Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2026-00337-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2026-00337-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2026-00337-00 (1419-2026)
Demandantes: María Norbey García Herrera y José Oliver Pérez García
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa- Ejército Nacional
Temas: Causal quinta de revisión. Pensión de sobrevivientes de
personas vinculadas a las Fuerzas Militares por prestación del servicio militar
obligatorio. Falta de congruencia. Ausencia de motivación. Improcedencia para
atacar desconocimiento del precedente. DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por los señores
María Norbey García Herrera y José Oliver Pérez García en contra la sentencia
proferida el doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Tolima2, para lo cual se invocó la causal del numeral 5 del artículo
250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que, en el año 2009, el hijo de los actores Jonathan Pérez García, quien era
soltero y no tenía hijos, ingresó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar
obligatorio. Durante su permanencia en la institución, destinaba parte de la
bonificación que recibía a contribuir a su sostenimiento, ayuda que, aunque
modesta, representaba un apoyo significativo para la economía familiar.
2. Que falleció en ese mismo año, presuntamente como consecuencia de un
disparo con arma de dotación, mientras se encontraba en servicio activo. Que había
prestado servicio militar durante 7 meses y 3 días, equivalentes, según afirmaron
los demandantes, a 31 semanas de cotización al sistema de pensiones. Por tal
razón, solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que
fue negada por el Ministerio de Defensa Nacional mediante la Resolución n.º 3528
del 23 de septiembre de 2010.
3. Manifestaron, además, que son personas de escasos recursos económicos, no
cuentan con pensión alguna, presentan afecciones propias de su edad y carecen
1 La presentación del recurso se efectuó el 16 de junio de 2026. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2Decisión que confirmó la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022, por por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Ibagué en la cual se negaron las pretensiones.
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de los medios necesarios para garantizar su mínimo vital y una vida en condiciones
dignas.
4. Que el 14 de septiembre de 2021, presentaron derecho de petición ante el
comandante del Ejército Nacional, mediante el cual solicitaron nuevamente el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esta vez con fundamento en el
régimen general previsto en la Ley 100 de 1993. La petición fue resuelta
desfavorablemente mediante el Oficio n.º RS20210914016313 del 14 de septiembre
de 2021, suscrito por la coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa Nacional, quien señaló que la situación ya había sido definida
de fondo mediante la Resolución n.º 3528 de 2010.
5. En consecuencia, promovieron el medio de control de nulidad y restablecimiento
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el
propósito de obtener la nulidad de los mencionados actos y el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de padres del causante, con
efectos retroactivos por los 3 años anteriores a la presentación de la solicitud
pensional, de conformidad con la Ley 100 de 1993, así como la liquidación y pago
de las sumas dejadas de percibir, debidamente actualizadas, junto con los intereses
a que hubiera lugar desde la fecha de exigibilidad de la prestación.
6. Que, mediante sentencia del 9 de diciembre de 2022, el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué negó las pretensiones, al considerar que
el causante no reunía el número mínimo de semanas de cotización requerido para
causar la pensión de sobrevivientes; decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Tolima al desatar el recurso de apelación por ellos interpuesto.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
7. Mediante sentencia del 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el causante no acreditó
las 50 semanas de cotización exigidas por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003
dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento y que no resultaba jurídicamente
viable aplicar, por analogía, el régimen de pensión de invalidez previsto para los
menores de 20 años ni inaplicar dicha disposición mediante excepción de
inconstitucionalidad.
8. Consideró que, para determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes,
resultaba aplicable el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993, modificado
por la Ley 797 de 2003, de conformidad con la regla fijada por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 que estableció que los
beneficiarios de quienes fallezcan simplemente en actividad, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden acceder a la pensión de
sobrevivientes prevista en el régimen general. Para tal efecto, adujo que deben
aplicarse integralmente las reglas contenidas en los artículos 46, 47 y 48 de dicha
ley, incluidos los requisitos relativos al tiempo de cotización y las demás condiciones
para el reconocimiento de la prestación.
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9. Encontró que el causante nació el 9 de enero de 1990, ingresó al Ejército
Nacional el 7 de marzo de 2009 para prestar el servicio militar obligatorio y falleció
el 10 de octubre del mismo año. Según el informativo administrativo por muerte n.°
002, el deceso ocurrió en «simple actividad». Que su vinculación se extendió entre
el 7 de marzo y el 10 de octubre de 2009, equivalente a 29,57 semanas de servicio,
por lo que no se satisfacía el requisito mínimo de 50 semanas exigido para causar
la pensión de sobrevivientes.
