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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00274-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2025-00274-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Víctor Amin Vera Ramírez contra la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-42-056-2022-00451-01. SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Víctor Amin Vera Ramírez en favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 10 Sobre el particular esta Subsección en la sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00330- 00 (4906-2023), concluyó que «no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos, cuando de manera compendiosa se pueden resolver varios cargos que traten sobre un tema en específico». 10 Radicación: 11001-03-25-000-2025-00274-00 (1997-2025) Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2025-00274-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Recurso Extraordinario de Revisión
Radicación : 11001-03-25-000-2025-00274-00 (1997-2025)
Demandante : Víctor Amin Vera Ramírez
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
Tema : Causal de revisión artículo 250-5 de la Ley 1437 de 2011
Decisión : Declara infundado el recurso extraordinario de revisión. No se
acreditó la configuración de una nulidad originada en la sentencia
de segunda instancia ni la existencia de vicios graves que
comprometieran el debido proceso o el principio de congruencia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Víctor Amin
Vera Ramírez contra la sentencia del 3 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.1

I. ANTECEDENTES

Proceso ordinario

1. Víctor Amin Vera Ramírez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de que se declarara la nulidad del oficio 20193110600581: MDN-
CGFM-COEJCSEJEC-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 1.° de abril de 2019, mediante el
cual se le negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar previsto en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, así como la nulidad del acto ficto por medio del cual se le negó
el incremento del 20 % en su asignación básica mensual y la prima de actividad.
Subsidiariamente, solicitó que se tuvieran por probadas las excepciones de
inconstitucionalidad y convencionalidad, con el fin de que se inaplicaran los actos
administrativos demandados.

2. Como consecuencia de la nulidad, deprecó que se reconociera que desempeñó las
mismas funciones que un soldado profesional que previamente fue voluntario y que se
encontraba en el mismo supuesto de hecho contemplado en la norma que prevé la prima
de actividad para oficiales y suboficiales del Ejército Nacional; y el pago retroactivo y la
reliquidación integral de las prestaciones sociales y demás factores salariales y no
salariales, con base en un salario básico equivalente al salario mínimo legal vigente

1 Decisión suscrita por los magistrados Patricia Salamanca Gallo, Beatriz Helena Escobar Rojas y Luis Alfredo Zamora

Acosta.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00274-00 (1997-2025)
Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

aumentado en un 60 %, así como el otorgamiento del subsidio familiar y la prima de
actividad.

3. El demandante indicó que fue incorporado al Ejército Nacional como soldado
profesional sin haber sido previamente voluntario, rigiéndose por el Decreto Ley 1793 de
2000. Afirmó que ha desempeñado sus funciones en condiciones sustancialmente
iguales a las de los soldados profesionales que anteriormente fueron voluntarios, y
también bajo circunstancias operativas similares a las de oficiales y suboficiales, lo cual
en su criterio debe ser reconocido en virtud del principio constitucional de igualdad y del
mandato de no discriminación. Señaló que no existe una diferencia objetiva y razonable
que justifique la exclusión del 20 % adicional en su salario, el no reconocimiento de la
prima de actividad ni la negación del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, ya que cumple con el mismo supuesto de hecho normativo, esto es, estar
en servicio activo o en ejecución permanente de funciones militares.

4. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se opuso a la prosperidad de la
demanda. Señaló que el demandante ingresó directamente como soldado profesional en
vigencia de los Decretos 1793 y 1794 de 2000, por lo que nunca ostentó la condición de
soldado voluntario ni le resultaban aplicables las prerrogativas previstas para quienes
fueron incorporados bajo dicho régimen. Sostuvo que la entidad ha reconocido
integralmente los derechos salariales y prestacionales establecidos para los soldados
profesionales conforme al régimen especial de la Fuerza Pública previsto en la Ley 4.ª de
1992 y en las normas que regulan su carrera y régimen salarial y prestacional. Indicó que
no existió vulneración de los derechos a la igualdad ni al debido proceso, pues las
diferencias salariales y prestacionales entre soldados profesionales, soldados voluntarios
y demás integrantes de la Fuerza Pública obedecen a regímenes jurídicos especiales, a
criterios objetivos relacionados con la jerarquía, las funciones y las responsabilidades
asignadas, y a la potestad de configuración normativa del legislador. En consecuencia,
afirmó que el actor pretendía la aplicación simultánea de regímenes incompatibles y que
los actos demandados se ajustaban al ordenamiento jurídico.

