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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00175-00

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00175-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Cayetano Manuel González Montes, contra la sentencia de segunda instancia del 8 febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-33-007-2019-00128-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Cayetano Manuel González Montes en favor de la Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00175-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00175-00 (2780-2024)
Demandante: Cayetano Manuel González Montes
Demandada: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional)

Temas: Causales de revisión 1 y 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
Decisión: Se declara infundado el recurso extraordinario de revisión al no
acreditarse la configuración de las causales invocadas

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Cayetano
Manuel González Montes contra la sentencia del 8 febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. El señor Cayetano Manuel González Montes presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación (Ministerio
de Defensa, Policía Nacional), con el propósito de que se declare la nulidad del Acta del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía 18-1-789 del 31 de octubre de
2018, mediante la cual se ratificó la valoración efectuada por la Junta Médico Laboral
4819 respecto de su pérdida de capacidad laboral.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se reconocieran los índices
correspondientes a su afección cardiaca y se ordenara el pago de una indemnización por
disminución de la capacidad laboral, que estimó en $30.000.000, junto con la indexación,
los intereses y las costas del proceso.

3. Reseñó que ingresó a la Policía Nacional el 19 de julio de 1993 y que durante su
permanencia en el servicio presentó distintas afecciones de salud. Señaló que desde
1998 registraba antecedentes relacionados con hipertensión arterial y, posteriormente,
fue diagnosticado con diabetes y enfermedad coronaria de pequeños vasos.

4. Expuso que fue valorado en distintas oportunidades por las autoridades médico-
laborales. Destacó que mediante Junta Médico Laboral 4819 del 9 de mayo de 2018 se
tuvo en cuenta un concepto de cardiología en el que se diagnosticó hipertensión arterial,

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00175-00 (2780-2024).
Demandante: Cayetano Manuel González Montes

diabetes y enfermedad coronaria de pequeños vasos, y se indicó que se trataba de un
paciente de alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, la afección coronaria fue
considerada secundaria a la diabetes y a la hipertensión, razón por la cual no se le asignó
un índice autónomo de disminución de la capacidad laboral. Esta decisión fue ratificada
por el Tribunal Médico Laboral mediante el acta demandada, manteniendo una
disminución de la capacidad laboral total del 42,93%.

5. Adujo que la valoración médico-laboral no reflejó integralmente su estado de salud,
porque la enfermedad coronaria de pequeños vasos debía ser calificada de manera
independiente y recibir un índice propio de lesión. Por ello, sostuvo que el acto acusado
desconoció el debido proceso y se encontraba falsamente motivado, pues la falta de
valoración autónoma de esa patología incidió en el porcentaje de pérdida de capacidad
laboral y en el eventual reconocimiento de una indemnización.

6. La Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional), en representación del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se opuso a las pretensiones de
la demanda y sostuvo que el Acta 18-1-789 del 31 de octubre de 2018 fue expedida
conforme al procedimiento especial previsto para determinar, clasificar y evaluar la
capacidad psicofísica de los miembros de la Fuerza Pública.

7. Explicó que las juntas médico-laborales y el Tribunal Médico Laboral son las
autoridades legalmente competentes para definir el estado de salud, el porcentaje de
disminución de la capacidad laboral y la imputabilidad de las lesiones o enfermedades,
decisiones que constituyen actos administrativos autónomos y definitivos de los cuales
pueden derivarse posteriores efectos prestacionales.

8. Advirtió que el Acta 18-1-789 determinó una disminución de la capacidad laboral
del 42,93 % y calificó las afecciones del demandante como de origen común. Por ello,
sostuvo que no existía fundamento para reconocer la indemnización reclamada por el
actor y que el acto acusado conservaba su presunción de legalidad pues no se había
demostrado ningún vicio que permitiera desvirtuarla. En ese sentido, propuso las
excepciones de presunción de legalidad del acto acusado, cobro de lo no debido, buena
fe y prescripción.