10. Descartó la aplicación analógica de las reglas correspondientes a la pensión de
invalidez para menores de 20 años, al considerar que las pensiones de invalidez y
de sobrevivientes corresponden a contingencias diferentes y cuentan con requisitos
propios. En consecuencia, no era jurídicamente posible sustituir los requisitos
establecidos para la pensión de sobrevivientes por los correspondientes a otra
prestación.
11. Que no resultaba procedente la inaplicación del artículo 12 de la Ley 797 de
2003 por vía de excepción de inconstitucionalidad, pues las disposiciones legales
se presumen constitucionales y su inaplicación en un caso concreto exige una
contradicción directa, clara y manifiesta con la Constitución, lo cual no se configura
en el caso particular. Además, indicó que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, había sido objeto de control constitucional en
las sentencias C-1094 de 2003 y C-556 de 2009, sin que la exigencia del número
mínimo de semanas hubiera sido retirada del ordenamiento.
12. Para el Tribunal, la exigencia de un período mínimo de cotización constituye
una condición razonable para el acceso a una prestación periódica y vitalicia y no
comporta, por sí misma, una vulneración del mínimo vital o de la dignidad humana,
máxime cuando el ordenamiento contempla mecanismos alternativos, como la
indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes del artículo 49 de la Ley
100 de 1993. Por las mismas razones, descartó la existencia de un trato
discriminatorio o irrazonable que justificara la inaplicación de la norma.
13. Por consiguiente, al no encontrarse acreditado el requisito mínimo de semanas
de cotización, consideró innecesario examinar la dependencia económica de los
padres respecto del causante.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
14. Los recurrentes consideran que la sentencia de segunda instancia incurrió en
nulidad por desconocimiento del principio de congruencia, falta de motivación y
desconocimiento del precedente constitucional.
15. Sostienen que, aunque en el recurso de apelación cuestionaron la aplicación
del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de
2003, el Tribunal Administrativo del Tolima no resolvió la controversia en los
términos planteados. En particular, precisan que no solicitaron la aplicación directa
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sino la inaplicación, por vía de excepción de
inconstitucionalidad, del requisito de acreditar 50 semanas de cotización dentro de
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los 3 años anteriores al fallecimiento, previsto en el artículo 46 ibidem, atendiendo
a la situación particular del causante, quien era menor de 20 años.
16. Explican que el artículo 39 fue invocado como referente para mostrar que el
ordenamiento jurídico establece un tratamiento diferenciado para las personas
menores de 20 años en materia de pensión de invalidez, al exigirles un período de
cotización sustancialmente inferior. A partir de ello, pretendían que el Tribunal
valorara dicha regulación como criterio de juicio para determinar si resultaba
constitucionalmente admisible exigir, en el caso concreto, las 50 semanas
requeridas para causar la pensión de sobrevivientes teniendo en cuenta la edad del
afiliado y sus posibilidades reales de incorporación al mercado laboral y de efectuar
cotizaciones.
17. Según los recurrentes, la aplicación rígida de este requisito desconocía las
condiciones reales del causante, pues, para reunir las semanas exigidas, habría
debido iniciar su vida laboral y efectuar cotizaciones aproximadamente desde los 16
años, circunstancia que implicaría acudir al trabajo infantil, incompatible con la
especial protección constitucional y legal de los menores. Por ello, estiman que el
Tribunal debió examinar la compatibilidad de la exigencia legal con los derechos
fundamentales comprometidos y establecer si procedía su inaplicación, incluso de
oficio. En ese sentido, sostuvieron que, aunque el causante no reunía las 50
semanas previstas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, sí superaba el número
de semanas exigido por el legislador para los menores de 20 años en materia de
pensión de invalidez, circunstancia que, en su criterio, debía ser considerada para
determinar la procedencia de la inaplicación del requisito en el caso concreto.
18. Alegan, además, que la decisión desconoció la jurisprudencia constitucional
sobre la protección reforzada de la población joven en materia de seguridad social.
Para sustentar este reproche, invocaron la Sentencia C-020 de 2015, mediante la
cual se declaró condicionalmente exequible el parágrafo del artículo 39 de la Ley
100 de 1993, bajo el entendido señalado en esa providencia, así como la Sentencia
T-369 de 2015, relacionada con el deber de adoptar interpretaciones que garanticen
efectivamente los derechos fundamentales.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
19. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional3, al
pronunciarse sobre los argumentos del recurso, sostuvo que los recurrentes no
alegaron un vicio in procedendo originado en la sentencia, sino que expresaron su
desacuerdo con la interpretación y aplicación del derecho sustancial realizada por el
Tribunal.
