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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00506-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00506-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 20 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 26 Número interno: 6862-2023 Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-Aerocivil PRIMERO. NEGAR la pretensión de nulidad parcial, del parágrafo primero del artículo 8 del Acuerdo 74 de Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Aeronáutica Civil, « Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso e Ingreso, para proveer empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Especifico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, Proceso de Selección No. 2509 - AEROCIVIL PRIMERA FASE», formulada por el señor Juan Guillermo Rivera Meneses, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, archívese el expediente, previas las constancias y anotaciones de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00506-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Nueve (9) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-25-000-2023-00506-00 (6862-2023)
Demandante : Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandadas : Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-Aerocivil
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema : Demanda de nulidad parcial contra el parágrafo primero
del artículo 8 del Acuerdo 74 de Tres (3) de octubre de Dos
Mil Veintitrés (2023), expedida por la Comisión Nacional
del Servicio Civil y la Aeronáutica Civil.
Decisión : Sentencia de única instancia

La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó el señor
Juan Guillermo Rivera Meneses, contra el parágrafo primero del artículo 8 del
Acuerdo 74 de Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), expedida por
la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Aeronáutica Civil.

I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1. Pretensiones

1. El ciudadano Juan Guillermo Rivera Meneses, presentó medio de control
de nulidad, contenido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en el que
solicitó la declaratoria de nulidad parcial del parágrafo primero del artículo 8,
del Acuerdo 74, de Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), por medio
del cual, se convocó y se establecieron las reglas del proceso de selección, en
las modalidades de ascenso e ingreso para proveer los empleos en vacancia
definitiva, pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la

1
Aplicativo Samai- índice 00003 - 2_DemandaWeb_Demanda-ESCRITODEDEMANDADENULIDADSIMPLE(.pdf)
NroActua 3.

2

Número interno: 6862-2023
Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-
AEROCIVIL – Proceso de Selección No. 2509 – AEROCIVIL PRIMERA FASE.

2. El artículo 8 del Acuerdo 74 de 20232, establece:

«

2
https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2023-10/acuerdo-no.74-aerocivil-primera-fase.pdf

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Número interno: 6862-2023
Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

PARÁGRAFO 1. La OPEC, que forma parte integral del presente Acuerdo, fue
registrada en SIMO y certificada por la AEROCIVIL y es de su responsabilidad
exclusiva, así como el MEFCL que dicha entidad envío a la CNSC, con base en el
cual se realiza este proceso de selección, según los detalles expuestos en la parte
considerativa de este Acuerdo. Las consecuencias derivadas de la inexactitud,
inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación,
omisión y/o falsedad de la información del MEFCL y/o de la OPEC reportada por
la aludida entidad, así como de las modificaciones que realice a esta información
una vez iniciada la Etapa de Inscripciones, serán de su exclusiva responsabilidad,
por lo que la CNSC queda exenta de cualquier clase de responsabilidad frente a
terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC
registrada en SIMO por la AEROCIVIL y el referido MEFCL, prevalecerá este
último. Así mismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL, las
regulaciones y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma
superior.

PARÁGRAFO 2. Es responsabilidad del Representante Legal de la AEROCIVIL
informar mediante comunicación oficial a la CNSC, antes del inicio de la Etapa de
Inscripciones de este proceso de selección, cualquier modificación que requiera
realizar a la información registrada en SIMO con ocasión del ajuste del MEFCL
para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos en la respectiva
planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC
registrada en SIMO los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio
de la referida Etapa de lnscripciones. Con esta misma oportunidad, debe realizar
los ajustes que la CNSC le solicite por imprecisiones que llegase a identificar en
la OPEC registrada Iniciada la Etapa de inscripciones y hasta la culminación del
Periodo de Prueba de los posesionados en uso de las respectivas Listas de
Elegibles, el Representante Legal de la AEROCIVIL o cualquier otro servidor

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Número interno: 6862-2023
Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

público de esta entidad no pueden modificar la información registrada en SIMO
para este proceso de selección.

PARAGRAFO 3. Los ajustes a la información registrada en SIMO de los empleos
reportados en la OPEC, que la AEROCIVIL solicite con posterioridad a la
aprobación de este Acuerdo y antes de que inicie la correspondiente Etapa de
inscripciones, para la modalidad de Ascenso o Ingreso, los cuales no modifiquen
la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por Nivel, ni ninguna otra
información contenida en los artículos del presente Acuerdo en los que se define
la OPEC o las reglas que rigen este proceso de selección, se tramitarán conforme
lo establecido en el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No. CNSC-2073 de
2021, modificado por el Acuerdo No. CNSC 352 de 2022 o en la norma que lo
modifique o sustituya.

PARAGRAFO 4. En los casos en que la OPEC registrada en SIMO por la
AEROCIVIL señale para algún empleo, vacantes con diferentes ubicaciones
geográficas o sedes, se debe entender que dichas ubicaciones geográficas o
sedes son meramente indicativas, por lo que la AEROCIVIL las puede cambiar en
cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio
en la OPEC o en este Acuerdo ni por consiguiente, en las inscripciones de los
aspirantes, quienes se inscriben a un empleo no a sus vacantes ni a sus
ubicaciones geográficas o sedes, pues la AEROCIVIL cuenta con una planta
global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en este
proceso de selección, con su inscripción, aceptan la presente regla.
PARÁGRAFO 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar
los requisitos y funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de
selección, tanto en el MEFCL vigente de la AEROCIVIL, con base en el cual se
realiza el mismo, como en la OPEC registrada por dicha entidad, información que
se encuentra publicada en el sitio web de la CNSC, www.cnsc.gov.co. enlace
SIMO.» (subrayas de la Sala – del texto subrayado, se solicita la nulidad
parcial)

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante consideró quebrantados los artículos 88, 91 y 137 de la
Ley 1437 de 2014 y el artículo 7, numeral 6 del Acuerdo 74 de 2023.