9. Además, formuló la excepción de indebida presentación de la demanda por falta
de agotamiento del requisito de procedibilidad. Indicó que, aunque el demandante
promovió conciliación extrajudicial antes de acudir a la jurisdicción, no convocó al Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, pese a que esta fue la autoridad que
expidió el acto cuya nulidad se pretendía. En su criterio, esa omisión impedía tener por
satisfecho el requisito previsto para acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por ello, solicitó declarar terminada la actuación respecto
de esa entidad

10. La Policía Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda. Aunque
admitió que el señor Cayetano Manuel González Montes ingresó a la institución el 19 de
julio de 1993 y que su última unidad laboral fue el Departamento de Policía de Sucre,
controvirtió que estuviera acreditado que padecía una patología cardiaca desde 1998.
Señaló que el documento aportado para demostrar esa circunstancia era ilegible, no

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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

identificaba al paciente ni al médico tratante y tampoco permitía establecer la entidad que
lo expidió, por lo que solicitó que no se le otorgara valor probatorio.

11. Asimismo, sostuvo que las afecciones cuestionadas por el demandante sí habían
sido objeto de valoración por las autoridades médico-laborales. Indicó que el Tribunal
Médico Laboral, mediante actuación del 30 de noviembre de 2017, examinó nuevamente
las patologías frente a las cuales el actor manifestó inconformidad y ratificó los índices
asignados y su imputabilidad como de origen común, no relacionada con el servicio.
Agregó que en la Junta Médico Laboral 4819 del 9 de mayo de 2018 se valoró el concepto
de cardiología y se concluyó que el actor presentaba enfermedad coronaria de pequeños
vasos secundaria a diabetes mellitus e hipertensión.

12. Finalmente, propuso la excepción de indebida representación al considerar que el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía era la autoridad que había
expedido el acto acusado y que la Policía Nacional únicamente debía ejecutar las
decisiones adoptadas por dicho organismo, por lo que no le correspondía asumir su
defensa judicial.

Decisión sobre las excepciones

13. Mediante auto del 9 de septiembre de 2021, el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito de Sincelejo declaró probada la excepción previa de inepta demanda
respecto del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por falta de
agotamiento de la conciliación prejudicial, y dispuso su desvinculación del proceso.

Sentencia de primera Instancia

14. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante sentencia
anticipada del 30 de junio de 2022, se inhibió para decidir de fondo la controversia. Como
fundamento de su decisión recordó que, mediante auto del 9 de septiembre de 2021,
había declarado probada la excepción previa de inepta demanda propuesta por el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por falta de agotamiento de la
conciliación prejudicial frente a esa autoridad y, en consecuencia, había dispuesto su
desvinculación del proceso.

15. A partir de esa circunstancia, el juzgado consideró que la autoridad que expidió el
acto administrativo acusado había quedado por fuera del litigio y que el contradictorio
subsistía únicamente entre el demandante y la Nación (Ministerio de Defensa, Policía
Nacional).

16. Señaló, además, que las pretensiones de restablecimiento estaban dirigidas al
reconocimiento y pago de una indemnización por disminución de la capacidad laboral,
pero que el actor no había acreditado haber formulado previamente ante la Policía
Nacional una solicitud encaminada al reconocimiento de esa prestación. En
consecuencia, concluyó que no existía dentro del proceso un acto administrativo
susceptible de control judicial respecto de las pretensiones indemnizatorias y que el
medio de control carecía de objeto, razón por la cual profirió sentencia inhibitoria.

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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

Recurso de apelación

17. El demandante interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia
argumentando que el juzgado había anunciado previamente que dictaría sentencia
anticipada porque no era necesaria la práctica de pruebas adicionales y había fijado el
litigio en determinar si tenía derecho a la indemnización prevista en el artículo 24 del
Decreto 1796 de 2000, lo cual, en su criterio, mostraba que estaban dadas las
condiciones para resolver de fondo. Por ello, cuestionó que posteriormente se hubiera
proferido, de manera sorpresiva, una decisión inhibitoria.

