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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00324-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00324-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. No condenar en costas en el presente proceso. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, realizar las anotaciones correspondientes y archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00324-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00324-00 (4305-2024)
Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional

Temas: Alcance del deber del proceso de consulta y socialización de los
proyectos de manuales específicos de funciones y competencias
laborales.
Decisión: Negar las pretensiones de la demanda.

1. La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 1 (parcial) de
la Resolución 000005 de 02 de enero de 2024, expedida por la cartera ministerial
accionada.

I. DEMANDA

Disposición demandada

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN 000005 02 ENERO 2024

Por medio de la cual se modifica y adiciona el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
para los empleos de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional.

(…)

ARTÍCULO 1. Modificar y adicionar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para
los empleos de la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, así:

(...)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO 2028 – GRADO 22

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel del empleo Profesional
Denominación del empleo Profesional Especializado
Código 2028
Grado 22
Número de cargos Tres (3)
Dependencia Despacho del Ministro(a)
Cargo del jefe inmediato Ministro(a)
ID Ministerio 1453 – 1454 – 1455

II. ÁREA FUNCIONAL

Despacho del Ministro(a).

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00324-00 (4305-2024)
Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional

Diseñar y desarrollar las estrategias para la atención educativa de los asuntos de los pueblos indígenas,
Rrom (Gitano), comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, diversidades sociales,
especiales y población campesina, como grupos de especial protección constitucional, que conforman las
partes interesadas de la entidad.

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar al Ministro(a), Viceministros(as) y demás directivos del Ministerio en la formulación,
implementación, coordinación y articulación de políticas públicas, planes, programas, estrategias,
proyectos normativos y medidas en educación dirigidas a pueblos indígenas, Rrom (Gitano), comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, diversidades sociales, culturales, especiales y población
campesina. 2. Establecer las directrices y lineamientos para atender el diálogo social e intercultural efectivo, real,
responsable y solidario en los espacios de concertación constitucional, legal, judicial, protesta social y
político, con los pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, diversidades sociales, culturales, especiales y población campesina, como grupos de
especial protección constitucional. 3. Generar estrategias para articular políticas y lineamientos orientadas a eliminar el racismo, la
discriminación y diferentes formas conexas de intolerancia en los contextos de grupos poblacionales
sociales y culturales, teniendo como objetivo la aceptación y reconocimiento de la pluralidad, diversidad,
multiculturalidad e interculturalidad del Estado Colombiano. 4. Acompañar y participar en los procesos de consulta previa, construcción y concertación de rutas
metodologías en el que participe el Ministerio de Educación Nacional para la adopción de medidas
legislativas y administrativas de amplio alcance susceptible de afectar a los pueblos Indígenas, Rrom
(Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diversidades sociales,
especiales y población campesina. 5. Brindar Brindar asistencia técnica para el diseño e implementación de políticas, procesos de
etnoeducación, planeación y ejecución de los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), implementación
de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), modelos educativos, educación propia, y/o intercultural,
educación rural dirigida a pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, diversidades sociales, especiales y población campesina, en los territorios y en
las entidades territoriales certificadas en educación, con el apoyo de alianzas estratégicas
interinstitucionales e intersectoriales. 6. Orientar en el diseño de un proceso articulado de identificación de necesidades de los grupos
poblacionales en educación inicial, preescolar, básica, media y superior y de seguimiento a las acciones
definidas para atenderlas. 7. Asesorar y articular la formulación, implementación y evaluación de la política de Educación Inclusiva de
manera transversal, desde un enfoque diferencial en las trayectorias educativas. 8. Articular el proceso de acompañamiento activo y de acciones estratégicas de la política educativa del
ministerio en los diferentes escenarios e instancias participativas y/o decisorias en temas de educación en
las que exista participación de pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y población campesina, paran implementar la trazabilidad de acciones acordadas. 9. Apoyar la promoción, la demanda y el seguimiento de la permanencia, que garantice que los sujetos de
especial protección constitucional puedan acceder a la Educación Superior. 10. Articular y promover, los eventos académicos y conmemorativos con las organizaciones representativas
de los pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
diversidades sociales, especiales y población campesina. 11. Orientar y articular de manera transversal con las áreas del Ministerio de Educación Nacional el
cumplimiento de fallos judiciales, alertas tempranas, respuestas a entes de control y demás requerimientos
que vinculen a los pueblos Indígenas, Rom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, diversidades sociales, especiales y población campesina. 12.

