Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00259-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00259-00 (3428-2024)
Demandante: Álvaro Pulido Rodríguez
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Providencia Sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D
Tema: Causal 5 de revisión del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1. Nulidad originada en la sentencia
Sentencia de revisión
Asunto
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Álvaro Pulido
Rodríguez contra la sentencia del 1 de junio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA, Álvaro Pulido Rodríguez presentó demanda
en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 8168 del 14 de septiembre
de 2016, por medio de la cual el ministro de defensa nacional dispuso su retiro del
servicio activo de las Fuerzas Militares, en forma temporal con pase a la reserva,
por llamamiento a calificar servicios.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) el reintegro, sin solución de
continuidad, al cargo que ostentaba u otro de igual o superior categoría, junto con
el ascenso al grado de coronel y el reconocimiento de la antigüedad en ese grado
conforme con el tiempo que tienen sus compañeros de promoción; (ii) el pago de
los salarios y emolumentos dejados de percibir durante el lapso del retiro, así como
1 En adelante CPACA.
2 Samai, índice 25, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«27_MemorialWeb_Respuesta-OFICIORESPUESTAREQ(.pdf) NroActua 25», archivo
«27_110010325000202400259002MemorialWeb202579212855», link
«11001334205520170010600», carpeta «001Expediente1y2Instancia», archivos
«002_ALDESPACHO_02DEMANDA.pdf», «009_ALDESPACHO-
09SUBSANACIONDEMAND.pdf» y «028._ALDESPACHO_28ADICCIONDEMANDAAR.pdf».
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de los intereses a los que haya lugar; (iii) el ajuste de las sumas que resulten de la
condena; y (iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187
y 192 del CPACA.
1.1.1. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
3.1. Álvaro Pulido Rodríguez ingresó al escalafón de oficiales del Ejército Nacional
como subintendente el 1 de noviembre de 1993, mediante la Resolución 13538 del
30 de noviembre de 1993, y alcanzó el grado de coronel por medio del Decreto
4560 del 30 de noviembre de 2011.
3.2. Durante su carrera militar realizó cursos, seminarios, diplomados y congresos,
recibió diferentes condecoraciones y distintivos, y fue calificado en los periodos
2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014 en la lista 2, en 2014-2015 en la lista 1 y en
2015-2016 en la lista 3.
3.3. A través de la Resolución 1730 del 3 de agosto de 2015 fue trasladado a la
Décima Quinta Zona de Reclutamiento y Control de Reservas en Bogotá, donde
se desempeñó como comandante hasta el 16 de marzo de 2016. Durante su
permanencia en la unidad militar «se destacó por su excelente desempeño en el cargo,
fue felicitado por sus condiciones profesionales».
3.4. Durante su permanencia en la unidad personas « inescrupulosas» hurtaron y
vendieron la clave de su usuario y afectaron el Sistema Informático de
Reclutamiento Fenix. Por estos hechos, se inició un procedimiento que implicó
diferentes actuaciones.
3.5. Fue postulado para ascenso al grado de coronel mediante circular
20165531370743 MDN-CGFM-COEJCSECEJ-JEMGF-COPER-DIPER del 8 de
junio de 2016, presentó las pruebas exigidas y cumplió con los requisitos
correspondientes. El proceso de selección para ascenso fue evaluado por el comité
respectivo según el Acta 41554 del 12 de octubre de 2016, en la que se
establecieron las causales de exclusión.
3.6. Con ocasión de los hechos materia de investigación fue relevado del cargo y se
suspendió la selección para ascenso. Posteriormente, mediante la Resolución
8168 del 14 de septiembre de 2016, expedida con fundamento en el acta del 28 de
junio de igual año, el Ministerio de Defensa Nacional ordenó su retiro del servicio
activo por llamamiento a calificar servicios. Esta decisión fue notificada el 27 de
septiembre de 2016.
3.7. La última unidad en la cual prestó sus servicios fue en el Comando de la Décima
Tercera Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bogotá.
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1.2. Sentencia de primera instancia3
4. Mediante sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022 el Juzgado 55
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. Para el efecto, consideró:
4.1. Mediante Acta 7 del 28 de junio de 2016, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional recomendó, por unanimidad, el retiro del demandante por
llamamiento a calificar servicios. Si bien fue incluido en la circular del 8 de junio de
2016 para estudio de ascenso, en el Acta 41554 del 12 de octubre de 2016 se dejó
constancia de su retiro durante el proceso de evaluación, el cual se materializó
mediante la Resolución 8168 del 14 de septiembre de 2016.
4.2. El ascenso no operaba de manera automática por el solo transcurso del tiempo,
sino que exigía el cumplimiento de los requisitos legales, los cuales no se
satisfacían cuando el oficial había sido retirado del servicio antes de culminar el
proceso de selección.