18. Agregó que, si el despacho consideraba que existía falta de legitimación en la
causa o cualquier circunstancia que impidiera un pronunciamiento de fondo, debió
tramitarla conforme a las reglas de la sentencia anticipada previstas para esos eventos.
Afirmó que la decisión vulneró sus derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial pues impidió resolver la
controversia planteada en la demanda.

19. En cuanto al fondo, reiteró que el Acta 18-1-789 del 31 de octubre de 2018 estaba
viciada de nulidad porque no asignó un índice autónomo a la enfermedad coronaria de
pequeños vasos.

20. Señaló que el concepto de cardiología del 18 de mayo de 2017 había
diagnosticado hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria de pequeños vasos,
además de calificarlo como paciente de alto riesgo cardiovascular con posibilidad de
muerte súbita. Pese a ello, la Junta Médico Laboral 4819 y posteriormente el Tribunal
Médico Laboral consideraron la enfermedad coronaria como secundaria a la diabetes
mellitus y a la hipertensión, mantuvieron en 42,93% la disminución de la capacidad laboral
y no le asignaron un índice adicional. Por ello, solicitó que se declarara la nulidad del acto
acusado, se ordenara valorar y calificar autónomamente dicha afección y, como
consecuencia, se reconociera la indemnización correspondiente.

Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

21. El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 8 de febrero de 2023
revocó la sentencia de primera instancia. Como primer problema jurídico analizó si era
procedente el fallo inhibitorio y concluyó que existían los presupuestos para dictar una
decisión de fondo. Explicó que el Ministerio de Defensa había intervenido desde la
admisión de la demanda en defensa de los actos médico-laborales y no había
cuestionado la representación del Tribunal Médico Laboral, sino únicamente la falta de
conciliación prejudicial.

22. El Tribunal verificó que el demandante había presentado solicitud de conciliación
extrajudicial el 27 de febrero de 2019 contra la Nación (Ministerio de Defensa, Policía
Nacional). Consideró que esa era la entidad sobre la cual recaerían las consecuencias
económicas de una eventual declaratoria de nulidad ya que era la competente para
reconocer y pagar las prestaciones derivadas de la pérdida de capacidad laboral de quien
estuvo vinculado a esa institución. Por ello, concluyó que en el proceso concurrían tanto

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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

la legitimación en la causa por pasiva como el cumplimiento del requisito de procedibilidad
y que, en consecuencia, no había lugar a una sentencia inhibitoria.

23. En cuanto a la decisión de la Junta Médico Laboral 4819 del 9 de mayo de 2018,
determinó que se incorporó el concepto de cardiología del 18 de mayo de 2017 que
diagnosticó hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria de pequeños vasos.
No obstante, observó que dicha afección coronaria fue calificada como secundaria a la
diabetes mellitus y a la hipertensión, que se mantuvo la condición de incapacidad
permanente parcial y no aptitud para el servicio y que no se asignó un porcentaje
adicional de disminución de la capacidad laboral, conservándose el total del 42,93%.
Asimismo, constató que el Tribunal Médico Laboral, mediante el Acta 18-1-789, ratificó
íntegramente esa valoración.

24. A partir del examen de esas actuaciones, el Tribunal concluyó que no se había
demostrado que las autoridades médico-laborales hubieran omitido valorar la afección
cardiaca ni que el acto acusado estuviera falsamente motivado. Consideró que la
enfermedad coronaria sí había sido examinada, aunque como secundaria a otras
patologías, y que la discrepancia del actor recaía en la forma en que fue clasificada y en
la ausencia de un índice autónomo. En consecuencia, revocó la sentencia inhibitoria y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Demanda del recurso extraordinario de revisión 1

25. El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del
8 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, con fundamento
en las causales previstas en los numerales 1 2 y 53 del artículo 250 del CPACA.

26. Respecto de la causal 1, manifestó que al proferirse la sentencia objeto de revisión
no se tuvo en cuenta un control de legalidad realizado por Medicina Laboral de la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en el que, según afirmó, se requirió la
valoración del actor por cardiología. Para el recurrente, dicho documento resultaba
relevante para demostrar que su afección cardiaca debía ser objeto de valoración dentro
del trámite médico-laboral y que, pese a ello, esa circunstancia no fue considerada al
resolver la controversia.

