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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00612-00

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00612-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pedro José Brito Núñez contra la sentencia de segunda instancia del 29 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47001 33 33 001 2016 00284 01. SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Pedro José Brito Núñez en favor de la Nación (Ministerio de Educación) y del Distrito de Santa Marta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00612-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001 03 25 000 2023 00612 00 (7888-2023)
Demandante: Pedro José Brito Núñez
Demandados: Nación (Ministerio de Educación Nacional) y Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta

Temas: Causales de revisión 1, 5 y 8 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Decisión: Se declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de las causales 1, 5 y 8 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pedro José
Brito Núñez contra la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, dentro del expediente 47001 33 33 001 2016 00284 01.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, por conducto de apoderado, solicitó que se infirme la
sentencia de segunda instancia del 29 de junio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena bajo el argumento de que está inmersa en las causales de
revisión previstas en los numerales 1, 5 y 8 del artículo 250 del CPACA.

2. Como sustento fáctico, indicó que adelantó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se condenara1 a la Nación (Ministerio de
Educación) y al Distrito de Santa Marta (Secretaría de Educación) a reconocerle el pago
de lo siguiente: i) de los compensatorios de ley «y otros» por haber laborado 120 horas
extras continuas y solo habérsele cancelado 50, quedando un saldo de 70 horas; ii) del
retroactivo correspondiente a los últimos 3 años anteriores a la reclamación; iii) de los
salarios y demás erogaciones que se lleguen a causar hasta la fecha en que se haga
efectivo el reconocimiento de los compensatorios.

1 Cfr. Folio 20 del expediente digitalizado. En dicha demanda se solicitó que se declarara la nulidad del acto ficto o

presunto derivado de la no resolución de la petición radicada el 17 de mayo de 2013 ante el Ministerio de Educación
Nacional y el Distrito de Santa Marta (Secretaría de Educación).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001 03 25 000 2023 00612 00 (7888-2023)
Demandante: Pedro José Brito Núñez

3. Asimismo, pidió que iv) se le reconocieran los intereses moratorios y legales
derivados de los retroactivos que se ordenen, debidamente indexados; v) que se
incluyera en el presupuesto distrital, durante las vigencias futuras, «todos los derechos
de los funcionarios de este ente territorial, deprecados en este litigio»; y, finalmente,
vi) que se condene en costas a las demandadas.

4. Precisó que el litigio fue resuelto en primera instancia mediante sentencia del 31
de mayo de 2021 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa
Marta, a través de la cual se declararon no probadas las excepciones de inexistencia de
la obligación y de prescripción, y se accedió a las pretensiones reclamadas en el sentido
de anular los actos administrativos acusados y ordenarle al Distrito de Santa Marta
otorgarle al actor 245 días de compensatorios por las 1.938 horas extras que laboró
durante los años 2007 a 2016, a razón de 1 día por cada 8 horas extras laboradas, según
la liquidación efectuada en dicha providencia.

5. Inconformes con la decisión, el Distrito de Santa Marta y la parte demandante
interpusieron recursos de apelación contra la decisión de primer grado. Sobre el
particular, la entidad pidió revocar la providencia y, en su lugar, negar las súplicas,
precisando que la condena impuesta le correspondía a la Nación (Ministerio de
Educación) y no al ente territorial. Además, explicó que, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 36 y 37 del Decreto 1042 de 1978, el pago del trabajo suplementario no puede
exceder de las 50 horas extras ya que los recursos están presupuestados para la vigencia
del momento.

6. Por su parte, el demandante pidió que se revocara el fallo de primera instancia y,
en su lugar, se conceda el pago de los compensatorios de ley y otros, por haber laborado
120 horas extras continuas y solo habérsele cancelado 50 extras legales mensuales, así
como el pago del retroactivo correspondiente hasta la fecha en que se haga efectivo lo
pedido, con los respectivos intereses legales y moratorios.

7. En este sentido, el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la
sentencia del 29 de junio de 2022, confirmó el fallo apelado. Al respecto, el ad quem
encontró demostrado que el actor ha venido ejerciendo desde el 15 de agosto de 2007 2
hasta la fecha de la sentencia como celador de la Institución Educativa Distrital Simón
Bolívar de Santa Marta, con un horario de rotación semanal equivalente a 12 horas de
labor por 12 de descanso (de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 6:00 a. m.),
presumiendo que el empleador autorizaba tácitamente el ejercicio de horas extras.