4.3. El retiro del servicio se produjo con fundamento en la recomendación previa de
la Junta Asesora y en el cumplimiento del tiempo mínimo de labores que habilitaba
el llamamiento a calificar servicios, con sujeción a los requisitos legales y formales
previstos en la normativa aplicable. Esta modalidad de retiro respondía a la
renovación del personal y no tenía carácter sancionatorio, por lo que no exigía una
motivación adicional distinta de la prevista en la ley.
4.4. Las pruebas allegadas sobre presuntas irregularidades relacionadas con el uso
de un software para la obtención de claves en la unidad en la que se desempeñaba
el demandante no permitían establecer un nexo causal entre dichos hechos y la
decisión de retiro ni evidenciaban desviación de poder o falsa motivación.
4.5. Las calificaciones, condecoraciones y el buen desempeño del demandante no
generaban una estabilidad en el cargo ni limitaban la facultad de retiro por
llamamiento a calificar servicios.
4.6. El acto acusado fue expedido por la autoridad competente, con observancia del
procedimiento legal, sin que se acreditarán los vicios alegados, por lo que
mantenía su presunción de legalidad.
1.3. El recurso de apelación4
5. Álvaro Pulido Rodríguez interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó que
se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las
3 Samai, índice 25, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«27_MemorialWeb_Respuesta-OFICIORESPUESTAREQ(.pdf) NroActua 25», archivo
«27_110010325000202400259002MemorialWeb202579212855», link
«11001334205520170010600», carpeta «001Expediente1y2Instancia», archivo
«067_ALDESPACHO_67SENTENCIAPRIMERAI.pdf».
4 Samai, índice 25, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«27_MemorialWeb_Respuesta-OFICIORESPUESTAREQ(.pdf) NroActua 25», archivo
«27_110010325000202400259002MemorialWeb202579212855», link
«11001334205520170010600», carpeta «001Expediente1y2Instancia», archivo
«069_ALDESPACHO_69APELACIONSENTENCI.pdf».
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súplicas de la demanda, con sustento en los argumentos que se sintetizan a
continuación:
5.1. La decisión de primera instancia se apartó del precedente constitucional sobre
el retiro por llamamiento a calificar servicios, en especial las sentencias C-819 de
2005, SU-091 de 2016, SU-2017 de 2016, SU-237 de 2019, en la que se definió
esta figura como un instrumento de renovación institucional que no podía
emplearse con fines distintos ni como mecanismo encubierto de sanción.
5.2. El control judicial no podía limitarse a la verificación formal del tiempo de
servicios y la recomendación de la junta asesora, sino que exigía un análisis
integral de las circunstancias del caso y del material probatorio para descartar
arbitrariedad, abuso o desviación de poder.
5.3. El análisis de la sentencia impugnada se redujo a una concepción de
discrecionalidad absoluta, sin haber considerado el régimen de evaluación y
calificación previsto en el Decreto 1799 de 2000, ni las etapas que lo integraban,
las cuales garantizaban que las decisiones sobre ascenso, permanencia o retiro
correspondían a criterios objetivos.
5.4. No se valoraron las irregularidades denunciadas en la Décima Quinta Zona de
Reclutamiento, ni el contexto en el que se produjo el traslado del actor, la
suspensión de su proceso de ascenso y su posterior retiro, pese a la cercanía
temporal entre estos hechos.
5.5. La decisión de retiro no obedeció a fines de mejoramiento del servicio, sino a
circunstancias ajenas que afectaron el debido proceso, pues el actor fue retirado
sin haberse agotado un proceso de evaluación completo y sin que existiera una
determinación de responsabilidad en las investigaciones adelantadas, las cuales
culminaron con su absolución. Lo anterior, permitía inferir la existencia de un nexo
entre los hechos irregulares y las decisiones adoptadas, lo que configuraba indicios
de falsa motivación y de desviación de poder.
5.6. La valoración probatoria no fue integral, toda vez que no se analizaron los
elementos que daban cuenta del desempeño sobresaliente del actor ni su
trayectoria, que lo ubicaban en condiciones favorables frente a otros oficiales, ni
las pruebas indirectas o indiciarias que resultaban idóneas para acreditar vicios
como la desviación de poder, ante la ausencia de prueba directa.
5.7. Así las cosas, la sentencia apelada incurrió en infracción de las normas en que
debía fundarse, falsa motivación y desviación de poder.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en sentencia del 1 de junio de 2023 confirmó la decisión de primera instancia y se
abstuvo de condenar en costas.
5 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«7_DemandaWeb_Anexos_20240614ANEXOSRECURS(.pdf) NroActua 3», archivo
«7_110010325000202400259005DemandaWeb2024617193144», folios 3 a 34.
