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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00008-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00008-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR LA NULIDAD del numeral 2, literal f) del Acápite IV del Anexo A de la Directiva Permanente 215 del 23 de septiembre de 2021, expedida por el jefe del Departamento de Personal del Ejército Nacional, según las consideraciones expuestas. Segundo. SIN CONDENA en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00008-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00008-00 (0023-2025)
Demandantes: Carlos Augusto Fuentes Núñez
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Temas: Competencia para determinar procedimientos y aspectos
relacionados con las juntas médico laborales en el Ejército
Nacional. ACCEDE A LAS PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por el señor Carlos Augusto
Fuentes Núñez, el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

1. Que se declare la nulidad del numeral 2, literal f) del Acápite IV del Anexo A de
la Directiva Permanente 215 del 23 de septiembre de 2021 que impartió órdenes,
instrucciones y lineamientos para determinar procedimientos y aspectos
relacionados con las juntas médico laborales en el Ejército Nacional.
Específicamente, el aparte resaltado:

«PROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE SANIDAD EN EL
EJÉRCITO NACIONAL […]

IV. GESTIÓN MEDICINA LABORAL […]

F. Juntas Médicas […]

2. Auditoria (sic) Junta Médica Laboral (JML) y Notificación

Se realiza auditoria (sic) médica por un equipo de profesionales especializados,
a las juntas médicas realizadas en salas, para verificar y corroborar lo
determinado y calificado al usuario y generar las correcciones necesarias,
respetando la decisión de la Junta».

1 Índice 3 Samai.

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HECHOS

2. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que el 23 de septiembre de 2021, el Departamento de Personal del Ejército
Nacional expidió el acto demandado y adicionó una etapa en la calificación de la
pérdida de capacidad laboral de los miembros de esa entidad que no estaba
regulada en la ley.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

4. Consideró vulnerados los artículos: 6, 29 y 48 de la Constitución Política; 17, 21
y 23 del Decreto Ley 1796 de 2000.

5. Argumentó que de conformidad con el parágrafo del artículo 17 del Decreto Ley
1796 del 2000, existe una competencia descrita de forma clara, expresa y
precisa en la ley, que no faculta al «comandante»2 del Ejército Nacional para
determinar procedimientos y aspectos relacionados con la Junta Médico Laboral,
facultad que únicamente le corresponde al Gobierno Nacional.

6. Expuso que, se presenta una clara extralimitación de funciones al crear una
etapa adicional denominada «Auditoría Junta Médica Laboral (JML) y
Notificación», sin que el legislador o el ejecutivo la hayan previsto.

7. Que se quebrantó el debido proceso administrativo, pues a pesar de que el
legislador estableció que la junta médica está integrada por 3 profesionales, y
solo en caso excepcionales, aquellos pueden asesorarse de otros expertos; en
la decisión demandada se impone como obligación una auditoría de forma
permanente.

8. Expresó que el artículo 23 del Decreto 1796 de 2000 no faculta a otros
profesionales ajenos a los designados para la junta médica, para verificar,
corroborar y hacer correcciones necesarias a lo determinado y calificado por el
primer organismo; porque solo el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía puede modificar la calificación de pérdida de capacidad laboral
dictaminada inicialmente.

9. El 12 de febrero de 2025 se admitió la demanda y se corrió traslado de la solicitud
de medida cautelar, la cual fue resuelta por auto del 23 de julio de 2025.
Notificado el medio de control, la entidad demandada se pronunció de la
siguiente forma.

2 Así se afirmó en la demanda.

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10. El Ministerio de Defensa3. Manifestó que el acto se encuentra ceñido al marco
legal vigente, por lo que, una vez realizada la calificación de pérdida de
capacidad laboral de acuerdo con el Decreto 1796 de 2000, ese dictamen pasa
«a un proceso de verificación médica previa notificación de la Junta », en
acatamiento a la disposición demandada, cuyo objeto es corroborar que la
calificación atienda los criterios laborales y salud ocupacional, sin que esta
verificación pueda constituir una nueva instancia.

