Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00049-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00049-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00049-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
Demandado: Blanca Aurora Rodríguez de Rojas
Temas: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Prescripción del retroactivo pensional
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional contra la sentencia del 5 de octubre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por
medio de la cual se confirmó parcialmente la decisión del 2 de marzo de 2021
dictada por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá1.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional solicitó que se infirmara la
sentencia del 5 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual se confirmó
parcialmente la decisión del 2 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado Cincuenta
1 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001-33-42-050-2019-00416-00(01);
actor: Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, demandados: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
y Administradora Colombiana de Pensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
Demandante: Fondo Pensional - Universidad Nacional
Administrativo de Bogotá, en cuanto negó el reconocimiento de una indemnización
sustitutiva a cargo de Colpensiones y accedió al pago del retroactivo pensional
correspondiente al periodo transcurrido entre el 5 de marzo de 2009 y el 20 de julio
de 2013 a favor de Blanca Aurora Rodríguez de Rojas.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la revocatoria de la sentencia
enjuiciada y, en su lugar: i) la declaratoria de prescripción de los derechos
pretendidos por Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, incluido el retroactivo
pensional, 3 años atrás desde la presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (esto es el 9 de septiembre de 2019)»; ii) la
devolución de «($152.811.540) suma que corresponde a mesadas pensionales que ya
se encontraban prescritas por el periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2009 y el
20 de julio de 2013 y los intereses»(sic), suma ordenada en la resolución FP0099 del
29 de marzo de 2023 por medio de la cual se le dio cumplimiento al fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B;
iii) el pago de «las compensaciones por los mayores valores pagados en razón al
reconocimiento de las mesadas pensionales (retroactivo) periodo comprendido entre el 25
de marzo de 2009 y el 20 de julio de 2013 y los intereses» (sic); iv) la condena en costas
a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Para mayor comprensión en el siguiente cuadro se relacionan las actuaciones
que dieron origen a la presente acción, y se aclara que los actos administrativos
demandados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2 son
los que se encuentran subrayados:
En relación con los actos administrativos expedidos por el Fondo de Pensiones de la
Universidad Nacional
Fecha de Contenido Resolución u Contenido
solicitudes oficio
presentadas
por la
demandada
11 de Solicitó el CPS 0871 Comoquiera que no alcanzó a cumplir 20
marzo de reconocimiento del 25 de años de servicio a la universidad para
2009 pensional agosto de acceder a la pensión conforme con la Ley
20093 33 de 1985, y en aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, se elevó consulta
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001-33-42-050-2019-00416-00(01);
actor: Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, demandados: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
y Administradora Colombiana de Pensiones.
3 Samai, índice 28, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», archivo
30RECIBEMEMORIAL_11001334205020190041(.zip) NroActua 28», carpeta 110013342050-2019-
00416-00, documento 02DemandayAnexos, página 51
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de cuota parte al ISS, la cual fue objetada
debido a la existencia de una
indemnización sustitutiva. En
consecuencia, lo procedente era tramitar la
revocatoria directa de dicha
indemnización, para que el ISS concurriera
en una pensión por aportes reconocida por
el fondo.
18 de Reiteró la solicitud de CPS 0338 El tiempo servido en interinidad no podía
septiembre pensión de vejez, del 6 de computarse para efectos pensionales,
de 2009 porque no se tuvo en noviembre de porque esa vinculación no era equiparable
cuenta el 20094. a figuras como el encargo, provisionalidad
nombramiento en o supernumerario y conforme con la
Interinidad como normativa vigente para la época y el
Auxiliar de Biblioteca régimen interno de la universidad. Así
II. Periodo con el que pues, esa designación temporal no
completaba 20 años generaba obligaciones patronales en
y 11 días de servicio. materia pensional. Por lo tanto, no cumplió
20 años de servicio para obtener la
pensión de que trata la Ley 33 de 1985; sin
embargo, era posible la aplicación de la
Ley 71 de 1988, si no fuera porque la
interesada tramitó la indemnización
sustitutiva ante el ISS y de acuerdo con el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993,
reglamentado por el Decreto 1730 de
2001, en su artículo 6 se dispuso la
incompatibilidad de la indemnización con
las pensiones de vejez e invalidez. De
acuerdo con lo anterior, le correspondía
tramitar la revocatoria directa de la
indemnización.
28 de Informó que la FP 0104 del Pese a la corrección del certificado de
noviembre Jefatura del Grupo 27 de marzo información laboral del 11 de noviembre de
de 2014; Salarial y de 20155 2014, en el que se hizo constar que el
(reiterado el Prestacional de la periodo laborado para la universidad fue
17 y 23 de Universidad corrigió desde el 3 de marzo de 1975 hasta el 28
febrero de el certificado de de noviembre de 1995, no procedía el
2015) Información Laboral reconocimiento pensional porque era
con la inclusión de incompatible con la indemnización
los tiempos sustitutiva que le había sido pagada por el
laborados entre el 1° ISS (de acuerdo con el artículo 6 del
de abril de 1975 y el Decreto 1730 de 2001 y la prohibición del
29 de septiembre de artículo 128 constitucional). Solo de
1995. Por lo que, revocarse la indemnización, el fondo
solicitó nuevamente procedería a estudiar el reconocimiento de
el reconocimiento de la pensión.
la pensión liquidada
con base en lo
dispuesto por la Ley
33 de 1985, a partir
de la fecha en que
cumplió los 55 años
de edad (25 de
4, ibidem, Páginas 52 a 57. Notificada el 10 de noviembre de 2009 página 58 (contra la decisión no
se presentaron recursos).