27. A partir de lo anterior, insistió en que el Acta del Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía 18-1-789 del 31 de octubre de 2018 estaba viciada de nulidad
en razón a que no se habría valorado de manera adecuada su enfermedad cardiaca ni
asignado el índice lesional correspondiente, circunstancia que, en su criterio, incidió
directamente en el porcentaje de disminución de la capacidad laboral y en la
indemnización reclamada.

28. En relación con la causal 5 del artículo 250 del CPACA, sostuvo que la sentencia
incurrió en una nulidad originada en la propia providencia por desconocimiento del

1 Radicada el 10 de mayo del 2024.
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«Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.»
3 «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.»

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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

principio de non reformatio in pejus. Explicó que fue apelante único de la sentencia
inhibitoria del 30 de junio de 2022 y que su recurso estuvo dirigido a que se revocara esa
decisión alegando que el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo había vulnerado
sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia del
derecho sustancial.

29. Indicó que el Tribunal acogió su inconformidad frente al fallo inhibitorio dado que
concluyó que se encontraban satisfechos la legitimación en la causa por pasiva y el
requisito de procedibilidad y, por tanto, que existían los presupuestos para adoptar una
decisión de fondo. Sin embargo, cuestionó que, en lugar de devolver el expediente al
juzgado para que profiriera la correspondiente sentencia de primera instancia, el Tribunal
hubiera asumido directamente el estudio de la controversia y negara las pretensiones de
la demanda.

30. A juicio del recurrente, esa actuación agravó su situación como apelante único
porque el fallo de primera instancia se había limitado a inhibirse de resolver el litigio,
mientras que la sentencia de segunda instancia definió desfavorablemente el fondo de
sus pretensiones. Sostuvo que con ello se le privó de la posibilidad de controvertir
mediante apelación una decisión adversa de fondo y, por esa vía, se desconocieron la
doble instancia, el derecho de defensa y la prohibición de reforma en peor. Reiteró que,
una vez revocada la sentencia inhibitoria, el Tribunal debía devolver el expediente al
juzgado para que este corrigiera las irregularidades advertidas y decidiera la controversia

31. En consecuencia, solicitó que se revisara la sentencia del 8 de febrero de 2023 y
se ordenara rehacer la actuación, con el propósito de garantizar el principio de doble
instancia y que se profiriera la decisión que en derecho correspondiera

Contestación del recurso

32. La entidad demandada se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de
revisión y solicitó que se declarara infundado. Sostuvo que el recurrente pretende utilizar
este mecanismo como una tercera instancia para controvertir nuevamente la valoración
probatoria y las conclusiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Sucre en la
sentencia del 8 de febrero de 2023.

33. En relación con la causal 1 del artículo 250 del CPACA, advirtió que el recurrente
no identificó ni aportó un documento que pudiera calificarse como recobrado después de
la sentencia. Recordó que esta causal exige que se trate de un documento preexistente,
decisivo, encontrado con posterioridad al fallo y que no hubiera podido aportarse
oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria. Según la
Policía Nacional, ninguno de esos presupuestos fue demostrado.

34. Manifestó que el recurrente no explicó cuál sería el documento decisivo, cuándo
fue encontrado o recuperado, por qué no estuvo a su alcance durante el proceso ordinario
ni de qué manera su contenido habría conducido necesariamente a una decisión distinta.
Por tanto, consideró que la invocación de la causal 1 carecía de sustento y que los
argumentos formulados correspondían, en realidad, a cuestionamientos sobre la

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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

valoración probatoria efectuada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

35. Indicó que el Tribunal Administrativo de Sucre efectuó una valoración integral del
material probatorio y concluyó que no existían elementos que permitieran desvirtuar la
legalidad del acto médico-laboral acusado.