Establecer criterios de priorización y focalización de las propuestas técnicas para la celebración de
convenios o contratos con pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, diversidades sociales, especiales y población campesina. 13. Revisar y proyectar las peticiones, quejas y reclamos, relacionados con situaciones que vinculen a los
pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
diversidades sociales, especiales y población campesina. 14. Promover y apoyar la creación y gestión integral (administrativa, académica, financiera y jurídica) de
las Instituciones de Educación Superior propia e interculturales dentro del ámbito de competencia del
Ministerio de Educación Nacional. 15. Coordinar, promover y articular acciones de acceso permanencia y graduación en Educación Superior
de los pueblos y comunidades sujetos de especial protección constitucional. 16. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo
y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

2
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00324-00 (4305-2024)
Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional

1. Normatividad del Sector Educativo.
2. Gestión educativa territorial.
3. Implementación y evaluación de políticas públicas educativas.
4. Procesos de concertación y consulta previa.
5. Diálogo social e intercultural.
6. Construcción de proyectos normativos.
7. Gestión educativa territorial con enfoque de género.
8. Educación propia, intercultural y campesina.
9. Procesos organizativos de pueblos y comunidades étnicas.
10. Estrategias de atención educativa.
11. Diseño e implementación de modelos de proyectos educativos comunitarios.
12. Conocimientos contractuales.
• Formación de etnoeducadores, dinamizadores y educadores.
13. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico
Orientación a resultados Aporte técnico-profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva
Aprendizaje continuo Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Título profesional en Educación, Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Lenguas
Modernas, Sociología, Trabajo Social, Comunicación Social o áreas afines; título de especialización
relacionado; tarjeta profesional cuando aplique; y treinta y siete (37) meses de experiencia profesional
relacionada.

VIII. ALTERNATIVA

Título profesional en las disciplinas señaladas, tarjeta profesional cuando aplique y sesenta y un (61) meses
de experiencia profesional relacionada.

PROFESIONAL ESPECIALIZADO – CÓDIGO 2028 – GRADO 22

I. IDENTIFICACIÓN

Nivel Profesional
Denominación Profesional Especializado
Código 2028
Grado 22
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Despacho del Ministro(a)
Jefe inmediato Ministro(a)
ID Ministerio 1456

II. ÁREA FUNCIONAL

Despacho del Ministro(a)

III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar a las dependencias del Ministerio en la atención educativa de los asuntos de los pueblos indígenas,
Rrom (Gitano), comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, diversidades sociales,
especiales y población campesina, como grupos de especial protección constitucional.

IV. FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a las dependencias del ministerio en la garantía del derecho a la educación, etnoeducación,
educación propia y/o intercultural a partir de la política pública educativa para pueblos Indígenas, Rrom
(Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diversidades sociales,
culturales, especiales y población campesina.

3
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00324-00 (4305-2024)
Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional

2. Asesorar jurídicamente a las dependencias del Ministerio en la formulación, adopción, implementación,
coordinación y articulación de las políticas públicas, planes, programas, estrategias, proyectos normativos
y medidas en educación dirigidas a pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diversidades sociales, culturales, especiales y población
campesina, como los grupos de especial protección constitucional.
3. Recomendar directrices y lineamientos jurídicos, para atender el diálogo social e intercultural efectivo,
real, responsable y solidario en los espacios de concertación constitucional, legal, judicial, protesta social
y político, con los pueblos Indígenas, rom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, diversidades sociales, culturales, especiales y población campesina.
4. Acompañar los comités de seguimiento en articulación con las dependencias del Ministerio a los
compromisos obtenidos en los espacios de concertación constitucional, legal, judicial, protesta social y
político, con los pueblos Indígenas y Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, diversidades sociales, culturales, especiales y población campesina.
5. Realizar aportes a las estrategias para la articulación de políticas y lineamientos orientados por el
Gobierno Nacional que eliminen el racismo, la discriminación y todas las formas conexas de intolerancia
en los contextos de grupos poblacionales sociales y culturales, teniendo como objetivo la aceptación y
reconocimiento de la pluralidad, diversidad, multiculturalidad e interculturalidad.
6. Asesorar y apoyar jurídicamente los procesos de consulta previa, construcción y concertación de rutas
metodológicas en las que participe el Ministerio para la adopción de medidas legislativas y administrativas
de amplio alcance susceptible de afectar a los pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diversidades sociales, especiales y población campesina.
7. Orientar en el diseño de un proceso articulado de identificación de necesidades de los grupos
poblacionales en educación inicial, preescolar, básica, media y superior y de seguimiento a las acciones
definidas para atenderlas.
8. Asesorar y articular la formulación, implementación y evaluación de la política de Educación Inclusiva de
manera transversal, desde un enfoque diferencial en las trayectorias educativas.
9. Orientar acciones estratégicas de la política educativa del Ministerio de Educación Nacional en los
diferentes escenarios e instancias participativas y/o decisorias en temas de educación en las que exista
participación de pueblos Indígenas, Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, diversidades sociales, especiales y población campesina, para implementar la trazabilidad
de acciones acordadas.
10. Apoyar el seguimiento de la permanencia, que garantice que los sujetos de especial protección
constitucional puedan acceder a la Educación Superior.
11. Orientar, articular y elaborar insumos de respuesta para el cumplimiento de fallos judiciales, alertas
tempranas, respuestas a entes de control y demás requerimientos que vinculen a los pueblos Indígenas,
Rrom (Gitano), comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, diversidades sociales,
especiales y población campesina.
12. Elaborar insumos de proyectos de ley en temas relacionados con componentes étnicos, diversidades
sociales, especiales y campesinado.
13. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza del cargo
y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normatividad del Sector Educativo.
2. Gestión educativa territorial.
3. Implementación y evaluación de políticas públicas.
4. Procesos de concertación y consulta previa.
5. Diálogo social e intercultural.
6. Construcción de proyectos normativos.
7. Gestión educativa territorial con enfoque de género.
8. Educación propia, intercultural y campesina.
9. Procesos organizativos de pueblos y comunidades étnicas.
10. Estrategia de atención educativa.
11. Diseño e implementación de proyectos educativos comunitarios.
12. Conocimientos contractuales.
Formación de etnoeducadores, dinamizadores y educadores.
13. Diversidades y Educación Superior Inclusiva e Intercultural.
14. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por nivel jerárquico
Orientación a resultados Aporte técnico-profesional
Orientación al usuario y al ciudadano Comunicación efectiva
Aprendizaje continuo Gestión de procedimientos
Compromiso con la organización Instrumentación de decisiones

4
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2024-00324-00 (4305-2024)
Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional

Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VII. REQUISITOS

Título profesional en Derecho y Afines; título de especialización relacionado; tarjeta profesional cuando
aplique; treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada.

(…)

Concepto de la violación

2. Para la parte demandante la disposición cuestionada desconoció el deber de
socialización y consulta establecido en los artículos 8 y 46 del CPACA, 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015 y 32 del Decreto 785 de 2005. También sostuvo que no se
adelantaron los estudios previos para la modificación del manual específico de funciones
y competencias laborales (en adelante, MEFCL) en relación con los empleos profesional
especializado, código 2028, grado 22.

3. Para desarrollar el cargo de falta de socialización explicó que el proyecto de
modificación del MEFCL fue compartido al sindicato demandante, sin embargo, en el
documento remitido por el Ministerio de Educación Nacional se indicó que los empleos
de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 22 (en adelante, el empleo) era parte
de la planta global de la entidad y estaría en la dependencia «donde se ubique el
empleo», y el cargo del jefe inmediato sería «quien ejerza la supervisión directa».

