Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2011-00033-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2011-00033-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2011-00033-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
16 de agosto de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
Demandante: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Demandados: CARLOS OSSA ESCOBAR Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN – DECRETO 01 DE 1984
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – INEXISTENCIA
DE CULPA GRAVE
Síntesis del caso: se dirige la demanda contra los exfuncionarios de la Contraloría General
de la República Carlos Ossa Escobar, Teresita Isaza Dávila y Pedro Jesús Ruiz Hazbon
quienes, en ejercicio de sus funciones, habrían obrado con culpa grave en la expedición de
los oficios de fecha 13 y 17 de marzo de 2000 por medio de los cuales se retiró del servicio a
la señora Alma Violeta Sansón Hoyos, quien se encontraba en estado de embarazo, debido
a la supresión del cargo que desempeña en provisionalidad en esa entidad, los actos
administrativos fueron declarados nulos por la jurisdicción contenciosa administrativa quien,
además, ordenó el reintegro de la funcionaria desvinculada y el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir, cuyo monto la entidad demandante pretende recuperar a
través de la presente acción.
Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la
Contraloría General de la República en contra de los señores Carlos Ossa Escobar,
Pedro Jesús Ruiz Hazbon y Teresita Isaza Dávila.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito del 6 de julio de 2011 (fl. 14 cdno. ppal.), la Contraloría General de
la República presentó demanda en acción de repetición (fls. 1 - 14 cdno. ppal.) en
contra de los señores Carlos Ossa Escobar, Pedro Jesús Ruiz Hazbon y Teresita
Isaza Dávila con las siguientes súplicas:
2
Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
Actor: Contraloría General de la República
Repetición
Sentencia de única instancia
“PRIMERA: Que se declare civil y administrativamente responsable a los
ex funcionarios Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR (ex Contralor General de
la República), Dr. PEDRO JESÚS RUIZ HAZBON (ex Director de
Carrera Administrativa) y Dra. TERESITA ISAZA DÁVILA (ex Gerente
del Talento Humano) por los daños y perjuicios ocasionados a la Nación –
Contraloría General de la República, con su conducta gravemente culposa
al suscribir y expedir los escritos de comunicación que retiraron del servicio
a la señora ALMA VIOLETA SANSÓN HOYOS, al resultar condenada
judicialmente la Nación – Contraloría General de la República por el
Consejo de Estado, en fallo del 29 de abril de 2010, que declaró la nulidad
de los oficios 13 y 17 de marzo de 2000, cuando para ese entonces ejercía
el cargo de Contralor General de la República, Director de Carrera
Administrativa y Gerente del Talento Humano respectivamente mediante la
cual se dispuso el retiro del servicio de la señora ALMA VIOLETA
SANSÓN HOYOS; como consecuencia de dicha nulidad, se ordenó el
reintegro de la señora ALMA VIOLETA SANSÓN HOYOS al cargo que
venía ocupando o a otro de igual o superior jerarquía y al pago de los
salarios y prestaciones dejadas de devengar desde la fecha en que se
produzca el reintegro al cargo; y el pago de una indemnización equivalente
a 60 días de salario y las 12 semanas de descanso remunerado.
SEGUNDA: Que se condene al Dr. CARLOS OSSA ESCOBAR, Dr.
PEDRO JESÚS RUIZ HAZBON y Dra. TERESITA ISAZA DÁVILA al pago
y reparación directa de la suma de SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($621.994.365.10), a favor de la
Nación – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; suma de
dinero que pagó esta Entidad a la señora ALMA VIOLETA SANSÓN
HOYOS para hacer efectiva la codena proferida por el H. Consejo de
Estado o a lo que resultare probado en el proceso.
TERCERA: Que sobre la suma equivalente a SEISCIENTOS VEINTIÚN
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($621.994.365.10),
que se le ordene reintegrar a favor de la Nación – Contraloría General de
la República, se condene a los demandados, a pagar intereses
comerciales desde la fecha de ejecutoria de la providencia que ponga fin a
este proceso, hasta que dicho pago se haga efectivo.
CUARTA: Que se condene en costas a los demandados ” (fl. 2, cdno. ppal.
– mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se expuso, en síntesis, lo siguiente:
1) La señora Alma Violeta Sansón Hoyos fue vinculada en provisionalidad a la
Contraloría General de la República el 3 de marzo de 1999 mediante la Resolución
No. 01663, por el término de 4 meses en el cargo de Jefe de División Seccional Nivel
Ejecutivo grado 14 en la Jurisdicción Coactiva Dirección Seccional de Córdoba.
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Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
Actor: Contraloría General de la República
Repetición
Sentencia de única instancia
2) Mediante el Decreto 271 de 2000 se reestructuró la planta de personal de la
Contraloría General de la República y como consecuencia de ello se dispuso la
supresión de algunos cargos, entre estos, el que ocupaba la señora Alma Violeta
Sansón Hoyos.
3) Por lo anterior, mediante oficio de 13 de marzo de 2000 el Contralor General de la
República le comunicó a la señora Sansón Hoyos su retiro de la entidad por
supresión del cargo y, por oficio del 17 de esos mismos mes y año le informó que
debido a que se encontraba en estado de embarazo le serían cancelados los salarios
y prestaciones por el periodo comprendido entre la fecha de retiro y los tres meses
posteriores al parto.
4) La señora Alma Violeta Sansón Hoyos demandó la nulidad del referido Decreto
271 de 2000 y de los oficios del 13 y 17 de marzo de 2000 por medio de los cuales le
informaron su retiro del servicio, las pretensiones fueron negadas en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
Sin embargo, el 29 de abril de 2010 el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A revocó la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de los
oficios de 13 y 17 de marzo de 2000, ordenó el reintegro de la señora Alma Violeta
Sansón Hoyos a un cargo de igual o superior jerarquía, condenó a la entidad al pago
de los salarios y prestaciones dejados de percibir y, de una indemnización
equivalente a 60 días de salario y de 12 semanas de descanso.
5) La entidad cumplió lo ordenado a través de la Resolución no.1109 de 3 de
noviembre de 2010, reintegró en provisionalidad a la señora Alma Violeta Sansón
Hoyos en el cargo de coordinador de gestión, nivel ejecutivo, grado 01 en la
Gerencia Departamental de Sucre y por medio de la Resolución no. 009699 de 28 de
diciembre de 2010 le reconoció y dispuso un pago por la suma de $621’994.365,10
en su a favor, pago que se realizó una vez efectuados los descuentos de ley el 27 de
enero de 2011 mediante transferencia interbancaria a la cuenta no. 156000655654
del Banco Davivienda.
6) Por acta no. 04 de 30 de marzo de 2011 el Comité de Conciliación de la
Contraloría General de la República decidió repetir contra los aquí demandados.
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Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
Actor: Contraloría General de la República
Repetición
Sentencia de única instancia
3. Fundamentos de la demanda
En la demanda se invocó como sustento jurídico lo previsto en los artículos 2, 6, 25,
83, 90, 124 y 207 de la Constitución Política y el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo, y en cuanto a la responsabilidad de los demandados expuso lo
siguiente:
1) Los demandados con la decisión de retirar del servicio a la señora Alma Violeta
Sansón Hoyos incurrieron en culpa grave, por cuanto fueron quienes determinaron
qué personas eran las que se debían separar del servicio debido a la
reestructuración efectuada en la Contraloría General de la República; el Consejo de
Estado declaró la nulidad de los referidos oficios del 13 y 17 de marzo de 2000 con
base en que el nominador no podía ejercer válidamente la potestad de libre
nombramiento y remoción de dicha funcionaria porque conocía que se encontraba en
estado de embarazo al momento del retiro, la funcionaria así lo había informado a la
administración.