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7. Para el efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:
7.1. El demandante prestó sus servicios en el Ejército Nacional durante más de 24
años y fue retirado mediante la Resolución 8168 del 14 de septiembre de 2016,
por la causal de llamamiento a calificar servicios, previo concepto de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, al haber cumplido con los requisitos
para acceder a la asignación de retiro. En este sentido, la decisión se ajustó al
artículo 103 del Decreto 1790 de 2000 y a la jurisprudencia constitucional, que
reconoció dicha figura como una forma legítima de terminación del servicio,
asociada a la renovación institucional y no a una sanción.
7.2. El hecho de que el actor hubiera sido convocado al curso de ascenso a coronel
no limitaba la facultad discrecional de la administración para disponer su retiro
durante el desarrollo de dicho proceso, ni generaba una situación de inamovilidad.
Asimismo, al no haber culminado el curso ni contar con concepto favorable de la
Junta Asesora, el demandante no cumplía con los requisitos exigidos para el
ascenso.
7.3. Era inexistente un nexo causal entre las irregularidades denunciadas en la
Décima Quinta Zona de Reclutamiento, el traslado del actor y su posterior retiro,
en tanto, pese a dichos hechos, el demandante continuó en servicio activo e incluso
fue convocado a curso de ascenso con posterioridad. En consecuencia, no se
acreditó desviación de poder ni falsa motivación.
7.4. La facultad discrecional de retiro ha sido autónoma frente a la potestad
disciplinaria, por lo que su ejercicio no estaba condicionado al adelantamiento o
culminación de investigaciones ni a la demostración de responsabilidad. En este
contexto, la eventual pérdida de la confianza, valorada desde la perspectiva del
buen servicio, podría justificar el retiro, sin que implicara una sanción encubierta.
7.5. No se desconoció el precedente judicial invocado y la hoja de vida,
condecoraciones o el buen desempeño del actor no generaban fuero de
estabilidad. Asimismo, correspondía al demandante desvirtuar la presunción de
legalidad del acto acusado, carga que no cumplió. Así las cosas, no se probó la
infracción de las normas invocadas ni los vicios de falsa motivación o desviación
del poder, razón por la cual confirmó la sentencia de primera instancia.
1.5. Recurso extraordinario de revisión6
8. Álvaro Pulido Rodríguez interpuso recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia del 1 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. Lo anterior con fundamento en
la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA «[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».
6 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«3_DemandaWeb_Demanda_20240614RECURSOEXTRA(.pdf) NroActua 3», archivo
«3_110010325000202400259003DemandaWeb2024617193143».
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9. El demandante solicitó que se revocara la providencia objeto del recurso que
confirmó la sentencia del 21 de noviembre de 2022 del Juzgado 55 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-
33-42-055-2017-00106-00 (01). Como consecuencia de lo anterior, pidió acceder
a la totalidad de las súplicas de la demanda inicial.
10. Las pretensiones se sustentaron en los siguientes argumentos:
10.1. La sentencia incurrió en nulidad por violación del debido proceso, al haber
desconocido el principio de congruencia en sus dimensiones interna y externa, en
tanto, aunque formalmente abordó el problema jurídico planteado, omitió aplicar
las reglas jurisprudenciales que orientaban el control judicial de los actos de retiro
por llamamiento a calificar servicios y resolvió el litigio con base en consideraciones
ajenas a dicho marco.
10.2. El análisis se limitó a la verificación de los requisitos objetivos (tiempo de
servicio y recomendación de la junta asesora), pese a que el precedente
constitucional exigía un control material orientado a establecer si la facultad
discrecional había sido ejercida conforme con los fines del servicio o si encubría
una actuación arbitraria. En este sentido, no se examinó la existencia de una
motivación mínima verificable en los antecedentes administrativos, esto es, si en
las actas o informes correspondientes se consignaron las razones objetivas que
sustentaron la recomendación de retiro, junto con la valoración integral de la hoja
de vida, el desempeño y demás elementos relevantes.
10.3. No se verificó el cumplimiento de las reglas relativas al proceso de evaluación
y clasificación, ni se analizó si el retiro obedeció a un examen completo, objetivo y
comparativo frente a otros oficiales en igualdad de condiciones. Por el contrario,
se tuvo por justificada la ausencia de dicho proceso en el hecho de que el actor fue
retirado durante el curso de ascenso, circunstancia que coincidía con la
irregularidad planteada.
10.4. Asimismo, no existió un pronunciamiento frente a los cuestionamientos
relacionados con el uso indebido o fraudulento de la facultad discrecional, ni se
adoptaron medidas ante la negativa de la entidad demandada de aportar
documentos determinantes que reposaban en su poder, pese a su relevancia para
el esclarecimiento de los hechos, lo cual impedía la aplicación de criterios de carga
dinámica de la prueba.
10.5. Elcontrol judicial quedó reducido a aspectos formales, sin verificar si la
facultad había sido utilizada con fines distintos a los previstos, como la persecución
o la sanción encubierta. Las pruebas allegadas permitían estructurar indicios de
desviación de poder, derivados de la secuencia temporal entre las denuncias
formuladas por el actor sobre presuntas irregularidades al interior de la institución,
la apertura de investigaciones en su contra y la posterior decisión de retiro.