8. De igual modo, tuvo por acreditado que, si bien entre 2007 y 2016 laboró horas
extras, lo cierto es que mensualmente solo podrían pagársele 50 horas y las restantes
debían sufragarse a través de tiempo compensatorio, pues el artículo 36 del Decreto 1042
de 1978 no habilita su reconocimiento en dinero.

9. Finalmente, explicó que si bien a través de los Decretos 4753 de 2010, 4792 de
2011, 2730 de 2012, 2903 de 2013, 2716 de 2014, 2554 de 2015, 2205 de 2016, 2267
de 2017 y 2482 de 2018, el Gobierno nacional ha venido autorizando el reconocimiento

2 Cabe advertir que el Tribunal primero estimó que el actor prestó sus servicios como celador a partir del 23 de agosto

de 2007.
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Radicación: 11001 03 25 000 2023 00612 00 (7888-2023)
Demandante: Pedro José Brito Núñez

en dinero de los días compensatorios que se hubieren causado hasta la fecha de
publicación del primero, en el presente asunto no son aplicables, por cuanto tales
reconocimientos no penden normativamente de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto
1042 de 1978, sino de las previsiones de la Ley 4 de 1992, sin que ello controvierta ni
derogue la normativa que limita el pago en dinero a 50 horas extras mensuales, de suerte
que las prestadas en exceso solo pueden compensarse en tiempo.

Causales de revisión invocadas

10. El señor Pedro José Brito Núñez explicó que la sentencia de segunda instancia se
encuentra inmersa en las causales 1, 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, conforme a los
argumentos que se resumen a continuación.

11. Con relación a la causal primera, relativa a haberse recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos que el recurrente no pudo aportar al proceso
por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, precisó que estos
corresponden a las Resoluciones 2605 del 21 de diciembre de 2018 y 774 del 9 de
diciembre de 2022, y a la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del expediente con radicado 47001 33 33 003 2012
00179 01.

12. Indicó que mediante la Resolución 2605 de 2018 se ordenó el pago de unos
excedentes de horas extras y compensatorios del personal que ejerce funciones de
celador en los establecimientos educativos del Distrito de Santa Marta, acto con el cual
la administración reconoció el error cometido y canceló el año inmediatamente anterior.
Por su parte, indicó que mediante la Resolución 774 de 2022 la entidad territorial
reconoció y ordenó nuevamente el pago de excedentes de horas de trabajo del personal
de celador, con fundamento en la vulneración del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades previsto en el artículo 53 de la Constitución Política.

13. Por consiguiente, precisó que tales reconocimientos constituyen una forma de
conciliación entre el Distrito de Santa Marta y los sindicatos que representan al personal
administrativo, denominados SINTRENAL, SINDESER, SINTRAEDIS y ASOMAG,
quienes reclamaban anualmente el pago de dichos emolumentos.

14. Por su parte, en cuanto a la causal quinta, relativa a la existencia de una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación, afirmó que, si bien se tuvieron en cuenta las certificaciones aportadas y los
reportes de horas extras, no hubo valoración probatoria respecto de las súplicas de la
demanda.

15. Además, manifestó que el Tribunal no resolvió la totalidad de las pretensiones, en
especial las tendientes i) al reconocimiento y pago de los compensatorios de ley
(dominicales y festivos), causados mensualmente hasta la fecha en que se haga efectivo
el respectivo pago; y ii) al pago por haber laborado 120 horas extras continuas, y solo
habérsele cancelado 50 extras legales mensuales, quedando un saldo de 70 horas extras
continuas, laboradas mes a mes hasta la fecha en que se haga efectivo el respectivo
pago.
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Demandante: Pedro José Brito Núñez

16. Finalmente, con fundamento en la causal octava, relativa a ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituye cosa juzgada entre las partes, sostuvo que la
providencia cuestionada resulta contraria a otra proferida por el mismo Tribunal dentro
del radicado 47001 33 33 003 2012 00179 01, en la que se condenó al Distrito de Santa
Marta en una situación idéntica a la debatida, y que la única diferencia radicaba en que
la petición en sede administrativa de aquel proceso se formuló desde 2011, mientras que
la del presente asunto se hizo desde 2013.