36. Respecto de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, afirmó
que no se configuró una nulidad originada en la sentencia. Indicó que el Tribunal resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y que nunca
ordenó al Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo proferir una nueva decisión de
fondo, como lo sostiene el recurrente. Por el contrario, señaló que el ad quem revocó la
sentencia inhibitoria, asumió el estudio del litigio y negó las pretensiones de la demanda.

37. Asimismo, negó que se hubiera vulnerado el principio de non reformatio in pejus.
Explicó que el demandante ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y que dicho medio de impugnación fue resuelto por el Tribunal. Añadió que
contra la sentencia de segunda instancia no procedía un nuevo recurso de apelación y
que esta circunstancia no implicaba desconocimiento de la doble instancia, pues el
proceso había surtido las etapas procesales previstas en el CPACA. En su criterio, la
inconformidad del recurrente se limita al hecho de que la decisión de fondo también le
resultó desfavorable.

38. La entidad agregó que tampoco se vulneraron los derechos de defensa y
contradicción teniendo en cuenta que el actor actuó por conducto de apoderado judicial,
tuvo oportunidad de aportar y controvertir pruebas, presentó alegatos de conclusión y
posteriormente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Destacó, además, que el auto mediante el cual se anunció la expedición de sentencia
anticipada no fue recurrido, por lo que, a su juicio, no puede alegarse en sede de revisión
una irregularidad relacionada con etapas procesales que fueron conocidas y aceptadas
durante el trámite ordinario.

39. Por lo anterior, pidió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión y
condenar en costas al recurrente por considerar acreditada su causación con ocasión de
la intervención de la entidad en este trámite.

Concepto del Ministerio Público 4

40. El Ministerio Público solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de
revisión. Frente a la causal 1, consideró que los documentos invocados por el recurrente
no fueron encontrados ni recobrados con posterioridad a la sentencia ya que las actas
médico-laborales, los conceptos especializados y demás documentos clínicos obraban
en el expediente o estaban a disposición del actor durante el proceso ordinario. Tampoco
se acreditó una circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria
que hubiera impedido su aportación oportuna.

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Índice 48 de SAMAI del Consejo de Estado.
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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

41. Respecto de la causal 5, señaló que, una vez revocado el fallo inhibitorio, el
Tribunal Administrativo de Sucre podía resolver de fondo la controversia aun cuando la
decisión resultara desfavorable al apelante único sin que ello implicara vulneración de la
non reformatio in pejus, pretermisión de instancia o desconocimiento de la doble
instancia. Finalmente, indicó que tampoco se acreditó afectación del derecho de defensa
o contradicción por cuanto el recurrente tuvo oportunidad de aportar y controvertir
pruebas durante el proceso.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

42. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado5 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

43. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 8 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en las causales previstas en los
numerales 1 y 5 del artículo 250 del CPACA, de una parte, porque no se tuvo en cuenta
un documento relacionado con la valoración de su patología cardiaca y, de otra, en razón
a que el Tribunal vulneró la prohibición del principio de la non reformatio in pejus, la doble
instancia y el debido proceso al revocar la sentencia inhibitoria de primera instancia y
negar directamente las pretensiones de la demanda.

Análisis del problema jurídico

44. En el presente asunto, la Sala anuncia que declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión habida cuenta de que no se materializan las causales
invocadas, tal como se motivará en los párrafos siguientes.

45. El recurso extraordinario de revisión, regulado en el capítulo I del título VI del
CPACA, es un medio excepcional de impugnación que permite controvertir sentencias
ejecutoriadas cuando se presentan circunstancias extraordinarias que comprometen de
manera sustancial la justicia de la decisión. Su finalidad consiste en remediar vicios
graves y específicos que, por su naturaleza, justifican excepcionalmente la afectación de
la cosa juzgada.

46. Por consiguiente, este recurso no constituye una tercera instancia ni permite
reabrir el debate jurídico o probatorio resuelto en el proceso ordinario. Su procedencia se
circunscribe a las causales taxativamente previstas en el artículo 250 del CPACA, las
cuales deben interpretarse de manera restrictiva y sin extenderse a supuestos distintos
de los expresamente establecidos por el legislador.