2) Al la señora Sansón Hoyos la amparaba la norma del inciso primero del artículo 46
del Decreto 268 de 2000 que prevé la protección a las mujeres que se encuentren en
estado de embarazo en provisionalidad o en periodos de prueba desempeñando un
cargo de carrera administrativa; no obstante, los demandados aplicaron el inciso
tercero de la norma citada referente a una situación de hecho distinta porque alude a
la remoción de funcionarias en carrera administrativa por supresión del cargo,
quienes deben ser removidas aunque se encuentren en estado de embarazo por la
imposibilidad de ser incorporadas en la nueva planta de personal, esto indica que los
demandados interpretaron de manera errónea la norma aplicable al caso concreto,
situación que configura un comportamiento gravemente culposo debido a que no
protegieron ni garantizaron los derechos constitucionales y legales de la empelada
que se encontraba en estado de gestación.
En otros términos, lo que configuró la conducta gravemente culposa de los
demandados fue “haberle dado a la norma aplicable al caso un alcance diferente al
que legalmente tenía al imprimir al caso la parte de la norma que no debía aplicarse
y, además, porque al prescindir de los servicios de la señora Alma Violeta Sansón
Hoyos sin ninguna motivación válida se entiende que el retiro del servicio se efectuó
por motivos del embarazo” (fl 10 cdno ppal.).
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Actor: Contraloría General de la República
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4. Contestación de la demanda
La demanda de la referencia fue admitida en única instancia el 25 de julio de 2011
(fls. 62 y 63), providencia en la que se ordenó la notificación personal de los señores
Carlos Ossa Escobar, Pedro Jesús Ruiz Hazbon y Teresita Isaza Dávila.
4.1 Teresita de Jesús Isaza Dávila
Contestó la demanda de manera oportuna a través de apoderado judicial y se opuso
a las pretensiones (fls. 154-157, cdno. ppal.), para cuyo efecto propuso las siguientes
excepciones:
1) “Falta de requisitos de la demanda derivada de la insuficiencia probatoria”, porque
la parte actora no acreditó el pago total de lo debido en favor de un tercero, en el
proceso no está demostrado que la obligación derivada de la sentencia condenatoria
se hubiera extinguido, porque el paz y salvo allegado a la entidad por el apoderado
de la señora Sansón Hoyos no tiene la constancia de recibido formal por parte de la
entidad actora.
2) “Ausencia de culpa grave o dolo”, toda vez que no existe prueba alguna que
acredite que en su condición de gerente de Talento Humano de la Contraloría
General de la República participara en el trámite de retiro a la señora Sansón Hoyos.
3) “Improcedencia de la acción de repetición”, dado que no se acreditó el pago total y
efectivo de la condena y tampoco una conducta dolosa o gravemente culposa de su
parte, por ende, no se cumplen los requisitos para que prospere la acción de
repetición en su contra.
4) “Genérica”, la que resulte demostrada en el trámite del presente asunto.
Finalmente, refirió que la entidad demandante en los hechos de la demanda se limitó
a mencionar su nombre, empero, no justificó de modo alguno que “ella conocía la
situación que dio origen a estas diligencias y que con base en esto obró de
manera dolosa o gravemente culposa” (fl. 157 cdno. ppal. – negrillas y subrayado
del original).
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Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
Actor: Contraloría General de la República
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4.2 Carlos Ossa Escobar
Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda (fls 164 a 178,
cdno. ppal.), por estimar que carecen de respaldo fáctico, con relación a los hechos
manifestó que no le constaban y que se atenía a lo que resultare probado en el
proceso, también propuso como excepciones las que a continuación se relacionan:
1) “Falta de requisitos de la demanda derivada de la insuficiencia probatoria”, por
cuanto la entidad actora no demostró el pago total de lo debido pues, si bien allegó
un paz y salvo suscrito por el apoderado de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos,
en dicho documento en forma manuscrita se lee: “me reservo derecho a reclamar
por vía judicial y/o administrativa”, lo cual significa que tanto la demandante como
el apoderado no quedaron conformes con el pago (fl. 166 cdno. ppal. - negrillas del
texto original).
2) “Ausencia de culpa grave o dolo”, por razón de que no hubo dolo ni culpa grave de
su parte; la desvinculación de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos se debió a la
reestructuración de la planta de personal de la Contraloría General de la República
mediante el Decreto 271 de 2000, como consecuencia de ello se suprimieron
algunos cargos, entre ellos, el que desempeñaba esa funcionaria, razón por la cual
en la comunicación de retiro se le indicó que en atención a su estado de embarazo,
de acuerdo con la interpretación de las normas legales dadas por los abogados de la
entidad, le serían cancelados los salarios y prestaciones por el término comprendido
entre la fecha de su retiro y tres meses posteriores al parto.
3) “Improcedencia de la acción de repetición”, debido a que no está acreditado el
pago total de lo debido y tampoco la existencia de una conducta dolosa o
gravemente culposa, por lo tanto, no es posible que prospere la presente acción de
repetición en su contra.
4) “Genérica”, la que resulte demostrada en el trámite del presente asunto.
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Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
Actor: Contraloría General de la República
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4.3 Pedro Jesús Ruiz Hazbon
El demandado Pedro Jesús Ruiz Hazbon (fls. 146 a 148, cdno. ppal.) fue
representado por curador ad litem1 quien se opuso a las pretensiones de la demanda
y señaló que se atenía a lo que resultare probado en el curso del presente proceso.
5. Alegatos de conclusión
El 6 de septiembre de 2021 (índice 113 SAMAI), en aplicación del inciso quinto del
artículo 212 del Código de lo Contencioso Administrativo, se corrió traslado a las
partes por el término común de diez (10) para que presentaran sus alegatos de
conclusión por escrito y, al Ministerio Público para que rindiera concepto.
1) La demandada Teresita Isaza Dávila (índice 120 SAMAI), reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y resaltó lo dicho en este proceso por el
testigo Dagoberto Quiroga Collazos, Jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría
General de la República para la época de los hechos, quien expresó que “dentro del
proceso de reestructuración realizado en la entidad y por el cual se suprimieron una
serie de cargos de esta, se actuó de conformidad con las normas y jurisprudencia
vigentes en ese momento, dado lo cual se reafirma la ausencia de responsabilidad”
(fl. 2 índice 120 SAMAI).
2) La parte actora y los demás demandados guardaron silencio.
3) El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó desestimar las
pretensiones de la demanda (índice 123 SAMAI) por lo siguiente:
a) No existe prueba que acredite la calidad de los demandados como servidores
públicos para la época de los hechos, sin embargo, está demostrado que los oficios
de fecha 13 y 17 de marzo de 2000, anulados por el juez contencioso administrativo,
fueron suscritos por el señor Carlos Ossa Escobar en la condición de Contralor
General de la República, en ese sentido solo habría lugar a examinar la procedencia
del presente asunto respecto de ese agente estatal.
1
Por auto de 8 de noviembre (fl. 111 cdno. ppal.) se dispuso el emplazamiento del demandado, el
edicto fue fijado el 30 de enero de 2014 (fls. 114 y 119 cdno. ppal.), el 10 de febrero y 30 de mayo de
2014 la entidad cumplió con lo ordenado y allegó la constancia del edicto emplazatorio realizado en el
diario El Tiempo (fol. 115 – 116 y 121-122, cdno. ppal.), por auto de 6 de agosto de 2015 se designó
curador ad litem, (fol. 139-142, c. ppal.) quien una vez posesionado contestó la demanda (fol. 145,
cdno ppal.).