5 ibidem, Páginas 78 y 79.
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marzo de 2009),
fecha en la que ya
acreditaba más de
20 años de servicios
prestados a la
universidad
13 de abril Interpuso recurso de FP 0239 del No se repuso la decisión inicial con
de 2015 reposición contra la 12 de junio fundamento en iguales argumentos a los
Resolución FP 0104 de 20156 expuestos en la resolución anterior.
del 27 de marzo de
2015
2 de julio de Interpuso recurso de FP 306 del Se rechazó el recurso por improcedente,
2015 apelación contra la 17 de julio de pues contra la Resolución FP 0104 del 27
Resolución FP 0239 20157 de marzo de 2015 solo procedía el de
del 12 de junio de reposición.
2015
23 de julio Solicitó que se FP 1462 del Se confirmó el rechazo del recurso de
de 2015 accediera al 30 de julio apelación interpuesto contra la Resolución
reconocimiento de la de 20158 FP 0239 del 12 de junio de 2015, toda vez
pensión por acreditar que la dirección del fondo era el superior
más de 20 años de jerárquico por delegación del rector.
servicio en la Además, los actos administrativos
universidad (Ley 33 relacionados en la petición se presumían
de 1985) y señaló legales mientras no hubiesen sido
que las resoluciones anulados por la jurisdicción contenciosa.
FP 0104 del 27 de Se reiteraron los argumentos de las
marzo de 2015 y resoluciones FP 0104 del 27 de marzo de
demás que la 2015FP 0239 del 12 de junio de 2015
confirman, así como sobre la incompatibilidad. Y se agregó que
la FP 306 del 17 de según el artículo 17 del Decreto 549 de
julio de 2015, eran 1999, los tiempos cotizados en el sector
ilegales. público y en el ISS deben ser utilizados
para financiar la pensión. Por lo tanto, la
afiliada no debió cobrar los aportes a
Colpensiones, sino que estos debieron
usarse para financiar la prestación.
Aunque la devolución de aportes por parte
de Colpensiones fue de buena fe, la
administradora debió revisar que la afiliada
no tuviese una pensión reconocida o que
estuviese en imposibilidad para seguir
cotizando.
25 de Solicitó nuevamente 089 del 30 de Aunque acreditó el tiempo de servicio para
febrero de la pensión de vejez marzo de acceder a la pensión, conforme con lo
2016 por haber acreditado 20169 dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100
los requisitos de 1993, en concordancia con el artículo 1
exigidos en la ley e de la Ley 33 de 1985, y con fundamento en
informó la negativa el precedente de la Corte Suprema de
de Colpensiones Justicia del 12 de agosto de 2014
para revocar el acto (radicado: 56331), que determinó que el
a través del cual reconocimiento de la indemnización
reconoció la sustitutiva no impedía la reclamación
indemnización judicial de la pensión, lo cierto era que
6 ibidem, Páginas 87 a 89.
7 ibidem, Páginas 91 y 92
8 ibidem, Páginas 93 a 96.
9 ibidem, Páginas 111 a 113
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sustitutiva de la persistía la incompatibilidad. En
pensión de vejez. consecuencia, la prestación se dejó en
suspenso hasta tanto se allegará la
revocatoria de la indemnización.
2 de febrero Solicitó la inclusión FP 0159 de Se calculó la pensión de conformidad con
de 2017 en nómina con base 12 de mayo lo dispuesto en las leyes 33 de 1985, 71 de
en la Resolución 089 de 201710 1988 y 100 de 1993, modificada por la Ley
del 30 de marzo de 797 de 2003 y, en virtud del principio de
2016, pues favorabilidad, le fue liquidada según la Ley
Colpensiones había 33 de 1985. Sin embargo, se señaló que
accedido a la «si bien la pensión se reconoce a partir del
revocatoria de la 25 de marzo de 2009, fecha en que la
Resolución 17457 peticionaria adquirió el derecho, ésta
del 28 de abril de tendrá efectos fiscales a partir del 21 de
2009. julio de 2013, teniendo en cuenta que sólo
hasta el 21 de julio de 2016
COLPENSIONES revocó la Resolución No
17457 del 28 de abril de 2009 mediante la
cual el instituto de Seguros Sociales hoy
COLPENSIONES reconoció y ordenó el
pago de una indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez a favor de la señora
RODRÍGUEZ de ROJAS, cesando así la
incompatibilidad establecida en el Artículo
6 del Decreto 1730 de 2001, Lo anterior en
aplicación de la prescripción trienal
definida por el artículo 41 del Decreto 3165
de 1968 reglamentado por el artículo 102
del Decreto 1848 de 1969 y el artículo, 151
del Código Procesal de Trabajo» (sic).
