Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00295-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00295-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2026-00295-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00295-00 (1197-2026)
Demandante: John Carlos Camacho Puyo
Demandados: Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial-Seccional Ibagué
Tema: Ejercicio de la vigilancia judicial administrativa y alcance de la
«mora judicial». CONCEDE PRETENSIONES.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor John Carlos Camacho Puyo
en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial-Seccional Ibagué.
ANTECEDENTES
1. El señor John Carlos Camacho Puyo instauró demanda en contra de la Nación-
Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Seccional Ibagué, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del auto del 13 de diciembre de 2017, de la Resolución
CSJTOR17-429 del 19 de octubre del mismo año y de la Resolución CSJTOOP18-
344 del 9 de febrero de 2018; decisiones proferidas en el marco de la vigilancia
administrativa VJA-2017-0066, mediante las cuales fue sancionado con la medida
consistente en «descontar un punto en la consolidación de la calificación del Factor
Eficiencia o Rendimiento en el periodo [2017]».
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene dejar sin efectos la
sanción impuesta y las decisiones que se hubiesen expedido en cumplimiento de la
misma; que la medida sea eliminada de su hoja de vida y de su carpeta de
calificación integral de servicios.
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HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que en su condición de Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagué (Tolima) fue
sancionado en el marco de la vigilancia administrativa VJA-2017-0066, por haber
retardado el trámite judicial que correspondía en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual con radicado 2015-00054-00, referente a la resolución de las
excepciones previas; pese a que se emitió pronunciamiento respecto de estas
inclusive antes de que se radicara la solicitud de vigilancia.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Constitución Política: artículos 6, 25, 29, 121, 122 y 123; Acuerdo PSAA11-8716
de 2011: artículos 6 y 7; Directriz del Consejo Superior de la Judicatura, contenida
en el Oficio CJOFI11-2543 del 19 de octubre de 2011; Sentencia T-1249 de 2011.
7. Considera que en el trámite de la vigilancia administrativa se configuró la
carencia de objeto por hecho superado, pues las excepciones que motivaron la
intervención del Consejo Seccional de la Judicatura se habían resuelto inclusive
antes de que se interpusiera la queja. En esa medida, la supuesta «anomalía» en
el trámite procesal del radicado 2015-00054-00 ya se encontraba normalizada y,
como la vigilancia tiene una función de apremio y no sancionatoria, no existían
motivos para imponer ningún correctivo.
8. Expresó que en decisiones de otros consejos seccionales de la judicatura se ha
dicho que no hay mérito para iniciar la vigilancia administrativa cuando no existe
situación alguna qué normalizar, para lo cual se han apoyado en una directriz sobre
este asunto proveniente del Consejo Superior de la Judicatura.
9. Agregó que la autoridad no tuvo en cuenta que la mora judicial no genera de
manera automática la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, pues deben valorarse las circunstancias particulares
del despacho que adelanta la actuación, del trámite que se hubiese impartido y, con
ello, realizar un juicio complejo.
10. Que, en ese sentido, la demandada dejó de analizar la gran cantidad de
procesos evacuados por su despacho, la complejidad del caso objeto de estudio, el
cumplimiento de las partes de sus deberes de impulso procesal, el respeto por los
turnos para decidir como garantía del derecho a la igualdad, el cambio de legislación
ocurrido por cuenta de la entrada en vigor del Código General del Proceso; y que,
además, se aplicó de manera errónea la normativa procesal porque al asunto
pendiente por decidir le eran aplicables las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil.
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ACTUACIONES PROCESALES
11. La demanda fue admitida el 9 de julio de 20181. La demandada se opuso a las
pretensiones, tras considerar que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura no desconoció ninguna norma con su actuación.
12. Que la sanción producto de la vigilancia administrativa se fundamentó en que el
Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagué tardó más de 10 meses en resolver un
asunto procesal para el que la norma previó un lapso de 10 días, para lo cual se
acudió a la Sentencia T-546 de 1995 respecto de la dilación injustificada de términos
procesales.
13. Agregó que se respetó el procedimiento contemplado en el Acuerdo 8716 de
2011 y los derechos de audiencia y de defensa. Que los actos demandados se
motivaron de manera adecuada, en la medida en que se pronunciaron en debida
forma respecto de los argumentos planteados por el referido juez, sin encontrar que
estos bastaran para exonerarlo del correctivo.
