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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2005-00014-00

Fecha
1 de marzo de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2005-00014-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas. SEGUNDO: sin condena en costas. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2005-00014-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

1 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 1 de marzo de 2023

Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554) acumulado 11001-
03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Temas: nulidad y restablecimiento del derecho – extinción de derechos de particulares a favor
de la Nación – falta de acreditación de la fuerza mayor.

Síntesis: la parte demandante solicitó la declaratoria de la nulidad y el restablecimiento del
derecho por los actos administrativos que resolvieron una solicitud de reconocimiento de la
propiedad, desvirtuaron la fuerza mayor alegada y extinguieron los derechos de los
particulares sobre unas minas.

Decide la Sala, en única instancia, las demandas acumuladas de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuestas en contra de los actos
administrativos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Las demandas y el concepto de la violación – 1.2. Posición de la parte
demandada – 1.3. Actuaciones procesales relevantes.

1.1. Las demandas y el concepto de la violación

1. El 13 de diciembre de 2004, Isabel Illera De Castro, María Paulina Illera
Palacio y Leonor Illera de Visbal, por una parte, y Efraín Illera Palacio, por la
otra, presentaron dos demandas, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra del Ministerio de Minas y Energía, con
el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones (se trascribe):

Expediente 29554
“PRIMERA: DECLARAR la Nulidad de las Resoluciones Nos: 180627 del 10 de
Junio de 2004 "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de

1 El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los que se debata la nulidad

y el restablecimiento del derecho de asuntos mineros, conforme a lo dispuesto por los artículos 128 del Código
Contencioso Administrativo (CCA) y 295 de la Ley 685 de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
Reconocimiento de Propiedad Privada" y, 81049 de 27 de agosto de 2004
"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición", confirmando la
anterior, expedidas por el MINISTRO DE MINAS ENERGÍA, por ser contrarias a
derecho e infringir las normas en la cual debían fundarse, incurriendo en
falsa motivación y desviación de poder frente a la justificación de los actos
administrativos.
SEGUNDA: DECLARAR, asimismo la existencia de hechos constitutivos de
fuerza mayor basados en las graves perturbaciones al orden público que
subsisten en la zona geográfica donde están ubicados los yacimientos
denominados PALETA DE ORO, PAJARO AZUL, DOÑA MARIA JULIANA, LA
FRANCIA, LA ESPERANZA, EL PORVENIR, SAN JUAN DEL PESCADERO, DOÑA
MARIA DE SAN LUCAS, DOÑA ALICIA Y LAS HOJAS, que han impedido el
cumplimiento de la explotación por parte de los titulares de los derechos y
que inhiben a la NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A DECLARAR LA
EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD que tienen los demandantes
sobre los yacimientos relacionados, adquiridos por REDENCIÓN A
PERPETUIDAD con fundamento en el artículo 3 de la ley59 de 1.909.
TERCERO: COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene al
Ministerio de Minas y Energía reponer el término suspendido para la
explotación a favor de los titulares del derecho de reconocimiento de
propiedad privada y su inscripción en el registro minero, respecto de los
yacimientos descubiertos y redimidos a perpetuidad, de propiedad de los
demandantes.
CUARTO: Asimismo, COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene al
Ministerio de Minas y Energía revocar los actos administrativos a través de los
cuales haya concedido licencias o legalizado situaciones de hecho a
explotaciones mineras adelantadas sobre áreas superpuestas al área
correspondiente al reconocimiento de propiedad privada 026 en cabeza
de mis mandantes.
QUINTA: En concordancia con las anteriores peticiones, solicito igualmente
se CONDENE al demandado a pagar a los actores o a quienes representen
sus derechos, como reparación o indemnización por los daños ocasionados
de orden material en sus dos modalidades: daño emergente y lucro
cesante, actuales y futuros […]
SEXTA: COMO PETICION SUBSIDIARIA solicito que -ante la eventualidad de
que en el momento en que el Ministerio de Minas vaya a dar cumplimiento
a la condena que le ordene restituir los derechos de mis mandantes a la
explotación de las Minas objeto de demanda y a la devolución de las áreas
reconocidas a mineros de hecho, persista la situación de orden público que
haga imposible la explotación del área comprendida en la solicitud RPP026,
SE CONDENE a la NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS, a indemnizar a mis
mandantes -mediante cuantificación que hagan peritos designados para el
efecto, de profesionales adscritos a INGEOMINAS o a la entidad que haga
sus veces-, por el valor anterior, actual y futuro que hubieran percibir de
haber tenido la oportunidad de explotar las Minas en condiciones normales
y, también, por el valor de la producción obtenida por mineros de hecho,
así como, por el valor de la producción futura de tales legalizaciones de
hecho, en caso de que dicha situación no pueda ser reversada por el
Ministerio. […]

Expediente 30447
“PRETENSIONES:
1. Declarar nula la resolución 18 0627 del día 1° del mes de junio del año de
2004, expedida por el Ministro de Minas y Energía, […].
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene una vez declaradas las
nulidades solicitadas, a título de restablecimiento del derecho que el señor
EFRAIN ILLERA PALACIO conserva una quinta parte de los derechos sobre las
Minas PAJARO AZUL, PALETA DE ORO, DOÑA MARIA JULIANA, LA FRANCIA,
LA ESPERANZA, EL PORVENIR, SAN JUAN DEL PESCADO, DOÑA MARIA DE SAN
LUCAS, DOÑA ALICIA Y LAS HOJAS, objeto de la solicitud de reconocimiento
de Propiedad Privada 026 ubicadas en Jurisdicción de los municipios de