4. Como concepto de violación refirió que, en distintos procesos de
selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil, ha excluido a los
participantes que, aun cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en
los manuales de funciones de las respectivas entidades, por la vía de las
alternativas; la entidad interpreta una supuesta ilegalidad de los aludidos
manuales, por no ajustarse a la norma superior, contenida en el Decreto 1083
de 2015.

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Número interno: 6862-2023
Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

5. Expuso como antecedente, el Acuerdo 2081 del Veintiuno (21) de
septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), correspondiente al proceso de
selección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el cual se incorporó
el apartado que aquí se demanda, para el acuerdo de la AEROCIVIL.

6. Señaló que, en su momento, en la etapa correspondiente a las
reclamaciones, solicitó continuar en el concurso, por cumplir con las
alternativas del manual del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo
requisito original establecía el título profesional del núcleo básico de economía,
entre otros, y 21 meses de experiencia profesional relacionada; sin embargo,
en la sección de alternativas, se consignó la posibilidad de acreditar un título
de posgrado en la modalidad de especialización, en cuyo caso, no se requería
experiencia.

7. Al ostentar el demandante, el título de especialización en las áreas
relacionadas con las funciones del empleo, reclamó, argumentando el
cumplimiento de las alternativas del manual de funciones; sin embargo, la
Comisión Nacional del Servicio Civil decidió excluirlo, por no encontrarse entre
los requisitos del nivel profesional del Decreto 1083 de 2015.

8. Enfatizó que, aunque con el medio de control no se persigue su
restablecimiento del derecho particular, el antecedente debe tenerse en cuenta
para decidir esta litis, porque refleja que la norma demandada, ha servido como
soporte para excluir participantes que han cumplido con los requisitos exigidos
en los manuales de funciones de las entidades convocantes, por la presunción
de ilegalidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil de estos actos
administrativos, cuya finalidad no ha sido respetada por la entidad.

9. Indicó que, esta práctica constituye el actuar general de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, para todos los participantes, vulnerando la
presunción de legalidad, contenida en los artículos 88 y 91 de la Ley 1437 de
2011.

10. Añadió que, el acuerdo demandado, le atribuye a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, y/o a las universidades que esta seleccione, una facultad que
no le corresponde, cual es, sancionar la supuesta ilegalidad de los manuales
de funciones.

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Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

11. Manifestó que, la Comisión Nacional del Servicio Civil no puede dejar de
ejecutar plenamente el manual de funciones de una entidad, que es el acto
administrativo que refleja la voluntad de las entidades en materia de requisitos
para la incorporación de la planta definitiva, solo por considerar que, no se
ajusta a la norma superior, pues la facultad de decidir si dichos manuales son
legales o no, es exclusiva de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo;
debiendo ejecutarse plenamente, mientras no se declare su nulidad, y eso
implica reconocer las equivalencias y/o alternativas que allí se plasman.

12. Adicionalmente adujo que, el quebrantamiento del numeral 6 del artículo
7 del Acuerdo 74 de 2023, confronta el principio de moralidad, establecido en
el artículo primero de la Ley 1437 de 2011, porque no resulta honesto, de una
parte, informar a los aspirantes que, los requisitos para participar son los que
taxativamente se plasman en el manual de funciones de la entidad, pero por
otro lado, contemplar su inaplicabilidad, llevando a los ciudadanos a una
situación de engaño y vulneración del debido proceso.

13. Concluyó que, se hace necesario corregir el actuar de la Comisión
Nacional de Servicio Civil, obligándola a ejecutar plenamente los manuales, y
no considerar que estos puedan ser ilegales.

1.1.3. Solicitud de medida cautelar

14. En el mismo escrito de demanda, el actor solicitó la suspensión
provisional del apartado del parágrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo 74 de 2023,
relativo a: «Así mismo, en caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL, las
regulaciones y la Ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma
superior», por confrontar la presunción de legalidad del manual de funciones,
además de atribuirse directamente, la función de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, a partir de una competencia que, quebranta el
artículo 88 de la Ley 1437 de 2011.

15. Añadió que, se eliminan con la disposición censurada, las causales
previstas en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, sin competencia de la
demandada para ello.

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16. Asimismo, puso de manifiesto la situación acaecida en la convocatoria
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para señalar que, se han
quebrantado normas superiores, no como un caso hipotético, sino real, por
parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al no acatar los manuales de
funciones.

17. Finalizó señalando que, comoquiera que, la etapa para la verificación de
requisitos mínimos del Concurso de la Aerocivil, está próxima a iniciarse, es
necesario preservar el debido proceso de la ciudadanía que decide
presentarse, pues, además, la norma contradice su propio artículo 7, que
establece que, los requisitos son los del manual de funciones posteriormente
transcritos por la OPEC.

1.2. Trámite procesal.

18. Por auto de Treinta y Uno (31) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024)3,
se admitió la demanda, y se ordenó la notificación a las entidades demandadas.
En providencia de la misma fecha, se corrió traslado de la medida cautelar
solicitada, por el término de 5 días a las enjuiciadas4.