5. El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia
del 29 de septiembre de 2023,2 negó las pretensiones de la demanda. En cuanto al
reajuste salarial del 20 %, concluyó que el demandante ingresó al Ejército Nacional como
soldado profesional con posterioridad al 1.º de enero de 2001, razón por la cual no se
encontraba en las mismas circunstancias de los soldados voluntarios vinculados bajo la
Ley 131 de 1985. Con fundamento en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
del 25 de agosto de 2016, consideró que el incremento salarial del 60 % previsto en el
inciso segundo del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000 se justificaba en la necesidad
de conservar los beneficios que percibían los soldados voluntarios y compensar el déficit
de protección laboral al que estuvieron sometidos antes de la creación del régimen de
soldados profesionales.

6. Respecto de la prima de actividad, indicó que dicha prestación fue prevista para
oficiales, suboficiales y empleados públicos del sector defensa, sin que existiera
fundamento legal para extenderla a los soldados profesionales. Además, consideró que

2 Sentencia que fue complementada mediante providencia del 15 de diciembre de 2023.

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Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

las diferencias salariales y prestacionales alegadas por el actor obedecían a criterios
objetivos y razonables derivados de los distintos requisitos de ingreso, funciones y
responsabilidades de cada categoría de personal militar, por lo que descartó la
vulneración del derecho a la igualdad.

7. En relación con el subsidio familiar, concluyó que el demandante ya tenía reconocido
dicho beneficio conforme al Decreto 1161 de 2014 y no acreditó que el hecho generador
del derecho hubiera ocurrido durante el período en que resultaba aplicable el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000. Por ello, no se configuró vulneración alguna del principio de
igualdad ni de las normas invocadas.

8. El actor apeló la decisión de primera instancia y, como cuestión preliminar, solicitó la
nulidad de la sentencia por vulneración del principio de congruencia y del debido proceso.
Sostuvo que el Juzgado omitió pronunciarse de manera completa sobre diversos hechos,
cargos jurídicos, pretensiones declarativas y solicitudes formuladas en la demanda,
particularmente los relacionados con la presunta discriminación salarial entre soldados
profesionales y soldados voluntarios, los principios de igualdad, trabajo igual salario igual,
remuneración justa y proporcional, mérito, no discriminación y primacía de la realidad
sobre las formalidades. Afirmó que la providencia no resolvió las excepciones de
inconstitucionalidad e inconvencionalidad propuestas, omitió estudiar aspectos
relacionados con la carga de la prueba y las presunciones aplicables al juicio de igualdad,
no se pronunció sobre la solicitud de auto para mejor proveer y negó la petición de adición
presentada frente a las omisiones advertidas en la sentencia.

9. En cuanto al fondo del asunto, manifestó que el Juzgado incurrió en errores de hecho
y de derecho al negar el reconocimiento del reajuste salarial del 20 %, la prima de
actividad y el subsidio familiar. Reiteró que desempeña las mismas funciones que los
soldados profesionales provenientes del régimen de soldados voluntarios, por lo que la
diferencia salarial carece de justificación objetiva y configura una discriminación contraria
a los artículos 13, 25, 53 y 209 de la Constitución. Sostuvo que se encuentra en una
situación equiparable a la de oficiales y suboficiales para efectos del reconocimiento de
la prima de actividad y que, frente al subsidio familiar, la decisión desconoció los
principios de condición más beneficiosa, progresividad, protección de la familia e interés
superior del menor, así como el juicio de igualdad que, en su criterio, debía realizarse
entre los beneficiarios de los regímenes previstos en los Decretos 1794 de 2000 y 1161
de 2014.