4. El 02 de enero de 2024, el Ministerio de Educación Nacional remitió a la
demandante la matriz consolidada con la respuesta a las observaciones y sugerencias
presentadas por la organización sindical al proyecto de acto administrativo modificatorio
del MEFCL de la entidad. En ese documento se señaló que el único cambio que se
realizaría como consecuencia de las observaciones propuestas por el sindicato en
relación con los empleos en cuestión era el requisito de formación académica, en el que
inicialmente se exigía título de posgrado en la modalidad de maestría para, en su lugar,
requerir el de especialización.

5. En este sentido, indicó que existió un cambio sustancial que no fue consultado con
la organización sindical al modificar algunas funciones y la ubicación de los empleos en
cuestión de la planta global de la entidad al despacho del ministro. En su criterio, lo
anterior no es baladí, pues el cargo se transformó de carrera administrativa a libre
nombramiento y remoción.

6. En este orden, la organización accionante adujo que los cambios realizados a los
empleos en cuestión fueron efectuados sin un estudio previo que los justificará, toda vez
que las modificaciones finalmente introducidas obedecieron a presupuestos distintos de
aquellos sobre los cuales se elaboraron los estudios técnicos. Lo anterior desconocería
el deber establecido en el inciso 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.

Contestación de la demanda

7. El Ministerio de Educación Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda
porque consideró que la disposición cuestionada fue debidamente socializada en los

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Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional

términos que establecen los artículos 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, 8.8 y 46 del
CPACA. Adujo que adelantó un proceso de consulta con la organización sindical
accionante en el que recibió y evaluó las opiniones, sugerencias y propuestas respecto a
la modificación de la planta de personal y la adopción del manual de funciones.

8. En este orden, sostuvo que la Resolución 000005 de 2024 se fundamentó en
estudios técnicos remitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y
fue expedida previo al proceso de consulta realizado con la organización sindical
demandante.

9. Finalmente, señaló que la accionante no demostró la existencia de una infracción
clara y manifiesta de las normas en las que se funda el acto administrativo, ya que está
probado que el proceso de consulta se llevó a cabo de manera rigurosa y que los cambios
en la planta de personal fueron debidamente justificados mediante estudios técnicos
previos.

Trámite en única instancia

10. Mediante auto del 27 de abril de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, en los términos del artículo 182A del CPACA, al advertirse la concurrencia de
las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de dicha disposición. Para
el efecto, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio.

Alegatos de conclusión

11. La parte demandante sostuvo que al contrastar el proyecto de manual que se le
compartió con el que posteriormente se expidió, son evidentes las diferencias entre el
documento consultado con el que finalmente se profirió.

12. En este orden, manifestó que en ningún momento el Ministerio de Educación
Nacional le consultó, de manera clara y transparente, la totalidad de las modificaciones
efectuadas al manual de funciones de la entidad, pues omitió indicar el verdadero alcance
de la actualización pretendida a los empleos en cuestión. Por ende, sostuvo que se
desatendió la obligación de socialización porque esta se debe realizar sobre la base de
información completa y suficiente respecto de los cambios que se pretende efectuar.

13. El Ministerio de Educación Nacional presentó alegatos de conclusión solicitando
negar las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, la parte accionante no logró
demostrar que los cambios finales del manual implicaron una ruptura sustancial con el
proceso de consulta adelantado.

14. Sostuvo que la demandante confunde la consulta exigida por el parágrafo 3 del
artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 con una supuesta obligación de concertar,
coproducir u obtener la aquiescencia de la organización sindical respecto del contenido
definitivo del acto. Adujo que el cumplimiento de esta obligación no convierte al sindicato
en coadministrador del manual ni condiciona la validez del acto a que el texto final
permanezca idéntico al proyecto inicial.

