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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00111-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00111-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Oswaldo Criollo Realpe en contra la sentencia del ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-25-000-2025-00111-00 (0683-2025) Segundo. CONDENAR en costas al señor Oswaldo Criollo Realpe en favor de CASUR, las cuales se liquidarán por la Secretaría. Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia. Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00111-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2025-00111-00 (0683-2025)
Demandante: Oswaldo Criollo Realpe
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR)

Temas: Proceso ejecutivo derivado de sentencia judicial. Liquidación de
salario de intendente jefe con partidas del Decreto 1212 de 1990.
Falta de congruencia. Distinción entre discrepancia interpretativa
y vicio estructural de la decisión. DECLARA INFUNDADO.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto 1 por el señor
Oswaldo Criollo Realpe contra la sentencia del ocho (8) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño2, para lo cual
invocó la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

1. Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), a través de la
Resolución 7746 del 31 de octubre de 2011, le reconoció una asignación mensual
de retiro en cuantía equivalente al 87 % del sueldo básico de actividad para el grado
y las partidas legales computables, con fundamento en los Decretos 1091 de 1995
y 4433 de 2004, efectiva a partir del 21 de noviembre de 2011.

2. Que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de obtener la nulidad del referido acto administrativo y el reconocimiento y pago
de la asignación mensual de retiro en un 85 %, conforme a lo dispuesto en los
artículos 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990, tomando como partida básica el
grado de intendente jefe para todos los efectos, así como la reliquidación de la
prestación desde el 21 de noviembre de 2011 hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia que pusiera fin al proceso.

3. Que el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, mediante sentencia del 28 de
marzo de 2016, declaró la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento
del derecho, condenó a CASUR a reconocer la asignación de retiro en aplicación
del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, en cuantía equivalente al 85 % de las

1 La presentación del recurso se efectuó el 10 de marzo de 2025. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2021, por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pasto en el cual se abstuvo de continuar con la ejecución.
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partidas señaladas en el artículo 140 ibidem, con los ajustes de ley y la actualización
monetaria, a partir del 21 de noviembre de 2011 y hasta su inclusión en nómina y el
pago de las diferencias resultantes entre lo cancelado y la nueva liquidación;
decisión que quedó ejecutoriada el 14 de abril de 2016.

4. Que presentó solicitud de pago el 18 de mayo de 2016 y que, mediante
Resolución 6580 del 6 de septiembre de 2016, CASUR reliquidó la asignación
mensual de retiro, disponiendo el cambio de grado de intendente jefe (RA) a
sargento viceprimero (RA) y ordenando que continuara devengando la prestación
en cuantía equivalente al 85% del sueldo básico y de las partidas legalmente
computables para ese grado, a partir del 21 de noviembre de 2011.

5. Que promovió proceso ejecutivo y que el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Pereira, en audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 23 de
septiembre de 2021, profirió sentencia mediante la cual se abstuvo de seguir
adelante con la ejecución, al considerar que, con la expedición de la Resolución
6580 de 2016, CASUR había dado cumplimiento a la orden impartida en la
sentencia base de recaudo. En consecuencia, declaró probadas las excepciones de
cumplimiento de la sentencia y de pago propuestas por la entidad ejecutada y dio
por terminado el proceso, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación y
el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó lo resuelto en primera instancia.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

6. El 8 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia
mediante la cual confirmó la decisión de abstenerse de seguir adelante con la
ejecución y dar por terminado el proceso.

7. Para sustentar su decisión, expuso, en síntesis, los siguientes argumentos:

8. Señaló que lo debatido en el proceso ordinario consistió en establecer el derecho
del actor a ser cobijado, en su integridad, por el régimen prestacional consagrado
en el Decreto 1212 de 1990, vigente con anterioridad a su homologación al nivel
ejecutivo en virtud del Decreto 1091 de 1995. Esto implicaba la aplicación del
régimen correspondiente al grado que ostentaba como suboficial (cabo segundo), y
no el propio del grado de intendente al que fue homologado, perteneciente al
régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo creado por el Decreto 132 de 1995.