• Interpuso el recurso FP 0205 del No se repuso la decisión inicial con
de reposición contra 9 de junio de fundamento en que para el Fondo
la Resolución FP 201711 Pensional la obligación de reconocer la
0159 de 12 de mayo pensión de vejez solo se hizo exigible a
de 2017 con partir del momento en que Colpensiones
fundamento en que accedió a la solicitud de revocatoria de la
con la revocatoria Resolución 17457 del 28 de abril de 2009,
dejó sin efectos la pues antes de su declaratoria existía una
resolución mediante incompatibilidad que había sido advertida
la cual se le otorgó la por esta entidad a la peticionaria y solo
indemnización y, por hasta el año 2016 fue solucionada. Aunque
lo tanto, la aludida reiteró la solicitud de reconocimiento
incompatibilidad pensional por varias anualidades, solo
perdió eficacia. Por hasta el 2016 cesó la incompatibilidad y
ende, su derecho se fue posible otorgarle la pensión. Así pues,
consolidó desde el para el fondo el reconocimiento se hizo
25 de marzo de 2009 exigible el 21 de julio de 2016 y era
(fecha en la que procedente declarar la prescripción de las
acreditó los mesadas anteriores al 21 de julio de 2013.
requisitos para
pensionarse).
Asimismo, adujo que
no se debió aplicar la
prescripción, pues
había presentado la
10 ibidem, Páginas 139 a 153
11 ibidem, Páginas 155 a 157.
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solicitud de
reconocimiento
desde el 11 de marzo
de 2009, reiterándola
en fechas
posteriores. Por lo
que, solicitó el pago
de las mesadas de
forma retroactiva
entre el 25 de marzo
de 2009 y el 30 de
abril de 2017.
20 de Solicitó el pago del 081 del 20 Se negó la solicitud porque i) a través de la
noviembre retroactivo pensional de marzo de Resolución FP 159 de 2017 se realizó el
de 2017 desde el 25 de marzo 201812 reconocimiento de la pensión a partir del
de 2009 hasta el 25 de marzo de 2009, fecha en que
20de julio de 2013 y adquirió el derecho, sin embargo, por
de los intereses prescripción trienal, el pago de esta
moratorios por el no pensión se comenzó a realizar desde el 21
pago del retroactivo, de julio de 2013, pues sólo hasta el 21 de
así como la julio de 2016, se expidió la Resolución
reliquidación de la GNR 215127 de 2016 y se hizo exigible la
pensión con la obligación, en aplicación de lo establecido
inclusión de los en el Artículo 41 del Decreto 3135 de 1968
factores devengados y 102 del Decreto 1848 de 1969; y ii) no
en el último año de había lugar a la reliquidación de la pensión
servicio, pues, de acuerdo con el régimen de
transición y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el IBL se calcula de
conformidad con la Ley 100 de 1993.
6 de abril de Presentó recurso de 0162 del 1° No procedía el reconocimiento del
2018 reposición con de junio de retroactivo pensional desde el
fundamento en que 201813 cumplimiento de los requisitos, porque la
la revocatoria directa indemnización sustitutiva y la pensión de
tiene efectos hacia el vejez eran incompatibles; mientras estuvo
pasado, por lo tanto, vigente el acto que reconoció la
el reconocimiento de indemnización, el derecho pensional no
la indemnización no era exigible. Solo con la revocatoria del
existió y esta y la acto, cuyos efectos son hacia el futuro,
pensión no eran desapareció la incompatibilidad y surgió la
incompatibles, por lo exigibilidad de la pensión, es decir, a partir
tanto, tenía derecho del 21 de julio de 2016. Además, las
al retroactivo. mesadas están sujetas a la prescripción,
Asimismo, a la por lo que se extinguieron las anteriores al
reliquidación de la 21 de julio de 2013.
pensión y al pago de
intereses moratorios.
3.2. En cuanto a los actos expedidos por el ISS, hoy Colpensiones, todos se
relacionan con la solicitud de revocatoria directa del acto 017457 del 28 de abril de
200914 a través del cual se le reconoció a Blanca Aurora Rodríguez de Rojas una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Sin embargo, los actos
12 ibidem, Páginas 178 a 187.
13ibidem, Páginas 195 a 207.
14 ibidem, Página 47
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demandados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
relacionan con la solicitud posterior de dicha indemnización, presentada después
de que el Fondo Pensional de la Universidad Nacional le reconociera la pensión de
vejez, es decir, las resoluciones SUB-254954 del 26 de septiembre de 2018, SUB-
304668 del 22 de noviembre de 2018 y DIR 445 del 14 de enero de 2019.
3.3. Después de las anteriores actuaciones en sede administrativa, Blanca Aurora
Rodríguez de Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15 en contra del
Fondo de Pensiones de la Universidad Nacional y de Colpensiones, con el fin de
que se declarara la nulidad «del Oficio CPS 0871 de 25 de agosto de 2009, [las]
Resolucio[nes]. FP 0104 de 27 de marzo de 2015, FP 0239 de 12 de junio de 2015 y el
Oficio FP 1462 de 30 de junio de 2015, por medio de los cuales se negó el reconocimiento
y pago de una pensión de vejez a favor de la señora Blanca Aurora Rodríguez; [las
resoluciones] FP 0159 de 12 de mayo de 2017, FP 0205 de 9 de junio de 2017, FP 081 de
20 de marzo de 2018 y FP 0162 de 1º de junio de 2018, en virtud de las cuales se reconoció
la pensión de vejez y se condicionó sus efectos fiscales a la fecha en que Colpensiones
revoc[ara] el acto administrativo que otorgó la indemnización sustitutiva» (sic), entre
otras16.