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Demandante: Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación Nacional

15. En este orden, afirmó que, en materia de expedición de actos administrativos
generales, la fase de socialización cumple la finalidad de abrir un espacio de observación
y participación, pero no petrifica el proyecto normativo ni impide a la Administración
introducir ajustes derivados del análisis interno, de la estructuración técnica o de la
decisión final de organización administrativa. Aseveró que, si las entidades estuvieran
obligadas a reiniciar íntegramente la consulta frente a cada precisión realizada al
proyecto, el deber de consulta se transformaría en un mecanismo de bloqueo del ejercicio
de la función administrativa, algo que considera no se desprende ni del Decreto 1083 de
2015 ni de los artículos 8.8 y 46 del CPACA.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

16. De conformidad con los cargos formulados por la parte demandante, los
argumentos de defensa expuestos por la entidad accionada y el auto que fijó el litigio, los
problemas jurídicos que la Sala deberá resolver son los siguientes:

• ¿El artículo 1 (parcial) de la resolución demandada debe declararse nulo por haber
sido expedido de manera irregular y con desconocimiento de las normas en que
debía fundarse al no haber sometido a consulta con la organización sindical
accionante las modificaciones respecto de la naturaleza, dependencia, propósito,
funciones y requisitos de formación académica de los empleos de Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 22?

• ¿El artículo 1 (parcial) de la resolución demandada debe declararse nulo por haber
sido expedido de manera irregular y con desconocimiento de las normas en que
debía fundarse al haber omitido la elaboración de los estudios técnicos que debían
soportar los cambios introducidos en la naturaleza, dependencia, propósito,
funciones y requisitos de formación académica de los empleos de Profesional
Especializado, Código 2028, Grado 22?

Análisis de los problemas jurídicos

17. La Sala no accederá a las pretensiones de la demanda porque, de un análisis de
los argumentos presentados por las partes, se advierte que el MEFCL del Ministerio de
Educación Nacional fue socializado adecuadamente con la organización sindical
demandante y este se sustentó en los estudios técnicos que ordenan las normas
superiores. En relación con los empleos cuestionados, los ajustes y modificaciones que
se realizaron luego del proceso de consulta fueron menores y no variaron
sustancialmente la naturaleza del cargo, por lo que la Sala considera que no era
necesario socializarlos de nuevo o fundamentar estos cambios en nuevos estudios
técnicos.

El deber de socialización de los proyectos de reforma de los MEFCL

18. El deber de socializar los proyectos de MEFCL se encuentra previsto en varias
disposiciones normativas, una de carácter legal y general que establece esta obligación

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para todos los proyectos de acto administrativo de regulación (art. 8.8 del CPACA) y otra
reglamentaria y específica para los MEFCL (artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015).

19. Esta obligación materializa el principio de participación establecido en el artículo 2
de la Constitución Política, norma que señala como uno de los fines del Estado es el de
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política y administrativa de la Nación. A su vez, se satisface el numeral 6 del artículo 3
del CPACA, disposición que indica que «las autoridades promoverán y atenderán las
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir
en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión
pública».

20. El objeto de esta regla de procedimiento constituye, además, una manifestación
de la participación ciudadana como valor, principio y fin del Estado social y democrático
de derecho, al amparo de lo preceptuado en el preámbulo y los artículos 1 y 2 de la
Constitución Política. De este régimen constitucional se derivan, a su vez, los principios
de la función administrativa consagrados en el artículo 209 Superior y replicados en el
artículo 3 de la Ley 489 de 1998, en virtud de los cuales el ejercicio de la administración
debe atender a cabalidad la participación, la publicidad, la transparencia y el interés
general.

21. Las precitadas normas imponen a las autoridades el agotamiento de una etapa
previa a la expedición de sus actos administrativos de carácter general que consiste en
la publicación de los proyectos normativos y los antecedentes que los soportan. Esta
particularidad en el trámite contribuye a la democratización del procedimiento
administrativo al garantizar la participación de cualquier persona que se encuentre
interesada en la regulación de que se trate y con ello permitir también un control
ciudadano preventivo sobre la actuación de la Administración.

22. Aunado a lo anterior, materializa la democratización de la Administración según
las exigencias del artículo 32 de la misma Ley 489 de 1998. Esta norma establece que
«[t]odas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública»; para ello, legitima la implementación de todo tipo
de «mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa», tal
como ocurre con la obligación de publicación y socialización de los proyectos de acto
administrativo general y los MEFCL.

