Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00435-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00435-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00435-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00435-00 (5926-2023) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Mary Luz Rojas Rubiano
Temas: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declara fundada parcialmente la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Sin condena en costas
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la UGPP en contra de la sentencia de 26 de abril de 2013,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
50001333100320120019200.
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Se presentó el 8 de junio de 2018 (f. 260 «expediente digital archivo
«6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf»), de manera que
está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00435-00 (5926-2023)(AER)
Accionante: UGPP
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda3
2. La señora Mary Luz Rojas Rubiano, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:
• Declarar la nulidad de la Resolución PAP 048591 del 15 de abril de 2011,
proferida por CAJANAL E.I.C.E en liquidación, por medio de la cual se le
negó la reliquidación de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta lo
contemplado en el Decreto Ley 3135 de 1968 y la Ley 33 de 1985.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la
entidad reliquidarle la pensión de jubilación, teniendo en cuenta el
Decreto-Ley 3135 de 1968 y la Ley 33 de 1985, con base en el 75% del
promedio de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, como son la asignación básica, la bonificación por servicios,
las horas extras, las primas de servicios, de vacaciones y de navidad,
devengados durante el último año de servicios comprendido entre el 1.°
de enero y el 30 de diciembre de 2002, cuando ocurrió el retiro definitivo
del servicio; lo anterior debidamente actualizado de acuerdo con el IPC,
junto con el pago de las diferencias resultantes por concepto de mesadas
atrasadas causadas desde la fecha de su status pensional y la inclusión
en nómina y cumplimiento de la sentencia que así lo ordene.
• Finalmente, solicitó que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
1.1.2 Hechos Relevantes
3. Según se indicó en la demanda la señora Mary Luz Rojas Rubiano nació
el 24 de enero de 1948 y laboró por más de 20 años desde el 7 de diciembre de
3 Expediente originario visible en el índice 27 del expediente digital visible en el sistema Samai, del radicado
del epígrafe.
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Accionante: UGPP
1980 hasta el 30 de diciembre de 2002, como auxiliar de servicios generales en
el Hospital Departamental de Granada, por lo que adquirió su estatus jurídico el
24 de enero de 2003.
4. Por lo anterior, CAJANAL E.I.C.E mediante la Resolución 14273 del 15 de julio
de 2004, le reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $486.441,83, efectiva
a partir del 24 de enero de 2003, condicionada a demostrar el retiro definitivo del
servicio.
5. El anterior reconocimiento se efectuó con base en la edad y el tiempo de
servicios contemplados en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, pero en cuanto al
monto para la liquidación de la prestación, sólo tuvo en cuenta la asignación
básica mensual, y la bonificación por servicios devengadas durante su último
año, con base en la Ley 100 de 1993.
6. Por lo anterior, el 27 de diciembre de 2010 la allí demandante solicitó ante
CAJANAL E.I.C.E en liquidación, la reliquidación de su pensión de jubilación para
que se tuviera en cuenta todos los factores salariales devengados en el último
año de prestación de servicios, en atención a las Leyes 33 y 62 de 1985 y a la
sentencia de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
7. Su petición fue resuelta negativamente a través de la Resolución PAP 048591
del 15 de abril de 2011, que se encuentra ejecutoriada.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación
8. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron
los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, el 1. ° de la Ley 33 de 1985, el 1. ° de la
Ley 62 de 1985 y la sentencia de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.
9. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado
desconoció lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con
el cual le asiste derecho a la aplicación integral de las disposiciones anteriores
como son las Leyes 33 y 62 de 1985.
2.1.4. Sentencia objeto de revisión4
10. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante
4 Expediente originario visible en el índice 27 del expediente digital visible en el sistema Samai, del radicado
del epígrafe. Folios 88 y s.s.
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providencia de 26 de abril de 2013, declaró la nulidad del acto acusado y
concedió las súplicas de la demanda.
11. Para tal efecto, señaló que la accionante era beneficiaria del régimen de
transición contenido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, de acuerdo con
dicha disposición, las pensiones de quienes cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985 deben liquidarse de
conformidad con lo establecido en el inciso final del precitado artículo 36. A su
vez, indicó que, según esta norma, la liquidación debió efectuarse de
conformidad con la Ley 33 de 1985.
12. En consecuencia, ordenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la señora Mary
Luz Rojas Rubiano en una cuantía equivalente «[…] con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos durante el año inmediatamente anterior a la
adquisición del status jurídico de pensionada, además de los factores ya
reconocidos, los siguientes: las doceavas (1/12) partes de la prima de servicios,
prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación recreativa, auxilio de
transporte y auxilio de alimentación.». Esto es, con efectividad desde el 27 de
diciembre de 2007, dada la ocurrencia del fenómeno de la prescripción.