3.4. En consecuencia, solicitó que declarara que no existía incompatibilidad entre la
pensión de jubilación por tiempos públicos y la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez de Colpensiones, y que se ordenara a la Universidad Nacional de
Colombia– Fondo de Pensiones, el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo
las condiciones del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a partir del 25 de marzo de
2009 y el pago del retroactivo pensional causado entre la anterior fecha y el 20 de
julio de 2013, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, por la demora injustificada en el reconocimiento de la prestación,
así como la actualización de las sumas. En torno a Colpensiones solicitó que le
reconociera la indemnización sustitutiva.
3.5. Este asunto le correspondió al Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá, que
por medio de la sentencia del 2 de marzo de 2021 negó las pretensiones de la
demanda, en lo que interesa, porque:
«para efectos del pago del retroactivo solicitado, se demandó el acto administrativo
Oficio CPS-0871 del 25 de agosto de 2009, que podría en caso de prosperar las
pretensiones, dar lugar al pago de la mesada pensional desde el momento de la
15 A partir de ahora CPACA
16 Actos administrativos Nos. SUB-254954 de 26 de septiembre de 2018, SUB-304668 de 22 de
noviembre 2018 y DIR 445 de 14 de enero de 2019, mediante los cuales Colpensiones negó el
reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por considerarla
incompatible con la pensión de vejez de la Universidad Nacional
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adquisición del status pensional (25 de marzo de 2009), desde luego supeditado al
estudio del fenómeno de la prescripción legal establecida para las prestaciones y
emolumentos de carácter laboral.
Entonces, al no haberse presentado la demanda dentro de los tres años siguientes a la
presentación de la petición que dio origen al oficio del 25 de agosto de 2009, es claro
que operó el fenómeno de la prescripción para efectos del reconocimiento de mesadas
a partir del 25 de marzo de 2009 (fecha de adquisición del status pensional). En tanto
que al demandarse el acto administrativo que negó la pensión de vejez y también el que
la concedió, no es factible realizar examen de legalidad del reconocimiento de un
derecho que, aunque inicialmente fue negado, con posterioridad se reconoció (Res. 12-
05/2017).
Por tal razón, es claro que el Fondo Pensional al reconocer la pensión de vejez,
estableció la fecha de los efectos fiscales de la mesada, partiendo del hecho de que
estaba acreditada la revocatoria de la indemnización sustitutiva de la pensión, pues se
repite, condicionó el reconocimiento de la pensión a dicha circunstancia. Sin que hubiera
lugar a un pago desde el 25 de marzo de 2009 (fecha en que se adquirió el estatus
pensional).
Ahora bien, en cuanto a la incompatibilidad de las dos prestaciones que en su momento
fueron reconocidas a la demandante, debe indicarse que, de acuerdo con lo manifestado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la incompatibilidad de las prestaciones
pensionales no es impedimento para estudiar el reconocimiento de alguna de ellas, sino
que debe es interpretarse en el sentido de que los aportes al sistema no pueden financiar
dos prestaciones al mismo tiempo.
Por tanto, si posterior al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, se establece
también un derecho a la pensión de vejez o de invalidez, procede la compensación, de
ser el caso. Es así, que en el caso que nos ocupa, claramente no debía el Fondo
Pensional haber negado el reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante, ni
condicionado la efectividad del derecho a la revocatoria del acto administrativo por el
cual se había reconocido la indemnización a la demandante. Y contrario a ello, debía
realizar la compensación a que hubiera lugar con los dineros recibidos por la
demandante a título de indemnización sustitutiva. Sin embargo, se observa que mediante
actos administrativos Resolución 0338 del 06 de noviembre de 2009 y Resolución 0089
del 30 de marzo de 2016 (fls. 50 y 95 archivo No. 2 Demanda y Anexos), se negó la
pensión y luego se dejó en suspenso la prestación hasta que se allegara la revocatoria
de la indemnización sustitutiva por parte de Colpensiones. Empero, la demandante dio
cumplimiento a lo exigido en dichos actos administrativos y solicitó la revocatoria de la
indemnización ante Colpensiones, además de realizar la devolución del dinero que había
recibido por dicho concepto, tal como consta en el expediente administrativo (Res GNR
215127 del 21/07/2016 fls. 100 archivo 02DemandayAnexos) y según lo afirmado en la
demanda.
En consecuencia, es claro que, en el estado actual del expediente administrativo de
reconocimiento de la pensión del demandante, resulta inocuo ordenar una
compensación de prestaciones, al haberse ya revocado el reconocimiento de la
indemnización y la devolución del dinero correspondiente por parte de la demandante a
Colpensiones» (sic).
3.6. En sentencia del 5 de octubre de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó parcialmente la decisión anterior, en cuanto negó el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva a cargo de Colpensiones, y revocó
en lo demás para acceder al retroactivo pensional correspondiente al periodo
transcurrido entre el 5 de marzo de 2009 y el 20 de julio de 2013 a favor de Blanca
Aurora Rodríguez de Rojas.
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3.7. El anterior fallo quedó ejecutoriado el 18 de octubre de 2022.