14. Que, en esos términos, la mora judicial en la resolución de las excepciones
propuestas en el radicado 2015-00054-00 fue calificada como injustificada por la
autoridad competente, de tal forma que las actuaciones enmarcadas en la vigilancia
administrativa se encuentran ajustadas a derecho y, en consecuencia, no se causó
daño alguno al demandante.
15. Propuso como excepciones la inexistencia de perjuicios, el no cumplimiento de
los requisitos para que proceda la acción (sic) de nulidad y restablecimiento del
derecho y la genérica2.
16. Se celebró audiencia inicial el 21 de enero de 20193, en la cual se resolvió sobre
las excepciones, se fijó el litigio, se agotó la posibilidad de conciliación y se resolvió
sobre el decreto de pruebas. Una vez aportados los medios decretados4, se corrió
traslado a las partes alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que
presentara su concepto.
17. El 6 de mayo de 20215 el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia,
mediante la cual negó las pretensiones, por considerar que la autoridad impuso el
correctivo administrativo tras valorar las circunstancias relatadas por el juez en el
trámite de la vigilancia y que, en ese orden, no se acreditó ninguna irregularidad en
la expedición de los actos demandados.
18. El demandante apeló tal decisión, pues consideró que en la actuación
administrativa habría desaparecido el factor que produjo la situación de
anormalidad, lo que implicaba carencia de objeto, figura que no se encuentra
excluida del Acuerdo que reglamenta el trámite de la vigilancia y que inclusive ha
1 Véase folio 45 del expediente. La demanda se inadmitió por auto del 12 de junio de 2018 para que se estimara
de manera razonada la cuantía (véase folio 42 del expediente).
2 Véanse folios 56 a 67 del expediente.
3 Véanse folios 83 a 85 y CD en el folio 86 del expediente.
4 La audiencia de pruebas se celebró el 4 de febrero de 2019 (véanse folios 91-92 y CD en el folio 93 del
expediente).
5 Véanse folios 105 a 114 del expediente.
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sido aplicada por otros consejos seccionales de la judicatura. Además, la actividad
probatoria de la demandada se redujo a la defensa de la legalidad de su
procedimiento y que el Tribunal no valoró sus argumentos de forma conjunta con
los medios de prueba.
19. El 16 de mayo de 20226 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que
dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria el proceso ingresaría a Despacho
para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria y se indicó que
el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de que el proceso
ingresara a Despacho.
20. Por auto del 30 de abril de 20267 se declaró la nulidad de la sentencia de primera
instancia, por el factor funcional de la competencia, tras considerar que de
conformidad con el texto original del artículo 149.2 de la Ley 1437 de 2011 era a
esta Corporación a quien le correspondía conocer, en única instancia, de los
asuntos «(…) de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía,
en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional». En la providencia se advirtió que las diligencias y actuaciones
previas al fallo anulado conservarían su validez.
21. El 9 de junio de 2026 se avocó conocimiento en única instancia y se dispuso
que, ejecutoriada dicha decisión, el proceso ingresaría al Despacho para proferir
sentencia8.
CONSIDERACIONES
22. Corresponde a la Sala determinar si en la expedición de los actos demandados
se desconoció la carencia de objeto y no se analizaron en debida forma las razones
expuestas por el Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagué en el trámite de la
vigilancia administrativa VJA-2017-0066.
23. Con este propósito, la sentencia se referirá al fundamento normativo de la
vigilancia administrativa, al alcance de la mora judicial y resolverá el caso concreto.
Marco normativo del ejercicio de vigilancia judicial administrativa y alcance
de la mora judicial
24. De conformidad con el artículo 228 constitucional, la administración de justicia
corresponde al ejercicio de una función pública, caracterizada por la independencia
de sus funciones, la publicidad de sus actuaciones (con las excepciones que la ley
prevé) y la prevalencia del derecho sustancial. La disposición también señala que
«[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado».
25. A su turno, los artículos 4 y 6 de la Ley 270 de 1996 consagran la celeridad y la
eficiencia como principios rectores de la administración de justicia. Ambos suponen
6 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 159 del expediente.