20. Afirmó que no se configuraron los defectos de incongruencia ni de falta de
motivación, pues el propio recurso transcribe los apartes de la providencia en los que
el Tribunal delimitó el problema jurídico conforme a los términos de la apelación y
3 El recurso fue notificado el 3 de julio de 2026 (índice 00011 de SAMAI); sin embargo, la contestación fue radicada
el 28 de agosto de 2026 (índice 00022 de SAMAI).
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resolvió de manera expresa y motivada los dos planteamientos formulados: la
aplicación analógica del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y la solicitud de inaplicación,
por vía de excepción de inconstitucionalidad, del artículo 46 ibidem. En ese sentido,
consideró contradictorio afirmar, simultáneamente, que el juez interpretó
erróneamente los planteamientos de la parte y que omitió pronunciarse sobre ellos.
21. Sostuvo, además, que no se vulneraron los derechos de contradicción y defensa,
toda vez que la controversia sobre el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y su eventual
inaplicación por inconstitucionalidad fue planteada por los propios recurrentes desde
la demanda y reiterada en la apelación. Por tanto, tuvieron oportunidad de
controvertirla y de ejercer su defensa durante las dos instancias.
22. De otro lado, señaló que la Sentencia T-331 de 2025, invocada como fundamento
principal del recurso, fue proferida el 6 de agosto de 2025, esto es, con posterioridad
a la sentencia objeto de revisión, dictada el 12 de junio del mismo año. En
consecuencia, estimó que una modificación o evolución jurisprudencial posterior no
integra el catálogo taxativo de causales previsto en el artículo 250 del CPACA y, por
ello, no puede sustentar la causal invocada ni reprochar al Tribunal el
desconocimiento de un precedente que no existía al momento de decidir.
23. Agregó que, a diferencia de lo ocurrido en el caso analizado en la Sentencia T-
331 de 2025, los recurrentes no quedaron desprovistos de protección, pues el
ordenamiento contemplaba una prestación específica por muerte, prevista en el
artículo 8.º del Decreto 2728 de 1968, que les fue reconocida y pagada. Según los
testimonios rendidos a instancia de la parte actora, dichos recursos fueron destinados
a la adquisición del inmueble que actualmente habitan. También destacó que el
Tribunal identificó la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 49 de la Ley 100
de 1993 como mecanismo alternativo.
24. Explicó que dicha providencia permitió aplicar el régimen general a los
beneficiarios de conscriptos fallecidos simplemente en actividad, pero condicionó esa
posibilidad a que aquel «deberá aplicarse en su integridad para efectos del
reconocimiento de la prestación». Por ello, consideró que no resulta jurídicamente
admisible tomar del régimen general únicamente los aspectos favorables y excluir
aquellos que resulten desfavorables, pues ello supondría construir un régimen híbrido
a partir de disposiciones que regulan contingencias, riesgos y finalidades diferentes.
Concepto del Ministerio Público
25. La Procuraduría Tercera Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.
26. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
27. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 12 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, considerando la
causal invocada por la parte recurrente.
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28. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocadas y iii) Caso concreto.
Generalidades del recurso extraordinario de revisión
29. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada4. En los términos del artículo
248 del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos».
30. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada5. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente6.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular7.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada8.
31. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
32. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por la recurrente se encuentre
4 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
6 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
7 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
8 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
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debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley9.
Causal quinta de revisión
33. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
34. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia10.
35. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 11 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso12, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
36. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
10 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
11 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
12 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
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«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»13.
37. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este
derecho puede configurar la causal de revisión en comento, circunstancia que se
deriva de la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de
convencionalidad en garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen
en un proceso judicial»14 (negrillas y subrayado fuera del texto original).
38. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido15.
Principio de congruencia
39. Sobre la congruencia de la sentencia, el artículo 281 del CGP, prevé:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. […]».
40. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 9 de
julio de 202016, señaló que el principio de congruencia es entendido como el deber
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
15 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 9 de julio de
2020. Exp. 11001-03-25-000-2015-00391-00. C.P. William Hernández Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de
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legal que tienen los funcionarios judiciales de resolver un asunto puesto en su
conocimiento con fundamento en las pretensiones, las pruebas aportadas, las
normas aplicables y lo alegado por las partes, sin incurrir en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita17, como regla general.
41. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, externa, cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes e interna, cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de
la providencia18. Al respecto, es importante destacar que, en caso de existir
incongruencia en cualquiera de ellas, para que pueda generar la invalidez de la
sentencia, esta debe ser de tal magnitud que no proceda solución diferente a su
nulidad.
Sobre la motivación de las decisiones judiciales
42. Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA19, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
43. El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del
principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De
allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso
explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los
términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para
garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de
justicia.
44. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de enero de 2018. Exp. 25000-23-41-000-
2013-00911-01. C.P. María Elizabeth García González.
17 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto
de 2002. Exp. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668-1997). C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié donde se
indicó: «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia, se incurre en lo
que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por
el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida de hechos no alegados,
y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones».
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Exp.: 50001-23-31-000-2002-00198-02 (15770). C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
19 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
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errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)20.
45. En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo
es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón
para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración
de la causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»21. Por lo que resulta
más acertado referirse a la causal de nulidad por «carente o errónea motivación»,
como lo ha hecho el Consejo de Estado en recientes oportunidades 22. En cualquier
caso, esto no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los
hechos, las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
Caso concreto
46. Los recurrentes sostienen que el Tribunal no comprendió adecuadamente el
planteamiento formulado en la apelación y, simultáneamente, que omitió
pronunciarse sobre la solicitud de inaplicación, por vía de excepción de
inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
47. Frente al cargo de incongruencia, la Sala estima necesario examinar el
desarrollo del proceso ordinario, con el fin de establecer los aspectos que fueron
objeto de decisión en las instancias y, a partir de ello, determinar el verdadero
alcance del reproche.
48. Verificado el expediente, se observa que la primera instancia examinó la
controversia a partir del régimen general de seguridad social aplicable al causante,
conforme a la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018. En particular,
determinó que, por tratarse de un soldado conscripto fallecido en simple actividad,
resultaban aplicables, por favorabilidad, las disposiciones de la Ley 100 de 1993
vigentes para la fecha del fallecimiento, con las modificaciones introducidas por la
Ley 797 de 2003. En consecuencia, consideró exigible el requisito previsto en el
artículo 46 de la Ley 100 de 1993, según el cual el afiliado debía haber cotizado 50
semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
49. A partir de esa premisa, verificó el cumplimiento del requisito y estableció que
el causante había acumulado 30,03 semanas, razón por la cual concluyó que no
reunía las condiciones legales para causar la pensión de sobrevivientes. A su vez,
descartó la aplicación ultraactiva del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su
redacción original, que exigía 26 semanas de cotización al momento de la muerte,
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-
25-000-2017-00852-00.
22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de agosto de 2023. Rad. 1101-03-26-
000-2019-00092-00 (64134).
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al considerar que el principio de inescindibilidad impedía seleccionar únicamente las
disposiciones más favorables de un régimen.
50. Al apelar, los demandantes destacaron que su hijo Jonathan Pérez García
falleció antes de cumplir 20 años, mientras prestaba el servicio militar obligatorio,
circunstancias que, en su criterio, hacían prácticamente imposible que hubiera
reunido las 50 semanas exigidas. Añadieron que debía valorarse su «condición de
campesino» y que el servicio militar constituía, incluso, un requisito para acceder a
determinados empleos.
51. A partir de ello, precisaron que su pretensión no consistía en aplicar
directamente las reglas de la pensión de invalidez, sino en obtener la inaplicación,
por vía de excepción de inconstitucionalidad, del requisito de las 50 semanas
previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Para sustentarla, invocaron el
tratamiento diferenciado que el artículo 39 de la misma ley contempla para la
población joven y plantearon un razonamiento similar al desarrollado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-458 de 2015, con el propósito de demostrar que la
exigencia de las 50 semanas debía examinarse a la luz de las posibilidades reales
de incorporación del causante al mercado laboral y de efectuar cotizaciones.
52. No obstante, contrario a lo sostenido por los recurrentes, el Tribunal sí identificó
y resolvió expresamente la solicitud de inaplicación. En efecto, examinó la
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 46 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y concluyó que
no se configuraba una contradicción directa, clara y manifiesta entre dicha
disposición y la Constitución que justificara su inaplicación. Al respecto, señaló:
«(…) tampoco se accede a aplicar la excepción de inconstitucionalidad
frente al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, toda vez que, en el ordenamiento jurídico colombiano, las
normas legales gozan de presunción de constitucionalidad mientras no hayan
sido retiradas del sistema por la Corte Constitucional. En ese sentido,
corresponde al juez ordinario aplicar las disposiciones vigentes, salvo que se
configure una contradicción directa, clara y manifiesta con la Constitución.
