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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00582-00

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00582-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado por el señor Rafael Elías Cortés Méndez en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso ejecutivo con radicado 73001-33-31-703-2012-00218-05. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al recurrente, conforme a lo indicado en esta providencia. 27 Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023) Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez TERCERO. RECONÓZCASE personería para actuar a la abogada Rocío Del Pilar Arenas España como representante de los intereses judiciales de la UGPP, conforme el memorial aportado al proceso consignado en el índice 30 del aplicativo SAMAI. CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00582-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1

Temas: Causales 5. ° y 8. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
Presupuestos de configuración

Decisión: Declara infundado el recurso extraordinario de revisión

I. ASUNTO

1. Se decide el recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, interpuesto por el señor Rafael Elías Cortés
Méndez contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso ejecutivo con radicado 73001-33-31-
703-2012-00218-05.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO2

1.1. Pretensiones3

2. El señor Rafael Elías Cortés Méndez, a través de apoderado, presentó a
continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho demanda
ejecutiva contra la UGPP con el fin de que diera cumplimiento a la sentencia

1
En adelante UGPP.
2
El expediente del proceso ejecutivo está depositado de forma integral el índice 16 del aplicativo SAMAI.
3
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 127.

1

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 24 de febrero de 2015, dentro
de aquel proceso, identificado con el radicado 73001333170320120021801, en el
que se ordenó la reliquidación de la mesada pensional del actor a partir del 1.º de
noviembre de 1997, con base en el promedio de los factores salariales devengados
en el último año de servicios «(sueldo básico, bonificación por servicios, auxilio por
movilización, bonificación por compensación y las doceavas de las primas anual de
navidad, vacaciones semestral y de antigüedad), junto con la respectiva
actualización, según lo expuesto en las consideraciones de la presente sentencia.
Respecto a la inclusión de la adición de bonificación por compensación, adición de
prima semestral y adición de prima de vacaciones, la entidad demandada deberá
estar sujeta a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia»4.

3. Estimó que con base en las órdenes dadas en la sentencia base de recaudo la
primera mesada pensional del actor ascendió a la suma de $1.034.742, de acuerdo
con los factores devengados entre noviembre de 1996 y octubre de 1997. Por lo
tanto, para la fecha de presentación de la demanda ejecutiva, la UGPP le adeudaba
las siguientes sumas: i) $38.233.882,43 «por concepto de capital impago de la
sentencia (…) y que corresponde a las diferencias que por concepto de los factores
salariales correspondientes al sueldo básico, bonificación por servicios, auxilio por
movilización, bonificación por compensación y las doceavas de las primas anual de
navidad, vacaciones, semestral y de antigüedad (…) a partir del 1 de noviembre de
1997, sumas estas que deberán ser actualizadas conforme a la formula señalada
en la parte considerativa de esta sentencia atendiendo a lo dispuesto en el artículo
178 del CCA»; ii) $17.736.698,06 por concepto de intereses moratorios liquidados
desde el 10 de marzo hasta la fecha de presentación de la demanda; iii) las
diferencias que se hubieran seguido causando desde el 1.º de marzo de 2015 hasta
la inclusión en nómina de pensionados del valor adeudado; iv) el reintegro de los
dineros descontados al actor desde agosto de 2016, «cuando la entidad disminuyó
el valor de su pensión de jubilación, pasándola de la suma de $3.044.968,00 a la
suma de $2.927.429,00 mensuales»; v) el reintegro de los dineros descontados de
su mesada sin autorización; y vi) las costas procesales.

1.2. Hechos

4. Explicó que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Ibagué dictó
sentencia el 27 de junio de 2014, a través de la cual condenó a la UGPP a reliquidar
la mesada pensional del actor a partir del 1.º de noviembre de 1997.
4
Se extrae este apartado de la literalidad de la sentencia que se consideró como base de recaudo.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

5. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Tolima dictó sentencia de segunda
instancia el 24 de febrero de 2015, mediante la cual confirmó parcialmente la
providencia de primer grado, dado que modificó los ordinales tercero, cuarto y sexto,
en el sentido de precisar que, a título de restablecimiento del derecho, se condenaba
a la UGPP a reliquidar la mesada pensional de jubilación a partir del 1.º de
noviembre de 1997, con base en el promedio de los factores devengados en el
último año de servicio. Asimismo, ordenó únicamente el reconocimiento y pago de
las diferencias que resultaran a favor del demandante por concepto de los factores
salariales correspondientes al sueldo básico, la bonificación por servicios, el auxilio
por movilización, la bonificación por compensación y las doceavas de las primas
anual de navidad, de vacaciones, semestral y de antigüedad. Finalmente, declaró
parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias de
mesadas pensionales no pagadas con anterioridad al 9 de octubre de 2006.

6.El actor solicitó el cumplimiento de la providencia anterior el 27 de agosto de
2015. Frente a ello, recibió respuesta negativa de la UGPP a través de la Resolución
RDP 041294 del 7 de octubre de 2015, en la que se argumentó que las copias
aportadas no correspondían a «la primera copia que preste mérito ejecutivo». El
actor interpuso recursos contra esa decisión, pero fueron resueltos de manera
desfavorable.

7. Nuevamente, el actor presentó la solicitud de cumplimiento y, mediante la
interposición de una acción de tutela en la que pidió la protección del derecho
fundamental de petición, la UGPP expidió la Resolución RDP 016655 del 22 de abril
de 2016, por medio de la cual reliquidó su pensión. No obstante, adujo que, contrario
a lo ordenado en el título ejecutivo, la entidad, en vez de aumentar la mesada
pensional devengada por el actor, la disminuyó, debido a que no incluyó «[la] prima
de vacaciones y adiciones a bonificaciones, (…) primas semestrales y (…) otros
auxilios y primas vacacionales, entre otros». De suerte que los cálculos realizados
por la entidad en la reliquidación no se atenían a las órdenes del título y, por
consiguiente, no se les había dado cumplimiento.

1.3. Trámite en primera instancia

8. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, libró
mandamiento de pago en favor del señor Cortés Méndez y contra la UGPP, a través
de auto del 4 de septiembre de 2017, en los términos dispuestos en la sentencia

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

base de recaudo, que constituía el título ejecutivo5.

9.La UGPP contestó la demanda ejecutiva proponiendo las siguientes excepciones
de mérito:

i) Cobro de lo no debido: argumentó que «(…) no hay lugar a cobro de dineros
por ningún concepto, dado que la liquidación de la mesada pensional del
ejecutante se realizó atendiendo los certificados de factores salariales fechados
25 de noviembre de 2008 y 10 de agosto de 2015, expedidos por el INCORA;
documentos que allegó el señor Rafael Elías Cortés Méndez a la actuación
administrativa, y donde se evidencia que la mesada asciende a la suma de
$881.726,00, como consta en la Resolución RDP 016655 del 22 de abril de 2016
que reposa en el expediente administrativo, donde se realizó la reliquidación de
la pensión en cumplimiento del fallo objeto de ejecución (…)».

ii) Buena fe: debido a que las actuaciones de la entidad fueron realizadas con
buena fe y de forma honesta.

iii) Innominada: «las demás que el Juzgado encuentre probadas y en
consecuencia deba declararlas de oficio».

