RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2024-00147-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00147-00

Fecha
11 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00147-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP contra la sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, que revocó la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) emitida por el Juzgado Tercero Administrativo de Yopal, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la acción especial de revisión. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00147-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Demandado: Laureano Rodríguez Alarcón

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Ingreso base de liquidación de beneficiario del
régimen de transición. DECLARA INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión que interpuso1 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) en contra la sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés
(2023) proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare2, para lo cual invocó la
causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que el señor Laureano Rodríguez Alarcón nació el 4 de julio de 1948 y prestó
sus servicios en la Rama Judicial entre el 1.° de octubre de 1996 y el 10 de
noviembre de 1996, entre el 1.° de junio de 1967 y el 14 de octubre de 1979 y entre
el 15 de octubre de 1979 y el 30 de septiembre de 1987. Para la Gobernación de
Casanare entre el 13 de noviembre de 1990 y el 4 de julio de 1991 y entre el 4 de
enero de 1995 y el 16 de mayo de 1996 y; en la Contraloría departamental del
Casanare entre el 6 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007.

2. Que por medio de la Resolución 00213 del 9 de enero de 2007, la Caja Nacional
de Previsión Social (CAJANAL) le reconoció una pensión de jubilación con el 75%
del promedio de lo devengado en 2 años, 1 mes y 10 días, en la suma de
$4.141.215, efectiva a partir del 1.° de julio de 2005, incluyendo como factor
únicamente la asignación básica, condicionada al retiro definitivo del servicio;
decisión que fue confirmada por medio de la Resolución RDP 890 del 15 de enero
de 2018.

1 La presentación de la acción se efectuó el 3 de abril de 2024, de acuerdo con la anotación efectuada por la

Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 0003 de SAMAI.
2 Decisión que revocó la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por el Juzgado Tercero Administrativo de

Yopal que negó las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
el señor Laureano Rodríguez Alarcón.

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

3. La UGPP por medio de las Resoluciones UGM 042089 del 10 de abril de 2012 y
RDP 17494 del 5 de mayo de 2015 negó la reliquidación de la pensión por retiro
definitivo del servicio con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año, lo cual fue confirmado con la Resolución RDP 030692 del 27 de
julio de 2015.

4. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
los anteriores actos administrativos con el fin de que su pensión fuera ajustada por
retiro definitivo del servicio y además fuera reliquidada con el 75% de la totalidad de
los factores salariales devengados en el último año de servicio.

5. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, en sentencia del 30 de
junio de 2022 negó las pretensiones; decisión que fue revocada por el Tribunal
Administrativo del Casanare, quien ordenó la reliquidación de la pensión.

6. En cumplimiento de dicha orden la UGPP, expidió la Resolución RDP 024977 del
11 de octubre de 2023, en la cual reliquidó la pensión en $4.954.691 desde 1.º de
enero de 2008, con efectos fiscales a partir del 20 de enero de 2012, por
prescripción trienal.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

7. En providencia del 29 de junio de 20233, el Tribunal Administrativo del Casanare
revocó la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, ordenó la reliquidación de la pensión por retiro definitivo
del servicio y dispuso que el ingreso base de liquidación se determinara con el 75%
de los factores salariales que sirvieron de base para los aportes durante el último
año de servicio, comprendido entre el 1.º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de
2007, esto es, aquellos previstos en la Ley 62 de 1985.

8. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:

9. En relación con la reliquidación por retiro definitivo del servicio, señaló que en la
Resolución 213 del 9 de enero de 2007, mediante la cual se liquidó inicialmente la
mesada pensional, únicamente se tuvieron en cuenta los tiempos laborados hasta
el 30 de junio de 2005, dejando su cuantía condicionada a la fecha del retiro
definitivo, ocurrida el 31 de diciembre de 2007. En ese sentido, al haberse
acreditado que el interesado continuó efectuando aportes hasta dicha fecha,
concluyó que tenía derecho a la reliquidación de su prestación con fundamento en
las cotizaciones realizadas hasta el momento de su desvinculación. No obstante,
advirtió que la entidad omitió pronunciarse de manera expresa sobre esta solicitud,
pues se limitó a analizar la pretensión de reliquidación con el 75% de los factores
devengados en el último año de servicio, la cual resulta jurídicamente distinta.