13. Así mismo, autorizó practicar los descuentos correspondientes sobre los
aportes no realizados y los descuentos relativos a los montos pagados por
concepto de mesadas pensionales ya canceladas. Ordenó el reajuste de las
sumas correspondientes y dar cumplimiento al fallo, de conformidad con los
artículos 176 a 178 del C.C.A.
14. Contra la citada decisión se interpuso recurso de apelación que fue declarado
desierto a través de auto de 31 de enero de 2014 por falta de comparecencia a
la audiencia de conciliación.
2.1.7. La acción especial de revisión5
15. La UGPP invocó como causal de revisión la consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
5Folios 237 y s.s. del expediente digital. Archivo:
«6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf».
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
• Revocar la sentencia de Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Villavicencio del 26 de abril de 2013, dictada en el proceso de nulidad y
restablecimiento instaurado por Mary Luz Rojas Rubiano contra
CAJANAL, en el proceso radicado con el núm.
50001333100320120019200.
• Declarar que la señora Rojas Rubiano en cuanto a la liquidación de su
mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido amparable
por la legislación colombiana, y en su lugar, ordenar la reliquidación y pago
de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en las Sentencias
C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, esto es con un ingreso base de liquidación de conformidad
con el artículo 21 y el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así
como los factores base de cotización taxativamente determinados en el
Decreto 1158 de 1994 y con una tasa de reemplazo del 75% previsto en
Ley 33 de 1985.
17. Para fundamentar la causal de revisión la UGPP sostuvo que la señora Rojas
Rubiano no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización
establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994.
18. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de
2017 y, T-039 de 2018.
2.1.8. Contestación
19. La señora Mary Luz Rojas Rubiano fue notificada personalmente de la
admisión de la acción de revisión el 15 de febrero de 2024, como se advierte en
el índice 22 del expediente digital disponible en Samai, pero no contestó la
demanda.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer de la acción de revisión del epígrafe.
21. En efecto, si bien han surgido tesis contradictorias sobre la competencia para
conocer de las acciones especiales de revisión establecidas en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, formuladas contra sentencias proferidas por Juzgados
Administrativos, no obstante, a través de auto de 22 de agosto de 2023 esta
Corporación avocó conocimiento de la acción especial de revisión del epígrafe 6,
con base en el auto de 8 de mayo de 20187, dictado por la Subsección B de la
Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia de la consejera Sandra
Lisset Ibarra donde se señaló:
«22. Por otra parte, la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del tesoro público o de fondos de naturaleza pública que se realicen a través de
providencias judiciales, transacciones o conciliaciones serán competencia del
Consejo de Estado, teniendo como fundamento lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.
23. De acuerdo con la competencia establecida en la norma antes citada, se
observa que los asuntos del conocimiento de los Tribunales Administrativos
fueron establecidos en los artículos 151 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y en ellos
no aparece que el legislador les haya asignado la competencia para el recurso
extraordinario de revisión de que trata la Ley 797 de 2003 encontrando que la
misma aparece de manera expresa, concreta y directamente asignada al Consejo
de Estado.
24. De acuerdo con lo expresado anteriormente y con fundamento en las normas
que se ha estudiado, se procederá a declarar la nulidad de la decisión de primera
instancia y en su lugar se asumirá el conocimiento por esta Corporación, de
conformidad con la regla de competencia fijada por la Ley 797 de 2003.
[…] ».
22. Con base el anterior pronunciamiento, y a través de providencia de 12 de
diciembre de 20238 fue admitida la demanda de revisión y se ordenó la
notificación de auto admisorio a la señora Mary Luz Rojas Rubiano.
6 Radicado 50001-23-33-000-2018-00182-01 (2445-2022). Por error había sido radicada como conflicto de
competencia. Archivo:
«007AUTOQUEAVOCACONOCIMIENTOPORREMISIONDEPROCESOORDINARIO.pdf» visible en el
expediente digital del sistema Samai correspondiente a la radicación del epígrafe.
7 Radicado 85001-23-33-000 2017-00056-01 (2698 – 2017).
8 Índice 17 aplicativo SAMAI.
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3.2. Oportunidad
23. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20039, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».
24. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada el 8 de junio de 201810 en vigencia de la
misma, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general, debe
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
Sin embargo, entre las excepciones a dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo
siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
25. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció
que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar
las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años
de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio
de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su
jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
9 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
10 Folio 260. Expediente digital. Archivo:
«6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf»
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Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
26. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda vez que, la
decisión judicial que se cuestiona fue proferida el 26 de abril de 2013 y, y si bien
no se aportó constancia de ejecutoria, se advierte que en la Resolución RDP
016121 de 23 mayo de 2014, por la cual se dio cumplimiento a la decisión judicial
se indicó que quedó ejecutoriada el 11 de febrero de 2014. Por tanto, como la
acción de revisión se presentó el 8 de junio de 2018, se colige que su radicación
ocurrió en tiempo.