A través de auto del 3 de octubre de 2018, el Juzgado corrió traslado de las
10.

excepciones de mérito propuestas por la ejecutada al ejecutante6.

11.El ejecutante descorrió el traslado y solicitó que fueran rechazadas las
excepciones de mérito presentadas por la UGPP, dado que no correspondían a las
previstas en el numeral 2.º del artículo 442 del CGP»7.

12.El Juzgado a través de auto del 31 de mayo de 2019 fijó fecha y hora para llevar
a cabo la audiencia de que trata el artículo 392 numeral 2 del CGP8.

13.El ejecutante interpuso recurso de reposición contra el auto anterior, en tanto que
las excepciones de mérito propuestas por la UGPP no correspondían a las previstas
en el numeral 2.º del artículo 442 del CGP. Por consiguiente, afirmó que debían
rechazarse las excepciones y, posteriormente, ordenarse, a través de auto, seguir

5
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 256.
6
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 417.
7
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 422.
8
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 449.

4

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

adelante con la ejecución9.

14.El Juzgado, a través de auto del 6 de septiembre de 2019, repuso la decisión
adoptada en la providencia del 31 de mayo de 2019, «(…) toda vez que los medios
exceptivos propuestos por la entidad no se encuentran enunciados dentro de los
preceptos normativos que regulan el presente asunto». Como consecuencia de lo
anterior, rechazó las excepciones de mérito de «cobro de lo no debido» y «buena
fe», propuestas por la UGPP, y dispuso que, una vez en firme dicho auto, el proceso
ingresaría al despacho para decidir de fondo, en los términos del inciso segundo del
artículo 440 del CGP10.

15.La UGPP interpuso recurso de apelación contra el auto del 6 de septiembre de
2019, debido a que, a su juicio, la autoridad judicial rechazó las excepciones de
mérito «sin realizar un estudio de los argumentos esbozados en las mismas (…)»;
de suerte que solicitó «al Colegiado de Alzada (sic) ordene [que] se resuelvan de
fondo cada una de las excepciones aquí planteadas, máxime si tenemos de
presente que la [UGPP] (…) dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo proferido por
el Tribunal Administrativo del Tolima el 24 de febrero de 2015 y, por tanto, la mesada
pensional del ejecutante se encuentra ajustada a derecho, sin que se haya
generado retroactivo alguno a favor del señor Rafael Elías Cortés Méndez»11.

16.El 4 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió
favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra el auto del
6 de septiembre de 2019, a través del cual se habían rechazado las excepciones de
mérito propuestas. A su juicio, el deber del juzgador no consiste únicamente en
verificar la denominación de las excepciones propuestas por la ejecutada, sino
también en analizar los argumentos que las sustentan, «con el fin de determinar si
su fundamentación se adecua dentro de los supuestos de hecho de alguna de las
excepciones relacionadas en el inciso 2.º del artículo 442 del CGP», en aplicación
de la facultad con la que cuenta para interpretar las normas procesales —de
acuerdo con el artículo 11 del CGP— y el principio iura novit curia.

17.En ese sentido, comoquiera que la ejecutada sostuvo, en estricto sentido, que ya
había dado cumplimiento a la sentencia que se adujo como título ejecutivo mediante
la Resolución RDP 016655 del 22 de abril de 2016, sus planteamientos se
adecuaban a la excepción de pago consagrada en el numeral 2.º del artículo 442

9
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 434.
10
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 469.
11
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 472.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

del CGP. Por lo tanto, se ordenó al Juzgado darle trámite a dicha excepción «con el
fin de determinar si tuvo lugar o no el pago efectivo de la obligación ejecutada»12.

18. El Juzgado a través de auto del 24 de agosto de 2021 dispuso obedecer y cumplir
la orden dada por el Tribunal en el auto del 4 de mayo de 2021 y, en consecuencia,
fijó fecha y hora para la realización de la audiencia consagrada en el artículo 392
del CGP13.

19.El 20 de octubre de 2021, el Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito de
Ibagué, Tolima, celebró audiencia inicial, a la cual asistieron el ejecutante Rafael
Elías Cortés Méndez, su apoderado y el vocero de la UGPP. En dicha oportunidad,
se puso de presente a las partes que el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante
providencia del 4 de mayo de 2021, decidió revocar el auto del 6 de septiembre de
2019 y ordenó que las excepciones propuestas por la entidad —cobro de lo no
debido y buena fe— se tramitaran bajo la denominación de excepción de pago.
Frente a esta determinación, no se interpusieron recursos en el curso de la
audiencia14.

20. Posteriormente, en el curso de la audiencia inicial, se fijó el litigio en los términos
del numeral 7.º del artículo 372 del CGP, circunscrito a determinar: «(…) si la entidad
ejecutada (…) adeuda al ejecutante las sumas por las cuales se ordenó librar
mandamiento de pago respecto de la obligación derivada de la sentencia del 27 de
junio de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión,
confirmada parcialmente por la sentencia del 24 de febrero de 2015 del H. Tribunal
Administrativo del Tolima y, en consecuencia, si se debe seguir adelante con la
ejecución por dichas sumas». Las partes manifestaron estar de acuerdo con la
fijación del litigio realizada por el Juzgado.

1.4. Sentencia de primera instancia15

21.En el curso de la audiencia realizada el 20 de octubre de 2021, el Juzgado decidió
dictar sentencia, conforme a lo establecido en el numeral 5.º del artículo 373 y en el
artículo 443 del CGP. En ella declaró probada la excepción de pago de la obligación
propuesta por la UGPP, dio por terminado el proceso ejecutivo, conforme al artículo
461 del CGP, y condenó en costas a la parte ejecutante.

12
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 584.
13
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 589.
14
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 616.
15
Índice 16 del aplicativo SAMAI - 01- CUADERNO PRINCIPAL I.pdf pág. 619.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

22.Para arribar a esa conclusión, el a quo determinó el valor de la primera mesada
pensional. Para ello, tomó los factores salariales —acreditados tanto en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho como en el ejecutivo— que devengó el
ejecutante durante el último año de servicios. Adicionalmente, precisó que no se
tendrían en cuenta los conceptos de adición de bonificación por compensación,
adición de prima semestral y adición de prima de vacaciones, dado que no se probó
su causación.

En ese contexto, se calculó el valor de la primera mesada pensional, que para
23.

