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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00561-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00561-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por la Asociación Sindical de Defensores del Mérito para la Provisión de Cargos del Estado en el Departamento del Casanare - ASOMERITOS CASANARE- contra los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11 parágrafo único, del Decreto 243 de 2024, «por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos», expedido por el presidente de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00561-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020240056100 (6518-2024)
Demandante: Asociación Sindical de Defensores del Mérito para la
Provisión de Cargos del Estado en el Departamento del
Casanare - ASOMERITOS CASANARE
Demandado: Nación- Ministerio de Hacienda - Ministerio del Trabajo
y Departamento Administrativo de la Función Pública
Temas: Negociación sindical

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

1.
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la Asociación Sindical de Defensores del Mérito para la
Provisión de Cargos del Estado en el Departamento del Casanare - ASOMERITOS
CASANARE- contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio
del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

2.
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,2 la Asociación Sindical de Defensores del Mérito para la Provisión de
Cargos del Estado en el Departamento del Casanare – en adelante ASOMERITOS
CASANARE-, actuando a través de apoderada, presentó demanda en orden a que se
declare la nulidad de los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11, parágrafo único, del
Decreto 243 de 2024, «por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo
relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las
organizaciones de empleados públicos».

1
Expediente digitalizado. Aplicativo SAMAI. Opción visualizar expediente. Archivo: «
003_3_DemandaWeb_Demanda_1DemandadeAcciondeIn.pdf».
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011. Inicialmente fue
presentada como nulidad por inconstitucionalidad, pero a través de auto de 20 de mayo de 2025 se adecuó al
medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del CPACA y se rechazó la pretensión «b).
SEGUNDO». Archivo « 008_8Autoqueadmite_65182024Adecuasimple.pdf» Ibidem.

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Radicado: 11001032500020240056100 (6518-2024)
Demandante: ASOMERITOS CASANARE

1.1.2. Fundamentos fácticos

3.
Como sustento de sus pretensiones, la Asociación sindical señaló que el Decreto
243 de 2024 regula la conformación de las comisiones negociadoras unificadas
sindicales en la negociación colectiva en el sector público.

4.
Según los artículos demandados, se impone un umbral mínimo de afiliados como
requisito para la participación directa en las negociaciones, limitando la participación
de los sindicatos minoritarios y obligándolos a asociarse con otras organizaciones
para alcanzar dicho umbral, o a delegar su representación en sindicatos
mayoritarios.

5.
Adujo que esas normas imponen una carga excesiva a los sindicatos pequeños,
obligándolos a depender de la voluntad de las organizaciones más grandes, lo cual
atenta contra su autonomía y representación directa.

6.
Según lo explicó la distinción que hace la norma tiene como consecuencia
conceder a las organizaciones más representativas con un número más elevado de
afiliados, privilegios en materia de representación en las negociaciones colectivas,
consultas con los gobiernos, o incluso en materia de designación de los delegados
ante organismos Nacionales e internacionales. Sin embargo, no debería privar a las
organizaciones sindicales más representativas, de los medios para defender los
intereses profesionales de sus miembros ni del derecho de organizar su gestión y su
actividad y de formular su programa de acción, previsto por el Convenio 87 de la
OIT.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

7.
Se acusa los artículos 2.2.2.4.10 y el parágrafo único del artículo 2.2.2.4.11 del
Decreto 243 de 2024 de infracción de las normas en que debía fundarse y la
vulneración de los derechos fundamentales relacionados con la actividad sindical.

8.
Lo anterior, con base en que tales disposiciones afectaron la participación de los
sindicatos minoritarios en la negociación colectiva, pues los obligan a depender de
la voluntad de organizaciones sindicales mayoritarias para presentar y negociar sus
solicitudes.

9.
Según la demanda, esta situación implica una negación material del derecho a la
negociación colectiva y obliga a los sindicatos pequeños a integrar sus peticiones
con organizaciones con las que pueden tener diferencias ideológicas.

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Demandante: ASOMERITOS CASANARE

10.
Por ello consideró vulnerados el derecho de asociación sindical consagrado en el
artículo 39 de la Constitución, el derecho a la negociación colectiva previsto en el
artículo 55 y el principio de igualdad establecido en el artículo 13.

11.
Según explicó, los sindicatos minoritarios deben asociarse con otras
organizaciones para alcanzar dicho umbral o delegar su representación en
sindicatos mayoritarios, exigencia que constituye una carga excesiva para los
sindicatos pequeños, afecta su autonomía y limita su representación directa.

12.
Además, sostuvo que la noción de representatividad multinivel debe aplicarse
mediante criterios objetivos que no comprometan los derechos y garantías
fundamentales de las organizaciones menos representativas, conforme a los
principios desarrollados por la OIT y al Convenio 87.

13.
Para sustentar su posición, citó las sentencias C-578 de 1992, C-063 de 2008 y
C-1154 de 2008 de la Corte Constitucional, las cuales, según la demanda, protegen
la autonomía sindical y rechazan que un sindicato sea obligado a canalizar sus
peticiones a través de otra organización.

14.
En segundo lugar, sostuvo que las normas afectan el derecho a la negociación
colectiva porque subordinan la participación sindical a criterios de representatividad
numérica. La demanda refiere la Sentencia T-645 de 2001 para afirmar que el
derecho de negociación colectiva no puede depender del número de afiliados de
una organización sindical. En ese sentido, considera que el Decreto 243 de 2024
dificulta que los sindicatos minoritarios defiendan los intereses de sus afiliados en
igualdad de condiciones.

15.
Como tercer argumento, la demandante afirma que existe una vulneración del
principio de igualdad, pues el decreto establece un trato diferenciado entre
sindicatos mayoritarios y minoritarios basado en la cantidad de afiliados. Según la
demanda, este modelo privilegia a las organizaciones más grandes y limita la
participación efectiva de las organizaciones pequeñas.

16.
Citó apartes del Decreto 1373 de 1966 y señaló que la regulación demandada
consolidó un esquema de representatividad que favorece a los sindicatos de mayor
tamaño.

17.
Sostuvo que la limitación al derecho de asociación se estaría imponiendo
mediante un decreto, a pesar de que dicha competencia correspondería
exclusivamente al legislador. Citó las sentencias C-465 de 2005, C-063 de 2008 y el
Convenio 87 de la OIT para sustentar que al obligarse a los sindicatos minoritarios a
integrarse con otras organizaciones para poder intervenir en los escenarios de
negociación colectiva se desconocen los principios de autonomía e independencia
sindical.