3.3. Problema jurídico
27. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 26 de abril de 2013,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio incurrió en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al
condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Mary Luz
Rojas Rubiano con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio, incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley
devengados durante dicho periodo, es decir, además de la asignación básica, las
horas extras y la bonificación por servicios, las doceavas (1/12) partes de las
primas de servicios, de vacaciones y de navidad, la bonificación recreativa, el
auxilio de transporte y el auxilio de alimentación.
28. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada relacionada
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y la causal contemplada en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
29. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA11 (antes artículo
11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
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188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada12, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
30. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y está considerada
precisamente como una acción especial13, con algunas diferencias referidas a
su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia14 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado15, que a su vez
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
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es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
31. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200316 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
32. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200917 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
33. La causal alegada por la UGPP se encuentra contemplada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
34. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente18 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa19 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones20,
en especial, el principio de solidaridad21 y equilibrio financiero.
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
16 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
17 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
19 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
20 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
21 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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35. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Juzgado, frente al régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso de la señora Mary
Luz Rojas Rubiano quien es beneficiaria del mismo, pues para el 1.° de abril de
1994, fecha en la cual entró en vigencia la norma, contaba más de 15 años de
servicios por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas de la
transición según las cuales, se le debe liquidar la pensión con el promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta
para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales
cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
36. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.
37. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que la pensión se
reconoció teniendo en cuenta factores salariales que no se encuentran
contemplados en el Decreto 1158 de 1994, por lo que se impuso una carga
prestacional sin fundamento legal y en detrimento del erario y que generó una
afectación por los siguientes valores:
38.Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
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3.5.2.2. Caso concreto
39. Para la Sala, esta causal se encuentra configurada parcialmente en el
presente asunto por los siguientes motivos:
40. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que a
la señora Mary Luz Rojas Rubiano le sea aplicable el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de revisión y la
providencia judicial cuestionada.
41. Revisado el expediente se observa que nació el 24 de enero de 1948 como
lo indica la copia de la cédula de ciudadanía, que obra en el folio 85 y 8622.
42. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró sin interrupciones en el
Hospital Departamental de Granada desde el 7 de diciembre de 1980 hasta el 11
de junio de 2003 como auxiliar de servicios generales, según el certificado de
laboral expedido por la subgerente administrativa del citado ente hospitalario el
23 de agosto de 2004 visible a folio 11923.
43. De lo anterior se concluye que, al 30 de junio de 1995, fecha en la que entró
en vigor la Ley 100 de 1993 en el sector territorial, la señora Rojas Rubiano tenía
14 años de servicio y 46 años de edad, por lo que le era aplicable el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, como lo determinó el Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio
44. Ahora bien, la reliquidación de la pensión ordenada en las sentencias objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional anterior, en virtud
del régimen de transición del que es beneficiaria la señora Rojas Rubiano , bajo
los parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vigente para la época en que se definió el proceso judicial (26
de abril de 2013), esto es con el 75% del promedio de los factores devengados
durante el último año de servicios (2002-2003), en los términos de la Ley 33 de
1985.
45. Sin embargo, en cuanto a los factores ordenó la inclusión, además de la
asignación básica, las horas extras y la bonificación por servicios, las doceavas
22 Expediente digital. Archivo:
«6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf»
23 Expediente digital. Archivo:
«6_6_110010325000202300435002EXPEDIENTEDIGIEXPDIGITA20230926171043.pdf»
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(1/12) partes de la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,
bonificación recreativa, auxilio de transporte y auxilio de alimentación.
46.Tales factores fueron efectivamente devengados por la señora Rojas Rubiano
durante el citado interregno, tal como lo demuestra la certificación expedida por
el Hospital Departamental de Granada, visible a folios 103 y s.s.24, salvo las horas
extras, que solo fueron percibidas por la señora Rojas Rubiano hasta el mes de
junio de 2001.
47. Además se tiene que a través de la Resolución RDP 016121 de 23 de mayo
de 2014, se dio cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio y se reliquidó la pensión, con el 75% de los
factores salariales percibidos en el último año de prestación de servicios (junio
de 2002 a junio de 2003), con una mesada pensional de $507.464. Para ello se
atendió a los emolumentos enumerados, salvo a las horas extras que no fueron
incluidas en la liquidación pensional:
24
Ibidem.
