Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00097-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00097-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2026-00097-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00097-00 (0300-2026)
Demandante: Carlos Andrés Vega Mendoza
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo
Temas: Potestad reglamentaria del Gobierno nacional - término para
resolver el recurso de apelación ante la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez.
Decisión: Negar pretensiones de la demanda.
La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra el artículo 38 del Decreto
1352 de 20131, incorporado en el artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015 2,
expedidos por el presidente de la República y el ministro del Trabajo.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Se solicitó la nulidad del artículo 38 del Decreto 1352 de 2013, «[p]or el cual
se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez, y se dictan otras disposiciones», cuyo contenido fue incorporado en el
artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015. La disposición acusada establece:
Artículo 38. Sustanciación y Ponencia. Recibida la solicitud por el médico ponente
se procederá de la siguiente manera:
a) El Director Administrativo y Financiero de la junta citará al paciente por cualquier
medio idóneo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de lo cual se dejará
constancia en el expediente;
b) La valoración al paciente o persona objeto de dictamen deberá realizarse dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes;
c) En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al
siguiente día el Director Administrativo y Financiero de la junta citará nuevamente por
correo físico que evidencie el recibido de la citación para la valoración, esta última
deberá realizarse dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al envío de la
comunicación;
1 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez, y se dictan otras disposiciones».
2 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo».
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Demandante: Carlos Andrés Vega Mendoza
d) En caso de no asistencia del paciente a la valoración, en el término anterior, al
siguiente día luego del paso anterior, el Director Administrativo y Financiero de la junta
dará aviso por escrito a la Administradora de Riesgos Laborales o Administradora del
Sistema General de Pensiones de acuerdo a si la calificación en primera oportunidad
fue de origen común o laboral, cuya constancia debe reposar en el expediente,
indicándole la nueva fecha y hora en la que se debe presentar el paciente para que
esta lo contacte y realice las gestiones para su asistencia. La valoración de la persona
se deberá realizar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al recibo de
la comunicación escrita a las Entidades anteriormente mencionadas;
e) Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la valoración del paciente, el
médico ponente estudiará las pruebas y documentos suministrados y radicará la
ponencia;
f) Cuando el médico ponente solicite la práctica de pruebas o la realización de
valoraciones por especialistas, este las registrará en la solicitud de práctica de
pruebas que las ordena señalando el término para practicarlas de conformidad con el
presente decreto;
g) Recibidos los resultados de las pruebas o valoraciones solicitadas, el médico
ponente radicará el proyecto de dictamen dentro de los dos (2) días hábiles a su recibo
y se incluirá el caso en la siguiente reunión privada de la junta;
h) Una vez radicada la ponencia el Director Administrativo y Financiero procederá a
agendar el caso en la siguiente audiencia privada de decisión, que en todo no caso
no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles.
PARÁGRAFO 1°. De conformidad con el artículo 142 del Decreto número 19 de 2012
la Junta Nacional deberá decidir la apelación que haya sido impuesta, en un término
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la radicación de la ponencia.
PARÁGRAFO 2°. De comprobarse la imposibilidad de asistir a la cita de la persona
a valorar, el médico ponente se trasladará para su valoración salvo que se demuestre
la imposibilidad de traslado por caso fortuito o fuerza mayor, evento en el cual, se
podrá dictaminar de acuerdo a las pruebas allegadas a la junta. En todo caso la
suspensión del trámite de valoración no podrá ser superior a sesenta (60) días
calendario.
PARÁGRAFO 3°. Si la persona objeto de valoración no asiste a la cita fijada por el
Director Administrativo y Financiero de la junta, una vez se surta el procedimiento
descrito en el literal a), c) y d) del presente artículo este dará aviso por escrito a las
partes interesadas, cuya constancia debe reposar en el expediente y se procederá a
emitir el dictamen con lo que repose en el expediente.
PARÁGRAFO 4°. Para realizar las valoraciones de la persona objeto de dictamen
está prohibida que se realice de manera simultánea para varios pacientes ya que esta
debe ser de manera individual.
PARÁGRAFO 5°. Los términos de tiempo establecidos en el presente artículo serán
sucesivos entre un trámite y el que le sigue.