3.8. En cumplimiento de lo resuelto en el proceso judicial, el Fondo de Pensiones de
la Universidad Nacional expidió la Resolución FP0099 del 29 de marzo de 2023, en
la que reconoció el retroactivo pensional a favor de Blanca Aurora Rodríguez Rojas,
por el periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2009 y el 20 de julio de 2013 y
los intereses, en cuantía de $152.811.540.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. En la sentencia del 5 de octubre de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la decisión
del 2 de marzo de 2021 dictada por el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá,
en cuanto negó el reconocimiento de una indemnización sustitutiva a cargo de
Colpensiones, y revocó en lo demás para acceder al retroactivo pensional
correspondiente al periodo transcurrido entre el 25 de marzo de 2009 y el 20 de julio
de 2013 a favor de Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, en los siguientes términos:
«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida el 2 de marzo de 2021 por el Juzgado
Cincuenta (50) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, en cuanto negó las
pretensiones de la demanda en relación con el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión por vejez respecto de Colpensiones, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión y se abstuvo de condenar en
costas. En lo demás se revoca, para en su lugar disponer:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos
por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional: Oficio CPS 0871 de 25 de agosto de
2009, Resolución No. FP 0104 de 27 de marzo de 2015, FP 0239 de 12 de junio de 2015
y Oficio FP 1462 de 30 de junio de 2015, por medio de los cuales se negó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez a favor de la señora Blanca Aurora
Rodríguez de Rojas.
La nulidad parcial de las Resoluciones Nos. FP 0159 de 12 de mayo de 2017, FP 0205
de 9 de junio de 2017, FP 081 de 20 de marzo de 2018 y FP 0162 de 1º de junio de
2018, en virtud de las cuales se reconoció la pensión de vejez y se condicionó sus
efectos fiscales a la fecha en que Colpensiones revocó el acto administrativo que otorgó
la indemnización sustitutiva a la actora.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDENAR al Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia a reconocer y
pagar a la señora Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, identificada con cédula de
ciudadanía No. 41.632.625 el retroactivo pensional correspondiente al periodo
comprendido entre el 25 de marzo de 2009 al 20 de julio de 2013. La actualización
siguiendo el procedimiento indicado en la parte motiva.
CUARTO: El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia dará
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley
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1437 de 2011.
QUINTO: Sin condena en costas (…)» (sic).
4.1. Para tal efecto, se pronunció así17:
4.2. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional expidió la Resolución FP 0159
del 12 de mayo de 2017 con la cual ordenó reconocer y pagar a favor de Blanca
Aurora Rodríguez de Rojas una pensión de vejez a partir del 25 de marzo de 2009
en cuantía de $1.414.612 en aplicación de lo establecido en los artículos 21 y 36 de
la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. No
obstante, dispuso que los efectos fiscales de la prestación pensional por
prescripción trienal serían a partir del 21 de julio de 2013, ello comoquiera que, hasta
el 21 de julio de 2016 Colpensiones había expedido la resolución con la cual revocó
la indemnización sustitutiva que le había sido otorgada.
4.3. Sin embargo, el fondo no debió supeditar el reconocimiento de la pensión de
vejez hasta tanto Colpensiones revocara el acto administrativo que reconoció la
indemnización sustitutiva, pues el hecho de que esta se le hubiere otorgado no
impedía el estudio de la pensión reclamada y su reconocimiento, si se verificaba el
cumplimiento de los requisitos. En tal caso, si el fondo consideraba que existía
incompatibilidad, podía descontar lo pagado por indemnización sustitutiva.
4.4. La actuación del fondo afectó los derechos de la interesada, pues, pese a las
actuaciones que realizó para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, una
vez le fue reconocida no se le pagó el retroactivo pensional correspondiente entre
el 25 de marzo de 2009 y el 20 de julio de 2013, bajo la tesis de que solo hasta el
21 de julio de 2016 Colpensiones revocó la indemnización sustitutiva. No obstante,
tenía derecho a la pensión de vejez a partir del 25 de marzo de 2009, fecha en la
que acreditó la totalidad de los requisitos (tiempo de servicio y edad), sin que se
hubiese configurado la prescripción de las mesadas, por haber reclamado en
oportunidad.
4.5. No había lugar a declarar la prescripción del retroactivo pensional, toda vez que
este le fue negado con la Resolución 00159 de 12 de mayo de 2017, acto que le
reconoció la pensión de vejez y fijó sus efectos fiscales a partir del 21 de julio de
2013, con fundamento en la prescripción trienal, en atención a la fecha en la que
Colpensiones revocó la indemnización sustitutiva.
1.2. La causal de revisión invocada
17 Samai, índice 28, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», archivo
30RECIBEMEMORIAL_11001334205020190041(.zip) NroActua 28», carpeta 110013342050-2019-
00416-00, documento 27Sentencia2daInstancia.pdf
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5. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos18:
5.1. El tribunal no aplicó la excepción de prescripción respecto de los derechos de
contenido económico pretendidos por Blanca Aurora Rodríguez de Rojas, en
especial frente al retroactivo pensional causado con 3 años de anterioridad a la
presentación de la demanda, radicada el 9 de septiembre de 2019, de manera que
habían prescrito las sumas causadas antes del 9 de septiembre de 2016. La
interrupción de la prescripción ocurrió con la presentación de la demanda, por lo
que debía contabilizarse el término trienal desde la primera solicitud de
reconocimiento pensional radicada el 11 de marzo de 2009 y resuelta por el Fondo
de Pensiones de la Universidad mediante el Oficio CPS-0871 del 25 de agosto de
2009. Luego, a partir de esta fecha comenzó a correr el término de prescripción con
el que contaba la interesada para interrumpirlo judicialmente, lo que solo hizo 10
años después.
