Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00575-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00575-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00575-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2023-00575-00 (7704-2023)
Demandante : Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia ni la existencia de vicios graves que
comprometieran el debido proceso o el principio de congruencia.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los cargos
de apelación con base en el material probatorio y la jurisprudencia
aplicable, y respondió de manera expresa a las pretensiones y
argumentos relevantes del accionante.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Óscar
Eugenio Berdugo Hurtado contra la sentencia de 27 de octubre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca1.
I. ANTECEDENTES
Proceso ordinario
1. Óscar Eugenio Berdugo Hurtado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de que se declarara la nulidad del acto ficto, mediante el cual
se le negó el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: (i) el incremento del 20
% en su salario, (ii) el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000, y (iii) la prima de actividad. Subsidiariamente, solicitó que se tuvieran por probadas
las excepciones de inconstitucionalidad y convencionalidad, con el fin de que se
inaplicara el acto administrativo demandado.
2. Como consecuencia de la nulidad, deprecó: (i) que se reconociera que desempeñó las
mismas funciones que un soldado profesional voluntario y que se encontraba en el mismo
supuesto de hecho contemplado en la norma que prevé la prima de actividad para
1 Decisión suscrita por los magistrados Patricia Victoria Manjarrés Bravo, Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon y Jaime
Alberto Galeano Garzón.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00575-00 (7704-2023)
Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; (ii) el pago retroactivo y la reliquidación
integral de las prestaciones sociales y demás factores salariales y no salariales, con base
en un salario básico equivalente al salario mínimo legal vigente aumentado en un 60 %,
así como el otorgamiento del subsidio familiar y la prima de actividad.
3. El demandante indicó que fue incorporado al Ejército Nacional como soldado
profesional sin haber sido previamente voluntario, rigiéndose por el Decreto Ley 1793 de
2000. Afirmó que ha desempeñado sus funciones en condiciones sustancialmente
iguales a las de los soldados profesionales que anteriormente fueron voluntarios, y
también bajo circunstancias operativas similares a las de oficiales y suboficiales, lo cual
en su criterio debe ser reconocido en virtud del principio constitucional de igualdad y del
mandato de no discriminación. Señaló que no existe una diferencia objetiva y razonable
que justifique la exclusión del 20 % adicional en su salario, el no reconocimiento de la
prima de actividad ni la negación del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, ya que cumple con el mismo supuesto de hecho normativo —esto es, estar
en servicio activo o en ejecución permanente de funciones militares.
4. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional contestó la demanda solicitando
que se negaran todas las pretensiones por falta de sustento jurídico y probatorio. Precisó
que el actor no tiene derecho al reajuste del 20 %, ya que no ostentó la calidad de soldado
voluntario ni cumple los requisitos del régimen transitorio del Decreto 1794 de 2000.
Frente a la prima de actividad, sostuvo que esta prestación no fue prevista para soldados
profesionales, por lo que no procede su reconocimiento. En relación con el subsidio
familiar, indicó que corresponde al personal reportar oportunamente su cambio de estado
civil para que pueda procederse con el reconocimiento de la prestación. Rechazó las
acusaciones de trato desigual, aduciendo que las diferencias entre soldados voluntarios,
profesionales, oficiales y suboficiales responden a criterios objetivos como la jerarquía,
las funciones y los requisitos de ingreso. Finalmente, propuso la excepción de
prescripción y solicitó que no se le impusiera condena en costas.
5. El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del
7 de septiembre de 20212, negó las pretensiones de la demanda al concluir que el actor
no tenía derecho al incremento del 20 % en su asignación salarial, dado que ingresó como
soldado profesional con posterioridad al 31 de diciembre de 2000. Por tanto, le era
aplicable el régimen general previsto en el artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, que
fijaba su salario en un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40 %, y
no en un 60 %, porcentaje reservado exclusivamente para quienes venían vinculados
como soldados voluntarios antes de dicha fecha. Explicó que esta diferencia respondía a
un régimen de transición orientado a proteger derechos adquiridos, sin que implicara un
trato discriminatorio entre uniformados con funciones similares.