19. El Catorce (14) de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024) la Comisión
Nacional del Servicio Civil, se pronunció frente a la medida cautelar 5, y el
Veintiséis de abril siguiente, contestó la demanda6.

20. Por auto del Quince (15) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el
consejero sustanciador negó la medida cautelar de suspensión provisional del
acto administrativo demandado7, al no acreditarse la concreción de un perjuicio
irremediable, o, que los efectos de la sentencia pudieran ser nugatorios.

1.3. Contestación de la demanda

21. La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a la pretensión de la
demanda, al considerar que, carece de fuerza argumentativa y no existe

3
Aplicativo Samai- índice 00014.
4
Aplicativo Samai- índice 00013.
5
Aplicativo Samai- índice 00025.
6
Aplicativo Samai- índice 00026.
7
Aplicativo Samai- índice 00034.

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de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

elemento de convicción que la sustente, además que, no se incluyó el concepto
de violación exigido, y no se cumple con los requisitos legales y
jurisprudenciales, que permitan derribar la presunción de legalidad del acto
administrativo acusado.

22. Señaló que, el ejemplo que citó el demandante, carece de sustento, y
comporta meras apreciaciones, que, demuestran su inconformidad con la
exclusión de un proceso de selección frente al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, y no debe ser tenido en cuenta como antecedente para
adoptar decisión de fondo en el presente asunto, porque el interesado no ha
impetrado demanda de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, por lo
que, dicho proceso no ha sido declarado ilegal por autoridad judicial, por lo
tanto, las actuaciones de la entidad, se encuentran ajustadas al ordenamiento
jurídico.

23. Refirió que, la expedición, actualización y modificación del manual de
funciones, es competencia exclusiva de la Aeronáutica Civil, de acuerdo con el
Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.2.6.1; y no compete a la Comisión
Nacional del Servicio Civil, declarar su nulidad, como erróneamente lo señala
el demandante, siendo facultad de la jurisdicción contencioso administrativo.

24. Enfatizó que, el demandante se limitó a transcribir el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011 y el artículo 7 del Acuerdo 074 de 2023, omitiendo realizar el
cotejo exigido por la ley y la jurisprudencia, que le permitan al operador judicial
determinar las razones concretas de inconformidad, y adelantar el control
abstracto de legalidad.

25. La entidad propuso la excepción de «Legalidad de los actos administrativos
proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil», sustentada su naturaleza
jurídica y las funciones relativas a la responsabilidad de la carrera
administrativa y la vigilancia de la aplicación de sus normas, ya sea general o
sistemas especiales y específicos de carrera administrativa de origen legal,
además que, los actos administrativos que profiere la entidad, se expiden
conforme a lo señalado en los artículos 125 y 130 de la Constitución Política,
los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 17 del Decreto 1278 de
2002.

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Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
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de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

26. Como segunda excepción, planteó la de «Improcedencia de la acusación
por no existir una contradicción evidente entre las razones jurídicas y fácticas
expuestas en los actos administrativos acusados y las razones concretas de la
inconformidad», la que fundamentó en el principio meritocrático, del cual,
concluyó que, al ser un elemento nodal del Estado Social de Derecho, no puede
ser sustituido o eliminado de la constitución, ni por actos del legislador, ni de
interpretación, por lo que, las razones de la demanda y el concepto de violación,
solo reflejan un pensamiento jurídico diferente, respecto al interés de la parte
demandante, y no un juicio de legalidad de forma abstracta que permita deducir
que, la administración incurrió en un error sustancial o hermenéutico.

27. Finalmente, planteó la excepción de «Improcedencia del control judicial
tendiente a eludir la materialización del principio constitucional de la meritocracia»,
aduciendo que, a partir de la meritocracia, las tareas desarrolladas por la
entidad, con el acompañamiento del «ente territorial», son legítimas, idóneas,
necesarias y eficaces, por lo que, resultan improcedentes las súplicas de la
demanda, que persiguen un fin personal y «egoísta», y confrontan con la
materialización de dicho principio.

1.4. Trámite de sentencia anticipada

28. En el auto del Once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)8, se dio
aplicación a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA, respecto de la
sentencia anticipada, se fijó el litigio, se dispuso tener como pruebas, aquellas
presentadas con la demanda y su contestación, y se corrió traslado, para que
los sujetos procesales alegaran de conclusión y el Ministerio Público rindiera el
concepto respectivo.

1.5. Alegatos de conclusión
1.5.1. Parte demandante9

29. El extremo procesal activo iteró los argumentos de la demanda,
añadiendo que, el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, obliga a presumir la
legalidad de los actos administrativos, incluyendo los manuales de funciones,
aspecto que no se cumple, cuando se empleó la expresión «en caso de

8
Aplicativo Samai- índice 00040.
9
Aplicativo Samai- índice 00045.

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presentarse diferencias entre dicho MEFCL y la Ley, prevalecerán las
disposiciones contenidas en la norma superior», pues, contemplan la
posibilidad que ello no sea así, en forma textual o literal.

30. Adicionalmente adujo que, la discusión de las demandadas se centra en
las figuras de la prelación jerárquica de las normas y la excepción de
inconstitucionalidad, respecto de la cual, se deben cumplir por lo menos dos
requisitos, relativos a que su aplicación sea interpartes y, que la contradicción
sea expresa o manifiesta.