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Sentencia de única instancia
b) Si bien las pruebas que obran en el expediente acreditan los elementos objetivos
para la procedencia de la acción de repetición, no acontece lo mismo con el subjetivo
por cuanto: (i) el retiro de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos fue consecuencia
directa de la supresión del cargo dispuesta por el Presidente de la República
mediante el Decreto 271 de 22 de febrero de 2000, hecho del cual no se puede
derivar el ánimo de afectar su situación laboral, toda vez que fueron varios los cargos
suprimidos y por ende varios los servidores retirados de la entidad; (ii) el oficio de 13
de marzo de 2000, suscrito por el entonces Contralor de la República Carlos Ossa
Escobar, simplemente demuestra el hecho de la comunicación realizada a la señora
Alma Violeta Sansón acerca de lo dispuesto por el Decreto 271 de 2000, sin que
pueda enmarcarse en un comportamiento contrario a derecho y menos calificarse
como una actuación negligente y desprovista de toda justificación; (iii) el oficio de 17
de marzo de 2000, también suscrito por Carlos Ossa Escobar, es solo el
cumplimiento de una normativa legal y reglamentaria que permitía “por razones del
buen servicio suprimir el cargo ocupado por una empleada en estado de embarazo y
a manera de compensación, reconocerle una indemnización que involucrara el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro y
tres meses posteriores al parto”(fl. 32 índice 123 SAMAI), aquel documento precisa
que en razón de la especial asistencia y protección del Estado a la mujer
embarazada, con fundamento en el artículo 46 del Decreto 268 de 2000 y la
sentencia de la Corte Constitucional C-199 de 1999, le serían reconocidos a dicha
servidora los salarios y prestaciones sociales desde la fecha de retiro y tres meses
posteriores al parto (índice 123 SAMAI); (iv) el entonces Contralor General de la
República, mediante la Resolución no. 05046 de 9 de marzo de 2000 conformó el
Comité de Reestructuración y expidió el reglamento para el pago de las
indemnizaciones por retiro del servicio por la supresión de empleos de la entidad,
dicho comité era integrado, entre otros, por el gerente de Talento Humano y el
director de la Oficina Jurídica con el fin de elaborar y revisar las comunicaciones de
retiro antes de que fueran firmadas por él, en las decisiones de retiro se tuvo en
cuenta lo establecido por el artículo 46 del Decreto 268 de 2000 y lo señalado por la
sentencia de la Corte Constitucional C-199 de 1999, para los casos de supresión de
los cargos de carrera cuyo titular fuera una empleada que se encontrara en estado
de embarazo; (v) el señor Dagoberto Quiroga Collazos, Director Jurídico de la
Contraloría General de la República para la época de los hechos, en testimonio
rendido en este proceso afirmó que como el demandando Carlos Ossa Escobar no
era abogado, delegó en su equipo asesor lo concerniente a la reestructuración del
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Repetición
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órgano de control fiscal en su componente general en la Oficina Jurídica de la
entidad liderado por el señor Édgar González Salas, por lo tanto, este equipo fue
quien se encargó de establecer los criterios jurídicos respecto de la supresión de
cargos, provisionalidades e incorporaciones a la planta de acuerdo a la Ley 443 de
1998 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia en ese
momento; (vi) pese a que los oficios de 13 y 17 de marzo fueron anulados por el
Consejo de Estado con base en que la protección a la mujer gestante implicaba
prorrogar el nombramiento en provisionalidad de esta más el pago de la respectiva
indemnización, existía disparidad de opiniones y opciones en el operador judicial, esa
discrepancia frente a la interpretación normativa impedía atribuirle culpa grave
endilgada al demandado Carlos Ossa Escobar y, por el contrario, permitía probar una
conducta diligente y cuidadosa de su parte en la toma de esa clase de decisiones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, el contenido y alcance de la
controversia planteada consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios
para atribuirle responsabilidad a los señores Carlos Ossa Escobar, Teresita Isaza
Dávila y Pedro Jesús Ruiz Hazbon a partir de la conducta asumida con la expedición
de los oficios del 13 y 17 de marzo de 2000 que comunicaron el retiro del servicio a
2
Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la acción de repetición debe presentarse dentro de los
dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad
pública, en consonancia con los criterios dados en la sentencia C-832 de 2001 de la Corte
Constitucional para la aplicación del numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se
realice el pago o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177
inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.
En el asunto objeto de estudio la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 23 de agosto de 2010
(fl. 30 vlto. cdno. ppal.), el pago de la condena se materializó el 29 de diciembre de 2010 (fls.52 a 54
cdno. ppal.) dentro del término de los 18 meses establecidos en el artículo 177 del CCA, en ese orden
la entidad tenía plazo para presentar la demanda de repetición a más tardar hasta el 30 de diciembre
de 2012, pero como fue radicada el día 6 de julio de 2011, lo fue dentro del término fijado en la ley
para ello (fl. 14 cdno. ppal.).
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la señora Alma Violeta Sansón Hoyos del cargo de jefe de división seccional nivel
ejecutivo grado 14 en la División de Jurisdicción Coactiva – Dirección Seccional de
Córdoba de la Contraloría General de la República que desempeñaba en
provisionalidad, cuya nulidad fue decretada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado quien, en sentencia del 29 de abril de 2010 ordenó,
a título de restablecimiento del derecho, el reintegro laboral de la funcionaria
afectada, lo mismo que el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir por esta, indemnización que tuvo que asumir la Contraloría General de la
República.
La parte demandante alega que dichos demandados por el hecho de retirar del
servicio a la señora Alma Violeta Sansón Hoyos, quien se encontraba en estado de
embarazo, incurrieron en culpa grave por una indebida aplicación del artículo 46 del
Decreto 268 de 2000 ya que, en lugar observar el inciso primero de ese precepto que
contempla la protección a las mujeres que se encuentren en estado gestación y
desempeñan un empleo en provisionalidad, acudieron al inciso tercero de la norma
citada, es decir, le dieron un alcance diferente al que legalmente tenía, además, al
prescindir de los servicios de aquella empleada pública sin ninguna motivación válida
se entiende que el retiro del servicio se efectuó por motivos del embarazo.
La Sala negará las pretensiones de la demanda toda vez que, respecto de los
demandados Teresita Isaza Dávila y Pedro Jesús Ruiz Hazbon no se acreditó la
condición de agentes estatales para la época de los hechos y, en relación con Carlos
Ossa Escobar no se probó que incurriera en un comportamiento gravemente
culposo.
Para lo anterior, la Sala determinará, primero, si los elementos objetivos de la acción
de repetición consistentes en la existencia de la condena y el pago se hallan
acreditados y, posteriormente, verificará si los demandados obraron con culpa grave
en la causación del desmedro patrimonial por el cual la Contraloría General de la
República fue condenada a indemnizar perjuicios en favor de la señora Alma Violeta
Sansón Hoyos.
2. Análisis del caso
Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden:
1) generalidades de la acción de repetición, 2) la existencia de una condena judicial o
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de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, y 4) la calificación de la
conducta de los demandados.
2.1 Generalidades de la acción de repetición
El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a
reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este3, de igual manera,
la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más
reciente en la Ley 678 de 2001.
En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena
al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a
la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa
del agente como factor determinante de la condena.
2.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio
Para la Sala no hay duda acerca de la existencia de una condena judicial impuesta
en contra de la parte actora consistente en pagar una suma de dinero pues, obra en
el proceso la copia de la sentencia de 29 de abril de 2010 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en sede de
apelación, declaró la nulidad de los oficios de fecha 13 y 17 de marzo de 2000
expedidos por el entonces Contralor General de la República Carlos Ossa Escobar
que retiraron del servicio a la señora Alma Violeta Sansón Hoyos del cargo (en
provisionalidad) de jefe de división seccional nivel ejecutivo grado 14 en la División
de Jurisdicción Coactiva – Dirección Seccional de Córdoba que desempeñaba en la
entidad y, como consecuencia, ordenó a título de restablecimiento del derecho el
reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
por esta (fls. 19 a 29 cdno. ppal.), la decisión quedó ejecutoriada el 23 de agosto de
2010 (fl. 30 vlto ibidem).
