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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00427-00

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00427-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Ernesto Gutiérrez contra la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42-051-2020-00281-01. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Ernesto Gutiérrez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00427-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante : Ernesto Gutiérrez
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia ni la existencia de vicios graves que
comprometieran el debido proceso o el principio de congruencia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los cargos
de apelación con base en el material probatorio y la jurisprudencia
aplicable, y respondió de manera expresa a las pretensiones y
argumentos relevantes del accionante.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Ernesto
Gutiérrez contra la sentencia de 25 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca1.

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Ernesto Gutiérrez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto ficto por medio del cual se le negó el
reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: (i) el incremento del 20 % en su
salario, (ii) el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, y (iii)
la prima de actividad. Subsidiariamente, solicitó que se tuvieran por probadas las
excepciones de inconstitucionalidad y convencionalidad, con el fin de que se inaplicara
el acto administrativo demandado.

2. Como consecuencia de la nulidad, deprecó: (i) que se reconociera que desempeñó las
mismas funciones que un soldado profesional que fue voluntario y que se encontraba en
el mismo supuesto de hecho contemplado en la norma que prevé la prima de actividad
para oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; (ii) el pago retroactivo y la reliquidación

1 Decisión suscrita por los magistrados Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, Jaime Alberto Galeano Garzón y Patricia

Victoria Manjarrés Bravo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

integral de las prestaciones sociales y demás factores salariales y no salariales, con base
en un salario básico equivalente al salario mínimo legal vigente aumentado en un 60 %,
así como el otorgamiento del subsidio familiar y la prima de actividad.

3. El demandante indicó que fue incorporado al Ejército Nacional como soldado
profesional sin haber sido previamente voluntario, rigiéndose por el Decreto Ley 1793 de
2000. Afirmó que ha desempeñado sus funciones en condiciones sustancialmente
iguales a las de los soldados profesionales que anteriormente fueron voluntarios, y
también bajo circunstancias operativas similares a las de oficiales y suboficiales, lo cual
en su criterio debe ser reconocido en virtud del principio constitucional de igualdad y del
mandato de no discriminación. Señaló que no existe una diferencia objetiva y razonable
que justifique la exclusión del 20 % adicional en su salario, el no reconocimiento de la
prima de actividad ni la negación del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, ya que cumple con el mismo supuesto de hecho normativo —esto es, estar
en servicio activo o en ejecución permanente de funciones militares.

4. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó la demanda y solicitó
negar la totalidad de las pretensiones. Destacó que el demandante nunca ostentó la
condición de soldado voluntario, pues ingresó directamente como soldado profesional
bajo el Decreto 1793 de 2000. Por esta razón, no es titular de los derechos adquiridos
que la Ley 131 de 1985 otorgaba exclusivamente a los soldados voluntarios vinculados
antes del 31 de diciembre de 2000. En línea con ello, precisó que el actor no puede
reclamar el incremento salarial del 60 %, dado que la normativa aplicable fijó para los
soldados profesionales nuevos una asignación básica equivalente a un SMLMV
incrementado en un 40 %. Sostuvo además que no existe vulneración del derecho a la
igualdad, porque los soldados voluntarios y los soldados profesionales nuevos se
encuentran en situaciones jurídicas diversas, derivadas de regímenes normativos
distintos y objetivamente diferenciados por el legislador.

5. En cuanto a la prima de actividad, la entidad precisó que el Decreto 1794 de 2000 no
prevé dicha prestación para los soldados profesionales, por lo que no existe derecho legal
que pueda ser reconocido. Respecto del subsidio familiar, sostuvo que la norma aplicable
era el Decreto 1161 de 2014, vigente al momento de la solicitud, y que el actor no acreditó
petición formal que habilitara su estudio conforme a los requisitos legales, además de
que el reconocimiento solo surte efectos fiscales desde la fecha de expedición conforme
a ese decreto. Finalmente, la entidad pidió negar la aplicación de excepciones de
constitucionalidad o convencionalidad, al no existir violación de derechos fundamentales
ni discriminación alguna, y reiteró que el actor recibe todas las prestaciones previstas en
el régimen legal al cual voluntariamente se acogió al ingresar como soldado profesional.

6. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
del 9 de junio de 20222, accedió parcialmente a las pretensiones al declarar la nulidad del
acto ficto negativo frente a la solicitud de subsidio familiar y ordenar su reconocimiento

2
Mediante providencia del 14 de julio de 2022, el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de
Bogotá negó las solicitudes de aclaración y adición formuladas por el actor, al considerar que no se había
omitido pronunciamiento sobre aspecto alguno debatido en el proceso ni existían puntos confusos en la
decisión.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Destacó que, tras la nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, recobró vigencia dicha disposición, motivo por
el cual el actor tenía derecho al subsidio desde la fecha de conformación de su unión
marital. En consecuencia, ordenó el pago del 4 % del salario básico más la prima de
antigüedad, con los ajustes e imputaciones correspondientes.

7. En contraste, negó el reajuste salarial del 20 % al concluir que los soldados
profesionales vinculados después del Decreto 1793 de 2000 —como el actor— solo
tienen derecho a una asignación equivalente al salario mínimo incrementado en un 40 %,
al no haber ostentado la condición de soldado voluntario antes del 31 de diciembre de
2000. Señaló que la diferencia entre los que inicialmente fueron soldados voluntarios y
los que ingresaron directamente como profesionales obedece a criterios objetivos y
garantiza la preservación de derechos adquiridos. Respecto de la prima de actividad, la
negó por tratarse de una prestación reservada a oficiales y suboficiales según la
normativa especial (Decretos 089 de 1984, 095 de 1989 y 1211 de 1990), lo que excluye
la existencia de un término válido de comparación. Finalmente, descartó la aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad al no evidenciarse incompatibilidad alguna entre las
normas aplicables y los mandatos constitucionales.

8. Ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia por diferentes motivos. El
actor alegó vulneración al debido proceso por falta de pronunciamiento claro y motivado
sobre aspectos sustanciales de la demanda, como la presunta discriminación hacia los
soldados profesionales y la violación de principios constitucionales de igualdad, salario
justo y función pública. Cuestionó además la falta de análisis sobre la prima de actividad,
las pretensiones declarativas y las excepciones de inconstitucionalidad y
convencionalidad propuestas, así como la omisión de precedentes relevantes. Por ello,
solicitó la nulidad parcial del fallo respecto del reajuste del 20 % y la prima de actividad,
o en su defecto, su revocatoria y el reconocimiento de sus pretensiones, incluida la
condena en costas.

9. Por su parte, la entidad demandada solicitó revocar los ordinales primero a cuarto al
sostener que el subsidio familiar fue reconocido de manera válida conforme al Decreto
1161 de 2014, norma vigente al momento en que el actor radicó la solicitud y acreditó su
unión marital mediante Escritura 1164 del 5 de agosto de 2014. Señaló que el derecho
solo nació cuando el demandante informó formalmente su estado civil y cumplió los
requisitos del Decreto 1161, razón por la cual se expidió la Orden Administrativa 2201 del
30 de octubre de 2014, acto individual plenamente vigente que no fue demandado. En
criterio de la entidad, no es posible aplicar retroactivamente el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000 ni reconocer prestaciones bajo un régimen que no cobijaba al actor para la
fecha en que obtuvo la condición jurídica habilitante, pues ello equivaldría a duplicar un
beneficio ya reconocido. En consecuencia, solicitó revocar la decisión y negar las
pretensiones fundadas en el Decreto 1794 de 2000.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,3
mediante sentencia de 25 de agosto de 2023, modificó el ordinal primero del fallo de

3 Sentencia que quedó ejecutoriada el 21 de septiembre de 2023, en atención a la suspensión de términos ordenada

por el Consejo Superior de la Judicatura en sesión del 13 de septiembre de 2023, mediante el Acuerdo PSCJA23-
12089.
3

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

primera instancia en lo relativo al reconocimiento del subsidio familiar, al establecer que
la prestación debía reconocerse con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por
ser la norma vigente al momento en que el actor consolidó su unión marital de hecho el
5 de junio de 2010. Destacó que, tras la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de
2009, recobró vigencia el régimen anterior para situaciones no consolidadas, como la del
demandante. Precisó además que el valor debía liquidarse conforme al 4 % del salario
básico más la prima de antigüedad correspondiente a cada anualidad, con deducción
indexada de lo ya pagado bajo el Decreto 1161 de 2014, y que no operó la prescripción,
pues el derecho solo surgió con la ejecutoria del fallo de nulidad.