11. Que la auditoría creada tiene como finalidad garantizar procesos eficientes y
efectivos para asegurar a los usuarios una gestión médico laboral ética conforme
a los principios de integridad de las actuaciones del Ejército Nacional dentro de
la política de aplicación de normas de transparencia y ética.

12. Afirmó que las recomendaciones realizadas en el proceso de auditoría de junta
médica no son registradas en ninguno de los sistemas digitales en uso de esta
gestión, únicamente son socializadas entre el cuerpo médico de sala de juntas
y los auditores, y finalmente plasmadas en el acto administrativo que se notifica
al interesado.

TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

13. Por auto del 15 de octubre de 2025 se evidenció la posibilidad de emitir sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, se prescindió de la
audiencia inicial prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, se decretaron
las pruebas, se fijó el correspondiente litigio y corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

14. La parte demandante4. Reiteró las razones expuestas en la demanda. Agregó
que a pesar de que se alegue un propósito de calidad, la auditoría médica afecta
la autonomía funcional de los organismos médico laborales y constituye una
revisión jerárquica improcedente e incompatible con el régimen previsto por el
Decreto Ley 1796 de 2000.

15. La parte demandada5. Expuso que la directiva demandada no constituye una
reglamentación autónoma, sino una instrucción administrativa legítima, dictada
para garantizar uniformidad, transparencia y legalidad en la actuación médico
laboral del Ejército Nacional.

16. El Ministerio Público6. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera
ante el Consejo de Estado solicitó acceder a las pretensiones de la demanda,
pues, institucionalizar con carácter permanente una auditoría, no es un simple

3 Índice 21, ibid.
4 Índice 44 ibid.
5 Índice 46 ibid.
6 Índice 45 ibid.

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trámite adicional, sino que se traduce en un control posterior que la ley no creó
ni autorizó, por tanto, el acto demandado se encuentra afectado de nulidad por
falta de competencia. Que, si bien la Junta Médico Laboral puede en
determinados casos solicitar asesoría externa, ello es excepcional y bajo la
gestión de la junta; sin embargo, si se efectúa de forma permanente como
ocurrió en el presente asunto, se establece otra instancia que no prevé el
ordenamiento jurídico.

17. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

18. Se deberá determinar si el numeral 2, literal f) del Acápite IV del Anexo A de la
Directiva Permanente 215 del 23 de septiembre de 2021, debe ser anulado al
ser expedido sin competencia.

La competencia como presupuesto de validez del acto administrativo

19. La competencia es una de las manifestaciones del principio de legalidad, y, a su
vez, una limitación al ejercicio del poder, consecuencia lógica del sometimiento
del Estado al derecho. Según este concepto, mientras que para los particulares
todo está permitido salvo lo expresamente prohibido, la administración solo
puede hacer aquello expresamente permitido por el ordenamiento7.

20. Dromi define la competencia como «[…] la esfera de atribuciones de los entes y
órganos, determinada por el ordenamiento jurídico positivo. Es decir, el conjunto
de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer
legítimamente»8. En este sentido, la competencia es la facultad jurídica para
proceder de una u otra forma ante ciertas circunstancias, así como el deber de
hacerlo.

21. Ahora, el proceso de formación y expedición de un acto administrativo
corresponde a la administración, como sujeto activo al que se le ha asignado la
competencia necesaria para que, a través de tal mecanismo, adopte decisiones
unilaterales que produzcan efectos jurídicos.