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Demandante: ASOMERITOS CASANARE

18.
Indicó que las restricciones al número de negociadores previstas para los
distintos ámbitos de negociación (nacional, sectorial, territorial y singular) reducen la
capacidad de participación efectiva de los sindicatos minoritarios y concentran el
poder de negociación en organizaciones sindicales mayoritarias y tradicionales, lo
que debilita la democracia sindical, excluye las voces de organizaciones más
pequeñas y afecta la pluralidad y diversidad en la representación de los
trabajadores. Para respaldar este planteamiento cita la Sentencia C-400 de 2013.

19.
Finalmente, señala que el Decreto 243 de 2024 contraviene los Convenios 87 y
98 de la OIT, ratificados por Colombia mediante la Ley 26 de 1976, relacionados con
la libertad sindical, la protección del derecho de sindicación y la negociación
colectiva. Así mismo, en sentencia C-063 de 2008, la Corte Constitucional reconoció
que la negociación colectiva forma parte de la libertad sindical y comprende la
autonomía de las organizaciones para presentar y negociar sus pliegos de
peticiones mediante sus propios representantes. También resalta apartes de las
sentencias C-567 de 2000 relacionada con la autonomía sindical y la sentencia
C-578 de 2002 sobre el control de constitucionalidad de los tratados internacionales
y sus leyes aprobatorias.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3.

20.
El apoderado de la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo
cual señaló en primer lugar que la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en la expedición del Decreto 243 de 2024 obedeció exclusivamente a la
validación de aspectos presupuestales. Además, el decreto no tuvo impacto fiscal ni
requería disponibilidad presupuestal, por lo que no generó efectos sobre el
Presupuesto General de la Nación. Por eso, esa cartera ministerial es ajena al
contenido sustancial del decreto, cuyo objeto fue el modificar los procedimientos de
negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados
públicos, materia que además no hace parte de las funciones asignadas a esa
entidad por el Decreto 4712 de 2008.

3
Expediente digitalizado aplicativo SAMAI. Archivo « 012_12_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
Contestacionyanexo.pdf».

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Demandante: ASOMERITOS CASANARE

21.
Posteriormente, se refirió a la potestad reglamentaria con fundamento en
jurisprudencia del Consejo de Estado4 y de la Corte Constitucional5, a partir de la
cual sostuvo que esta facultad permite al Gobierno Nacional expedir normas
generales y abstractas para asegurar la correcta ejecución de la ley y en relación
con la negociación colectiva de los empleados públicos, el Gobierno Nacional tiene
competencia para reglamentar mecanismos de concertación laboral.

22.
Señaló que conforme a la Sentencia C-1234 de 2005 de la Corte Constitucional y
a los Convenios 151 y 154 de la OIT, los empleados públicos pueden acudir a
procedimientos de concertación para discutir sus condiciones laborales, aun cuando
existan restricciones frente a los mecanismos tradicionales de negociación
colectiva. De esta manera, se sostuvo que la modificación introducida por el Decreto
243 de 2024 se encuentra dentro de las competencias reglamentarias del Gobierno
Nacional.

23.
En cuanto a los cargos formulados por la demanda, indicó que estos se centran
en una presunta vulneración de los derechos fundamentales de asociación sindical,
negociación colectiva e igualdad. Consideró que los artículos 2.2.2.4.10 y el
parágrafo único del artículo 2.2.2.4.11 del Decreto 243 de 2024 limitan la
participación de sindicatos minoritarios al imponer requisitos de representatividad
numérica, afectan la negociación colectiva, crean un trato desigual frente a los
sindicatos mayoritarios, desconocen la jurisprudencia constitucional y restringen
arbitrariamente el número de negociadores.

24.
Frente a los cargos de la demanda sostuvo que los argumentos son
improcedentes e insuficientes porque se estructuraron desde una perspectiva
constitucional, propia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad,
cuando el asunto fue adecuadamente tramitado como una acción de nulidad simple
y el demandante no desarrolló cargos concretos de ilegalidad frente a las normas
legales que sirven de fundamento al decreto, particularmente respecto del Código
Sustantivo del Trabajo y de la normativa que regula la negociación colectiva de los
empleados públicos.

25.
Finalmente, se refirió a los fundamentos fácticos y jurídicos que dieron origen al
Decreto 243 de 2024, para lo cual se refirió al Convenio 151 de la OIT fue
incorporado al ordenamiento colombiano mediante la Ley 411 de 1997 y
reglamentado inicialmente por el Decreto 1092 de 2012, posteriormente sustituido

4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de marzo de 2011 Radicado 17066 C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.; Radicado 17639 de 16 de diciembre de 2011, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez;
sentencia de 27 de noviembre de 2014, Radicación 20915,) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; Auto de 4 de
octubre de 2019 Proceso 11001-03-27-000-2019-00045-00; Sección Segunda, Radicado interno 1280-2009 de
21 de agosto de 2014, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Radicado interno 0112-2011 de 29 de 29 de septiembre
de 2011, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; Subsección A, Rad. 3562-15 (5 de noviembre de 2020), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
5
Sentencias C 1005 de 2008, C- 228 de 1993, C 594 de 2010, C 219 de 2017, C 1234 de 2005, T – 645 de
2001, C 063 de 2008, C 400 de 2013,

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por otras disposiciones incorporadas al Decreto 1072 de 2015. Señaló que la
experiencia práctica en la aplicación de estas normas permitió identificar vacíos
normativos que dificultaban el desarrollo eficiente de la negociación colectiva en el
sector público, especialmente frente a la representatividad sindical, la conformación
de comisiones negociadoras, la unificación de pliegos y la suscripción de acuerdos
colectivos.

26.
También persistían problemas relacionados con el número excesivo de
negociadores, la falta de reglas claras de representatividad, la dispersión sindical, la
falta de articulación entre organizaciones y los retrasos en la formalización de
acuerdos. Según la defensa, estas dificultades justificaron la expedición del Decreto
243 de 2024 con el fin de fortalecer la eficacia de los procesos de negociación
colectiva y garantizar reglas más claras para su desarrollo.

27.
Tal modificación normativa fue discutida y concertada con las organizaciones
sindicales más representativas en el marco de la Subcomisión del Sector Público de
la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Además, el proyecto recogió compromisos contenidos en Acuerdos Colectivos de
2015, 2019 y 2023, y fue objeto de consultas y reuniones durante 2023.

28.
Como conclusión, la entidad indicó que los cargos de la demanda no cumplieron
los requisitos necesarios para desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto 243
de 2024, por lo que deben negarse las pretensiones de la demanda.

