Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00476-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00476-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00476-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00476-00 (6552-2023)
Accionante: Fredy Fortunato Loaiza
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011.
Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso.
Principio de congruencia.
I. ASUNTO
1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por Fredy Fortunato Loaiza1 en
contra de la sentencia del 5 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F” dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-021-
2020-00026-01.
II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó declarar la nulidad del acto
administrativo nro. 20193110595071: MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-
COPER-DIPER-1-10 del 29 de marzo de 2019 y del acto ficto negativo emanado de
la falta de respuesta a la petición de 3 de febrero de 2019.
3. Subsidiariamente, se apliquen las excepciones de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad, de acuerdo con lo explicado en el concepto de violación, y se
anule la decisión ficta demandada.
4. Como restablecimiento del derecho exigió: i) reconocer que, al igual que los
oficiales y suboficiales, el actor se encuentra en el mismo supuesto fáctico que le
permite acceder a la prima de actividad; ii) condenar a la demandada a reconocer
y pagar al accionante la diferencia del 20% dejada de percibir en su asignación
básica mensual, la prima de actividad y el reajuste del subsidio familiar, con la
respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.
5. Hechos. El demandante se vinculó al Ejército Nacional en calidad de soldado
profesional en vigencia de los Decretos Leyes 1793 y 1794 de 2000. Desde
1 El escrito de revisión se presentó a través de la ventanilla virtual de esta corporación el 5 de octubre de 2023,
según se evidencia en el índice 3 de la plataforma SAMAI.
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entonces, su asignación básica mensual ha sido inferior a la recibida por los
soldados profesionales que ingresaron a la institución con anterioridad a esa norma
-otrora soldados voluntarios-, a pesar de que las funciones de unos y otros son
similares.
6. Que ha estado en servicio activo en iguales condiciones de los oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares, por lo que debe recibir la prima de actividad.
Además, tiene derecho a que el subsidio familiar que actualmente devenga sea
reajustado en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
7. Normas violadas y concepto de violación. La negativa de los derechos
reclamados evidencia la discriminación permanente, sistemática e injustificada que,
a lo largo del tiempo, han experimentado los soldados profesionales en relación con
los beneficios conferidos a otros grupos de militares -oficiales y suboficiales- en
materia de prerrogativas emanadas de la muerte en combate, las partidas
computables para fines de asignación de retiro y el subsidio familiar.
8. Sentencia de primera instancia. Mediante sentencia de 30 de agosto de 2022,
el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró la
existencia del acto ficto negativo denunciado en la demanda y negó el resto de
súplicas vertidas en ella.
9. Con tales fines y después de referenciar brevemente las normas contentivas del
régimen de personal, salarial y prestacional de los soldados profesionales,
concluyó:
9.1 El demandante no tiene derecho a que su asignación básica mensual
corresponda a un salario mínimo legal mensual más un sesenta por ciento
(60%), porque se vinculó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto Ley
1794 de 2000. Además, si bien la nueva norma disminuyó en un 20% la
asignación básica mensual, creó nuevos beneficios salariales y primas que
antes no devengaba un soldado voluntario.
9.2 Tampoco le asiste razón en cuanto a la prima de actividad, pues en la
norma en cita no se estableció ese beneficio en favor de los soldados
profesionales. Además, no se vulneró el principio a la igualdad por el hecho
de que tal emolumento sea concedido a los oficiales y suboficiales de las
fuerzas militares, porque sus condiciones y funciones son distintas a la de
aquellos.
9.3 Los criterios de distinción que se establecieron para justificar tal
diferencia son objetivos y razonables, tales como: la manera de ingreso a
cada uno de los rangos, exigibilidad de requisitos, condiciones para ingreso
de los mismos, grado de responsabilidad en las funciones, etc.
9.4 Por último, negó el reconocimiento del subsidio familiar, al no encontrar
acreditado que el actor hubiese presentado la solicitud para su
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reconocimiento antes del 1.° de julio de 2014, incumpliendo así la carga
probatoria que le asistía.
10. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior decisión, el abogado de la
parte actora la recurrió en apelación, arguyendo, en esencia, que:
11. En relación con la pretensión del 20% sobre la asignación básica mensual,
argumentó:
11.1 El a quo confundió que el juicio de igualdad propuesto en la demanda
apuntaba a comparar la situación de los antiguos soldados voluntarios que
decidieron vincularse como soldados profesionales y el grupo de uniformados
que ingresó a las filas castrenses a partir de los Decretos Leyes 1793 y 1794
de 2000 quienes, en su totalidad, están gobernados por las mismas normas,
tienen las mismas condiciones, responsabilidades y formación y, además,
cumplen con las mismas funciones. Por tanto, no podía afirmar que ambos
grupos pertenecen a regímenes jurídicos distintos a partir de la fecha de
vinculación a la entidad que, por cierto, no es un criterio objetivo que
patrocine esa desigualdad.
11.2 La sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 no podía aplicarse
al presente caso, pues la regla jurisprudencial fijada estuvo encaminada a
garantizar el derecho adquirido de los soldados voluntarios que, vinculados
posteriormente como soldados profesionales, experimentaron una reducción
del 20% sobre su asignación básica mensual; mientras que en la demanda
actual no se hicieron ese tipo de reclamaciones. Además, en dicha
providencia no se analizó la vulneración del derecho a la igualdad salarial en
la modalidad de «a trabajo igual - salario igual».
11.3 No se demostraron los criterios objetivos que, a la luz de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifican un trato diferente en
materia salarial, entre ellos, los de evaluación y desempeño, las divergencias
en la estructura institucional y/o diversas clasificaciones de empleo.
11.4 Se desconocieron: las reglas jurisprudenciales sobre el principio de «a
salario igual – trabajo igual»; la existencia de una igualdad formal entre los
sujetos que deben ser comparados; los medios de prueba que evidencian la
aludida similitud; la presunción de carga probatoria en materia de
discriminación; los principios fundamentales del derecho al trabajo y de la
carrera militar; la excepción de inconstitucionalidad e inconvencionalidad
propuestas en la demanda.
12. En cuanto a la pretensión de reconocimiento de la prima de actividad, alegó:
12.1 Los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las fuerzas
militares cumplen con el supuesto de hecho previsto en la norma para
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acceder a la prima de actividad, relacionada con la permanencia en el
servicio. Por tanto, no existe patrón alguno que justifique la diferenciación
existente al respecto.
12.2 La demandada no demostró la existencia de un criterio que justifique
esa desigualdad, además de que las funciones desempeñadas por los
oficiales y suboficiales no constituye un parámetro que avale la distinción,
porque aún ellos tienen asignadas diversas misiones y no por eso se les deja
de reconocer la prima.
12.3 Se desconoció que, en tratándose de discriminación, opera una
inversión de la carga de la prueba que no fue satisfecha por la accionada.
13. Frente a la pretensión de reajuste del subsidio familiar, afirmó:
13.1 No se estudiaron las excepciones de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad planteadas en cuanto a este ítem, ni la vulneración al
derecho a la igualdad y las garantías de favorabilidad pedidas en la demanda.
13.2 Se dio por probado, sin estarlo, que la demandada desvirtuó la
presunción de inconstitucionalidad que pesada sobre el acto ficto negativo
demandado.
13.3 Se desconocieron los principios de igualdad, favorabilidad laboral, in
dubio pro operario y condición más beneficiosa, pues se aplicó la
interpretación normativa más desfavorable a los intereses del trabajador.
14. Sentencia objeto de revisión. En sentencia de 5 de septiembre de 2023, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”
confirmó la sentencia de primera instancia.
15. Con dicho propósito, y luego de referenciar el incremento del salario que percibe
en actividad en un 20%, el reconocimiento de la prima de actividad y del subsidio
familiar, concluyó que:
15.1 El a quo resolvió todos los puntos de la demanda (diferencia del 20%,
la prima de actividad y el subsidio familiar), por lo tanto, al no encuadrarse
dentro de las causales de ley, no se configuró ninguna nulidad.
15.2 El actor no tiene derecho a recibir la asignación básica mensual en un
60%, porque su vinculación al Ejército Nacional se cumplió en vigencia de los
Decretos Ley 1793 y 1794 de 2000. Además, la situación de los soldados
profesionales no es la misma que la de los soldados voluntarios, debido a los
derechos adquiridos.