5 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Cayetano Manuel González Montes

47. Asimismo, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos que
lo sustentan y la causal invocada. Por ello, el recurrente no puede emplearlo para
controvertir las consideraciones jurídicas o los juicios de valoración que sustentaron la
sentencia, ni para subsanar errores u omisiones en el ejercicio del derecho de
contradicción o en el empleo de los mecanismos ordinarios de defensa, pues ello
supondría convertirlo en una nueva instancia.

48. Con fundamento en estas consideraciones, la Sala analizará separadamente las
causales de revisión invocadas.

1. Análisis de la causal 1 del artículo 250 del CPACA: documento recobrado

49. El numeral 1 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión
haberse encontrado o recobrado, después de dictada la sentencia, documentos decisivos
con los cuales hubiera podido proferirse una decisión diferente y que el recurrente no
hubiera podido aportar al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

50. La configuración de esta causal exige la concurrencia de los siguientes
presupuestos: (i) que se trate de una prueba documental; (ii) que el documento haya sido
recobrado después de dictada la sentencia, lo que supone que existiera durante el
proceso ordinario y, a más tardar, antes del vencimiento de la última oportunidad
probatoria; (iii) que no hubiera podido aportarse oportunamente por fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la parte contraria; y (iv) que tenga carácter decisivo, esto es, que posea
la entidad suficiente para que, de haber sido valorado, se hubiera podido proferir una
decisión diferente. 6

51. Respecto del concepto de documento «recobrado», esta Corporación 7 ha
señalado lo siguiente: «[…] “recobrado” es el documento que como tal existía antes del
pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido
y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia […]».

52. En el presente asunto, el recurrente sostuvo de manera genérica que el Tribunal
Administrativo de Sucre no tuvo en cuenta un «control de legalidad» realizado por
Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en el cual, según
afirmó, se habría requerido una valoración por cardiología.

53. Sin embargo, no individualizó el documento que soporta la causal de revisión. En
efecto, no precisó su fecha, número, contenido específico, autoridad que lo suscribió ni
algún otro elemento que permitiera establecer con certeza cuál era el documento cuya
existencia pretendía hacer valer. A ello se suma que, revisado el expediente, dicho
documento tampoco fue aportado con el recurso extraordinario de revisión.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de marzo de 2021, M.P. Sandra Lisset Ibarra

Vélez, Rad. 11001-03-25-000-2014-00510-00(1597-14), que reitera los criterios fijados en providencia del 26 de febrero
de 2018.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 2 de junio de 2015, Rad. 11001-03-

15-000-2000-00237-01 (REV); y 7 de julio de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2008-01048-00 (REV).

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00175-00 (2780-2024).
Demandante: Cayetano Manuel González Montes

54. Esa circunstancia impide verificar los presupuestos propios de la causal 1 del
artículo 250 del CPACA, debido a que, ante la falta de identificación y aportación del
documento, no es posible establecer si se trata de una prueba documental preexistente
al proceso, si fue encontrada o recobrada después de dictada la sentencia, si tenía
entidad suficiente para modificar el sentido de la decisión ni si existió alguna circunstancia
que hubiera impedido su aportación oportuna.

55. En consecuencia, el reproche no supera el presupuesto mínimo de la causal
invocada, pues no existe un documento cierto e individualizado sobre el cual pueda
efectuarse el examen exigido por el numeral 1 del artículo 250 del CPACA. Por tanto, la
causal no se encuentra acreditada.

Análisis sobre la causal 5 del artículo 250 del CPACA

56. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la
existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
cual no procede recurso de apelación. Su configuración exige, por tanto, la concurrencia
de dos presupuestos: (i) que la providencia cuestionada no sea susceptible de apelación
y (ii) que la nulidad se haya originado en la propia sentencia.