3
Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado el
Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
12
Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
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2.3 La acreditación del pago
El pago de la condena se soporta pluralmente en los siguientes documentos:
1) La Resolución no. 009699 de 28 de diciembre de 2010 expedida por la Gerencia
de Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría General de la República
mediante la “cual se reconoce y ordena el gasto para el cumplimiento de la sentencia
a favor de Alma Violeta Sansón Hoyos” por valor de $621’994.365,10, suma a la cual
la Dirección Financiera de la entidad debía efectuar los descuentos de ley a que
hubiera lugar (fls. 32 a 51 cdno. ppal.)
2) Copia del Registro Presupuestal del Compromiso no. 3391 de 28 de diciembre de
2010 de la Unidad Ejecutora – Contraloría General de la República, a través del cual
se dispusieron los recursos y se ordenó la transferencia a la cuenta bancaria no.
156000655654 del Banco Davivienda cuyo titular es la señora Alma Violeta Sansón
Hoyos por la suma de $621’994.365,10 (fl. 52 cdno. Ppal.).
3) La orden de pago no. 10356 de 28 de diciembre de 2010 expedida la Contraloría
General de la República con el objeto de “PAGO SENTENCIA CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO SECCIÓN SEGUNDA 1310 08 DEL
29/04/10 S/G RESOLUCIÓN 9699 DE 28/12/2010”, por un valor de $621’994.365,10,
para ser cancelado a la señora Alma Violeta Sansón Hoyos, en dicha orden se
dispuso como “fecha límite de pago: 2010/12/29” (fl. 53 cdno. ppal.).
4) Paz y salvo suscrito por el abogado Joaquín Felipe Negrette Sepúlveda en la
condición de apoderado de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos quien, hizo constar
que el día 29 de diciembre de 2010, a través de transferencia interbancaria a la
cuenta número 156000655654 del Banco Davivienda, le fue consignada, una vez
efectuadas las deducciones de ley, la suma de $554’353.374,10 por concepto del
pago ordenado en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de
2010 a favor de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos (fl. 54 cdno. ppal.)
Los documentos antes señalados en su conjunto permiten a la Sala concluir,
inequívocamente, que la condena impuesta a la entidad en sentencia de 29 de abril
13
Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
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de 2010 dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
fue efectivamente cancelada a la beneficiaria.
Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el demandado Carlos Ossa Escobar,
referente a que en el paz y salvo aportado por el apoderado de la señora Alma
Violeta Sansón Hoyos, este se reservó el derecho a reclamar por vía judicial y/o
administrativa, en el proceso no obra prueba de que se haya iniciado acción alguna
al respecto y, de otra parte, si bien en dicho documento de señaló que el pago
recibido ascendió a la suma de $554’353.374,10, lo cierto es que la Resolución no.
10356 de 28 de diciembre de 2010 que dispuso y ordenó dicho pago, también ordenó
que a la indemnización reconocida por valor de $621’994.365,10 debían efectuársele
los descuentos de ley.
Se trata entonces de documentos que constituyen elementos idóneos que
demuestran el pago total de la referida condena, acorde igualmente con lo señalado
por esta Subsección que en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe
disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del
acreedor, y que otros medios de prueba tales como documentos públicos con
presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado requisito4.
2.4 Calificación de la conducta de los demandados
La Sala pasa a analizar la conducta de los demandados y la posibilidad de calificarla
como gravemente culposa con sustento en el siguiente derrotero: 1) régimen
aplicable, 2) hechos probados y, 3) análisis de la conducta de los demandados.
2.4.1 Régimen aplicable
Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe tenerse en cuenta
que los hechos se refieren a la actuación de los señores Carlos Ossa Escobar,
Teresita Isaza Dávila y Pedro Jesús Ruiz Hazbon en las condiciones de Contralor
General de la República, gerente de Talento Humano y director de Carrera
Administrativa, respectivamente, quienes emitieron los siguientes actos
administrativos: (i) oficio del 13 de marzo de 2000, mediante el cual se le comunicó a
la señora Alma Violeta Sansón Hoyos su retiro del servicio de la entidad por
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente
número 45522 MP Martín Bermúdez Muñoz.
14
Exp. No. 11001-03-26-000-2011-00033-00 (41.414)
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supresión del cargo que desempeñaba y, (ii) el oficio del 17 de marzo de 2000, que
le informó a la funcionaria que debido a su estado de embarazo le serían cancelados
los salarios y prestaciones sociales por el término comprendido entre la fecha de
retiro y los tres meses posteriores al parto.
Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos aún no estaba vigente la Ley
678 de 20015 no es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al
principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional pues, las conductas
solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron
cometidas.
De manera que en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del
Decreto-ley 01 de 1984 las conductas se analizarán al tenor del artículo 63 del
Código Civil, pero, teniendo en cuenta las particularidades del caso en armonía con
los artículos 6 y 90 de la Constitución Política de 1991 relativos a la responsabilidad
de los servidores públicos.
2.4.2 Hechos probados
Las pruebas válidamente recaudadas6 demuestran los siguientes hechos relevantes
para la decisión del caso:
1) Según acta de posesión no. 0009 de 24 de marzo de 1999, la señora Alma Violeta
Sansón Hoyos fue nombrada en provisionalidad mediante la Resolución no. 01065
de 3 de marzo de 1999 en el cargo de jefe de división seccional, nivel ejecutivo,
grado 14 en la División de Jurisdicción Coactiva – Dirección Seccional Córdoba (fls.
18, 19 y 341 cdno. 1).
2) El Presidente de la Republica expidió el Decreto 271 de 22 de febrero de 2000
“por el cual se establec[ió] la planta de personal de la Contraloría General de la
Republica” y suprimió “doscientos sesenta y uno (261)” cargos, entre estos, el de
5
Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
6
Por auto del 13 de febrero de 2018 (fls. 197 a 199, cdno. ppal.), se abrió el proceso a pruebas y se
decretaron como tales los documentos aportados con la demanda (fls. 19 a 59, cdno. ppal.). En
relación con los demandados se señaló que los señores Pedro Ruiz Hazbon, representado por
curador ad litem, y Teresita Isaza Dávila no solicitaron pruebas, se decretó el testimonio del señor
Dagoberto Quiroga Collazos solicitado por el señor Carlos Ossa Escobar, y de oficio se dispuso oficiar
al Tribunal Administrativo de Córdoba para que allegara en calidad de préstamo el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 23001-23-31-000-2000-02727-02 (1310-08).
15
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“jefe de división seccional – grado 14” y estableció la nueva planta de personal de
esa entidad (fls. 113 a 117 cdno. 1).
3) Por lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 44 del Decreto-ley
268 de 2000, mediante la Resolución no. 05046 de 9 de marzo de 2000 el entonces
Contralor General de la República Carlos Ossa Escobar expidió “el reglamento para
el pago de las indemnizaciones por retiro del servicio por la supresión de Empleos en
la Contraloría General de la República” (fls. 28 a 33 cdno. 1) conforme a lo siguiente:
“Artículo Primero: Adoptar como en efecto lo hace el reglamento para el
pago de las indemnizaciones por supresión de empleos de la Contraloría
General de la República, conforme lo señala el artículo 44 de la Ley 268 de
2000 de la siguiente manera:
(...).