7 Véase índice 00004 de SAMAI.
8 Véase índice 00010 de SAMAI.
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la obligación de las autoridades judiciales de resolver de forma pronta, oportuna y
eficaz los asuntos a su cargo, sin dilaciones injustificadas. En línea con tales
garantías, el artículo 101 de la misma ley dispone como función de los Consejos
Seccionales de la Judicatura «[e]jercer la vigilancia judicial para que la justicia se
administre oportuna y eficazmente, y cuidar el normal desempeño de las labores de
funcionarios y empleados de esta Rama».
26. El ejercicio de dicha competencia se reglamentó inicialmente mediante el
Acuerdo 088 de 1997, que fue derogado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de
mayo de 2011 y este, a su vez, se derogó con la expedición del Acuerdo PSAA11-
8716 del 6 de octubre de 2011, normativa vigente para la fecha de los hechos
relatados en la demanda. En este acto, se señaló que «[l] la vigilancia judicial es
diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de la facultad de
Control (sic) Disciplinario (sic) de la Procuraduría General de la Nación» (artículo 1,
inciso 2).
27. El trámite para el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa comprende seis
etapas: la solicitud, la recopilación de información con fines de verificación, la
apertura, la decisión, la notificación y recursos y las comunicaciones de la medida
(artículo 2); y se desarrollan así:
• El procedimiento puede iniciar de forma oficiosa o a solicitud de parte (artículo 3). En el
segundo supuesto, debe someterse a reparto (artículo 4).
• Realizado el reparto, al ponente le corresponde verificar los hechos que se exponen en
la solicitud. Para ello, dentro de los 2 días siguientes debe realizar un requerimiento al
servidor judicial o practicar una visita especial a su despacho. En el primer caso, el
requerido dispone de 3 días para aportar la información y documentos solicitados, que
se entienden suministrados bajo la gravedad de juramento (artículo 5).
• Fenecidos los anteriores términos, en el lapso de 2 días se debe evaluar el mérito de la
apertura del trámite de vigilancia judicial, mediante auto motivado, con la indicación de
los hechos que dan lugar al mismo y de las razones jurídicas que originan la apertura.
En dicho acto, también se deben señalar las medidas que habrá de adoptar el empleado
o funcionario para normalizar la situación de deficiencia y se le conceden 3 días para
que presente las explicaciones, justificaciones, informes y pruebas que pretenda hacer
valer (artículo 6).
• Recibida la intervención del servidor judicial, dentro de los 5 días siguientes se debe
sustanciar y someter a consideración de la Sala Administrativa la decisión de fondo, en
la cual se deben valorar los hechos, pruebas recopiladas y explicaciones brindadas y
determinar si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz
de la justicia en el proceso judicial de que se trate (artículo 7).
• Si la decisión es favorable, puede notificarse por correo electrónico o acudir a cualquier
medio eficaz. En caso contrario, debe ponerse en conocimiento del servidor de manera
personal. En contra de esta procede el recurso de reposición (artículo 8).
• En firme el acto, si el sancionado es un juez (como en el caso objeto de estudio), debe
remitirse copia a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (artículo 9).
• De conformidad con el artículo 10 del Acuerdo, la decisión desfavorable tiene los efectos
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previstos en el artículo 12, literal g), del Acuerdo PSAA10-7636 de 20109, o el que se
encuentre vigente, sobre la calificación integral de servicios, que se aplicarán al
momento de su consolidación: «por cada proceso en el cual se determine una actuación
inoportuna e ineficaz de la administración de justicia, se restará un solo punto en la
consolidación de la calificación del factor eficiencia o rendimiento», sin que la reducción
de puntos pueda exceder el máximo puntaje asignado a dicho factor.
28. Cabe destacar que los incisos 3 y 4 del artículo 6 del citado acuerdo prevén dos
situaciones: (i) la obligación del empleado o funcionario de normalizar la situación
de deficiencia dentro del término que se le concede para dar explicaciones, sin
perjuicio de que se adelante el procedimiento; y (ii) que si la deficiencia es
consecuencia de situaciones de naturaleza operativa, la respectiva Dirección
Seccional debe adoptar en el referido lapso las medidas necesarias para atender
los requerimientos del despacho judicial, según la disponibilidad del presupuesto.