2 de 17

Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
Santa Rosa del Sur, Montecristo y Morales, departamento de Bolívar, las
cuales están identificadas con reconocimiento RPP 026, del Ministerio de
Minas y Energía, y que por motivo de la imposibilidad de realizar su
explotación a gran escala, ante la causal demostrada de fuerza mayor que
ha imposibilitado el desarrollo con un proyecto minero a gran escala, con la
participación de la inversión extranjera que el mismo exige, por las razones
de ser la zona geográfica en que están ubicadas de alto riesgo por razones
de orden público, tal como lo prueba el Decreto 1635 de 1997, […]
3. Que se condene a la Nación y al Ministerio de Minas y Energía al pago de
una indemnización de perjuicios patrimoniales por la suma que se estime en
el proceso en la modalidad de daño emergente y lucro cesante por la
acción antijurídica del ministerio de Minas y Energía contra mi mandante,
discriminada por estos conceptos: […]
4. Se declare de la causal exonerativa de fuerza mayor y su efectiva
comprobación para efectos de determinar que no ha incurrido en el
presente caso en la causal de extinción de los derechos de dominio sobre
las minas, consignada en el artículo 3° de la Ley 20 de 1996, en especial la
prevista en el literal a) del artículo en mención.
5. Que se ordene la inscripción en el registro minero nacional del
reconocimiento de propiedad privada 026 y se declare que no ha habido
interrupción para todos los efectos legales, toda vez que como se puede
confrontar en el expediente administrativo en el Ministerio de Minas y
Energía, en su oportunidad se solicitó fuera inscrito en el
Registro Nacional Minero.”.

2. Dentro de los hechos y el concepto de la violación, en las demandas2, la
parte actora sostuvo:

3. 1) Juan de Dios Illera, padre de los demandantes, adquirió los derechos
sobre las minas Pájaro Azul, Paleta de Oro, Doña María Juliana, La Francia, La
Esperanza, El Porvenir, San Juan del Pescado, Doña María de San Lucas, Doña
Alicia y Las Hojas, por la venta que se efectuó el 17 de octubre de 1950,
mediante escritura pública 2630. En la escritura pública 2867, de diciembre de
1955, otorgada en la Notaría Segunda de Barranquilla, se adquirieron
derechos a perpetuidad sobre las minas, al amparo del artículo 3 de la Ley 59
de 1909, y se protocolizó el certificado donde constaba que se habían
pagado los impuestos anteriores a 1928 “y la redención a 20 años emitido por
la Administración de Hacienda Nacional Bolívar”, de 24 de noviembre de 1955.

4. 2) La Ley 20 de 1969 y el Decreto 1275 de 1970 establecieron que se
extinguían a favor de la Nación los derechos de los particulares por la no
explotación de los yacimientos adquiridos por redención a perpetuidad, salvo
fuerza mayor o caso fortuito.

5. 3) Los demandantes solicitaron el reconocimiento de la propiedad privada
respecto de las minas, y requirieron “la aplicación de la causal exonerativa de
fuerza mayor, debido a la situación de orden público en la región”, que les
impedía la realización de los proyectos.

2 Folios 1-62 y 55-62 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554 y folios 3-37 del cuaderno del Consejo de Estado,

exp. 30447.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
6. 4) Mediante la Resolución 1755, de 11 de octubre de 1979, el Ministerio de
Minas declaró que los titulares demostraron las circunstancias de fuerza mayor
que impidieron iniciar oportunamente la explotación económica de las minas
y, en consecuencia, “mantenían el derecho de propiedad privada sobre las
minas enunciadas”.

7. 5) El 25 de mayo de 1990 los demandantes solicitaron que se inscribiera el
reconocimiento en el Registro Minero, para lo cual el Ministerio de Minas
requirió “las alinde raciones a rumbo y distancia de las áreas correspondientes
a cada una de las minas”. El 28 de enero de 1991 se ordenó una visita técnica
al área de reconocimiento 26, “con el fin de ubicar exactamente los rumbos
y distancias de todas las minas”.

8. 6) Con ocasión de la visita técnica de reconocimiento se emitió un informe
en el que se advirtió: “una vez recorrida el área no se encontró evidencia
alguna de actividades mineras realizadas por parte de los titulares del
reconocimiento de propiedad privada número 026”. Con fundamento en el
informe referido se expidió la Resolución 31649, de 7 de septiembre de 1993,
acto administrativo que declaró desvirtuada la fuerza mayor alegada dentro
del reconocimiento de la propiedad y, en consecuencia, extinguido el
derecho de propiedad sobre las minas. Esta Resolución fue impugnada por los
demandantes.

9. 7) Mediante la Resolución 80170, de 12 de febrero de 1996, el Ministerio de
Minas revocó la Resolución 31649 de 7 de septiembre de 1993,
“argumentando que seguía existiendo la perturbación del orden público […]
quedando suspendida la situación legal mientras durara la fuerza mayor y el
caso fortuito”.

10. 8) Según los demandantes, el 1 de septiembre de 1997, la subdirección de
ingeniería presentó otro informe en el que indicó que se habían identificado
los puntos arcifinios y, por consiguiente, los linderos de cada una de las áreas
de las minas, “por lo que procedió a incorporarlas al Catastro minero”. Con
todo, se ordenó realizar una nueva visita técnica al área de reconocimiento.

11. 9) En el nuevo informe producido por la visita técnica se apuntó que no se
encontró “ninguna exploración o explotación que estuviera efectuando la
familia Illera Palacio”, lo que llevó a concluir que las minas no existían, “y que
las existentes [eran] trabajadas por mineros sin título y sin medir acuerdo con
la familia Illera Palacio”. Con fundamento en estas consideraciones, la parte
actora afirmó que “la declaratoria de extinción de los yacimientos a favor de
la Nación, al declarar desvirtuada la fuerza mayor […], no tenía otro objetivo
que el de legalizar a los mineros de hecho, a costa del patrimonio de los
demandantes”.