10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,3
mediante sentencia del 3 de diciembre de 2024, confirmó íntegramente la decisión de
primera instancia. Como cuestión previa, rechazó la solicitud de nulidad parcial de la
sentencia formulada por el apelante, al considerar que los argumentos expuestos no
correspondían a ninguna de las causales taxativas de nulidad previstas en el artículo 133
del CGP. Señaló que el juez de primera instancia sí se pronunció sobre las pretensiones
relacionadas con el reajuste salarial, la prima de actividad y el subsidio familiar, por lo
que los cuestionamientos del actor respecto de la motivación y suficiencia de los

3 Sentencia que fue notificada mediante correo electrónico remitido el 12 de diciembre de 2024.

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Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

argumentos debían analizarse como reparos de fondo dentro de la apelación y no como
un vicio invalidante de la providencia.

11. En relación con el reajuste salarial del 20 %, concluyó que el demandante ingresó
directamente como soldado profesional en mayo de 2011, sin haber ostentado
previamente la condición de soldado voluntario, razón por la cual quedó sometido al
régimen salarial previsto en los Decretos 1793 y 1794 de 2000, que establecen una
asignación equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente incrementado en un 40
%. Explicó que la diferencia salarial respecto de los soldados voluntarios incorporados
posteriormente al régimen de soldados profesionales encuentra justificación en la
protección de los derechos adquiridos y en el régimen de transición reconocido por la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, de modo que no configura un trato
discriminatorio ni vulnera el principio de igualdad o la regla de “a trabajo igual, salario
igual”. Por ello, descartó la procedencia del reajuste reclamado.

12. Respecto de la prima de actividad, sostuvo que dicha prestación fue prevista
exclusivamente para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y no hace parte del
régimen salarial y prestacional de los soldados profesionales. Indicó que no era
procedente efectuar un juicio de igualdad entre categorías que responden a una
estructura jerárquica distinta dentro de la Fuerza Pública, pues las diferencias en
funciones, responsabilidades, requisitos de ingreso y ascenso constituyen criterios
objetivos y razonables que justifican un tratamiento normativo diferenciado. Concluyó que
no existía vulneración del derecho a la igualdad ni fundamento para extender al
demandante el reconocimiento de dicha prestación.

13. Finalmente, en cuanto al subsidio familiar, precisó que, aunque la nulidad del Decreto
3770 de 2009 produjo la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 con
efectos retroactivos, el demandante tenía reconocido y percibía el subsidio familiar
conforme al régimen previsto en el Decreto 1161 de 2014. Advirtió que no acreditó que
el hecho generador de la prestación hubiera surgido durante el período en que resultaba
aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, ni demostró circunstancias que
permitieran desplazar la normativa vigente al momento del reconocimiento. Igualmente,
descartó que existiera vulneración del principio de favorabilidad o que procediera la
aplicación de las excepciones de inconstitucionalidad o de convencionalidad invocadas,
razón por la cual confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda.

Demanda del recurso extraordinario de revisión4

14. El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en el
numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, con el fin de que se declarara la nulidad de las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario que
negó el reconocimiento de diversas prestaciones laborales. Como sustento del recurso,
alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en incongruencia al omitir
pronunciamiento sobre varios reparos formulados en el recurso de apelación,
particularmente en relación con la negativa al subsidio familiar previsto en el artículo 11

4 Radicada el 15 de julio de 2025.

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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00274-00 (1997-2025)
Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

del Decreto 1794 de 2000, el reajuste salarial del 20 %, la prima de actividad, así como
las solicitudes de adición y nulidad de la sentencia de primera instancia.