29. En la aplicación de este procedimiento subyace la finalidad de garantizar la
oportunidad y eficiencia en el trámite de los asuntos por parte de los funcionarios y
empleados judiciales, lo que, desde otra perspectiva, materializa un remedio, de
naturaleza administrativa, ante aquellas situaciones que pueden representar un
riesgo para el derecho constitucional a un debido proceso sin dilaciones
injustificadas, conforme se desprende del artículo 29 constitucional.
30. De allí que la normativa reglamentaria exija a la autoridad administrativa el
análisis de las explicaciones que el funcionario brinde respecto de las razones que
lleven a la posible configuración de una mora judicial, para determinar si la situación
que representa una anomalía en el trámite de un proceso resulta o no justificada.
31. Lo anterior, con fundamento en consolidada jurisprudencia de la Corte
Constitucional10, según la cual no todo incumplimiento de los términos procesales
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, pues existen situaciones en las que la denominada «mora
judicial» halla justificación:
«La mora judicial justificada es aquella que no es imputable a la falta de
diligencia de la autoridad judicial accionada. Esto es, cuando “(i) es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso
de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el
plazo previsto en la ley”11»12.
9 «Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de los servidores y servidoras de la
Rama Judicial vinculados por el sistema de carrera judicial». Luego correspondió al Acuerdo PSAA14-10281
del 24 de diciembre de 2014 (artículo 14, literal g) y, para la fecha en que se adoptó la medida respecto del
demandante, se encontraba vigente el Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 2016 (artículo 14, literal
g). De forma posterior, el sistema de evaluación fue reglamentado por el Acuerdo PCSJA19-11393 del 19 de
septiembre de 2019, vigente en la actualidad.
10 En la sentencia T-183 de 2024 (M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera) la Corte Constitucional se refirió a
varios pronunciamientos respecto de cuándo se entiende que la mora judicial es injustificada. Cfr., por ejemplo,
las sentencias. T-1249 de 2004, T-297 de 2006, T-230 de 2013, T-441 de 2015, T-341 de 2018, SU-333 de
2020, SU-453 de 2020, SU-179 de 2021 y SU-213 de 2021
11 Corte Constitucional. Sentencia T-441 de 2015.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-183 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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32. Por el contrario, la mora judicial será injustificada cuando se produce como
consecuencia de la falta de diligencia, la arbitrariedad o la omisión en el
cumplimiento de las funciones del juez, sin un motivo razonable que explique su
tardanza para adelantar las actuaciones a su cargo13. Es esta la que representa un
desconocimiento de la garantía de un plazo razonable y que, por tanto, constituye
una lesión a los derechos previamente señalados14.
Caso concreto
33. El demandante considera que los actos mediante los cuales culminó el trámite
de la vigilancia administrativa VJA-2017-0066 deben anularse, porque la autoridad
no tuvo en cuenta que esta actuación se desplegó cuando ya se había
«normalizado» la situación que dio lugar a la interposición de la queja; además, no
se analizaron en debida forma las razones que expuso para justificar la tardanza en
la resolución de las excepciones previas del radicado 2015-00054.
34. La Sala encuentra que hay lugar a declarar la nulidad de los actos demandados,
porque en la valoración de las circunstancias que llevaron a la dilación de los
términos para la resolución de las referidas excepciones, los argumentos del señor
Camacho Puyo no fueron analizados de manera conjunta, pues la sumatoria de los
motivos expuestos por el Juez Tercero Civil debió llevar a concluir de forma
razonable que el lapso transcurrido entre el paso a despacho y la resolución de las
excepciones constituyó una situación excepcionalísima y plenamente justificada.
35. Como se relata en los antecedentes del auto del 13 de septiembre de 2017 15,
la vigilancia judicial administrativa inició de cuenta de una queja radicada el 29 de
agosto de esa anualidad, en la cual se relató que el proceso con radicado 2015-
00054 se encontraba al despacho para resolver sobre las excepciones previas
formuladas por la demandada y por la llamada en garantía desde el 6 de octubre de
2016 y que, al preguntar en el juzgado por el trámite, le contestaron que el
expediente se encontraba en estudio, lo que suponía una dilación de la decisión.
36. Con fundamento en lo anterior, por oficio del 30 de agosto de 2017 el Juez
Tercero Civil del Circuito de Ibagué fue requerido para que se pronunciara y aportara
las piezas que considerara pertinentes. En respuesta, el señor Camacho Puyo
indicó que las referidas excepciones se resolvieron mediante auto del 29 de ese
mes y año y que en contra de dicha decisión la demandada interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación.
