le permitía acceder a ello; y de otro, porque la
entidad, aunque demandó el acto de reconocimiento pensional, solo lo hizo para que se
excluyeran unos tiempos de servicios, pero en ningún momento puso en duda sobre los
factores salariales computados ni el tiempo del IBL, siquiera formuló una solicitud en tal
sentido, pues siempre consideró que su proceder en ese sentido se ajustaba a derecho».
1.2. La causal de revisión invocada
5. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
5.1. La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, en
tanto que el reconocimiento pensional fue ordenado con inclusión de la mesada 14,
«siendo que la misma estaba siendo pagada lo cual no es conforme a derecho, y genera
una abierta violación a las normas y jurisprudencia que regulan la materia […] Ahora bien,
para el caso de estudio, y en materia de la irregularidad del fallo objeto de revisión, se tiene
que el mismo se aparta de lo normado en el ordenamiento jurídico, en el entendido que se
generaron dobles pagos por la misma prestación causada […], pues al ordenar en la parte
resolutiva del fallo, el reconocimiento y pago de la mesada 14 que estaba siendo pagada,
afecta de manera significativa el principio de sostenibilidad financiera del sistema de
Seguridad Social, pues las mesadas han sido canceladas de manera ininterrumpida» [sic].
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
6. Luisa Agripina Polo de Candanoza no contestó la demanda7.
6 Samai, índice 3, actuación denominada: 1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
7 Según el auto proferido el 7 de noviembre de 2024, obrante en Samai, índice 7; actuación
denominada: 20Autoquedecret_55512023Abreapruebas(.pdf) NroActua 17.
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Demandante: UGPP
1.4. Concepto del Ministerio Público
7. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.
9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
11. Enel sub judice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión el 18 de agosto de 2022, fue notificada
personal el 23 de agosto de 2022, en los términos previstos en el artículo 205 del
CPACA, y aunque no fue allegada la constancia de ejecutoria, lo cierto es que fue
enviada al juzgado de origen el 9 de febrero de 202310.
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Samai, índice 3, actuación denominada: 2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 3.
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12. Asílas cosas, comoquiera que la acción de revisión se presentó el 13 de
septiembre de 202311, esto es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia recurrida, se impone concluir que la acción se ejerció oportunamente.
2.2. El problema jurídico
13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión que accedió a las súplicas de la demanda
presentada por la entonces Cajanal EICE se encuentra incursa en la causal de
revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al haberse
ordenado el reconocimiento y pago de la mesada 14, sin tener en cuenta que ya
estaba incluida en la liquidación de la prestación reconocida con anterioridad?
2.3. Marco normativo
2.3.1. Sobre la acción especial de revisión
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
11 Samai, índice 1.
12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
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15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.
17. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una
prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.
18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes15:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Demandante: UGPP
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»16.
21. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2023)
Demandante: UGPP
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.
2.4. Caso concreto
23. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
24. La Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta al considerar que se configuraba la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, «en tanto se ordenó el reconocimiento
de la mesada 14, siendo que la misma estaba siendo pagada lo cual no es conforme a
derecho, y genera una abierta violación a las normas y jurisprudencia que regulan la
materia». En esa línea agregó que «la irregularidad del fallo objeto de revisión, se tiene
que el mismo se aparta de lo normado en el ordenamiento jurídico, en el entendido que se
generaron dobles pagos por la misma prestación causada por el señor ENRIQUE ALFONSO
CANDANOZA POLO, y sustituida a la señora LUISA AGRIPINA CANDANOZA, pues al ordenar en la
parte resolutiva del fallo, el reconocimiento y pago de la mesada 14 que estaba siendo
pagada, afecta de manera significativa el principio de sostenibilidad financiera del sistema
de Seguridad Social, pues las mesadas han sido canceladas de manera ininterrumpida».
25. En ese sentido se advierte que la entidad de previsión no cuestionó que la
demandada tuviera el derecho al reconocimiento y pago de la mesada 14, sino que
con ocasión del cumplimiento de la sentencia objeto de revisión se generó un «doble
pago» por ese concepto.