15. Sostuvo que las decisiones adoptadas tanto en primera como en segunda instancia
vulneraron su derecho al debido proceso, al desconocer hechos jurídicamente relevantes
expuestos en la demanda y argumentos constitucionales relacionados con el principio de
igualdad, especialmente en su modalidad "a trabajo igual, salario igual", y con los
principios laborales consagrados en el artículo 53 de la Constitución. Señaló que se omitió
valorar adecuadamente su condición frente a otros soldados profesionales en iguales
circunstancias, sin que se aplicaran los precedentes de la Corte Constitucional ni se
realizara un juicio de igualdad conforme a la sentencia SU-519 de 1997. Tampoco se
resolvieron las excepciones de inconstitucionalidad e inconvencionalidad oportunamente
formuladas, ni se aplicó la presunción de inconstitucionalidad de los actos censurados.

16. Cuestionó que no se hubieran valorado adecuadamente los precedentes
constitucionales invocados para sustentar el juicio de igualdad ni se hubiera justificado
de manera suficiente el trato diferenciado frente a quienes perciben la prima de actividad,
pese a desempeñar funciones que consideró equiparables.

Contestación del recurso

17. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional solicitó declarar infundado el
recurso extraordinario de revisión. Manifestó que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no adolece de falta de motivación ni de incongruencia,
pues resolvió los problemas jurídicos planteados por el demandante y se pronunció sobre
los aspectos relacionados con el reajuste salarial del 20 %, la prima de actividad y el
subsidio familiar. Afirmó que la providencia cuestionada contiene una fundamentación
suficiente y expresa las razones jurídicas por las cuales confirmó la negativa de las
pretensiones.

18. Indicó que los argumentos del recurrente no evidencian la existencia de una nulidad
originada en la sentencia, sino que se dirigen a cuestionar las conclusiones jurídicas
adoptadas por el Tribunal y a replantear el debate resuelto en el proceso ordinario.
Precisó que la corporación aplicó la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado
sobre el reajuste salarial de los soldados profesionales, concluyó que la prima de
actividad no hace parte del régimen prestacional de estos servidores y resolvió el asunto
relativo al subsidio familiar con fundamento en la normativa vigente y en las
circunstancias particulares acreditadas en el expediente.

19. Agregó que el recurso extraordinario de revisión constituye un mecanismo
excepcional que no puede utilizarse como una tercera instancia para controvertir la
valoración probatoria, la interpretación normativa o el criterio jurídico adoptado por el juez
natural. Por ello, al no acreditarse una vulneración al debido proceso ni una nulidad
originada en la sentencia en los términos del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
solicitó declarar infundado el recurso.

Ministerio Público
5

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Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

20. El procurador delegado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

21. De conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Consejo de
Estado5 es competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos. Así las cosas, se
abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, al
presuntamente omitir pronunciarse sobre aspectos sustanciales planteados por el señor
Víctor Amin Vera Ramírez en el recurso de apelación, relacionados con el subsidio
familiar, el reajuste salarial del 20 % y la prima de actividad, y al no abordar sus
argumentos constitucionales sobre el derecho a la igualdad y al debido proceso,
configurándose una nulidad originada en la sentencia misma.

Análisis

23. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión al verificar que los
argumentos expuestos por el accionante no demuestran la configuración de una nulidad
originada en la sentencia cuestionada, ni evidencian vicios graves que comprometan la
validez formal o material del fallo recurrido (causal prevista en el numeral 5.° del artículo
250 del CPACA). Por el contrario, del análisis integral del expediente se advierte que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió los asuntos sometidos a su
conocimiento dentro del marco de sus competencias y con base en el acervo probatorio.
En consecuencia, no se acreditó una vulneración sustancial al debido proceso ni al
principio de congruencia que justifique infirmar la decisión, conforme a las razones que
se exponen a continuación.