1997 arrojó la suma de $832.124, inferior a la reconocida por la entidad —
$881.726—. Por lo tanto, no había lugar al reconocimiento de suma alguna en favor
del actor, en los términos indicados por la entidad al sustentar las excepciones.

1.5. Recurso de apelación

24.Notificada la sentencia proferida por el juzgado en estrados, la parte ejecutante
interpuso recurso de apelación en los siguientes términos:

«Dentro del presente expediente están acreditadas las sentencias judiciales base de la siguiente ejecución,
en donde se establecen los términos precisos en los que debían cumplirse la orden emitida, primero por el
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión, que fue modificada por el Tribunal Administrativo del
Tolima.

Como lo expresé al pronunciarme en los alegatos, en este proceso no hay lugar a declarar probada la
excepción de pago, toda vez que a mi representado no se le ha efectuado ningún pago en cumplimiento de
las órdenes estrictas dadas por el Tribunal en la sentencia base de ejecución.

Si se revisan los documentos que obran dentro del presente trámite ejecutivo se puede constatar que a mi
mandante no se le ha efectuado ningún pago por parte de la entidad y, contrario a ello, lo que se evidencia
es que la entidad, so pretexto del cumplimiento de un fallo judicial, procedió a disminuirle la cuantía de la
pensión.

Teniendo en cuenta que el Juzgado libró mandamiento de pago con base en las órdenes del Juzgado, me
permito expresar, como lo determinó el Tribunal Administrativo del Tolima, la orden de reliquidación fue
modificada teniendo en cuenta los factores salariales a partir del 1 de noviembre del 97, con base en el
promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicio: sueldo básico; bonificación de
servicio; auxilio por movilización; bonificación por compensación; doceavas de las primas anuales de
navidad, vacaciones, semestral y de antigüedad, junto con la respectiva actualización. Respecto a la
inclusión de la adición de la bonificación por compensación, adición semestral y adición a la prima de
vacaciones, la entidad debe de estar sujeta a lo expuesto en la parte motiva. De igual forma, el artículo
cuarto, ordenó que de conformidad con la reliquidación ordenada en el numeral anterior, se condenara a la
entidad a pagar únicamente las diferencias que por concepto de los factores salariales antes nombrados
resultaran a partir del 1 de noviembre del 97, sumas estas que deberán ser actualizadas conforme a la
formula señalada en la parte considerativa de la sentencia.

Al momento de presentar la presente demanda ejecutiva, al expresar las pretensiones, existe una liquidación
que solicito sea revisada por el Tribunal Administrativo del Tolima al momento de estudiar el recurso de
apelación, contrastada con las cuentas que efectúa el Despacho, que, de acuerdo a lo manifestado por el
Juez en el fallo, le da una suma inferior.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

Dentro de esta solicitud de pretensión estaba la reliquidación efectuada por esta parte, con base en la
sentencia del Tribunal y, en estas cuentas que aparecen dentro del expediente se estableció que el IBL
ascendía a la suma de $1.379.657 y que su 75% daba un valor de mesada de $1.034.742, que difiere del
valor reconocido en su momento por el INCORA -$917.000-, que difiere del valor liquidado por la entidad en
la supuesta resolución de cumplimiento de pago y que difiere de las cuentas que hizo el señor Juez en el
marco de la presente audiencia.

Entonces, no puede declarar probada la excepción de pago, porque, reitero, a mi mandante no se le ha
efectuado ningún pago en cumplimiento de estas sentencias y lo que dispuso el Tribunal fue pagar la
diferencia, en ningún momento el Tribunal dispuso que se le disminuyera la pensión del demandante, porque
si hubiese sido así, entonces, la entidad ejecutada tendría que haber presentado en el proceso una demanda
de reconvención y haber iniciado una acción de lesividad para poder afectar la mesada a mi mandante y lo
que hizo fue, so pretexto del cumplimiento del fallo, disminuir la mesada pensional. Por eso nuevamente cito
la sentencia que hice alusión en los alegatos, donde la Sección Segunda en un caso similar al que hoy nos
convoca determina que, en realidad, es un abuso del derecho que una entidad que tiene a su cargo la
liquidación de pensiones proceda a disminuir la mesada pensional, estoy hablando de la sentencia proferida
por el Consejo de Estado el 4 de marzo del 2021 con ponencia del consejero Cesar Palomino Cortés (…).

Adicionalmente, quiero hacer énfasis en el documento que trae a colación el Juez y a un documento que se
aportó correspondiente a la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL y que fue aportada en este
trámite en el momento en que se presentó la liquidación del crédito, en cumplimiento de la orden que dispuso
seguir adelante con la ejecución y que vino a reversarse por orden del Tribunal que ordenó estudiar la
excepción de pago tandas veces nombradas en esta audiencia.

En esta certificación electrónica de tiempos laborados se podrá visualizar con claridad los factores salariales
devengados por mi patrocinado y que corresponden a asignación básica mensual, bonificación por servicios
prestados, prima de antigüedad, bonificación por recreación, prima de junio, prima de navidad, prima de
vacaciones, auxilio de movilización, a las primas que se cancelaron al momento de la terminación del vínculo
laboral y todas están determinadas en esta certificación que hoy por hoy constituye el documento base para
que las entidades liquiden las pensiones. Este documento certificación electrónica – CETIL está subido en
la plataforma del Ministerio de Hacienda y a el tienen acceso entidades como la UGPP para verificar los
factores salariales que devengan las personas y que son la base para liquidar la pensión, dado que para la
época las entidades llevaban esta información manual y solo a través de esta herramienta se pueden
establecer los reales valores devengados.

Si se revisan estos valores que están determinados en esta certificación se podrá visualizar con total claridad
que los valores adoptados por la resolución emitida por la UGPP en su momento y con la que supuestamente
se cumplió la orden del Tribunal difiere frente a los ingresos que devengó mi patrocinado y por ende, no hay
lugar a hablar de una excepción de pago ni mucho menos, a que se disponga la terminación del proceso,
pues hasta el momento al actor no se le ha efectuado ningún pago en cumplimiento de la sentencia.

En consecuencia, solicito al Honorable Tribunal revocar en su totalidad la decisión tomada en esta audiencia
y, en su lugar, ordenar seguir adelante la ejecución y presentar la liquidación del crédito en donde se debe
determinar el valor real de la mesada pensional que debe recibir mi patrocinado».

1.6. Sentencia objeto de revisión16

25.El Tribunal Administrativo del Tolima dictó sentencia el 17 de noviembre de 2022,
a través de la cual confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado
Doce Administrativo Mixto del Circuito de Ibagué, que había declarado probada la
excepción de pago total de la obligación.

16
Índice 16 del aplicativo SAMAI – EXPEDIENTE TRIBUNAL.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

26.Como sustento de lo anterior, el Tribunal explicó que, analizados el título ejecutivo
y los documentos que reposaban en el expediente, no le asistía razón al ejecutante,
debido a que la UGPP había pagado la mesada pensional en los términos
dispuestos en las sentencias base de recaudo. De suerte que lo procedente era
confirmar la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de
pago.