6. Asimismo, el Juzgado concluyó que no era procedente el reconocimiento de la prima
de actividad ni del subsidio familiar con base en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
2 Mediante providencia del 27 de septiembre de 2021, el Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de
Bogotá negó el incidente de nulidad de la sentencia de primera instancia, así como las solicitudes de
aclaración y adición formuladas por el actor, al considerar que no se configuraba causal alguna de nulidad
ni se había omitido pronunciamiento sobre aspecto alguno debatido en el proceso. Contra esta decisión, el
demandante interpuso recursos de reposición y apelación, los cuales fueron rechazados por
extemporáneos e improcedentes mediante auto del 28 de junio de 2022.
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Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
Respecto de la prima, señaló que esta estaba prevista únicamente para oficiales y
suboficiales, de conformidad con el régimen prestacional vigente, y que los soldados
profesionales no se encontraban en una situación jurídica ni funcional equiparable. En
cuanto al subsidio familiar, advirtió que el demandante no aportó prueba que acreditara
haber contraído matrimonio o declarado su unión marital de hecho entre el 14 de
septiembre de 2000 y el 23 de junio de 2014, lo cual impedía aplicar disposiciones
anteriores al Decreto 1161 de 2014, pese a la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
Finalmente, resaltó que el trato diferenciado se justificaba en los requisitos, funciones y
responsabilidades propias de cada categoría, por lo que no se configuraba una
vulneración del principio de igualdad.
7. El actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia al
señalar que el Juzgado omitió resolver de forma completa, rigurosa y motivada varios de
los cargos jurídicos formulados en la demanda. Alegó que la providencia incurrió en una
grave omisión al no pronunciarse expresamente sobre aspectos fundamentales como la
supuesta discriminación sistemática a los soldados profesionales, la violación al principio
de igualdad en distintas modalidades (incluida la de “trabajo igual, salario igual”), el
desconocimiento de los principios de la función pública y del salario justo y proporcional,
así como la afectación a los derechos laborales previstos en el artículo 53 de la
Constitución Política, todo lo cual, en su criterio, hacía incongruente la sentencia y
vulneraba el debido proceso.
8. Igualmente, el apelante reprochó que el Juzgado no hubiera valorado adecuadamente
los hechos jurídicamente relevantes que sustentaban la pretensión sobre el
reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar, ni se hubiera referido a las
pretensiones declarativas ni a la excepción de inconstitucionalidad solicitada. Alegó que
se violaron garantías como el derecho a una sentencia motivada, el principio de igualdad
procesal y la carga dinámica de la prueba, aduciendo que el fallo se basó en premisas
falsas o insuficientes, sin efectuar un verdadero juicio de igualdad ni aplicar
correctamente los precedentes constitucionales y jurisprudenciales relevantes. Por ello,
solicitó la nulidad de la sentencia por incongruencia y por violación del debido proceso.
9. El 27 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E3, confirmó la sentencia de primera instancia. Concluyó que no
se acreditó el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento del subsidio
familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000. Si bien reconoció la vigencia ex tunc
de dicha norma tras la nulidad del Decreto 3770 de 2009, consideró que el actor no
demostró que su situación familiar habilitante (matrimonio o unión marital de hecho) se
hubiera configurado durante su vigencia, lo cual impedía aplicar ese régimen. De acuerdo
con las pruebas, precisó que el subsidio fue reconocido conforme al Decreto 1161 de
2014, a partir del año 2015.
10. El Tribunal también estimó improcedentes las pretensiones relacionadas con el
reajuste del 20 % de la asignación básica y el reconocimiento de la prima de actividad.