(se subraya aparte demandado)
2. El actor afirmó que el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria
al expedir la disposición acusada porque, en su criterio, estableció un procedimiento
sucesivo para la sustanciación y resolución de los recursos de apelación ante la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez que permite superar el término de cinco
(5) días consagrado en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012.
3. Sostuvo que los cinco (5) días previstos por el legislador comprenden la
totalidad del trámite que debe adelantar la Junta Nacional para resolver la apelación
y deben contarse desde la recepción del expediente remitido por la junta regional.
Bajo esa interpretación, cuestionó que la disposición demandada permita surtir
previamente actuaciones como la valoración del paciente, la práctica de pruebas y
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la elaboración de la ponencia, sujetas a plazos sucesivos, y que el cómputo de los
cinco (5) días inicie únicamente a partir de la radicación de esta última.
4. A su juicio, ese procedimiento amplía el plazo para resolver el recurso de
apelación contra el dictamen emitido por la junta regional de calificación de invalidez
y desconoce el límite temporal fijado por el legislador.
5. Con fundamento en lo anterior, solicitó declarar la nulidad del artículo 38 del
Decreto 1352 de 2013, incorporado en el artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de
2015. De manera subsidiaria, pidió declarar la «legalidad condicionada» de dichas
disposiciones, «en el entendido de que los términos procesales sucesivos
regulados por aquellas disposiciones solo gobiernan el trámite de inconformidad
ante las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez; de manera que la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, al conocer del recurso de apelación, está
obligada a decidirlo dentro del término perentorio de cinco (5) días».
Contestación de la demanda
6. El Ministerio del Trabajo se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda argumentando que el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012
únicamente fijó el término de cinco (5) días para decidir la apelación, sin regular las
actuaciones técnicas y administrativas que deben surtirse previamente ni
establecer el momento a partir del cual debe contabilizarse dicho plazo.
7. Explicó que el actor parte de una interpretación equivocada al equiparar el
término para resolver el recurso con la totalidad del trámite ante la Junta Nacional,
ya que la citación y valoración del paciente, la práctica de pruebas, el estudio del
caso y la elaboración de la ponencia corresponden a la fase de sustanciación y
constituyen actuaciones preparatorias necesarias para que el órgano colegiado
adopte una decisión técnica y fundamentada. Por ello, consideró improcedente
sumar los plazos previstos para esas actuaciones al término legal de cinco (5) días.
8. Indicó que el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
142 del Decreto Ley 019 de 2012, contiene una habilitación expresa para que el
Gobierno nacional reglamente la organización y funcionamiento de las juntas de
calificación de invalidez. A partir de ese entendimiento, sostuvo que el artículo 38
del Decreto 1352 de 2013 se limitó a desarrollar las actuaciones necesarias para
hacer operativa la decisión de la Junta Nacional, sin modificar, ampliar o restringir
el mandato legal.
9. En ese contexto, afirmó que la disposición acusada no amplió el término
legal, pues las actuaciones sometidas a plazos sucesivos corresponden a la fase
preparatoria y los cinco (5) días para resolver la apelación se contabilizan desde la
radicación de la ponencia, momento en el cual el asunto se encuentra listo para
decisión.
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10. Agregó que la interpretación propuesta en la demanda desconoce la
naturaleza técnica y especializada de las juntas de calificación de invalidez, pues
exigir que la sustanciación, valoración médica, práctica de pruebas, elaboración de
la ponencia y decisión se agoten dentro de cinco (5) días comprometería las
garantías necesarias para adoptar un dictamen debidamente sustentado.
11. Como excepciones propuso: inepta demanda por deficiente estructuración
del cargo; inexistencia de violación de las normas superiores invocadas; y ejercicio
legítimo de la potestad reglamentaria.
Trámite de sentencia anticipada
12. Mediante auto del 30 de junio de 2026 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, al evidenciarse la
concurrencia de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de
esa disposición. En la misma providencia se declaró no probada la excepción previa
de ineptitud de la demanda propuesta por el Ministerio del Trabajo, se resolvió sobre
el decreto de pruebas, se fijó el litigio y se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.
Alegatos de conclusión
13. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal.
14. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda porque el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012
fijó un término de cinco (5) días para decidir la apelación, pero no determinó el
momento a partir del cual debía contabilizarse ni reguló las actuaciones
preparatorias necesarias para adoptar esa decisión. En ese sentido, estimó que la
disposición acusada no amplió el plazo legal, sino que reglamentó la fase de
sustanciación y precisó razonablemente que su cómputo inicia con la radicación de
la ponencia, cuando el asunto cuenta con los elementos necesarios para ser
resuelto por el órgano colegiado.
15. Añadió que la naturaleza técnica y científica de las juntas de calificación de
invalidez exige garantizar la preparación del asunto y el adecuado estudio de las
pruebas, por lo que someter esas actuaciones al mismo plazo previsto para decidir
podría afectar los derechos de defensa y contradicción.
16. Finalmente, adujo que el carácter sucesivo de los plazos previstos para las
actuaciones preparatorias responde a la ordenación del procedimiento y no implica
una ampliación del término legal para resolver la apelación.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
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17. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.
Problema jurídico
18. La Sala deberá determinar si el Gobierno nacional excedió la potestad
reglamentaria al expedir el artículo 38 del Decreto 1352 de 2013, incorporado en el
artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015, al establecer las actuaciones y los
plazos para la sustanciación y resolución de los recursos de apelación ante la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, de manera que el trámite puede superar el
término de cinco (5) días previsto en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012.
Análisis del problema jurídico
19. La Sala negará las pretensiones de la demanda porque el Gobierno
nacional no excedió su potestad reglamentaria al establecer que el término de cinco
(5) días previsto en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 para decidir el
recurso de apelación se contabiliza a partir de la radicación de la ponencia. Como
se explicará, el legislador fijó el plazo para adoptar la decisión, pero no determinó
su momento inicial ni dispuso que dentro de este debieran agotarse las actuaciones
previas necesarias para sustanciar el asunto.
Facultad reglamentaria del Gobierno nacional
20. El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política prevé que el
presidente de la República ejerce «la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes». Esta facultad, de carácter permanente y exclusivo, tiene
por objeto desarrollar y hacer operativas las disposiciones legales, esto es, que el
carácter general, impersonal y abstracto de la ley pueda ser concretizado en reglas
y parámetros que permitan su adecuada ejecución.
21. En ese sentido, la potestad reglamentaria no habilita al Ejecutivo para crear,
modificar o derogar el contenido material de la ley, sino que se encuentra
estrictamente subordinada a esta, de modo que su ejercicio debe limitarse a
precisar los aspectos necesarios para su aplicación, sin desbordar el marco
normativo fijado por el legislador.
22. En esa línea, el Consejo de Estado ha precisado que el grado de amplitud
o detalle con que el legislador haya regulado un asunto determina el margen de
actuación del ejecutivo. Por ende, «ante menos cantidad de materia regulada en la
ley, existe un mayor campo de acción para el ejercicio de la potestad reglamentaria,
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y viceversa. De hecho, el alcance de la potestad reglamentaria depende de la
valoración política que el Legislador haga de la materia que desarrolla pues puede
regular íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la reglamentación, o
abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente para su
debida aplicación»3.
23. De lo anterior se desprende que cuando el Ejecutivo traspasa esos límites
e introduce una regulación que el legislador no previó o que contradice lo que este
dispuso, incurre en una extralimitación de la potestad reglamentaria que vicia de
nulidad el acto expedido.
24. En ese marco, para determinar si el Gobierno nacional se extralimitó en el
ejercicio de su potestad reglamentaria, es necesario establecer el contenido y
alcance de las disposiciones legales que regulan el término para decidir los
recursos de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y los
aspectos procedimentales sometidos a reglamentación.
25. El artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 establece lo siguiente:
Artículo 142. Calificación del estado de invalidez. El artículo 41 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará así: La calificación
se realizará con base en el manual único para la calificación de invalidez, expedido
por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contener los
criterios técnicos-científicos de evaluación y calificación de pérdida de capacidad
laboral porcentual por sistemas ante una deficiencia, discapacidad y minusvalía que
hayan generado secuelas como consecuencia de una enfermedad o accidente.
Artículo 41. Calificación del Estado de Invalidez. El estado de invalidez será
determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base
en el manual único para la calificación de invalidez vigente a la fecha de
calificación. Este manual será expedido por el Gobierno Nacional y deberá
contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que
tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral.
Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de
Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales
ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y
a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad
la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas
contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación
deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la
entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del
orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable
ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término
de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.