El artículo 241 de la Carta Política asigna exclusivamente a la Corte
Constitucional la competencia para declarar la inexequibilidad de las leyes con
efectos generales. Si bien los jueces pueden inaplicar normas por vía de
excepción de inconstitucionalidad en casos concretos, dicha facultad solo
procede ante una contradicción evidente, directa e insalvable con la
Constitución, circunstancia que no se configura en el presente asunto.
El artículo 46, en su versión modificada, ha sido objeto de control constitucional,
y en las Sentencias C-1094 de 2003 y C-556 de 2009 la Corte declaró
inexequibles los literales a) y b), así como el parágrafo 2º, mientras que el resto
del articulado fue declarado exequible. En dichas providencias, el tribunal
constitucional resaltó que los requisitos previstos para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes se fundamentan en principios como la sostenibilidad
financiera del sistema pensional y la legalidad en materia prestacional.
En el caso concreto, no se advierte una contradicción manifiesta entre la norma
analizada y los mandatos superiores. La disposición impone una carga
razonable y proporcional al afiliado y a sus beneficiarios, al exigir un número
mínimo de semanas cotizadas como condición para acceder a una prestación
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periódica y vitalicia. Esta exigencia no vulnera el derecho al mínimo vital ni
desconoce la dignidad humana, en tanto el ordenamiento prevé mecanismos
alternativos como la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes,
contemplada en el artículo 49 de la misma Ley 100.
Tampoco resulta procedente aplicar por analogía el régimen de pensión de
invalidez para menores de 20 años, como lo propone la parte actora, pues se
trata de figuras jurídicas distintas, con supuestos de hecho, finalidades y
requisitos propios, lo que excluye cualquier interpretación que las asimile o
confunda»23.
53. De lo anterior se desprende que el Tribunal examinó la procedencia de la
solicitud de inaplicación y expuso las razones por las cuales consideró que no se
cumplían las condiciones para acudir a la excepción de inconstitucionalidad. En
consecuencia, no se configura la incongruencia alegada.
54. Ahora bien, es cierto que el Tribunal no desarrolló de manera particularizada
todos los argumentos utilizados por los recurrentes para sustentar su solicitud,
especialmente los relacionados con la edad del causante, su condición de
conscripto y las dificultades que, en su criterio, enfrentaba para incorporarse al
mercado laboral y reunir las semanas exigidas. Sin embargo, esta circunstancia no
equivale a la omisión de una cuestión sometida a decisión. La pretensión autónoma
—esto es, la inaplicación del requisito de las 50 semanas por razones de orden
constitucional— fue expresamente resuelta, aunque mediante una argumentación
que los recurrentes consideran insuficiente o desacertada.
55. Al respecto, esta Corporación ha señalado que «(…) no toda irregularidad tiene
la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial, en tanto
incidan en el sentido de la decisión por comprometer el núcleo esencial o el
contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso»24.
56. De este modo, el reproche planteado no demuestra que el Tribunal hubiera
dejado de resolver un extremo de la controversia, sino que cuestiona el alcance de
las razones empleadas para negar la inaplicación solicitada. Tal discrepancia
corresponde al contenido jurídico de la decisión y, por sí sola, no estructura la causal
de nulidad originada en la sentencia.
57. Tampoco puede reprocharse al Tribunal no haber efectuado un examen
constitucional adicional de oficio, pues la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad presupone la existencia de una contradicción manifiesta entre
la norma aplicable y la Constitución. En el caso concreto, consideró que tal
incompatibilidad no se presentaba y expuso las razones que sustentaban esa
conclusión. Por tanto, ante la ausencia de una evidente infracción constitucional, no
estaba obligado a emprender un análisis oficioso distinto del que ya realizó.
23 Véase página 10 del archivo denominado «013Sentenciaconfi_73001333300920210020», sub carpeta
«02SegundaInstancia».
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia del 13 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00 (REV). CP. Alberto Montaña Plata.
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58. De igual manera, la Sala descarta la alegada insuficiencia de motivación de la
providencia objeto de revisión. Debe precisarse que la configuración de esta causal
no se circunscribe exclusivamente a los eventos de ausencia absoluta de
motivación, pues la jurisprudencia también ha reconocido su procedencia frente a
defectos graves que comprometan sustancialmente la fundamentación de la
sentencia. Sin embargo, los recurrentes no alegan que la decisión se hubiera
sustentado en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o dolosas, ni
identifican un defecto grave de los presupuestos fácticos o probatorios que hubiera
determinado el sentido del fallo. Su reproche se dirige, concretamente, a que el
Tribunal no habría desarrollado de manera suficiente algunos de los argumentos
invocados para sustentar la inaplicación del requisito de las 50 semanas,
particularmente los relacionados con la edad del causante y sus posibilidades reales
de acceder al mercado laboral y efectuar cotizaciones.