23. Siendo así, la omisión de la etapa de publicación de los proyectos de MEFCL
constituye una afrenta al debido proceso por la pretermisión de una actuación obligatoria
en el marco del procedimiento administrativo general y específico; a la vez que desconoce
las garantías de la participación ciudadana propias de la gestión administrativa al impedir
que las personas interesadas consulten la regulación que pretenden aplicar las
autoridades a un determinado proceso de reestructuración.

24. De esta manera, es dable afirmar que la conducta omisiva de las autoridades
competentes redunda en la afectación a la validez del acto administrativo que haya sido
expedido en estas condiciones, por cuanto habrá nacido a la vida jurídica viciado de

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nulidad por haber sido expedido de manera irregular al vulnerar el debido proceso y con
infracción de las normas en que debía fundarse al violentar las garantías de participación
ciudadana.

25. En el presente asunto no es objeto de discusión que el proyecto de MEFCL del
Ministerio de Educación Nacional fue socializado con la organización sindical accionante,
pues en la demanda se admitió que fue consultada, que presentó observaciones y que la
entidad expidió un matriz de respuesta de estas1.

26. El reproche que dio lugar a este proceso judicial es que luego de la etapa de
socialización la única observación presentada por la organización accionante en relación
con los empleos en cuestión fue sobre el requisito de títulos académicos de posgrado,
sin embargo, la cartera ministerial modificó otros aspectos de los cargos.

27. En este orden, la Sala debe determinar si las modificaciones realizadas debieron
ser consultadas por segunda vez con la organización sindical demandante y si los
estudios adelantados para justificar el MEFCL son insuficientes para soportar la creación
de los cargos censurados dado las modificaciones realizadas luego del procedimiento de
consulta.

28. Para resolver el objeto de esta controversia, es relevante resaltar que el MEFCL
reguló de manera integral todos los 228 empleos de la planta de personal del Ministerio
de Educación Nacional. De estos, en la presente demanda solo se cuestionan los
empleos de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 22.

29. En este orden, la Sala considera que, aunque el deber de socializar los proyectos
generales de actos administrativos de regulación materializa varios principios
constitucionales y legales, esta exigencia no impide que la Administración realice los
ajustes que considere necesarios para la adecuada satisfacción de los fines e intereses
generales.

30. El propósito de las normas que establecen el deber de abrir un espacio a las
personas interesadas para que presenten sugerencias y observaciones a los proyectos
generales de regulación es permitir que la Administración cuente con información
adicional para tomar la decisión más pertinente. Este proceso dialógico permite que las
entidades puedan conocer otros puntos de vista para tomar una decisión más idónea.

31. No obstante, este deber no implica una coadministración, pues las entidades
tienen la facultad de acoger o rechazar las observaciones realizadas por los ciudadanos
y las organizaciones sindicales. Al respecto, el propio CPACA establece: «[…] En todo
caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el
interés general». En similar sentido, el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083
de 2015 establece esta regla para el proceso de modificación de los MEFCL.

1 La Matriz de respuestas a las observaciones realizadas por el sindicato accionante fue enunciada en la

demanda y fue aportada al proceso como prueba por la entidad demandada, la cual consta en el índice 15
de Samai, en la subcarpeta «Evidencia 8».
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32. La Sala considera que, incluso luego del proceso de socialización, las entidades
de oficio pueden realizar ajustes y modificaciones al proyecto de acto administrativo,
siempre y cuando busquen una mejor regulación de la materia. No es necesario que todos
los cambios sean consultados con los sindicatos pues esto daría lugar a una parálisis de
la Administración, la cual tendría que hacer varios procesos de consultas por cada ajuste
que advierta que es necesario efectuar a una planta de personal o un manual de
funciones.

33. Una de las premisas principales de la organización demandante es que sobre los
empleos en cuestión la única modificación que podía realizar el Ministerio de Educación
Nacional es la relacionado con la experiencia del título de posgrado, pues esa fue la
observación realizada por el sindicato. La Sala no comparte esta afirmación porque, como
se señaló, el proceso de diálogo y participación no implica una coadministración en la
que se requiera el consentimiento previo de los interesados. En este sentido, si la entidad
advierte que se necesitan otros ajustes adicionales debe hacerlos si con estos se
garantiza la adecuada prestación del servicio y la satisfacción de los intereses generales.