[…]
26. Por su parte, el artículo 42 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
16 de la Ley 1562 de 2012, dispone en lo pertinente:
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de
junio de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2004-00343-01.
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Artículo 16. El artículo 42 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 42. Naturaleza, administración y funcionamiento de las Juntas
Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez. […]
Será conforme a la reglamentación que determine el Ministerio de Trabajo, la
integración, administración operativa y financiera, los términos en tiempo y
procedimiento para la expedición de dictámenes, funcionamiento y la inspección,
vigilancia y control de estos aspectos, así como […] procedimientos operativos y
recursos de reposición y apelación.
27. Como se observa, el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 regula el
procedimiento para determinar la pérdida de capacidad laboral, el grado de
invalidez y el origen de la contingencia. Para ello, atribuye a las entidades allí
señaladas la competencia para efectuar esa calificación en una primera
oportunidad y prevé que, si el interesado manifiesta su inconformidad, el asunto
debe remitirse a la junta regional de calificación de invalidez dentro de los cinco (5)
días siguientes. A su vez, establece que la decisión adoptada por esta puede ser
apelada ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, «la cual decidirá en un
término de cinco (5) días».
28. De esta manera, el legislador fijó un plazo para que la Junta Nacional
resolviera el recurso de apelación. Sin embargo, no señaló expresamente desde
qué momento debía contabilizarse ni reguló el trámite que debía surtirse ante esa
autoridad para adoptar la decisión, como la valoración del paciente, la práctica de
pruebas y la elaboración de la ponencia.
29. A su vez, el artículo 42 de la Ley 100 de 1993 previó la reglamentación de
«los términos en tiempo y procedimiento para la expedición de dictámenes», así
como de los «procedimientos operativos y recursos de reposición y apelación».
30. De la lectura conjunta de ambas disposiciones se desprende que el
legislador fijó directamente en cinco (5) días el plazo para resolver el recurso de
apelación ante la Junta Nacional, pero confió al desarrollo reglamentario los
aspectos relacionados con el trámite para adoptar esa decisión, entre ellos, los
términos y procedimientos para la expedición de los dictámenes y el trámite de los
recursos. Por tanto, estos aspectos podían ser desarrollados mediante el ejercicio
de la potestad reglamentaria.
31. Con fundamento en ese marco normativo, el Gobierno nacional expidió el
Decreto 1352 de 2013, mediante el cual reglamentó la organización y
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez y desarrolló los aspectos
procedimentales relacionados con los asuntos sometidos a su conocimiento.
32. En particular, el artículo 38 del Decreto 1352 de 2013, incorporado en el
artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015, reguló la sustanciación de los asuntos
y la elaboración de la ponencia, y estableció las actuaciones que deben adelantarse
desde la recepción del asunto por el médico ponente hasta que este queda en
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condiciones de ser sometido a decisión. Entre ellas previó la citación y valoración
del paciente, la práctica de pruebas o valoraciones adicionales cuando resulten
necesarias y la radicación de la ponencia.
33. Para el desarrollo de esas actuaciones fijó distintos plazos y dispuso en el
parágrafo 5 que serían sucesivos entre un trámite y el siguiente. A su vez, el
parágrafo 1 estableció que la Junta Nacional debe decidir la apelación dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la ponencia.
34. De este modo, la disposición reglamentaria distingue las actuaciones
requeridas para sustanciar el asunto y elaborar la ponencia del término previsto
para decidir el recurso de apelación. Este último comienza a contabilizarse con la
radicación de la ponencia, momento a partir del cual el asunto debe ser agendado
para la audiencia privada y decidido por la Junta Nacional dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes.
35. Para la Sala esta regulación no desconoce el artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, pues como se explicó, esa norma fijó en cinco (5) días el término para
que la Junta Nacional decida la apelación, pero no dispuso que dentro de ese
mismo plazo deban surtirse las actuaciones necesarias para sustanciar el asunto
ni estableció que su cómputo comience desde la recepción del expediente.
36. El artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 estableció que la Junta
Nacional «decidirá» la apelación en cinco (5) días, sin disponer que dentro de ese
término deban agotarse todas las actuaciones necesarias para su sustanciación.