5.2. La falta de aplicación del término de prescripción implicó que la cuantía del
derecho reconocido excediera lo legalmente debido, con afectación al erario, en
especial, del sistema pensional, y la consecuente generación de un impacto fiscal.
Ello, porque los recursos del fondo para el pago del pasivo pensional provienen del
Presupuesto General de la Nación, cuya protección es de interés general, lo que
hacía procedente la presente acción.
5.3. Así pues,«Blanca Aurora Rodríguez de Rojas debió haber demandado en acción de
nulidad y restablecimiento el oficio CPS-0871 de 25 de agosto de 2009 en una fecha anterior
al 25 de agosto de 2012 y no haber continuado presentando reclamaciones ante el FONDO
PENSIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL y así evitar la configuración de la
prescripción, que hoy por hoy se configuro, de las mesadas pensionales que se generaron
entre el 25 de marzo de 2009 al 20 de julio de 2013, pues la demanda solo es presentada
hasta el día 9 de septiembre de 2019, cuando ya habían transcurrido 10 años entre la
expedición del Oficio CPS-0871 de 25 de agosto de 2009, en la que se le informó que no
acreditaba 20 años de servicios para acceder a la pensión de jubilación de la Ley 33 de
1985» (sic)
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
6. Blanca Aurora Rodríguez de Rojas se opuso a la prosperidad de la acción en los
siguientes términos19:
18 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL» archivo
«2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3», páginas 2 a 37.
19 Samai, índice 13, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», archivo
«12RECIBE MEMORIAL_07722024CONTESTACION(.pdf) NroActua 13», páginas 27 a 48.
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6.1. No operó la prescripción del retroactivo pensional, porque la materialización del
derecho a la pensión se vio aplazado por una exigencia adicional impuesta por el
Fondo Pensional del ente universitario, esto es la revocatoria del acto que reconoció
una indemnización sustitutiva, condición que se mantuvo por más de 9 años en sede
administrativa e impidió la exigibilidad del derecho.
6.2. El fallo recurrido justificó la improcedencia de la prescripción, decisión que se
armoniza con el artículo 48 de la Constitución Política que garantiza el derecho a la
seguridad social y el inciso final del artículo 2530 del Código Civil, que establece:
«[n]o se contará el tiempo de prescripción en contra de quien se encuentre en imposibilidad
absoluta de hacer valer su derecho, mientras dicha imposibilidad subsista», toda vez que
no podía sancionársele con inactividad a ella, quien estuvo en la imposibilidad de
hacer valer su derecho por una carga impuesta por la administración, y que solo con
el cumplimiento de la condición, es decir, la revocatoria de la indemnización
sustitutiva se hizo exigible el retroactivo pensional reclamado, tal y como el mismo
fondo lo consideró en el acto administrativo a través del cual lo reconoció.
6.3. El término de prescripción trienal no debió transcurrir mientras la administración
no resolviera de manera definitiva sobre el derecho a la pensión, menos aun cuando
la demora fue por causa imputable al fondo, que incurrió en las siguientes
omisiones:
«1. Retraso en la Resolución Administrativa: La Entidad encargada de reconocer y pagar
la pensión de jubilación (como una entidad pública de seguridad social) no resuelve de
manera oportuna una solicitud de pensión y/o el pago de mesadas, incluso supedita su
decisión a otra definición o actuación administrativa de una Entidad Pública que no
concurre en la financiación de la prestación pensional, imponiendo una carga imposible
de resistir al Administrado. Este retraso no puede ser imputable al pensionado, quien ya
ha cumplido con sus deberes y está a la espera de una respuesta administrativa, cumplió
la edad y el tiempo mínimo de servicio según la Ley 33 de 1985.
2. Protección del Pensionado (artículos 29 y 53 de la Carta Política de 1991): La
“suspensión” del tiempo de la prescripción que consagra generalmente el artículo 2530
del Código Civil y que se acompasa sistemáticamente con los parámetros de los artículos
de la Carta Política de 1991 - protege al pensionado de perder su derecho a reclamar
mesadas atrasadas debido a la ineficiencia o demoras de la administración -. Es dable
interpretar que el pensionado no debe ser perjudicado por circunstancias que no están
bajo su control.
3. Principios de Buena Fe y Confianza Legítima: Estos principios establecen que los
pensionados tienen derecho a confiar en que las entidades administrativas actuarán de
manera diligente y justa. Si el pensionado ha actuado de buena fe y está esperando una
decisión administrativa, no es justo que se le penalice permitiendo que opere la
prescripción» (sic).
6.4. Los recursos del fondo pensional tienen destinación específica para atender las
obligaciones pensionales, por lo tanto, el pago del retroactivo debía entenderse
como un pasivo que debía ser provisionado desde la causación del derecho. En esa
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medida, no se puede afirmar lo contrario bajo el argumento de preservar la
sostenibilidad del sistema. Además, no se acreditó el impacto fiscal y, por el
contrario, el fondo registró excedentes en las vigencias 202[0], 2021, 2022 y 2023.