17. Añadió que, aunque no fue parte en el mencionado proceso, sí lo fueron unos
empleados administrativos que ostentaban el mismo cargo, funciones y actividad horaria,
y que el fallo desconocía los derechos adquiridos por el recurrente.

II. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

18. Mediante auto del 25 de julio de 2025, se admitió la demanda de revisión y se
corrió traslado a la Nación (Ministerio de Educación Nacional), al Distrito de Santa Marta
(Secretaría de Educación Distrital), al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para que presentaran su contestación y pidieran las pruebas
que consideraran necesarias.

19. En cumplimiento de la aludida providencia, el Ministerio de Educación Nacional
se opuso a la totalidad de las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, al
considerar que de los fundamentos expuestos por el recurrente no se avizoraba la
configuración de las causales previstas en los numerales 1, 5 y 8 del artículo 250 del
CPACA. Asimismo, solicitó su desvinculación del asunto por no ser el ente nominador y,
en subsidio, declarar infundado el recurso, abstenerse de decretar la nulidad de la
sentencia cuestionada y condenar en costas a la parte recurrente.

20. Como sustento de lo anterior, indicó que en el presente caso no se configura la
nulidad originada en la sentencia por incongruencia que alega el recurrente, puesto que
dicha circunstancia solo se estructura cuando la disparidad entre lo pedido, lo debatido y
lo probado resulta protuberante, situación que no ocurre en este asunto. Entre tanto,
añadió que el reconocimiento y pago de horas extras y compensatorios es
responsabilidad exclusiva de la entidad territorial certificada y que el Ministerio se limitó
a orientar la materia mediante las circulares 014 del 31 de mayo de 2013 y 018 del 22 de
febrero de 2016.

21. Por su parte, el Distrito de Santa Marta también se opuso a las pretensiones del
recurso al considerar que las liquidaciones de prestaciones sociales y de horas extras se
efectuaron conforme a derecho. Precisó que, conforme a las Resoluciones 0215 del 9 de
febrero de 2018 y 0012 del 18 de enero de 2022, la Secretaría de Educación Distrital solo
autorizó el pago de 50 horas extras mensuales y que la liquidación se efectuó sobre una
jornada ordinaria de 66 horas semanales, aplicable al personal de simple vigilancia.

22. En cuanto a las causales invocadas, manifestó que estas no se configuran toda
vez que las sentencias de primera y segunda instancia constituyen cosa juzgada formal
y material, y que el recurrente no indicó las razones de fuerza mayor o caso fortuito que
le impidieron aportar oportunamente las pruebas. Además, estimó que lo pretendido por
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Demandante: Pedro José Brito Núñez

el recurrente es revivir términos y controvertir asuntos ya estudiados en tales
providencias, con lo cual buscaba convertir el recurso extraordinario en una tercera
instancia judicial.

23. Finalmente, mediante auto del 18 de junio de 2026 se incorporaron las pruebas
allegadas por las partes de conformidad con el artículo 254 del CPACA.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el Consejo de Estado3 es
competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

25. En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado por la parte
actora, la Sala debe determinar si la sentencia del 29 de junio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del expediente 47001 33 33 001 2016
00284 00, incurrió en las causales de revisión previstas en los numerales 1, 5 y 8 del
artículo 250 del CPACA.

Análisis del problema jurídico

26. En el presente asunto, la Sala anuncia que declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión habida cuenta de que no se materializan las causales
invocadas, tal como se motivará en los párrafos siguientes.

27. El recurso extraordinario de revisión, regulado en el capítulo I del título VI del
CPACA, es un medio excepcional de impugnación que permite controvertir sentencias
ejecutoriadas cuando se presentan circunstancias extraordinarias que comprometen de
manera sustancial la justicia de la decisión. Su finalidad consiste en remediar vicios
graves y específicos que, por su naturaleza, justifican excepcionalmente la afectación de
la cosa juzgada.