29.
Propuso la excepción de «inexistencia de vulneración de la normativa en la cual
se sustentó la norma demandada».

1.2.2. Ministerio de Trabajo6.

30.
Esta entidad por conducto de su apoderado se opuso a la pretensión de nulidad
formulada en la demanda.

31.
En defensa del decreto, el Ministerio explicó que fue expedido en ejercicio de la
potestad reglamentaria reconocida al presidente de la República por el numeral 11
del artículo 189 de la Constitución Política. Señaló que el Decreto 243 de 2024
reglamentó la Ley 411 de 1997, mediante la cual se aprobó el Convenio 151 de la
OIT sobre procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la
administración pública; en línea con esto, el presidente está facultado para expedir
decretos reglamentarios destinados a desarrollar la ley y hacer posible su aplicación
práctica, sin modificarla ni excederla.

32.
Adujo que el decreto acusado constituye un acto administrativo general, abstracto
e impersonal, expedido de manera conjunta por sectores administrativos

6
Archivo « 015_15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CONTESTACIONDDADTE.pdf». Ibidem.

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relacionados con Hacienda, Trabajo y Función Pública. Así mismo, su expedición
era necesaria para continuar desarrollando técnicamente la regulación de los
procedimientos de negociación y solución de controversias con organizaciones de
empleados públicos. Por tanto, el decreto demandado fue expedido dentro de los
límites legales y no configura exceso de potestad reglamentaria.https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/llopezp_consejodeestado_gov_co/Documents/Archivos de chat
de Microsoft Copilot/015_15_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONDDADTE.pdf

33.
Tampoco existió vulneración del derecho de asociación sindical, del derecho de
negociación colectiva ni del principio de igualdad. Al contrario, el artículo 2.2.2.4.10
regula exclusivamente un procedimiento para conformar las comisiones
negociadoras sindicales bajo criterios de representatividad multinivel y
representatividad numérica, con el propósito de ordenar las mesas de negociación
colectiva en el sector público, no impide la participación de los sindicatos
minoritarios ni establece requisitos que les impidan ejercer sus derechos. De
acuerdo con ello, coligió que todas las organizaciones sindicales pueden presentar
pliegos de solicitudes y participar en los procesos de negociación colectiva dentro de
los mecanismos previstos por la regulación.

34.
Explicó que el decreto promueve la unificación de pliegos y la conformación de
una comisión negociadora unificada, con el fin de garantizar una negociación
multinivel organizada y eficiente, esto dado que en el país existen más de 14000
funcionarios públicos distribuidos en distintos niveles y categorías, situación que
hace necesario implementar mecanismos de unidad de negociación y racionalidad
procedimental.

35.
El Ministerio afirmó que la representatividad prevista en el decreto no establece
un mínimo de afiliados para participar en la negociación colectiva, sino que regula la
cantidad de representantes sindicales dentro de las comisiones negociadoras de
acuerdo con el número de afiliados que cada organización posee, lo cual responde a
criterios de proporcionalidad y no constituye discriminación contra los sindicatos
minoritarios. Asi mismo, la autonomía sindical permanece intacta porque ninguna
autoridad interviene en la elaboración de los pliegos de solicitudes ni en la elección
de los representantes sindicales.

36.
Señaló que el Convenio 87 de la OIT garantiza la libertad sindical, pero también
exige que las organizaciones respeten la legalidad y los principios democráticos;
además, los derechos de asociación sindical y negociación colectiva son distintos
por lo que es equivocado equiparar ambos derechos para concluir que el decreto
afecta la libertad sindical.

37.
También afirmó que el Convenio 98 de la OIT no resulta aplicable al caso, porque
su ámbito principal son los trabajadores particulares y trabajadores oficiales,

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excluyendo expresamente a los funcionarios públicos de la administración del
Estado.

38.
Respecto al cargo relacionado con la falta de concertación, el Ministerio señala
que la expedición del Decreto 243 de 2024 fue previamente discutida y concertada
en la Subcomisión del Sector Público de la Comisión Permanente de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales. Además, la regulación recoge temas incluidos
en acuerdos colectivos de 2015, 2019 y 2023, y que el proyecto fue publicado para
comentarios de los ciudadanos.

39.
Frente al principio de igualdad, la entidad sostuvo que el decreto garantiza la
participación de todas las organizaciones sindicales en los procesos de unificación
de pliegos y de conformación de las comisiones negociadoras. Afirmó que la
representatividad no desconoce la igualdad, sino que armoniza el derecho de
participación con el derecho de representación. Para reforzar esa tesis, citó doctrina
de la OIT sobre representatividad sindical y pluralidad de sindicatos, señalando que
es legítimo reconocer mayores niveles de representación a las organizaciones con
mayor afiliación y que la proliferación excesiva de sindicatos puede dificultar los
procesos de negociación colectiva.

40.
Propuso las excepciones de ineptitud de la demanda por presunto incumplimiento
de los requisitos de la acción de nulidad y la inexistencia de violación de la
Constitución Política.

1.2.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública guardó silencio.

II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada

41.
Por auto del 20 de mayo de 20257, se adecuó el medio de control al de simple
nulidad, se rechazó la pretensión «b). SEGUNDO» y se admitió la demanda.

42.
Mediante auto del 29 de agosto de 2025 8, el despacho evidenció la
posibilidad de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del
artículo 182A del CPACA. En consecuencia, se dispuso: (i) negar excepción de
«ineptitud de la demanda» propuesta por el Ministerio de Trabajo, (ii) prescindir de la
audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem; (iii) incorporar las pruebas
documentales aportadas por las partes, demandante y demandada, de conformidad
con lo previsto en el artículo 173 del CGP, (iv) fijar el litigio; (v) en caso de no
presentarse recursos contra esa decisión correr traslado a las partes y al Ministerio
Público para presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

7
Archivo « 008_8Autoqueadmite_65182024Adecuasimple.pdf» Ibidem.
8
Archivo « 022_22Autoquedecide_65182024Excepcionesy.pdf». Idem.

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Demandante: ASOMERITOS CASANARE

2.2. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

2.2.1. Ministerio de Trabajo9. Insistió en sus argumentos de la contestación.

43.
Tanto la parte demandante como las demás entidades demandadas y el
agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad.

44.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

45.
De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, el Consejo de
Estado es competente para resolver en única instancia la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas
o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del
mismo orden. Adicionalmente, está Sección es competente para conocer del
presente asunto de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019,
por el cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado, modificado por el
artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el cual consigna que la Sección Segunda
conocerá de los procesos de simple nulidad de actos administrativos de orden
nacional que versen sobre asuntos laborales y de la seguridad social.

3.2. Problema jurídico

46.
Corresponde determinar a la Sala si ¿los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11,
parágrafo único, del Decreto 243 de 2024, «por el cual se modifica el Capítulo 4 del
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados públicos» incurrieron en el
cargo de «infracción de las normas en que debía fundarse» por el desconocimiento
de los derechos de asociación sindical, negociación colectiva e igualdad al
establecer criterios para la participación de los sindicatos en la negociación colectiva
en el sector público?

