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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00531-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00531-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por Colpensiones contra la sentencia del veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. RECONOCER personería al abogado Marcos Tercero Narváez Vergara, portador de la tarjeta profesional 135.629 del C.S. de la J., para que actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderado sustituto de Colpensiones, conforme al poder visible a índice 00017 de SAMAI 21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). CP. Gabriel Valbuena Hernández. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 11001-03-25-000-2024-00531-00 (6227-2024) Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00531-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00531-00 (6227-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Helmer Aguja Mur

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reconocimiento de la pensión
de jubilación de funcionario del INPEC. DECLARA
INFUNDADA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción especial de revisión que interpuso1 la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) contra la sentencia del veintisiete (27) de
enero de dos mil veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá2, para lo cual invocó las causales de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que mediante la Resolución GNR 398065 del 12 de noviembre de 2014,
Colpensiones reconoció en favor del señor Helmer Aguja Mur una pensión de vejez
en cuantía de $1.104.893, de conformidad con la Ley 32 de 1986, con una tasa de
reemplazo del 75%, condicionada al retiro del servicio.

2. Que la anterior decisión fue modificada por la Resolución GNR 259244 del 26 de
agosto de 2015, que ordenó el pago de la prestación en cuantía de $1.162.670, en
aplicación a la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio y los factores establecidos en el
Decreto 1158 de 1994.

3. Que con la Resolución GNR 319865 del 19 de octubre de 2015, Colpensiones
negó la solicitud del pago del retroactivo pensional de vejez; decisión confirmada a
través de las Resoluciones GNR 5086 del 7 de enero de 2016 y VPB 16277 del 11
de abril de 2016.

1 La presentación de la acción se efectuó el 31 de octubre de 2024, de acuerdo con la anotación efectuada por

la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación que reposa en el índice 0003 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que modificó y confirmó parcialmente la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2019 por el Juzgado

Trece Administrativo de Tunja que accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el señor Helmer Aguja Mur.

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4. El 5 de octubre de 2016, el accionado solicitó a Colpensiones la reliquidación de
la pensión de vejez, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados
en el último año de servicio, petición que fue negada mediante las Resoluciones
GNR 56458 del 21 de febrero de 2017 y DIR 4982 del 8 de mayo de 2017.

5. Que el señor Helmer Aguja Mur ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos anteriores con el fin de que se
reliquidara su pensión de jubilación con el 75% de la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicio.

6. El Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Tunja, en sentencia del 12 de
diciembre de 2019, considerando que el aquí demandado es beneficiario del
régimen previsto en la Ley 32 de 1986, accedió a las pretensiones y condenó a
Colpensiones a reconocerle la pensión de jubilación en cuantía de $1.610.335.88,
teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicio comprendido entre el 1.º de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015,
incluyendo la asignación básica, el sobresueldo, la bonificación por servicios, el
auxilio de transporte y las primas de riesgo, de servicios, de vacaciones, de
alimentación y de navidad.

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá modificó y confirmó parcialmente la decisión
de primera instancia, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

8. En providencia del 27 de enero de 20223, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, al reconocer que el señor
Helmer Aguja Mur tenía derecho a la liquidación de su prestación con el 75 % de lo
devengado en el último año de servicios, incluyendo los factores previstos en el
Decreto 1045 de 1978, pero modificó el fallo al excluir la prima de riesgo como
componente del ingreso base pensional.

9. Para sustentar su decisión, expuso los siguientes argumentos:

10. Indicó que lo determinante para establecer si un servidor del INPEC se
encuentra cobijado por la Ley 32 de 1986 es la fecha de su vinculación, esto es, si
ingresó antes o después del 28 de julio de 2003. Por lo que, para el actor, quien se
vinculó el 18 de agosto de 1993, el régimen aplicable era el previsto en la Ley 32 de
1986, no por efecto del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
sino conforme al parágrafo transitorio 5.º del Acto Legislativo 01 de 2005, sin
necesidad de verificar la edad o el tiempo de servicio al 1.º de abril de 1994.

3 Véase archivo digital «17RECIBE MEMORIAL_25632024RESPUESTAAOF(.pdf) NroActua 15», Carpeta 001

Cuaderno Principal, archivo «064DesiciónSegundaInstancia.pdf», Págs. 4-27 del índice 00015 de SAMAI.

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11. Señaló que, conforme al artículo 96 de la Ley 32 de 1986 y al artículo 168 del
Decreto 407 de 1994, los servidores del INPEC pueden acceder a la pensión con
veinte (20) años de servicio, sin exigencia de edad, y que dicho decreto autoriza
acumular el tiempo laborado en la Fuerza Pública.