34. Solo en los eventos en los que exista una total desarmonía entre lo consultado y
lo finalmente aprobado se podría abordar si el proceso deliberativo fue adelantado de
mala fe por la entidad al presentar un proyecto de borrador totalmente diferente al
finalmente aprobado.

35. En otras palabras, la obligación de socialización recae sobre el proyecto normativo
que la Administración pretende expedir, pero ello no significa que cualquier ajuste
posterior imponga la apertura de una nueva etapa de participación, tal exigencia solo
surgiría cuando las modificaciones introducidas desnaturalicen el contenido del proyecto
inicialmente consultado, circunstancia que no se configuró en el presente asunto pues de
los 228 empleos regulados solo se reprocha los cambios realizados a los empleos en
cuestión.

36. Si bien es cierto que solo se reprochan los ajustes efectuados a los empleos en
cuestión, la Sala no puede perder de vista que estos conforman el MEFCL del Ministerio
de Educación Nacional, que la propia organización demandante reconoce le fue
socializado.

37. En relación con los empleos en cuestión tampoco se advierte que se haya
presentado modificaciones sustanciales entre el proyecto consultado y lo que fue
aprobado. Si bien es cierto, en el borrador se mencionaba que la dependencia era «donde
se ubicará el empleo» y el jefe inmediato iba a ser «Quien ejerza la supervisión directa»,
y lo finalmente aprobado fue «el Despacho del Ministro» y el «Ministro (a)».

38. Estas variaciones respecto de la dependencia y del jefe inmediato constituyen
precisiones organizacionales derivadas de la ubicación administrativa del empleo dentro
de la estructura del Ministerio, mas no alteraciones que transformen su identidad
funcional o la naturaleza del cargo inicialmente sometido a consulta. De hecho, desde el
proyecto socializado se había previsto que el área funcional correspondía al Despacho
del Ministro, de manera que la identificación expresa de dicha dependencia y de su

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superior jerárquico en la versión definitiva no comportó una modificación de tal entidad
que hiciera necesario reiniciar el procedimiento de socialización.

39. Por otra parte, el examen comparativo entre el proyecto de modificación del
manual de funciones socializado y el texto finalmente adoptado se evidencia que la
estructura funcional del empleo permaneció inalterada. El propósito principal continuó
orientado al diseño y desarrollo de estrategias para la atención educativa de pueblos
indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, población Rom
(Gitana), diversidades sociales y población campesina; las funciones esenciales
conservaron su contenido material, pues siguieron dirigidas a la formulación, articulación
y seguimiento de políticas públicas en esa materia; y los conocimientos básicos, las
competencias comportamentales y la experiencia profesional exigida tampoco sufrieron
modificaciones sustanciales.

40. Aunado a ello, las modificaciones introducidas al empleo tampoco
desnaturalizaron el objeto funcional que fue sometido a socialización. Por el contrario, el
examen comparativo entre el proyecto y la versión definitiva del manual evidencia que
las funciones esenciales continuaron orientadas al apoyo, asesoría y articulación de las
políticas públicas del Ministerio en materia de educación para grupos de especial
protección constitucional. Incluso, varias de las funciones incorporadas en la versión
definitiva hacen referencia expresa a la orientación directa al Ministro(a), a los
Viceministros(as) y a los demás directivos de la entidad, así como a la coordinación de
estrategias institucionales y a la formulación de proyectos normativos, actividades que
guardan una evidente unidad temática con las previstas en el proyecto inicialmente
consultado.

41. En ese contexto, no resulta acertado afirmar que la Administración hubiera
introducido un empleo completamente distinto al sometido a socialización. Antes bien, las
funciones finalmente adoptadas revelan una mayor correspondencia con las actividades
de dirección institucional, formulación de políticas públicas, asesoría inmediata y
coordinación estratégica que, conforme al artículo 5 de la Ley 909 de 2004, caracterizan
los empleos de libre nombramiento y remoción adscritos a los despachos de dirección.