10.6. La
exigencia de una prueba directa de la intención de la administración
comportó una carga desproporcionada, en la medida en que este tipo de vicios
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podía acreditarse mediante prueba indiciaria, cuyos elementos se encontraban
acreditados en el expediente.
10.7. No resultaba válido asumir que el cumplimiento del tiempo de servicio
habilitaba automáticamente el retiro, pues ello desconocía el principio de igualdad
y la finalidad de la figura, orientada a garantizar la permanencia de los mejores
oficiales. La falta de correspondencia entre lo pedido en la demanda y lo resuelto
por las instancias, junto con la omisión de un análisis material conforme con el
precedente aplicable, configuró la nulidad alegada, razón por la cual se debía
invalidar las sentencias cuestionadas y acceder a las pretensiones de la demanda
inicial.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión
11. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no contestó el recurso
extraordinario de revisión7.
1.7. Intervención del Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en la
instancia procesal.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
13. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado8, expedido por la Sala
Plena de esta corporación, que estableció «(d)e los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
2.2. Oportunidad
14. En este caso, la sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, fue notificada
el 8 de junio de 2023 y quedó ejecutoriada el 16 de igual mes y año9. Por su parte,
el recurso extraordinario de revisión fue radicado el 14 de junio de 202410.
7 Así se estableció en el auto de pruebas del 30 de abril de 2025. Samai, índice 20, actuación «Auto
que decreta pruebas», documento «23Autoquedecret_34282024seabreaprueb(.pdf) NroActua 20»,
archivo «23_Autoquedecret_34282024seabreaprueb_0_20250529120344461».
8 Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
9 Según auto que inadmitió del recurso extraordinario de revisión, proferido el 30 de julio de 2024.
Samai, índice 6, actuación «Auto que inadmite recurso extraordinario de revisión», documento
«11Autoqueinadmi_34282024InadmiteRERR(.pdf) NroActua 6», archivo
«11_Autoqueinadmi_34282024InadmiteRERR_0_20241009140129335».
10 Samai, índice 3, actuación «DEMANDA POR VENTANILLA VIRTUAL», documento
«1_DemandaWeb_ConstanciaDeEnvio_GmailTrasladoRecurso(.pdf) NroActua 3», archivo
«1_110010325000202400259002DemandaWeb2024617193142».
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15. De acuerdo con lo anterior, el recurso extraordinario de revisión fue presentado
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo
prevé el artículo 251 del CPACA.
2.3. Legitimación en la causa
16. En el asunto objeto de estudio, Álvaro Pulido Rodríguez y la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, están legitimados para actuar como demandante (el
primero) y como demandada (la última), comoquiera que actuaron con igual calidad
dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia se pretende
controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
17. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada11. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada12 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene 2 características principales:
18. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del CPACA,
en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan vicios o
errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la sentencia
proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda examinar la
controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde indicar con
precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia recurrida y las
razones de hecho y de derecho que la sustentan.
19. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
2.5. Problema jurídico
20. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
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Demandante: Álvaro Pulido Rodríguez
¿Se configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
en la sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por la
existencia de una nulidad originada en la sentencia, derivada de la
vulneración del debido proceso, en particular por el desconocimiento del
principio de congruencia en sus dimensiones interna y externa?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
21. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)»
es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en los que
se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso13 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades14 y;
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración probatoria
o la aplicación de las normas15. Dentro de este tipo de nulidades la jurisprudencia
ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«(…) 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
13 En adelante CGP.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
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66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley (…)»16.
22. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso17.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso18.
• Se profiere sin motivación19.
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente20.
• Se desconoce el principio de congruencia21.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»22.
23. De igual manera, se ha establecido, como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin al
proceso. En este caso, su alegación debió presentarse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP23. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del proceso,
circunstancia que le corresponde probar24.
24. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra
la cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el
medio idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la
providencia;
16Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
17 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, radicación:
11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
21 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
22 Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia del
16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
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ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo
advertirla, lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. El principio de congruencia en la sentencia
25. Sobre la congruencia de la sentencia, es importante tener en cuenta que el
artículo 281 del CGP prevé lo siguiente:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente
lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
(…)».
26. En sentencia del 26 de octubre de 201725, esta subsección sostuvo que el
principio de congruencia se erige como una garantía del derecho fundamental al
debido proceso, en atención a que este mandato impone que el juez solo pueda
pronunciarse respecto de las pretensiones, las pruebas y las excepciones que las
partes hayan expuesto en el decurso procesal.
27. Por su parte, la Sección Primera de esta corporación, en sentencia del 25 de
enero de 201826, señaló:
«(…) Otro principio que merece destacarse es el de congruencia de la sentencia,
según el cual debe existir una correspondencia entre lo que se decide por el Juez
y lo que constituye la materia del litigio.