12. Respecto de la liquidación de la prestación, precisó que esta debía corresponder
al 75 % del promedio mensual devengado en el último año de servicios, criterio
ajeno a la interpretación del inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
contenida en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pues el ingreso
base de liquidación no integra el régimen de transición ni aplica a los miembros del
INPEC amparados por la Ley 32 de 1986. En consecuencia, los factores salariales
a considerar son los enlistados en el Decreto 1045 de 1978.

13. Que durante el último año de servicios —del 1.º de marzo de 2014 al 28 de
febrero de 2015— el señor Helmer Aguja percibió los siguientes factores salariales:
asignación básica, sobresueldo, prima de riesgo, bonificación por servicios, primas
de servicios, alimentación, vacaciones y navidad, así como auxilio de transporte,
todos contemplados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y no reconocidos
por la entidad demandada. Aclaró además que, contrario a lo sostenido en el
recurso de apelación, el auxilio de transporte sí tiene carácter salarial para efectos
pensionales, conforme a dicha norma.

14. Finalmente, en relación con la prima de riesgo, acogió los argumentos de
Colpensiones al considerar que no integra el ingreso base pensional, dado que,
según la jurisprudencia vigente, corresponde al legislador determinar qué constituye
salario, y en este caso la prima de riesgo fue creada sin tal naturaleza. Por ello,
modificó el numeral tercero de la sentencia apelada, excluyendo este concepto del
cálculo del IBL.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

15. Colpensiones interpuso acción de revisión la cual sustentó con los siguientes
argumentos:

16. Considera que se configuró un evidente abuso del derecho al promover, por parte
de la demandante y al ser acogida por la jurisdicción contenciosa, una interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contraria a los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional sobre el alcance del régimen de transición. Conforme a dicha
jurisprudencia, la determinación del ingreso base de liquidación debe sujetarse a
reglas acordes con los principios constitucionales y legales vigentes, en especial con
aquellos que garantizan la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

17. Afirma que el abuso del derecho no implica necesariamente la comisión de una
conducta ilícita, sino la utilización de una interpretación normativa incompatible con la
Constitución, mediante la cual se obtiene un beneficio desproporcionado o
irrazonable —en este caso, de naturaleza pensional— por lo que resulta procedente

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acudir a los mecanismos judiciales destinados a salvaguardar los recursos públicos
y a restablecer los mandatos constitucionales de justicia y legalidad.

18. Expresa que no se trata de introducir hechos o argumentos nuevos ajenos al
núcleo de la controversia que dio origen a la providencia cuestionada, sino de
evidenciar que el reconocimiento del derecho pensional se efectuó con
desconocimiento del debido proceso, porque desconoce el precedente establecido
por la Corte Constitucional4 y la sentencia de unificación emitida por esta
Corporación el 28 de agosto de 2018, en torno a la interpretación que debe
otorgársele al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que ha determinado que el IBL no
es un elemento de la transición, el que constituye precedente interpretativo de
acatamiento obligatorio.

19. Que el señor Helmer Aguja Mur al estar cobijado por el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su pensión
sea reconocida y reliquidada con el promedio de los factores salariales sobre los
cuales se cotizó al Sistema General de Pensiones en los 10 últimos años de servicios.

20. Afirmó que el beneficio de la transición se ha utilizado para extender en el tiempo
regímenes pensionales derogados con la entrada en vigencia del Sistema General
de Pensiones, sin tenerse en cuenta que esta solo comprende los conceptos de
edad, monto y semanas de cotización y excluye el ingreso base de liquidación, por
lo que, para determinar la cuantía de la pensión deben aplicarse las reglas que
vienen con la Ley 100 de 1993, independiente del régimen especial al que se
pertenezca.

21. Que al apartarse el juez de instancia de la interpretación de la Corte
Constitucional y del tenor literal de la norma vigente – artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993–, respecto a la aplicación del IBL para los beneficiarios del régimen de
transición, otorgó un derecho sin el cumplimiento de los requisitos legales,
lesionando gravemente el erario, pues le corresponde a la Nación asumir los
recursos para cubrir una prestación, los que son indispensables para la financiación
del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.

22. Que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
porque la decisión desconoce el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional en torno al ingreso base de liquidación y los factores salariales a
tener en cuenta para efectos de liquidar dicha prestación.