24. El recurso extraordinario de revisión, previsto en el Capítulo I del Título VI del CPACA,
constituye un mecanismo excepcional de impugnación que permite controvertir
sentencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales, cuando concurren
situaciones extraordinarias que afectan de forma sustancial la justicia material de la
decisión. Su finalidad es restablecer dicha justicia frente a vicios graves que no pudieron
alegarse o debatirse dentro del trámite ordinario del proceso, y que por su entidad
justifican la superación del principio de cosa juzgada. En ese sentido, no se trata de una
tercera instancia ni de una vía para reabrir el debate jurídico o probatorio previamente
resuelto, sino de una herramienta procesal reservada a supuestos de extrema relevancia

5 En atención al criterio de especialización laboral y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12

de marzo de 2019, modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 de 2024, el conocimiento del asunto corresponde a
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso o
la tutela judicial efectiva.

25. En particular, la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA establece la procedencia del
recurso extraordinario de revisión cuando se configure una nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede recurso de apelación. Para
que esta causal sea procedente, deben verificarse dos presupuestos: uno consistente en
que la providencia impugnada no sea susceptible del recurso de apelación, y otro
relacionado con la existencia de una nulidad sustancial generada en la propia sentencia.

26. Esta corporación6 ha precisado que dichas nulidades no se limitan exclusivamente a
las previstas de manera taxativa en el Código General del Proceso (CGP), sino que
también comprenden aquellas que, desde una perspectiva constitucional, afectan
gravemente el derecho al debido proceso o vulneran el principio de congruencia en la
actuación judicial.

27. En ese sentido, se han identificado, a título meramente enunciativo, ciertos supuestos
que comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y la tutela judicial efectiva, «admitiendo que hay lugar a revisar
la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la decisión (i) es inhibitoria; (ii) se
profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena a un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia
sobre aspectos que no le corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el
caso; (vi) se profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (vii) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii)
desconoce el principio de congruencia7 bien sea por una condena extra, ultra o infra
petita.»8. En consecuencia, esta causal tiene como propósito salvaguardar el núcleo
esencial de las garantías procesales, cuando estas resultan afectadas por vicios
insubsanables presentes en la sentencia que puso fin al proceso.

28. Bajo ese contexto, de conformidad con la naturaleza y el objeto del recurso
extraordinario de revisión, en esta oportunidad corresponde a la Sala determinar si la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en alguno de los vicios graves e insubsanables que configuran la causal prevista
en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, esto es, si contiene una nulidad originada
en la providencia misma que puso fin al proceso. En tal sentido, no procede examinar las
eventuales irregularidades atribuidas a la decisión de primera instancia, por cuanto el
objeto del recurso se restringe a la revisión de la decisión definitiva e inapelable que
resolvió el litigio.

29. El accionante considera que en el fallo de segunda instancia se incurrió en
incongruencia, al omitir pronunciamiento sobre varios cargos formulados en el recurso de

6 Ver entre otras, la sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, expediente 1998-00153; y las del 7 de septiembre

de 2018, Rad. REV 2014-00440-00; 18 de agosto de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2017-02369-00; 26 de agosto de
2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17); y del 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-
00330-00 (4906-2023).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV 2014-

00440-00.
8 Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-25-000-2017-00852-00 (4598-17).

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Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

apelación, específicamente lo relacionado con la negativa al subsidio familiar previsto en
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, el reajuste salarial del 20 %, la prima de actividad
y las solicitudes de adición y nulidad de la sentencia de primera instancia. Asimismo,
afirmó que la decisión del Tribunal vulneró su derecho al debido proceso y al principio de
igualdad, al no valorar hechos jurídicamente relevantes ni resolver de manera expresa
los planteamientos constitucionales expuestos, como las excepciones de
inconstitucionalidad e inconvencionalidad, ni efectuar un juicio de igualdad conforme a
los precedentes constitucionales invocados, particularmente la sentencia SU-519 de
1997.