4 de 17

Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
12. 10) Según advirtieron los demandantes, “todo intento de explotación de
los yacimientos por parte de mis poderdantes era obstaculizado por las fuerzas
ilegítimas que imperan en [la] región”. Agregaron que la no explotación se dio
a causa de “factores externos: guerrilla, paramilitares y mineros explotadores
ilegales, que constituyen circunstancias externas a la esfera jurídica de mis
poderdantes”. Finalmente, sostuvieron que el Ministerio de Minas había
otorgado licencias que se superponían con los yacimientos mineros.

13. La parte actora señaló que los actos administrativos fueron expedidos con
“falsa motivación”, por haber encontrado no probada la fuerza mayor, pues,
entre otras consideraciones, el Gobierno Nacional, en el Decreto 1635 de 1997,
había advertido y calificado la situación de orden público de la zona. También
indicaron que se había violado el debido proceso (aunque, en la demanda
del expediente 29554 no identificaron las razones de este cargo). Afirmaron
que los actos demandados violaban las normas superiores, en particular la
Constitución Política y el artículo 58 de la Ley 141 de 1941.

14. En la demanda presentada en el expediente 30447, la parte actora
añadió que, en atención a los derechos adquiridos, “solo era viable decretar
la expropiación”. Indicó que la violación al debido proceso se produjo porque
no se había “decretado un periodo probatorio”, circunstancia que calificó
como violatoria del artículo 29 de la Constitución. Añadió que el debido
proceso se había violado porque, si bien la actuación administrativa se inició
“con la presentación de un derecho de petición de dos de los titulares de los
derechos mineros a través de apoderado, en ningún momento se notificó el
auto de inicio de la actuación administrativa”.

1.2. Posición de la parte demandada

15. En el expediente 29554, el Ministerio de Minas y Energía contestó la
demanda3 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Afirmó que los
demandantes no habían demostrado la fuerza mayor, ni habían iniciado, de
manera oportuna, la explotación económica de las minas. Sostuvo que, si bien
existía una certificación de la alcaldesa de Simití, de agosto de 1996, que
daba constancia de la situación de orden público, en el oficio 27815 de 10 de
septiembre de 1994 se había certificado que las minas no pertenecían a la
jurisdicción de ese Municipio.

16. Agregó que los informes de visita técnica y la certificación del alcalde de
Santa Rosa del Sur de Bolívar, no probaban la existencia permanente de una
perturbación del orden público que impidiera la explotación de las minas.

3 Folios 293-323 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
17. En lo que se refiere a los antecedentes administrativos que dieron lugar a
la expedición de las resoluciones demandadas, la entidad aclaró que, con
posterioridad a la solicitud de los actores, desde el informe de 18 de
septiembre de 1974 se informó que las minas no habían podido ser
identificadas con apoyo en la información suministrada por los solicitantes, por
lo que se les pidió que aportaran planos topográficos, los cuales, una vez
aportados, tampoco “permit[ieron] la ubicación en las zonas donde se
encuentran las minas”, lo que hacía necesaria la “visita técnica al área, a la
cual se opusieron los interesados, alegando razones de orden público y
climáticas”.

18. Según la entidad, “la existencia de multinacionales en la zona del sur de
Bolívar, como la Anglo Gold Ashadt, […] la sociedad minera Kedahda, y los
diferentes proyectos de explotación minera que se adelantan en la serranía
de San Lucas, al sur de Bolívar, en la zona donde se ubican las presuntas minas
de los Illera demuestran claramente la existencia” y la posibilidad de llevar a
cabo una actividad de exploración y explotación económica.

19. El Estado no podía “permitir y cohonestar a perpetuidad con la falta de
productividad del subsuelo […] bajo el argumento de una fuerza mayor o caso
fortuito permanente en el tiempo, cuando la verdad es que se ha probado
que otras personas sí han venido explotando la zona sobre la cual recae la
solicitud de reconocimiento de propiedad privada”.

20. En relación con la certificación del Gobierno Nacional a la que hizo
referencia el demandante, aseveró que el Decreto 1635 de 1997, expedido
por el Ministerio de Defensa, tenía la finalidad de determinar zonas de alto
riesgo de orden público para acreditar un requisito de experiencia en cargos
de carrera, para ser “valorado doblemente […] no para determinar si una
determinada zona está en constante estado de violencia que evite el
desarrollo de una actividad minera”.

21. Finalmente, la entidad demandada indicó que, aunque la fuerza mayor
había sido alegada desde el reconocimiento de la solicitud en 1972, no se
aportaron pruebas oportunas sobre su configuración para ese momento, ni a
lo largo de los 33 años trascurridos desde la presentación de la solicitud.

22. A propósito de la pretensión indemnizatoria atada a la nulidad, el Ministerio
señaló que las minas objeto de la solicitud eran propiedad de la Nación, y
“nunca han salido de su dominio”.

23. En el expediente 30447, el Ministerio de Minas y Energía contestó la
demanda4 y se opuso, de igual manera, a la prosperidad de las pretensiones.

4 Folios 216-257 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 30447.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
Reprodujo buena parte de los argumentos presentados en la contestación de
la demanda del expediente 29554. Aclaró que la escritura pública 2760 de 2
de noviembre de 1950 contenía la protocolización de la “venta pura y simple”
de las 10 minas de oro de aluvión y de veta, que no trasfería el derecho de
dominio de los particulares sobre el subsuelo. Agregó que las Resoluciones
1755 de 11 de octubre de 1979 y 80170 de 12 de febrero de 1996 nunca se
perfeccionaron, por lo que las minas nunca salieron de la propiedad del
Estado.