27.En efecto, mientras que la UGPP, a través de la Resolución RDP 016655 del 22
de abril de 2016, reliquidó la mesada pensional del actor y determinó que la primera
mesada ascendía a $881.726, la liquidación realizada en la sentencia de segunda
instancia, conforme a los certificados de los factores devengados por el ejecutante
durante el último año de servicio —entre el 1.º de noviembre de 1996 y el 31 de
octubre de 1997—, arrojó una mesada pensional inferior, concretamente de
$853.756.

28.En consecuencia, era palmario para el Tribunal que la UGPP no adeudaba
concepto alguno al demandante por concepto de la reliquidación pensional, dado
que la entidad «acreditó haber dado cumplimiento a la obligación reclamada en los
términos establecidos en las sentencias judiciales que sirven de título ejecutivo,
motivo por el que, en efecto, debe declararse probada la excepción de pago total de
la obligación propuesta por la entidad pensional ejecutada».

29.También explicó que no era procedente tener en cuenta el certificado CETIL del
Ministerio de Hacienda al que aludió el ejecutante en el recurso de alzada, debido
a que se aportó el 19 de marzo de 2021, durante el trámite de la liquidación del
crédito, cuando se surtía, en efecto devolutivo, la apelación del auto del 6 de
septiembre de 2019, a través del cual se habían rechazado las excepciones de
mérito. Sin embargo, esta decisión fue posteriormente revocada mediante auto del
4 de mayo de 2021. Por lo tanto, conforme al artículo 329 del CGP, las actuaciones
surtidas con posterioridad a una providencia apelada en efecto devolutivo quedan
sin efecto cuando esta es revocada. En todo caso, consideró que la liquidación del
crédito no era la etapa procesal para aportar pruebas dentro del proceso ejecutivo.

1.7. Del recurso extraordinario de revisión

30.Las causales invocadas. El señor Rafael Elías Cortés Méndez presentó este
recurso contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17
de noviembre de 2022, bajo el argumento de que se incurrió en las causales

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

previstas en los numerales 5.º y 8.º del artículo 250 del CPACA, que se refieren,
respectivamente, a la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y a haberse dictado una sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

31.Argumentos que sustentan la causal octava: Se consideró que la sentencia
proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima fue
contraria a otra sentencia anterior que hizo tránsito a cosa juzgada, dictada entre
las mismas partes de este proceso.

32.En efecto, se explicó que el actor, antes de iniciar el proceso ejecutivo, había
presentado demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, bajo el radicado 73001333170320120021800, contra el entonces
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Ello derivó en que
el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Ibagué dictara sentencia
de primera instancia el 27 de junio de 2014.

33.Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del
24 de febrero de 2015, confirmó parcialmente la decisión inicial y modificó los
numerales tercero, cuarto y sexto de la parte resolutiva de la sentencia del Juzgado,
en el sentido de condenar a la UGPP a reliquidar la mesada pensional de jubilación
recibida por el señor Rafael Elías Cortés Méndez a partir del 1.º de noviembre de
1997, con base en el promedio de los factores devengados en el último año de
servicios, y a pagar las diferencias que, por concepto de los factores salariales «(…)
correspondientes al sueldo básico, bonificación por servicios, auxilio por
movilización, bonificación por compensación y las doceavas de las primas anual de
navidad, vacaciones, semestral y de antigüedad, resultaren a favor del demandante,
a partir del 1 de noviembre de 1997».

34. Así las cosas, estimó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima el 17 de noviembre de 2022 fue contraria a la sentencia anterior, pues
«resulta totalmente desconcertante que el propio Tribunal que emitió la sentencia
base de ejecución, indique que la demandada UGPP cumplió la obligación
reclamada en los términos establecidos en las sentencias judiciales que sirven de
título ejecutivo y que hicieron tránsito a cosa juzgada cuando lo que realmente se
demostró en este trámite es que la Entidad demandada disminuyó la mesada
pensional del actor, lo que no fue ordenada en tales providencias, que efectivamente
ordenaron fue el mejoramiento de la mesada devengada por mi representado y

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

jamás una disminución».

35.Lo anterior, a juicio del recurrente, constituye un desconocimiento de la fuerza de
cosa juzgada que revisten las órdenes contenidas en la sentencia proferida el 24 de
febrero de 2015 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Dicho desconocimiento se habría configurado en la sentencia del 17 de
noviembre de 2022, proferida en el curso del proceso ejecutivo, al declararse
probada la excepción de pago porque, a juicio del Tribunal, la UGPP no adeudaba
concepto alguno al ejecutante.

36.Argumentos que sustentan la causal quinta: Subsidiariamente, consideró que
la sentencia recurrida incurrió en una nulidad, debido a que vulneró el derecho al
debido proceso del actor, en tanto no atendió los principios de congruencia y
contradicción. En efecto, la UGPP, al contestar la demanda, propuso como
excepciones de mérito las de «cobro de lo no debido» y «buena fe», las cuales,
debido a la regla contenida en el numeral 2.º del artículo 442 del CGP, debían
rechazarse. No obstante, al resolver el litigio, se decidió sobre la excepción de pago,
pese a que este «por lo demás nunca se efectúo», debido a que la UGPP, a través
de la Resolución RDP 016655 del 22 de abril de 2016 y en contravía de los
planteamientos de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, disminuyó la mesada pensional recibida por el actor, la
cual, con corte al 1.º de noviembre de 1997, se calculaba en $917.186,00 y pasó a
ser de $881.726,00.

37.A lo anterior se suma el hecho de que el Tribunal, al estudiar el recurso de
apelación presentado por el actor, dejó de lado la oportunidad para presentar la
liquidación del crédito que, conforme al artículo 446 del CGP, permitía adjuntar los
soportes de los tiempos laborados contenidos en el formato CETIL expedido por la
coordinadora del Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas, con los cuales
se habrían determinado las verdaderas diferencias que, por concepto de factores
salariales, resultaban en favor del actor.

1.8. Intervenciones

La UGPP no contestó la demanda. Por su parte, el Ministerio Público, a través
38.

de la Procuraduría Delegada de Intervención Tercera ante esta Corporación, allegó
concepto en el que solicitó que se declarara infundado el recurso, con fundamento
en los siguientes argumentos: i) sobre la causal octava, explicó que no se

11

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

configuraban los presupuestos de identidad de objeto y de causa entre las dos
sentencias que se alegaban contradictorias, por lo que esta causal no prosperaba;
y ii) sobre la causal quinta, adujo que el recurrente no indicó cuál fue la nulidad
originada en la sentencia, pues, si bien aludió a una posible falta de congruencia y
a la violación de derechos fundamentales, ninguno de esos argumentos se
encuadraba en las causales establecidas en los artículos 133 y 134 del CGP, de
suerte que esta causal tampoco prosperaría.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

39.Esta Subsección es competente para resolver este asunto, de conformidad con
lo establecido en los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 13 del Acuerdo 080 de
12 de marzo de 2019, reglamento interno de esta corporación.