37. Tras analizar lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima abrió el trámite de vigilancia, con el fin de conocer las razones
13 Así se expuso, por ejemplo, en la sentencia T-1249 de 2004 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) en la cual
a su vez se citaron las providencias T-1226 y T-1227 de 2001, que enfatizaban en que hay eventos como la
excesiva carga de trabajo, que son justificaciones valederas de la mora judicial. En especial, en la Sentencia T-
1227 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) se indicó que la falta de estricto cumplimiento de términos procesales
no genera per se violación al debido proceso, cuando no proviene de la desidia de los funcionarios, sino de su
excesiva carga y el represamiento de los asuntos a cargo.
14 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-441 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: «(…) se está ante
un caso de dilación injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el funcionario judicial no ha sido
diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones».
15 Véanse folios 12 a 16 del expediente.
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por las cuales se presentó inactividad procesal en el radicado 2015-00054 por un
periodo aproximado de 11 meses.
38. El señor Camacho Puyo, en su intervención del 6 de septiembre de 2017,
explicó que cualquier demora que hubiese podido existir en el referido trámite pudo
obedecer a la cantidad de procesos que se tramitaban en el despacho bajo los dos
sistemas procesales (escrituralidad y oralidad), sumados a las acciones
constitucionales, que exigían mayor prioridad, lo que hacía difícil evacuar las
actuaciones de forma más rápida16.
39. En la ampliación de sus argumentos, agregó que la carga laboral de su
despacho aumentó con la entrada en vigor del Código General del Proceso, que
muchos de los asuntos tramitados bajo los dos sistemas procesales revestían gran
complejidad y que «otro factor que pudo tener incidencia para que algunos asuntos
no se hayan podido evacuar de forma más rápida, obedece al cambio de personal
del juzgado como sustanciadores y secretarios, pues algunas veces se
redistribuyen los asuntos y por eso no se pueden resolver oportunamente»17.
40. La demandada no aceptó las explicaciones del servidor judicial como
constitutivas de una mora judicial justificada, tras considerar: la poca complejidad
del trámite de las excepciones del radicado 2015-0054; que el objeto de este
proceso era de común trámite al interior de la jurisdicción ordinaria civil; que la carga
del despacho era inferior a la definida como razonable por la Unidad de Desarrollo
y Análisis Estadístico y que no podía aceptarse que la llegada de profesionales de
carrera entorpeciera el normal desarrollo de la administración de justicia18.
41. Tales argumentos se reiteraron en la Resolución CSJOR17-429 del 19 de
octubre de 2017, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor
Camacho Puyo19. En esa oportunidad, si bien se aceptó que la normalización de la
situación de deficiencia ocurrió antes de iniciado el trámite de vigilancia
administrativa, insistió en que el trámite procesal tomó más tiempo del esperado en
ese tipo de asunto, pues no se justificó de forma razonable la inactividad de 10
meses por parte del funcionario judicial. A ello, agregó que el reparto de acciones
constitucionales era equitativo entre los despachos del circuito y que por ello no
desbalanceaba la carga de cada uno y se precisó que las decisiones de otros
consejos seccionales de la judicatura no eran constitutivas de precedente.
42. Para la Sala, si bien se presentó una situación de mora judicial, entendida como
el incumplimiento de los términos procesales para atender un asunto a cargo del
funcionario competente, dicha situación encontró su justificación en las razones de
las que dio cuenta el demandante al ser requerido por la autoridad administrativa;
manifestaciones que no podían leerse de forma separada, pues lo cierto es que,
individualmente consideradas, no representaban esas situaciones ajenas a la
voluntad del funcionario propias de la mora judicial justificada, en los términos de la
jurisprudencia constitucional previamente referenciada.
16 Véanse folios 24-25 del expediente.
17 Oficio del 13 de septiembre de 2017 (véanse folios 27-28 del expediente).
18 Auto del 13 de septiembre de 2017 (véanse folios 12 a 16 del expediente).
19 Véanse folios 17 a 19 del expediente.
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43. Pero si al juicio integral sobre los motivos expuestos por el Juez Tercero Civil
del Circuito de Ibagué se le aplican las reglas de la experiencia, la decisión varía
sustancialmente. El funcionario, en sus intervenciones destacó, no que el trámite
del radicado 2015-00054 resultara especialmente complejo, sino que la tardanza en
atender la resolución de las excepciones se pudo deber a que, al tiempo, en su
despacho se tramitaban asuntos regulados por regímenes procesales distintos que
revestían complejidad y que, además, su personal había cambiado, sin especificar,
como se concluyó en los actos demandados, que dichas variaciones obedecían a
la llegada de empleados de carrera.