6.5. Obtuvo tardíamente el reconocimiento de la pensión de jubilación, pese a que
cumplió con todos los requisitos de la Ley 33 de 1985, de modo que, «de anularse lo
decidido por la justicia a través de un proceso que terminó en una sentencia que hizo
tránsito a cosa juzgada - se estaría modificando la situación pensional ya consolidada y por
ende desconociendo los derechos adquiridos (…) objeto de protección constitucional, una
mujer cabeza de familia, perteneciente a la tercera edad, la cual debió luchar contra la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por más de 9 años para el reconocimiento de
la pensión de jubilación pese a que había laborado al servicio más de 20 años» (sic).
6.6. Declarar fundado el recurso y revertir el retroactivo pensional desconocería el
derecho constitucional e internacional de protección reforzada de los derechos
pensionales y sociales de las personas de la tercera edad, específicamente, seria
contrario a los derechos a la dignidad humana, igualdad, progresividad y no
regresividad, así como las garantías previstas en instrumentos internacionales
como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las
Personas Mayores. En condición de adulta mayor resulta injustificada la devolución
del retroactivo pensional que le fue reconocido.
1.4. Concepto del Ministerio Público
7. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se declarara
infundada la acción porque «en el litigio desatado entre la señora Blanca Rodríguez de
Rojas y las entidades demandadas, esto es, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia y la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, nunca se
presentó el fenómeno de la prescripción, dado que desde el 25 de marzo 2009 en adelante
la actora continuamente solicitó la prestación reclamada, es decir que interrumpía el
fenómeno extintivo y también sobre el retroactivo, tal y como lo argumento el Tribunal de
instancia en el fallo objeto de censura, llegando a la correcta conclusión que no se presenta
la prescripción respecto al retroactivo para el periodo en que lo decretó» (sic)
2. Consideraciones
2.1. Competencia
8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
presentada el 6 de febrero de 2024 contra la sentencia del 5 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797
de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA.
9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
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2019, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 5 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y quedó ejecutoriada el 18 de
igual mes y año20 y la acción se presentó el 6 de febrero de 202421, lo que permite
concluir que fue en la oportunidad señalada por el inciso 4 del artículo 251 del
CPACA.
2.3. El problema jurídico
12. Se circunscribe a determinar ¿si la cuantía del derecho al retroactivo pensional a
Blanca Aurora Rodríguez de Rojas excedió lo debido de acuerdo con la ley, al no
haberse declarado la prescripción del retroactivo pensional y por lo tanto se
configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 22 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
20 Constancia de ejecutoria visible en Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA
VIRTUAL» archivo «2_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3», Página 147.
21 Samai, índice 3. Lo que se corrobora según el auto admisorio del 22 de marzo de 2024, Samai,
índice 6.
22 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
14
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debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
15. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen23.
16. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.
17. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
18. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes24:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
24 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
15
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
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contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»
19. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»25.
2.5. Caso en concreto
20. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
21. Antes de resolver el fondo del asunto, se hace necesario indicar que, aunque en
la presente acción se solicitó la suspensión de los efectos de la sentencia
ejecutoriada objeto de recurso, esta resulta improcedente, en tanto, no se satisface
la carga argumentativa y probatoria que exige una decisión en tal sentido. En
efecto, tratándose de una providencia amparada por el principio de cosa juzgada,
su suspensión constituye una medida excepcional que solo se admite cuando se
demuestre un grado de suficiencia tal y como una ostensible vulneración del
derecho al debido proceso, o que existe un riesgo inminente que haga
indispensable una medida cautelar para evitar un perjuicio irremediable. De lo
contrario, acceder a la suspensión implicaría desconocer, sin fundamento
suficiente, la fuerza vinculante de las decisiones judiciales ejecutoriadas, lo que
afectaría la seguridad jurídica y la cosa juzgada.
25 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
Demandante: Fondo Pensional - Universidad Nacional
22. Aclarado lo anterior, se tiene que Blanca Aurora Rodríguez de Rojas solicitó ante
el Fondo Pensional de la Universidad Nacional el reconocimiento de la pensión de
vejez en aplicación de la Ley 33 de 1985, petición que fue negada con fundamento
en que no había acreditado los requisitos para acceder a la prestación.
Posteriormente, reiteró la solicitud, y en esa oportunidad, el fondo la negó al
considerar que debería estudiarse el reconocimiento con base en la Ley 71 de
1988, esto es, con la acumulación de tiempo de servicio en el sector público y
privado, si no fuera porque la interesada había tramitado la indemnización
sustitutiva de la pensión ante el ISS, generándose con ello la incompatibilidad entre
ambas prestaciones.
23. Luego, de haberse corregido la historia laboral de la interesada, con la cual se
acreditó el cumplimiento de los 20 años de servicios públicos, reiteró ante el fondo
el reconocimiento pensional; sin embargo, este fue negado, pues, a juicio de la
entidad, la incompatibilidad persistía. Solo con la revocatoria directa del acto de
reconocimiento de la indemnización sustitutiva por parte de Colpensiones, el fondo
universitario reconoció que aquella tenía derecho a la pensión y que, si bien había
cumplido los requisitos el 25 de marzo de 2009, la obligación a su cargo surgió a
partir de la revocatoria (21 de julio de 2016).
24. En consecuencia, aplicó la prescripción trienal a las mesadas causadas a los 3
años previos a la revocatoria, es decir, consideró prescritas las causadas antes del
21 de julio de 2013. En ese contexto, la controversia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se centró en el pago del retroactivo pensional al cual
se le había aplicado la prescripción trienal.