59. Tal cuestionamiento no evidencia, por sí mismo, un vicio con entidad
invalidante. Como se explicó, el Tribunal sí se pronunció sobre la solicitud de
inaplicación y expuso las razones por las cuales consideró que no se configuraba
una contradicción manifiesta entre el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y la
Constitución.
60. De manera que, aun cuando los recurrentes estimen que dicho análisis pudo
ser más amplio o que debieron valorarse de manera particularizada las
circunstancias invocadas, esta discrepancia se refiere al alcance o suficiencia de la
argumentación y no a la ausencia de un presupuesto esencial de la sentencia que
pueda ser examinado mediante la causal de nulidad originada en ella.
61. La nulidad originada en la sentencia se circunscribe exclusivamente a la
ausencia de alguno de los requisitos formales que la ley exige para la válida
conformación de ese acto procesal —sentencia—, considerada desde una
perspectiva estrictamente procedimental; es decir, se configura cuando falta un
presupuesto de carácter adjetivo necesario para que el fallo produzca los efectos
jurídicos que el ordenamiento le atribuye.
62. En ese sentido, el hecho de que la interpretación adoptada por el Tribunal difiera
de la propuesta por los recurrentes, o que la providencia no haya desarrollado con
igual amplitud cada uno de los argumentos invocados para sustentar la excepción,
no comporta, por sí mismo, una vulneración del debido proceso ni una nulidad de la
sentencia. Admitir lo contrario permitiría utilizar el recurso extraordinario de revisión
como una oportunidad adicional para controvertir las motivaciones jurídicas y
probatorias que soportaron la decisión de la providencia que se revisa, insistiendo
en los argumentos que fueron esbozados dentro del proceso ordinario, como si se
tratara de una tercera instancia.
63. Tampoco resulta procedente examinar, al amparo de la causal invocada, el
alegado desconocimiento de la jurisprudencia constitucional. El recurso
extraordinario de revisión está sometido a un catálogo taxativo de causales y el
eventual desconocimiento del precedente judicial no constituye, por sí mismo, una
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causal autónoma de revisión25. En consecuencia, el desacuerdo de los recurrentes
con la forma en que el Tribunal valoró o aplicó los criterios constitucionales
invocados no puede subsumirse en la nulidad originada en la sentencia.
64. En suma, los aspectos centrales de la controversia fueron abordados y
decididos por el Tribunal. La circunstancia de que los recurrentes consideren
insuficiente la forma en la que fueron abordados sus argumentos, discrepen de su
interpretación constitucional o estimen que debieron valorarse con mayor
profundidad las condiciones particulares del causante, no permite concluir que se
hubiera omitido una cuestión sometida a decisión ni que la providencia carezca de
motivación.
65. Conforme a lo expuesto, no se encuentra configurada la causal de nulidad
originada en la sentencia prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
razón por la cual el recurso extraordinario de revisión deberá declararse infundado.
De la condena en costas
66. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
67. En ese sentido, como las reformas procesales allí establecidas prevalecen
sobre las anteriores normas de procedimiento y el recurso extraordinario cuando ya
estaba rigiendo la nueva ley, la Sala considera que es procedente la condena en
costas toda vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
68. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo
establecido en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188
del CPACA.
69. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
70. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que la parte demandada constituyó
apoderado judicial, actuación que por sí sola, constituye una prueba suficiente para
fijar, en su favor, agencias en derecho, ya que demuestra que designó un
25 Sobre el particular, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de
Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 11001-03-15-000-2013-02724-00 (REV). Reiterada, entre otras,
en las sentencias de la Sala Segunda Especial de Decisión del 4 de agosto de 2020, exp. 2016-03553-00 (REV),
y de la Sala Catorce Especial de Decisión del 7 de noviembre de 2019, exp. 2018-03604-00 (REV).
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representante para estar al tanto del proceso y ejercer la defensa de sus intereses.
71. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Lilibeth Araujo Martínez proferida el veinte (20) de junio de
dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Condenar en costas a los señores María Norbey García Herrera y José
Oliver Pérez García; las cuales se liquidarán por la Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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