1.3. Actuaciones procesales relevantes

24. Mediante el Auto de 8 de septiembre de 2005 se ordenó la vinculación al
proceso como litisconsortes necesarios de Juan Illera Palacio y Efraín Illera
Palacio5.

25. Por Auto de 7 de abril de 2006 se dispuso la acumulación de procesos, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 159 del Código de Procedimiento
Civil (CPC), en atención a la existencia de dos procesos tramitados en única
instancia, bajo el mismo procedimiento, basados en las mismas pretensiones y
cuya entidad demandada es la misma6.

26. Mediante el Auto de 23 de marzo de 2007 se decretaron las pruebas
solicitadas7. Tras una extensa etapa probatoria, que incluyó la discusión sobre
el monto del peritaje y a cargo de quién debía estar, el 21 de julio de 2011 se
allegó el dictamen pericial rendido por el ingeniero civil, Álvaro Galarza
Acevedo, que tenía por objeto determinar si las minas existían en las
coordenadas propuestas por los demandantes8. Al respecto el perito informó
que las minas “no se encuentran ubicadas en el área correspondiente al
reconocimiento de propiedad privada 026, como lo afirma la familia Illera”.
Luego de la solicitud de adición y complementación del dictamen9, el perito
señaló que era “un imposible físico el especificar las coordenadas geográficas
de las minas objeto del análisis pericial de cada una de las minas indicadas
[…] por cuanto estas minas no existen en la zona indicada ni en la realidad”10.

5 Folios 440-443 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554. Juan Illera Palacio presentó un escrito en el que

coadyuvó las pretensiones de la demanda y solicitó el decreto y práctica de algunas pruebas (fls. 448-465).
6 Folios 413 y 414 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 30447.
7 a. Dentro de las pruebas “a favor de la parte demandante”:

1. Oficiar a Ingeominas para que designe un perito para establecer los perjuicios causados o por causar a los
demandantes.
2. Librar oficios al Gobernador de Bolívar y al Ministerio de Defensa para que certifiquen la situación de orden
público en el sur del Departamento. A la Gobernación del Departamento de Bolívar para que remitan los
antecedentes de la creación de los municipios de Morales, Montecristo y Santa Rosa del Sur.
3. A la Secretaría de Minas o dependencia que haga sus veces, para certifiquen si se ha otorgado permiso o
licencia de explotación en el área de reconocimiento de propiedad 26.
b. Dentro de las pruebas “a favor del litisconsorte necesario”, se ofició a la Defensoría del Pueblo para que remitiera
la información de orden público en el sur del departamento de Bolívar
c. “A favor de la parte demandada”: se comisionó al Tribunal Administrativo de Bolívar para que designara a un perito
para que se estableciera si las minas existían en las coordenadas propuestas por los demandantes. (Fls. 552-555 del
cuaderno principal).
8 Folios 1403-1416 del cuaderno principal.
9 Folio 1424 del cuaderno principal.
10 Folios 1441

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________

27. El apoderado de Efraín Illera Palacio presentó una objeción por error grave
en contra del dictamen, porque el perito no precisó las fechas de sus viajes,
“limitándose a escuchar testimonios de personas cuyos nombres no le fueron
suministrados, dizque por cuestiones de seguridad”. Añadió que la conclusión
del perito era errada porque las minas existían y se encontraban “amparadas
por el reconocimiento de propiedad N° 026”.

28. En la oportunidad para presentar los alegatos de conclusión, la parte
demandante insistió que había demostrado “que la fuerza mayor continuaba
campeando en la región, desde 1996 hasta la presente”11. La entidad
demandada presentó alegatos de conclusión en los que insistió en que la
parte demandante no había cumplido sus obligaciones legales y no había
probado el inicio de las labores de exploración y explotación de las minas ni
el acaecimiento del caso fortuito o la fuerza mayor.

29. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó negar las pretensiones de la
demanda porque, no solo no se acreditó la causal de fuerza mayor alegada,
sino que tampoco se demostró que la causal que se pretendió sustentar
hubiera impedido la explotación de los yacimientos12.

30. Mediante Auto de 11 de julio de 2019 se advirtió que los “despachos
sustanciadores de la época omitieron pronunciamiento sobre la petición de
integración del litisconsorcio necesario planteada por la parte demandante,
así como de la vinculación de las personas, respecto de las cuales el actor
predica una superposición”, por ello ordenó la vinculación del departamento
de Bolívar y de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, en calidad de
litisconsortes necesarios de la parte demandada13.

31. El Departamento de Bolívar presentó alegatos de conclusión14. Solicitó
negar las pretensiones de la demanda, toda vez que no existía ninguna
relación entre la no explotación de las minas y la fuerza mayor aducida por la
alegada situación de orden público.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisiones que se adoptarán – 2.2. Análisis
probatorio y objeción por error grave – 2.3. Análisis sustantivo – 2.4. Sobre la condena en costas

2.1. Presupuestos procesales y decisiones que se adoptarán

11 Folios 1455-1484 del cuaderno principal.
12 Folios 1492-1512 del cuaderno principal.
13 Folios 1530-1539 del cuaderno principal.
14 Samai índice 221.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
32. La Sala decidirá sobre el fondo de este asunto porque encontró
acreditados los presupuestos procesales. La acción fue ejercida dentro del
término legal, toda vez que, mientras que la Resolución 181049, de 27 de
agosto de 2004, fue notificada el 6 de septiembre de 2004, las demandas
acumuladas se presentaron el 13 de diciembre de 2004, es decir, dentro del
término de 4 meses.