9. Consideró que tomar la partida básica prevista para el grado de intendente jefe
en el Decreto 1091 de 1995 y, simultáneamente, aplicar las partidas contempladas
en el Decreto 1212 de 1990 contraviene el principio de inescindibilidad normativa.
Para sustentar esta conclusión, citó la sentencia del 30 de octubre de 2020 (Exp.
1667-14) en la cual esta Corporación precisó que no se puede pretender la
reliquidación de la asignación de retiro con fundamento en un régimen mixto
integrado por la asignación salarial del nivel ejecutivo y los factores salariales y
prestacionales del Decreto 1212 de 1990, pues ello desconoce el referido principio.

10. Expresó que CASUR dio cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial de

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primera instancia, en tanto reconoció la asignación de retiro con base en la norma
íntegra cuya aplicación se determinó procedente, tanto en lo referente a la partida
básica (sargento viceprimero) como a las partidas computables, y no en la forma
pretendida por la parte ejecutante, esto es, combinando la partida básica del grado
equivalente en el nivel ejecutivo (intendente) con las partidas del Decreto 1212 de
1990.

11. Adujo que, aunque en la sentencia dictada dentro del proceso ordinario se dijo
en la parte resolutiva reconocer la asignación de retiro «al señor intendente jefe
Oswaldo Criollo Realpe», tal referencia obedeció a la identificación del beneficiario
de la condena y no a la determinación del grado con base en el cual debía liquidarse
la prestación. En efecto, dijo que más adelante se indicó expresamente que debía
aplicarse en su integridad el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. Esta
circunstancia evidencia, a su juicio, la ausencia del requisito de claridad de la
obligación, en la medida en que la redacción de la orden puede dar lugar a
interpretaciones como la que sostiene el ejecutante.

12. En cuanto al argumento de apelación según el cual CASUR incumplió la
sentencia al reconocer únicamente el 43 % por concepto de prima de actividad,
cuando —a juicio del demandante— debía reconocerse el 49,5%, señaló que la
providencia ordenó liquidar la asignación de retiro conforme al artículo 144 del
Decreto 1212 de 1990, esto es, en un 85% de los haberes de actividad, según lo
previsto en el artículo 140 ibidem, dentro de los cuales se incluye la prima de
actividad «en los porcentajes previstos en este Estatuto».

13. Manifestó que, para determinar el porcentaje específico aplicable al
demandante, resultaría necesario acudir al artículo 141 del Decreto 1212 de 1990,
que regula la forma de cómputo de la prima de actividad según el cargo y el tiempo
de servicio, con porcentajes que oscilan entre el 15 % y el 30 % del sueldo básico,
así como realizar un análisis probatorio sobre el tiempo de servicios acreditado. Tal
ejercicio desnaturalizaría el objeto del proceso ejecutivo y lo convertiría en un
trámite de carácter declarativo.

14. Sostuvo que, si la inconformidad radica en el porcentaje reconocido por
concepto de una partida computable, en realidad se estaría cuestionando la
legalidad del acto administrativo de ejecución. Que si bien, en principio, dichos actos
no son susceptibles de control judicial, de manera excepcional pueden ser
demandados en nulidad cuando, so pretexto de cumplir el fallo, crean, extinguen o
modifican situaciones jurídicas no relacionadas o independientes de lo decidido,
caso en el cual no se trataría de un acto de mera ejecución.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

15. El señor Oswaldo Criollo Realpe interpuso recurso extraordinario de revisión al
considerar que la sentencia se encuentra incursa en la causal quinta de la citada
disposición.