10. Consideró que la negativa de la UGPP a reajustar la pensión con ocasión del
retiro definitivo del servicio era contraria a derecho, en la medida en que se sustentó

3 Véase archivo digital «17RECIBE MEMORIAL_25632024RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 15», Carpeta 001

Cuaderno Principal, archivo «064DesiciónSegundaInstancia.pdf». Págs. 4-27 del índice 00015 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

en la ausencia del acto administrativo de retiro y del certificado de factores salariales
de los últimos 10 años, pese a que la reliquidación había sido solicitada desde el
año 2015, cuando la mesada ya se venía pagando y la entidad conocía la fecha
exacta del retiro. Por ello, estimó que tales exigencias resultaban innecesarias y, en
consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión con base en los aportes
efectuados hasta la fecha de retiro definitivo.

11. En cuanto a la reliquidación por la condición de beneficiario del régimen de
transición, precisó que el demandante no solo se encontraba amparado por el
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, sino que además cumplía los
requisitos establecidos en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, pues
al momento de la entrada en vigencia de dicha norma acreditaba más de 15 años
de servicio, superando así el umbral exigido. En consecuencia, indicó que, al
momento de efectuar la liquidación pensional, debía tenerse en cuenta la edad de
55 años y aplicarse lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, conforme a la cual la pensión
debe reconocerse en una cuantía equivalente al 75 % del promedio de lo devengado
en el último año de servicios, incluyendo los factores salariales sobre los cuales se
realizaron aportes, señalados en el artículo 3.º de dicha ley, modificado por el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.

12. Hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular a las
sentencias del 28 de octubre de 2021 (exp. 25000-23-42-000-2015-02609-01 [6240-
2019]), del 25 de junio de 2020 (exp. 25000-23-42-000-2015-04086-01 [6033-2018])
y del 26 de agosto de 2021 (exp. 25000-23-42-000-2015-06404-01 [1533-2020]), en
las cuales se precisó que el régimen de transición aplicable a los servidores que se
encontraban en el supuesto del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985,
protegió el requisito de la edad para acceder a la pensión, pero delimitó el régimen
de liquidación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley
62 de 1985. En dichas providencias se indicó que la pensión debe reconocerse en
una cuantía equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio, integrado exclusivamente por los factores
salariales expresamente previstos en esa normativa.

13. Señaló que en el acto de reconocimiento pensional la entidad determinó el IBL
con fundamento en el promedio de lo devengado entre el 4 de enero de 1995 y el
30 de junio de 2005, incluyendo únicamente la asignación básica como factor
salarial y con apoyo en lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994. A juicio del
Tribunal, dicho proceder resultó contrario a derecho, en tanto la liquidación debió
efectuarse con base en los factores salariales previstos en la Ley 62 de 1985,
devengados durante el último año de servicio, lo que implicaba la inclusión, además
de lo ya reconocido, de los gastos de representación y de una doceava parte de la
bonificación por servicios prestados.

14. Condenó a la UGPP al pago de las diferencias pensionales resultantes entre los
valores efectivamente reconocidos y aquellos que debían reconocerse, en los
términos del artículo 187 del CPACA y declaró prescritas las mesadas causadas
con anterioridad al 20 de enero de 2012 al haberse solicitado la reliquidación de la
prestación el 20 de enero de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

15. La UGPP interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

16. Que el señor Laureano Rodríguez Alarcón al estar cobijado por el régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto entendido este último como la tasa de reemplazo, previstas por la Ley 33 de
1985. Que, no obstante, el IBL se encuentra regulado en el artículo 21 y el inciso 3.º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

17. Consideró que la inclusión de todos los factores devengados en el último año
desconoce el precedente fijado por la Corte Constitucional4 y la Sentencia de
Unificación proferida por esta Corporación el 28 de agosto de 2018, en relación con
la interpretación que debe otorgarse al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según la
cual el IBL no constituye un elemento del régimen de transición, criterio de
obligatorio acatamiento.

