Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00608-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2023-00608-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2023-00608-00 (7870-2023)
Demandantes: Diego Mauricio Calderón Ramón
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ministerio de Hacienda
y Crédito Público - Ministerio del Trabajo y Departamento
Administrativo de la Función Pública
Temas: Competencia para establecer el régimen prestacional de los
miembros de la fuerza pública. Sistema anualizado de cesantías.
NIEGA LAS PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por el señor Diego Mauricio
Calderón Ramón, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
2. Que se declare la nulidad de la expresión contenida en el artículo 1 del
Decreto 1252 del 20002.Específicamente, el aparte subrayado: «[…] Los empleados
públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se
vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán
derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990,
344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso».
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
3. Que la disposición demandada se expidió a pesar de que el parágrafo del
artículo 13 de la Ley 344 de 1996 excluye al personal de la fuerza pública de la
aplicación del régimen de cesantías anualizado.
1 Índices 3 – demanda- y 10 -subsanación- Samai. Se destaca que, la demanda se presentó como nulidad por
inconstitucionalidad, pero fue adecuada en el auto admisorio.
2 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores
oficiales y los miembros de la fuerza pública».
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
4. La parte demandante consideró vulnerados los artículos 1, 53, 113, 114, 150
y 217 de la Constitución Política; 13 (parágrafo) de la Ley 344 de 1996; y 3 del
Decreto 1919 de 2002.
5. Argumentó que se configura el cargo de nulidad por falta de competencia
material para la expedición del aparte acusado, pues modificó y desmejoró el
régimen prestacional de la fuerza pública, a pesar de que el artículo 217 de la
Constitución Política dispone que debe realizarse a través de una ley y no de un
decreto reglamentario circunstancia que transgrede la jerarquía normativa y los
principios constitucionales.
6. Que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 estableció que el régimen de
cesantías anualizado se aplica a todos los servidores que se vincularan a los
órganos y entidades estatales; sin embargo, el parágrafo de dicha norma previó
como excepción a los miembros de la fuerza pública. De ahí, que un decreto
reglamentario no podía derogar la ley.
7. Afirmó que el artículo 3 del Decreto 1919 de 2002 permite que a las fuerzas
militares y de policía se les aplique el régimen retroactivo y no el anualizado. Agregó
que el Consejo de Estado en sentencia del 8 de junio de 20173 consideró que para
fijar el régimen prestacional de la fuerza pública debe existir una ley marco que
precise el contenido básico del mismo, y al Ejecutivo solo le corresponde
reglamentar los elementos accidentales y variables de dicho régimen, esto es, de
forma más no de fondo.
8. Que la norma enjuiciada vulnera el principio de la eliminación de la
regresividad de los derechos de contenido prestacional que ha sido protegido por la
Corte Constitucional en múltiples oportunidades. También quebranta los de
confianza legítima, favorabilidad, pro homine, protectorio, igualdad, inescindibilidad
de la norma y los derechos adquiridos.
9. El 16 de abril de 2024 se admitió la demanda, y se corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 30 de agosto de 2024.
Notificado el medio de control, las entidades demandadas se pronunciaron de la
siguiente manera.
10. Ministerio del Trabajo4. Formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, pues no tiene injerencia respecto de las prestaciones sociales de
los miembros de la fuerza pública, siendo competencia exclusiva del Ministerio de
Defensa.
3 Sección Segunda. Subsección B. Exp. 11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10).
4 Índice 50, ibid.
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11. Departamento Administrativo de la Función Pública5. Se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda al considerar que el Gobierno
nacional en desarrollo de lo establecido en el artículo 150 (numeral 19) superior, y
atendiendo los parámetros de la Ley 4ª de 1992, se encuentra jurídica y
materialmente habilitado para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la fuerza pública.
12. Que, de conformidad con la normativa especial y la reiterada jurisprudencia
de la Corte Constitucional, el personal activo debe someterse integralmente al
régimen salarial y prestacional fijado para ellos por parte del Gobierno nacional, sin
que puedan pretender percibir de forma paralela el régimen salarial de otros
servidores, por considerarlo en un aspecto más favorable a sus intereses.
