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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00431-00

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00431-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 -33-35-023-2019-00565-00 proferido por Germán Alejandro Montenegro Rodríguez contra la UGPP de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00431-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

22 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00431-00 (5793-2023)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00431-00 (5793-2023) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: German Alejandro Montenegro Rodríguez.
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la acción
especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 presentada por
la UGPP en contra de la sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D” dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001 -33-35-023-2019-00565-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Germán Alejandro Montenegro Rodríguez por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo contra la
UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero

ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-
00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael
Antonio Martínez Cortés.
2
Folio 19 del expediente contenido en el índice 17 de Samai.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00431-00 (5793-2023)
Demandante: UGPP

• La nulidad de las Resoluciones PAP 041631 de 28 de febrero de 2011 y RDP
0066441 de 27 de julio de 2012, por medio de las cuales Cajanal negó el
reconocimiento de una pensión de vejez y RDP014166 de 1. ° de noviembre de
2012 que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión
confirmándola en su totalidad.

• Para restablecer el derecho, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación
de conformidad con la Ley 32 de 1986, y los Decretos 407 de 1994; 1848 de 1969
Decreto 1950 de 2005 reglamentario del artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y
esto es, teniendo como base de liquidación los factores devengados durante el
último año de servicios, tales como la asignación básica, sobresueldo nacional,
prima de riesgo, subsidio familiar, prima se servicios, bonificación por servicios
prestados, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de
recreación, auxilio de alimentación, subsidio de transporte, prima de navidad ,
prima del 20%, y prima de seguridad.

• De otra parte, solicitó la indexación de las sumas adeudadas conforme al índice
de precios al consumidor, lo anterior de acuerdo con el artículo 178 del CCA.

2.1.2. Hechos relevantes

3. El señor Germán Alejandro Montenegro Rodríguez laboró ininterrumpidamente
en el Instituto Penitenciario y Carcelario – INPEC desde el 4 de febrero de 1985 hasta
el 7 de julio de 2004, es decir, por 19 años, 5 meses y 4 días y prestó el servicio militar
obligatorio de 20 meses y 15 días, completando un tiempo de servicios de 21 años, 1
mes y 19 días.

4. Solicitó a Cajanal el reconocimiento de su pensión de jubilación y mediante
Resolución PAP 041631 de 28 de febrero de 2011 la entidad negó el reconocimiento, lo
anterior, por estimar que no cumplió con el tiempo de servicios exigido en la Ley 32 de
1986 para adquirir el derecho, lo anterior, teniendo en cuenta no podía incluirse el tiempo
de servicios en el que prestó el servicio militar obligatorio

5. Mediante Resoluciones RDP 0064414 de 27 de julio de 2012 y RDP 014166 de
1. ° de noviembre de 2012 Cajanal resolvió los recursos de reposición y apelación
interpuestos contra la anterior decisión, confirmándola en su totalidad.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

6. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocen la
Ley 32 de 1986, y los Decretos 407 de 1994; 1848 de 1969 y 1950 de 2005
reglamentario del artículo 140 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: UGPP

7. Señaló que de acuerdo con dichas disposiciones, el demandante tenía derecho
a que, una vez cumplido los 20 años de servicio, se reconociera la pensión de jubilación
teniendo en cuenta los factores devengados durante el último año de servicios, esto es,
la asignación básica, sobresueldo nacional, prima de riesgo, subsidio familiar, prima se
servicios, bonificación por servicios prestados, sueldo de vacaciones, prima de
vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de alimentación, subsidio de
transporte, prima de navidad , prima del 20%, y prima de seguridad.

8. Sostuvo que para efectos de determinar el tiempo de servicios debía incluirse el
periodo en el que prestó el servicio militar obligatorio, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2400 de 1968 y con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

2.1.4. Sentencia de Primera Instancia 3

9. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá dictó sentencia de
primera instancia el 27 de abril de 2015, en la cual, declaró la nulidad de los actos
acusados y concedió las pretensiones de la demanda.

10. Como fundamento de su decisión señaló que el demandante demostró que
cumplió con el tiempo de servicios exigido para acceder a la pensión de jubilación de
conformidad con el régimen especial dispuesto para los empleados del INPEC, por ser
beneficiario del régimen de transición establecido en el Decreto 2090 de 2003 y en ese
sentido, debía reconocerse el derecho en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de
1986.