30. No obstante, el examen integral de la providencia cuestionada permite advertir que
el Tribunal identificó claramente los motivos de inconformidad planteados por el apelante
y formuló el problema jurídico a resolver, precisando que debía determinar si el
demandante tenía derecho: i) al incremento salarial del 20 % con fundamento en el
derecho a la igualdad y en el principio «a trabajo igual, salario igual»; ii) al reconocimiento
de la prima de actividad en las mismas condiciones de los oficiales y suboficiales; y iii) al
reconocimiento del subsidio familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y
al principio de favorabilidad. Asimismo, indicó expresamente que debía analizar la
procedencia de las excepciones de inconstitucionalidad y convencionalidad invocadas
por el actor. Antes de abordar tales materias, estudió la solicitud de nulidad parcial de la
sentencia de primera instancia por presunta incongruencia y explicó las razones por las
cuales no se configuraba dicho vicio.

31. En relación con la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia, el Tribunal
examinó las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del CGP y concluyó que los
cuestionamientos formulados por el apelante no encajaban en ninguno de los supuestos
legalmente previstos. Señaló que el juez de primera instancia sí se había pronunciado
sobre las pretensiones relacionadas con el reajuste salarial, la prima de actividad y el
subsidio familiar, de modo que la discrepancia del actor recaía sobre la suficiencia o
corrección de la argumentación empleada y no sobre una verdadera omisión de
pronunciamiento. Por tal razón, consideró que tales cuestionamientos debían analizarse
como reparos propios de la apelación y no como una causal de nulidad procesal.

32. En cuanto al reajuste salarial del 20 %, el Tribunal efectuó un estudio detallado del
régimen jurídico aplicable a los soldados voluntarios y a los soldados profesionales,
examinó la Ley 131 de 1985, los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto de 2016.9 A partir de dicho análisis
concluyó que el demandante ingresó directamente como soldado profesional y, por tanto,
quedó sometido al régimen salarial previsto para quienes se vincularon por primera vez
bajo los Decretos 1793 y 1794 de 2000, consistente en un salario mínimo legal mensual
vigente incrementado en un 40 %. Explicó que la diferencia existente respecto de quienes
previamente fueron soldados voluntarios obedecía a un criterio objetivo derivado de la
preservación de los derechos adquiridos y del régimen de transición reconocido a este
último grupo, razón por la cual descartó la vulneración del derecho a la igualdad y del
principio «a trabajo igual, salario igual».

9 Sentencia de unificación CE-SUJ2-003-16 del 25 de agosto de 2016, Rad. 85001-33-33-002-2013-000-60-01 (3420-

2015).
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Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

33. Por otro lado, el accionante reprocha un presunto desconocimiento de algunas
providencias jurisprudenciales citadas en el recurso de apelación; sin embargo, la Sala
recuerda que la inobservancia del precedente no constituye, por sí sola, una causal de
nulidad de la sentencia.

34. Respecto de la prima de actividad, el Tribunal realizó un recorrido por la evolución
normativa de dicha prestación y concluyó que esta fue concebida exclusivamente para
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Explicó que los soldados profesionales,
los suboficiales y los oficiales pertenecen a categorías funcionales distintas dentro de la
estructura jerarquizada de la Fuerza Pública, con diferentes responsabilidades,
funciones, requisitos de ingreso y regímenes salariales y prestacionales. Coligió que no
se encontraban en situaciones fácticas equivalentes que permitieran exigir un tratamiento
prestacional idéntico, por lo que no se configuraba vulneración alguna del derecho a la
igualdad ni existía fundamento para inaplicar las disposiciones que regulan dicha materia.

35. Ahora bien, el recurso extraordinario de revisión no constituye un mecanismo
procesal destinado a controvertir la interpretación jurídica adoptada por el juez de
instancia, ni a revaluar el sentido normativo de la decisión impugnada. Ello resulta aún
más evidente en el presente caso, en el que se advierte que los razonamientos expuestos
por el Tribunal para negar el reconocimiento de la prima de actividad respondieron de
manera expresa y argumentada a los planteamientos del recurrente. En consecuencia,
no se configura un vicio que afecte de forma sustancial el núcleo esencial del debido
proceso ni que comprometa la validez formal o material de la providencia objeto de
revisión.