La distinción resulta relevante porque decidir el recurso presupone que el asunto
se encuentre en condiciones de ser resuelto, mientras que la citación y valoración
del paciente, la práctica de pruebas y la elaboración de la ponencia constituyen
actuaciones encaminadas precisamente a conformar los elementos de juicio
requeridos para adoptar esa decisión.
37. Por tanto, la interpretación propuesta por el actor atribuye al artículo 142
del Decreto Ley 019 de 2012 un alcance que no se desprende de su contenido, al
considerar que los cinco (5) días comprenden la totalidad del trámite ante la Junta
Nacional y se contabilizan desde la recepción del expediente remitido por la junta
regional.
38. En esas condiciones, al establecer las actuaciones necesarias para la
sustanciación del recurso, fijar los plazos para su desarrollo y precisar el momento
a partir del cual se contabilizan los cinco (5) días para decidirlo, el Gobierno nacional
no modificó ni amplió el término previsto por el legislador. Por el contrario, se
desarrolló aspectos procedimentales que el artículo 142 del Decreto Ley 019 de
2012 no definió y cuya reglamentación fue prevista por el artículo 16 de la Ley 1562
de 2012.
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39. Así las cosas, la Sala concluye que se actuó dentro del margen de la
potestad reglamentaria, pues el artículo 38 del Decreto 1352 de 2013, incorporado
en el artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015, desarrolló el trámite de los
recursos de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez sin alterar
el término de cinco (5) días fijado por el legislador para decidirlos. En consecuencia,
el cargo no está llamado a prosperar.
40. Esta conclusión resulta, además, acorde con la naturaleza técnica y
científica de la función atribuida a las juntas de calificación de invalidez. Para
confirmar o modificar la calificación sometida a apelación, la Junta Nacional debe
contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión
debidamente sustentada, lo que puede requerir la citación y valoración del paciente,
así como la práctica de pruebas o valoraciones adicionales. Por ello, resulta
razonable que el término de cinco (5) días previsto por el legislador para decidir la
apelación se contabilice desde la radicación de la ponencia, momento en el cual el
asunto se encuentra en condiciones de ser sometido a consideración de la Junta
Nacional.
41. Entender, como propone el demandante, que esos cinco (5) días
comienzan a correr desde la recepción del expediente supondría incluir dentro del
término previsto para decidir actuaciones que necesariamente anteceden a la
adopción del dictamen y cuya duración depende, entre otros factores, de la
comparecencia del interesado y de la eventual necesidad de practicar pruebas o
valoraciones adicionales.
42. En ese contexto, la fijación de la radicación de la ponencia como punto de
partida del término para decidir no sustituye ni amplía el plazo legal, sino que
determina el momento a partir del cual este resulta exigible dentro del
procedimiento reglamentado.
43. Finalmente, tampoco hay lugar a acceder a la pretensión subsidiaria de
declarar la «legalidad condicionada» del artículo 38 del Decreto 1352 de 2013 y del
artículo 2.2.5.1.36 del Decreto 1072 de 2015, en el entendido de que los términos
sucesivos allí regulados solo son aplicables a las Juntas Regionales.
44. Esa pretensión se sustenta en la misma premisa interpretativa desestimada
en esta providencia, esto es, que el término de cinco (5) días previsto en el artículo
142 del Decreto Ley 019 de 2012 comprende la totalidad del trámite ante la Junta
Nacional. Como se explicó, las disposiciones acusadas se ajustan a esa norma y
al artículo 42 de la Ley 100 de 1993 sin necesidad del condicionamiento propuesto
por el actor.
Condena en costas
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
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Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
46. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
47. En el caso concreto, la demanda fue promovida en ejercicio del medio de
control de nulidad, el cual trasciende la esfera particular y se proyecta sobre asuntos
de interés general, puede ser ejercido por cualquier persona y no persigue el
reconocimiento de derechos subjetivos. Adicionalmente, no se advierte una
carencia manifiesta de fundamento legal, pues los cargos formulados contra el acto
acusado plantearon cuestionamientos jurídicos razonables, serios y plausibles,
sustentados en una argumentación suficiente para controvertir su legalidad, sin que
se observe que hubieran desconocido, sin justificación, reglas jurisprudenciales
consolidadas aplicables al asunto. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas en el presente proceso.
TERCERO. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-25-000-2026-00097-00 (0300-2026)
Demandante: Carlos Andrés Vega Mendoza
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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