En relación con el reajuste salarial, precisó que el demandante fue vinculado
directamente como soldado profesional el 14 de agosto de 2005, por lo que no era
3 Sentencia que quedó ejecutoriada el 21 de noviembre de 2023.
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Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
beneficiario del régimen de transición previsto en el inciso segundo del artículo 1.º del
Decreto 1794 de 2000, aplicable exclusivamente a quienes se encontraban prestando
servicio como soldados voluntarios antes del 31 de diciembre de 2000, conforme a la Ley
131 de 1985. Concluyó que no se configuraba un trato discriminatorio, ni se vulneraba el
principio de igualdad, ya que las diferencias entre ambos grupos respondían a criterios
objetivos y constitucionalmente válidos, como la forma de ingreso, la naturaleza funcional
y la jerarquía militar, de acuerdo con lo señalado, entre otras, en la sentencia C-015 de
2014 de la Corte Constitucional.
11. Respecto de la prima de actividad, el órgano colegiado de la referencia reiteró que
esta no se encuentra contemplada dentro del régimen prestacional aplicable a los
soldados profesionales. Sobre este punto, citó la sentencia de unificación del 25 de abril
de 20194, que analizó el derecho a la igualdad entre soldados profesionales y oficiales o
suboficiales, concluyendo que no existe vulneración a este principio, en tanto las
diferencias se explican por la naturaleza funcional, la jerarquía dentro de la estructura
militar y las situaciones fácticas diferenciadas de cada grupo. En consecuencia, no era
exigible la equiparación de los regímenes salariales o prestacionales entre estas
categorías.
12. Finalmente, el Tribunal descartó que la sentencia de primera instancia adoleciera de
incongruencia, al considerar que respondió de manera sustancial a los puntos planteados
en la demanda, resolviendo el caso con base en las normas aplicables, la jurisprudencia
vigente y el material probatorio que se estimó relevante para adoptar una decisión de
fondo.
Demanda del recurso extraordinario de revisión5
13. El señor Óscar Eugenio Berdugo Hurtado interpuso recurso extraordinario de revisión
con fundamento en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, con el fin de que se
declarara la nulidad de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro
del proceso ordinario que negó el reconocimiento de diversas prestaciones laborales.
Como sustento del recurso, alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en incongruencia al omitir pronunciamiento sobre varios reparos formulados en
el recurso de apelación, particularmente en relación con la negativa al subsidio familiar
previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el reajuste salarial del 20 %, la prima
de actividad, así como la solicitud de adición y nulidad de la sentencia de primera
instancia.
14. Sostuvo que las decisiones adoptadas tanto en primera como en segunda instancia
vulneraron su derecho al debido proceso, al desconocer hechos jurídicamente relevantes
expuestos en la demanda y argumentos constitucionales relacionados con el principio de
igualdad, particularmente en su modalidad "a trabajo igual, salario igual", y con los
principios laborales consagrados en el artículo 53 de la Constitución. Señaló que se omitió
valorar adecuadamente su condición frente a otros soldados profesionales en iguales
circunstancias, sin que se aplicaran los precedentes de la Corte Constitucional ni se
realizara un juicio de igualdad conforme a la sentencia SU-519 de 1997. Adujo también
4 Sentencia de unificación CE-SUJ2-015-19 del 25 de abril de 2019, Rad. 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-16).
5 Radicada el 22 de noviembre de 2023.
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Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
que no se resolvieron excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad
oportunamente formuladas, ni se aplicó la presunción de inconstitucionalidad del acto
censurado. Finalmente, cuestionó que se aplicaran criterios jurídicos erróneos (como la
sentencia de unificación de soldados voluntarios6) y que no se justificara el trato desigual
frente a quienes sí perciben la prima de actividad, pese a desempeñar funciones similares
dentro de las Fuerzas Militares.
Contestación del recurso
15. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional guardó silencio.
Ministerio Público
16. La procuradora delegada solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por el señor Óscar Eugenio Berdugo Hurtado, al considerar que no
se configuró la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA. Señaló que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue congruente con las pretensiones
formuladas, el contenido del recurso de apelación y el debate procesal, y que si bien se
cumplió el presupuesto objetivo de la causal —al tratarse de una providencia no
apelable—, no se demostró una nulidad originada en la sentencia que comprometiera el
debido proceso o el principio de congruencia.