11. Indicó que, para efectos de determinar el tiempo de servicios, debía tenerse en
cuenta el periodo en el que el demandante prestó el servicio militar obligatorio y que,
con ello, quedaba demostrado que el demandante laboró durante más de 20 años al
servicio del INPEC, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones
citadas para adquirir el estatus.

12. Estimó en consecuencia, que la liquidación de la pensión del demandante se
debía realizar con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicios , conforme a lo establecido en el artículo 4.° de la Ley 4.° de 1966, no obstante,
como dicha norma no establecía los factores que debían ser tenidos en cuenta para
adquirir la pensión, debía aplicarse el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 ,que para el
caso concreto serían, asignación básica, los subsidios de alimentación y de transporte,
y las primas de servicios, de vacaciones y de navidad.

13. Finalmente, se declaró la precisión de las mesadas anteriores al 28 de enero de
2010 por estimar que operó la prescripción trienal.

3
Folio 327 del expediente contenido en el índice 17 de Samai.

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Demandante: UGPP

2.1.5. Recurso de apelación4

14. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante
interpuso recurso de apelación y señaló que el a quo incurrió en error al declarar la
prescripción de las mesadas anteriores al 28 de enero de 2010, pues la demandada no
alegó dicha excepción de forma oportuna, pues contestó la demanda
extemporáneamente y en ese sentido, el juez no podía decretarla de oficio.

15. Por otra parte, indicó que además de los factores reconocidos, tenía derecha a
que su pensión se liquidara teniendo en cuenta la prima de riesgo, la bonificación por
servicios prestados, el sobresueldo nacional, el subsidio familiar, pues devengó dichos
factores durante el último año se servicios.

16. El apoderado de la parte demandada también apeló la decisión y reiteró que
para efectos de determinar el tiempo de servicios del actor no podía tenerse en cuenta
en el que prestó el servicio militar obligatorio, ya que el Decreto 407 de 1994, que
contemplaba dicho beneficio fue derogado por el Decreto 2090 de 2003.

17. 2.1.6. Sentencia objeto de revisión.5

18. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca- Sección Segunda Subsección “D”
a través de sentencia de 30 de octubre de 2017 modificó la decisión de primera
instancia.

19. El primer lugar señaló que, en efecto, para determinar el tiempo de servicios del
demandante debía tenerse en cuenta el tiempo en el que prestó el servicio militar
obligatorio, y que incluido dicho periodo, se encontraba demostrado que el actor laboró
por 21 años, 1 mes y 19 días y en ese sentido, cumplió con el requisito establecido en
la Ley 32 de 1986 para obtener la pensión de jubilación.

20. Así las cosas, el demandante tenía derecho a que su pensión se liquidara en
cuantía del 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios,
incluyendo como factores salariales: la asignación básica mensual, prima de riesgo, el
subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, y las doceavas partes de las primas
de vacaciones, servicios y de navidad a partir del 8 de julio de 200, y con efectos fiscales
desde el 14 de mayo de 2009 por haber operado la prescripción trienal.

21. En relación con la prima de riesgo, indicó que, de acuerdo con la sentencia de 7
de noviembre de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dicho
factor debía ser tenido en cuenta para liquidar la pensión de los servidores del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria por ser percibida de manera habitual

4
Según la sentencia de segunda instancia visible a folio 407 y siguientes del expediente contenido en el índice 17
de Samai.
5 Folio 407 y siguientes del expediente contenido en el índice 17 de Samai.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00431-00 (5793-2023)
Demandante: UGPP

y periódica como contraprestación directa del servicio.

22. Sostuvo que no podía incluirse el subsidio familiar como emolumento para liquidar
la pensión porque así lo dispuso el artículo 15 del Decreto 446 de 1994 y además porque
éste no responde a una contraprestación directa del servicio, así como tampoco la
bonificación por recreación, en tanto no constituye factor salarial por las mismas
razones.

23. Finalmente ordenó los descuentos de los aportes correspondientes a los factores
salariales cuya inclusión se ordenó y sobre los cuales no se hubiere efectuado
deducción legal.

2.1.7. La acción especial de revisión. 6

24. La UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias judiciales
que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública
y especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere según la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.

25. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

(i) Revocar la sentencia de 30 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por German Alejandro Montenegro
Rodríguez contra la UGPP, radicado No. 11001 -33-35-023-2019-00565-00
que modificó la sentencia de 27 de abril de 2015 proferida por el Juzgado
Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá.