31. Adujo que, el aparte demandado simplemente hace referencia a
inconsistencias, pero sin establecer cuáles podrían ser esas supuestas
inconsistencias que serían inaplicables, ni su grado de afectación al precepto
constitucional, dejando abierta la posibilidad de inaplicar los manuales de
funciones, aun en aspectos que no son sustanciales, o que son derivados de
una interpretación forzosa.

32. Concluyó que, si bien la figura de la excepción de inconstitucionalidad
existe, y el funcionario puede aplicarla en casos particulares y bajo
circunstancias específicas, el acuerdo no puede ser la base para desconocer
lo reglado por él mismo, y en los manuales específicos de funciones y
competencias laborales, pues se sitúa en una etapa previa, en la cual, no se
puede dar aplicación a la mencionada figura, y menos, cuando no se definen
las supuestas inconsistencias que podrían derivar en ello.

1.5.2. Comisión Nacional del Servicio Civil10

33. Insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, para
concluir que, la tesis del demandante, según la cual, la entidad habría excedido
sus competencias, al establecer la prevalencia del manual de funciones, carece
de sustento jurídico, pues, lo único que hizo el acto acusado, fue reconocer la
jerarquía normativa y técnica del manual de funciones oficialmente adoptado
por la entidad competente.

10
Aplicativo Samai- índice 00046.

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de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

34. Resaltó que, el aparte demandado no crea situaciones jurídicas nuevas,
ni modifica requisitos de los empleos convocados, sino que, incorpora una regla
de interpretación y aplicación normativa, destinada a garantizar coherencia
entre la información registrada en SIMO, el contenido del manual específico de
funciones y competencias laborales, y, las disposiciones legales superiores.

35. Adujo que, la cláusula acusada, constituye una manifestación legítima
del principio de legalidad administrativa y de la obligación de armonizar los
instrumentos técnicos del empleo público, con el marco normativo vigente.

36. Adicionalmente, consideró acreditado que, la etapa de planeación del
proceso de selección, se adelantó de manera conjunta y armónica entre la
CNSC y la AEROCIVIL, conforme lo exige el artículo 31 de la Ley 909 de 2004,
y la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-183
de 2019, en la cual, se precisó que, aunque las entidades participan en la
planeación del concurso, la convocatoria continúa siendo un acto administrativo
de competencia exclusiva de la Comisión, sin que ello implique que, pueda
alterar los manuales de funciones expedidos por las entidades.

37. Señaló que, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular
Externa No. 0006 del Diecinueve (19) de marzo del Dos Mil Veinte (2020), en
donde se comunicó la obligación que le asiste a las entidades, de remitir los
manuales de funciones vigentes, para la planeación de los procesos de
selección, así como, la obligación de realizar las actualizaciones que requiriera.

38. Indicó que, la AEROCIVIL certificó la información reportada en la OPEC
y aceptó expresamente las consecuencias derivadas de cualquier
inconsistencia, omisión o error en los datos registrados en SIMO, exonerando
a la Comisión Nacional del Servicio Civil, de responsabilidad frente a terceros.
Por lo tanto, no resulta jurídicamente admisible trasladar a la Comisión,
consecuencias derivadas de actos técnicos y administrativos, cuya elaboración
y actualización corresponde exclusivamente a la entidad convocante.

39. Enfatizó que, la parte actora no acreditó la existencia de una infracción
concreta de normas superiores, que permita concluir que, el aparte acusado
incurre en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 de la
Ley 1437 de 2011 y sus argumentos se sustentan en apreciaciones subjetivas

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de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

e interpretaciones personales, sobre el alcance del Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales y de la OPEC, sin demostrar de qué
manera, el contenido del acto acusado vulnera directamente el ordenamiento
jurídico.

40. Por el contrario, el material probatorio obrante en el expediente
demuestra que, el Acuerdo No. 074 de 2023 fue expedido con observancia de
las normas que regulan los procesos de selección, y, con fundamento en
información previamente reportada y certificada por la AEROCIVIL. En
consecuencia, el acto administrativo demandado, conserva incólume la
presunción de legalidad, consagrada en los artículos 87 y 88 de la Ley 1437 de
2011.

41. Finalmente, advirtió que, la Comisión Nacional del Servicio Civil no tiene
competencia para modificar, invalidar o declarar la nulidad de los Manuales
Específicos de Funciones y Competencias Laborales expedidos por las
entidades públicas, ni para sustituir las funciones atribuidas
constitucionalmente a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y, por lo
tanto, pretender atribuirle responsabilidad por el contenido del Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales de la AEROCIVIL,
desconoce el reparto funcional de competencias previsto en la Constitución y
la ley.

1.5.3. Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil11

42. La entidad consideró que, el demandante deja de lado el principio de la
meritocracia, de tal manera que, le sería imposible al juez administrativo
sobrepasar los deberes constitucionales, además que, al juzgador
administrativo se le impide que, por medio de sentencia defina situaciones
jurídicas que tienen que ver exclusivamente con temas constitucionales.

43. Refirió que, aunque el demandante sostiene que, la Comisión Nacional
del Servicio Civil «presume la ilegalidad» de los manuales de funciones, el
acuerdo no anula ni suspende, simplemente aclara que, en caso de
contradicción, se aplicará la norma superior, por lo que, no está ejerciendo

11
Aplicativo Samai- índice 00048.

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de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

funciones jurisdiccionales, sino, aplicando el principio de supremacía normativa
previsto en la Constitución.

44. Manifestó que, la acción de «nulidad simple», procede contra actos
administrativos que infringen normas superiores, pero el demandante no
demuestra una infracción, sino que, confunde la aplicación de la jerarquía
normativa, con una «usurpación de competencia».