33. En consideración a los cargos de los demandantes y a los conceptos de
violación, la Sala, previa relación y valoración de las pruebas que obran en el
expediente, negará las pretensiones de nulidad de los actos administrativos
demandados, pues no están configurados los vicios aducidos por la parte
demandante.

2.2. Análisis probatorio y objeción por error grave

34. En el expediente obran los siguientes actos administrativos demandados:
Resolución 180627 de 1 de junio de 2004 y Resolución 181049 de 27 de agosto
de 200415. De igual manera, se aportó copia de otros actos administrativos,
dentro de los cuales se encuentran:

i. Resolución 1755 de 11 de octubre de 1979, por medio de la cual
el Ministerio de Minas y Energía declaró que se habían
demostrado las circunstancias de fuerza mayor que impidieron la
explotación de las minas16.
ii. Resolución 31649 de 7 de septiembre de 1993, por la cual el
Ministerio declaró desvirtuada la fuerza mayor alegada17.
iii. Resolución 80170, de 12 de febrero de 1996, por medio de la cual
el Ministerio revocó la Resolución 31649 de 7 de septiembre de
1993, y suspendió los términos del reconocimiento de propiedad
privada 2618.

35. Con el material probatorio aportado se advierte que, con el fin de
establecer la ubicación de las minas y de alinderarlas, se ordenaron varias
visitas técnicas, que fueron aplazadas en diversas ocasiones por solicitud de
los demandantes19. También se decretó y practicó una prueba pericial cuyo
objeto consistió en determinar si las minas existían en las coordenadas
indicadas por los demandantes y si habían sido explotadas alguna vez20.

36. En la visita que tuvo lugar el 11 y 12 mayo de 1992 se concluyó: “[en] toda
el área no se encontró evidencia alguna de actividades mineras realizadas

15 Folios 74-110 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
16 Folios 133-136 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
17 Folios 188-192 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
18 Folios 198 y 199 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
19 Folios 122-293 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
20 Folios 1406-1416 del cuaderno principal.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
por parte de los titulares del reconocimiento de propiedad privada número
026”. Asimismo, se indicó que no era necesario ubicar las distancias de las
minas “por ausencia de las mismas”. En el informe de visita técnica de abril de
1999, se concluyó que en “el área del reconocimiento de propiedad privada
026 en el Departamento de Bolívar, no se encontró ninguna exploración ni
explotación, ni beneficio de ningún mineral o material, que la esté efectuando
la familia Illera Palacio y ninguna compañía o persona natural a nombre de
ellos”21. En el informe de visita técnica de septiembre de 2003, se concluyó, de
igual manera, que no existían “ningún indicio de que la familia Illera Palacio o
personas que hubiesen actuado a nombre de ellos, hubiesen realizado en el
pasado cualesquiera actividades mineras, o que las estén ejecutando en el
presente”22.

37. El referido material probatorio da cuenta de incertidumbres sobre la
ubicación de las minas y sobre su existencia misma; no obstante, este último
no es un hecho disputado por la entidad demandada, ni en la contestación
de la demanda ni en los actos demandados, por lo que la Sala centrará su
análisis en los cargos de nulidad. De esta manera, a pesar de que el objeto
del dictamen no es objeto de controversia en este proceso, la Sala no advierte
un error grave, como lo alegó la parte demandante, toda vez que el perito se
limitó a señalar que las minas no se encontraban en el área de reconocimiento
de propiedad privada 26, como lo había afirmado la familia Illera, conclusión
que coincide, por demás, con lo referido por la entidad en cada una de las
visitas técnicas que efectuó.

38. También está demostrado (y tampoco es un hecho disputado por las
partes) que los demandantes no explotaron económicamente los yacimientos
sobre los que pretendieron el reconocimiento de la propiedad en ningún
tiempo. No lo hicieron antes, ni después de la solicitud de reconocimiento.

39. Sobre la alegada fuerza mayor por la situación de orden público, en los
actos administrativos referidos, en especial en la Resolución 1755 de 11 de
octubre de 1979, se indicó: “como fundamentos de fuerza mayor aduce el
apoderado que a pesar de los planteamientos serios y estimulantes […] el
señor Illera no logró conseguir financiación en el país, ni fuera de él, debido a
la frialdad que existía en la fecha sobre el oro. Y si bien es cierto que en los
últimos años reaccionó el precio y el interés de dicho metal, se presentó en la
región grave situación de orden público que dio al traste con todas las
gestiones que se han hecho al efecto”.

40. En la Resolución 80170 de 12 de febrero de 1996 se refiere una certificación
del alcalde de Simití, Bolívar, de 31 de octubre de 1991, sobre la difícil situación
de orden público y publicaciones de periódicos de circulación nacional que

21 Folio 219 del cuaderno del Consejo de Estado, exp, 29554.
22 Folio 238 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
“dan cuenta sobre las acciones adelantadas por la guerrilla en la Serranía de
San Lucas”.

41. Existen varias comunicaciones del alcalde de Simití23, que atienden
algunas solicitudes de los demandantes para visitar la zona, en las que se da
cuenta, primero, de lluvias intensas, de la “especial situación conocida de la
opinión pública que ha prevalecido en [la] zona”, y en las que indica que
consideraba “imprudente” que se efectuara una visita a las tierras
relacionadas con en el reconocimiento de la propiedad privada 26, por la
“crítica situación de orden público que se registra en la región de San Lucas
con motivo de los constantes contactos entre las fuerzas del orden y la
subversión, del asalto a la vecina población de Santa Rosa del Sur y al intenso
invierno existente”.