3.3. Texto del acto demandado

47.
En este caso se cuestionan los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11, parágrafo
único, del Decreto 243 de 2024, «por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de

9
Índice 85.

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Radicado: 11001032500020240056100 (6518-2024)
Demandante: ASOMERITOS CASANARE

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados públicos», expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, en el aparte destacado:

«DECRETO 243 DE 2024

Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los
procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de
empleados públicos

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en particular las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 411 de 1997, y

CONSIDERANDO:

[…]

ARTÍCULO 2.2.2.4.10. Número de negociadores, grado de representatividad y
conformación de la comisión negociadora unificada sindical. Para la determinación
del número de negociadores y la conformación de la comisión negociadora unificada
sindical, se aplicará el principio de la representatividad multinivel, según el ámbito, la
cual debe ser entendida como la representación que ejerce la Confederación o Central
respecto de sus federaciones y sindicatos que la conforman; así mismo, la
representación que ejercen las federaciones con respecto a sus sindicatos, y la de éstos
en relación con sus afiliados.

De acuerdo con lo anterior, la conformación de la comisión negociadora unificada
sindical deberá ser bajo el principio de representatividad multinivel, según el ámbito,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Para determinar la representatividad de las organizaciones que confluyen en el
pliego único de solicitudes, se tendrá como requisito obligatorio el censo sindical, que
elaborará el Ministerio del Trabajo. Para estos efectos, el Ministerio podrá solicitar
información a las organizaciones sindicales, y a las entidades públicas, si así lo requiere.

2. La comisión negociadora unificada sindical en el ámbito nacional no podrá
exceder de cuarenta (40) negociadores y deberá estar conformada bajo criterios de
respeto a la representatividad numérica de las organizaciones que presentaron pliego
único de solicitudes

3. La comisión negociadora unificada sindical en el ámbito sectorial no podrá
exceder de veinticinco (25) negociadores y deberá estar conformada bajo criterios de
respeto a la representatividad numérica de las organizaciones que presentaron pliego
único de solicitudes.

4. La comisión negociadora unificada sindical en el ámbito territorial con los entes
territoriales no podrá exceder de veinte (20) negociadores y deberá estar conformada
bajo criterios de respeto a la representatividad numérica de las organizaciones que
presentaron pliego único de solicitudes.

5. La comisión negociadora unificada sindical en el ámbito singular no podrá
exceder de diez (10) negociadores y deberá estar conformada bajo criterios de respeto a

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la representatividad numérica de las organizaciones que presentaron pliego único de
solicitudes.

PARÁGRAFO 1. Para elegir la integración de las comisiones negociadoras en cada uno
de sus ámbitos, se aplicará la tabla señalada en el artículo 2.2.2.4.11, el cual
determinará la cantidad de negociadores por organización sindical.

PARÁGRAFO 2. La integración de las comisiones negociadoras propenderá por la
participación de la mujer sindicalista en equidad numérica.

ARTÍCULO 2.2.2.4.11. Tabla para la conformación de la Comisión Unificada
Sindical. Para conformar la Comisión Unificada Sindical con las organizaciones que
hayan cumplido con los requisitos de comparecencia, se aplicarán la siguiente tabla, de
acuerdo con cada ámbito de negociación.

Para el ámbito nacional

FEDERACIONES DE EMPLEADOS
CONFEDERACIONES
PÚBLICOS
1 negociador por cada 10.000 1 negociador por cada 5.000 afiliaos
afiliados sin exceder de 10 sin exceder de 10 representantes por
representantes por confederación federación de empleados públicos.

Para el ámbito sectorial

FEDERACIONES DE EMPLEADOS SINDICATOS DE INDUSTRIA O
PÚBLICOS GREMIO
1 negociador por cada 5.000 1 negociador por cada 2.500
empleados públicos afiliados sin empleados públicos afiliados sin
exceder de 10 representantes por exceder de 10 representantes por
federación de empleados públicos sindicato

Para el ámbito territorial

SINDICATOS DE INDUSTRIA O
FEDERACIONES
GREMIO
1 negociador por cada 5.000 1 negociador por cada 2.500
empleados públicos afiliados sin empleados públicos afiliados sin
exceder de 10 representantes por exceder de 10 representantes por
federación sindicato

Para el ámbito singular

SINDICATOS DE BASE

Se realizará la distribución en orden decreciente iniciando con la organización con
mayor número de afiliados hasta llegar a la organización con menor número de
afiliados, sin exceder de seis (6) representantes por organización, cada
organización tendrá un representante por cada 25 empleados públicos afiliados.

PARÁGRAFO. Las organizaciones sindicales que no cumplan con el número mínimo de
empleados públicos afiliados, en cada uno de los ámbitos, podrán asociarse y sumar sus
afiliados que tengan la calidad de empleados públicos, para completar los afiliados
exigidos y nombrar un representante en la Comisión Unificada Sindical».

[...] (Subrayas de la Sala para destacar el aparte demandado).

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3.4. Fondo del asunto.

48.
En materia de asociación sindical10 el artículo 39 de la Constitución Política
dispone que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o
asociaciones, sin intervención del Estado. Además, su estructura interna y
funcionamiento debe sujetarse al orden legal y a los principios democráticos. Así
mismo el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho a la negociación
colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones dispuestas en la
ley, y, en todo caso, impone en el Estado el deber de promover la concertación y los
demás medios para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Tales derechos
también se encuentran garantizados por el artículo 53 constitucional que reconoce
que los tratados internacionales debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna, entre ellos, aquellos que propugnan por la asociación sindical y
la negociación colectiva de las condiciones de la relación laboral, previsión que
también se desprende del artículo 93 superior.

49.
Algunos de estos instrumentos internacionales, son los Convenios 87 y 98 de la
OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 la Convención Americana
sobre Derechos Humanos,12 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.13 La Corte Constitucional ha aclarado que dichos instrumentos integran el
bloque de Constitucionalidad «en razón a que son un referente para interpretar los
derechos de los trabajadores y darle plena efectividad al principio fundamental de la
protección del trabajador (C.P., art. 1) y al derecho al trabajo (C.P. arts. 25 y 53)».14

50.
A su turno, la Corte Constitucional en Sentencia C-797 de 2000 expresó que la
libertad sindical comporta:15

i) El derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna,
para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que
los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan.
Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas
organizaciones.

ii) La facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas
organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la
injerencia, intervención o restricción del Estado.