11. En lo demás, el Tribunal confirmó la negativa del a quo frente a las pretensiones
relacionadas con el reajuste del 20 % de la asignación básica y el reconocimiento de la
prima de actividad. En relación con el reajuste salarial, precisó que el demandante se
vinculó como soldado profesional el 23 de junio de 2002, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2000. En consecuencia, le es aplicable el inciso
primero de su artículo 1.º, que fija una asignación básica equivalente a un salario mínimo
legal mensual vigente incrementado en un 40 %. La Sala concluyó que no había
vulneración del derecho a la igualdad, pues la diferencia frente a los soldados voluntarios
incorporados responde a un criterio temporal objetivo previsto por el legislador y avalado
por la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016.4

12. En relación con el control de constitucionalidad y convencionalidad alegado por la
parte actora, el Tribunal indicó que los Decretos 1793 y 1794 de 2000 fueron expedidos
en ejercicio de la competencia concurrente del legislador —Ley 4.ª de 1992— y del
Gobierno Nacional —artículo 150 de la Constitución—, sin que se evidencie contradicción
con parámetros constitucionales. Señaló que, tras una revisión general del contenido del
Decreto 1794 de 2000, no se advierte afectación de derechos humanos que habilite la
inaplicación de la norma, ni se acreditó un trato discriminatorio manifiesto que justificara
activar el control de convencionalidad. En consecuencia, descartó la solicitud de
inaplicación normativa.

13. Respecto de la prima de actividad, el órgano colegiado de la referencia reiteró que el
régimen salarial y prestacional aplicable a los soldados profesionales —contenido en el
Decreto 1794 de 2000— no contempla tal prestación, la cual es propia de oficiales y
suboficiales en razón de su jerarquía, funciones y responsabilidades. Con apoyo en la
jurisprudencia del Consejo de Estado5, la Sala precisó que no existe identidad fáctica ni
jurídica entre estos grupos y que, por tanto, no procede la equiparación ni puede
configurarse una discriminación injustificada.

Demanda del recurso extraordinario de revisión6

14. El señor Ernesto Gutiérrez interpuso recurso extraordinario de revisión con
fundamento en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, solicitando que se declare la
nulidad parcial de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del

4 Sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-

2015).
5
Sentencia del 27 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-09).
6 Radicada el 8 de septiembre de 2023.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 11001-33-42-051-2020-00281-
00, dejando incólume lo decidido respecto del subsidio familiar reconocido.

15. A juicio del recurrente, ambas providencias incurrieron en nulidades originadas en la
propia sentencia, al haberse dictado con incongruencia, falta de motivación y violación
del derecho fundamental al debido proceso. Alegó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió pronunciarse de manera clara, completa y exhaustiva sobre los
cargos formulados en la demanda y en el recurso de apelación, en particular los
relacionados con el reajuste del 20 % en la asignación básica y el reconocimiento de la
prima de actividad, así como las solicitudes de adición y nulidad de la sentencia de
primera instancia. Sostuvo que el fallo desconoció los principios constitucionales de
igualdad, salario justo y proporcionalidad (artículo 53 de la Constitución), y omitió realizar
un juicio de igualdad conforme a la sentencia SU-519 de 1997, pese a la similitud
funcional entre soldados profesionales, oficiales y suboficiales.

16. Indicó que el Tribunal no resolvió las excepciones de inconstitucionalidad y
convencionalidad propuestas, ni aplicó la presunción de inconstitucionalidad del acto
acusado. Asimismo, reprochó la omisión de valoración de hechos jurídicamente
relevantes consignados en la demanda, los cuales sustentaban el juicio de igualdad y la
reclamación de la prima de actividad. Alegó que las decisiones desconocieron la
presunción de discriminación y la inversión de la carga de la prueba establecidas por la
Corte Constitucional en las sentencias T-247 de 2010, T-097 de 2006 y T-335 de 2000,
entre otras, y que tampoco se aplicaron los principios de primacía de la realidad y mérito
en la función pública previstos en los artículos 25, 53 y 209 de la Carta Política.