42. Por otra parte, en el oficio de 22 de agosto de 1994, el alcalde del
municipio de Simití certificó que las minas no hacían parte de su jurisdicción24.
De igual manera, en el oficio de 9 de mayo de 1995, el alcalde municipal de
Santa Rosa del Sur informó que “las minas mencionadas no aparecen
registrada en nuestro Municipio”25. El alcalde de Santa Rosa del Sur, en
certificación de 15 de septiembre de 2003, señaló que “a pesar de existir
grupos armados al margen de la ley en la región, los trabajos de minería han
sido desarrollados sin interferencia alguna26”.

2.3. Análisis sustantivo

43. La Ley 20 de 1969 es el marco normativo dentro del que se debe analizar
el presente caso. Los artículos 1 y 3 de la citada ley establecieron:

“Artículo 1º. Todas las minas pertenecen a la Nación, sin perjuicio de los
derechos constituidos a favor de terceros. Esta excepción, a partir de la
vigencia de la presente ley, solo comprenderá las situaciones jurídicas
subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a
yacimientos descubiertos.

Artículo 3º. Los derechos que tengan los particulares sobre minas adquiridas
por adjudicación, redención a perpetuidad, accesión, merced, remate,
prescripción o por cualquiera otra causa semejante, se extinguen a favor de
la Nación, salvo fuerza mayor o caso fortuito;

a) Si al vencimiento de los tres años siguientes a la fecha de la sanción de
esta ley, los titulares del derecho no han iniciado la explotación económica
de las minas respectivas, y

b) Si la explotación, una vez iniciada, se suspende por más de un año”.

23 Folios 152, 159 y 180 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554 y 192 y 196 del cuaderno del Consejo de

Estado, exp. 30447.
24 Folios 195 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
25 Folio 192 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 29554.
26 Folio 189 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 30447.

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Radicación: 11001-03-26-000-2005-00014-00 (29554)
acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
44. La Ley 20 de 1969 se inscribe en un contexto constitucional que debe ser
atendido. De modo similar a lo dispuesto por el artículo 332 de la Constitución
Política de 199127, el artículo 202 de la Constitución Política de 1886 establecía
la propiedad de la “República de Colombia” sobre las minas de oro, “sin
perjuicio de los derechos que por leyes anteriores hayan adquirido los
descubridores y explotadores sobre algunas de ellas”. A propósito de la
propiedad sobre minas como las que son objeto de la presente providencia,
ambos textos constitucionales identifican y protegen los derechos adquiridos
en leyes anteriores o preexistentes.

45. Ahora bien, como se desprende de la lectura de la referida Ley 20 de 1969,
esta legislación extinguió a favor de la Nación los derechos sobre las minas
adquiridas por cualquiera causa (como ocurría en los casos disciplinados por
el artículo 3 de la Ley 59 de 190928), en dos casos específicos: i) si los titulares
no iniciaban la explotación económica al 11 de diciembre de 1972 (tres años
siguientes a la sanción de la ley), o si, ii) una vez iniciada la explotación esta se
suspendía por más de un año.

46. El Decreto 1275 de 1970 reglamentó la Ley 20 de 1969. En su artículo 15 se
señaló:

“Artículo 15: Constituyen motivos de fuerza mayor o caso fortuito los que
las leyes consideren como tales, lo mismo que aquellas circunstancias de
carácter nacional o internacional que en concepto del Ministerio, hagan
ostensiblemente antieconómicas las operaciones mineras de que se
trate. Para tales efectos se tendrán en cuenta los costos de producción,
las posibilidades de disminuirlos, las condiciones técnicas de los trabajos
que se adelanten, la organización de la empresa, los precios internos y
externos, el valor y las mayores o menores dificultades del transporte y, en
general, todos aquellos factores que tengan incidencia en los
rendimientos del negocio minero.

Cuando concurran las circunstancias de que trata el inicio anterior, el
Ministerio lo declarará a solicitud del interesado”.

47. Finalmente, a propósito de la remisión que hace el referido artículo 15 del
Decreto 1275 de 1970, se debe advertir el contenido del artículo 64 del Código
Civil: “se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible
resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.

48. A propósito de los derechos adquiridos, en la Sentencia C-66 de 18 de
enero de 1993, la Corte Constitucional, indicó:

27 Artículo 332: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los

derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.
28 Artículo 3: “Los dueños de minas tituladas que hayan pagado el impuesto establecido y que no estén en litigio,

pueden asegurar permanentemente la propiedad de ellas y quedan libres del impuesto en lo sucesivo, sin que nadie
pueda registrarles ni denunciarles sus minas, si pagaren duplicado, de una vez, lo que debieran pagar en veinte años,
según el código de 21 de octubre de 1867”.

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acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
“Dado que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes (C.P art 332),
corresponde a los titulares de estos últimos la carga de probar el
presupuesto que el derecho objetivo indica como necesario para
reconocer una situación jurídica de propiedad. La afirmación de la
propiedad que hace la constitución en favor del Estado convierte a la
carta en título de esta reserva minera. Los títulos privados adquiridos con
arreglo a leyes preexistentes desafían la situación de dominio eminente y
normal del Estado, de modo que la carga de su prueba corresponde al
interesado en desplazar en su beneficio una parte de la riqueza minera.
A este respecto, la ausencia de prueba, su insuficiencia o la falta de
diligencia del particular en acreditar su existencia de conformidad con
los dictados del derecho objetivo, no suponen una transferencia del bien
de la esfera privada a la pública sino la reafirmación del dominio
eminente del Estado sobre el subsuelo y sus recursos que como titular
originario no habrá sufrido mengua en ese caso” (énfasis añadido).