Contestación a la acción de revisión

23. La parte demandada, al contestar la demanda5, señaló que el principio de
inescindibilidad de las normas impide su aplicación de manera fragmentada, pues
estas deben interpretarse en su integridad.

4 Citó las Sentencias, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-298 de 2015 y C-539 de 2011.
5 El apoderado de la parte demandada remitió memorial contestando la demanda el 13 de marzo de 2025,

visible a índice 00020 de SAMAI.

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24. Sostuvo, además, que el principio de favorabilidad no autoriza la aplicación
simultánea de dos regímenes que coexisten. Indicó que la Ley 32 nunca fue
derogada por la Ley 100 de 1993 porque el Acto Legislativo 01 de 2005 reconoció
el carácter especial del régimen pensional de los miembros del INPEC, a quienes,
adicionalmente, se les extendieron las condiciones de jubilación previstas en el
Decreto 2090 de 2003 por un período de hasta diez años posteriores a su vigencia.

25. En consecuencia, era procedente el reconocimiento de la pensión con base en
lo devengado durante el último año de servicio, incluyendo los factores salariales
establecidos en el Decreto 446 de 1994, esto es: asignación básica, primas de
navidad, vacaciones y servicios, subsidios de transporte y alimentación,
sobresueldo y bonificación por servicios prestados; tal como lo hizo el Tribunal
Administrativo de Boyacá en la sentencia objeto de revisión.

26. Afirmó que remitirse al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 implica desconocer lo dispuesto en el artículo 140 de la misma norma,
el cual, al reconocer el carácter especial del régimen aplicable a quienes
desempeñan labores de alto riesgo, también garantiza la protección del mínimo vital
de los miembros de dichas instituciones.

Concepto del Ministerio Público

27. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

28. Previo a resolver, la Sala advierte que si bien en el escrito de revisión la entidad
demandante no hizo referencia expresa a la causal de revisión prevista en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de su contenido se desprende con claridad
que los hechos y argumentos expuestos se enmarcan en dicha hipótesis normativa,
relativa al reconocimiento de una prestación económica con violación del debido
proceso. En efecto, se advierte que la entidad al momento de subsanar la demanda
expresamente indicó:

«A nuestro juicio la acción de revisión invocada, y en particular, los supuestos
fácticos y procesales puestos de presente, se adecuan a la estructura legal
prevista en la norma aplicable, recién citada, por cuanto no se pretende
introducir hechos o argumentos nuevos, ajenos al núcleo de la controversia que
dio lugar a la providencia judicial que se discute, sino frente al reconocimiento
de un derecho pensional con violación al debido proceso por desconocimiento
de precedente constitucional, al condenar a Colpensiones a reconocer una
pensión de jubilación con base en la Ley 32 de 1986, en cuantía del 75%

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teniendo en cuenta el promedio de lo devengado del 01 de marzo de 2014 al 28
de febrero de 2015 […]

Ello también resulta violatorio al debido proceso pues inobserva el precedente
jurisprudencial que sentó el Consejo de Estado mediante sentencia de
unificación SU-143 del 28 de agosto de 2018 frente a las subreglas para
determinar el IBL.

En este aspecto, existe una clara violación al debido proceso debido a que no
se observó el precedente jurisprudencial, lo cual, claramente desemboca en el
reconocimiento de una prestación económica con valores por encima de los que
realmente corresponderían».

29. Por tanto, resulta necesario realizar un análisis sobre dicha causal con miras a
garantizar un pronunciamiento efectivo sobre todos los puntos señalados por la
entidad en la demanda.

30. Conforme a lo anterior, la Subsección deberá determinar si se configuran las
causales de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el
reconocimiento de la pensión del señor Helmer Aguja Mur, con la totalidad de los
factores devengados en el último año de servicios conforme a lo dispuesto en la Ley
32 de 1986, supuso una vulneración del debido proceso y/o pago en exceso frente
a lo previsto en la ley.

31. Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial
de revisión, ii) Causales de revisión invocadas; iii) Justicia rogada dentro de la
acción especial de revisión y, iv) Caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

32. El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones6 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.

33. Conviene precisar que, esta acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

34. Aunque es cierto que la acción de revisión contemplada por el artículo 20, por
expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el recurso
extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha

6Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

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sido considerada como un mecanismo especial7 por al menos tres razones: su
finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien está habilitado
para ejercer la acción.

35. En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar
«(...) a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de
una herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos
pensionales que se encuadren en dichas causales (…)»8. Frente a los motivos para
interponer el recurso se advierte que son aquellos establecidos taxativamente en los
artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos
indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.

36. Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira9 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

37. Las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

38. Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.

39. En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo
del tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse
que la Constitución Política en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

7 Para tales efectos la providencia del Consejo de Estado del 27 de marzo de 2014, radicado núm. 11001-03-

25-000-2012-00561-00 (2129-12), C.P: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades
de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad
propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los
mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
8 Ibid.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia

del 1° de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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40. Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado10 como la Corte Constitucional11
son concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
41. Importa destacar que, el debido proceso comprende una serie de garantías que
permiten el acceso a la administración de justicia y la emisión de decisiones
judiciales de manera oportuna y eficiente, asegurando, en todo caso, la
materialización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29
Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».

42. Acerca de la causal consagrada en el literal b, relativa a la liquidación de la
pensión sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del
proyecto de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de
construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el
tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»12. De igual manera, se
advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se
estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de establecer un
mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que
no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en
esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

43. Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

44. En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de
dichos parámetros.

Caso concreto

45. Antes de abordar las causales planteadas, la Sala considera necesario precisar
que la acusación formulada por la entidad recurrente en torno al supuesto abuso del
derecho parte de una comprensión errónea de esta figura jurídica. En efecto, el

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV).
11 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.

12 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222 .

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abuso del derecho se predica únicamente de quien, siendo titular de un derecho
subjetivo, lo ejerce de manera desleal, desproporcionada o contraria a los fines
legítimos para los cuales fue reconocido, causando un perjuicio a otro. Por su
naturaleza, dicha figura solo puede aplicarse a las partes del proceso y no a la
autoridad judicial que profiere una decisión en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales.

46. Superado este aspecto preliminar, la Sala se ocupará de examinar las causales
invocadas por la UGPP, para establecer si, en efecto, el cargo relativo a la
reliquidación de la prestación periódica con violación del debido proceso se
encuentra debidamente sustentado. De ser así, se procederá a su análisis de fondo
y, en caso contrario, se evaluará si la segunda causal —referida al presunto
reconocimiento excesivo en la reliquidación pensional— está llamada a prosperar,
con el fin de determinar si procede o no la revocatoria del reconocimiento efectuado.

47. En cuanto a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, Colpensiones sostiene que la decisión judicial cuestionada desconoció el
precedente jurisprudencial al ordenar la liquidación de la pensión con base en los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, y no conforme al
promedio de los últimos diez (10) años, como lo disponen los artículos 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993.

48. Del análisis de los argumentos expuestos se advierte, sin embargo, que la
inconformidad de la entidad no se circunscribe únicamente al desconocimiento del
precedente judicial, sino que, en el fondo, controvierte la determinación normativa
adoptada por el Tribunal al definir el régimen jurídico aplicable. En esa medida, la
Sala encauzará el examen del cargo bajo la óptica de una posible vulneración del
principio de legalidad, como componente esencial del debido proceso.

49. En ese contexto, se advierte que el Tribunal concluyó que el régimen aplicable
al entonces demandante era el contenido en la Ley 32 de 1986 y, si bien dicha norma
no contemplaba los factores a tener en cuenta para la liquidación de la pensión de
jubilación, también precisó que el artículo 114 remitía expresamente —y así lo
confirma el artículo 184 del Decreto 407 de 1994— al régimen general vigente para
los empleados públicos del orden nacional, esto es, la Ley 4 de 1966 y el Decreto
1045 de 1978.

50. Esta Subsección encuentra que la sentencia objeto de revisión decidió acoger la
tesis sostenida por el Consejo de Estado, según la cual, los empleados del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional están sujetos a un
régimen especial para acceder a la pensión de jubilación contemplado en el artículo
96 de la Ley 32 de 1986; y los factores salariales para tener en cuenta debían ser
los previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 197813.

13 Véanse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2006. Exp. 2849-

04, CP. Jesús María Lemos Bustamante; sentencia del 22 de abril de 2010, Exp. 0858-09, CP Gerardo Arenas
Monsalve. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10 de agosto de 2006. Exp.
3146-05, y del 22 de febrero de 2007. Exp. 4193-04, CP. Jaime Moreno García; sentencia del 3 de marzo de
2011. Exp. 0277-09, CP Luis Rafael Vergara Quintero.

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51. Por tanto, aunque la entidad recurrente pretende la aplicación de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018 emitida por esta Corporación14, aquella decisión
se enmarcó en el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a la luz de la Ley 33 de 1985,
situación que difiere a la del hoy demandado, por contar con un régimen especial
como lo consideró la decisión al desatar el recurso de apelación.