10
En estos términos ya se ha pronunciado esta Subsección. Ver sentencia proferida en el proceso radicado
11001032500020160013600 (0647-2016)
11
Artículo 23.
12
Artículo 16.
13
Artículo 22.
14
Sentencias Sentencia T-568 de 1999, C-401 de 2005 y T-285 de 2006.
15
Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 18 de julio de 2024, radicado
08001-23-33-000-2015-00031-01 (0236-2017).

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iii) El poder de las organizaciones de trabajadores de determinar el objeto de la
organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus
miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación,
constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación,
procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura,
organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente
convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios
estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el
legislador.

iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a
la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas
de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación.

v) La garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que
la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la
autoridad administrativa, sino por vía judicial.

vi) El derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a
federaciones y confederaciones nacionales e internacionales.

vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de
adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar
el disfrute del derecho a la libertad sindical.

51.
Por su parte, el ordenamiento superior16 promueve la negociación colectiva entre
trabajadores y empleadores como un instrumento para la concertación libre y
voluntaria de las condiciones laborales y la reivindicación de los derechos de los
trabajadores.

52.
Ahora bien, el Convenio 151 de la OIT consagra de manera general los derechos
de sindicalización y de negociación colectiva de los empleados públicos. Este
instrumento en su parte II trata sobre la protección del derecho de sindicación y en
la parte IV se refiere a los procedimientos para la determinación de las condiciones
de empleo, aspecto en torno al cual señala que «[d]eberán adoptarse, de ser
necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre
las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos
acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que
permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones»; por su parte, el artículo 8.° relativo a la
solución de conflictos, señala que esta «se deberá tratar de lograr, de manera
apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las

16
Ver artículos 55 de la Constitución Política, 432 a 436 del CST y Convenio 154 OIT.

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partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la
mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la
confianza de los interesados».

53.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-377 de 1998, declaró exequible
ese instrumento y la Ley 411 del 5 de noviembre de 1997 lo aprobó en la legislación
interna.

54.
En la citada decisión de la Corte Constitucional se precisó que sí es compatible la
facultad que tienen las autoridades de señalar unilateralmente las condiciones de
trabajo de los empleados públicos con el deber del Estado de promover la solución
concertada de los conflictos laborales y con el derecho de los empleados públicos a
participar en estas determinaciones; además que la facultad de las autoridades de
fijar unilateralmente las condiciones de trabajo y los emolumentos de los empleados
públicos en manera alguna excluye que existan procesos de consulta entre las
autoridades y los trabajadores sobre esta materia, y que en caso de conflicto, se
busquen, hasta donde sea posible, soluciones concertadas, tal y como lo establece
el artículo 55 superior:

«Esto significa que nada en la Carta se opone a que los empleados públicos formulen
peticiones a las autoridades sobre sus condiciones de empleo y las discutan con ellas
con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo cual implica que el derecho de
negociación colectiva no tiene por qué considerarse anulado. Sin embargo y a diferencia
de lo que sucede con los trabajadores oficiales, que tienen un derecho de negociación
pleno, la búsqueda de soluciones concertadas y negociadas no puede llegar a
afectar la facultad que la Carta confiere a las autoridades de fijar unilateralmente
las condiciones de empleo»17. (Negrilla de la Sala).

55.
Además señaló la Corte que la creación de mecanismos que permitan a los
empleados públicos, o sus representantes, participar en la determinación de sus
condiciones de empleo es válida, siempre y cuando se entienda que en última
instancia la decisión final corresponde a las autoridades señaladas en la
Constitución, esto es, al Congreso y al presidente en el plano nacional y a las
asambleas, a los concejos, a los gobernadores y a los alcaldes en los distintos
órdenes territoriales, que para el efecto obran autónomamente. Con esa misma
restricción, es igualmente legítimo que se desarrollen instancias para alcanzar una
solución negociada y concertada entre las partes en caso de conflicto entre los
empleados públicos y las autoridades.

56.
De otra parte, el Convenio 154 de la OIT sobre el fomento de la negociación
colectiva, adoptado en la sexagésima séptima (67ª) reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo", realizada en Ginebra el 19
de junio de 1981 y aprobado por la Ley 524 del 12 de agosto de 1999, se refirió de
manera genérica a la definición de negociación colectiva como «[…] todas las

17
Negrilla de la Sala.

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negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o
una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una
organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos
fines a la vez».

57.
Este convenio en su parte II se refiere al fomento a la negociación colectiva
para lo cual establece, entre otras cosas, que: i) se deberán adoptar medidas
adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva; ii)
tales medidas deberán tener por objeto que a. la negociación colectiva sea
posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las
ramas de actividad a que se aplique el Convenio; b. la negociación colectiva sea
progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados a),
b) y c) del artículo 2 de ese Convenio ; c. sea fomentado el establecimiento de
reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y
las organizaciones de los trabajadores; d. la negociación colectiva no resulte
obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o
el carácter impropio de tales reglas; y e. los órganos y procedimientos de solución
de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a
fomentar la negociación colectiva; iii) las medidas adoptadas por las autoridades
públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán
ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las
autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores; iv) las
medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser
concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación
colectiva.

58.
Este convenio y su ley aprobatoria fueron analizados por la Corte
Constitucional en sentencia C – 161 de 2000 donde la Corte señaló que «El
Convenio sub iudice tiene como fundamento el deseo de la Organización
Internacional del Trabajo de fomentar la negociación colectiva, como instrumento
libre y voluntario de concertación de condiciones económicas derivadas de la
relación laboral. Pues bien, el contenido general del Convenio desarrolla
plenamente los postulados constitucionales, pues bajo esta visión se ha entendido
la negociación colectiva en nuestra Constitución, como quiera que la Carta la
considera un procedimiento que concreta y potencia el acuerdo de voluntades como
uno de los instrumentos más importantes para fijar las bases fundamentales del
trabajo. De ahí pues, que el artículo 55 de la Carta determina que el Estado debe
garantizar e impulsar este mecanismo de solución pacífica de controversias
económicas laborales, cuyo ámbito específico de aplicación corresponde a la ley.18
18
Al respecto puede consultarse, entre otras, la sentencia T-597 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón

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En este contexto, la necesidad de fomentar la negociación colectiva implica un
reconocimiento claro de la capacidad de autorregulación de los empleadores y
trabajadores en la relación laboral, obviamente dentro de los márgenes que la
regulación normativa mínima obliga a respetar. Por ende, la negociación colectiva
libre y voluntaria “se presenta en el ámbito constitucional como el derecho regulador
de una esfera de libertad en cabeza de patronos y los trabajadores”19, que goza de
amplio sustento y garantía constitucional.»