15.3 No se aprecia la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad o
de convencionalidad, debido a que, no se encontró causal de nulidad del acto
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ficto demandado y no se encuentra causal alguna de inaplicación de las
normas que regulan la materia, más aún, por cuanto existe sentencia de
unificación que regula el tema y que fue uno de los fundamentos de la
sentencia objeto de la alzada
15.4 Tampoco hay lugar a reconocer la prima de actividad, dado que la
normativa que regula las prestaciones de los soldados profesionales, no
consagra esta prestación como una de ellas.
15.5 No existe vulneración al principio de igualdad, debido a que los soldados
profesionales no se encuentran en la misma situación de hecho que los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, razón por la que no puede
exigirse las prestaciones en las mismas condiciones y porcentajes.
15.6 El actor no tiene derecho a que el subsidio familiar que devenga se le
liquide en los términos del artículo 11 del Decreto 1790 de 2000, en atención
al principio de progresividad.
16. Del recurso extraordinario de revisión. Para el recurrente, las sentencias
dictadas en el proceso ordinario incurrieron en la causal de revisión contenida en el
numeral 5.° del artículo 250 de la ley 1437 de 20112.
17. Fundamentos. Se hicieron los siguientes reproches:
18. En cuanto a la sentencia de primer grado:
18.1 No examinó ni se pronunció frente a los supuestos fácticos,
pretensiones y cargos jurídicos invocados en la demanda en torno al reajuste
salarial, relacionados con la vulneración al derecho a la igualdad, el
desconocimiento de los principios generales de la carrera administrativa de
los soldados profesionales, de los postulados del derecho al trabajo, los
hechos demostrados, las cargas probatorias y la presunción de
discriminación -las tres últimas señaladas en los alegatos de conclusión-.
18.2 No valoró ni resolvió los supuestos de hecho, súplicas y argumentos
jurídicos formulados en el libelo relacionados con la prima de actividad, entre
ellos: la infracción al principio de igualdad y la omisión de los principios del
derecho al trabajo.
19. En cuanto a la sentencia de segundo grado:
19.1 No resolvió la solicitud de adición y de nulidad de la sentencia de primer
grado. La primera de ellas, relacionada con los puntos que no fueron objeto
de decisión y, la segunda, fincada en la vulneración del principio de
2 «ARTICULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de
2003, son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.»
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congruencia y, de contera, del derecho al debido proceso.
19.2 No se pronunció completa, exhaustiva y rigurosamente sobre los cargos
formulados en contra de la negativa de las tres pretensiones invocadas en la
demanda -reajuste salarial (22 reparos), prima de actividad (8 reproches) y
subsidio familiar (5 aseveraciones).
20. Con sustento en lo señalado, arguyó que las providencias de primera y segunda
instancia desconocieron el principio de congruencia al no resolver todos y cada uno
de los supuestos fácticos, pretensiones y argumentos jurídicos invocados en la
demanda y en el recurso de apelación.
21. Pretensiones. Solicitó declarar la nulidad parcial de las aludidas providencias
y, consecuentemente, devolver el expediente al juzgado de primera instancia para
que profiera una sentencia en la que se resuelvan cada uno de los puntos
planteados en la demanda.
22. La intervención del procurador delegado. No intervino en esta oportunidad.
III. CONSIDERACIONES
23. Competencia. Esta subsección es competente para resolver este asunto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta
corporación.
24. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
25. En el presente asunto, la sentencia impugnada fue proferida el 5 de septiembre
de 2023, mientras que el recurso fue presentado el 5 de octubre de 2023 a través
de ventanilla virtual de este tribunal3. Por tanto, se concluye que su radicación se
cumplió dentro de los términos de ley.
26. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en el recurso, corresponde a
la sala determinar sí ¿La sentencia impugnada desconoció el principio de
congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera, vulneró el
debido proceso del demandante?
27. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del Recurso
Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250
del CPACA y; iii) el principio de congruencia de las providencias judiciales.
3 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
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28. Normas y jurisprudencia aplicables.
29. La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión. El artículo
248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
30. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las subsecciones y
secciones de esta corporación-.
31. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,4 la Sala Décima Especial de Revisión de este
Tribunal, expresó:
«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.
43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante
la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».5
44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina6
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
4
Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Liset Ibarra Vélez.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
6 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
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configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.7
45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».8
32. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.
33. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.9 En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez10 o para corregir errores «in iudicando»11, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados12-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
7 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
8 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-
2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia
de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
10 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-
000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
11
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores
in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
12 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
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de una persona con mejor derecho13-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,14- o
deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación15-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios
de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho
de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si
se tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».16
34. El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».
13 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
14 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
15 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
16 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia de 27
de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no constituye
una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el
fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen
y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia
de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento,
ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y
debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de
revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con
fuerza de cosa juzgada (...)».
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35. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.
36. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.17
37. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio no
se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial.18 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:19
«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia20 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.
Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201821 proferida por la Sala Plena de la
17 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
18 A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
19 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV
2014-00440-00.
21 Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
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Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:
• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.
En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional22 y que se configuren en la sentencia».
38. Corolario, las causales de nulidad que se pueden pregonar frente a las
sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas
últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las
garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
39. El principio de congruencia de las providencias judiciales. En el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011 se establece que la sentencia, amén de ser motivada,
debe referenciar brevemente la demanda y su contestación y, además, plasmar el
análisis crítico frente a las pruebas legalmente recaudadas y los razonamientos que
determinan la adopción de las decisiones insertas en ella.
40. En un contexto similar, el artículo 280 del Código General del Proceso afirma
que esa decisión «[…] deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de
las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre
ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código […]».
41. A renglón seguido, en el artículo 281 ejusdem se concibió el principio de
congruencia como el ingrediente principal de este tipo de providencias, principio
que demanda que tal determinación esté «[…] en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley […]».
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
22 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala
Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
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42. En otras palabras, se exige que esta providencia esté armónicamente ligada
con las pretensiones de la demanda y sus respectivos fundamentos fácticos y
jurídicos, así como también en consonancia con los planteamientos fijados en la
correspondiente oposición “esto es, la contestación de la demanda”.
43. Por tales razones, al juez le está prohibido imponer condenas que excedan lo
pedido por el demandante «ultra petita» y/o para conceder pretensiones que no
fueron pedidas por él «extra petita». Sobre el particular, en sentencia de unificación
150 de 2021,23 la Corte Constitucional expresó:
«[…] 90. Sobre el particular, cabe mencionar que el principio de congruencia de la
sentencia previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso24, exige que la
decisión judicial debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en
la demanda. Se trata de una garantía del derecho al debido proceso que tienen las
partes involucradas en una litis, que opera como mandato general de protección en
los distintos procedimientos judiciales, por el cual se concibe que el juez solo
decidirá respecto de lo discutido en el proceso y tendrá vedado pronunciarse sobre
asuntos diferentes o que no hubiesen conocido los extremos procesales.
91. Precisamente, la jurisprudencia de esta corporación ha definido el principio de
congruencia “como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida
que impide determinadas decisiones[,] porque su justificación no surge del
proceso[,] [al] no responder [a] lo que en él se pidió, debatió, o probó”25. Además,
se ha establecido que cuando existe falta de congruencia en una providencia
judicial, es posible alegar la configuración de un defecto procedimental que torne
procedente la acción de tutela […]».
44. Así mismo, esta corporación26 ha pregonado que el principio de congruencia
detenta dos matices, una interna, referida a la relación inescindible que debe existir
entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia y, una externa, que exige conexidad
entre la decisión adoptada y lo planteado tanto en la demanda como en la respectiva
contestación. En oportunidad más reciente, la Sección Segunda, Subsección B de
este Tribunal27 concluyó:
«[…] En suma, lo expuesto se colige que el principio de congruencia se erige como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial, en el sentido que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del
mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo
pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como pretensión
tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión […]».
23 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
24
“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley (…)”.
25
Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2013.
26 Sección Cuarta, sentencia de 14 de agosto de 2013, expediente N° 73001-23-31-000-2006-01785-01(18580),
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
27 Sentencia de 26 de octubre de 2017, expediente N° 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), C.P. Cesar
Palomino Cortés.
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45. En esencia, el principio en estudio exige el respeto, la armonía y la
correspondencia entre lo pedido, lo probado y lo sustentado por las partes y la
decisión judicial que se deba adopte en un momento determinado.
46. Pues bien, conforme con lo analizado, la sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
47. Caso concreto - interrogante único: ¿La sentencia impugnada desconoció el
principio de congruencia que debe irrigar toda providencia judicial y, de contera,
vulneró el debido proceso del demandante?