16. Para sustentar el recurso, presenta los fundamentos que pasan a exponerse:

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17. Afirmó que existe contradicción entre lo resuelto por las instancias, pues
mientras el Juzgado consideró que la sentencia título contenía una obligación clara,
expresa y exigible —razón por la cual aceptó la excepción de pago y dio por
terminado el proceso—, el Tribunal sostuvo que la referencia al grado de
«intendente jefe» generaba ambigüedad y, por ende, falta de claridad e
inexigibilidad del título; no obstante, confirmó la decisión apelada, sin que exista
unidad lógica y jurídica que pueda producir efectos jurídicos.

18. Para el recurrente, si el Tribunal estimaba que el título no era claro ni exigible,
debía declararlo y disponer que las cosas retornaran a su estado anterior, lo que
implicaba continuar pagando la asignación de retiro como miembro del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, pues una obligación ambigua no puede ejecutarse.

19. Planteó, además, una incongruencia entre la sentencia declarativa y la
interpretación efectuada por el Tribunal en sede ejecutiva. Dice que en la demanda
ordinaria se solicitó la nulidad parcial del acto que reconoció la asignación de retiro
en un 87%, para que se aplicaran los artículos 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990
y se reliquidara en un 85%, con base en el ingreso correspondiente al grado de
intendente jefe (R). La sentencia del 28 de marzo de 2016 accedió a lo pedido,
declaró la nulidad del acto y ordenó reconocer la prestación expresamente en dicha
condición y porcentaje.

20. Sostuvo que el juez dejó clara la aplicación del grado de intendente jefe en la
parte resolutiva, por lo que desconocerlo en la ejecución desnaturaliza lo decidido y
comporta una desmejora, al tomar como base el grado de sargento viceprimero.

21. Expresó que la propia entidad, al expedir la Resolución 6580 de 2016, reconoció
y pagó diferencias salariales originadas en la variación del grado, lo que demuestra
que comprendió que la liquidación debía efectuarse con fundamento en el grado de
intendente jefe. En su criterio, ello evidencia que tomar como base un grado inferior
en sede ejecutiva comporta un desmejoramiento de la prestación y desconoce el
alcance de la sentencia.

22. Que una de las razones que tuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C- 417
de septiembre 22 de 1994, para declarar la inexequibilidad de todo el articulado que
regulaba la carrera del Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional en el Decreto 041 de
1994 fue que era incongruente que el personal del nivel ejecutivo que
jerárquicamente estaba en una categoría inferior a la de los suboficiales, tuviera un
régimen salarial más benéfico que quienes se encuentran en el grado
inmediatamente superior.

23. Que cuando la Constitución o la ley imponen un reconocimiento como
consecuencia de una condena, este se entiende incorporado en la sentencia, aun
cuando no figure de manera expresa en su parte resolutiva. Dijo que, por ejemplo,
la Sección Segunda del Consejo de Estado ha precisado —entre otras, en sentencia
del 20 de noviembre de 2019 (Exp. 11001-03-15-000-2019-03765-01)— que los
intereses del artículo 177 del CCA operan de pleno derecho respecto de sumas

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líquidas reconocidas en sentencias contra entidades públicas, sin necesidad de
declaración expresa, de modo que negar su pago por falta de mención en el título
ejecutivo configura un defecto sustantivo y vulnera el debido proceso.

24. Bajo esa misma lógica, afirmó que el ingreso base de liquidación debía
corresponder al último grado desempeñado, incluso si no se hubiese señalado de
forma literal—aunque sí lo hizo respecto del grado de intendente jefe—, por tratarse
de una consecuencia necesaria del régimen de transición aplicable y de los
principios de favorabilidad y condición más beneficiosa.

25. En apoyo de su postura citó providencias de la Sección Segunda del Consejo
de Estado (16 de junio de 2022, Exp. 11001-03-15-000-2022-02530-00; 11 de abril
y 7 de septiembre de 2018, Exps. 25000-23-42-000-2015-01949-01 y 25000-23-42-
000-2015-01064-01), en las que, frente a situaciones análogas de personal de la
Policía Nacional homologado al nivel ejecutivo, se indicó que la asignación de retiro
debía reconocerse conforme al Decreto 1212 de 1990, tomando como base el
salario del último grado desempeñado al momento del retiro.