18. Sostuvo que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional
deben seguir la lista taxativa de los conceptos considerados como factores
salariales en el Decreto 1158 de 1994 en concordancia con la Ley 33 de 1985 y no
el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, como asumió el Tribunal.

19. Afirmó que al apartarse el juez de instancia de la interpretación de la Corte
Constitucional y del tenor literal de la norma vigente – artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993–, respecto a la aplicación del IBL para los beneficiarios del régimen de
transición, otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales,
lesionando gravemente el erario, pues le corresponde a la Nación asumir los
recursos para cubrir una prestación, los que son indispensables para la financiación
del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

Contestación a la acción de revisión

20. La parte demandada5 se opuso a las pretensiones al considerar que la
sentencia de segunda instancia fue proferida de conformidad con los elementos
probatorios aportados, las normas aplicables al caso y la jurisprudencia vigente para
el momento del fallo.

21. Señaló que en el recurso de apelación que se interpuso en contra de la
sentencia de primera instancia, se realizó un análisis a profundidad sobre la
inaplicabilidad de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, al estimarse
aplicable el régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, con fundamento
principal en el principio de favorabilidad.

4
Citó las Sentencias, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
5 La parte demandada radicó memorial el 3 de febrero de 2025. Véase índice 00039 de SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

Concepto del Ministerio Público

22. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó6 que
la acción especial de revisión, por su carácter extraordinario, no puede fungir como
una tercera instancia para reabrir debates probatorios o de fondo, por lo que las
pretensiones deben dirigirse exclusivamente a demostrar la configuración de la
causal invocada.

23. Expresó que no existe discusión respecto de que el accionado es beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por
la cual el régimen aplicable para el reconocimiento de su pensión es el consagrado
en las Leyes 33 y 62 de 1985, que establecen una tasa de reemplazo del 75 %
sobre el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio, y no sobre el promedio de los 10 años, como lo plantea la UGPP.

24. En apoyo de esta conclusión, citó la sentencia del 24 de noviembre de 2016 de
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (exp. 11001-03-25-
000-2013-01341-00), en la que se reiteró que la pensión de los beneficiarios del
régimen de transición debe liquidarse conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.

25. Finalmente, consideró que ambas instancias judiciales se pronunciaron sobre
la reliquidación de una pensión ya reconocida en 2007, sin que dicha decisión
excediera la cuantía legal, por lo que concluyó que no se configura la causal de
revisión alegada y que la sentencia cuestionada debe permanecer incólume.

26. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

27. La Subsección deberá analizar si, en la sentencia del Tribunal Administrativo
del Casanare del 29 de junio de 2023, se configura la causal de revisión alegada
por la entidad demandante. En particular, si la orden de reliquidación de la pensión
de jubilación del señor Laureano Rodríguez Alarcón, que incluyó el 75% de todos
los factores salariales del último año de servicio, excedió la cuantía prevista por la
ley.

28. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

29. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031 habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones7 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al

6 Véase índice 00011 de SAMAI.

7 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.

30. Así, el legislador creó este mecanismo extraordinario para las condenas
emitidas exclusivamente por sumas periódicas o pensiones o los emolumentos que
se le asemejen, dada la afectación sustancial que con éstas se genera en las
finanzas públicas en el caso de ser ordenadas desconociendo la normatividad y
jurisprudencia aplicable, lo cual excluye otros conceptos, así sean conexos al
derecho pensional.

31. Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de
revisión tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada.

32. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha
sido considerada como un mecanismo especial8 por al menos tres razones: la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción, su finalidad y las
causales para su procedencia.

33. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social9, así como el principio de
universalidad que lo inspira10 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

34. La Ley 797 de 2003 consagró dos causales de revisión, a saber: i) la prevista
en el literal a), que se configura cuando se acredita la violación del debido proceso
en el reconocimiento pensional, y ii) la establecida en el literal b), según la cual
procede la revisión cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, el pacto o la convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

8 Para tales efectos esta Corporación en providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-

00561-00 (2129-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción
especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario
cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con
el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
9 Esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones

y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)». Ibidem.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia

del 1.° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

35. En este sentido, este mecanismo extraordinario se instituyó no solo como un
instrumento orientado a la lucha contra la corrupción, sino también como una
herramienta destinada a salvaguardar el interés general, al detener o armonizar con
la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso, bien sea por error, ignorancia
o desconocimiento del funcionario judicial o administrativo de las disposiciones
reguladoras de la pensión, o ya sea por adoptarse una interpretación indefendible
o desconectada de la jurisprudencia consolidada de los máximos tribunales de
cierre.

36. En lo que atañe al control de las decisiones judiciales mediante las cuales se
reconoce o reliquida una pensión con fundamento en el ingreso base de liquidación
correspondiente al último año de servicios, a favor de servidores públicos cobijados
por regímenes especiales anteriores a la Ley 100 de 1993 y beneficiarios del
régimen de transición, esta Corporación ha examinado tales providencias a la luz
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la
medida en que se cuestiona que el beneficio otorgado resulte desproporcionado
frente a lo que jurídicamente correspondía.

37. En estos eventos, la controversia se centra en la interpretación normativa
asumida por las autoridades judiciales respecto del cálculo del ingreso base de
liquidación, materia en la cual han coexistido, en distintos momentos, diversas
líneas jurisprudenciales. Por ello, la determinación de un eventual exceso en las
sumas reconocidas o pagadas exige valorar si la cuantía reconocida deriva de una
lectura jurídica razonable y aceptada al momento del fallo.

Justicia rogada dentro de la acción especial de revisión

38. Esta Corporación ha sido enfática en establecer que no es suficiente una
censura de carácter general acerca del contenido del proceso para estructurar
alguna de las causales de revisión extraordinaria, sino que «[…] como esta figura
procesal está limitada a las causales previstas por el legislador […] quien las invoque tiene
la carga argumentativa y probatoria de explicar cuáles son los motivos que la soportan y,
especialmente, los hechos que sirven de fundamento para su configuración»11.

39. Al igual como sucede en el estudio de las causales del recurso extraordinario de
revisión, los motivos para pretender que se infirme la sentencia que ha reconocido
el derecho a una prestación periódica a cargo del tesoro de la Nación, «[…] son de
análisis restringido y riguroso frente a los cargos endilgados, pues tampoco le está
permitido al juzgador aproximarse a una causal que no fue planteada en la demanda
o efectuar una revisión integral del fallo, pues su naturaleza no es de ser una tercera
instancia»12.
40. De tal manera, por el carácter excepcional y rogado que identifica la acción de
revisión, se exige del demandante la carga de demostrar la configuración clara e

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00. C.P. Alberto Montaña Plata.
12 Consejo de Estado, Sentencia 24 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2017-00296-00 (1449-2017).

C.P. César Palomino Cortés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

indiscutible de la causal o causales alegadas. Así se han precisado los alcances de
este mecanismo:

«Ciertamente el carácter eminentemente rogado de la jurisdicción contenciosa
administrativa impide examinar pretensiones a la luz de disposiciones diferentes
a las invocadas en la demanda, es decir, que sus providencias se circunscriben
solo a lo que allí se ha planteado, por el libelo demandatorio un marco de
referencia necesario para que el operado jurídico emita su pronunciamiento
judicial»13

41. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

38. En cuanto a la causal invocada, la Sala observa que los argumentos de la acción
están orientados a demostrar la presunta afectación al patrimonio público derivada
de la orden judicial de reliquidación pensional del señor Laureano Rodríguez Alarcón,
con base en el 75% de lo percibido en el último año de servicios.