25. Efectuado el anterior recuento, se advierte que los argumentos del recurrente se
dirigen a cuestionar las decisiones proferidas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho según las cuales no se aplicó la prescripción respecto
del retroactivo pensional al que tenía derecho Blanca Aurora Rodríguez de Rojas.
A juicio de este, la prescripción debió contarse desde la primera solicitud pensional,
es decir, desde el 11 de marzo de 2009, pero la entonces demandante solo
presentó la demanda en el año 2019, esto es 10 años después, cuando ya habían
prescrito varias de sus mesadas y, con tal omisión, se incrementó indebidamente
la cuantía reconocida, afectando el erario y el sistema pensional.
26. En otras palabras, la falta de aplicación del término de prescripción respecto del
pago del retroactivo pensional, permitió que se reconocieran sumas por fuera del
término legal, lo que generó un pago mayor al debido.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
Demandante: Fondo Pensional - Universidad Nacional
26
27. Para esta Sala es preciso indicar que, la jurisprudencia de la corporación ha
diferenciado entre la causación del derecho a la pensión de vejez y el disfrute de
esta, cuando señaló que la primera ocurre «[…] desde el momento mismo en que
el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y cotizaciones exigidos
normativamente o tiempo de servicio según sea el caso»; a diferencia de la
segunda, en donde «[…] el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez
causada, están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre
y cuando haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez o la desvinculación
del servicio activo».
28. En el caso en concreto, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional reconoció
el disfrute de la pensión a partir del 21 de julio de 2013, al contabilizar 3 años hacia
a tras desde cuando, a su juicio, se hizo exigible la obligación, esto es, desde el 21
de julio de 2016, fecha en la que Colpensiones expidió el acto administrativo
mediante el cual revocó a la ahora demandada una indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez por aportes efectuados en el sector privado, al considerar que
desde entonces cesó la incompatibilidad entre tal indemnización y la pensión de
vejez.
29. En el proceso ordinario, a partir de las pretensiones de la demanda, la
contestación y las decisiones de instancia, la controversia se centró, entre otras, en
determinar la fecha a partir de la cual se debía comenzar a pagar la pensión y, por
ende, el retroactivo pensional, asunto sujeto al fenómeno de prescripción. En ese
marco, el tribunal concluyó que debía ser desde el momento en que Blanca Aurora
Rodríguez de Rojas cumplió los requisitos para acceder a la pensión en el año
2009, pues la alegada incompatibilidad en el fondo no lo eximía de examinar el
cumplimiento de estos, sin perjuicio de descontar lo pagado por concepto de
indemnización sustitutiva.
30. Aunque la jurisprudencia ha reiterado la imprescriptibilidad del derecho
pensional, también ha admitido la prescripción de las mesadas exigibles y no
cobradas dentro del término. Bajo esas condiciones, el tribunal adujo que la
demandada había acudido en oportunidad a reclamar su derecho a la pensión lo
que había dado lugar al pago del retroactivo pensional.
31. En esa medida, aunque el retroactivo pensional surge de la prestación periódica,
el debate aquí no versa propiamente sobre esta, pues no se cuestiona el
emolumento que habitualmente percibe la beneficiaria, sino del periodo a tener en
cuenta para determinar el retroactivo pensional que, con su pago, agota o culmina
26 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 24 de enero de 2019
proferida dentro del proceso con rad. 11001-03-25-000-2015-00817-00(2988-15). En igual sentido,
sentencia del 26 de agosto de 2021, rad. 05001-23-33-000-2016-02299-01(2877-20).
18
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
Demandante: Fondo Pensional - Universidad Nacional
el derecho respecto de esa acreencia causada27. En otras palabras, aunque el
retroactivo proviene de una prestación periódica, una vez liquidado y reconocido,
se concreta en una obligación única, distinta de las mesadas futuras que mantienen
su periodicidad.
32. Bajo ese entendido, tanto en la primera como en la segunda instancia del
proceso ordinario se debatió y decidió lo relativo al retroactivo, por lo que la acción
de revisión no puede convertirse en una tercera instancia para reabrir una
controversia ya resuelta. Maxime, cuando, revisado el expediente del proceso
ordinario, se advierte que la discusión giró, precisamente, en torno a este aspecto.
33. Además, tal y como se advierte del marco normativo, la acción de revisión tiene
una finalidad especifica y es permitir a las entidades legitimadas controvertir
sentencias ejecutoriadas que hayan reconocido prestaciones periódicas en cuantía
superior a la legalmente prevista. No está concebida para replantear debates
jurídicos ya agotados ni para controvertir valoraciones efectuadas en el proceso
ordinario, menos aun cuando lo discutido es el retroactivo pensional que, se insiste,
no reviste la naturaleza de prestación periódica en los términos que habilitan esta
acción excepcional, razón por la cual se declarará infundada la acción especial de
revisión solicitada bajo la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
2.4. Costas
34. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
35. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal del literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de
Pensiones de la Universidad Nacional presentó contra la sentencia del 5 de octubre
27 Sobre el particular consultar Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de octubre de
2017 radicado: 11001-03-15-000-2017-00885-01.
19
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00049-00 (0772-2024)
Demandante: Fondo Pensional - Universidad Nacional
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
20
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