26. Señaló que el reconocimiento inicial de la asignación de retiro se sustentó en
normas inaplicables —como el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y el parágrafo
2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004—, disposiciones que habían sido
derogadas o declaradas nulas por el Consejo de Estado. Conforme a la
jurisprudencia reiterada, en virtud de la protección prevista en la Ley 180 de 1995 y
la Ley Marco 923 de 2004, a quienes fueron homologados antes de la entrada en
vigencia del Decreto 1091 de 1995 debía aplicárseles el régimen anterior, esto es,
el Decreto 1212 de 1990 para suboficiales y el Decreto 1213 de 1990 para agentes.
Así, la llamada inescindibilidad normativa dijo no es una creación judicial aislada,
sino una construcción respaldada por el legislador y aplicada de forma consistente
por el Consejo de Estado.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

27. CASUR3 considera que los cargos formulados no son susceptibles de estudio en
sede de revisión, pues se orientan a controvertir el contenido material de la sentencia,
lo cual está vedado por el principio de cosa juzgada.

28. Sostuvo que el recurrente pretende reabrir un debate zanjado en el proceso
ejecutivo, buscando una combinación indebida de regímenes normativos al solicitar
que se aplique el sueldo básico de intendente jefe del Nivel Ejecutivo junto con
partidas salariales previstas para suboficiales en el Decreto 1212 de 1990.

29. Señaló que existen cuatro regímenes diferenciados para la asignación de retiro
del personal de la Policía Nacional —agentes, suboficiales, nivel ejecutivo y
oficiales—, los cuales son excluyentes y se aplican según el grado y tiempo de
servicio, sin que sea jurídicamente viable mezclar disposiciones favorables de
distintos sistemas.

3 Véase índice 00015 de SAMAI.

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30. En apoyo de su postura citó la sentencia del 21 de junio de 2018 (Exp. 0918-15),
en la que se descartó la posibilidad de aplicar partidas del Decreto 1212 de 1990 al
personal del nivel ejecutivo por contrariar el principio de inescindibilidad normativa.

31. Afirmó que la segunda instancia está facultada para ejercer control de legalidad
sobre el título ejecutivo, incluso de oficio, a fin de verificar que cumpla los requisitos
de existencia y exigibilidad, y destacó que ni en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ni en la sentencia que sirvió de título se ordenó
reconocer el sueldo básico de intendente jefe del Nivel Ejecutivo ni partidas salariales
propias de otro régimen.

Concepto del Ministerio Público

32. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación, en Concepto 333 del
6 de junio de 20254, solicitó declarar infundado el recurso, al considerar que el
reproche se limita a alegar una supuesta incongruencia entre las decisiones de
primera y segunda instancia, desconociendo que dicho principio no exige
correspondencia entre ambos fallos, pues ello afectaría la autonomía judicial y la
competencia del juez de apelación para confirmar, revocar o modificar la decisión
impugnada.

33. Indicó que el debate planteado es sustancialmente el mismo que fue analizado
en el proceso ejecutivo, por lo que el recurso no puede emplearse como una tercera
instancia para reabrir la discusión ya resuelta.

34. Finalmente, señaló que no es viable cuestionar en esta sede la claridad o
exigibilidad de la sentencia del 28 de marzo de 2016, pues esta constituyó el título
ejecutivo que dio origen al proceso y reconoció expresamente la asignación de retiro
conforme al Decreto 1212 de 1990; desconocer su fuerza ejecutiva implicaría
desvirtuar un derecho pensional reconocido mediante providencia judicial en firme.

35. Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

36. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 8 marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, considerando
la causal presentada por el recurrente.

37. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.