Las indemnizaciones correspondientes a los empleos de la Contraloría
General de la República a quienes se les haya suprimido el empleo, se
regirán por las disposiciones contempladas en la Ley 443 de 1998 y su
Decreto Reglamentario 1572 de 1998, Título V, artículos 133 a 147 y se
tramitaran conforme al siguiente reglamento:
Trámite que se adelantará:
Para llevar a cabo el proceso de desvinculación por supresión del empleo,
se procederá de la siguiente manera:
El Comité de reestructuración que por la presente resolución se crea,
estará conformado por el Contralor General de la República, Vicecontralor,
Director de Sistemas, Director de Planeación, Gerente de Talento Humano
y Director de la Oficina Jurídica y será el encargado de elaborar y revisar
las comunicaciones de retiro para que sean firmadas por el Contralor
General de la República.
Pago de las indemnizaciones:
(...).
Cuando por razones del servicio deba suprimirse un cargo de carrera cuyo
titular sea una empleada de carrera que se encuentre en estado de
embarazo y habiendo optado por la incorporación ésta no fuere posible,
además de la indemnización tendrá derecho conforme con lo señalado en
el artículo 137 del Decreto 1572/98, la entidad deberá pagarle, a título de
indemnización por maternidad, el valor de doce (12) semanas por concepto
de licencia remunerada.
En honor a la protección constitucional de la maternidad, prohijada por el
artículo 46 del Decreto 268 de 2000 y por la sentencia C-199 de 1999,
proferida por la Corte Constitucional, cuando un cargo de carrera deba
suprimirse y se encuentre provisto por una funcionaria en estado de
embarazo mediante nombramiento provisional, deberá pagarse la totalidad
de los salarios y prestaciones por el término comprendido entre la fecha de
retiro y tres meses posteriores al parto.
16
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(...).
El Grupo de liquidadores creados por la Gerencia del Talento Humano,
debe elaborar los proyectos de resolución de liquidación de
indemnizaciones que deben pasar a revisión y visto bueno de la Oficina
Jurídica antes de que sean firmadas por el Contralor General de la
República y luego notificadas a los exfuncionarios a través de la Gerencia
de Talento Humano y de los Gerentes Departamentales”.
4) Como consecuencia de la supresión de cargos por la restructuración de la
Contraloría General de la República, a través de un oficio del 13 de marzo de 2000 el
contralor general Carlos Ossa Escobar le informó a la señora Alma Violeta Sansón
Hoyos (fl. 54 cdno. 1) lo siguiente:
“De manera atenta me permito comunicarle que mediante Decreto 271 de
febrero 22 de 2000, fue establecida la planta de personal de la Contraloría
General de la República.
Conforme al artículo primero del precitado Decreto, el cargo que usted
venía ejerciendo fue suprimido, haciéndose efectivo a partir del día 16 de
marzo de 2000, fecha en la cual usted queda retirada del servicio”.
5) En vista de que la señora Alma Violeta Sansón se encontraba en estado de
embarazo, el 17 de marzo de 2000 dicho funcionario le informó lo siguiente:
“De manera atenta me permito comunicarle que mediante el Decreto Ley
271 de febrero 22 de 2000, fue establecida la planta de personal de la
Contraloría General de la República.
Conforme a lo señalado en el artículo 1 del citado Decreto Ley, el cargo
que usted venía desempeñando en provisionalidad, fue suprimido,
haciéndose efectiva a partir del día en que se le comunicó, fecha en la cual
queda retirada del servicio.
No obstante, lo anterior, y en consideración a la especial asistencia y
protección que el Estado debe brindar a la mujer embarazada otorgada por
el artículo 43 de la Constitución Política, prohijada por el artículo 46 del
Decreto 268 de 2000 y por la Sentencia C-199 de 1999, emanada de la
Corte Constitucional, la Contraloría General de la República, le cancelará
la totalidad de los salarios y prestaciones sociales por el término
comprendido entre la fecha de retiro y tres meses posteriores al parto” (fl.
63 cdno. 1).
6) Contra el mencionado Decreto 271 de 22 de febrero de 2000 y los señalados
oficios de 13 y 17 de marzo de 2000, la señora Alma Violeta Sansón Hoyos presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que fuesen anulados, se
ordenara su reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir (fls. 1 a 15 cdno. 1) con sustento en que los cargos de “falsa motivación,
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desviación de poder y violación al debido proceso”, por cuanto se le desconoció “la
especial protección al estado de maternidad en que se encontraba”.
7) El 26 de febrero de 2008, el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Primera de
Decisión negó las pretensiones de la demanda (fls. 517 a 518 cdno. 1) con
fundamento en que a la funcionaria retirada no se le violó ningún derecho y que su
retiro se ajustó a la normatividad legal pertinente debido a la reestructuración de la
entidad ordenada por el Decreto 271 de 2000, aunado al hecho de que a la señora
Sansón Hoyos en razón de su condición de vinculada en provisionalidad no tenía la
opción de optar por la incorporación o la indemnización, sino que, dado su estado de
embarazo, por disposición del artículo 46 del Decreto 268 de 2000 tenía derecho a la
licencia de maternidad y los sueldos de retiro hasta la fecha del parto y tres meses
siguientes7.
8) La anterior decisión fue revocada en sede de apelación el 29 de abril de 2010 por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (fls. 562 a 580 cdno.
1 y 19 a 28 cdno ppal.) y declaró la nulidad de los oficios de fecha 13 y 17 de marzo
de 2000 con sustento en que: (i) la funcionaria por medio de comunicación enviada a
la administración el 1 de febrero de 2000 había informado su estado de gravidez; (ii)
si bien se encontraba vinculada mediante nombramiento provisional, gozaba de la
protección legal y constitucional de la mujer en embarazo, estaba amparada por el
fuero materno de orden constitucional que prevalecía sobre cualquier otro derecho;
(iii) el nominador no podía ejercer válidamente la potestad de libre nombramiento y
remoción para desvincularla ya que se encontraba en estado de gravidez al
momento en que se expidió la decisión de retiro y, (iv) no se desvirtuó la presunción
según la cual el retiro de la actora tuvo lugar en razón a su estado de embarazo,
razones por las cuales el juez de la nulidad concluyó:
7
Señaló ese tribunal: “[E] en desarrollo de la reorganización y fundado en los referidos estudios,
como expresa en los considerandos, se dictó el Decreto 271, en desarrollo de las finalidades de la
Ley 573 de 2000, y en prevalencia del interés general, se adoptó la planta de empleos y
asignaciones del Órgano de Control Fiscal, y se suprimió entre otros, uno de los cargos de Jefe de
División Seccional Grado 14, que desempeñaba la accionante, pero vinculada en provisionalidad,
aunque en estado de gestación, que fue comunicado oportunamente al nominador (…) Luego
conforme las normas legales pertinentes, a la demandante en razón de su condición de vinculada
en provisionalidad, no le asistía el derecho a optar por la incorporación o la indemnización, sino que,
dado su estado de embarazo, por disposición del artículo 46 del Decreto 268 tenía derecho a la
licencia de maternidad y los sueldos desde el retiro hasta la fecha del parto y tres meses siguientes.
Luego es evidente que no se le vicio ningún derecho y mucho menos puede hablarse que haya
habido desviación de poder en su retiro del servicio, cuando éste se produjo en razón de la
supresión del cargo que ocupaba lo cual es causal expresa de retiro del servicio conforme al artículo
42-11 del Decreto 268 de 2000, que regula la carrera especial administrativa (fls. 524 y 525 cdno. 1
– se resalta).
18
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Actor: Contraloría General de la República
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“En ese orden de ideas, el nominador no podía ejercer válidamente la
potestad de libre nombramiento y remoción para desvincular a la
demandante, ya que está demostrado que se encontraba en estado de
gravidez al momento en que se expidió la decisión de retiro, situación de la
que tenía pleno conocimiento por haberle sido informado por la actora a la
administración. En las anteriores condiciones encuentra la Sala que no
se desvirtuó la presunción según la cual el retiro de la actora tuvo
lugar en razón a su estado de embarazo (artículo 21 del Decreto 3135
de 1968 y artículos 39, 40 y 41 del Decreto 1848 de 1969). Y si bien, se
le comunicó que le sería reconocida una indemnización equivalente a los
salarios y prestaciones dejadas de percibir desde su retiro hasta tres
meses después del parto, lo cierto es como ya estableció, su
nombramiento debía ser prorrogado en los términos del artículo 46
del Decreto 268 de 2000” (fl.572 cdno. 1 y 24 cdno ppal. – se resalta).