13. El Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público no contestaron la demanda.
TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA
14. Por auto del 29 de octubre de 2024 se evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, se prescindió de
la audiencia inicial prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron
las pruebas, se fijó el correspondiente litigio y se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
15. La parte demandante6. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
agregó que la Ley 4ª de 1992 no faculta al ejecutivo para modificar las condiciones
prestacionales en perjuicio de los derechos de los miembros de la fuerza pública.
16. El DAFP7. Insistió en que el acto demandado fue expedido en virtud de las
facultades otorgadas por la Constitución y la ley, y en acatamiento de los principios
fijados en el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992.
17. Los Ministerios de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Defensa
Nacional y del Trabajo guardaron silencio en esta etapa procesal.
18. El Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
5 Índice 51 ibid.
6 Índice 53 ibid.
7 Índice 55 ibid.
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CONSIDERACIONES
De la excepción propuesta
19. El Ministerio del Trabajo formuló la excepción de falta de legitimación por
pasiva al considerar que no tiene injerencia respecto de las prestaciones sociales
de los miembros de la fuerza pública, siendo competencia exclusiva del Ministerio
de Defensa.
20. Esta figura jurídica hace referencia a la posibilidad que tienen las partes de
proponer o controvertir las pretensiones planteadas en la demanda, al ser sujetos
procesales con interés, por activa, en el caso de la parte demandante, o pasiva, en
el de la demandada, en la relación jurídico sustancial que se ventila en el proceso.
Se ha explicado que la legitimación en la causa se puede abordar desde dos
perspectivas8.
21. a) De hecho. Se configura una vez se traba la litis con la notificación del auto
admisorio de la demanda y permite a los sujetos actuar dentro del proceso para
ejercer su defensa; y b) material. Se predica de la efectiva titularidad del derecho
reclamado (por activa) y, por pasiva, de quien tiene a su cargo la obligación, es
decir, que concierne a la posibilidad de que la pretensión salga avante y que sea
quien deba responder por las resultas del proceso.
22. Ahora, cuando se trata del medio de control de nulidad, esta corporación9 ha
sostenido que la autoría del acto es el primer parámetro para determinar la parte
pasiva, de suerte que, al participar el Ministerio del Trabajo en la expedición de la
norma enjuiciada se encuentra legitimado por pasiva en el presente asunto. No
prospera la excepción formulada.
23. Se deberá determinar si la expresión «y los miembros de la fuerza pública»
contenida en el artículo 1 del Decreto 1252 del 2000 debe ser declarada nula al
haber sido expedido: i) sin competencia; y ii) por desconocer el artículo 13
(parágrafo) de la Ley 344 de 1996; así como los principios de progresividad y no
regresividad en materia laboral, confianza legítima, favorabilidad, pro homine,
protectorio, igualdad, inescindibilidad de la norma y los derechos adquiridos.
Competencia para establecer el régimen prestacional de los miembros de la
fuerza pública a través de las leyes marco
24. La fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de
los miembros del Congreso y de la fuerza pública compete al legislador y al
8 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 5 de abril de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En: Sección Primera. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Exp. 05001-23-31-000-2008-00576-01. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez.
9 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Auto del 16 de septiembre de 2015. Exp. 11001-03-27-000-2015-00044-
00(21848). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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presidente de la República. Función que desarrollan atendiendo los presupuestos a
que se refiere el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política.
25. En efecto, la mencionada normativa constitucional previó las leyes marco, las
cuales han sido definidas por la jurisprudencia de esta corporación10 como la norma
que señala criterios, principios y lineamientos a los cuales otra autoridad
administrativa debe sujetarse para expedir las disposiciones que desarrollan
determinadas materias.
26. Es así como el Congreso de la República, en ejercicio de su competencia
principal de hacer las leyes, tiene el deber constitucional de establecer el marco
general, los objetivos y directrices que orientarán al presidente de la República para
establecer el régimen salarial y prestacional de los distintos servidores públicos del
Estado, y dentro de estos, los adscritos a las Fuerzas Militares y de Policía.
27. A fin de expedir el mencionado régimen salarial y prestacional, tanto el
órgano legislativo como el ejecutivo nacional, llevan a cabo una competencia
concurrente, la cual permite que el Congreso actúe, en primer término, trazando
una guía de la forma en que habrá de regularse la materia, para que luego el
Gobierno dentro del marco diseñado, desarrolle el objeto de la ley cuadro.