Generalidades del recurso extraordinario de revisión

4 Véase índice 00014 de SAMAI.

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38. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada5. En términos del artículo 248
del CPACA:

«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

39. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada6. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:

i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente7.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular8.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada9.

40. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad
de las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.

41. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley10.

Causal quinta de revisión
5 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15

de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
7 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,

la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
8 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos

relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
9 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso

administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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42. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.

43. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto del recurso
extraordinario, es decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en
que se profiere la decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida
con anterioridad que no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento.
No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad
originada en la sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la
emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal
de demostrar esta circunstancia11.

44. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 12, que establece ocho motivos
específicos de nulidad de las sentencias, o (ii) cuando se presentan irregularidades
insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido proceso 13, al
punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido distinta.

45. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:

«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación

11 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
12 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-

03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
13 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de

2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».

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y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»14.

46. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:

«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»15 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).

47. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha
puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial, en tanto incidan en el sentido de la decisión por comprometer el
núcleo esencial o el contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso»16.

48. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión
a otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales
y procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido17.

Principio de congruencia

49. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:

«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia

del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.

Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
16 Ibid.
17 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.

Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.

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50. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de
julio de 202018, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita19, como regla general.

51. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia20. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.

52. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

53. El recurrente sostiene que la sentencia es incongruente y desconoce el alcance
del título ejecutivo, pues, aunque el Tribunal cuestiona su claridad, confirma la
decisión de primera instancia, la cual —pese a considerar que el título era claro—
declaró probada la excepción de pago, se abstuvo de seguir adelante con la
ejecución y dio por terminado el proceso.

54. En esa línea, afirma que la incongruencia se acentúa porque en el proceso
declarativo se ordenó expresamente reliquidar la asignación de retiro con base en
el grado de intendente jefe (R); por tanto, apartarse de ese parámetro en sede
ejecutiva desnaturaliza lo decidido y comporta una desmejora, al haberse liquidado
la prestación con fundamento en un grado inferior (sargento viceprimero).

55. Para resolver el cargo, es preciso determinar: (i) cuál fue el contenido y alcance
de lo decidido en el proceso ordinario de donde emana la obligación cuyo
cumplimiento se pretendió en el ejecutivo; y (ii) qué se reclamó concretamente en
la demanda ejecutiva y cómo fue resuelta esa pretensión por los jueces de instancia.

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de

2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
19 Ibid. La Sección Segunda reitera lo dicho en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Revisión. Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-2013-00358-00 (REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01
(12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no
se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce
un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión
pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
20 Ibid.

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56. En efecto, el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto, mediante sentencia del
28 de marzo de 2016, constituyó el título ejecutivo con fundamento en el cual se
promovió la demanda ejecutiva. En dicha providencia se dispuso:

«(…) CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a la CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL a que proceda a
reconocerle la asignación de retiro al señor Intendente Jefe (R) OSWALDO
CRIOLLO REALPE, en aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 en
cuantía equivalente al 85% del monto de las partidas que señala el artículo 140
del decreto 1212 de 1990, con ajuste a la ley y la actualización monetaria, su
reconocimiento procederá desde el 21 de noviembre de 2011 hasta su inclusión
en nómina, así como al pago de las sumas de dinero que resultan de la
diferencia entre lo cancelado y la nueva liquidación»21.

57. En cumplimiento de esa decisión, mediante la Resolución 6580 de 2016,
CASUR señaló que era «(…) procedente reliquidar la asignación mensual de retiro
(…) en el sentido de ordenar el cambio de grado de Intendente Jefe (RA) al de
Sargento Viceprimero (RA) (…) en cuantía equivalente al 85% del sueldo básico y
las partidas legalmente computables para el grado, a partir del 21-11-2011 (…)»22,
y reconoció las diferencias resultantes del cambio de grado.