17. Manifestó que el Tribunal delimitó correctamente los problemas jurídicos, resolvió los
temas en discusión —subsidio familiar, prima de actividad e incremento salarial del 20
%— y fundamentó su decisión con base en el acervo probatorio y el marco normativo
aplicable. Enfatizó que el recurso de revisión no es una tercera instancia ni un mecanismo
para corregir errores interpretativos o de valoración probatoria, sino una vía excepcional
para revisar decisiones afectadas por vicios graves.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado7 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, al
6
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-2015).
7 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del
asunto corresponde a la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
presuntamente omitir pronunciarse sobre aspectos sustanciales planteados por el señor
Óscar Eugenio Berdugo Hurtado en el recurso de apelación —relacionados con el
subsidio familiar, el reajuste salarial del 20 % y la prima de actividad— y al no abordar
sus argumentos constitucionales sobre el derecho a la igualdad y al debido proceso,
configurándose una nulidad originada en la sentencia misma.
Análisis del problema jurídico
20. En el caso concreto, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
al verificar que los argumentos expuestos por el accionante no demuestran la
configuración de una nulidad originada en la sentencia cuestionada, ni evidencian vicios
graves que comprometan la validez formal o material del fallo recurrido —causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA—. Por el contrario, del análisis integral del
expediente se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los
asuntos sometidos a su conocimiento dentro del marco de sus competencias, con base
en el acervo probatorio y en la jurisprudencia aplicable. En consecuencia, no se acreditó
una vulneración sustancial al debido proceso ni al principio de congruencia que justifique
infirmar la decisión, conforme a las razones que se exponen a continuación.
21. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia
que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.
22. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.
23. Esta corporación8 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.
8
Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre
de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
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Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
24. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia9 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.»10. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.
25. Bajo ese contexto, de conformidad con la naturaleza y el objeto del recurso
extraordinario de revisión, en esta oportunidad corresponde a la Sala determinar si la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en alguno de los vicios graves e insubsanables que configuran la causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, si contiene una nulidad originada
en la providencia misma que puso fin al proceso. En tal sentido, no procede examinar las
eventuales irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por cuanto el
objeto del recurso se restringe a la revisión de la decisión definitiva e inapelable que
resolvió el litigio.
26. El accionante considera que en el fallo de segunda instancia se incurrió en
incongruencia, al omitir pronunciamiento sobre varios cargos formulados en el recurso de
apelación, específicamente lo relacionado con la negativa al subsidio familiar previsto en
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el reajuste salarial del 20 %, la prima de actividad
y las solicitudes de adición y nulidad de la sentencia de primera instancia. Asimismo,
afirmó que la decisión del Tribunal vulneró su derecho al debido proceso y al principio de
igualdad, al no valorar hechos jurídicamente relevantes ni resolver de manera expresa
los planteamientos constitucionales expuestos, como las excepciones de
inconstitucionalidad e inconvencionalidad, ni efectuar un juicio de igualdad conforme a
los precedentes constitucionales invocados, particularmente la sentencia SU-519 de
1997.
27. No obstante, tras el estudio integral de la sentencia cuestionada, la Sala observa que
el Tribunal sí abordó de manera sustancial los problemas jurídicos planteados, agrupando
los reproches formulados en el recurso en torno a tres ejes temáticos que permitían
estructurar adecuadamente el análisis del caso: subsidio familiar, prima de actividad e
incremento salarial del 20 %.
28. En cuanto al subsidio familiar, el Tribunal señaló que el actor solicitó su
reconocimiento con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Sin embargo,
advirtió que, según las pruebas obrantes en el proceso, el demandante percibe esta
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-
00440-00.
10 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).
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prestación desde abril de 2015 y no demostró que el vínculo conyugal o la unión marital
de hecho —condiciones necesarias para acceder al subsidio— se hubieran consolidado
antes de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014. En consecuencia, concluyó
que no era aplicable el régimen anterior, al no acreditarse que los hechos que daban
origen al derecho ocurrieran bajo su vigencia ni que el caso se encontrara amparado por
la nulidad del Decreto 3770 de 2009.