59.
Es pertinente precisar, dados los argumentos de la demanda, que la Corte
Constitucional a través de sentencia C-1234 de 200520 precisó que dichos
Convenios 151 y 154 de la OIT hacen parte de la legislación interna:

«[…] De conformidad con lo expuesto, a modo de resumen se tiene: (i) hacen parte de
la legislación interna del país los Convenios 151 y 154 de la OIT, incorporados a través
de las Leyes 411 de 1998 y 524 de 1999; […]
No hay duda que los Convenios tantas veces mencionados hacen parte de la
legislación interna, tal como lo establece el inciso cuarto del artículo 53 de la Carta,
pues se trata de instrumentos de naturaleza legal: las Leyes 411 de 1998 y 524 de
1999. […]
[…] la declaración de exequibilidad de la disposición acusada, se adoptará bajo el
entendido que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva contemplada
en los Convenios 151 y 154 de la OIT, que hacen parte de la legislación interna de
Colombia, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán […]».
(Subrayado ajeno al texto original).

60.
En nuestra legislación, a través del Decreto 160 del 5 de febrero 2014 21, que fue
compilado el Decreto Único Reglamentario 1072 del 26 de mayo de 2015 del sector
trabajo, donde particularmente en los artículos 2.2.2.4.122 a 2.2.2.4.15, reguló en la
actualidad las negociaciones colectivas entre entidades o autoridades públicas y las
organizaciones sindicales de empleados públicos.

61.
Los citados artículos se refieren a los siguientes temas relacionados con la
negociación colectiva: (i) 2.2.2.4.1 ámbito de aplicación: a todos los empleados
públicos de todas las entidades y organismos del sector público, salvo algunas
excepciones23 (ii) 2.2.2.4.2 reglas de aplicación: el respeto «de la competencia
19
Sentencia SU-342 de 1995 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20
Magistrado Ponente: Doctor Alfredo Beltrán Sierra.
21
«Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los
procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos».
22
Corresponde al Decreto 160 de 2014, vigente hasta la expedición del Decreto 243 de 2024.

23
«1. Los empleados públicos que desempeñen empleos de alto nivel político, jerárquico o directivo, cuyas
funciones comporten atribuciones de gobierno, representación, autoridad o de conducción institucional, cuyo
ejercicio implica la adopción de políticas públicas;
2. Los trabajadores oficiales;
3. Los servidores de elección popular o los directivos elegidos por el Congres o corporaciones territoriales,
y,
4. El personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

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constitucional y legal atribuida a las entidades y autoridades públicas» y del
«presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley,
ordenanza o acuerdo [...]» y, la conformación de «una sola mesa de negociación y
un solo acuerdo colectivo por entidad o autoridad pública.»; (iii) 2.2.2.4.3
definiciones de: empleado público, condiciones de empleo, autoridades públicas
competentes, organizaciones sindicales y negociación; (iv) 2.2.2.4.4 materias de
negociación: «condiciones de empleo» y «relaciones entre las entidades y
autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados
públicos para la concertación de las condiciones de empleo», con excepción de
algunos temas; (v) 2.2.2.4.5 partes en la negociación; (vi) 2.2.2.4.6 ámbitos de la
negociación: el general o de contenido común y el singular o de contenido particular
«por entidad o por distrito, departamento o municipio»; (vii) 2.2.2.4.7 condiciones y
requisitos para la comparecencia sindical a la negociación; (viii) 2.2.2.4.8 grado de
representatividad sindical y conformación de la comisión negociadora; (ix) 2.2.2.4.9
reglas de la negociación; (x) 2.2.2.4.10 términos y etapas de la negociación; (xi)
2.2.2.4.11 actas, (xii) 2.2.2.4.12 acuerdo colectivo; (xiii) 2.2.2.4.13 cumplimiento e
implementación del acuerdo colectivo; (xiv) 2.2.2.4.14 garantías durante la
negociación y (xv) 2.2.2.4.15 capacitación.

62.
Estas disposiciones fueron posteriormente modificadas por el Decreto 243 de
2024«por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los
procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones
de empleados públicos».

3.4. Caso concreto.

63.
Específicamente en cuanto interesa al caso, la Sala revisará las modificaciones
introducidas en el ordenamiento jurídico por el Decreto 243 de 2024 frente a las
normas demandadas artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11, parágrafo único 24:

Decreto 160 de 2014 Decreto 243 de 2024
Compilado en el Decreto 1072 de 2015, articulo ARTÍCULO 2.2.2.4.10. Número de negociadores,
2.2.2.4.10: : grado de representatividad y conformación de la
comisión negociadora unificada sindical.
«Artículo 9°. Grado de representatividad
sindical y conformación de la comisión Para la determinación del número de negociadores y la
negociadora. El grado de representatividad conformación de la comisión negociadora unificada
sindical y la conformación de la comisión sindical, se aplicará el principio de la representatividad
negociadora, se efectuará, así: multinivel, según el ámbito, la cual debe ser entendida
1. En caso de que concurran a la negociación como la representación que ejerce la Confederación o
varias organizaciones sindicales de empleados Central respecto de sus federaciones y sindicatos que
públicos, éstas en ejercicio de su autonomía la conforman; así mismo, la representación que ejercen
sindical determinarán el número de integrantes de las federaciones con respecto a sus sindicatos, y la de

24
El Decreto 1072 de 2015, puede ser consultado en el link
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/d/guest/dur-sector-trabajo-actualizacion-junio-de-2026

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la comisión negociadora y su distribución entre los éstos en relación con sus afiliados.
distintos sindicatos. En el evento en que no haya
acuerdo para la distribución de los representantes De acuerdo con lo anterior, la conformación de la
ante la mesa de negociación, ésta debe ser comisión negociadora unificada sindical deberá ser
objetiva y proporcional al número de afiliados con bajo el principio de representatividad multinivel, según
derecho y pago de su cuota sindical depositada en el ámbito, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
banco, conforme a los artículos 393 y 396 del
Código Sustantivo del Trabajo y según 1. Para determinar la representatividad de las
certificación del tesorero y secretario. organizaciones que confluyen en el pliego
único de solicitudes, se tendrá como requisito
2. El número de integrantes de la comisión obligatorio el censo sindical, que elaborará el
negociadora sindical debe ser razonablemente Ministerio del Trabajo. Para estos efectos, el
proporcional al ámbito de la negociación.» Ministerio podrá solicitar información a las
organizaciones sindicales, y a las entidades
públicas, si así lo requiere.

2. La comisión negociadora unificada sindical en
el ámbito nacional no podrá exceder de
cuarenta (40) negociadores y deberá estar
conformada bajo criterios de respeto a la
representatividad numérica de las
organizaciones que presentaron pliego único
de solicitudes

3. La comisión negociadora unificada sindical en
el ámbito sectorial no podrá exceder de
veinticinco (25) negociadores y deberá estar
conformada bajo criterios de respeto a la
representatividad numérica de las
organizaciones que presentaron pliego único
de solicitudes.