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48. No obstante, si bien la UGPP manifestó que para calcular el IBL de la
pensionada debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha
desarrollado sobre el tema; lo cierto es que no expuso ningún reparo frente a
algún emolumento en particular.
49. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985. (…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».
50. Sin embargo debe resaltarse que en la misma sentencia de 4 de agosto de
2010 la Sección Segunda de esta Corporación estableció que la bonificación por
recreación no podía ser incluida en la liquidación pensional por cuanto «[…] no
constituye factor salarial para efectos prestacionales, […] tampoco puede
perderse de vista que el objeto de dicho reconocimiento no es remunerar
directamente la prestación del servicio del empleado, sino, por el contrario,
contribuir en el adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del mismo,
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como lo es la recreación; […]».
51. Es de anotar que la anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, fijó reglas y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un
precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales, con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través
de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada
que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
52. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
53. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».
54. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».
55. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
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momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 26 de
abril de 2013 , lo cierto es que no se puede entender que el reconocimiento se
haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de adoptar
la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de conformidad
con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
56. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de
2018 señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.25
57. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, , SU - 395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T – 039 de 2018, se
advierte que, la sentencia que se revisa, proferida el 26 de abril de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no hizo referencia a las sentencias de
la Corte C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015, dictadas con anterioridad, empero
justificó su decisión acogiendo el precedente de esta Corporación establecido el
4 de agosto de 2010.
58. Cabe señalar que si bien para entonces, en la sentencia C- 258 del 7 de mayo
de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne el pensionado.
59. Tal como lo señaló esta Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.
60. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
frente al argumento del desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015 de la Corte
Constitucional.
25 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)]
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61. Sin embargo, como ya se indicó, la UGPP advirtió que, en la sentencia objeto
de revisión, el Juzgado ordenó la inclusión de factores diferentes a los
establecidos en el Decreto 1158 de 1994, empero advierte la Sala que en cuanto
a los factores el Juzgado se apartó del precedente de la 4 de agosto de 2010,
dado que ordenó la inclusión de la bonificación por recreación, por lo que es
evidente que en en este caso se configura parcialmente la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 alegada por el apoderado de la
UGPP, por lo que debe declararse fundada parcialmente la acción de revisión de
la referencia.
62. En ese sentido, el reconocimiento pensional debe mantenerse, pero la
liquidación de dicho reconocimiento debe modificarse en el sentido de excluir la
bonificación por recreación como factor base de liquidación, pues no tiene
sustento legal, ni jurisprudencial para su inclusión.
63. Finalmente, si bien en el escrito de la demanda, la entidad solicitó la
devolución de los dineros pagados en exceso a la pensionada, no se accederá a
la citada pretensión al no probarse que fueron recibidos de mala fe.
64. Decisión: Se infirmará parcialmente la sentencia de 26 de abril de 2013
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
50001333100320120019200.
65. En su lugar, se revocará parcialmente la sentencia en cuanto incluyó la
bonificación por recreación, como factor pensional. Igualmente se excluirán las
horas extras dado que está demostrado que la señora Rojas Rubiano no las
devengó en el año anterior a la adquisición del estatus.
3.6. Condena en costas
66. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho28, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso29 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.
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67. En este caso, considera la Sala que no hay lugar a la condena en costas,
conforme con el artículo 188 del CPACA, por cuanto la acción especial de revisión
se declarará parcialmente fundada. Este hecho releva a esta Sala a realizar la
fijación pues la norma que rige sobre el particular impone su improcedencia
cuando ha prosperado, según se advierte del numeral 1. °, del artículo 365 del
CPG, aplicable por remisión normativa expresa del referido artículo 188 del
CPACA.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la acción especial de
revisión interpuesta contra la sentencia de 26 de abril de 2013, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 50001333100320120019200, de
acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - En consecuencia, INFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 26
de abril de 2013, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio,
por lo que se modificará su numeral segundo, que quedará así:
«SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP- reliquidar la pensión
vitalicia de jubilación de MARY LUZ ROJAS RUBIANO identificada con la C.C. N°
41.426.423 de Bogotá, con la inclusión de todos los factores salariales percibidos
durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del status jurídico de
pensionada comprendido entre el 23 de enero de 2002 y el 23 de enero de 2003, con
la inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios, los siguientes: las
doceavas (1/12) partes de la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, el auxilio de transporte y auxilio de alimentación.».
TERCERO. - MANTENER en todo lo demás la sentencia del 26 de abril de 2013,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio.
CUARTO: En lo demás DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión
promovida por la UGPP en contra del fallo de 26 de abril de 2013, señalada en
el numeral primero de esta providencia.
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Accionante: UGPP
QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones señaladas.
SEXTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente
al tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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