45. Concluyó que, la presunción de legalidad alegada por el demandante,
no significa que, un acto administrativo pueda aplicarse contra la ley,
enfatizando que, si existe contradicción, la administración debe aplicar la norma
superior.

46. Asimismo, planteó que, la ejecutoriedad tampoco implica que, un manual
de funciones prevalezca sobre la ley, pues, esta se mantiene, mientras el acto
sea compatible con el ordenamiento; por lo tanto, no hay violación de los
artículos 88 y 91, porque el acuerdo no suspende ni anula los manuales,
simplemente evita que se apliquen en contravía de la ley.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

47. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 12, expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer
en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2 Problema jurídico.

48. De acuerdo con el auto del Once (11) de mayo de dos mil veintiséis
(2026), mediante el cual, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
y se fijó el litigio, corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:

12
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».

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«el segundo párrafo del primer parágrafo del artículo 8 del Acuerdo No. 74
del Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, se encuentra incurso en causal de
nulidad parcial, por vulnerar presuntamente el contenido de los artículos 88
y 91 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 7 del acuerdo demandado, por
cuanto, la Comisión carece de facultad para sancionar la ilegalidad de los
manuales de funciones.»

2.3. Caso concreto

49. En el presente asunto, le corresponde a la Sala determinar, si el
parágrafo primero del artículo 8 del Acuerdo 74 de Tres (3) de octubre de Dos
Mil Veintitrés (2023), expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Aeronáutica Civil, « Por el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de
Selección, en las modalidades de Ascenso e Ingreso, para proveer empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Especifico de Carrera Administrativa de
la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -
AEROCIVIL, Proceso de Selección No. 2509 - AEROCIVIL PRIMERA FASE», se
encuentra viciado parcialmente de nulidad, al contrariar los artículos 88, 91 y
137 de la Ley 1437 de 2011, así como, el numeral 6 del artículo 7, del mismo
Acuerdo 74 de 2023.

50. La normativa en su aparte acusado, establece lo siguiente «Así mismo,
en caso de presentarse diferencias entre dicho MEFCL13, las regulaciones y la
ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior.» (negrilla
de la Sala)

51. Frente al acto administrativo de convocatoria, el reparo del demandante
consiste en que, en su entender, con la normativa demandada, la Comisión
Nacional del Servicio Civil desbordó sus competencias, al interpretar una
supuesta ilegalidad de los manuales de funciones, por no ajustarse a la norma
superior, contenida en el Decreto 1083 de 2015; puesto que, en virtud de tal
postulado, se excluyen participantes de los distintos concursos de méritos, aun
cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en los manuales

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Manual Específico de Funciones

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específicos de funciones, sin que medie pronunciamiento del juez de lo
contencioso administrativo, de una presunta nulidad.

52. Asimismo, concluyó que, la Comisión Nacional del Servicio Civil, no
puede dejar de ejecutar plenamente el manual de funciones de una entidad,
mientras no se declare su nulidad, lo que implica reconocer las equivalencias
y/o alternativas que allí se plasman; situación que, da lugar a la declaratoria de
nulidad pretendida.

53. A partir del planteamiento, el extremo procesal activo considera
confrontados los artículos 88, 91 y 137 de la Ley 1437 de 2011, normas que,
en su orden, establecen lo siguiente:

«ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos se presumen legales mientras no
hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva
definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.»

«ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos
en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha
realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el
acto.

5. Cuando pierdan vigencia.»

«ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio
de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de
carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

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También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y
de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de
contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo
a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave
el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas
del artículo siguiente.»

54. En criterio de la Sala, el argumento del accionante no tiene vocación de
prosperidad, por las razones que pasan a explicarse.

55. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que, los empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. El sistema de nombramiento será por concurso público, el
ingreso y el ascenso se hará, previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley, para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes.

56. Por su parte, el artículo 130 de la Carta Política, contempló la existencia
de una Comisión Nacional del Servicio Civil, como la autoridad encargada de
la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, a
excepción de las que tengan carácter especial.

57. La existencia de un órgano nacional del más alto nivel, autónomo e
independiente de las ramas del poder público, se explica, ante la necesidad
que, la puesta en marcha de la carrera administrativa y su permanente

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veeduría, se encuentre revestida de las máximas garantías de imparcialidad y
transparencia, al margen del influjo de otras instancias del poder público 14.

58. Así, la Ley 909 de 2004, en su artículo 11, entre las funciones de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionadas con la responsabilidad de la
administración de la carrera administrativa, consagró las contenidas en los
literales a), b) y c), que establecen lo siguiente:

«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión
de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica
la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la
presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan
la presente ley y el reglamento;

59. En cuanto a los principios orientadores para el ingreso y ascenso a los
empleos de carrera administrativa, el artículo 28 de la Ley 909 de 2009, regula:

«Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos
públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección
para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se
desarrollará de acuerdo con los siguientes principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera
administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán
determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la
experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos;
b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que
acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en
los concursos sin discriminación de ninguna índole;
c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en
condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos
potenciales;
d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el
escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos
de selección;
f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a
cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los
miembros responsables de ejecutarlos;
g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la
capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos
de carrera;

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B. Providencia del Veintinueve
(29) de mayo del Dos Mil Veinte (2020), Radicado No. 11001-03-25-000-2018-00605-00. M.P. César Palomino Cortés.

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h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los
candidatos seleccionados al perfil del empleo;
i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y
cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.»