En relación con los cargos alegados contra los actos administrativos demandados, el
Consejo de Estado concluyó:
“En consecuencia, el retiro de Alma Violeta Sansón Hoyos, fue
contrario al mandamiento contenido en el artículo 43 de la
Constitución Política invocado en la demanda, que ordena que la mujer
no puede ser sometida a ninguna clase de discriminación, y “durante el
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección
del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviera
desempleada o desamparada”, mandato que encuentra cabal
cumplimiento en las disposiciones legales que desarrollan esa especial
protección.
De esta manera, se incurrió en violación del precepto consagrado en
el artículo 21 del Decreto 3135 de 1968 el cual dispone que durante el
embarazo y los tres meses posteriores al parto solo podrá efectuarse
el retiro por justa causa comprobada por resolución motivada. Sin
tales formalidades se presume que el retiro se ha efectuado por motivo del
embarazo” (fls. 572 a 573 cdno. 1 y 24 a 25 cdno. ppal. – se resalta).
2.4.3 Análisis de la conducta específica de los demandados
1) En las pretensiones de la demanda se solicita que, por vía de repetición, se
declare la responsabilidad de los “ex funcionarios Dr. Carlos Ossa Escobar (ex
Contralor General de la República), Dr. Pedro Jesús Ruiz Hazbon (ex Director de
Carrera Administrativa) y Dra. Teresita Isaza Dávila (ex Gerente de Talento Humano)
por los daños y perjuicios ocasionados a la Nación – Contraloría General de la
República con su conducta gravemente culposa” (fl. 2 cdno. ppal.), no obstante, la
entidad actora no aportó al proceso certificación y/o constancia alguna que acredite
que dichas personas se encontraban vinculados a la Contraloría General de la
República para la época de los hechos.
De este modo, no es viable analizar si los demandados Teresita de Jesús Isaza
Dávila y Pedro Jesús Ruiz Hazbon actuaron con culpa grave pues, respecto de la
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Actor: Contraloría General de la República
Repetición
Sentencia de única instancia
primera, le asiste razón cuando afirma en la contestación de la demanda que no
existen elementos de prueba que permitan establecer que participó en los trámites
de retiro de la funcionaria afectada y, en cuanto al segundo, tampoco existe medio de
convicción que corrobore su relación con los hechos de la demanda.
2) Sin embargo, en relación con el señor Carlos Ossa Escobar, no hay duda de su
condición de Contralor General de la República para la fecha de los hechos que aquí
se debaten, para ello basta con remitirse al contenido de los oficios del 13 y 17 de
marzo de 2000 donde aparece que fueron emitidos por dicho funcionario, los cuales
fueron anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento que dio origen a la condena impuesta a la
entidad actora y por cuyo pago repite en el presente asunto, además, en la
contestación de la demanda dicho demandado no controvirtió que fuera él quien
expidió los actos antes referidos.
3) Aclarado lo anterior, debe precisarse que, según la demandante, el excontralor
General de la República Carlos Ossa Escobar incurrió en culpa grave cuando expidió
los oficios del 13 y 17 de marzo del 2000 pues, al proceder al retiro del servicio de
una funcionaria vinculada en provisionalidad que se encontraba en estado de
embarazo, interpretó de manera errónea el artículo 46 del Decreto 268 de 2000.
En este proceso está demostrado que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 271
de 2000 suprimió algunos cargos de la planta de personal de la Contraloría General
de la República, razón por la cual el entonces Contralor General Carlos Ossa
Escobar en respuesta a la reestructuración ordenada, con apoyo en el artículo 44 de
la Ley 268 de 2000 emitió la Resolución no. 05046 de 9 de marzo del mismo año por
medio de la cual “expidió el reglamento para el pago de las indemnizaciones por
retiro del servicio por la supresión de empleos” en la entidad, y para tales efectos
conformó un comité de reestructuración integrado, entre otros, por el Gerente de
Talento Humano y el Director de la Oficina Jurídica que “ser[ía] el encargado de
elaborar y revisar las comunicaciones de retiro para que [fueran] firmadas por el
Contralor General de la República” de la época.
4) Como consecuencia de aquellos actos administrativos se produjo el retiro del
servicio por supresión de cargos de varios funcionarios de la CGR, entre ellos, aquel
donde se hallaba nombrada en provisionalidad la señora Alma Violeta Sansón Hoyos
quien, además, se encontraba estaba en estado de gestación, por consiguiente, el
20
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Sentencia de única instancia
Contralor General Carlos Ossa Escobar, suscribió el oficio del 13 de marzo de 2000
en el cual le comunicó a esa funcionaria su retiro y el día 17 del mismo mes y año le
indicó que dada la condición especial de protección en la que se hallaba, en
aplicación del artículo 43 de la Constitución Política, los parámetros dados por la
sentencia C-199 de 2000 de la Corte Constitucional y el artículo 46 del Decreto 268
del 2000 se le pagaría la totalidad de los salarios comprendidos entre la fecha de
retiro y tres meses posteriores al parto.
5) Ahora bien, como el punto principal del debate gira entorno a la interpretación del
contenido del artículo 46 del Decreto 268 de 2000 citado en la referida comunicación,
es menester referir a lo que esa norma dispone, así:
“ARTÍCULO 46. PROTECCION A LA MATERNIDAD. Cuando un cargo
de carrera se encuentre provisto con una empleada en estado de
embarazo mediante nombramiento provisional o en período de
prueba, el término de duración de éstos se prorrogará
automáticamente por tres meses más después de la fecha del parto.
Cuando una empleada de carrera, en estado de embarazo obtenga
calificación de servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia
de su nombramiento se producirá dentro de los ocho (8) días calendario
siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad.
Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo
ocupado por una empleada de carrera, en estado de embarazo, y no
fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, además de
la indemnización a que tendría derecho, deberá pagársele la totalidad
de los salarios y prestaciones por el término comprendido entre la
fecha del retiro y tres (3) meses posteriores al parto.
PARÁGRAFO. En todos los casos y para los efectos del presente artículo,
la empleada deberá dar aviso oportuno, por escrito, al nominador con la
presentación de la certificación médica de su estado de embarazo”.
(negrillas fuera de texto).
Aquella norma se complementa con el artículo 628 de la Ley 443 de 19989 "Por la
cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones",
sobre la protección a la maternidad, el cual disponía:
“PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD: Cuando un cargo de carrera se
encuentre provisto con una empleada en estado de embarazo mediante
nombramiento provisional o en período de prueba, el término de duración
de éstos se prorrogará automáticamente por tres meses más después de
la fecha del parto.
Cuando una empleada de carrera, en estado de embarazo obtenga
calificación de servicios no satisfactoria, la declaratoria de insubsistencia
8
Artículo derogado por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004.
9
Normatividad vigente a la fecha de vinculación de la funcionaria Alma Violeta Sansón Hoyos.
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Actor: Contraloría General de la República
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Sentencia de única instancia
de su nombramiento se producirá dentro de los ocho (8) días calendario
siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad.
Cuando por razones del buen servicio deba suprimirse un cargo
ocupado por una empleada de carrera, en estado de embarazo, y no
fuere posible su incorporación en otro igual o equivalente, además de
la indemnización a que tendría derecho, deberá pagársele, a título de
indemnización por maternidad, el valor de las doce (12) semanas de
descanso remunerado a que se tiene derecho como licencia de
maternidad”. (se destaca).