A propósito de este principio, la Jurisprudencia de la Sala ha mencionado: “(…) El
pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la
demanda, y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo
endilgado en el capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye
un límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15)
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 25 de enero de 2018, radicado: 25000-23-
41-000-2013-00911-01.
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en este campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse
sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso.
(…)”27.(Resaltado fuera del texto original).
(…)
Por otra parte, la sentencia deberá tener en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido incluso
después de haberse presentado la demanda y siempre que se alegue a más tardar
en la etapa de alegatos de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
De acuerdo con el precepto en mención la sentencia no puede reconocer lo que
no se ha pedido (extra petita) ni tampoco más de lo solicitado (ultra petita), excepto
en los casos autorizados expresamente por el legislador, como en los asuntos de
familia y de protección de los derechos fundamentales.
En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, todo el proceso debe girar en torno a las
peticiones concretas que las partes formulan ante el Órgano Jurisdiccional,
solicitando del mismo una actuación en un sentido determinado. Así “la pretensión
acota el contenido del proceso, fija sus límites concretos, condiciona su tramitación
y resultado y delimita el ámbito en el que necesariamente ha de moverse el
juzgador” (…)» (Resaltado fuera del texto original).
28. Sobre el particular, la Sala Plena de esta corporación se pronunció en los
siguientes términos:
«(…) El juez de la revisión debe cuidarse de no incurrir en el error de confundir la
disconformidad que puedan tener los sujetos procesales frente a lo argumentado
y decidido en el fallo en cuestión, con la falta de armonía sustancial que
inexorablemente debe darse entre la parte motiva y la dispositiva de la providencia,
ya que en el primer supuesto, el recurso extraordinario debe negarse, pues el
mismo se estaría empleando para mimetizar tesis o razones propias de los
recursos ordinarios o de las discusiones de instancia, pero no de las que por su
naturaleza especial se requieren para este tipo de recursos extraordinarios (…)»28.
29. De acuerdo con lo anterior, el principio de congruencia puede ser entendido
como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto
puesto en su conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas
aportadas, las normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita29, como regla general.
30. Asimismo, es relevante precisar que dicho principio se analiza bajo 2 ámbitos o
facetas. Una externa, que se refiere a la armonía que debe existir entre lo pedido
y alegado por las partes; y otra interna, relacionado con la coherencia entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y los argumentos o razonamientos expuestos en la
27 Sentencia de 5 de junio de 1997, radicado: 4092, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión,
providencia de 7 de abril de 2015, radicado 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de
agosto de 2002, radicado: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia
judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado
fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un
derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos
no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.»
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parte motiva de la providencia30. Al respecto, es importante destacar que, en caso
de existir incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez
de la sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a
su nulidad.
2.8. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
31. En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la
providencia objeto de revisión, se desplegaron las siguientes actuaciones
relevantes:
31.1. El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el
21 de noviembre de 2022 por el Juzgado 55 Administrativo del Circuito de Bogotá
que le negó las pretensiones de la demanda que había presentado contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. En su escrito manifestó que la decisión se apartó
del precedente constitucional sobre el retiro por llamamiento a calificar servicios,
al asumir una concepción de discrecionalidad absoluta.
31.2. El control judicial no podía limitarse a la verificación del tiempo de servicio y a
la recomendación de la junta asesora, sino que exigía un análisis integral del caso,
conforme con el régimen de evaluación y clasificación previsto en el Decreto 1799
de 2000. Además, no se valoraron las irregularidades denunciadas ni el contexto
en el que se produjo su traslado, la suspensión del proceso de ascenso y su
posterior retiro.
31.3. Ladecisión no obedeció a fines de mejoramiento del servicio, sino a
circunstancias ajenas que afectaron el debido proceso. Asimismo, la valoración
probatoria fue incompleta, lo que permitía inferir la existencia de falsa motivación
y desviación de poder.
31.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en la sentencia del 1 de junio de 2023, resolvió el caso concreto con los
argumentos resumidos en el acápite 1.4. de esta sentencia. En suma, la
corporación concluyó que el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios se
ajustó al ordenamiento jurídico, en tanto el demandante cumplía con los requisitos
para acceder a la asignación de retiro y existía concepto previo de la Junta
Asesora.
31.5. Dicha facultad discrecional no se encontraba limitada por su participación en
curso de ascenso ni por la existencia de actuaciones disciplinarias, no se acreditó
nexo causal entre las irregularidades denunciadas y la decisión de retiro, y no se
desvirtuó la presunción de legalidad del acto ni se demostraron los vicios de falsa
motivación o desviación de poder, razón por la cual confirmó la sentencia de
primera instancia.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 21 de
noviembre de 2007, radicado: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina
Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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2.9. Análisis de la Sala
32. En el presente asunto, Álvaro Pulido Rodríguez invocó la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, al considerar que la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
incurrió en nulidad originada en la sentencia, derivada de la vulneración del debido
proceso, en particular por el desconocimiento del principio de congruencia, tanto
interna como externa. Aunque la providencia abordó formalmente el problema
jurídico, a su juicio, resolvió el litigio con base en consideraciones ajenas al marco
jurisprudencial aplicable al retiro por llamamiento a calificar servicios.