48. Previa resolución del anterior planteamiento, la sala reseñará, con brevedad, el
descorrer del proceso ordinario en el que, a juicio de la parte recurrente, se generó
la vulneración a su debido proceso.
49. En primer lugar, se observa que, con la demanda, se solicitó la nulidad oficio
nro. 2019311595071 MDN-CGFM-COEJC-SEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1.10
proferido el 29 de marzo de 2019 y del acto ficto negativo producido por la falta de
respuesta a la petición de 3 de febrero de 2019.
50. Asimismo, y como restablecimiento del derecho, se exigió: i) reconocer que, al
igual que los oficiales y suboficiales, el actor se encuentra en el mismo supuesto
fáctico que le permite acceder a la prima de actividad; ii) condenar a la demandada
a reconocer y pagar al actor la diferencia del 20% dejada de percibir en su
asignación básica mensual, la prima de actividad y el reajuste del subsidio familiar,
con la respectiva reliquidación de sus prestaciones sociales.
51. Como fundamento jurídico de esas súplicas se invocó la causal de nulidad de
«infracción de las normas en que debería fundarse», erigida sobre cuatro
argumentos así:
51.1 Discriminación sistemática de los derechos laborales de los
soldados profesionales en Colombia, en la que reseñaron las exclusiones
y desigualdades existentes en cuanto a la pensión de sobrevivientes, la
diferencia salarial del 20% sobre la asignación básica mensual, las partidas
computables en la asignación de retiro y la prerrogativa del subsidio familiar.
51.2 Igualdad del 20% del salario, en la que propuso el juicio de igualdad
que debía realizarse frente a los soldados profesionales -tanto los vinculados
en vigencia de la Ley 131 de 1985, como los incorporados en vigencia del
Decreto Ley 1794 de 2000-. Con tales fines, invocó el principio de “a trabajo
igual, salario igual”, la vulneración del derecho al trabajo y sus principios
mínimos fundamentales, así como el desconocimiento de los pilares de la
carrera administrativa de ese personal y el enriquecimiento sin causa a favor
del Estado y en contra de los intereses del demandante.
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51.3 Prima de actividad en la que, luego de reseñar el derecho a la
igualdad, adujo que el único supuesto de hecho que a lo largo del tiempo ha
posibilitado a los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares acceder a
ese emolumento, es estar en servicio activo y/o permanecer en el servicio de
sus funciones, patrón no objetivo para justificar el trato desigual. En otras
palabras, arguyó que ni la jerarquía, las responsabilidades y funciones no
son los elementos que determinan el reconocimiento de esa prestación, por
lo que el demandante también tiene derecho a ella.
51.4 Mandato de no discriminación, invocado frente a la diferencia
salarial y la prima de actividad.
51.5 Subsidio de familia, indicó que se debe acudir a la norma más
beneficiosa para el trabajador.
52. Al dictar la sentencia de primera instancia, el Juzgado Veintiuno Administrativo
del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, así:
52.1 Frente al reajuste salarial del 20% acudió a las reglas previstas en el
artículo 1.° del Decreto Ley 1794 de 2000 para señalar que, la fecha de
vinculación del demandante solo le permite acceder a una asignación básica
mensual equivalente a un salario mínimo incrementado en un 40%.
52.2 En torno a la prima de actividad, indicó que el régimen salarial de los
soldados profesionales no la contempló, razón suficiente para negar su
disfrute. Sin embargo, resaltó que la concesión de ese emolumento a otro
grupo de militares -oficiales y suboficiales- no se erige en discriminación ni
desigualdad, pues en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
de establecieron criterios objetivos y razonables de diferenciación.
52.3 Respecto del subsidio familiar, sostuvo que el demandante no
cumplió con la carga probatoria para su reconocimiento.
53. Se observa que, para negar esas pretensiones, el juez de primer indicó que no
había vulneración al principio de igualdad, toda vez que, si bien ambos grupos de
soldados ejercen las mismas funciones, ingresaron a la entidad bajo distintas
condiciones y normativas.
54. Inconforme con esa decisión y consciente de esa omisión, el abogado de la
parte actora la recurrió en apelación. Para ello, invocó 22 cargos frente a la negativa
de la pretensión de reajuste salarial, 8 reparos en torno a la decisión adoptada frente
a la reclamación de la prima de actividad y 5 inconformidades por la negativa del
subsidio familiar. En la alzada, nuevamente reiteró los juicios de igualdad señalados
en la demanda.