49. El análisis de los actos administrativos y de las normas violadas implica
determinar si, como lo advirtieron los demandantes, estos no iniciaron la
explotación de las minas porque se configuró una situación de fuerza mayor,
y si cumplieron con la carga de probarlo, o si, por el contrario, como lo señaló
el Ministerio, los herederos no probaron “en forma oportuna y fehaciente la
fuerza mayor aducida desde la presentación de la solicitud”.

50. Los actos administrativos demandados establecieron que “los interesados
se halla[ban] incursos en la causal a) de extinción del derecho a favor de la
Nación, contenida en los artículo 3 de la Ley 20 de 1969 y en su Decreto
Reglamentario 1275 de 1970”. La Resolución 180627 de 1 de junio de 2004
señaló que, solo hasta el 1 de enero de 1978 los interesados presentaron una
certificación del alcalde del municipio de Simití, como prueba de la alegada
fuerza mayor. Aunque esta certificación no obra en el expediente, y solo está
referida en los actos administrativos, en todo caso, su fecha no se discute. En
este mismo sentido, la referida Resolución da cuenta de “recortes de prensa”29
con los que se pretendió acreditar la alteración del orden público. A propósito
de la información de prensa aportada, se evidencia que, no solo unos pocos
se refieren concretamente a los municipios de Simití y Santa Rosa, sino que son
muy posteriores (1987 en adelante) a una alteración permanente desde 1969,
o desde 1972.

51. Con fundamento en estas consideraciones, el Ministerio de Minas y Energía
consideró que los interesados no probaron en debida forma que, “la no
iniciación oportuna de los trabajos de explotación económica de las minas”,
ocurrió por motivos de fuerza mayor”.

52. La Resolución 180627 de 1 de junio de 2004 señaló también que, de
conformidad con el artículo 9 del Decreto 1275 de 1970, el término para

29 Algunos de los cuales fueron aportados por los demandantes (fls. 79-84 del cuaderno del Consejo de Estado,

exp. 30447).

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acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
________________________________________________________________________________
presentar la solicitud de reconocimiento de la propiedad privada y la
demostración de la iniciación oportuna de la explotación económica era el
22 de junio de 1973, por lo que los interesados debían acreditar, en ese mismo
plazo, la situación de fuerza mayor que impedía el inicio oportuno de la
explotación, lo que tampoco ocurrió.

53. La administración también señaló que, aunque en la zona se habían
presentado “brotes de violencia ellos no han sido de carácter permanente o
de tal magnitud que impidan toda actividad minera”, al punto de que existían
pequeña minería y algunas empresas explotaban la zona, situación que
tampoco fue controvertida por los demandantes.

54. De igual manera se advierte que, a pesar de que los demandantes
afirmaron: “todo intento de explotación de los yacimientos por parte de mis
poderdantes era obstaculizado por las fuerzas ilegítimas que imperan en [la]
región”, no existe una sola prueba que indique que los demandantes, en
efecto, realizaron algún “intento de explotación”, en cualquier momento,
antes o después de 1969, de1972, o para la fecha de expedición de los actos
administrativos. Por el contrario, los medios de prueba dan cuenta de la total
ausencia y desconocimiento de los solicitantes en la zona de influencia y de
su completa inactividad. Realidad que no fue desvirtuada, ni siquiera
controvertida por los demandantes.

55. Como se advierte en su parte considerativa, a propósito de la alegada
fuerza mayor, la Resolución 180627 de 1 de junio de 2004 señaló que los
peticionarios basaron la solicitud de “fuerza mayor en razones de índole
económica y de orden público; posteriormente, en razones de orden público
y luego en razones climática y por último en razones de orden público y
climático juntas, sin que a lo largo de estos treinta y tres (33) años transcurridos
desde la prestación de la solicitud, hayan probado de forma oportuna y
fehaciente, ninguna de ellas”.

56. Sobre los motivos de orden económico o climático no existe ninguna
prueba o tan siquiera reproche de los demandantes. Si bien existió un esfuerzo
probatorio dirigido a demostrar problemas de orden público en la región,
como elemento configurativo de la fuerza mayor alegada, las pruebas que
obran en el expediente comienzan por referirse a una primera certificación,
de 1 de enero de 1978, del alcalde del municipio de Simití, como prueba de
la alegada fuerza mayor. Dicha certificación no solo está desacreditada por
el hecho de que las minas no se encuentran en el área de esa entidad
territorial, sino porque, con independencia de su eventual ubicación, lo cierto
es que, para el momento en el que se configuró el supuesto de hecho de la
norma, esto es, para el 22 de diciembre de 1972 o para el 22 de junio de 1973,
en los términos del Decreto 1275 de 1970, no existe prueba alguna que
acredite la fuerza mayor alegada. Todos los esfuerzos probatorios de los

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Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
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demandantes se dirigieron a tratar de probar los problemas de orden público
en la zona; sin embargo, además de que varios alcaldes informaron que las
minas no se encontraban en su área de influencia, no existe un solo medio de
prueba que permita determinar que, para el 22 de junio de 1973 estaba
configurada la fuerza mayor alegada por los solicitantes.

57. Por otro lado, como lo advirtió la entidad demandada, el Decreto 1635 de
1997, con independencia de su contenido30, tampoco apunta a demostrar la
configuración de la fuerza mayor para el momento en el que se debía
acreditar la existencia de motivos de fuerza mayor o de caso fortuito.

58. Según se advierte, no obra prueba de que, para el momento en el que
era necesario acreditarlo, para la aplicación del régimen de excepción
establecido por la Ley 20 de 1969, existiera una fuerza mayor que impidiera el
inicio de la explotación económica. Lo que implica concluir que los actos
administrativos no fueron indebidamente motivados, como lo alegaron los
demandantes.