4. La comisión negociadora unificada sindical en
el ámbito territorial con los entes territoriales no
podrá exceder de veinte (20) negociadores y
deberá estar conformada bajo criterios de
respeto a la representatividad numérica de las
organizaciones que presentaron pliego único
de solicitudes.

5. La comisión negociadora unificada sindical en
el ámbito singular no podrá exceder de diez
(10) negociadores y deberá estar conformada
bajo criterios de respeto a la representatividad
numérica de las organizaciones que
presentaron pliego único de solicitudes.

PARÁGRAFO 1. Para elegir la integración de las
comisiones negociadoras en cada uno de sus ámbitos,
se aplicará la tabla señalada en el artículo 2.2.2.4.11, el
cual determinará la cantidad de negociadores por
organización sindical.

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PARÁGRAFO 2. La integración de las comisiones
negociadoras propenderá por la participación de la
mujer sindicalista en equidad numérica.

Compilado en el Decreto 1072 de 2015 en el «Articulo 2.2.2.4.11. Tabla para la conformación de
artículo 2.2.2.4.11. la Comisión Unificada Sindical. Para conformar la
Comisión Unificada Sindical con las organizaciones
«Artículo 10°. Reglas de la negociación. Las que hayan cumplido con los requisitos de
partes adelantarán la negociación bajo las comparecencia, se aplicarán la siguiente tabla, de
siguientes reglas: 1. Iniciar y adelantar la acuerdo con cada ámbito de negociación.
negociación en los términos del presente decreto.
2. Autonomía para determinar el número de [Ver tabla citada en precedencia]
negociadores y asesores, aplicando el principio de
la razonable proporcionalidad, según el ámbito de PARÁGRAFO. Las organizaciones sindicales que no
la negociación y el número de afiliados. 3. cumplan con el número mínimo de empleados públicos
Designar los negociadores, quienes se presumen afiliados, en cada uno de los ámbitos, podrán asociarse
investidos de la representatividad suficiente para y sumar sus afiliados que tengan la calidad de
negociar y acordar sin perjuicio del marco de las empleados públicos, para completar los afiliados
competencias atribuidas en la Constitución y la exigidos y nombrar un representante en la Comisión
ley. 4. Concurrir a las reuniones de negociación Unificada Sindical». (Este aparte en subrayas es la
buscando alternativas para la solución del pliego. norma demandada)
5. Suministrar la información necesaria sobre los
asuntos objeto de negociación, salvo reserva
legal. 6. Otorgar a los negociadores principales o
en ausencia de éstos a los suplentes, las
garantías necesarias para la negociación. 7.
Respetar y permitir el ejercicio del derecho de
asesoría y de participación en el proceso de
negociación.»

64.
Como ya se indicó en la parte histórica de esta providencia los
cuestionamientos frente a los apartes normativos cuestionados el demandante
señaló que con ellos, presuntamente por el establecimiento de criterios de
restricción frente a los sindicatos minoritarios de cara a los procedimientos de
negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados
públicos, a partir de ello se le atribuye a los apartes demandados el desconocimiento
de los derechos de asociación sindical, negociación colectiva e igualdad (artículos
39, 55 y 13 de la Constitución Política) y con ello el desconocimiento de los
convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT.

65.
Ahora bien, al hacer una comparación de los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11
del Decreto 1072 de 2015, en los términos originales establecidos en el Decreto 160
de 2014 y la nueva versión que introdujo el Decreto 243 de 2024, puede concluirse
que éste último modificó sustancialmente el modelo de conformación de la comisión
negociadora sindical, dado que pasó de un esquema predominantemente autónomo
a uno basado en la representatividad multinivel y numérica.

66.
Este escenario plantea el interrogante de si ello implica una restricción del
derecho de negociación colectiva de las organizaciones sindicales minoritarias,

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como lo plantea ASOMERITOS o si como lo señalan los ministerios, describe un
procedimiento al cual deben sujetarse las organizaciones sindicales, con el
propósito de darle un orden al entorno en la mesa de negociación para unificar los
pliegos de solicitudes dada la multiplicidad de niveles y categorías disimiles que
actualmente se presentan en las asociaciones sindicales del sector.

67.
Al efecto es evidente que el régimen anterior, establecido en el Decreto 160
de 2014, estableció en su artículo 9.° dos reglas centrales: (i) en primer lugar,
privilegiaba la autonomía sindical, al disponer que las organizaciones concurrentes
determinarían por sí mismas el número de integrantes de la comisión negociadora y
su distribución y , (ii) sólo de manera subsidiaria, cuando no existiera acuerdo entre
las organizaciones sindicales, se acudía a un criterio de distribución «objetiva y
proporcional» al número de afiliados.

68.
De acuerdo con esto, la representatividad numérica operaba como una regla
supletoria, aplicable únicamente ante la imposibilidad de alcanzar consensos entre
las organizaciones sindicales.

69.
Asimismo, el numeral 2.° de la norma disponía que el número de integrantes
debía ser «razonablemente proporcional al ámbito de la negociación», sin
establecer topes rígidos ni fórmulas predeterminadas para asignar cupos entre
sindicatos.

70.
En este modelo, incluso un sindicato pequeño podía participar directamente
en la comisión negociadora si así lo acordaban las organizaciones concurrentes,
pues la regla principal era la autonomía sindical y no el peso numérico de cada
organización.

71.
De otra parte, en el régimen del Decreto 243 de 2024, se modificó ese modelo
anterior, por uno basado en tres elementos:

a) Representatividad multinivel: Se introduce el principio de representatividad
multinivel, conforme al cual:
• Las confederaciones representan a sus federaciones y sindicatos afiliados.
• Las federaciones representan a sus sindicatos afiliados.
• Los sindicatos representan a sus afiliados.

Esta regla fortalece los esquemas de representación indirecta y colectiva.

b) Censo sindical obligatorio: En este caso la determinación de la representatividad
deja de depender de certificaciones aportadas por las organizaciones sindicales y
pasa a fundamentarse en un censo sindical elaborado por el Ministerio del Trabajo.

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c) Asignación de cupos según representatividad numérica: Al efecto, la
conformación de las comisiones negociadoras debe sujetarse al respeto de la
representatividad numérica de las organizaciones sindicales y a la tabla prevista en
el artículo 2.2.2.4.11. Adicionalmente, se fijan límites máximos de negociadores
según el ámbito:

• 40 en el ámbito nacional.
• 25 en el sectorial.
• 20 en el territorial.
• 10 en el singular.