(ii) Declarar que la UGPP no debe reconocer la pensión de vejez realizada con
un IBL del 75% sobre el ingreso base de liquidación con el promedio de lo
devengado en el último año de prestación de servicios dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por German Alejandro
Montenegro Rodríguez contra la UGPP, en el proceso radicado con el No.
11001 -33-35-023-2019-00565-00.

(iii) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la UGPP a proceder con
la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor Montenegro

6 Archivo 01 contenido en el índice 3 de Samai.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00431-00 (5793-2023)
Demandante: UGPP

Rodríguez de conformidad con las normas aplicables al caso particular, es
decir, según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.

(iv) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la parte demandada a
restituir a la UGPP las sumas de dinero recibidas en virtud del reconocimiento
efectuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho desde la
fecha en que dio cumplimiento al mencionado fallo hasta que se verifique el
pago efectivo a la entidad demandante.

26. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el señor
Germán Alejandro Montenegro tenía derecho a obtener la pensión ordenada, toda vez
que por reconocerse su pensión en los términos de la Ley 32 de 1986, el ingreso base
de liquidación debió determinarse de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, esto es teniendo en cuenta los factores devengados durante el los últimos 10 años
de servicios que se encontraran establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

27. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de la
Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de
2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631
de 2017, T-039 de 2018 y la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 proferida
por el Consejo de Estado.

28. Sostuvo que la sentencia de primera instancia, reconoció una cuantía que excede
lo debido de conformidad con la ley (Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158
de 1994) y el precedente de unificación del Consejo de Estado de fecha 28 de agosto
de 2018, desconociendo dicho precepto al tomar como ingreso base de liquidación el
promedio de los ingresos percibidos en el último año de prestación de servicios, siendo
lo correcto efectuar la liquidación acorde a lo promediado en los últimos diez años de
prestación de servicios.

2.1.8. Contestación.

29. El 4 de marzo de 20247 se notificó al señor Germán Alejandro del auto de 23 de
noviembre de 2023,8 el por medio del cual se admitió la acción especial de revisión de
la referencia. Sin embargo, este no contestó la demanda.

30. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

7
Índice 13 de Samai
8
Índice 07 de Samai

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Demandante: UGPP

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de
2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, esta
Subsección es competente para conocer la acción de revisión formulada en contra de
sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde
conocer a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de
2019 de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.2. Oportunidad

32. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20039, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá
formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos
que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

33. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo 251
dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla,
el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial
o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

34. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció
que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar las
solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años de
caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio de 2013,
providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su jurisprudencia y
adoptó la siguiente regla:
9
En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término
establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).

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Demandante: UGPP

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya
incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de
cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo Cajanal».

35. Advierte la Sala que la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona
fue proferida el 30 de octubre de 201710, se notificó el 06 de febrero de 2018,11 y frente
a ella se presentó una solicitud de adición el 9 de febrero del mismo año, que se resolvió
mediante auto de 25 de julio de 201912 y se notificó por estado el 29 de julio de 2019.13

36. De acuerdo con lo anterior, la decisión quedó ejecutoriada el 1. ° de agosto de
2019 y el escrito de revisión se radicó en el 22 de septiembre de 202314 , es decir, que
se presentó oportunamente.

3.3. Problema jurídico

37. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia 30 de octubre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-
Subsección “D” incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de
jubilación del señor Germán Alejandro Montenegro Rodríguez con el 75% del promedio
de los salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de
los factores salariales de ley devengados durante dicho periodo consagrados en el
Decreto 1045 de 1978, es decir, la asignación básica, prima de riesgo, subsidio de
alimentación, auxilio de transporte y las doceavas partes de las primas de vacaciones,
de servicios y de navidad.

38. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede
infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

39. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una providencia

10
Folio 407 del expediente contenido en el índice 17 de Samai.
11
Folio 420 del expediente contenido en el índice 17 de Samai.
12
Folio 421 del expediente contenido en el índice 17 de Samai.
13
Folio 432 del expediente contenido en el índice 17 de Samai.
14
Índice 4 de Samai

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Demandante: UGPP

judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera expresa, las
causales señaladas en el artículo 250 del CPACA15 (antes artículo 188 del CCA),
situación que es posible entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa
juzgada16, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a
pesar de la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, ellas no pueden
subsistir por el grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

40. La solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está contemplada en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente como una acción
especial17, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la causa
por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias o
conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar
los casos de corrupción en esta materia18 y para ejercerla se requiere de un solicitante
calificado19, que a su vez es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o
la conciliación.

41. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200320 facultó al Gobierno para
que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia

15
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación
número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional
del Estado Civil.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27
de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social,
Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya
asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste,
esto en tanto, es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los
mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la
viabilidad financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William
Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número
Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno.
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José
Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de revisión.
20
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales

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Demandante: UGPP

la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

42. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de 28 de
diciembre de 200921 el Gobierno Nacional delegó como función de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

43. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «a)
Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso».

44. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una pensión
con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación del debido
proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte interesada debe promover la
acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición.

45. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó el reconocimiento pensional
a favor del señor Germán Alejandro Montenegro Rodríguez para lo cual se fundamentó
en la violación al debido proceso, toda vez que en su parecer la pensión debió
determinarse conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 respecto al IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar
la prestación. En ese sentido consideró que el fallo acusado transgrede los principios
superiores de legalidad.

46. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial
de Decisión de esta Corporación precisó que de conformidad con lo previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.

21
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.

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Demandante: UGPP

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la
actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho
a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el
derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar
la decisión y la garantía de non bis in idem.

47. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se
revisen reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.

48. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la UGPP para
fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se
refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad judicial al
proferir la sentencia judicial que se revisa.

49. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en relación a la aplicación del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993,
asunto que no guarda relación con la violación al debido proceso en los términos ya
indicados. En ese sentido, la Sala efectuará el estudio de la causal contenida en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

50. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente22 como un instrumento que
persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa23 y permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones 24, en especial, el
principio de solidaridad25 y equilibrio financiero.

51. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, respecto al régimen exceptuado contenido en
la Ley 32 de 1986 y su aplicación al caso del señor Germán Alejandro Montenegro
Rodríguez, quien es beneficiario del mismo, pues se encontraba sujeto a dicha

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-
00.
23
Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
24
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
25
Ratio o razón de ser de la seguridad social

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disposición en relación a los requisitos de edad, tiempo y monto, no obstante para
liquidar la pensión resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, es decir con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de
10 años, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales cotizó y que se
encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.

52. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos fácticos
y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella
dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto
planteado.

53. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público. A pesar de que la parte demandante no
señaló expresamente el valor de la afectación, se advierte del escrito de la demanda
que existe un aumento en el reconocimiento efectuado en cumplimiento de la sentencia
objeto del recurso frente al reconocimiento en los términos señalados por el
demandante, en tanto en este último se excluirían determinados factores salariales para
efectos de liquidar el IBL.

54. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación al
patrimonio público, se examinará, si en el caso concreto, se configura la consecuencia
procesal prevista en el precepto normativo mencionado, esto es, si el quantum de la
pensión desbordó el límite legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación
del precedente jurisprudencial.

3.5.2.2. Caso concreto

55. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto por
los siguientes motivos:

56. En primer lugar, resulta necesario señalar que no se discute el régimen pensional
aplicable al demandado, pues como se señaló en el recurso y en las sentencias objeto
de este, es beneficiario del régimen especial del INPEC establecido en Ley 32 de 1986.

57. Como fundamento de la acción, la UGPP sostuvo que el señor Germán Alejandro
Montenegro tenía derecho a obtener la pensión ordenada, en los términos de la Ley 32
de 1986, sin embargo, el ingreso base de liquidación de la prestación debió
determinarse de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es teniendo
en cuenta los factores devengados durante el los últimos 10 años de servicios que se
encontraran establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994, y no como lo
determinó el juez de primera instancia, esto es con el promedio de los ingresos
percibidos en el último año de servicios.

58. Adujo que de las providencias recurridas desconocen los precedentes contenidos

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Demandante: UGPP

en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de
2017, T-039 de 2018 de la Corte Constitucional y la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.

59. Advierte la Sala que la sentencia objeto de revisión resolvió que la pensión del
señor Montenegro Rodríguez se liquidara en cuantía del 75% del promedio de lo
devengado durante el último año de servicios, incluyendo como factores salariales: la
asignación básica mensual, prima de riesgo, el subsidio de alimentación, el auxilio de
transporte, y las doceavas partes de las primas de vacaciones, servicios y de navidad a
partir del 8 de julio de 200, y con efectos fiscales desde el 14 de mayo de 2009.