59. En el expediente 30477 el demandante señaló que, como el Ministerio de
Minas había aceptado, en actos administrativos previos al acto demandado
en este proceso, que se habían demostrado las razones de la fuerza mayor
alegada, no le era dable resolver luego sobre una misma decisión que ya
había adoptado (aunque luego hubiera modificado, en más de una ocasión,
su propia decisión).

60. Al respecto se debe tener en cuenta que, al igual que lo dispuesto en el
actual Código de Minas (Ley 685 de 2001), el anterior Código de Minas
(Decreto 2655 de 1988) estableció un “sistema de inscripción, autenticidad y
publicidad de los actos de la administración y de los particulares que tengan
por objeto o guarden relación con el derecho a explorar y explotar el suelo o
subsuelo mineros un tratamiento”, conocido como el Registro Minero (artículo
289). A propósito de los títulos mineros, el artículo 17 señaló que “mientras su
título no sea inscrito en el Registro Minero [el solicitante] no podrá alegar
ninguna situación subjetiva y concreta, oponible a la administración, ni frente
a nuevas disposiciones legales que modifiquen o eliminen los sistemas de
exploración y explotación mineras”. En el mismo sentido, el artículo 293 del
Decreto 2655 de 1988, sobre la validez de los títulos, señaló: “Ningún título
minero o acto que lo modifique, cancele o grave tendrá efecto respecto de
terceros sin su inscripción en el Registro Minero”.

61. En el expediente administrativo se advierte que, cuando los peticionarios
solicitaron que se inscribiera en el Registro Minero las decisiones previas

30 Como lo advirtió la entidad demandada, en efecto este acto administrativo delimitó zonas de alto riesgo por

razones de orden público, en el territorio nacional, para el cumplimiento del artículo 17 del Decreto 2329 de 1995,
esto eso, para la selección de personal por mérito, en carrera administrativa.

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Decisión: Negar las pretensiones
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adoptadas por el Ministerio, este los requirió para que complementaran su
información, información que no pudo ser complementada por los solicitantes,
lo que llevó a que los actos en los que se decidió sobre el reconocimiento de
la fuerza mayor (Resolución 1755 de 11 de octubre de 1979 y Resolución 80170,
de 12 de febrero de 1996), no resolvieran una situación subjetiva y concreta
que resultara oponible, pues nunca fueron inscritos en el Registro Minero; por
lo que la entidad, cuando, en los actos administrativos demandados,
finalmente decidió sobre la solicitud 26 de 1972, no solo estaba habilitada para
hacerlo y podía pronunciarse sino que debía proceder de esa manera para
culminar un procedimiento administrativo que debía terminar con la
inscripción en el correspondiente Registro.

62. En lo que respecta a la alegada violación al debido proceso, por la falta
de notificación de la actuación administrativa y por la “omisión de decretar
un periodo probatorio”, se advierte, primero que todo, que el procedimiento
establecido en el Decreto 1275 de 1970, en especial en su artículo 15, que llevó
a que el Ministerio declarara que no habían concurrido las circunstancias de
fuerza mayor, se produjo por la solicitud de los interesados. Además, las
Resoluciones demandadas son el resultado de la solicitud de reconocimiento
de la propiedad privada que, desde el 22 de diciembre de 1972 se elevó a
favor de los herederos de Juan de Dios Illera, por lo que la administración
adelantó un procedimiento administrativo que era conocido por los
demandantes, al punto que estaba dando respuesta a una solicitud elevada
por ellos mismos.

63. En segunda medida, en lo relativo a la supuesta omisión de un periodo
probatorio, esta Sala advierte que, desde el inicio del procedimiento
administrativo, el Ministerio les pidió a los interesados, en repetidísimas
ocasiones, que acreditaran los requisitos normativos exigidos. Desde el 21 de
febrero de 1973 el Ministerio solicitó a los interesados que acreditaran los
hechos a los que se refiere el artículo 9 del Decreto 1275 de 1970, relativo a la
existencia del acto original de adjudicación, el título de adquisición de las
minas y el pago oportuno del impuesto a que se refiere el Decreto 222 de 1932.
De igual manera, requirió a los interesados para que presentaran los linderos
de las minas, ante la dificultad para su identificación, lo que originó que los
interesados solicitaran, en numerosas oportunidades, la ampliación de los
términos y pidieran que se suspendieran las visitas técnicas, visitas que,
finalmente, tuvieron lugar, en más de una ocasión, como se refirió en el
apartado relativo al análisis de las pruebas.

64. En conclusión, tal y como lo identifican los actos administrativos
demandados, “no se probó la iniciación oportuna de la explotación
económica, ni la fuerza mayor alegada por los interesados, según lo previsto
en la Ley 20 de 1969 y su Decreto Reglamentario 1275 de 1970”. Con las
pruebas que obran en el expediente, se demostró que no existía relación entre

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acumulado 11001-03-26-000-2005-00030-01 (30447)
Demandantes: Isabel Illera de Castro y otros
Demandado: Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Negar las pretensiones
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la no explotación de las minas y la fuerza mayor aducida. Tampoco existe
prueba alguna del intento de explotación económica y de que esta se
hubiera visto truncada por motivos de fuerza mayor o de caso fortuito. En
consecuencia, no había lugar a que el Ministerio declarara la propiedad
privada de las minas, y del subsuelo en general, cuando los actores no
demostraron los requisitos normativos necesarios que les permitían acogerse al
régimen de excepción previstos en el artículo 3 de la Ley 20 de 1969.

2.4. Sobre la condena en costas

65. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.

3. DECISIÓN

66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas.

SEGUNDO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el
expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firma electrónica Firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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