72.
Por consiguiente, la representación numérica deja de ser un criterio
subsidiario y se convierte en un elemento estructural y obligatorio para la
conformación de la comisión negociadora.

73.
De lo anterior advierte la Sala que, si bien el Decreto 243 de 2024 modifica la
forma en la que se organiza la participación de las organizaciones sindicales dado
que restringe el criterio del acuerdo autónomo de los sindicatos, y establece la
representatividad numérica en un criterio obligatorio y predominante, no excluye a
los sindicatos minoritarios del proceso de negociación colectiva, sino que redefine la
forma en que son representados dentro de la comisión negociadora.

74.
En efecto, ningún aparte de la norma prohíbe que los sindicatos minoritarios
participen en la elaboración del pliego único.

75.
Además, si bien el principio de representatividad multinivel reconoce que las
federaciones y confederaciones ejercen la representación de las organizaciones
sindicales que las integran, ello no implica la exclusión ni el desconocimiento de los
intereses de los sindicatos de menor dimensión.

76.
Por el contrario, el parágrafo del artículo 2.2.2.4.11 consagra expresamente
un mecanismo correctivo y de garantía orientado a salvaguardar su efectiva
participación, al facultar a dichas organizaciones para asociarse entre sí y acumular
el número de afiliados exigido con el fin de alcanzar el umbral mínimo requerido para
la designación de un representante.

77.
Como se aprecia, esta previsión normativa responde a una finalidad
constitucional y legal legítima, consistente en promover la inclusión de los sindicatos
pequeños en los escenarios de negociación colectiva, evitando que su reducida
capacidad de afiliación se traduzca en un factor de exclusión de los espacios de
diálogo social y de concertación laboral. En consecuencia, lejos de configurar una
medida desproporcionada, tal disposición materializa los principios de participación
democrática, pluralismo sindical e igualdad de oportunidades entre las

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organizaciones de trabajadores, garantizando una representación efectiva y
equilibrada dentro de la negociación sindical.

78.
Ahora bien, es menester indicar que el derecho de negociación colectiva no
implica necesariamente que cada sindicato tenga derecho a contar con idéntico
número de negociadores o con representación directa e individual en todos los
escenarios de negociación.

79.
A partir del análisis comparativo de ambos regímenes normativos, puede
concluirse que el Decreto 243 de 2024 redujo el margen de autonomía sindical que
el Decreto 160 de 2014 reconocía para la conformación de las comisiones
negociadoras. En efecto, mientras el régimen anterior privilegiaba la concertación y
el acuerdo entre las organizaciones sindicales, previendo la capacidad numérica
únicamente como un criterio subsidiario para resolver eventuales desacuerdos, la
nueva regulación adopta un esquema de representación estructurado
principalmente sobre criterios de representatividad multinivel y representatividad
numérica. Como se aprecia, el centro de gravedad de la conformación de las
comisiones negociadoras se desplaza desde la autodeterminación organizativa de
las organizaciones sindicales hacia parámetros normativamente predefinidos de
representación.

80.
No obstante, se reitera, ello no implica una restricción o supresión del
derecho de negociación colectiva de los sindicatos minoritarios, pues el nuevo
régimen no los excluye del proceso negociador ni les impide estar representados. Lo
que hace es condicionar su participación directa en la comisión negociadora al nivel
de representatividad acreditado en el censo sindical y, cuando no alcancen los
mínimos establecidos, la norma (parágrafo, artículo 2.2.2.4.11) les permite
asociarse con otras organizaciones para obtener representación.

81.
En consecuencia, no se configura el cargo de nulidad propuesto, puesto que
la representatividad numérica no fue introducida por el Decreto 243 de 2024, sino
que ya hacía parte del esquema regulatorio previsto en el Decreto 160 de 2014. Lo
que hizo la nueva normativa fue otorgarle una mayor relevancia dentro del modelo
de conformación de las comisiones negociadoras, en armonía con el principio de
representatividad multinivel.

82.
Esta modificación responde a objetivos legítimos de organización,
coordinación y eficacia de la negociación colectiva, sin traducirse en una restricción
de la libertad sindical o de la autonomía de las organizaciones de trabajadores. Por
el contrario, el ordenamiento (artículo 2.2.2.4.11, parágrafo) estableció mecanismos
de inclusión que permiten a los sindicatos con menor número de afiliados asociarse
para alcanzar los umbrales de representación exigidos y participar de manera
efectiva en los espacios de negociación, garantizando así el pluralismo y la
participación democrática del movimiento sindical.

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83.
En lo demás, advierte la Sala que la formulación de otros aspectos de la
demanda se sustentó en afirmaciones de carácter amplio y abstracto acerca de una
supuesta restricción del derecho de negociación colectiva, sin desarrollar de manera
concreta y suficiente la forma en que el aparte demandado contradice el contenido
normativo de los artículos 39 y 55 de la Constitución Política o de los Convenios 151
y 154 de la OIT.

84.
En efecto, la argumentación presentada no permite advertir una verdadera
contradicción normativa entre el texto acusado y los mandatos constitucionales e
internacionales invocados. La sola afirmación de que se produjo una restricción de
derechos, por sí misma, no permite advertir una vulneración del derecho de
asociación sindical o de negociación colectiva de los pequeños sindicatos, menos
aun cuando, es la propia normativa (artículo 2.2.2.4.11 parágrafo) prevé
mecanismos que les permiten asociarse entre sí, sumar su capacidad
representativa y garantizar su participación efectiva en los escenarios de
negociación sindical.

85.
En mérito de lo expuesto, no se advierten razones que permitan concluir que
los artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11 del Decreto 243 de 202425 vulneren los principios
de libertad sindical, autonomía sindical o participación efectiva de las
organizaciones de trabajadores. Por el contrario, las disposiciones demandadas
responden a una finalidad legítima de organización y estructuración de la
negociación colectiva, sustentada en criterios de representatividad que ya tenían
reconocimiento en el régimen anterior y que, además, incorporan mecanismos
destinados a garantizar la participación de los sindicatos de menor tamaño. En
consecuencia, no se configura el cargo de nulidad invocado, por lo que no hay lugar
a acceder a las pretensiones de la demanda respecto de las citadas disposiciones.

3.6. Condena en costas.

86.
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.

87.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

25
«[P]or el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados públicos».

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FALLA

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por la
Asociación Sindical de Defensores del Mérito para la Provisión de Cargos del
Estado en el Departamento del Casanare - ASOMERITOS CASANARE- contra los
artículos 2.2.2.4.10 y 2.2.2.4.11 parágrafo único, del Decreto 243 de 2024, «por el
cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072
de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos
de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados
públicos», expedido por el presidente de la República, el Ministerio del Trabajo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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