3.2. De la oportunidad para interponer el recurso

40.De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en las causales de revisión previstas en los
numerales 5. ° y 8. °, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de
la respectiva sentencia».

41.La sentencia impugnada se profirió el 17 de noviembre de 2022 y quedó
ejecutoriada el 29 de noviembre de 2022, de acuerdo con la constancia expedida el
30 de noviembre de 2022 por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima17.
El recurso, por su parte, fue radicado el 28 de noviembre de 2023, esto es, dentro
de la oportunidad que impone la ley.

3.3. Problema jurídico

42.De acuerdo con lo argüido por la parte actora, corresponde a la Sala determinar
si ¿la sentencia del 17 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del proceso ejecutivo arriba referenciado, incurrió
en las causales de revisión previstas en el numeral 8. ° del artículo 250 del CPACA
o, subsidiariamente, la consagrada en el 5. ° ibídem?

43. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del recurso

17
Índice 3 del aplicativo SAMAI.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

extraordinario de revisión; y ii) el contenido y alcance de las causales 5. ° y 8. ° del
artículo 250 del CPACA.

3.4. Normas y jurisprudencia aplicables.

La naturaleza y objeto del recurso extraordinario de revisión. El artículo 248
44.

de la Ley 1437 de 2011, establece que:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

45.La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
recurso extraordinario de revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en razón
a que puede ser dirigido en contra de las providencias ejecutoriadas proferidas por
cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo contencioso
administrativo —jueces y tribunales, así como las subsecciones y secciones de esta
corporación—.

46. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento de
la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de situaciones
externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso ordinario, pero
que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de cosa juzgada.
En sentencia de 3 de marzo de 2020,18 la Sala Décima Especial de Revisión de este
tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI
Capítulo I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e

18
Expediente nro. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), C.P. Sandra Liset Ibarra Vélez.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir
en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley».19

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la
doctrina20 como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera
excepcional el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada, pues con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado,
siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.21

45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas
que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».22

47.Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el debate
propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias probatorias de
las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias; iv) controvertir
la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de aplicación de
las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso sometido a
juicio.

48.De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los

19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro Sentencia de 30 de
septiembre de 2014.
20
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.
21
«1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra
con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5.
Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen
de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso
la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
22
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-2003-00133-00 (REV), C.P.
Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos
Guerrero.

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

fundamentos y la causal alegada23. En la sentencia que se viene citando, esta
corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez24 o para corregir errores «in iudicando»25, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados26-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la
aparición de una persona con mejor derecho27-, o fueron sobrevinientes a la decisión
y hacen que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal
cuarta,28- o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una
nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación29-.

47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la
obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese
formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y,
especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni
pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio
del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».30

23
Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente nro. 11001-03-15-000-2019-00119-
00(REV), C.P. Alberto Montaña Plata.
24
Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15- 000-2008-00480-00 (REV), C.P.
Susana Buitrago Valencia.
25
En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores in iudicando son entonces
errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».
26
Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados».
27
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
28
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
29
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
30
Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar:
Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta, precisó que: «… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o

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Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

El contenido y alcance de la causal 8.° del artículo 250 del CPACA. El
49.

numeral 8. ° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada»

De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos que prohíjan la
50.

configuración de la aludida causal son los siguientes:

i) La existencia de dos sentencias contradictorias.

ii) Que la providencia contrariada haya hecho tránsito a cosa juzgada entre las
partes del proceso en que fue dictada y, a su vez, tenga la misma fuerza
frente al segundo proceso, lo que sucede cuando en este se encuentran
involucradas las mismas partes, versa sobre el mismo objeto y deviene de la
misma causa.

iii) Que, si en el último proceso se formuló la excepción de cosa juzgada, esta
no haya sido rechazada.

51.En lo que respecta a la causal en estudio, resulta indispensable citar las reglas
que, con tales fines, erigió la Sala 14 Especial de Decisión de esta corporación en
la sentencia de 5 de abril de 2016,31 así:

«[…] 17. La consagración de esta circunstancia -desconocimiento de la cosa
juzgada- como causal de revisión, busca garantizar la unidad de la jurisdicción, de
modo que solamente haya un pronunciamiento sobre la misma controversia. Así,
cuando la jurisdicción se agota con una decisión, “ésta se vuelve intangible por
antonomasia y ningún otro juez puede volver sobre el asunto, pues de hacerlo, sería

sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen
a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794.
M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos
en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la
sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
31
Consejo de Estado, SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, Sala14 Especial de Decisión, expediente. 11001-03-15- 000-2007-01433-00
(REV).

16

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

posible el hallazgo de dos sentencias contradictorias sobre idéntica controversia lo
cual desconocería la unidad de jurisdicción y lesionaría la seguridad jurídica, pues
la aplicación de unas mismas normas a un caso idéntico, no puede conducir
razonablemente a resultados distintos”32.

18. Para que se configure esta causal, es necesaria la presencia concurrente de tres
presupuestos esenciales, a saber: (i) que existan dos sentencias contradictorias; (ii)
que la sentencia contrariada constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que fue dictada y frente al segundo proceso -lo cual ocurre cuando éste involucra
a las mismas partes de un proceso anterior, versa sobre el mismo objeto y se
adelanta por la misma causa- y (iii) que en el segundo proceso no se haya propuesto
como excepción la cosa juzgada. Sobre esta causal, ha dicho la jurisprudencia de
la Corporación33:

Además de lo anterior, para los efectos de esta causal, ha de entenderse que
la alusión a un término nuevo o segundo proceso deben analizarse
lógicamente en relación con un primer o anterior proceso, pues solamente
cuando se inicia un proceso entre las mismas partes y sobre el mismo
asunto, luego de haberse proferido sentencia en otro anterior, podría
argumentarse que este segundo pretende revivir lo ya decidido en contravía
del propósito de la cosa juzgada que no es otro que evitar decisiones
contradictorias sobre un mismo asunto y entre las mismas partes.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, al analizar un recurso extraordinario de revisión interpuesto con
fundamento en la causal octava de revisión que se viene analizando, señaló:

“la cosa juzgada se predica de los puntos que han sido materia expresa de
la decisión de una sentencia y que sólo puede extenderse a aquéllos que por
ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de ella, se
reputan tácitamente decididos. Igualmente, que tratándose de sentencias
dictadas en litigios interpartes, la cosa juzgada está sujeta a dos límites: el
objetivo, que mira hacia el objeto sobre el que versa el debate y la causa
petendi de la pretensión, y el subjetivo, que tiene que ver con las personas
que fueron parte en el proceso”34 (…).