El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-199 de 1999 en el entendimiento de que la
"indemnización básica" incorpora, adicionalmente, la compensación por los salarios
dejados de percibir en el interregno entre el retiro y la fecha del parto, lo mismo que
una adecuada compensación que permita a la mujer embarazada recibir la atención
médica necesaria, los argumentos para aquella conclusión fueron los siguientes:
“La indemnización derivada de la supresión de un cargo de carrera en
favor de su titular, resultará de sumar los factores de resarcimiento
que contemple la ley. El principio de protección a la maternidad, empero,
exige considerar como hecho relevante en términos constitucionales la
situación que rodea a la mujer embarazada que como funcionaria de
carrera pierde su empleo con ocasión de la supresión que se decreta por el
órgano competente.
(…).
Si se considera que bajo el concepto de la “indemnización básica” se
compensa pecuniariamente a la mujer embarazada, además del sacrificio
que representa la pérdida del empleo de carrera, en razón de las sumas y
derechos que deja de devengar y gozar entre la fecha de su retiro y la del
parto, entonces la “indemnización por maternidad” que contempla la
norma, tendría simplemente el sentido de reconocer un resarcimiento
adicional y, por lo tanto, no podría ser objetado, más aún cuando su
propósito sería el de reparar íntegramente un aspecto del sacrificio de la
funcionaria que constitucionalmente, por lo expuesto, no puede ser
preterido. En caso contrario, esto es, si la “indemnización básica”, entre
otros conceptos, no cubre esta eventualidad, la “indemnización por
maternidad” contenida en la disposición, también por los argumentos
expuestos, violaría la Constitución. Por consiguiente, la Corte prohíja el
punto de vista sostenido por el Procurador General de la Nación y, en
la parte resolutiva, proferirá una decisión de exequibilidad
condicionada a que la interpretación del texto demandado se haga en
los términos aquí establecidos, vale decir, bajo el entendido de que la
“indemnización básica” incorpora, adicionalmente, la respectiva
compensación por los salarios dejados de percibir en el interregno
entre el retiro y la fecha del parto, lo mismo que una adecuada
compensación que permita a la mujer embarazada recibir la atención
médica necesaria (negrillas de la Sala).
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Actor: Contraloría General de la República
Repetición
Sentencia de única instancia
6) De las normas y jurisprudencia transcritas se puede concluir que la decisión de
que trata el oficio del 17 de marzo de 2000 devino de lo establecido en una norma
legal y reglamentaria vigente para la fecha de expedición del referido oficio,
fundamentos jurídicos que le permitían a la administración, por razones del buen
servicio, suprimir un cargo ocupado por una empleada en estado de embarazo y a
manera de compensación, reconocerle una “indemnización” que debía contener los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro y tres
meses posteriores al parto, lo mismo que la atención médica necesaria.
Entendimiento que fue plasmado en la Resolución 05046 de 9 de marzo de 2000, por
medio de la cual se expidió el reglamento para efectos de llevar a cabo el pago de
las indemnizaciones por retiro del servicio por la supresión de empleos en la
Contraloría General de la República y se creó el comité integrado, entre otros, por el
gerente de Talento Humano y el director de la Oficina Jurídica y que tendría como
función la de elaborar y revisar las respectivas comunicaciones de retiro, antes de
que fueran firmadas por el Contralor General de la República, decisión en la que se
señaló concretamente el procedimiento legal que debía tenerse en cuenta en la
supresión de los cargos de carrera cuyo titular fuera una empleada que se
encontrara en estado de embarazo.
Lo anterior fue corroborado por el señor Dagoberto Quiroga Collazos quien, para la
época de los hechos fungía como jefe jurídico de la Contraloría General de la
República e integró el comité creado por la Resolución 04056 de 2000 para efectos
de llevar a cabo la reestructuración de la entidad, en testimonio rendido en este
proceso el 21 de marzo de 2018 (fls. 202 a 204 y CD fl. 205 cdno. ppal.) en lo
relacionado sobre dicha reestructuración, manifestó:
“PREGUNTADO: ¿Manifieste al despacho lo que le conste sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar como se sucedieron los hechos
respecto de la desvinculación de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos de
la Contraloría General de la República? CONTESTO: En 1998 a 2000
actué como Jefe Jurídico de la Contraloría General de la República.
Estuve en el proceso de reestructuración que se realizó para esa
época en la entidad, lo que implicó la supresión de varios cargos en
la parte administrativa, se indemnizaron los cargos de carrera y en
algunos casos se encontraban laborando personas embarazadas, que
es el caso de la señora, había vigente en ese momento una sentencia
de la Corte Constitucional que había estudiado la constitucionalidad
de la ley de carrera, si mal no recuerdo la 443 de 1998, la cual no
establecía la previsión que existe actualmente sobre la estabilidad
laboral reforzada para la mujer embarazada, pues para aquella época
existía y era vigente además del pago de una indemnización, el
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reconocimiento del tiempo que le quedara para completar el
embarazo y los meses que estuviera en licencia después del parto, es
decir que eso era lo que se aplicaba según la ley y jurisprudencia, y
de conformidad con eso se actuó. El caso concreto no lo recuerdo, pero
fue estudiado por la Gerencia de Talento Humano, que era la dependencia
creada por la Contraloría para manejar todo el tema de la reestructuración
con sus asesores y todo su equipo y en esas circunstancias se procedió al
despido de la señora que entiendo se refiere el proceso. PREGUNTADO:
¿sírvase precisar o aclarar a este despacho qué actividad específica
desarrolló usted en relación con la desvinculación del personal, en el caso
específico de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos? CONTESTO:
Personalmente, ni como el cargo (sic) de Jurídico no le correspondía, pues
existía la Gerencia de Talento Humano que contaba con sus profesionales
que asesoraban el caso, pero yo sí participe como Jefe de la Oficina
Jurídica en la reestructuración en la normatividad, en los acuerdos, los
decretos, incluso en las resoluciones de estructura de la entidad, y como
jurídico me correspondía revisar y dar conceptos generales sobre la
reestructuración, así como revisar los proyectos de ley que se tuvieron en
cuenta para realizar toda la reestructuración de la Contraloría General de
la República. PREGUNTADO: ¿Manifieste y aclare a este despacho si
usted tuvo la oportunidad de revisar de manera específica sobre la
desvinculación de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos? CONTESTÓ:
Pues no recuerdo exactamente que haya tocado temas particulares,
porque existía una dependencia especifica que era la Gerencia de Talento
Humano que proyectaba y manejaba autónomamente el problema de la
reestructuración, más específicamente el tema de los despidos o
incorporación de las personas a la planta, era la encargada de manejar ese
tema, pues la Oficina Jurídica conceptuaba sobre actos de carácter
general más no casos particulares, los cuales le correspondía a la
Gerencia de Talento Humano con sus profesionales (…) en la Contraloría
se contaba con un equipo de reestructuración liderado por el Dr.