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55. Al resolver la alzada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mantuvo la
negativa de esas súplicas. Respecto de la diferencia salarial, manifestó lo siguiente:
«La parte recurrente alega que existe un trato desigual entre los Soldados
Profesionales que se incorporaron directamente y los que lo hicieron después de
haber sido Soldados Voluntarios, en razón a que, cumplen las mismas funciones,
pero devengan una asignación mensual diferente; lo que le otorga el derecho a
incrementar el salario que percibe en actividad en un 20%.
La Sala se advierte que, está probado que el actor ingresó se incorporó como
soldado profesional a partir del 3 de agosto de 2006, sin haber prestado sus servicios
en condición de soldado voluntario.
Entonces, es del caso concluir que el demandante quedó cobijado por los
Decretos 1793 y 1794 de 2000, en virtud de los cuales, los soldados profesionales
que se vincularan a las Fuerzas Militares devengarían un salario mensual
equivalente al salario mínimo legal vigente, incrementado en un 40% del salario. Por
lo anterior, no le asiste el derecho de incrementar el salario que percibió en actividad
en un 20%.
De otra parte, frente a los reparos efectuados en torno a la vulneración del principio
de igualdad, la H. Corte Constitucional a través de diferentes pronunciamientos ha
establecido que son inadmisibles los tratos diferenciados que carezcan de sustento
objetivo, partiendo del hecho de que el derecho a la igualdad resulta procedente
entre iguales.
La Sala considera que, en esta oportunidad, a pesar de cumplir las mismas
funciones, los Soldados Profesionales que ingresaron directamente sin haber sido
Soldados Voluntarios no se encuentran en la misma situación fáctica de quienes
venían vinculados bajo el amparo de la Ley 131 de 1985, por ende, la diferenciación
que efectúa el ordenamiento está justificada en criterios objetivos que respetan las
disposiciones constitucionales.
[…]
Para esta Colegiatura lo anterior no configura un trato discriminatorio porque al
valorar los motivos y razones que llevaron al Gobierno Nacional a crear esa
diferencia en el salario de los Soldados Profesionales, se pudo establecer que
los dos grupos de trabajadores no se encuentran ubicados en supuestos de
hecho susceptibles de compararse en lo que tiene que ver con su asignación
salarial mensual, toda vez que los Soldados Voluntarios, antes de incorporarse
como Profesionales venían devengando mayor remuneración, situación que no
podía ser desconocida al momento de fijar su salario, puesto que se trataba de
derechos adquiridos.
En consecuencia, sí hubo un criterio objetivo de diferenciación al momento de fijar
el salario de los Soldados Profesionales, pero esto se hizo con el fin de crear una
transición entre quienes venían vinculados en vigencia de la Ley 131 de 1985, por
lo tanto, no desconoce el derecho a la igualdad, ni los derechos laborales, ni el
principio “a trabajo igual, salario igual”.
Por lo antes expuesto, no se aprecia la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad o de convencionalidad, debido a que, no se encontró causal
de nulidad del acto ficto demandado y no se encuentra causal alguna de inaplicación
de las normas que regulan la materia, más aún, por cuanto existe sentencia de
unificación que regula el tema y que fue uno de los fundamentos de la sentencia
objeto de la alzada.
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Es importante precisar que la sentencia de unificación que otorgó el derecho a
percibir una asignación equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente,
incrementada en un 60%, a quienes habían sido Soldados Voluntarios, si resulta
aplicable al caso objeto de análisis.
Lo anterior, porque, aunque dicha providencia de unificación estudió el asunto a
partir de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los soldados
voluntarios que fueron incorporados como Profesionales, las conclusiones son
aplicables a este caso, comoquiera que allí se determinó que a quienes ingresaron
directamente como Soldados Profesional se les aplicaría salarialmente el artículo 1°
del Decreto 1794 de 2000, esto es, que devengarían un salario mínimo
incrementado en un 40%.» (Énfasis de la sala)
56. En síntesis, el mencionado tribunal consideró que: i) el demandante no tenía
derecho a la diferencia salarial del 20%, ii) que se utilizó la sentencia de unificación
aplicable al caso en concreto y que la diferencia entre los soldados voluntarios y
profesionales estaban justificadas en criterios objetivos.