58. Con fundamento en ese título, se promovió demanda ejecutiva solicitando librar
mandamiento de pago por todas las diferencias dinerarias que, en su criterio, no
habían sido canceladas.

59. Para tal efecto, el ejecutante discriminó 119 conceptos individuales,
correspondientes a lo causado desde el 21 de noviembre de 2011 hasta marzo de
2020, incluyendo las primas causadas en cada vigencia anual23. La suma aritmética
de tales conceptos arrojaba el capital adeudado, a la cual adicionó: (i) indexación
desde el 21 de noviembre de 2011 hasta el 14 de abril de 2016; (ii) intereses a la
tasa DTF entre el 15 de abril de 2016 y el 15 de febrero de 2017; (iii) intereses
moratorios desde el 16 de febrero de 2017 hasta la inclusión en nómina; y (iv)
mesadas posteriores con sus respectivos intereses.

60. Lo anterior fue solicitado bajo la siguiente premisa expresamente expuesta en
la demanda:

«(…) la discrepancia radica en la partida básica del grado.
7- Para realizar la liquidación de las diferencia que adeuda la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional, en favor del actor, en cumplimiento de la

21 Véase página 20 del archivo «003CopiaProcesoOrdinarioDesdeSentencia», obrante en el índice 00024 de

SAMAI.
22 Véase folios 59 a 62, ibid.
23 Con el fin de evitar la transcripción íntegra de los 119 ítems relacionados en la demanda, se advierte que los

valores respecto de los cuales se solicitó librar mandamiento de pago fueron estructurados por bloques anuales,
aplicando un mismo valor mensual dentro de cada vigencia.
Así, para el período comprendido entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, se tomó como base un valor
mensual uniforme de $1.519.924, junto con las primas correspondientes a junio y diciembre. Para los años 2013
y 2014 se mantuvo igual metodología, repitiendo el valor mensual de $1.650.804 durante cada anualidad e
incluyendo la prima semestral y la de fin de año. La misma técnica fue aplicada para los años 2015 ($1.699.336),
2016 ($1.778.523), 2017 ($2.046.094), 2018 ($2.150.242) y 2019 ($2.247.002), en cada caso con el valor
mensual que el ejecutante estimó aplicable a la respectiva vigencia, más las primas correspondientes.
Finalmente, para el período comprendido entre enero y marzo de 2020, se incluyeron los tres meses con el
valor mensual proyectado para esa anualidad ($2.362.048).

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sentencia de marras, se tiene en cuenta lo percibido como mesadas
pensionales pagadas con la partida básica de sargento viceprimero y demás
factores correspondientes para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, con lo cual se procede a realizar un cuadro
comparativo de la nueva liquidación, que arroja las diferencias dejadas de
cancelar por la entidad, mes por mes, iniciando desde el 21 de noviembre de
2011 a la presentación de la demanda […]»24.

61. Mediante auto del 17 de septiembre de 2020 25 se libró mandamiento de pago
en contra de CASUR, en los términos solicitados por el ejecutante.

62. En la sentencia de primera instancia se declararon probadas las excepciones
de «cumplimiento de la sentencia» y «pago», se decidió no seguir adelante la
ejecución y se dio por terminado el proceso.

63. Lo anterior al concluir que la orden impartida en el proceso ordinario consistió
en aplicar el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y que, dado que el grado de
intendente jefe no se encuentra previsto en dicha normativa —propia del régimen
de oficiales y suboficiales—, la entidad acudió a la equivalencia establecida en el
artículo 9 del Decreto 1791 de 2000 (sargento viceprimero – intendente jefe) para
efectos de la homologación. En consecuencia, estimó ajustado el cumplimiento
dado por CASUR mediante la Resolución 6580 de 2016, al liquidar la asignación
con base en el grado equivalente y las partidas legalmente computables.