26. Al respecto, se advierte que a través de la causal invocada se pretende la revisión
de la forma en la que se liquidó la prestación y si esta conllevó a que se reconociera
y pagara en una cuantía que excediera lo debido de conformidad con la ley. Así las
cosas, para esta Subsección los argumentos planteados por la entidad accionante
no pueden ser estudiados en el marco de esta, puesto que, no se sustentó en un
indebido reconocimiento o liquidación de la mesada 14, esto es, por fuera de lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2023)
Demandante: UGPP
27. Adicionalmente revisados los antecedentes administrativos no se advierte que se
hubiese efectuado un «doble reconocimiento» de la referida prestación, esto, en tanto
verificadas las resoluciones PAP57077 del 10 de junio de 2011, mediante la cual le
fue reconocida una pensión de vejez a Enrique Alfonso Candanzona Polo [causante
de la prestación] y RDP034537 del 23 de agosto de 2018, con la que le fue
reconocida a Luisa Agripina Polo de Candanoza una pensión de sobrevivientes; no
se evidenció que previo a la orden impartida en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, la entidad de previsión hubiese emitido un reconocimiento
expreso frente a la mesada 14, así las cosas, no se acreditó que, en efecto, la
entidad hubiese incurrido en el aducido «doble reconocimiento».
28. Lo anterior explica por qué en el proceso ordinario se dispuso que «como
consecuencia de la prosperidad de los cargos de la demanda de reconvención, declárese
la nulidad parcial de la Resolución PAP57077 del 10 de junio de 2011, en cuanto
tácitamente negó el reconocimiento de la mesada catorce» [se resalta].
29. Ahora bien, la sala no pasa por alto que la Ugpp omitió hacer uso de los recursos
procesales pertinentes para cuestionar la decisión adoptada frente a la mesada 14.
En ese sentido, del escrito de apelación se advierte que en esa oportunidad la
entidad se limitó a cuestionar la decisión del a quo frente a la orden de liquidar la
prestación con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año
de servicio, lo que conllevó a que el tribunal al delimitar el problema jurídico
señalara:
«Como se desprende de lo anterior, en los recursos conserva gran importancia el
principio dispositivo, que establece que son las partes las que deben actuar y
determinar los puntos a resolver por parte del juez, lo cual conduce a delimitar el
alcance de la decisión de quien está encargado de analizar el caso concreto.
En cabeza de quien interpone el recurso de apelación se encuentra la carga
argumentativa que permite delimitar el problema jurídico en la segunda instancia, por
ende, el apelante debe manifestar de manera clara y precisa en qué consisten los errores
de la providencia dictada por el A Quo.
Se precisa que este juez colegiado no examinará aspectos de la sentencia que no fueron
objeto del recurso, en el entendido, que lo que no controvertido expresamente, se ha de
entender que la parte apelante estuvo de acuerdo con el pronunciamiento del juez de 1ª
instancia.
Como en este asunto, la Entidad demandante es apelante único, la competencia de la
Sala se encuentra limitada por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido por
el juicio de reproche esbozado por la entidad apelante».
30. En consonancia, el tribunal estableció el problema jurídico en los siguientes
términos:
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2023)
Demandante: UGPP
«El problema jurídico se contrae a dilucidar sí al demandado ENRIQUE ALFONSO
CANDANOZA POLO, por ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36, de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su PENSIÓN DE VEJEZ se reconozca
conforme a lo dispuesto en el régimen pensional especial regulado en la Ley 84 de 1948,
y se liquidade con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios, o dicha prestación debía reconocerse con base en lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993, y su liquidación efectuarse como lo determina el inciso 3°, de su artículo
36».
31. En suma, de acuerdo con los apartes transcritos, la sentencia que se pretende
sea infirmada no estudió ni definió el reconocimiento de la mesada 14, en tanto, este
aspecto fue decidido por el a quo sin que la Ugpp manifestara oposición frente a
esta. Adicionalmente, tampoco se advierte que la orden de reconocimiento
conllevara a que dicha prestación fuera pagada en una cuantía que excediera lo
debido.
32. En ese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los argumentos
expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho subjetivo reconocido
en el proceso ordinario.
33. Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión que
ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de invalidarla
y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la prevalencia de una
injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.
34. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.
35. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las etapas
procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros de
procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de la
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2023)
Demandante: UGPP
acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa juzgada19.
36. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
Ugpp, por lo que se declarará infundada la acción de revisión interpuesta.
2.5. Costas
37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
38. Con fundamento en lo en lo expuesto, la Sala encuentra que la causal invocada
no es la idónea para cuestionar el reconocimiento de la mesada 14 a partir del 31
de diciembre de 2010 a favor de la cónyuge sobreviviente de Enrique Alfonso
Candanoza Polo [causante].
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión el 18 de agosto de 2022, por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
19 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en
ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00413-00 (5551-2023)
Demandante: UGPP
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT
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