17. Sostuvo que el Tribunal incurrió en violación del principio de congruencia, al no
responder todos los cargos del recurso de apelación ni justificar la falta de estudio de los
mismos, especialmente aquellos que cuestionaban la aplicación indebida de la
jurisprudencia sobre soldados voluntarios y la ausencia de un análisis estructural de la
discriminación sistemática hacia los soldados profesionales. Afirmó que, al resolver el
fondo del asunto sin refutar los reparos planteados, el órgano colegiado vulneró los
artículos 55 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, 280 y 281 del Código
General del Proceso (CGP) y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), normas que exigen que las sentencias se refieran
a todos los hechos y asuntos debatidos.

18. En consecuencia, solicitó que se declarara la nulidad parcial de ambas sentencias y
que se ordenara al juzgado de primera instancia dictar una nueva decisión que resolviera
integralmente los aspectos fácticos y jurídicos omitidos, con observancia de las garantías
procesales y del precedente constitucional. Subsidiariamente, pidió que el caso se
estudiara como una violación del derecho fundamental al debido proceso por falta de
motivación completa y suficiente en las decisiones judiciales.

Contestación del recurso

19. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional guardó silencio.

Ministerio Público

5

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

20. El procurador delegado solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión, al considerar que no se configuraban los elementos fácticos ni jurídicos de la
causal 5 del artículo 250 del CPACA. Señaló que el recurrente invocó una supuesta
vulneración del principio de congruencia, pero los fallos cuestionados resolvieron de
fondo todos los aspectos planteados en el proceso, con motivación suficiente y dentro del
marco trazado por la demanda y el recurso de apelación. Destacó que los reproches del
actor corresponden realmente a discrepancias con la valoración jurídica y probatoria
realizada por las instancias, lo cual desborda el alcance excepcional del recurso y
pretende reabrir el debate propio de una instancia adicional.

21. Asimismo, explicó que la causal alegada exige la acreditación de una nulidad
originada en la sentencia —como decisiones inhibitorias, falta absoluta de motivación,
violación de la non reformatio in pejus o desconocimiento del principio de congruencia—
, ninguna de las cuales se presentó en el caso. Subrayó que los fallos censurados
abordaron expresamente los temas relativos al reajuste del 20 %, la prima de actividad,
la excepción de inconstitucionalidad, el derecho a la igualdad, el test de proporcionalidad
y el subsidio familiar. Por ello, concluyó que no hubo omisión, exceso ni defecto en la
sentencia, y que la causal invocada no se acreditó.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado7 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, al
presuntamente omitir pronunciarse sobre aspectos sustanciales planteados por el señor
Ernesto Gutiérrez en el recurso de apelación —relacionados con el reajuste salarial del
20 % y la prima de actividad— y al no abordar sus argumentos constitucionales sobre el
derecho a la igualdad y al debido proceso, configurándose una nulidad originada en la
sentencia misma.

Análisis del problema jurídico

24. En el caso concreto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
al verificar que los argumentos expuestos por el accionante no demuestran la
configuración de una nulidad originada en la sentencia cuestionada, ni evidencian vicios
graves que comprometan la validez formal o material del fallo recurrido —causal prevista

7 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA—. Por el contrario, del análisis integral del
expediente se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los
asuntos sometidos a su conocimiento dentro del marco de sus competencias, con base
en el acervo probatorio y en la jurisprudencia aplicable. En consecuencia, no se acreditó
una vulneración sustancial al debido proceso ni al principio de congruencia que justifique
infirmar la decisión, conforme a las razones que se exponen a continuación.

25. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.

26. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.

27. Esta corporación8 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.

28. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia9 bien sea por una condena extra, ultra o infra

8 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre

de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-

00440-00.
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Demandante: Ernesto Gutiérrez

petita.»10. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.

29. Bajo ese contexto, de conformidad con la naturaleza y el objeto del recurso
extraordinario de revisión, en esta oportunidad corresponde a la Sala determinar si la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en alguno de los vicios graves e insubsanables que configuran la causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, si contiene una nulidad originada
en la providencia misma que puso fin al proceso. En tal sentido, no procede examinar las
eventuales irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por cuanto el
objeto del recurso se restringe a la revisión de la decisión definitiva e inapelable que
resolvió el litigio.