64. En apelación, el ejecutante sostuvo que se había desnaturalizado el título
ejecutivo y modificado su alcance, al aplicar una equivalencia de grados que —
según afirmó— ya había sido descartada en el proceso contencioso. Añadió que se
omitió pronunciamiento sobre la prima de actividad y que se desconocieron los
artículos 220 de la Constitución y 54 del Decreto 1791 de 2000.

65. Mediante sentencia del 8 de marzo de 2024 se confirmó la decisión, al
considerar que la entidad dio cumplimiento a lo ordenado tanto en lo relativo a la
partida básica como a las partidas computables, y que no era jurídicamente viable
combinar elementos de distintos regímenes normativos.

66. A partir de este recuento procesal, advierte la Sala que el reparo formulado no
está llamado a prosperar, por razones de orden conceptual y procesal que se
exponen a continuación.

67. En primer lugar, no se configura la alegada contradicción entre la parte motiva
y la resolutiva de la sentencia de segunda instancia. Es cierto que dentro de las
consideraciones el Tribunal indicó que la inclusión de la expresión «intendente jefe»
en la parte resolutiva del fallo declarativo «(…) denota la ausencia de uno de los
requisitos para que la obligación contenida en la sentencia cumpla con las
condiciones para tornarse exigible, esto es, la claridad, toda vez que la orden, así
redactada, da lugar a interpretaciones como la que trae ahora el ejecutante (…)».

24 Véase folio 9 del archivo digital denominado «002DemandaEjecutiva», obrante en el índice 00024 de SAMAI.
25 Véase folio 10 del archivo digital denominado «014ResuelveRecursoReposicionLibraMandamiento.pdf»,
obrante en el índice 00024 de SAMAI.

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Sin embargo, tal afirmación constituyó un dicho de paso y no el fundamento principal
del fallo.

68. Para la Sala la segunda instancia no modificó la orden contenida en primera
instancia y tampoco revocó el entendimiento adoptado por esta sobre la claridad del
título. Lo que hizo fue precisar que la lectura propuesta por el ejecutante implicaba
extender el alcance del título más allá de lo efectivamente ordenado, pretendiendo
derivar de la mención del grado una forma específica de liquidación que no se
desprendía inequívocamente de la sentencia que constituía título ejecutivo.

69. El eje central de la decisión no fue entonces la ausencia de requisitos formales
del título (falta de claridad), sino la conclusión de que la entidad había dado
cumplimiento a lo ordenado. De manera expresa afirmó que CASUR:

«(…) cumplió con lo ordenado por la autoridad judicial de instancia, en
tanto que reconoció la asignación de retiro de conformidad con la norma íntegra
a cuya aplicación se determinó tenía derecho el actor, tanto en lo referente a
partida básica (sargento viceprimero) como partidas computables, y no como
se pretende por la parte ejecutante, con la partida básica del grado equivalente
en el nivel ejecutivo (intendente) y las partidas del Decreto 1212» (negrillas
fuera del texto original).

70. La referencia, entonces, a la ambigüedad del término empleado en el título no
alteró el sentido de la decisión ni constituyó su ratio decidendi. El argumento
determinante de la decisión fue que no podía prosperar una ejecución fundada en
una interpretación que, en la práctica, implicaba modificar el contenido del título para
obtener una reliquidación con fundamento en un régimen mixto.

71. Por consiguiente, si hubiese considerado que la motivación de la primera
instancia era jurídicamente equivocada o incompatible con la conclusión adoptada,
habría modificado o revocado la decisión. Sin embargo, no lo hizo. Por el contrario,
confirmó la providencia, lo que implica que compartió la tesis según la cual la entidad
había dado cumplimiento a la sentencia declarativa y que no había lugar a continuar
con la ejecución.

72. En ese contexto, no se evidencia que la providencia tenga una ruptura
argumentativa, sino una coherencia entre las consideraciones expuestas y la
decisión adoptada, esto es, congruencia interna.

73. En segundo lugar, el recurrente amplía indebidamente el concepto de
congruencia al pretender predicarla de la relación entre la sentencia de ejecución y
la sentencia título, o entre las decisiones de primera y segunda instancia.