33. El análisis se limitó a la verificación de los requisitos objetivos, sin efectuar un
control del ejercicio de la facultad discrecional, ni examinar la existencia de una
motivación mínima en los antecedentes administrativos o el cumplimiento del
proceso de evaluación y clasificación. Tampoco se realizó un pronunciamiento
sobre los cuestionamientos relacionados con el uso indebido de dicha facultad, ni
se adoptaron medidas frente a la negativa de la entidad de aportar pruebas
relevantes.
34. Se exigió una prueba directa de la intención de la administración, pese a que
los vicios alegados podían acreditarse mediante prueba indiciaria, cuyos
elementos se encontraban en el expediente. En estas condiciones, no existió
correspondencia entre lo pedido en la demanda y lo decidido por las instancias, lo
que configuró la nulidad alegada.
35. Al respecto, se advierte que la sentencia objeto del recurso extraordinario puso
fin al proceso y no era susceptible del recurso de apelación, pues resolvió en
segunda instancia el juicio promovido por el recurrente. Este presupuesto habilita
el análisis del defecto alegado en la demanda de revisión.
36. En relación con la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA,
como se expuso en el marco normativo, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha precisado que la nulidad originada en la sentencia corresponde a vicios de
carácter estrictamente procesal que afectan su validez, ya sea por la configuración
de alguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el ordenamiento o por
la vulneración del debido proceso.
37. En este último evento, se ha señalado que no cualquier inconformidad con la
decisión configura la causal, pues esta no habilita un nuevo examen de la
motivación, la valoración probatoria o la interpretación jurídica efectuada por el
juez, sino que exige la acreditación de un defecto de carácter procesal que afecte
la sentencia, como ocurre, entre otros casos, cuando se desconoce el principio de
congruencia.
38. En efecto, la incongruencia, tanto en su dimensión interna como externa, se
presenta cuando existe ruptura entre lo pedido, lo debatido y lo resuelto, o cuando
la decisión se sustenta en consideraciones ajenas al marco fáctico, jurídico o
probatorio del litigio. No se configura cuando existe un pronunciamiento de fondo,
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aunque este resulte adverso a los intereses de la parte o no aborde el asunto con
el nivel de detalle esperado31.
39. En esa medida, quien invoca la causal tiene la carga de identificar de manera
precisa la irregularidad procesal que invalida la sentencia y de exponer las razones
fácticas y jurídicas que la configuran, mediante una argumentación autónoma y
suficiente. Por ello, no resulta admisible la simple reiteración de los argumentos
expuestos en las instancias ordinarias, ni el cuestionamiento de la interpretación
jurídica o de la valoración probatoria realizada por el juez.
40. Bajo este marco, corresponde a la Sala determinar si los reproches formulados
evidencian un desconocimiento del principio de congruencia, en los términos
alegados, o si, por el contrario, se dirigen a controvertir el análisis de fondo
efectuado por el tribunal en relación con la legalidad del acto de retiro por
llamamiento a calificar servicios.
41. En el caso concreto, la causal invocada se estructuró en la supuesta vulneración
del debido proceso por el desconocimiento del principio de congruencia, así como
en la omisión de aplicar las reglas jurisprudenciales que orientan el control judicial
de los actos de retiro por llamamiento a calificar servicios. En particular, se
cuestionó que la sentencia de segunda instancia habría limitado su análisis a la
verificación de requisitos objetivos y habría dejado de examinar aspectos
sustanciales relacionados con la motivación del acto, el proceso de evaluación y la
eventual desviación de poder.
42. No obstante, del examen integral de la providencia objeto de revisión se advierte
que el tribunal abordó los ejes centrales del litigio y resolvió los cuestionamientos
formulados en la demanda y en el recurso de apelación. En efecto, analizó el marco
normativo aplicable al retiro por llamamiento a calificar servicios, como lo era el
Decreto 1790 de 200032, con sus modificaciones efectuadas por medio de la Ley
1104 de 2006, y concluyó lo siguiente:
«Conforme a la normativa en cita, se observa que una de las causales para efectuar
el retiro del personal de los Suboficiales de las Fuerzas Militares, es el llamamiento
para calificar servicios, la cual, se diferencia de otras formas de retiro, en cuanto su
procedencia está sujeta al cumplimiento de requisitos de orden objetivo como son: i)
que el oficial haya cumplido el tiempo de servicio que prescribe el ordenamiento jurídico
para acceder a una asignación de retiro y; ii) que la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional haya dado su concepto previo favorable» (sic).