28. Por consiguiente, este recurso no constituye una tercera instancia ni permite
reabrir el debate jurídico o probatorio resuelto en el proceso ordinario. Su procedencia se
circunscribe a las causales taxativamente previstas en el artículo 250 del CPACA, las
cuales deben interpretarse de manera restrictiva y sin extenderse a supuestos distintos
de los expresamente establecidos por el legislador.

29. Asimismo, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos que
lo sustentan y la causal invocada. Por ello, el recurrente no puede emplearlo para

3 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Pedro José Brito Núñez

controvertir las consideraciones jurídicas o los juicios de valoración que sustentaron la
sentencia, ni para subsanar errores u omisiones en el ejercicio del derecho de
contradicción o en el empleo de los mecanismos ordinarios de defensa, pues ello
supondría convertirlo en una nueva instancia.

30. De acuerdo con lo expuesto, se analizarán cada una de las causales de revisión
invocadas, a saber:

1. Análisis de la causal 1 del artículo 250 del CPACA: documento recobrado

31. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión:
«Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria.».

32. La configuración de esta causal exige la concurrencia de los siguientes
presupuestos: (i) que se trate de una prueba documental; (ii) que el documento haya sido
recobrado después de dictada la sentencia, lo que supone que existiera durante el
proceso ordinario y, a más tardar, antes del vencimiento de la última oportunidad
probatoria; (iii) que no hubiera podido aportarse oportunamente por fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la parte contraria; y (iv) que tenga carácter decisivo, esto es, que posea
la entidad suficiente para que, de haber sido valorado, se hubiera podido proferir una
decisión diferente. 4

33. Respecto del concepto de documento «recobrado», esta Corporación5 ha
señalado lo siguiente: «[…] “recobrado” es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido
y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia […]».

34. A partir de lo anterior, en el presente asunto el demandante identificó como
documentos recobrados las Resoluciones 2605 del 21 de diciembre de 2018 y 774 del 9
de diciembre de 2022, así como la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso con radicado 47001-33-33-
003-2012-00179-01.

35. Respecto de las referidas resoluciones, el recurrente señaló que, mediante estas,
el Distrito de Santa Marta reconoció y pagó a otros celadores las horas extras que
excedían el límite de 50 horas mensuales. A su juicio, tales actos evidenciaban que la
entidad había conciliado o reconocido previamente las prestaciones reclamadas. Sin
embargo, en relación con la Resolución 2605 del 21 de diciembre de 2018, no explicó ni
acreditó que su falta de aportación oportuna al proceso hubiera obedecido a fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de marzo de 2021, M.P. Sandra Lisset Ibarra

Vélez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00510-00(1597-14), que reitera los criterios fijados en providencia del 26 de febrero
de 2018.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 2 de junio de 2015, Rad. 11001-03-

15-000-2000-00237-01 (REV); y 7 de julio de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV).
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Demandante: Pedro José Brito Núñez

36. Por su parte, la Resolución 774 del 9 de diciembre de 2022 no puede considerarse
un documento recobrado, porque fue expedida con posterioridad a la sentencia objeto de
revisión. Por tanto, no se trata de un documento preexistente que hubiera estado
extraviado, perdido o fuera del alcance del recurrente durante el proceso ordinario y que
solo hubiera podido recuperarse después de proferido el fallo, conforme a las exigencias
legales y jurisprudenciales antes expuestas.

37. Finalmente, en cuanto a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, el recurrente se limitó a mencionarla, sin indicar ni acreditar que su falta de
aportación oportuna hubiera obedecido a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte
contraria.

38. En consecuencia, no se encuentran acreditados los presupuestos de la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, razón por la cual esta no está
llamada a prosperar.

Análisis de la causal 5 del artículo 250 del CPACA: nulidad originada en la sentencia

39. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la
existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
cual no procede recurso de apelación. Su configuración exige, por tanto, la concurrencia
de dos presupuestos: (i) que la providencia cuestionada no sea susceptible de apelación
y (ii) que la nulidad se haya originado en la propia sentencia.