57. Lo anterior, no se encuadra en una nulidad originada en la sentencia, debido a
que se está en presencia de una interpretación motivada y razonada del operador
judicial, con base en unas providencias de esta corporación y no, frente a una
vulneración de garantías constitucionales fundada en el pleno desconocimiento de
argumentos del recurso de apelación. Recuérdese que este recurso extraordinario
no fue diseñado para discutir los fundamentos jurídicos de las providencias, ni
controvertir la actividad hermenéutica del juez.
58. Ahora bien, es importante poner de presente que, aunque en el recurso de
revisión se mencione que no se estudiaron todos los cargos planteados respecto de
dicha diferencia, lo cierto es que el tribunal sí estudió de manera sintetizada los
reproches planteados en la apelación. Por ejemplo, sin necesidad de emitir un
pronunciamiento expreso sobre el contexto histórico de la diferencia existente de
los soldados profesionales, el tribunal si explicó objetivamente los motivos por los
cuales consideró que no existía tal diferencia.
59. A juicio de la sala, no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos,
cuando de manera compendiosa, se pueden resolver varios cargos que traten sobre
un tema en específico.
60. Adicionalmente, aunque según el criterio del recurrente, la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 no era aplicable al caso en concreto, la sala
no comparte dicha conclusión, puesto que en esa providencia se establecieron las
diferencias entre los soldados profesionales que entraron por primera vez a la fuerza
pública y los que venían de ser soldados voluntarios, lo que se acompasa con la
pretensión del reconocimiento salarial pretendido por el señor Fredy Fortunato
Loaiza.
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61. Respecto del reconocimiento de la prima de actividad, evidencia la sala que las
consideraciones del tribunal sí respondieron a los cargos del recurrente28,
tendientes a demostrar que el operador judicial incurrió en error al pensar que para
su otorgamiento se exige una preparación, experiencia y responsabilidades
diferentes. Véase:
«El Consejo de Estado al resolver un caso similar al aquí planteado, analizó si se
configuraron los presupuestos para adelantar el juicio de igualdad determinó lo
siguiente:
[…]
La Sala concluye que la jurisprudencia ha sido consecuente en afirmar que le está
permitido al legislador al momento de ejercer su potestad reglamentaria, efectuar un
trato diferente tratándose de asuntos de carácter laboral, siempre y cuando se
fundamente en criterios objetivos y razonables.
Tales criterios y objetivos, fueron definidos por la Corte Constitucional cuando
estableció el denominado test de igualdad, mecanismo con el cual pretendió
consolidar una forma de estudiar el derecho a la igualdad, en razón a que no todas
las diferencias pueden significar desconocimiento de tal derecho. (Corte
Constitucional. Sentencia C- 862 de 2008).
[…]
La parte actora alegó que tiene derecho al reconocimiento de la prima de actividad,
por cuanto no existe un criterio objetivo que justifique el trato diferenciado que
permite que los Oficiales y Suboficiales sí devenguen la prestación; y los Soldados
Profesionales no.
La Sala advierte que contrario a lo manifestado por el recurrente, en este caso no
nos encontramos frente a sujetos de la misma naturaleza, pues recuérdese que la
Fuerza Pública tiene un sistema jerarquizado y en este sentido los criterios de
diferenciación obedecen a factores razonables que el mismo legislador ha
establecido en la norma legal, los cuales se encuentran en las reglas que se aplican
para el ingreso y ascenso a los distintos grados de la institución.
Toda vez que, como lo explicó el Consejo de Estado en la sentencia de 24 de junio
de 2021, los Soldados Profesionales no se encuentra en la misma situación de
28 Primer cargo: los sujetos propuestos en el juicio de comparación si son pasibles de ser comparados, por tal
razón el despacho incurre en un error al afirmar lo contario.
Segundo cargo: Confunde la naturaleza jurídica de la prima de actividad, con la retribución de a trabajo igual
salario igual.
Tercer cargo: Desconoce que el demandante acredita las condiciones de hecho del supuesto hipotético de la
norma que contempla la prima de actividad para los oficiales y suboficiales.
Cuarto cargo: La entidad demandada no presentó ninguna excepción en la contestación de la demanda, ni
probó ningún criterio objetivo de justificación del derecho a la no discriminación, situación que no tuvo en cuenta
el Despacho.