28. En esencia, al Gobierno incumbe concretar la normativa jurídica que dichas
materias reclaman y lo hace por medio de decretos que deben ajustarse a los
parámetros o «marcos» dados por el legislador en la respectiva ley.
29. En desarrollo del citado artículo 150 superior, se expidió la Ley 4ª de 1992
que estableció, entre otros en su artículo 1 que el Gobierno nacional, con sujeción
a las normas, criterios y objetivos contenidos en dicha normativa, fijaría el régimen
«salarial y prestacional de: […] d. Los miembros de la Fuerza Pública».
Caso concreto
30. Para la parte demandante el acto demandado se expidió sin competencia,
pues el artículo 217 de la Constitución Política dispone que el régimen salarial y
prestacional debe realizarse a través de una ley y no de un decreto reglamentario.
31. Sin embargo, la Sala no comparte esta tesis, porque, según se analizó, la
Ley 4ª de 1992 autorizó al Gobierno nacional, para que, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos contenidos en esa ley, fijara el régimen salarial y prestacional
de las Fuerzas Militares y de Policía.
32. Por consiguiente, una vez expedida dicha ley, correspondía al presidente de
la República reglamentar con base en las normas, objetivos y criterios en ella
10 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 10 de octubre de 2019. Exp. 11001-
03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado. C. P. William Hernández Gómez.
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señalados, el régimen prestacional de los integrantes de la fuerza pública,
expidiendo para el efecto decretos administrativos de tipo ejecutivo.
33. En efecto, en virtud de los principios regulados en la referida ley marco, se
expidió el Decreto 1252 de 2000, en el cual se señaló que, los empleados públicos,
trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública, que se vincularan al servicio
del Estado a partir de la vigencia de ese decreto, tendrían derecho al pago de
cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432
de 1998, según el caso.
34. En este orden de ideas, no prospera el cargo de falta de competencia, pues
el Decreto enjuiciado fue proferido en ejercicio de la facultad conferida en el artículo
150 numeral 19 de la Constitución Política, y en esa medida podía regular aspectos
sustanciales y accidentales del régimen prestacional de los miembros de la fuerza
pública.
35. Respecto del argumento de la parte actora en cuanto a que el parágrafo del
artículo 13 de la Ley 344 de 199611 estableció que el régimen anualizado de
cesantías no sería aplicable a los miembros de la fuerza pública, por lo que un
decreto no podía derogar la ley, la Sala observa que ambas disposiciones no se
contraponen.
36. En esencia, al revisar las disposiciones de la Constitución Política ya
estudiadas, se observa que constituyente quiso que, para fijar el régimen, en este
caso prestacional de las Fuerzas Militares y de Policía, convergieran las voluntades
del legislador y el Ejecutivo.
37. Entonces, si bien la mencionada disposición excluyó a la fuerza pública de
su aplicación, ello no quiere decir que el Gobierno haya perdido la facultad para
establecer el régimen de cesantías para dicho personal con ocasión de la ley marco.
Nótese además que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 no reguló las prestaciones
de la fuerza pública, sino las de los servidores públicos en general, circunstancia
que permite concluir que la intención del Congreso de la República era dar
cumplimiento al artículo 150 (numeral 19) de la Constitución Política.
38. En lo atinente a la manifestación de que el artículo 3 del Decreto 1919 de
12
2002 el cual dispone que «Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando
el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los
términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000», lo cierto es
que esta norma regula el régimen de prestaciones sociales para los empleados
públicos y trabajadores oficiales del nivel territorial, que no resulta aplicable al
régimen militar y de Policía que cuenta con un régimen especial.
11 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
12 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
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39. En todo caso, el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000 dispuso que los
servidores públicos que, al 25 de mayo de 2000, disfrutaran del régimen de
cesantías retroactivas continuarían en dicho régimen hasta la terminación de la
vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad
prestacional.