Recapitulando lo expuesto se tiene que la cosa juzgada se estructura desde que la
sentencia queda ejecutoriada, es decir, desde que hace tránsito a cosa juzgada
formal; y para que se estructure la causal de revisión es necesario que se adelante
un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia dictada en otro
anterior; que el nuevo proceso sea entre las mismas partes, es decir, que haya
identidad jurídica de partes más no de personas, excepto cuando se trata de
sentencias a las que la ley les otorga efectos erga omnes; que el nuevo proceso

32
Consejo de Estado, SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de diciembre de 2014, rad. 2012-00228-00(REV), C.P.
Gustavo Gómez Aranguren.
33
Consejo de Estado, SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente 11001-03-15-000-2001-00118-
01 (REV), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
34
Cita original: Consejo de Estado, SalaPlena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de diciembre de 1994, Rev. 038, C. P. doctora
Dolly Pedraza de Arenas.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

verse sobre un mismo objeto entendido como las prestaciones o declaraciones que
se reclaman a la justicia; y que el nuevo proceso se adelante por la misma causa
que originó el anterior, entendiendo por causa la razón por la cual se demanda. […]»

A partir de lo anterior, se concluye que el fenómeno procesal de la cosa juzgada
52.

se estructura cuando existe identidad de causa, objeto y partes.

3.5. Resolución de la causal octava

53.
Teniendo en cuenta que el actor solicitó que se declarara fundada esta causal y,
solo en caso de estimarse infundada, se estudiara la causal quinta del artículo 250
del CPACA, la Sala examinará en primer lugar esta de la siguiente manera:

54.De entrada, se dirá que la causal octava se declarará infundada, en razón a que
los reproches que la sustentan no contienen los elementos necesarios para su
configuración.

55. En efecto, la estructuración de la aludida causal demanda la existencia de dos
sentencias contradictorias entre sí, pero que conserven unidad de criterio en cuanto
a las partes, su objeto y causa. Tal presupuesto no se acreditó en el sub examine,
como pasa a explicarse.

Procesos Nulidad y Restablecimiento del Ejecutivo
derecho
Partes procesales Demandante: Rafael Elías Cortés Ejecutante: Rafael Elías Cortés
Méndez Méndez
Demandado: Fondo Pasivo Social Ejecutada: UGPP
de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia – Representado durante
el proceso por la UGPP

Objeto - Declarar la nulidad de la Resolución Librar mandamiento de pago contra
pretensiones35 837 del 26 de abril del 2010, por la UGPP y en favor del señor Rafael
medio del cual el Fondo Pasivo Elías Cortés Méndez, con el fin de
Social de Ferrocarriles Nacionales que diera cumplimiento a la
de Colombia negó la solicitud de sentencia proferida por el Tribunal
reliquidación de la pensión recibida Administrativo del Tolima el 24 de
por el señor Rafael Elías Cortes febrero de 2015, dentro del medio de
Méndez. control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado

35
Se extrae del contenido de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que reposan en el
expediente.

18

Radicado: 11001-03-25-000-2023-00582-00 (7775-2023)
Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

Como consecuencia de ello y, a 73001333170320120021801. En
título de restablecimiento del concreto, solicitó: i) que se
derecho, se ordenará reliquidar la reliquidara la mesada pensional
pensión recibida por el actor recibida por el ejecutante, en los
tomando como base de liquidación términos dispuestos en la parte
el 75% del salario devengado en el resolutiva de esa sentencia,
último año de servicio. Asimismo, tomando como valor de la primera
que se ordenó el pago de las mesada pensional la suma de
diferencias pensionales que $1.034.742; ii) que se pagara el
resultaren entre lo pagado y lo que capital insoluto por concepto de las
se debió pagar, su indexación y los diferencias pensionales causadas a
intereses de mora a que haya lugar. partir del 1.º de noviembre de 1997,
con efectos fiscales desde el 9 de
octubre de 2006; iii) que se pagaran
los intereses moratorios causados
desde el 10 de marzo de 2015 hasta
la presentación de la demanda, así
como los que se siguieran
causando; y iv) que se pagaran las
diferencias pensionales causadas
desde el 1.º de marzo de 2015.
Causa Se estimó que el señor Rafael Elías Indicó que, dentro del proceso de
Cortés Méndez prestó sus servicios nulidad y restablecimiento del
durante más de 29 años, de manera derecho que promovió el señor
continua, en el Instituto Colombiano Rafael Elías Cortés Méndez contra
de la Reforma Agraria (Incora). La la UGPP, el juzgado Tercero
entidad demandada, mediante la Administrativo de Descongestión de
Resolución 02399 del 10 de julio de Ibagué, profirió sentencia el 27 de
1998, le reconoció la pensión de junio de 2014 en el que ordenó
jubilación en una cuantía inicial de reliquidar la mesada pensional
$810.871. Posteriormente, a través recibida por aquel a partir del 1 de
de la Resolución 00280 del 5 de noviembre de 1999.
marzo de 2002, incrementó la
cuantía de la pensión a $917.186, El Tribunal Administrativo del Tolima
teniendo en cuenta la asignación dictó sentencia de segunda instancia
básica correspondiente a los años el 24 de febrero de 2015, a través de
1994 a 1997. la cual confirmó parcialmente la
El demandante, mediante escrito decisión anterior y, en concreto,
del 8 de octubre de 2009, solicitó la ordenó la reliquidación de la mesada
reliquidación de su pensión. No recibida por el señor Cortés Méndez,
obstante, la entidad demandada a partir del 1.º de noviembre de
negó la petición a través de la 1997, «con base en el promedio de
Resolución 837 del 26 de abril de los factores salariales devengados
2010. en el último año de servicios (sueldo
básico, bonificación por servicios,
auxilio por movilización, bonificación
por compensación y las doceavas de
las primas anual de navidad,
vacaciones semestral y de

19

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

antigüedad)». La inclusión de la
adición de bonificación por
compensación, la adición de prima
de vacaciones y la adición de prima
semestral se condicionó a que
estuviera probada su causación.
Asimismo, ordenó el pago de las
diferencias causadas por el pago
incorrecto de la pensión a partir del
1.º de noviembre de 1997, pero con
efectos fiscales desde el 9 de
octubre de 2006, debido a la
prescripción.

Luego de que se solicitara el
cumplimiento de la sentencia, la
UGPP expidió la Resolución RDP
016655 del 22 de abril de 2016. Sin
embargo, en vez de aumentar la
pensión del actor, la disminuyó
mediante dicho acto, lo que, a juicio
del ejecutante, contravino las
órdenes contenidas en la sentencia
judicial base de recaudo.