Quinto cargo: el despacho asume en la sentencia El criterio de que las funciones de los oficiales y suboficiales
son diferentes a las que presta el soldado profesional, y que, por eso, es justificado el trato de exclusión de la
prima de actividad. Y soporta tal justificación, en sendas sentencias judiciales.
Sexto cargo: El Despacho desconocer el precedente Constitucional, contenido entre otras sentencias en la C-
022/96; Sentencia C-862/08, y Sentencia C-536/16, donde se afirma que: “la carga argumentativa está inclinada
en favor de la igualdad”.
Séptimo cargo: desconoce el precedente Constitucional contenido en la Sentencia T- 230/94; el precedente
contenido en la Sentencia T-079/95 que fue ratificado después en la sentencia T-335/00, así como el precedente
contenido en la Sentencia T-247 de 2010.
Octavo cargo: El Despacho, en la sentencia, desconoció la inversión de la carga de la prueba ipso iure y la
PRESUNCIÓN DE DISCRIMINACIÓN.
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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00476-00 (5032-2023)
Recurrente: Fredy Fortunato Loaiza
hecho que los Oficiales y Suboficiales de la Fuerza a la que pertenece, por lo que
no puede exigirse que las prestaciones se regulen en las mismas condiciones,
porcentajes o montos, a pesar de que el requisito para acceder a dicho emolumento
sea estar en servicio activo.
En estas condiciones, no es procedente el reconocimiento y pago de la prima de
actividad frente a los soldados profesionales al no ser su situación equiparable a la
de los Oficiales y Suboficiales del Ejército Nacional.»
62. En relación con la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad e
inconvencionalidad por el no reconocimiento del subsidio familiar y de la diferencia
salarial del 20%, la sala indica que dicha figura exige acreditar una oposición directa,
evidente y manifiesta entre la norma aplicable al caso y la Constitución. En el sub
lite no se configuró tal contradicción, toda vez que, según los precedentes
jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, las
disposiciones cuestionadas han sido reiteradamente reafirmadas en su validez.
63. Por último, en lo que respecta al presunto desconocimiento de las providencias
citadas en el recurso de apelación, la sala precisa que la inobservancia del
precedente jurisprudencial no constituye, por sí sola, un defecto que genere la
nulidad de la sentencia. En efecto, dicha situación no corresponde a una
irregularidad de carácter procedimental que vicie la validez del proceso, sino a un
aspecto propio del análisis de fondo efectuado por el juez de primera instancia en
el marco de su independencia judicial.
64. Así las cosas, no se puede predicar la vulneración al principio de congruencia
en ninguna de sus facetas. En tanto que, existe coherencia entre los puntos de la
demanda-recurso de apelación, (reconocimiento de la diferencia salarial del 20%, la
prima de actividad, el reajuste del subsidio familiar y la inaplicación por
inconstitucionalidad de las normas señaladas por el demandante), con lo decidido
en la sentencia del 5 de septiembre de 2023.
65. Si bien en otra oportunidad se acogió un criterio diferente29, tras un nuevo
análisis la sala rectificó su criterio y concluyó que no se encontraba acreditada la
causal alegada30. Tal variación no corresponde una irregularidad, sino que obedece
al ejercicio legítimo de la interpretación judicial.
66. En consecuencia, comoquiera que lo pedido en la demanda, guarda relación
con lo debatido y decidido en las instancias procesales correspondientes, se
declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
67. Condena en costas. El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 -
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021- establece que «[si] se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente».
29 Sentencia del 29 de mayo de 2025, Subsección “A" identificada con radicado 11001-03-25-000-2023-00356-
00 (5087-2023).
30 Sentencia de 14 de agosto de 2025, expediente 11001-03-25-000-2023-00569-00 (7607-2023), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
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68. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo
establecido en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188
del CPACA.
69. En este contexto, y atendiendo a que el recurso extraordinario se declaró
infundado, en principio sería procedente la imposición de condenas por este
concepto; sin embargo, como no se acreditó su causación, dado que la entidad
demandada no intervino en esta instancia procesal, la sala se abstendrá de imponer
dicha condena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado
por el señor Fredy Fortunato Loaiza en contra de la sentencia de segunda instancia
proferida el 5 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-021-2020-00026-
01.
SEGUNDO. Sin condena en costas, conforme a lo indicado en esta providencia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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