52. De acuerdo con lo expuesto, el señor Helmer Aguja Mur, por haber ingresado al
servicio con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 —28 de
julio de 2003—, pues laboró como dragoneante del INPEC del 18 de agosto de 1993
al 28 de febrero de 201515, tenía derecho a que se le liquidara la pensión especial
de vejez con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de servicios,
incluyendo los factores salariales devengados en dicho período, conforme lo dispuso
la providencia proferida por el Tribunal.

53. Recuérdese que, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993, los
empleados del INPEC gozan de un régimen pensional especial por actividades de
alto riesgo, que en el presente caso corresponde al previsto en los artículos 96 de la
Ley 32 de 1986 y 168 del Decreto 407 de 199416.

54. En consecuencia, el IBL de la pensión de jubilación del señor Helmer Aguja Mur,
adoptado por el Tribunal no puede calificarse como arbitrario ni irrazonable, por
cuanto, en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de la Ley 32 de
1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, se determinó que, en los
aspectos no regulados expresamente en dichas disposiciones, debía acudirse a lo
previsto para los empleados públicos nacionales en las normas vigentes. Este
ejercicio interpretativo, respaldado por decisiones anteriores de esta Corporación,
condujo a aplicar lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 4ª de 1966, según el cual
«las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores
de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como
base el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual obtenido en el último
año de servicios».

55. Este criterio, además, fue reiterado por esta Subsección en el recuento normativo
efectuado en la sentencia del 22 de octubre de 2020, expediente 4678-1417, la cual,
aunque no fue citada expresamente en la decisión objeto de revisión, se encontraba
vigente para la época en que esta fue proferida. En dicha providencia, la Subsección
se refirió al régimen pensional aplicable a los empleados del INPEC en los siguientes
términos:

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Exp.

52001-23-33-000-2012-00143-01. CP. César Palomino Cortés.
15 Véase folio 9 del archivo digital denominado «000_Expediente Digitalizado», índice 00024 de SAMAI.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp. 52001-23-33-

000-2015-00732-01 (3466-2021).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 22 de octubre de 2020. Exp. 88001-23

33-000-2014-00006- 01(4678-14); reiterada en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y del 22 de
junio de 2023 (3466-2021).

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«Pese a que en el anterior recuento quedó claro que los miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia del INPEC tienen derecho a la pensión al cumplir con el
tiempo de servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32 de 1986, nada se
estableció en relación con la forma de liquidar la misma, por lo que se debe
tener en cuenta que en el artículo 114 ibidem se determinó que en los aspectos
no previstos en la ley, se aplican las normas vigentes para los empleados
públicos nacionales, lo cual fue reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de
1994.

De acuerdo con ese marco, debe tenerse en cuenta las disposiciones del
régimen general, concretamente la Ley 4 de 1966, en cuyo artículo 4 se
estableció:

«ARTÍCULO 4º. A partir de la vigencia de esta Ley, las pensiones de jubilación
o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades
de Derecho Público, se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y
cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios».

Con respecto a los factores que constituyen salario para la liquidación de la
pensión de jubilación de que trata la Ley 32 de 1986, esta Subsección, en
sentencia del 27 de septiembre de 201818 sostuvo que serían los dispuestos en
el Decreto 446 de 1994, es decir: la prima de navidad (art. 2), la prima de
vacaciones (art. 3), la prima de servicios (art. 4), los pasajes y gastos de
transporte (art. 7), subsidio de transporte (art. 13), subsidio de alimentación (art.
14), sobresueldo (art. 17). Por el contrario, no constituyen factor salarial: la
prima de instalación y alojamiento (art. 5), la prima de capacitación (art. 6), la
prima de clima (art. 8), la prima extracarcelaria (art. 11), la prima de vigilantes
instructores (art. 12) y el subsidio familiar (art. 15).

De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen específico del INPEC
no se estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta Sala
concluye que, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho
pensional se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el
último año de servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de
199419».

56. Esta postura, incluso, fue reiterada por esta Corporación en decisiones
posteriores, entre ellas, la del 9 de junio de 2022, en la cual se precisó que, para
determinar si al personal de custodia y vigilancia del INPEC le resulta aplicable el
régimen especial previsto en la Ley 32 de 1986, no es necesario acudir a lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dichos servidores públicos
cuentan con un régimen de transición particular, regulado en disposiciones
normativas distintas.