44. Si a dichas situaciones se le suma el número de procesos a cargo y el trámite
de acciones de tipo constitucional, y se valoran en conjunto, resulta cuando menos
razonable que ocurra una situación de anormalidad en la administración eficiente
de la justicia.
45. Las disposiciones constitucionales y legales exigen el trámite de las actuaciones
judiciales de manera oportuna, pero la razón de un procedimiento cuando sucede
una perturbación en el cumplimiento de tal exigencia, radica precisamente en la
necesidad de verificar si allí subyace un comportamiento negligente por parte del
servidor judicial.
46. En efecto, el demandante resolvió las excepciones formuladas en el radicado
2015-00054 aproximadamente 10 meses después de que el proceso ingresó a su
despacho; pero esa sola situación no puede llevar a que se concluya que la mora
de allí derivada es injustificada. La desidia, negligencia o inactividad del juez, que
según los lineamientos jurisprudenciales reflejan la lesión a las garantías procesales
y de acceso a la administración de justicia, no pueden medirse tras analizar una
sola actuación.
47. Si bien el Artículo 7 del Acuerdo PSAA11-8716 del 2011 dispone que el eventual
desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia se decide
respecto del preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate; ello
no impide que el juicio sobre comportamiento del servidor judicial deba ser más
amplio, en la medida en que compromete elementos propios de su dignidad y del
ejercicio de sus funciones.
48. En ese contexto, al interior del trámite de vigilancia judicial administrativa
resultaría razonable, por ejemplo, la verificación de los tiempos para tramitar
actuaciones similares en otros procesos, el índice de evacuación del despacho,
entre otros, pues, solo visto el conjunto es posible determinar si la mora
individualmente considerara es injustificada o si, por el contrario, se trata de una
situación excepcional y cuya ocurrencia escapó al dominio del titular del la función
judicial.
49. También es necesario considerar que para cuando se inició la vigilancia judicial
administrativa ya se había tramitado la actuación que originó la queja 20; no porque
20 En efecto, el 27 de agosto de 2017 se profirieron dos autos, en los que se resolvieron las excepciones
formuladas por la demandada y por la llamada en garantía en el proceso con radicado 2015-00054 (véanse
folios 20-21 y 22 a 24 del expediente).
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otros Consejos Seccionales terminen sus trámites con fundamento en dicha
situación ni porque la misma implique un hecho superado, en los términos en que
esa figura opera en actuaciones como las acciones de tutela y de protección de los
derechos e intereses colectivos; sino en virtud de la naturaleza y finalidad del
procedimiento.
50. Recuérdese que la vigilancia que realizan los Consejos Seccionales de la
Judicatura es de tipo administrativo y busca la normalización de aquellas situaciones
que afecten el oportuno trámite de los procesos judiciales, como forma de garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia y, por tanto, si la gestión pendiente,
esto es, la resolución de las excepciones, tuvo lugar de forma concomitante con la
radicación de la queja, la imposición de un correctivo no resulta acorde con la
referida finalidad; máxime que las razones expuestas por el servidor judicial no
reflejan una actuación negligente o descuidada que provocara una situación de
anormalidad.
51. Por estas razones, la Sala declarará la nulidad de las decisiones proferidas en
el marco de la vigilancia administrativa VJA-2017-0066, mediante las cuales se
resolvió descontar un punto en la consolidación de la calificación del Factor
Eficiencia o Rendimiento en el periodo 2017 al señor John Carlos Camacho Puyo.