60. Lo anterior se acompasa con el criterio uniforme dentro de la Sección donde se
ha señalado que tanto antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, como al tenor de
lo establecido por el artículo 140 ibidem, los empleados del INPEC están amparados
por un régimen pensional especial por actividades de alto riesgo, que en este caso
corresponde al previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407
de 1994.; y los factores salariales para tener en cuenta debían ser los previstos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

61. Por tanto, aunque la entidad recurrente pretende la aplicación de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 emitida por esta Corporación, aquella decisión se
enmarcó en el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a la luz de la Ley 33 de 1985, situación que
difiere a la del hoy demandado, por contar con un régimen especial como lo consideró
la decisión al desatar el recurso de apelación.

62. Dicho criterio fue reiterado por esta Subsección en el recuento normativo
efectuado en la sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 4678-1426, vigente para
la época en que esta fue proferida. En dicha providencia, la Subsección se refirió al
régimen pensional aplicable a los empleados del INPEC en los siguientes términos:

«Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo de
custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el tiempo
de servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se estableció en
relación con la forma de liquidar la misma, por lo que se debe tener en cuenta que en
el artículo 114 ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se
aplican las normas vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue
reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.

De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del régimen
general, concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se estableció:

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Exp. 88001-23 33-000-

2014-00006- 01(4678-14); reiterada en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del 22 de junio de 2023
(3466-2021).

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Demandante: UGPP

«ARTÍCULO 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación o de
invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho
Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios».
Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la pensión
de jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en sentencia del 27 de
septiembre de 201827 sostuvo que serían los dispuestos en el Decreto 446 de 1994,
es decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de vacaciones (art. 3), la prima de
servicios (art. 4), los pasajes y gastos de transporte (art. 7), subsidio de transporte (art.
13), subsidio de alimentación (art. 14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no
constituyen factor salarial: la prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de
capacitación (art. 6), la prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la
prima de vigilantes instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).

De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC no se
estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala concluye que, para
quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho pensional se debe liquidar
con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios con los
factores establecidos en el Decreto 446 de 199428».

56. En esa misma línea, en sentencia del 9 de junio de 2022, se precisó que, para
determinar si al personal de custodia y vigilancia del INPEC le resulta aplicable el régimen
especial previsto en la Ley 32 de 1986, no es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dichos servidores públicos cuentan con un
régimen de transición particular, regulado en disposiciones normativas distintas.

«En suma, para el caso de los servidores del INPEC que hubiesen desempeñado
actividades peligrosas, como es el caso del demandado por haber ejercido los cargos
de dragoneante, inspector, inspector jefe y teniente de prisiones (pertenecientes al
Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional. Ver certificado de
información laboral obrante a folio 77 del cuaderno 1), no resulta válido estudiar su
situación en punto a la aplicación de los preceptos del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 según lo afirmado por la entidad
libelista en su recurso.

Lo expuesto se justifica en la medida en que dicha regulación general no les era
aplicable a aquellos funcionarios por expreso mandato del artículo 140 ibidem,
habida cuenta de que no solo con anterioridad a la entrada en vigencia del SGSS
estos tenían una regulación específica en materia prestacional contenida en la
Ley 32 de 1986, sino que además en el primer precepto aludido se conminó al
Gobierno Nacional a expedir el régimen propio de estos empleados»29.

63. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se configuran
las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón
por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta por la

27
Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social.
28 Esta decisión fue reiterada de forma posterior en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Exp. 23001-23-33-000-2016-00445-01 (3423-
2018). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 9 de junio

de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021). C.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00431-00 (5793-2023)
Demandante: UGPP

UGPP.

3.6. Condena en costas

En el caso concreto, la Sala advierte que no hay lugar a imponer condena en costas por
tratarse de un proceso donde se ventila un interés público, teniendo en cuenta que se
invocaron las causales a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar infundada la acción especial de revisión interpuesta contra la
sentencia de 30 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca- Sección Segunda- Subsección “D” dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 11001 -33-35-023-2019-00565-00 proferido por
Germán Alejandro Montenegro Rodríguez contra la UGPP de conformidad con lo
señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial
SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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