«En suma, para el caso de los servidores del INPEC que hubiesen
desempeñado actividades peligrosas, como es el caso del demandado por
haber ejercido los cargos de dragoneante, inspector, inspector jefe y teniente
de prisiones (pertenecientes al Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional. Ver certificado de información laboral obrante a folio 77 del
cuaderno 1), no resulta válido estudiar su situación en punto a la aplicación de

18 Rad. 27001-23-31-000-2011-00242-01 (1344-2014). Demandante: José Arcenio Moreno. Demandados: Caja

Nacional de Previsión Social (Cajanal) y Ministerio de la Protección Social.
19 Esta decisión fue reiterada de forma posterior en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de febrero de 2023. Exp. 23001-23-33-000-2016-00445-01
(3423-2018). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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los preceptos del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 según lo afirmado por la entidad libelista en su recurso.

Lo expuesto se justifica en la medida en que dicha regulación general no
les era aplicable a aquellos funcionarios por expreso mandato del artículo
140 ibidem, habida cuenta de que no solo con anterioridad a la entrada en
vigencia del SGSS estos tenían una regulación específica en materia
prestacional contenida en la Ley 32 de 1986, sino que además en el primer
precepto aludido se conminó al Gobierno Nacional a expedir el régimen
propio de estos empleados»20.

57. Así, en cuanto a los factores salariales la autoridad judicial acertó al establecer
que debían incluirse: la asignación básica, sobresueldo, bonificación por servicios,
prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de alimentación y
auxilio de transporte al estar previstos en el Decreto 1045 de 1978.

58. Descartada la configuración de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, corresponde ahora analizar lo alegado por la entidad bajo la
causal b) del mismo artículo.

59. Advierte la Sala que, si bien la UGPP no precisa la diferencia económica entre el
monto reconocido por la sentencia y el que, en su criterio, debió liquidarse, se
advierte que antes de la decisión judicial la pensión solo comprendía la asignación
básica y la bonificación por servicios, mientras que, con la providencia recurrida, se
incorporaron los factores de sobresueldo, prima de servicios, prima de navidad,
prima de vacaciones, prima de alimentación y auxilio de transporte. Es claro,
entonces, que el monto de la mesada aumentó al ampliarse los conceptos salariales
considerados en la base de liquidación.

60. Por consiguiente, la parte demandante efectivamente se encuentra facultada
para cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión, pues justifica al
menos de manera sucinta la causal aludida, lo que a su vez habilita a esta
Corporación a continuar con el estudio del asunto. En esa medida, corresponde
determinar si, en el caso concreto, la pensión reconocida excedió los límites
legalmente establecidos

61. El argumento central de la UGPP, sobre el cual edifica la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, consiste en afirmar que la pensión de
jubilación reliquidada se está pagando en una cuantía superior a la prevista en la ley,
pues el Tribunal ordenó incluir todos los emolumentos devengados durante el último
año de servicios, cuando —según la entidad— lo correcto habría sido aplicar el
promedio de los últimos diez (10) años, conforme al inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 y a los factores salariales del Decreto 1158 de 1994.

62. No obstante, conforme a lo expuesto en precedencia al analizar la causal a), la
Sala tampoco comparte este planteamiento bajo la causal b). La prestación
reconocida al demandado se ajustó a la normativa especial y a la jurisprudencia

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 9 de

junio de 2022. Exp. 25000-23-42-000-2019-00942-01 (4325-2021). C.P. William Hernández Gómez.

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vigente al momento de su reliquidación, por lo que no puede calificarse como abusiva
ni lesiva del erario. La configuración de esta causal exige que el incremento
pensional derive de una infracción evidente y manifiestamente contraria al
ordenamiento jurídico, supuesto que no se presenta en este caso porque la decisión
judicial se fundó en una interpretación razonable y coherente con el marco normativo
aplicable según el precedente que regía para la época.

63. Por las razones expuestas, la Sala concluye que tampoco se configuró la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual la
acción de revisión interpuesta por la UGPP carece de fundamento y será declarada
infundada.

Condena en costas

64. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión, prevista
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales detrimentos al
Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, la Sala,
con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante, se abstendrá de imponer
condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir providencias
judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión interpuesta por
Colpensiones contra la sentencia del veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós
(2022), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Marcos Tercero Narváez Vergara,
portador de la tarjeta profesional 135.629 del C.S. de la J., para que actúe dentro
del proceso de la referencia en calidad de apoderado sustituto de Colpensiones,
conforme al poder visible a índice 00017 de SAMAI

21 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23
de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022,
Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). CP. Gabriel Valbuena Hernández.

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Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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