74. La congruencia procesal, como se expuso, se refiere a la correspondencia entre
las pretensiones y lo decidido en una misma providencia. No opera como parámetro
para evaluar la coincidencia interpretativa entre decisiones judiciales distintas, ni
impide al juez de la ejecución interpretar el alcance del título.

75. Considera la Sala que la segunda instancia resolvió exactamente el objeto de
la apelación, esto es, determinar si había lugar a continuar con la ejecución frente a
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las excepciones de cumplimiento y pago. No decidió por fuera de lo pedido, no
omitió pronunciamiento sobre los puntos controvertidos ni concedió más de lo
solicitado. Por tanto, la incongruencia externa no se configura.

76. Tampoco puede sostenerse que la sentencia objeto de revisión haya modificado
el título ejecutivo.

77. En efecto, aunque el juez de la ejecución no está autorizado para alterar la
decisión surgida del juicio declarativo, sí debe interpretar su contenido para
establecer el alcance concreto de la obligación. Esta función hermenéutica es
inevitable cuando el título requiere determinación frente a su aplicación práctica,
como sucedió en este caso.

78. Bajo esa perspectiva, para esta Sala el Tribunal precisó que la controversia
planteada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
circunscribió a establecer el parámetro normativo aplicable para la liquidación de la
asignación de retiro. En tal contexto, indicó que, aunque el ejecutante entendió que
del título surgía la obligación de reconocer la prestación con fundamento en el grado
de intendente jefe, conforme al régimen previsto en el Decreto 1212 de 1990, lo
cierto es que la sentencia de carácter declarativo se limitó a ordenar la aplicación
de dicho régimen, lo que implicaba, para su concreción, acudir a la equivalencia
normativa correspondiente.

79. Esa conclusión no comporta modificación alguna del título ejecutivo; se limita a
precisar su alcance interpretativo frente a la pretensión concreta formulada en sede
ejecutiva.

80. Adicionalmente, el planteamiento del recurrente pone de manifiesto un intento
por reabrir la discusión relativa a la combinación de regímenes normativos, cuestión
que ya fue definida en el proceso ordinario y que, pese a ello, volvió a ser planteada
por el propio accionante en el ejecutivo, donde igualmente fue objeto de análisis y
decisión.

81. Aun si se admitiera alguna imprecisión en la argumentación de la segunda
instancia respecto de la alegada falta de claridad del título, ello no tendría entidad
suficiente para modificar el sentido de la decisión. En efecto, lo expuesto en dicha
providencia conduce, en esencia, a una única conclusión: la obligación reclamada
no se deriva con certeza del título ejecutivo, lo que impide predicar claridad, pero
frente a lo pedido en la demanda.

82. El estándar propio del recurso extraordinario de revisión exige que el yerro
invocado sea trascendente, es decir, determinante en el sentido del fallo. En este
caso, la conclusión relativa a la ausencia de correspondencia entre el título y la
obligación ejecutada resulta suficiente por sí sola para sostener la negativa a
continuar adelante la ejecución.

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83. En consecuencia, como la inconformidad del recurrente se sitúa en el plano de
la discrepancia interpretativa y no en la configuración de una causal extraordinaria
que comprometa la validez de la providencia, el recurso será declarado infundado.

De la condena en costas

84. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:

«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».

85. En ese sentido, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.

86. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.

87. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».

88. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de CASUR, a través de la defensa
ejercida en el escrito de contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba
suficiente para tener por causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la
existencia de gastos inherentes a la defensa judicial por parte de quien resultó
vencedor en el litigio.

89. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Oswaldo Criollo Realpe en contra la sentencia del ocho (8)
de marzo de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Segundo. CONDENAR en costas al señor Oswaldo Criollo Realpe en favor de
CASUR, las cuales se liquidarán por la Secretaría.

Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.

Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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