7 La idea de que la regla general es la incompetencia y la excepción es la competencia explícita en norma ha

sido debatida en sede doctrinal. Integra la discusión sobre la distancia entre la noción de capacidad en el
derecho privado y la competencia en el público. Un sector defiende el postulado de la permisión amplia, según
la cual, siempre que se crea un órgano público y se le asigna un marco competencial, a la entidad puede hacer
todo lo que no esté prohibido o exceda sus competencias. Así lo explica Cassagne: «Se argumenta que el
axioma ontológico de la libertad rige tanto con relación a las personas físicas o ideales, como frente a los sujetos
estatales y sus órganos, y que si bien el principio de la juridicidad exige para que exista competencia en el sujeto
u órgano que una norma lo establezca, una vez creada una persona jurídica pública estatal, ésta y sus órganos
pueden hacer todo lo no prohibido dentro de sus respectivas competencias (axioma ontológico). Sin embargo,
en materia de actos de gravamen la exigencia de norma expresa para fundar la competencia resulta
insoslayable […]» (Cassagne, Juan Carlos. El acto administrativo: teoría y régimen jurídico. Buenos Aires:
Ediciones Olejnik, 2019. p. 191).
8 DROMI, Roberto. El acto administrativo. 3a ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 2000. p. 57.

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22. Para que esa manifestación de voluntad estatal sea válida se requiere, entre
otros, que a la autoridad de quien emana, le haya sido atribuida: vía
constitucional, legal o reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión 9, y
atiende a diferentes factores que pueden identificarse como el funcional, el
material, el territorial y, en algunos casos, el temporal.

23. Así, la competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
los deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que el ordenamiento
jurídico asignó a los servidores públicos y a los particulares que ejercen
funciones públicas. Esto supone verificar las normas vigentes al momento de
ejercer la atribución normativa.

24. En ese orden de ideas, dado que la competencia permite que las decisiones de
la administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo
estará viciado de nulidad en aquellos casos en que se profiere por un sujeto que
carece de capacidad jurídica para actuar, esto es, sin una competencia atribuida
por el ordenamiento. Es por ello, que el artículo 137 del CPACA consagra la falta
de este requisito como uno de los vicios invalidantes de los actos administrativos.

De la calificación de la pérdida de capacidad laboral en la fuerza pública

25. El artículo 217 de la Constitución Política dispuso que los miembros de la fuerza
pública están sujetos a un régimen especial «de carrera, prestacional y
disciplinario», determinado por la ley. En relación con el sistema de seguridad
social, se expidió la Ley 352 de 1997 la cual estableció los principios y los
lineamientos que orientan la prestación de los servicios de salud de los
integrantes de las Fuerzas Militares y Policiales.

26. Este sistema fue posteriormente reestructurado por el Decreto 1795 de 2000 10
que en sus artículos 29, 30, 31 y 32 previó que el sistema de salud especial de
estos miembros presta servicios de salud operacional, ocupacional, medicina
laboral y atención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

27. En concreto, el artículo 31 de la citada disposición estableció que al personal se
le realizará una evaluación sicofísica en los procesos de ingreso,
escalafonamiento, reclutamiento, incorporación, comprobación, ascenso,
permanencia y retiro, entre otros.

28. Por su parte, el Decreto Ley 1796 de 200011, introdujo significativas
modificaciones al Decreto 094 de 1989, particularmente en lo relacionado con la

9
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 2 de julio de 2020. Exp. 11001-03-25-
000-2017-00032-00 (0098-17) y del 14 de octubre de 2021. Exp. 11001032500020180030200 (1046-2018).
C.P. Wiiliam Hernández Gómez.
10 «Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional».
11 «Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y

aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía
Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no

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evaluación de la capacidad sicofísica y la disminución de esta, así como en
algunos aspectos relativos a incapacidades, indemnizaciones, pensión de
invalidez e informes administrativos por lesiones de los mencionados miembros.

29. En el artículo 2 definió la capacidad sicofísica como «[…] el conjunto de
habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico
que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para
ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o
funciones». Igualmente, estableció que sería valorada con criterios laborales y
de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico laborales, las cuales
son: i) Junta Médico Laboral Militar o de Policía; y ii) Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar o de Policía (artículo 14).