30. El accionante considera que la sentencia de segunda instancia incurrió en
incongruencia y falta de motivación, al omitir pronunciamiento sobre varios cargos
planteados en el recurso de apelación, en especial los relativos a la negativa del reajuste
salarial del 20 %, el reconocimiento de la prima de actividad, así como las solicitudes de
adición y nulidad de la sentencia de primera instancia. Alegó, además, que se vulneraron
sus derechos al debido proceso y al principio de igualdad, al no valorarse hechos
jurídicamente relevantes ni resolver de forma expresa las excepciones de
inconstitucionalidad y convencionalidad planteadas, ni realizar un juicio de igualdad
conforme a la jurisprudencia constitucional invocada, particularmente la sentencia SU-
519 de 1997.

31. No obstante, tras el estudio integral de la providencia cuestionada, la Sala observa
que el Tribunal sí abordó de manera sustancial los problemas jurídicos planteados,
agrupando los reproches formulados en el recurso en torno a tres ejes temáticos que
permitían estructurar adecuadamente el análisis del caso: subsidio familiar, prima de
actividad e incremento salarial del 20 %.

32. En cuanto al reajuste salarial del 20 %, el Tribunal aplicó la interpretación contenida
en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2016 11,
concluyendo que tal beneficio solo era procedente para los soldados que, al 31 de
diciembre del año 2000, se encontraban prestando servicio como voluntarios conforme a
la Ley 131 de 1985. Como el actor fue incorporado como soldado profesional en el año
2002, sin haber sido voluntario, no le resulta aplicable el régimen transicional previsto en
el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000. En respaldo de esta
interpretación, el órgano colegiado explicó que si bien soldados voluntarios y soldados
profesionales actualmente comparten régimen de carrera y funciones militares, lo cierto
es que existe una diferencia relevante en las condiciones de ingreso que impide
considerar a ambos grupos como sujetos equiparables a efectos de un juicio de igualdad.

33. Frente a la invocación de la sentencia SU-519 de 1997, se advierte que aun cuando
la providencia no la citó de manera expresa, lo cierto es que su análisis se ajustó

10 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
11 Sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-

2015).
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

materialmente a la metodología allí establecida para efectuar el juicio de igualdad, la cual
exige comparar situaciones equiparables, verificar la legitimidad del fin perseguido y
valorar la razonabilidad y proporcionalidad del trato diferente. En consonancia con dicho
precedente, el Tribunal explicó que las diferencias salariales entre soldados voluntarios
y soldados profesionales responden a regímenes jurídicos distintos, obedecen a criterios
objetivos derivados de su forma de vinculación y se encuentran justificadas por la
protección constitucional de los derechos adquiridos. Por tanto, sí hubo un estudio pleno
del cargo, el cual fue respondido de manera motivada y conforme al marco constitucional
y jurisprudencial aplicable, lo que descarta la alegada incongruencia y la supuesta
omisión de pronunciamiento.

34. Por otro lado, el accionante reprocha un presunto desconocimiento de las
providencias jurisprudenciales citadas en el recurso de apelación; sin embargo, la Sala
reitera que la inobservancia del precedente no constituye, por sí sola, una causal de
nulidad de la sentencia. Además, contrario a lo sostenido por el recurrente, la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016 sí resultaba aplicable al caso concreto, pues en
ella se establecieron los criterios diferenciadores entre los soldados profesionales que
ingresaron directamente a la fuerza pública y aquellos que previamente prestaron servicio
como soldados voluntarios. Dicha distinción guarda relación directa con la controversia
planteada por el actor, referida al reconocimiento del reajuste salarial del 20 %, el cual,
conforme a esa jurisprudencia, solo procede para quienes cumplieran los requisitos del
régimen transitorio previsto en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de
2000. En consecuencia, el fallo impugnado no desconoció el precedente judicial, sino que
lo aplicó de manera razonada y acorde con el marco normativo y fáctico del proceso.