29. La negativa al reconocimiento del subsidio bajo el Decreto 1794 obedeció, entonces,
a la falta de prueba de un hecho esencial para consolidar el derecho, lo que corresponde
a un asunto probatorio valorado por el juez de instancia. En este contexto, el recurso
extraordinario de revisión no procede como mecanismo para suplir deficiencias en la
actividad probatoria del proceso ni para revalorar los elementos de juicio que ya fueron
apreciados en su momento. Permitir lo contrario implicaría desnaturalizar la función
excepcional de este recurso y convertirlo en una vía para reabrir el debate probatorio, lo
cual no se ajusta a su finalidad ni a los límites previstos en el ordenamiento procesal.
30. En relación con el reajuste salarial del 20 %, el Tribunal aplicó la interpretación
contenida en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 25 de agosto de
201611, concluyendo que tal beneficio solo era procedente para los soldados que, al 31
de diciembre del año 2000, se encontraban prestando servicio como voluntarios conforme
a la Ley 131 de 1985. Como el actor fue incorporado como soldado profesional en el año
2005, sin haber sido voluntario, no le resulta aplicable el régimen transicional previsto en
el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000. En respaldo de esta
interpretación, el órgano colegiado explicó que si bien soldados voluntarios y soldados
profesionales actualmente comparten régimen de carrera y funciones militares, lo cierto
es que existe una diferencia relevante en las condiciones de ingreso que impide
considerar a ambos grupos como sujetos equiparables a efectos de un juicio de igualdad.
31. Frente a la invocación de la sentencia SU-519 de 1997, el Tribunal indicó que, aunque
dicha decisión desarrolló el principio “a trabajo igual, salario igual”, no era aplicable al
caso por tratarse de situaciones fácticas y jurídicas disímiles, al no haber identidad en las
condiciones de ingreso, jerarquía y régimen normativo. Así, concluyó que la diferencia de
trato estaba justificada en la garantía de los derechos adquiridos de los soldados
voluntarios que transitaron a la categoría profesional bajo el marco normativo anterior, lo
que descartaba la configuración de un trato discriminatorio arbitrario.
32. Por otro lado, el accionante reprocha un presunto desconocimiento de las
providencias jurisprudenciales citadas en el recurso de apelación; sin embargo, la Sala
reitera que la inobservancia del precedente no constituye, por sí sola, una causal de
nulidad de la sentencia. Además, contrario a lo sostenido por el recurrente, la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016 sí resultaba aplicable al caso concreto, pues en
ella se establecieron los criterios diferenciadores entre los soldados profesionales que
ingresaron directamente a la fuerza pública y aquellos que previamente prestaron servicio
como soldados voluntarios. Dicha distinción guarda relación directa con la controversia
planteada por el actor, referida al reconocimiento del reajuste salarial del 20 %, el cual,
conforme a esa jurisprudencia, solo procede para quienes cumplieran los requisitos del
11 Sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-
2015).
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00575-00 (7704-2023)
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régimen transitorio previsto en el inciso segundo del artículo 1.° del Decreto 1794 de
2000. En consecuencia, el fallo impugnado no desconoció el precedente judicial, sino que
lo aplicó de manera razonada y acorde con el marco normativo y fáctico del proceso.
33. Ahora, el principio de congruencia se entiende vulnerado cuando la sentencia omite
pronunciarse sobre alguna de las pretensiones, excepciones o argumentos relevantes
propuestos por las partes, o cuando resuelve cuestiones que no fueron planteadas en el
debate judicial. Esta exigencia no implica que el fallo deba replicar literalmente los
argumentos expuestos en los escritos procesales, sino que debe existir una
correspondencia sustancial entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto. En otras palabras,
la incongruencia se configura cuando hay una ruptura evidente entre las pretensiones o
cuestiones jurídicas planteadas y las razones que sustentan la decisión, al punto que se
comprometa la lógica interna del fallo o el derecho al debido proceso de alguna de las
partes.