40. Esta corporación ha precisado que los supuestos comprendidos en esta causal no
se circunscriben a las nulidades procesales taxativamente previstas en el Código General
del Proceso, sino que también abarcan irregularidades graves originadas en la sentencia
que comprometan el debido proceso.6

41. En ese sentido, la jurisprudencia ha identificado, a título enunciativo, algunos
supuestos en los que procede la revisión extraordinaria, entre ellos, cuando la sentencia:
«(i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la
non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al
proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin
competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había
terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii) no cuenta con el número de
votos requerido para su aprobación; y (viii) desconoce el principio de congruencia, bien
sea por una condena extra, ultra o infra petita».7

42. En el presente asunto, el recurrente sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió
en nulidad por desconocimiento del principio de congruencia, debido a que no resolvió la
totalidad de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionadas con: (i) el reconocimiento y pago de los compensatorios por los domingos y

6
Ver, entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las sentencias del 7
de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26
de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-
000-2023-00330-00 (4906-2023).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-

00.
7

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Demandante: Pedro José Brito Núñez

festivos laborados, causados mensualmente hasta que se hiciera efectivo el pago; y (ii)
el reconocimiento de 70 horas extras mensuales, correspondientes a la diferencia entre
las 120 horas que afirmó haber laborado y las 50 que le fueron pagadas.

43. Respecto del principio de congruencia, el artículo 281 del CGP —aplicable por
remisión del artículo 306 del CPACA— dispone que la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda y en las demás
oportunidades procesales autorizadas por la ley, así como con las excepciones alegadas
y aquellas que, de acuerdo con el ordenamiento, deban reconocerse de oficio. Asimismo,
prohíbe condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto de lo
pretendido, o por una causa diferente de la invocada.

44. A partir de este marco normativo, la Sala advierte que no se configuró la
incongruencia alegada. En efecto, la solicitud de reconocimiento y pago de los
compensatorios por los domingos y festivos laborados fue introducida por la parte actora
durante la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial del 4 de mayo de 20178, pero
no correspondía a una pretensión formulada en la demanda.

45. Al respecto, la consonancia que el artículo 281 del CGP exige frente a las
pretensiones formuladas «en las demás oportunidades» comprende aquellas
incorporadas mediante los mecanismos procesales previstos por la ley para modificar o
adicionar la demanda, como ocurre con su reforma, regulada en el artículo 173 del
CPACA. No comprende, en cambio, la fijación del litigio, pues esta etapa tiene por objeto
delimitar la controversia a partir de las pretensiones, los hechos y las excepciones
oportunamente formulados, y no permite incorporar nuevas pretensiones.

46. Tampoco puede entenderse que la referencia genérica al reconocimiento de los
compensatorios de ley «y otros», contenida en la demanda, constituyera una pretensión
clara y precisa dirigida al reconocimiento y pago de los compensatorios por los domingos
y festivos laborados mes a mes. Tal expresión no satisface la exigencia prevista en el
numeral 2 del artículo 162 del CPACA9, conforme al cual las pretensiones deben
formularse con precisión y claridad.

47. A ello se agrega que esta reclamación tampoco fue formulada en sede
administrativa10. Al examinar la petición que dio origen al acto ficto o presunto demandado
dentro del proceso con radicado 47001-33-33-001-2016-00284-00, se observa que el
recurrente no solicitó expresamente el reconocimiento de compensatorios por los
domingos y festivos laborados. Por consiguiente, no podía pretender que las sentencias

8 Folios 204 al 208 del expediente digitalizado que reposa en el archivo «01 Expediente Digital.PDF» visible en el

enlace « https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/j01admsmta_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=8f04a7b0
%2D2610%2D44af%2D824f%2D64aec0e10b4d&ga=1&LOF=1&id=%2Fpersonal%2Fj01admsmta%5Fcendoj%5Fra
majudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FARCHIVO%20PROCESOS%20TERMINADOS%2FNULIDAD%20Y%2
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Digital%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fj01admsmta%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F
ARCHIVO%20PROCESOS%20TERMINADOS%2FNULIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%2F2016%2F470013
33300120160028400%2FPrimeraInstancia».
9 «ARTÍCULO 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

[…] 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado,
con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones […]».
10 Página 49.

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Radicación: 11001 03 25 000 2023 00612 00 (7888-2023)
Demandante: Pedro José Brito Núñez

de primera y segunda instancia resolvieran una reclamación que no fue planteada en las
oportunidades legalmente previstas.