35. Ahora, el principio de congruencia se entiende vulnerado cuando la sentencia omite
pronunciarse sobre alguna de las pretensiones, excepciones o argumentos relevantes
propuestos por las partes, o cuando resuelve cuestiones que no fueron planteadas en el
debate judicial. Esta exigencia no implica que el fallo deba replicar literalmente los
argumentos expuestos en los escritos procesales, sino que debe existir una
correspondencia sustancial entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto. En otras palabras,
la incongruencia se configura cuando hay una ruptura evidente entre las pretensiones o
cuestiones jurídicas planteadas y las razones que sustentan la decisión, al punto que se
comprometa la lógica interna del fallo o el derecho al debido proceso de alguna de las
partes.

36. En relación con la prima de actividad, el Tribunal advirtió que el Decreto 1794 de 2000
-norma especial aplicable al régimen de soldados profesionales- no contempla dicho
emolumento como parte de su estructura prestacional. Además, justificó esta exclusión
en la diferenciación objetiva existente entre los oficiales y suboficiales (a quienes sí les
asiste este derecho) y los soldados profesionales, debido a sus distintas condiciones
jerárquicas, funciones y requisitos de ingreso. En esta línea, se descartó la existencia de
una vulneración al derecho a la igualdad, al no tratarse de sujetos en condiciones
equiparables.

37. Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo
procesal destinado a controvertir la interpretación jurídica adoptada por el juez de
instancia, ni a revaluar el sentido normativo de la decisión impugnada. Ello resulta aún
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

más evidente en el presente caso, en el que se advierte que los razonamientos expuestos
por el Tribunal para negar el reconocimiento de la prima de actividad respondieron de
manera expresa y argumentada a los planteamientos del recurrente. En consecuencia,
no se configura un vicio que afecte de forma sustancial el núcleo esencial del debido
proceso ni que comprometa la validez formal o material de la providencia objeto de
revisión.

38. Tampoco está llamado a prosperar el reproche relativo a la presunta omisión en el
estudio de la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de primera instancia, toda
vez que dicha petición ya había sido negada por el Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá mediante providencia del 14 de julio de 2022, al
concluir que no se había omitido pronunciamiento alguno sobre los aspectos debatidos
ni existían puntos oscuros o confusos en la decisión.

39. Sumado a lo anterior, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal analizó de
manera sustancial los mismos aspectos que originaron las solicitudes de aclaración y
adición, en especial los relacionados con presuntas deficiencias en la motivación y la
congruencia del fallo de primera instancia. Por ende, no se configura omisión alguna por
parte del juez de segunda instancia, pues los planteamientos del recurrente fueron
examinados dentro del análisis integral del caso, descartándose la existencia de vicios
que comprometieran el debido proceso o el principio de congruencia.

40. Finalmente, en cuanto al reparo relacionado con la supuesta omisión del Tribunal al
pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, esta Sala
considera que dicho argumento no tiene vocación de prosperar. Se advierte que los
motivos que fundamentaron la solicitud de nulidad —relativos a presuntas deficiencias en
la motivación y a la incongruencia del fallo— fueron abordados y resueltos de manera
sustancial en el estudio del recurso de apelación. Así, el órgano colegiado no desconoció
los planteamientos formulados, sino que los examinó dentro del análisis integral del caso,
descartando la existencia de vicios que comprometieran el debido proceso o el principio
de congruencia.

41. Por lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí analizó
los cargos formulados en la apelación. Aunque algunos de ellos fueron tratados de
manera sintetizada y agrupada por materias afines12, no se advierte una omisión
sustancial que configure una incongruencia que vicie de nulidad la sentencia.

42. En consonancia con ello, la causal invocada no se encuentra acreditada y, por tanto,
se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.

Condena en costas

43. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas

12 Sobre el particular esta Subsección en la sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00330-

00 (4906-2023), concluyó que «no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos, cuando de manera
compendiosa se pueden resolver varios cargos que traten sobre un tema en específico».
10

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00427-00 (5756-2023)
Demandante: Ernesto Gutiérrez

deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

44. En ese sentido, en el caso concreto, en principio procedería la imposición de costas
al actor dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin
embargo, al no haberse acreditado su causación —toda vez que la parte accionada no
intervino en el trámite del proceso—, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Ernesto Gutiérrez contra la sentencia de segunda instancia proferida el 25
de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001-33-42-051-2020-00281-01.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Ernesto Gutiérrez, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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