57. Esta corporación ha precisado que los supuestos comprendidos en esta causal no
se circunscriben a las nulidades procesales taxativamente previstas en el Código General
del Proceso, sino que también abarcan irregularidades graves originadas en la sentencia
que comprometan el debido proceso.8

58. En ese sentido, la jurisprudencia ha identificado, a título enunciativo, algunos
supuestos en los que procede la revisión extraordinaria, entre ellos, cuando la sentencia:
«(i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la
non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al
proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin
competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere en un proceso que había
terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii) no cuenta con el número de
votos requerido para su aprobación; y (viii) desconoce el principio de congruencia, bien
sea por una condena extra, ultra o infra petita».9

59. En el presente asunto, el recurrente afirma que fue apelante único de la sentencia
del 30 de junio de 2022 y que el Tribunal Administrativo de Sucre agravó su situación al
revocar la decisión inhibitoria y, en lugar de devolver el expediente al Juzgado Séptimo
Administrativo de Sincelejo, resolver directamente el fondo de la controversia y negar las
pretensiones.

8 Ver, entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las sentencias del 7

de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26
de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-
000-2023-00330-00 (4906-2023).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-00440-

00.
10

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00175-00 (2780-2024).
Demandante: Cayetano Manuel González Montes

60. La Sala no comparte este planteamiento ya que la sentencia de primera instancia
no reconoció total ni parcialmente el derecho pretendido por el demandante. El juzgado
se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo porque consideró que, una vez
desvinculado el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, no subsistía un
acto administrativo susceptible de control judicial.

61. Al resolver la apelación interpuesta por el actor, el Tribunal concluyó que no había
lugar a adoptar una decisión inhibitoria pues se encontraban satisfechos el requisito de
conciliación prejudicial y la legitimación en la causa por pasiva. Superado el motivo que
había impedido al juez de primera instancia pronunciarse sobre las pretensiones, el ad
quem asumió el estudio de legalidad del Acta 18-1-789 y determinó que el demandante
no logró desvirtuar la valoración efectuada por las autoridades médico-laborales, razón
por la cual negó las pretensiones.

62. Así, esta actuación no desconoció la garantía de la non reformatio in pejus si se
tiene en cuenta que la sentencia de primera instancia no contenía una decisión favorable
al demandante que pudiera ser reformada en su perjuicio y, además, fue el propio actor
quien, al apelar, solicitó que se revocara la decisión inhibitoria y se accediera a las
pretensiones de la demanda; en consecuencia, el pronunciamiento de fondo no recayó
sobre una cuestión ajena al litigio ni sobre un aspecto excluido del recurso de apelación.

63. Tampoco se configuró una pretermisión de instancia como lo afirma el recurrente,
por cuanto el carácter inhibitorio de la primera decisión no significa que esa instancia
hubiera sido omitida ni imponía al superior el deber de devolver el expediente una vez
descartado el motivo de la inhibición. Por el contrario, al encontrarse habilitado para
resolver la controversia, correspondía al Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto.

64. En esas condiciones, los argumentos del recurrente no evidencian una nulidad
originada en la sentencia objeto de revisión. La providencia resolvió una controversia
comprendida en el marco de la demanda y del recurso de apelación, dentro de la
competencia funcional del juez de segunda instancia y sin desconocer la prohibición de
la non reformatio in pejus, la garantía de la doble instancia ni el debido proceso.

65. En realidad, la inconformidad del recurrente se dirige contra la decisión de fondo
adoptada por el Tribunal una vez superado el motivo de la inhibición. Sin embargo, la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA no permite controvertir el
sentido de la providencia ni convertir el recurso extraordinario de revisión en una nueva
instancia. En consecuencia, esta causal tampoco se encuentra configurada.

66. Por las razones expuestas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión interpuesto por Cayetano Manuel González Montes contra la sentencia del 8
de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Condena en costas

67. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas

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Radicación: 11001-03-25-000-2024-00175-00 (2780-2024).
Demandante: Cayetano Manuel González Montes

deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

68. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional) por las cuales deberán liquidarse por
secretaría de la sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Cayetano Manuel González Montes, contra la sentencia de segunda instancia del 8
febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado 70001-33-33-007-2019-00128-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Cayetano Manuel González Montes en favor
de la Nación (Ministerio de Defensa - Policía Nacional), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las
anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12

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