56. Como se aprecia de lo anterior, los presupuestos de ambos procesos son
sustancialmente diferentes, lo que impide predicar la existencia de cosa juzgada
entre las providencias a las que alude la parte actora. Véase que, aunque se
acredita la identidad de partes, pues en ambos procesos quien demandó fue el
señor Rafael Elías Cortés Méndez y la parte pasiva fue la UGPP, no se comprueba
la identidad de objeto ni de causa.

57.En lo que respecta a la identidad de objeto, se aprecia que, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que condujo a que el Tribunal Administrativo
del Tolima profiriera en segunda instancia la sentencia del 24 de febrero de 2015,
las pretensiones estuvieron dirigidas a obtener la nulidad de la Resolución 837 del
26 de abril de 2010, por medio de la cual el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia —representado en el proceso por la UGPP— había negado
la reliquidación pensional solicitada por el señor Rafael Elías Cortés Méndez.

Por su parte, en el proceso ejecutivo se persiguió el cumplimiento de las órdenes
58.

de reliquidación pensional contenidas en la sentencia proferida el 24 de febrero de
2015, bajo el argumento de que esta constituía el título ejecutivo base de recaudo.

20

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

En ese marco se encuadró el análisis efectuado en la sentencia del 17 de noviembre
de 2022, pues el estudio se centró en determinar si, conforme a lo planteado en la
demanda ejecutiva, existía una obligación clara, expresa y exigible en favor del
ejecutante, consagrada en la sentencia del 24 de febrero de 2015, que hubiera sido
incumplida por la UGPP como parte ejecutada.

59.En esa misma línea, tampoco se acredita la identidad de causa, pues, mientras
que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se buscó la nulidad del
acto administrativo demandado y que, como consecuencia de ello, se reliquidara de
manera diferente la mesada pensional que recibía el demandante —lo que
finalmente se hizo en la sentencia del 24 de febrero de 2015—, en el proceso
ejecutivo se persiguió el cumplimiento integral de las órdenes impartidas en dicha
providencia, relativas a la reliquidación pensional y al pago del retroactivo y de los
intereses, dado que, a criterio del ejecutante, aquellas no se habían cumplido
realmente con la expedición del acto de cumplimiento por parte de la UGPP —
Resolución RDP 016655 del 22 de abril de 2016—.

60.No obstante, a juicio del Tribunal, la postura del ejecutante no era correcta. Por
el contrario, consideró que, con la Resolución RDP 016655 del 22 de abril de 2016,
la UGPP no había desconocido los parámetros impuestos en la sentencia judicial
base de recaudo, es decir, la proferida el 24 de febrero de 2015, y que, por lo tanto,
era procedente declarar probada la excepción de pago.

61.En ese escenario, la aparente contradicción entre las sentencias aludidas por el
recurrente para sustentar esta causal no existe, dado que los procesos a los que
pertenece cada una, si bien contaban con las mismas partes y estaban
correlacionados por la preexistencia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho respecto del ejecutivo —pues el título ejecutivo del segundo provino de la
sentencia definitiva del primero—, no tenían el mismo objeto ni la misma causa,
porque perseguían finalidades y consecuencias diferentes. Lo anterior constituye
motivo suficiente para declarar infundada esta causal.

62.En suma, como no se acreditó la causal octava, se estudiará, de manera
subsidiaria, si está fundado el reproche formulado por el recurrente respecto de la
causal quinta del artículo 250 del CPACA, previa exposición de su contenido y
alcance.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

63.El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA. El numeral
5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación».

De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su configuración
64.

son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se origine en una
sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el recurso de
apelación.

65.En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra de
la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
corporación. En la primera de ellas, se defendió la tesis de la legalidad y la
taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior36.

66.Por su parte, en la segunda teoría, se señaló que la causal en estudio no se
configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial37. A partir de esta última tesis sostuvo que38:

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que

36
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial
de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor: Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019
radicación 11001-03-15-000-2017-00811-00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor: Panadería La
Victoria S.A.
37
A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación: sentencia del 8 de mayo de
2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán;
sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera, Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío
Lis Fula y otros; sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-00(0997-14),
actor: Carlos Januario Montero Pérez.
38
Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta Subsección dentro del expediente
con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).

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del acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia39 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201840 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional41 y que se configuren en la sentencia».

67.Corolario, las causales de nulidad que se pueden predicar frente a las sentencias
ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas estas últimas como
aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad las garantías
esenciales del derecho fundamental al debido proceso.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-00440-00.
40
Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se presenta alguno de los hechos
enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión,
(actualmente artículo 133 del Código General del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente
lo reconoció esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la Sentencia C-739
de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad constitucional por violación de los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
41
En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 19,
sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00, demandante: Pedro José Vaca López.

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3.6. Resolución de la causal quinta

68.Se recuerda que el recurrente sostuvo que se configuró una nulidad por
incongruencia en la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Tribunal,
debido a que se resolvió una excepción de pago, pese a que la UGPP, al contestar
la demanda, propuso como excepciones de mérito las de «cobro de lo no debido»
y «buena fe», las cuales no se encuentran entre las previstas en el numeral 2.º del
artículo 442 del CGP como procedentes frente a un título ejecutivo derivado de una
sentencia judicial.

69.En primer lugar, la Sala considera pertinente precisar que, si bien el recurrente
no indicó el tipo de incongruencia en que pudo incurrir la providencia aludida, el
contenido de su disenso permite evidenciar que se refiere a la externa, es decir, a
la que existe entre lo solicitado por las partes —en este caso, lo excepcionado por
la ejecutada— y lo resuelto en la sentencia. Ello es así porque se aduce que,
mientras la UGPP propuso las excepciones de «cobro de lo no debido» y «buena
fe», el Tribunal resolvió la «excepción de pago».

70.Aclarado lo anterior, la Subsección considera que no le asiste razón al actor en
los argumentos con los que sustenta que se configuró la causal de nulidad en la
sentencia del 17 de noviembre de 2022, por las siguientes razones.

71.Conforme a los presupuestos fácticos detallados en los antecedentes del proceso
ejecutivo, concretamente a los ocurridos antes de que se profiriera la sentencia
ejecutiva de primera instancia del 20 de octubre de 2021, se evidencia que, en
efecto, la UGPP propuso como excepciones de mérito las de cobro de lo no debido
y buena fe. Ello condujo a que el Juzgado, a través de auto del 6 de septiembre de
2019 —y a solicitud del ejecutante—, rechazara tales excepciones, pues no se
encontraban entre las previstas en el artículo 442 del CGP como procedentes frente
a un título proveniente de una sentencia judicial.