43. Igualmente,
estudió la facultad discrecional para el retiro del servicio y la
motivación de sus actos, para concluir que «el retiro por llamamiento a calificar
servicios, como modalidad de desvinculación, constituye una potestad discrecional
legítima del Gobierno Nacional, para permitir la renovación del personal de la Fuerza
Pública, que por su naturaleza jurídica no requiere de motivación alguna como quiera, que
se presume ejercida en aras del buen servicio» (sic). Para sustentar su conclusión, el
tribunal no solo se apoyó en el marco normativo, sino que también acudió a la
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de octubre de 2017,
radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15) y Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 25 de enero de 2018, radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
32 «Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares».
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jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular los fallos SU-091 de 2016 y
SU-237 de 2019, así como a la del Consejo de Estado, entre otras, las sentencia
del 22 de julio de 201533 y 19 de julio de 201934.
44. Por su parte, valoró el material probatorio allegado al expediente y estudió los
cargos de falsa motivación y desviación de poder. En particular, al examinar las
circunstancias fácticas alegadas por el actor, la sentencia precisó que:
«(s)e considera que la autoridad nominadora podía adoptar válidamente la decisión de
retirar por llamamiento a calificar servicios al accionante, aunque haya sido considerado
para ascenso (...) pues tal actuación no se opone por sí misma a la causal analizada»
(sic).
45. En igual línea, al resolver de manera expresa el cuestionamiento relativo a la
desviación de poder, el tribunal señaló lo siguiente:
«(p)ara la Sala no está probado el nexo causal, ya que la causal de llamamiento a
calificar servicios es una potestad legítima del Gobierno Nacional que procede una vez
el uniformado cumpla los requisitos de orden objetivo» (sic)
46. Asimismo, verificó que el demandante cumplía con el tiempo de servicios
requerido, que existía recomendación de la Junta Asesora y que el retiro se produjo
en ejercicio de una facultad discrecional legítima orientada al mejoramiento del
servicio.
47. En este contexto, precisó que el llamamiento a calificar servicios «no es un
castigo o sanción encubierta, sino una manera decorosa de terminar la carrera militar y
una facultad legítima para renovar el personal de la Fuerza Pública» (sic). Asimismo, al
analizar el material probatorio, concluyó que «los hechos acaecidos en marzo de 2016
y la posterior interrupción del curso de ascenso no tienen una relación directa como lo
expone el accionante», con lo cual se descartó la existencia de un nexo causal entre
esas circunstancias y la decisión de retiro.
48. Igualmente, explicó que la facultad discrecional de retiro es autónoma frente a
la potestad disciplinaria y que su ejercicio no está condicionado a la culminación
de investigaciones, al señalar que «(p)ara ejercitar la facultad discrecional no es
necesario adelantar un proceso disciplinario, pues dicha facultad es diferente a la potestad
disciplinaria o penal y no se suspenden en su ejercicio» (sic).
49. La providencia también analizó el supuesto defecto fáctico derivado de la
alegada omisión en la valoración de la prueba. Sin embargo, concluyó que el retiro
del actor se produjo en aplicación de lo previsto en el artículo 103 del Decreto 1790
de 2000, al verificarse los presupuestos objetivos para el llamamiento a calificar
servicios, sin que se evidenciara arbitrariedad o discriminación por parte de la
administración, según la valoración efectuada por el tribunal.
50. En desarrollo de ese análisis, examinó el acervo probatorio relativo a las
situaciones ocurridas en la Decimoquinta Zona de Reclutamiento, incluidas las
33 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2015, radicado:
25000-23-25-000-2000-00207-01 (1615-03).
34 Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de julio de 2019, radicado:
27001-23-33-000-2014-90002-01 (0165-17).
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denuncias, informes internos y actuaciones administrativas, y advirtió que, si bien
los hechos existieron, no permitían establecer que el retiro obedeciera a una
finalidad distinta del mejoramiento del servicio. En particular, destacó que, con
posterioridad a esos hechos, el demandante continuó en servicio activo e incluso
fue convocado al curso de ascenso, lo que desvirtuaba la existencia de una
relación causal directa.
51. Asimismo, el tribunal precisó que el hecho de haber sido considerado para
ascenso o de haber iniciado el respectivo curso no limitaba la facultad discrecional
de la administración para disponer el retiro, ni generaba una situación de
inamovilidad. Así entonces, el cumplimiento o no de los requisitos para el ascenso
es independiente de la configuración de las causales de retiro previstas en la ley.
52. Su decisión se sustentó en el material probatorio allegado al expediente, dentro
de cual se encontraban, entre otros, las actuaciones administrativas que dieron
lugar al retiro, los informes operacionales, las decisiones adoptadas por la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y el expediente disciplinario, los cuales
fueron examinados en conjunto para determinar si existía una finalidad distinta del
mejoramiento del servicio. A partir de ello, el tribunal descartó la configuración de
una desviación de poder y concluyó que no se había acreditado un nexo causal
entre los hechos alegados por el actor y la decisión de retiro, de acuerdo con la
valoración probatoria efectuada en la providencia.