36. Finalmente, en lo concerniente al subsidio familiar, el Tribunal analizó la evolución
normativa de la prestación y reconoció que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770
de 2009 produjo la reviviscencia temporal del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 hasta
la expedición del Decreto 1161 de 2014. Sin embargo, advirtió que el demandante ya
tenía reconocido el subsidio familiar con fundamento en este último decreto y que no
acreditó la fecha en que surgió la situación familiar generadora del derecho que permitiera
concluir que le resultaba aplicable el régimen anterior. Precisó, además, que ni en la
petición administrativa ni en la demanda se aportaron elementos de prueba que
demostraran que el hecho generador ocurrió durante el periodo en que resultaba
aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. La negativa al reconocimiento del
subsidio bajo el Decreto 1794 obedeció, entonces, a la falta de prueba de un hecho
esencial para consolidar el derecho, lo que corresponde a un asunto probatorio valorado
por el juez de instancia.

37. En este contexto, el recurso extraordinario de revisión no procede como mecanismo
para suplir deficiencias en la actividad probatoria del proceso ni para revalorar los
elementos de juicio que ya fueron apreciados en su momento. Permitir lo contrario
implicaría desnaturalizar la función excepcional de este recurso y convertirlo en una vía
para reabrir el debate probatorio, lo cual no se ajusta a su finalidad ni a los límites
previstos en el ordenamiento procesal.

38. Así las cosas, la Sala observa que no se vulneró el principio de congruencia en la
providencia objeto del presente recurso. En efecto, dicho principio se entiende
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Radicación: 11001-03-25-000-2025-00274-00 (1997-2025)
Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

quebrantado cuando la sentencia omite pronunciarse sobre las pretensiones,
excepciones o aspectos sustanciales sometidos a consideración del juez, o cuando
decide cuestiones ajenas al debate procesal. Por el contrario, en el presente asunto existe
correspondencia entre los temas planteados por las partes, los reparos formulados en la
apelación y los aspectos efectivamente resueltos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Aunque algunos de los argumentos expuestos por el apelante fueron
abordados de manera sintetizada y agrupada por materias afines,10 no se advierte una
omisión sustancial que configure una incongruencia que vicie de nulidad la sentencia.

39. En consecuencia, el recurrente no acreditó una verdadera omisión de
pronunciamiento atribuible al Tribunal, sino que exterioriza su inconformidad con las
conclusiones jurídicas adoptadas en la sentencia y con la forma en que fueron resueltos
los asuntos sometidos a consideración del juez de segunda instancia. Por tanto, la causal
invocada no se encuentra acreditada y se declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.

Condena en costas

40. El artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 255 del CPACA,
estableciendo un criterio objetivo para la imposición de costas, consistente en que estas
deben imponerse al recurrente cuando se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.

41. En ese sentido, dado que en el presente caso se declarará infundado el recurso, y
que la parte accionada acreditó la causación de costas como consecuencia de su
intervención en el proceso, se impondrá dicha condena al accionante en favor de la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, las cuales deberán liquidarse por
secretaría de la sección.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Víctor Amin Vera Ramírez contra la sentencia de segunda instancia proferida
el 3 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 11001-33-42-056-2022-00451-01.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al señor Víctor Amin Vera Ramírez en favor de la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

10 Sobre el particular esta Subsección en la sentencia de 16 de octubre de 2025, Rad. 11001-03-25-000-2023-00330-

00 (4906-2023), concluyó que «no es necesario estudiar punto por punto todos los reparos, cuando de manera
compendiosa se pueden resolver varios cargos que traten sobre un tema en específico».
10

Radicación: 11001-03-25-000-2025-00274-00 (1997-2025)
Demandante: Víctor Amin Vera Ramírez

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, INGRESAR el
expediente al despacho para la fijación de las agencias en derecho, previas
las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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