30. La Junta Médico Laboral está integrada por 3 médicos de planta de la Dirección
de Sanidad de la respectiva Fuerza o de la Policía Nacional, se reunirá en
aquellos casos en que, al practicar un examen de capacidad sicofísica, se
evidencien lesiones o afecciones que disminuyan la capacidad laboral del
personal. También, cuando exista un informe de lesiones, se presente una
incapacidad igual o superior a tres meses continuos o discontinuos en un año, o
se presenten patologías que así lo ameriten y, finalmente, por solicitud del
interesado (artículos 17 y 19).

31. El Tribunal Médico Laboral, de conformidad con el artículo 21 tiene a su cargo el
conocimiento en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las
decisiones de las juntas y actuará en única instancia para la revisión de la
pensión por solicitud del pensionado.

Resolución al caso concreto

32. Para la parte demandante el acto enjuiciado es nulo porque creó un trámite
adicional al proceso legal previsto por el Decreto 1796 de 2000 a la calificación
de pérdida de capacidad laboral de los integrantes del Ejército Nacional. La parte
demandada sustentó que la auditoría tiene por objeto corroborar que la
calificación atienda los criterios laborales y salud ocupacional, sin que esta
verificación constituya otra instancia.

33. Ahora, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 17 del Decreto Ley 1796
de 2000 (expedido por el presidente de la República en uso de las facultades
extraordinarias concedidas por la Ley 588 de 2000): «El Gobierno Nacional
determinará los requisitos de los miembros, funciones, procedimientos y
demás aspectos relacionados con la Junta Médico-Laboral». (Se destaca).

34. A la fecha de expedición del acto demandado, no había sido emitida la
reglamentación respectiva (solo lo fue con el Decreto 533 de 2025 en virtud de

uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993». Esta
normativa fue compilada en el Decreto 1070 de 2015.

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una acción de cumplimiento12); sin embargo, el jefe del Departamento de
Personal del Ejército Nacional invadiendo la facultad del ejecutivo procedió a
regular lo relativo al procedimiento relacionado con la Junta Médico Laboral.

35. Nótese que mediante una directiva permanente creó otra instancia dentro del
proceso interno de valoración del mencionado organismo afectando su
autonomía regulada en el ordenamiento jurídico, a saber:

• Pese a que la ley señaló que la mencionada junta está integrada por 3
profesionales, y solo en caso excepcionales, existirá la intervención de otros
expertos a iniciativa de aquella (inciso 2 del artículo 17); en la decisión
demandada se impone como obligación una auditoría de forma permanente
en todas las decisiones que se tomen en esta instancia.
• El artículo 21 de la misma normativa previó que el único ente facultado
legalmente para verificar, corroborar y realizar las correcciones necesarias a
lo determinado y calificado por la junta es el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía, pero, en el acto enjuiciado se previó otro
organismo con tales facultades, por tanto, crear un control permanente
equivale a crear una instancia de consulta no prevista por el ordenamiento.

36. Así, aunque el acto demandado consideró que la auditoría no puede modificar
la decisión inicialmente adoptada, lo cierto es que sí creo una instancia adicional
en el procedimiento de la junta estrictamente reglado por la ley, hasta con
facultades de revisión, abrogándose el jefe del Departamento de Personal de
Ejército Nacional competencias que no le fueron otorgadas ni autorizadas por la
ley.

37. En consecuencia, al haberse demostrado que la directiva enjuiciada fue
expedida sin competencia, se declarará su nulidad.

Condena en costas

38. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena
en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando
la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en
favor de un sujeto determinado.

39. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en ejercicio
del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la
general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por

12 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de enero de 2024. Exp. 25000-23-41-000-2023-01224-
01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente
de fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos
contra los actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto
al decidir la medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR LA NULIDAD del numeral 2, literal f) del Acápite IV del Anexo
A de la Directiva Permanente 215 del 23 de septiembre de 2021, expedida por el
jefe del Departamento de Personal del Ejército Nacional, según las consideraciones
expuestas.

Segundo. SIN CONDENA en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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