39. Aunque la UGPP no establece expresamente la diferencia monetaria existente
entre el monto sobre el cual fue reconocida la prestación periódica y aquel sobre el
que debió haber sido liquidada, del contenido de los hechos quinto14 y
decimoséptimo15 de la demanda puede inferirse en qué consiste dicha afectación.
En efecto, al comparar el valor de la mesada inicial con el resultado de la
reliquidación ordenada judicialmente, se evidencia un incremento aproximado del
19.64%, lo cual permite considerar cumplido el requisito de exposición razonada de
la causal alegada, habilitando así el análisis por parte de esta Corporación.

40. El reproche de la UGPP se dirige a cuestionar que el Tribunal hubiera aplicado
el régimen de transición de la Ley 33 de 1985 en lo relativo al monto y a la base de
liquidación, en lugar de sujetarse al IBL previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993 y a los factores taxativamente enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

41. De tal forma, para la Sala es claro que la entidad recurrente estructuró su
censura sobre un supuesto normativo distinto del que realmente sirvió de
fundamento a la decisión cuestionada. En efecto, edificó su inconformidad en torno
a la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de
1994, pero pasó por alto que el Tribunal sustentó su razonamiento en el régimen de
transición consagrado en el inciso primero del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley
33 de 1985, respecto del cual no formuló reparo alguno concreto.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del

27 de octubre de 2011. Exp. 02270-05. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
14 «Mediante la Resolución No. 00213 de 9 de enero de 2007, la liquidada CAJANAL, reconoció una pensión

de jubilación al señor LAUREANO RODRÍGUEZALARCÓN, equivalente al 75% del promedio mensual de los
sueldos devengados en el periodo de 2 años, 1 mes, 10 días, en cuantía de $4.141.215,29 pesos, efectiva a
partir del 1 de julio de 2005, incluyendo como factores salariales asignación básica.» (negrillas para enfatizar).
15 «La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección

Social – UGPP, mediante la Resolución RDP 024977 de 11 de octubre de 2023, dio cumplimiento al fallo
proferido por el Tribunal y por lo tanto procedió a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor del
beneficiario, elevando la cuantía a $ 4.954.691 pesos, efectiva a partir del 1 de enero de 2008, con efectos
fiscales a partir del 20 de enero de 2012, por prescripción trienal.» (negrillas de la Sala).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

42. En relación con el contenido y la forma en la que deben presentarse las
demandas en sede de revisión, esta Corporación ha considerado en varios de sus
pronunciamientos que:

«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente
deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda
el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas
o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia
recurrida, así como de la intención de corregir errores u omisiones de la
propia parte, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA y
a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo»16. (Resaltado para enfatizar).

43. En ese contexto, al no haberse cuestionado de manera directa y precisa el
sustento jurídico que apoyó la decisión del Tribunal, no resulta posible adelantar el
estudio pretendido, por cuanto ello implicaría exceder la delimitación fijada por la
propia entidad al formular la causal de revisión.
44. Para la Sala debe existir una relación directa y coherente entre los argumentos
que estructuran el recurso, la causal invocada y el aspecto específico de la
sentencia que se controvierte, pues solo de esa manera es posible verificar si el
supuesto excepcional alegado realmente se configura. De lo contrario, el recurso
carecería de objeto, en la medida en que no se dirigiría de manera concreta contra
los fundamentos que sustentan la decisión cuya invalidez se pretende.
45. Por estas razones, la Sala declarará infundada la acción al no encontrarse
satisfechos los términos estrictos y excepcionales que gobiernan la procedencia de
este mecanismo.

Condena en costas

46. Dado que esta Sección17 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales

16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de febrero de 2019. Exp: 11001-03-15-000-2018-01884-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 1º de agosto de 2024. Exp:
11001-03-25-000-2020-00892-00 (2698-2020). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
17 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026 CO (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-25-000-2024-00147-00 (2563-2024)

detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se
abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la UGPP contra la sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare, que revocó la
sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) emitida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Yopal, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.