40. En cuanto a lo señalado por la parte actora de que con el acto demandado
se vulneraron los principios de la eliminación de la regresividad, confianza legítima,
favorabilidad, pro homine, protectorio, igualdad, inescindibilidad de la norma y los
derechos adquiridos; la Sala encuentra que el demandante se limitó a expresarlo de
forma genérica y a transcribir apartes de la Corte Constitucional respecto de tales
principios, sin que indicara los motivos por lo que considera que el Decreto 1252 de
2000 vulneró tales mandatos.
41. Sin embargo, por tratarse de principios de rango constitucional, se observa
que el artículo 2 de la citada ley se señaló que, para la fijación del régimen salarial
y prestacional de estos servidores, el Gobierno nacional tendría en cuenta, entre
otros, los siguientes objetivos y criterios: a) El respeto a los derechos adquiridos de
los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes
especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones
sociales; […] h) la sujeción al marco general de la política macroeconómica y
fiscal; y i) la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto
es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.
42. Así, al ser expedido el acto demandado en virtud del criterio de sostenibilidad
financiera como lo prevé la citada ley marco (según la parte considerativa del acto),
el cual exige que cualquier decisión al respecto debe preservar el equilibrio
financiero del sistema, se tiene que el cambio del régimen de cesantías no se
considera regresivo, pues, no se está eliminando el derecho, sino que lo mantiene,
pero bajo unas condiciones que lo hagan razonable, propendiendo por la
sostenibilidad de los pagos de las asignaciones futuras y por la estabilidad
macroeconómica y fiscal del país.
43. Y, si bien la reforma implicó un cambio de las condiciones de la mencionada
prestación, se respetó la confianza legítima, porque se previó un régimen de
transición en el artículo segundo.
44. Tampoco se observa que con la normativa demandada se transgredió el
principio de progresividad en materia laboral, que prohíbe el retroceso o
regresividad al momento de fijar salarios y prestaciones, pero que no es absoluto13,
en la medida en que quienes ingresaron a la fuerza pública a partir del 30 de junio
de 2000 (fecha de entrada en vigencia), no tenían la expectativa legítima de adquirir
la prestación con el régimen retroactivo, por lo que no se les cambió de una forma
13. En tal sentido, la Corte Constitucional ha avalado la constitucionalidad de medidas que, prima facie, son
regresivas, pero están debidamente justificadas en términos de razonabilidad y proporcionalidad. Sentencias
C-046 de 2018 y C-277 de 2021, entre otras.
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abrupta el régimen que les era aplicable.
45. En estos términos, la medida es constitucionalmente razonable, pues el
sistema se ha vuelto tan insostenible que, si bien se respetan los derechos
adquiridos y un régimen de transición para los uniformados que se encontraban
vinculados; para quienes entraron y estaban más lejos de esa expectativa se les
cambió el régimen retroactivo al anualizado, conforme a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad.
46. Finalmente, en cuanto al argumento de que esta corporación en sentencia del
8 de junio de 201714, señaló que para fijar el régimen prestacional de la fuerza
pública debía existir una ley marco; precisamente en dicho fallo se indicó que los
actos allí enjuiciados «fueron expedidos con fundamento en las normas, objetivos y
criterios determinados en la Ley Marco 4 de 1992, y por tanto, tienen como
naturaleza jurídica la de ser decretos administrativos reglamentarios», tal como
ocurre en el presente asunto.
47. En consecuencia, los cargos de nulidad formulados en la demanda no están
llamados a prosperar, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del acto
demandado, motivo por el cual negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
48. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá
condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.
49. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a
la general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra los
actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Exp. 11001-03-25-000-2010-00065-00(0686-10). C.P.
César Palomino Cortés.
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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR las pretensiones de nulidad en contra de la expresión «y los
miembros de la fuerza pública», contenida en el artículo 1 del Decreto 1252 del
2000, según las consideraciones expuestas.
Segundo. SIN CONDENA en costas.
Tercero. RECONOCER personería a las abogadas Sonia Pachón Rozo identificada
con cédula de ciudadanía 52.152.968 y portadora de la tarjeta profesional 119.312
del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del Ministerio del Trabajo,
y Jessica Alejandra Poveda Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía
1.075.664.334 y portadora de la tarjeta profesional 259.322 del Consejo Superior de
la Judicatura, como apoderada del DAFP, según poder a ellas conferidos (índices
51 y 53 Samai)
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, REALIZAR
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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