42. En consecuencia, los ajustes realizados no alteraron sustancialmente el contenido
del proyecto previamente consultado, sino que precisaron su ubicación administrativa y
adecuaron sus funciones a la naturaleza del cargo dentro de la estructura organizacional
del Ministerio. Lo anterior no implica que la Sala adelante un juicio acerca de la legalidad
de la clasificación del empleo como de libre nombramiento y remoción, aspecto que no
constituye objeto del presente proceso. La referencia a las características funcionales del
cargo tiene como único propósito evidenciar que las modificaciones introducidas guardan
correspondencia con la naturaleza de las actividades asignadas al empleo y, por ello, no
desnaturalizaron el contenido del proyecto inicialmente socializado.

43. Así las cosas, para la Sala el apartado del artículo 1 de la Resolución 000005 de
2024 no desconoció el deber de socialización y consulta establecido en el artículo 8.8 del
CPACA y en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. Tampoco se desatendió lo
dispuesto en el artículo 46 del CPACA, pues como se explicó el proceso de consulta del
MEFCL fue realizado adecuadamente con la organización sindical demandante.

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Igualmente, no se vulneró el artículo 32 del Decreto 785 de 2005 porque esta disposición
normativa regula los empleos de las entidades territoriales y en este asunto se examina
unos empleos de una entidad del orden nacional.

44. En relación con el segundo cargo, la Sala advierte que tampoco está llamado a
prosperar. El inciso tercero del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 dispone que
la adopción, adición, modificación o actualización del manual específico de funciones y
competencias laborales debe estar precedida de los estudios que soporten tales
decisiones. Esta exigencia tiene como finalidad garantizar que las modificaciones
introducidas a los empleos respondan a criterios objetivos de organización administrativa
y de gestión del talento humano, evitando que obedezcan a decisiones arbitrarias o
desprovistas de justificación técnica.

45. No obstante, dicha disposición no impone a la Administración la obligación de
elaborar un estudio técnico independiente para cada uno de los empleos objeto de
modificación ni para cada ajuste específico que se incorpore al manual. Lo que exige el
ordenamiento es que la decisión administrativa se encuentre respaldada por un estudio
técnico suficiente que explique y justifique la actualización del manual en su conjunto, de
manera que exista correspondencia entre el diagnóstico institucional efectuado y las
modificaciones finalmente adoptadas.

46. En el presente asunto se encuentra acreditado que la Resolución 000005 de 2 de
enero de 2024 fue expedida con fundamento en los estudios técnicos elaborados para
soportar la actualización integral del MEFCL del Ministerio de Educación Nacional,
instrumento que comprendió la revisión de los 228 cargos que conforman la planta de
personal de la entidad2. En consecuencia, no resulta jurídicamente exigible que la
Administración hubiese elaborado un estudio autónomo y exclusivo para justificar las
modificaciones introducidas en los empleos de Profesional Especializado, Código 2028,
Grado 22, pues este hacía parte del proceso general de actualización del manual.

47. En ese contexto, la parte demandante no demostró que tales estudios fueran
inexistentes o insuficientes para soportar la actualización del manual, sino que su
inconformidad radica en que las modificaciones finalmente introducidas al empleo difieren
parcialmente del proyecto inicialmente socializado. Sin embargo, no desvirtuó la
existencia ni la suficiencia del soporte técnico de la actuación administrativa. Por
consiguiente, tampoco prospera el cargo por presunta expedición irregular del acto
administrativo derivada de la ausencia de estudios técnicos.

Condena en costas

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma no significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia. La pretensión del legislador fue instar la condena en

2 Los estudios técnicos que sustentaron la modificación tanto de la planta de personal como del MEFCL

del Ministerio de Educación Nacional fueron aportados como prueba por la entidad demandada, los cuales
consta en el índice 15 de Samai, en la subcarpeta «Evidencia 11».
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costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente
en asuntos de interés público; creando así una excepción a la regla general, según la
cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

49. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no
habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.

50. En el caso concreto, se tiene que la acción fue incoada en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general al abordar asuntos
de interés común que pueden ser promovidos por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derecho subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte que la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal, por lo que no se
condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. No condenar en costas en el presente proceso.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, realizar las
anotaciones correspondientes y archivar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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