60. Adicionalmente, el artículo 31 del mismo cuerpo normativo, al establecer
las etapas del proceso de selección, dispone que, la convocatoria es la norma
reguladora de todo concurso, y obliga a la administración, a las entidades
contratadas para la realización del concurso y a los participantes.

61. A partir del desarrollo constitucional y legal, es dable concluir que, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, tiene un amplio rango de acción, al interior
de las convocatorias que rigen los concursos de méritos, el cual, dependerá de
«la precisión o amplitud con la que las disposiciones arriba citadas hayan desarrollado
el sistema de carrera. En consecuencia, a menor desarrollo constitucional y legal de
tal institución jurídica, mayor campo de acción en el ejercicio de la potestad de
regulación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 15»

62. De acuerdo con lo anterior, y, teniendo como presupuesto que, la
Comisión Nacional del Servicio Civil es, la autoridad encargada de la
administración y vigilancia de las carreras administrativas, su actuación debe
ceñirse al principio de legalidad dispuesto en el artículo 6 de la Constitución
Política de Colombia, el cual prevé que, los servidores públicos son
responsables por infringir la Constitución y las leyes, y, por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

63. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-710 de 2001, al pronunciarse
sobre el principio de legalidad, concluyó lo siguiente:

«1. El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado
es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del
derecho sancionador.

Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad,
función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este
principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose
al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás
reglas jurídicas.»

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. Providencia del Catorce
(14) de mayo del Dos Mil Veinte (2020), Radicado No. 11001-03-25-000-2015-00997-00 (4252-2015). M.P. William
Hernández Gómez.

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64. Esta Corporación, en relación con el principio de legalidad16, ha señalado
que:

«La consagración como principio fundamental de la Constitución Política de que
Colombia es un Estado de Derecho (art. 1º) implica el reconocimiento y la
vigencia del principio de legalidad, el cual es entendido como la necesaria
adecuación y sometimiento de la actividad del Estado al Derecho. Este principio
tiene concreción en el ordenamiento jurídico en los artículos 6, 121, 122 y 123
de la C.P. y está vinculado con la competencia que debe presidir las actuaciones
de los poderes públicos en general y de las autoridades administrativas en
particular. No cabe duda que al disponer que los servidores públicos son
responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6º de la Constitución); así
como al establecer que ninguna autoridad del Estado ejercerá funciones distintas
de las que le corresponden según la Constitución y la ley (art. 121 ídem), que no
habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento
(art. 122 ibídem) y que los servidores públicos ejercen sus funciones en la forma
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (art. 123 ídem), el Texto
Superior no hizo nada distinto a sentar bases firmes para la organización y
funcionamiento de un auténtico Estado de Derecho, para lo cual resulta esencial
que las funciones y facultades de los distintos órganos se encuentren
normativamente establecidas, de manera que no haya duda sobre qué asuntos
y atribuciones corresponden a una determinada entidad pública para asegurar el
cumplimiento de sus fines. En este orden, conforme lo señala la doctrina, la
competencia es “la esfera de atribuciones de los entes y órganos determinada
por el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto de facultades y
obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente»

65. De cara a los precedentes referenciados, es claro para la Sala que, la
Función Pública y en concreto la Función Administrativa, debe ceñir su actuar,
a las normas constitucionales y legales que rigen cada materia, respetando la
jerarquía normativa que inspira la Carta Política.

66. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 del 2000,
consideró lo siguiente:

«4. Existencia de una jerarquía normativa que emana de la Constitución.

5. El ordenamiento jurídico colombiano supone una jerarquía normativa que emana
de la propia Constitución. Si bien ella no contiene disposición expresa que
determine dicho orden, de su articulado puede deducirse su existencia, así no
siempre resulte sencilla esta tarea. En efecto, diversas disposiciones superiores
se refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente a otras. Así, para empezar
el artículo 4° de la Carta a la letra expresa: “La Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del Veintiuno (21) de abril del Dos
Mil Dieciséis (2016), Radicado No. 11000-03-24-000-2014-00515-00. M.P. Guillermo Vargas Ayala.

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se aplicarán las disposiciones constitucionales.” Esta norma se ve reforzada por
aquellas otras que establecen otros mecanismos de garantía de la supremacía
constitucional, cuales son, principalmente, el artículo 241 superior que confía a la
Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y el
numeral 3° del artículo 237, referente a la competencia del Consejo de Estado para
conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos
dictados por el Gobierno Nacional, cuyo conocimiento no corresponda a la Corte
Constitucional. Así las cosas, la supremacía de las normas constitucionales es
indiscutible.

6. Además de ser evidente que las normas constitucionales ocupan, sin discusión,
el primer lugar dentro de la jerarquía del ordenamiento jurídico, dentro de la propia
Carta, no todas las normas son igualmente prevalentes. Por ejemplo, el artículo 5°
superior dispone la “primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara
a la familia como institución básica de la sociedad”, y el 44 indica que “los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, expresiones que no
pueden ser entendidas sino como una orden de aplicar preferentemente las
disposiciones que garantizan y protegen esta categoría de derechos.