Edgar González Salas y con ese equipo se definieron los criterios
jurídicos para manejar los nombramientos, desvinculaciones e
incorporaciones de las personas y se establecieron criterios jurídicos
teniendo en cuenta que había una norma la Ley 443 que regulaba la
carrera administrativa y había una jurisprudencia que se había
pronunciado respecto de las provisionalidades e incorporaciones a la
planta y todo lo relacionado con la carrera administrativa, la
supresión de cargos y para ello se tuvo en cuenta tanto la ley vigente
como la jurisprudencia que la Corte Constitucional que había
señalado en el caso de las mujeres embarazadas en caso de
supresión del cargo. PREGUNTADO. Doctor Dagoberto usted en el
ejercicio de su cargo en la época en que fue contralor el doctor Carlos
Ossa Escobar, de ese conocimiento que tuvo, el doctor Ossa para tomar
esa clase de decisiones consultaba con el Departamento Jurídico, o a
Talento Humano a los departamentos que tenían que ver con el tema, ¿o
tomada las decisiones simplemente a su criterio? CONTESTÓ: El doctor
Ossa no era abogado y era una persona que delegaba, él era una
persona que manejó el tema macro del control fiscal, se dedicó a la
vigilancia de los recursos públicos del Estado y tanto fue así que
planteó la reestructuración de la Contraloría señalando la responsabilidad
de todo lo que tiene que ver con personal en la Gerencia de Talento
Humano y estaba delegada por funciones para manejar ese tema (...) de
tal manera que él confiaba en sus funcionarios en que todo lo que
firmara en relación con procesos complejos, él confiaba que habían
tenido y aprobado por las respectivas dependencias conforme a la
ley” (negrillas de la Sala).
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El testimonio transcrito permite concluir que las decisiones contenidas en los oficios
de fecha 13 y 17 de marzo de 2000, suscritos por el demandado Carlos Ossa
Escobar, a la postre anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no
fueron expedidas de manera arbitraria y caprichosa, obedecieron a un estudio que
tuvo en consideración la normatividad legal y la jurisprudencia constitucional vigente
para la época de los hechos, fueron proyectadas y revisadas por el comité creado
mediante la Resolución 04056 de 2000 para llevar a cabo la reestructuración de la
entidad y conformado por el personal al cual le asistía la función de definir los
criterios a tener en cuenta en el tema de las desvinculaciones, todo esto antes de
que fueran firmadas por el entonces contralor general Ossa Escobar.
El declarante también afirmó que el demandado no era abogado y, pese a que se
encargaba del manejo macro del control fiscal y de la vigilancia de los recursos
públicos del Estado, delegó todo lo relacionado con la reestructuración en la
Gerencia de Talento Humano, porque confiaba en sus funcionarios, en las
respectivas dependencias de la entidad y que en que todo lo que firmaba en relación
con procesos complejos se hallaba conforme a la ley; este aspecto evidencia que el
excontralor General de la República Ossa Escobar procedió de manera diligente,
toda vez que al no tener un conocimiento mínimo básico del derecho que le
permitiera actuar sin la asesoría previa de la oficina jurídica de la entidad, encargó a
esta de la proyección y revisión de los actos administrativos relacionados con el retiro
de los funcionarios a quienes se les suprimió el cargo.
7) En ese contexto, las pruebas relacionadas dan lugar a colegir que la actuación del
demandado no fue descuidada ni negligente y menos caprichosa, toda vez que la
decisión de retiro de la funcionaria Alma Violeta Sansón Hoyos estuvo sometida a un
estudio detallado de la normatividad legal y jurisprudencia constitucional vigente
aplicable al caso concreto, fue proyectada y revisada por el comité encargado para el
efecto.
Si bien el Consejo de Estado en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho declaró la nulidad de los oficios del 13 y 17 de marzo de 2000 con sustento
en que el retiro de la funcionaria Alma Violeta Sansón Hoyos fue contrario al
mandamiento contenido en el artículo 43 de la Constitución Política y al artículo 21
del Decreto 3135 de 1968, que dispone que durante el embarazo y los tres meses
posteriores al parto solo podrá efectuarse el retiro por justa causa comprobada por
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resolución motivada10, lo cierto es que dicha decisión no puede constituir prueba de
la culpa grave en tanto lo que revela es una diferencia interpretativa en cuanto al
ordenamiento aplicable, al punto que en dicho proceso el tribunal de primera
instancia consideró que la desvinculación estaba acorde con los parámetros dados
por el artículo 46 del Decreto 268 del 2000 y que, en consecuencia, no le asistía a la
empleada el derecho a optar por la incorporación o la indemnización, solo al pago de
los emolumentos allí contemplados.
Además, contrario a lo afirmado por la demandante, la nulidad de los actos no se
sustentó en una indebida aplicación del inciso tercero del artículo 46 del señalado
Decreto 268 del 2000 sino, porque el Consejo de Estado consideró que la norma
aplicable era otra, el artículo 21 del Decreto 3135 de 1968 del cual se extrae que su
finalidad era proteger a la mujer en embarazo durante su periodo de gestación y tres
meses posteriores al parto, parámetros que en alguna medida concuerdan con lo
decidido en su momento por el contralor, en el sentido de proteger a la trabajadora
con el pago de los salarios y prestaciones que dejaría de percibir entre el momento
de la desvinculación y 3 meses posteriores a la fecha del parto.
En todo caso, debe agregarse que, como se ha expresado en otras decisiones, la
sola sentencia condenatoria no basta para predicar la culpa grave del demandando,
en tanto este no fue parte de ese proceso, no tuvo la oportunidad de controvertir
pruebas y sin que les conclusiones que allí se expresan aten al juez de la
repetición11.
Lo anterior, por cuanto no podría la Sala, sin desconocer el debido proceso y el
derecho de defensa del señor Calor Ossa Escobar, fundar exclusivamente su
decisión en las conclusiones de la sentencia condenatoria emitida por el Consejo de
Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente al retiro del
10
El artículo 21 del Decreto 2135 de 1968 expresa: “Durante el embarazo y los tres (3) meses
posteriores al parto o aborto, sólo podrá efectuarse el retiro por justa causa comprobada, y mediante
autorización del Inspector del Trabajo si se trata de trabajadora, o por resolución motivada del Jefe del
respectivo organismo si de empleada. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de
embarazo cuando ha tenido lugar dentro de los períodos señalados en el inciso anterior sin las
formalidades que el mismo establece.
En este caso, la empleada o trabajadora tiene derecho a que la entidad donde trabaja le pague una
indemnización equivalente a los salarios o sueldos de sesenta (60) días, fuera de las indemnizaciones
y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su situación legal o contractual y, además, al pago
de las ocho (8) semanas de descanso remunerado, si no lo ha tomado”.
11
Ver sentencias de: 18 de noviembre de 2021, radicación no. 50001-23-31-000-2010-00019-01
(61.515) M.P. Fredy Ibarra Martínez; de 2 de junio de 2021, radicación no. 54001-23-33-000-2013-
00244-01 (61.365) M. P. Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.
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Actor: Contraloría General de la República
Repetición
Sentencia de única instancia
servicio de la señora Alma Violeta Sansón Hoyos pues, la valoración probatoria y las
consideraciones del juzgador de lo contencioso no podrían imponerse sin más al juez
de la repetición, pues más allá de los razonamientos que se tuvieron para declarar la
responsabilidad de la entidad, era necesario que la culpa grave del demandado se
acreditase en este proceso autónomo de responsabilidad patrimonial, carga
probatoria que no cumplió la parte actora.
3. Conclusión
Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, por cuanto, si bien se
acreditaron los elementos objetivos de la acción de repetición, la entidad
demandante no logró demostrar que los señores Teresita Isaza Dávila y Pedro Jesús
Ruiz Hazbon tuvieran la calidad de agentes estatales para la época de los hechos y
que participaron en la expedición de los actos anulados, y respecto del demandado
Carlos Ossa Escobar no acreditó que este actuara de manera gravemente culposa
en la expedición de los actos que posteriormente fueron anulados en sentencia de la
jurisdicción contenciosa administrativa con sustento en la cual la demandante tuvo
que pagar indemnización en favor de Alma Violeta Sansón Hoyos.
4. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, ADMINISTRANDO
JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niegánse las pretensiones de la demanda.
2º) Abstiénese de condenar en costas a la parte demandante.
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3°) Ejecutoriada esta providencia archívase el expediente con las correspondientes
constancias.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
FREDDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Aclara voto)
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado
Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de
2022.
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