34. En lo concerniente a la prima de actividad, el Tribunal advirtió que el Decreto 1794
de 2000 -norma especial aplicable al régimen de soldados profesionales- no contempla
dicho emolumento como parte de su estructura prestacional. Además, justificó esta
exclusión en la diferenciación objetiva existente entre los oficiales y suboficiales (a
quienes sí les asiste este derecho) y los soldados profesionales, debido a sus distintas
condiciones jerárquicas, funciones y requisitos de ingreso. En esta línea, se descartó la
existencia de una vulneración al derecho a la igualdad, al no tratarse de sujetos en
condiciones equiparables. La decisión se fundamentó, entre otras, en la referida
sentencia de unificación 25 de agosto de 201612, en la que se explicaron las diferencias
entre oficiales, suboficiales, agentes y soldados.
35. Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo
procesal destinado a controvertir la interpretación jurídica adoptada por el juez de
instancia, ni a revaluar el sentido normativo de la decisión impugnada. Ello resulta aún
más evidente en el presente caso, en el que se advierte que los razonamientos expuestos
por el Tribunal para negar el reconocimiento de la prima de actividad respondieron de
manera expresa y argumentada a los planteamientos del recurrente. En consecuencia,
no se configura un vicio que afecte de forma sustancial el núcleo esencial del debido
proceso ni que comprometa la validez formal o material de la providencia objeto de
revisión.
36. Finalmente, frente al reparo relacionado con la supuesta omisión del Tribunal al
pronunciarse sobre la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, esta Sala
considera que dicho argumento no está llamado a prosperar. En primer lugar, se precisa
que esa solicitud ya había sido resuelta por el Juzgado Veinticinco Administrativo del
Circuito de Bogotá mediante providencia del 27 de septiembre de 2021, en la que se negó
el incidente de nulidad, así como las solicitudes de aclaración y adición formuladas por el
actor, al concluir que no se configuraban causales de nulidad ni se había omitido
pronunciamiento sobre aspecto alguno debatido en el proceso. Esta decisión quedó en
firme, toda vez que los recursos interpuestos por el interesado fueron rechazados por
extemporáneos.
12 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-2015).
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00575-00 (7704-2023)
Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
37. Sumado a lo anterior, el Tribunal al resolver el recurso de apelación, analizó de
manera sustancial los aspectos que originaron dicha solicitud de nulidad, particularmente
los relacionados con presuntas deficiencias en la motivación e incongruencia del fallo de
primera instancia. Por tanto, no se configura omisión alguna por parte del juez de segunda
instancia, ya que dichos planteamientos fueron examinados en el análisis integral del
caso, descartando la existencia de vicios que afectaran el debido proceso o el principio
de congruencia.
38. Por lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí analizó
los cargos formulados en la apelación. Aunque algunos de ellos fueron tratados de
manera sintetizada y agrupada por materias afines13, no se advierte una omisión
sustancial que configure una incongruencia que vicie de nulidad la sentencia.
39. En consonancia con ello, la causal invocada no se encuentra acreditada y, por tanto,
se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
Condena en costas
40. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
41. En ese sentido, en el caso concreto, en principio procedería la imposición de costas
al actor dado que se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión. Sin
embargo, al no haberse acreditado su causación —toda vez que la parte accionada no
intervino en el trámite del proceso—, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Óscar Eugenio Berdugo Hurtado contra la sentencia de segunda instancia
proferida el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 11001-33-35-025-2020-00222-01.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al señor Óscar Eugenio Berdugo Hurtado, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
13 Sobre el particular esta Subsección en la sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00330-
00 (4906-2023), concluyó que «no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos, cuando de manera
compendiosa se pueden resolver varios cargos que traten sobre un tema en específico».
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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00575-00 (7704-2023)
Demandante: Óscar Eugenio Berdugo Hurtado
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y ARCHIVAR el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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