7. Pero más allá de la supremacía constitucional, de la propia Carta también se
desprende que las leyes expedidas por el Congreso dentro de la órbita de
competencias que le asigna la Constitución, ocupan, en principio, una posición
prevalente en la escala normativa frente al resto del ordenamiento jurídico. Esta
conclusión se extrae de diversas disposiciones, entre otras aquellas referentes a
los deberes y facultades que, según el artículo 189 de la Constitución, le
corresponden al presidente frente a ley. En efecto, esta disposición le impone
“promulgar la leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento” (numeral
10°), y “ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”
(numeral 11°). Así las cosas, tenemos que los actos administrativos de contenido
normativo, deben tener por objeto el obedecimiento y cumplimiento de la ley, de
donde se deduce su sujeción a aquella. Igualmente, las normas superiores que
organizan la jurisdicción contencioso-administrativa y señalan sus atribuciones
(artículo 237 superior), encuentran su finalidad en la voluntad del constituyente de
someter la acción administrativa al imperio de la ley.» (sic)

67. De manera reciente, esta Subsección, al estudiar el tema relativo a la
jerarquía normativa, concluyó lo siguiente17:
«
24. El sistema jurídico colombiano tiene una organización jerárquica entre la
distinta normativa que lo compone. Tal estructura escalonada conlleva a la
existencia de subordinación de unas normas respecto de otras con la
Constitución como la superior de todas ellas, según lo establece en su
artículo 4 al prescribir que «(l)a Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales».

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del Doce (12) de
marzo del Dos Mil Veintiséis (2026), Radicado No. 11001-03-24-000-2021-00063-00 (2166-2021). M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.

21

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25. Tal estructura del sistema permite su coherencia interna al impedir que se
contradigan unas disposiciones normativas con otras18. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que «(l)a unidad del sistema
jurídico, y su coherencia y armonía, dependen de la característica de
ordenamiento de tipo jerárquico de que se reviste. La jerarquía de las normas
hace que aquellas de rango superior, con la Carta Fundamental a la cabeza,
sean la fuente de validez de las que les siguen en dicha escala jerárquica.
Las de inferior categoría, deben resultar acordes con las superiores, y
desarrollarlas en sus posibles aplicaciones de grado más particular (…)»19.

26. En ese contexto, la validez de las disposiciones emitidas por las autoridades
que tienen facultades de producción normativa está sometida a otra de rango
superior. Así también debe actuar el presidente cuando ejerza su facultad
reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la Carta
Política.»

68. Acorde con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, tal como lo
plantean las entidades que componen el extremo pasivo, la disposición
acusada, no comporta un juicio de legalidad por parte de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, sino, la sujeción a una máxima constitucional, que irradia
nuestro ordenamiento jurídico.

69. En este orden de ideas, la previsión contenida en el parágrafo primero
del artículo 8 del Acuerdo 74 de Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023),
relativa a que, en caso de presentarse diferencias entre el manual específico
de funciones que rige la convocatoria, con las regulaciones y la ley,
prevalecerán las disposiciones contenidas en la norma superior, no presupone
una antinomia entre dos postulados, como parece entenderlo el accionante,
pues se insiste, en el sistema normativo piramidal que rige nuestro
ordenamiento jurídico, la norma inferior debe ceder a la de mayor jerarquía.

70. Adicionalmente, resulta preponderante para la Sala que, el Acuerdo 74
de 2023, también fue suscrito por el representante legal de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, cuestión que descarta la
atribución competencial, que se aduce fue abrogada de manera ilegal por la
Comisión Nacional del Servicio Civil para presumir la ilegalidad del manual
específico de funciones.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 26 de marzo de 2020. Radicado: 11001-03-25-000-
2016-01159-00 (5211-16).
19
Sentencia C-037 de 2000.

22

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71. En criterio de la Sala, ambas entidades reconocieron y dejaron plasmada
en el acuerdo de convocatoria, la supremacía normativa que rige el concurso
de méritos y, bajo los principios de transparencia, publicidad y garantía de
imparcialidad, desde el primer momento, fue puesto en conocimiento de todos
los interesados, que, de presentarse esta situación, se optaría por la
prevalencia del orden jurídico superior.

72. Asimismo, analizados por la Sala los manuales específicos de funciones
y competencias laborales de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil, contenidos en las resoluciones Nos. 02909 y 00843 de 2022,
se encuentra que, justamente fueron expedidos previo a la convocatoria, y
pretendiendo atemperarse a la norma superior, esto es al Decreto 1083 de
2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, así:

«Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 815 de 2018, se hace
necesario adoptar para los empleos pertenecientes a los niveles Especialista
Aeronáutico, Profesional Aeronáutico, Técnico Aeronáutico y Auxiliar, de la
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las
competencias comportamentales que debe acreditar todo servidor público,
independientemente de su función, jerarquía y modalidad laboral, descritas en el
artículo 2.2.4.7. del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 815 de
2018, las cuales son definidas por cada empleo de acuerdo con el nivel
jerárquico, establecido en el citado Decreto.

Que así mismo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 815 de 2018,
se hace necesario adoptar para los empleos pertenecientes a los niveles
Especialista Aeronáutico, Profesional Aeronáutico, Técnico Aeronáutico y
Auxiliar, las competencias comportamentales descritas en el artículo 2.2.4.8. del
Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 815 de 2018, (…)»

73. En este punto, no pierde de vista la Sala que, aunque el demandante
plantea una situación personal, acaecida en un proceso de selección ante el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para colegir un actuar sistemático
por parte de la entidad, para excluir participantes con base en dicho precepto;
lo cierto es que, no es factible para la Sala, trasladar a partir de un solo suceso
esta situación, máxime que, cada acuerdo de convocatoria se rige por sus
propios lineamientos y directrices, lo que de entrada impide la pretendida
valoración probatoria.