53. En cuanto a la carga probatoria, sostuvo que correspondía al demandante
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo y acreditar que este
fue expedido con una finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento. Al
respecto, la providencia señaló que «(q)uien afirme que en su expedición concurrieron
razones diferentes tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así
lo demuestre» (sic), con fundamento en las reglas generales sobre la carga de la
prueba.
54. Lo anterior evidencia que la providencia no se limitó a enunciar la legalidad de
la causal de manera general, sino que analizó de forma concreta los hechos
alegados y las pruebas del expediente, a partir del cual el tribunal descartó que el
acto administrativo acusado hubiera sido expedido con una finalidad diferente de
la prevista en la ley.
55. Por su parte, la providencia concluyó que la hoja de vida, el buen desempeño,
las condecoraciones o las calificaciones obtenidas por el actor no constituían un
límite al ejercicio de la facultad discrecional de retiro, ni generaban un fuero de
estabilidad; por el contrario, el llamamiento a calificar servicios es un mecanismo
previsto en el ordenamiento para garantizar la renovación del personal y el relevo
en la estructura jerárquica de la Fuerza Pública.
56. Así las cosas, no se observa que el tribunal haya desconocido el principio de
congruencia, porque su decisión se mantuvo dentro del marco fáctico y jurídico
delimitado por la demanda y el recurso de apelación, y dio respuesta a los cargos
de falsa motivación y desviación de poder conforme con los argumentos
planteados por las partes. Tampoco introdujo exigencias probatorias ajenas al
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proceso; por el contrario, aplicó el régimen de la carga de la prueba en materia de
desviación de poder.
57. En este sentido, del análisis conjunto de la providencia objeto de revisión se
concluye que el tribunal abordó los ejes centrales del litigio, valoró el acervo
probatorio y resolvió los cargos formulados con motivación suficiente. Por tanto,
los reproches del recurrente se circunscriben a cuestionar la interpretación jurídica
y la valoración probatoria realizadas por el juez de instancia, lo cual evidencia una
discrepancia con el sentido de la decisión, circunstancia que resulta ajena al ámbito
del recurso extraordinario de revisión.
58. En efecto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia del Consejo
de Estado35, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera
instancia ni un mecanismo para reexaminar el criterio jurídico del juez, sino un
instrumento excepcional orientado a restablecer la justicia material frente a
situaciones específicas de irregularidad procesal o desconocimiento de garantías
esenciales, en los precisos términos del artículo 250 del CPACA.
59. Admitir que este recurso sirva para controvertir la interpretación del juez o la
calidad de su motivación implicaría desnaturalizar su carácter excepcional y
convertirlo en una instancia adicional del proceso, lo que contraría su finalidad
restringida y su función de salvaguardar la cosa juzgada.
60. La Sala concluye que no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, pues no se acreditó la existencia de un vicio de carácter
procesal que configure una nulidad originada en la sentencia. Por el contrario, se
verificó que esta contiene un pronunciamiento de fondo, debidamente motivado,
sobre los aspectos centrales del litigio.
61. En este contexto, los reparos formulados por el recurrente no evidencian una
nulidad originada en la sentencia, sino que reflejan su inconformidad con la
interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por el tribunal, así
como la reiteración de los argumentos de instancias ordinarias, lo cual es ajeno al
ámbito del recurso extraordinario de revisión.
62. En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante será declarado infundado.
2.10. Costas
63. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
35 En este sentido se pueden consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2024, radicado: 11001-
03-15-000-2020-04861-00 y de la Sala 14 Especial de decisión, sentencia del 13 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-15-000-2019-00119-00.
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3. Conclusión
64. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que, en la providencia del 1 de
junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, no se configuró la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, puesto que no se acreditó la configuración de un vicio de
carácter procesal que configurara una nulidad originada en la sentencia. Por el
contrario, se verificó que el juez de segunda instancia examinó el marco normativo
y jurisprudencial aplicable, valoró el acervo probatorio y resolvió los cargos
propuestos con motivación suficiente sobre los aspectos centrales del litigio.
65. En este contexto, los reproches formulados por el recurrente no evidencian una
nulidad originada en la sentencia, sino que corresponden a la reiteración de los
argumentos planteados en las instancias ordinarias y a su desacuerdo con la
valoración probatoria y la interpretación jurídica adoptada por el tribunal, lo cual
resulta ajeno al ámbito del recurso extraordinario de revisión.
66. En virtud de lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Álvaro Pulido Rodríguez en contra de la sentencia proferida el 1 de junio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado: 11001-33-42-
055-2017-00106-00 (01).
Segundo: No condenar en costas.
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas las
anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00259-00 (3428-2024)
Demandante: Álvaro Pulido Rodríguez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
LAVM
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