En consecuencia, se adoptarán las medidas de restablecimiento del derecho que
se exponen a continuación
Del restablecimiento del derecho
52. En los actos demandados se resolvió:
«ARTÍCULO 1°.- En ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa practicada,
DESCONTAR un punto en la consolidación de la calificación del Factor
Eficiencia o Rendimiento en el periodo 2016 [corregido de forma posterior por
2017 mediante la Resolución CSJTOOP-18-344 del 9 de febrero de 201821], al
Doctor JHON (sic) CARLOS CAMACHO PUYO, Juez Tercero Civil del Circuito
de Ibagué (…)
(…)
ARTÍCULO 3°.- En firme esta decisión ENVIAR copia de toda la actuación a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en
calidad de nominador del doctor JHON (sic) CARLOS CAMACHO PUYO, Juez
Tercero del Civil del Circuito de Ibagué, en cumplimiento de los incisos 2° y 3°
del artículo 9° del Acuerdo PSAA00-8716 de 2011.
(…)» (corchetes de la Sala).
53. Como medida de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó que se
ordene dejar sin efecto las decisiones que se hubiesen expedido en cumplimiento
referida decisión y que la medida sea eliminada de su hoja de vida y de su carpeta
de calificación integral de servicios.
54. La Sala ordenará a la demandada que adelante las actuaciones necesarias para
que se corrija la calificación integral de servicios del señor John Carlos Camacho
Puyo, en su calidad de Juez Tercero Civil del Circuito de Ibagué, en la consolidación
21 Véanse folios 32-33 del expediente.
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de la calificación del factor eficiencia o rendimiento para la vigencia 2017, para lo
cual, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación
de esta providencia22, deberá librar las respectivas comunicaciones a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al
Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
55. Dentro del mismo término, deberá adelantar las actuaciones necesarias para
que se retiren de la hoja de vida del demandante las anotaciones que se hubiesen
realizado en cumplimiento de la decisión expedida en el vigilancia judicial
administrativa VJA-2017-0066.
De la condena en costas
56. El texto original del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, previó que «[s]alvo en
los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil».
57. Lo anterior significa que en la decisión sobre este aspecto se debe aplicar un
criterio objetivo, conforme al cual el juez procede a la condena cuando su causación
se encuentre demostrada en el proceso, sin que en esa valoración resulte relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto se
declarará la nulidad de los actos demandados y se accederá a las pretensiones de
restablecimiento del derecho, las cuales se liquidarán por la Secretaría de la
Sección Segunda de esta Corporación.
60. Para la fijación de las agencias en derecho, se dispondrá que, por Secretaría
de la Sección Segunda, se ingrese el expediente al despacho del magistrado
ponente para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR la nulidad del auto del 13 de diciembre de 2017, de la
22 La normativa de lo contencioso administrativo no contiene un término al que deba acudir el juez cuando en
su sentencia imponga una obligación de hacer. No obstante, la lectura armónica del inciso tercero del artículo
117 del Código General del Proceso (aplicable por la remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011) y del
inciso primero del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(que regula el lapso con el que cuentan las autoridades para dar cumplimiento a las condenas que no impliquen
el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero) permiten fijar este término de forma razonable para que
la entidad demandada adelante las actuaciones aquí ordenadas.
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Resolución CSJTOR17-429 del 19 de octubre del mismo año y de la Resolución
CSJTOOP18-344 del 9 de febrero de 2018; decisiones proferidas en el marco de la
vigilancia administrativa VJA-2017-0066, mediante las cuales se resolvió descontar
un punto en la consolidación de la calificación del Factor Eficiencia o Rendimiento
en el periodo 2017 al señor John Carlos Camacho Puyo.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación-Rama
Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-Seccional Ibagué que
adelante las actuaciones necesarias para que se corrija la calificación integral de
servicios del señor John Carlos Camacho Puyo, en su calidad de Juez Tercero Civil
del Circuito de Ibagué, en la consolidación de la calificación del factor eficiencia o
rendimiento para la vigencia 2017.
Para ello, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia, deberá librar las respectivas comunicaciones a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
y al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
Dentro del mismo término, deberá adelantar las actuaciones necesarias para que
se retiren de la hoja de vida del demandante las anotaciones que se hubiesen
realizado en cumplimiento de la decisión expedida en el vigilancia judicial
administrativa VJA-2017-0066.
Tercero. CONDENAR en costas a la parte demandada, las cuales se liquidarán por
la Secretaría de la Sección Segunda de esta Corporación.
Cuarto. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación INGRESAR el expediente al Despacho del
magistrado ponente para lo de su competencia.
Quinto. Cumplida la actuación anterior, ARCHÍVESE el expediente, previas las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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