72.No obstante, apelada esa decisión, el Tribunal la revocó mediante auto del 4 de
mayo de 2021, bajo el argumento de que el Juzgado se había limitado a observar
la denominación de las excepciones propuestas para rechazarlas, sin examinar que
su contenido, en esencia, correspondía al de una excepción de pago. Por lo tanto,
ordenó que el a quo estudiara los argumentos de defensa de la UGPP bajo la
perspectiva de dicha excepción, con el fin de determinar si esta se configuraba o
no.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

73.Devuelto el proceso a la primera instancia, el Juzgado, en la audiencia inicial del
20 de octubre de 2021, fijó el litigio en el sentido de precisar que la excepción
propuesta por la UGPP, a la luz de la decisión adoptada por el superior en el auto
del 4 de mayo de 2021, era la de pago y no las de cobro de lo no debido y buena
fe. Por consiguiente, determinó que lo procedente era establecer si, a la luz de las
pruebas aportadas, aquel medio de defensa se configuraba o no. Frente a tal
determinación, ni el ejecutante ni la ejecutada manifestaron disenso.

74.En ese marco, el Juzgado al dictar la sentencia de primera instancia en el curso
de la audiencia inicial, determinó que la UGPP no había desconocido las órdenes
impartidas en la sentencia base de recaudo, puesto que la mesada reconocida en
el acto de cumplimiento —$881.726— era superior a la que realmente correspondía,
de acuerdo con la liquidación realizada en la sentencia —$832.124—. Por lo tanto,
concluyó que lo procedente era declarar probada la excepción de pago y terminar
el proceso.

75.Contra esa decisión, el ejecutante presentó recurso de apelación en el que, en
esencia, se apartó de la postura del Juzgado respecto de tener por probada la
excepción de pago. A su juicio, esta no se acreditó. Por el contrario, con el acto de
cumplimiento, la UGPP disminuyó la mesada pensional, lo que era ajeno y contrario
a lo dispuesto en el título ejecutivo y, de contera, impedía considerar cumplida la
obligación.

76.La sentencia que ahora se reprocha de nulidad, al resolver el recurso de
apelación, coincidió con los planteamientos del Juzgado en cuanto al criterio según
el cual el acto de ejecución expedido por la UGPP reliquidó la mesada pensional del
actor en una cuantía superior a la que realmente correspondía. La única diferencia
consistió en que el valor de la primera mesada para noviembre de 1997 arrojado
por el Tribunal —$853.756— fue superior al determinado por el Juzgado —
$832.124—, pero, en todo caso, inferior al reconocido por la entidad ejecutada —
$881.726—. Por consiguiente, confirmó la decisión de declarar probada la
excepción de pago.

77.Del anterior contexto fáctico, para la Subsección es evidente que no se configura
la incongruencia que el recurrente atribuye al Tribunal en la sentencia objeto de
reproche, en cuanto a la resolución de la excepción de pago dentro del proceso
ejecutivo, porque tal adecuación era conocida por aquel desde que el ad quem
profirió el auto del 4 de mayo de 2021, mediante el cual ordenó entender los
argumentos planteados por la UGPP en la contestación de la demanda como

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constitutivos de una excepción de pago, dado que su contenido así lo ameritaba.

78.Ello conduce a afirmar que no se configura una nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso por incongruencia entre lo excepcionado por la ejecutada y
lo resuelto por el fallador, porque, se reitera, la adecuación de la excepción de pago
que ahora reprocha el recurrente fue conocida antes de que se profiriera aquella
decisión.

Incluso, en gracia de discusión, con posterioridad a la expedición del auto del 4
79.

de mayo de 2021, el actor tuvo la oportunidad de plantear su disenso frente a la
decisión de estimar que los argumentos de defensa expuestos por la UGPP en la
contestación de la demanda correspondían a una excepción de pago.
Concretamente, pudo hacerlo en la audiencia inicial del 20 de octubre de 2021,
momento en el que el Juzgado fijó el litigio; sin embargo, no lo hizo.

80.Asimismo, su anuencia se evidencia en el hecho de que, al desarrollar los motivos
de reproche contra la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado,
centró su debate en explicar por qué, a su juicio, la entidad, a través del acto de
ejecución, no dio cumplimiento a las órdenes contenidas en el título ejecutivo y, por
tanto, no se probaba la excepción de pago. Sin embargo, en ninguna parte expuso
argumentos dirigidos a controvertir la configuración de la excepción en sí misma.

81.En ese sentido, la Subsección considera que, en estricto sentido, lo que busca
el recurrente al invocar esta causal del recurso extraordinario de revisión es
controvertir el análisis probatorio y jurídico empleado por el Tribunal en la sentencia
objeto de reproche para sustentar su decisión relativa a que, en el asunto bajo
estudio, se configuró la excepción de pago.

Esto se corrobora al evidenciarse que, como argumento adicional que, a su juicio,
82.

sustenta la nulidad de la sentencia, indicó que no se tuvieron en cuenta
determinadas pruebas aportadas por el ejecutante —tales como el certificado expedido
por la coordinadora del Grupo de Gestión Integral de Entidades Liquidadas con los cuales
se habrían determinado las verdaderas diferencias que, por concepto de factores salariales,
resultaban a su favor—, aun cuando, según afirmó, estas podían incorporarse al
proceso ejecutivo durante la etapa de liquidación del crédito.

83.No obstante, lo anterior se encuentra vedado para quien interpone este recurso
extraordinario, ya que, por sus cauces, no es posible reabrir aspectos propios del
proceso ordinario, como la corrección o incorrección de los juicios de valor, la

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

interpretación jurídica, el razonamiento sobre estos empleados por el fallador para
estructurar su decisión o la incorporación de pruebas en el tránsito del recurso de
revisión, mucho menos si ellas, como ocurre en este caso, fueron consideradas
como improcedentes por extemporáneas por el Tribunal al sustentar su decisión en
la sentencia recurrida. Entender lo contrario convertiría este medio excepcional de
corrección de la justicia material en una tercera instancia judicial, posibilidad
totalmente ajena a su teleología.

84.Los anteriores motivos son suficientes para que la Subsección concluya que a la
parte recurrente no le asiste razón en los reproches planteados en su recurso en los
que respecta tanto a la causal octava como los que se refieren a la causal quinta.
Por consiguiente, lo procedente es declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión promovido en esta oportunidad.

3.7. Condena en costas

85.El inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por el artículo
70 de la Ley 2080 de 2021— establece que «[si] se declara infundado el recurso,
se condenará en costas y perjuicios al recurrente».

Sin embargo, en el presente asunto, comoquiera que no intervino la contraparte
86.

en el trámite del recurso, no hay lugar a la imposición de condenas en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión formulado
por el señor Rafael Elías Cortés Méndez en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 17 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del
Tolima dentro del proceso ejecutivo con radicado 73001-33-31-703-2012-00218-05.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas al recurrente, conforme a lo indicado en
esta providencia.

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Demandante: Rafael Elías Cortés Méndez

TERCERO. RECONÓZCASE personería para actuar a la abogada Rocío Del Pilar
Arenas España como representante de los intereses judiciales de la UGPP,
conforme el memorial aportado al proceso consignado en el índice 30 del aplicativo
SAMAI.

CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

28

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