74. Tampoco resulta jurídicamente aceptable que, en tratándose de una
norma general, el demandante pretenda que, se establezcan todos los

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escenarios en que puede existir una contraposición con la norma superior, y
mucho menos, con base en tal criterio, se pretenda la declaratoria de nulidad,
porque pueden existir situaciones que, a pesar de dicha oposición, se trate de
aspectos no sustanciales, que pueden comprometer los derechos de los
participantes.

75. A esta conclusión arriba la Sala, por cuanto una norma de carácter
general como es el acuerdo de convocatoria, no puede prever todos los
escenarios posibles, lo que no significa que, el participante quede desprovisto
de herramientas para preservar sus derechos, pues, cuenta con las acciones
constitucionales y legales para tal fin.

76. Con base en todo lo hasta aquí expuesto, la Sala no encuentra
comprometido el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, relativo a la presunción de
legalidad del manual específico de funciones de la aeronáutica civil, la cual, se
mantiene incólume, pues, se insiste, el acuerdo de Convocatoria No. 74 de
2023, no está declarando la ilegalidad del acto administrativo, sino, de manera
general, estableciendo la jerarquía normativa del ordenamiento entendido
como un todo.

77. Tampoco avizora la Sala que, la disposición haya quebrantado el artículo
91 del mismo cuerpo normativo, relativo a la pérdida de ejecutoriedad de los
manuales específicos de funciones y competencias laborales de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, ello, toda vez que, el acuerdo
en mención, les da plena aplicación a dichos actos administrativos, como base
de la convocatoria impugnada.

78. De igual manera, aunque el demandante también aduce el
quebrantamiento del artículo 7 del Acuerdo 074 de 2023, la Sala considera que,
tampoco se configura la pretendida nulidad, con base en esta normativa.

79. La norma en comento, regula lo que pasa a exponerse:

«ARTICULO 7. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y CAUSALES
DE EXCLUSIÓN. Los siguientes son los requisitos generales que los aspirantes
deben cumplir para participar en este proceso de selección y las causales de
exclusión del mismo.

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• Requisitos generales para participar en este proceso de selección en la
modalidad de Ascenso:

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
2. Registrarse en el SIMO
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.
4. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la AEROCIVIL,
condición que debe
mantener durante todo el proceso de selección.
5. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las
diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de
selección.
6. Inscribirse en un empleo que represente "Ascenso" en términos de nivel
jerárquico, grado y/o salario.
7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales
se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la AEROCIVIL, con
base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en la
correspondiente OPEC.
8. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos,
que persistan al momento de posesionarse.
9. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses
durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que
persistan al momento de posesionarse.
10. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias
vigentes.

• Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la
modalidad de Ingreso:

1. Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
2. Registrarse en el SIMO.
3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.
4. Presentar cumplidamente, en las fechas establecidas por la CNSC, las
diferentes pruebas y demás actividades previstas para este proceso de
selección.
5. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la
modalidad de Ascenso.
6. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales
se encuentran establecidos en el MEFCL vigente de la entidad que lo
ofrece, con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos
en la correspondiente OPEC.
7. No encontrarse incurso en causales constitucionales y/o legales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos,
que persistan al momento de posesionarse.
8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses
durante las diferentes etapas del presente proceso de selección y/o que
persistan al momento de posesionarse.
9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias
vigentes.» (Negrillas de la Sala)

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Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

80. La Sala encuentra, de la sola lectura de la norma que el demandante
considera quebrantada, que, contrario a contener una contradicción al fijar los
requisitos generales para participar en el proceso de ascenso e ingreso,
reafirma el postulado dispuesto en el artículo siguiente.

81. Esto por cuanto, además de fijarse como presupuesto, el cumplimiento
de los requisitos mínimos dispuesto en los manuales de funciones vigentes, el
artículo 7 del Acuerdo 74 de 2023, también dispone, el cumplimiento de los
demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.

82. Bajo este presupuesto, la Sala debe señalar que, no puede efectuarse
la lectura aislada de los numerales 7, para la modalidad de ascenso y 6 para la
modalidad de ingreso, cuando el espíritu de la norma exige el cumplimiento de
la totalidad de requisitos.

83. En este orden de ideas, la vulneración al principio de moralidad
planteado por la parte demandante, no resulta ni siquiera aparente, en tanto y
en cuanto, es diáfano para la Sala que, parte de una lectura parcial de la norma
que se pretende trasgredida.

84. Siendo así las cosas, al no configurarse, bajo los argumentos expuestos
por el demandante, ninguna de las causales de nulidad contenidas en el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

2.4. Condena en costas

85. Teniendo en cuenta que se trata de un medio de control de simple
nulidad, en el que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá
condena en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 20 del
CPACA.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

20
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

26

Número interno: 6862-2023
Demandante: Juan Guillermo Rivera Meneses
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil y la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil-Aerocivil

PRIMERO. NEGAR la pretensión de nulidad parcial, del parágrafo primero del
artículo 8 del Acuerdo 74 de Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023),
expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Aeronáutica Civil, « Por
el cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en las
modalidades de Ascenso e Ingreso, para proveer empleos en vacancia definitiva
pertenecientes al Sistema Especifico de Carrera Administrativa de la planta de
personal de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - AEROCIVIL,
Proceso de Selección No. 2509 - AEROCIVIL PRIMERA FASE», formulada por el
señor Juan Guillermo Rivera Meneses, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, archívese el
expediente, previas las constancias y anotaciones de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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