48. En cuanto al reconocimiento de 70 horas extras mensuales, este asunto sí fue
examinado y resuelto en la sentencia de segunda instancia. En efecto, el Tribunal
confirmó la decisión del a quo, al considerar que, aunque se encontraba acreditado el
trabajo suplementario realizado por el demandante, no era posible reconocer en dinero
más de 50 horas extras mensuales debido a que no existía una norma que autorizara
dicho pago. En consecuencia, tampoco se configuró una omisión respecto de esta
pretensión.

49. Finalmente, el reproche relacionado con la falta de valoración de las certificaciones
aportadas al proceso no demuestra la existencia de una nulidad originada en la sentencia.
Por el contrario, expresa la inconformidad del recurrente con la valoración probatoria
efectuada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y pretende reabrir un debate
concluido en el proceso ordinario, finalidad ajena a la naturaleza excepcional del recurso
extraordinario de revisión.

50. En consecuencia, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo
250 del CPACA.

3. Análisis de la causal 8 del artículo 250 del CPACA: cosa juzgada

51. Por último, la parte actora invocó la causal prevista en el numeral 8 del artículo
250 del CPACA, conforme a la cual procede la revisión cuando la sentencia es contraria
a otra anterior que constituye cosa juzgada entre las partes del proceso en el que aquella
fue dictada. La misma disposición excluye su procedencia cuando, en el segundo
proceso, se propuso la excepción de cosa juzgada y esta fue rechazada.

52. La configuración de esta causal exige la concurrencia de los siguientes
presupuestos: (i) la existencia de dos sentencias contradictorias; (ii) que la providencia
anterior haya adquirido firmeza y constituya cosa juzgada frente a las mismas partes,
respecto del mismo objeto y con fundamento en la misma causa; y (iii) que en el segundo
proceso no se hubiera propuesto y rechazado la excepción de cosa juzgada.

53. En el presente asunto, el recurrente sostuvo que la sentencia objeto de revisión
desconoció una providencia anterior proferida por el mismo Tribunal Administrativo del
Magdalena dentro del proceso con radicado 47001-33-33-003-2012-00179-01. Según
afirmó, en aquella decisión se condenó al Distrito de Santa Marta a reconocer y pagar a
unos celadores las horas extras y los compensatorios previstos en la ley, en
circunstancias que consideró idénticas a las debatidas en este proceso. Añadió que la
única diferencia consistía en que la reclamación administrativa de aquel asunto se
formuló en 2011, mientras que la correspondiente al presente litigio se presentó en 2013.

54. El propio recurrente reconoció, sin embargo, que no fue parte en el proceso que
culminó con la sentencia invocada como constitutiva de cosa juzgada, aunque afirmó que

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Demandante: Pedro José Brito Núñez

quienes intervinieron como demandantes desempeñaban el mismo cargo, cumplían
iguales funciones y estaban sometidos a una jornada laboral equivalente.

55. Estos planteamientos no demuestran la configuración de la causal octava, pues
no se advierte el cumplimiento de los requisitos de identidad de causa, partes y objeto
entre las decisiones confrontadas. Además, la sentencia invocada no fue aportada al
expediente ni se suministraron elementos suficientes para determinar su fecha,
contenido, ejecutoria y alcance.

56. En conclusión, al no acreditarse los presupuestos de las causales previstas en los
numerales 1, 5 y 8 del artículo 250 del CPACA, no existe un motivo excepcional que
habilite la revisión de la sentencia ejecutoriada. Por consiguiente, el recurso
extraordinario de revisión se declarará infundado.

Condena en costas

57. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

58. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso,
y que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación (Ministerio de Educación) y del Distrito de Santa Marta, las cuales deberán
liquidarse por Secretaría de la Sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Pedro José Brito Núñez contra la sentencia de segunda instancia del 29 de
junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 47001 33 33 001 2016 00284 01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Pedro José Brito Núñez en favor de la
Nación (Ministerio de Educación) y del Distrito de Santa Marta, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Radicación: 11001 03 25 000 2023 00612 00 (7888-2023)
Demandante: Pedro José Brito Núñez

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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