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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2012-00035-00

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2012-00035-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: RECONOCER a la Agencia Nacional de Tierras [ANT] como la sucesora procesal del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [Incoder]. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011 y de la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012, de conformidad con razones plasmadas en la parte motiva de esta providencia, actos administrativos que, en su momento, profirió el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [Incoder]. 110 Hecho probado No. 7.19. 111 “Artículo 171. Condena en costas [subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998]. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil” [énfasis y aclaración añadida]. 40 Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888] Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Barrancabermeja [Santander] que cancele la inscripción de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122 [anotación No. 8]. CUARTO: SIN condena en costas en esta instancia, en virtud de los motivos analizados en esta decisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2012-00035-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de octubre de 2024

Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888]
Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho [28] de octubre de dos mil veinticuatro [2024].

Referencia: Acción de revisión [extinción del dominio agrario] [CCA]
Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888]
Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras
Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural1 [sucedido
procesalmente por la Agencia Nacional de Tierras]

TEMAS: EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN AGRARIA - Tiene por
objeto la verificación y validación a cargo de esta Corporación de que la entidad pública [en este
caso el Incoder] hubiese ejercido sus competencias con estricto apego y obediencia a los
procedimientos establecidos en la Ley 160 de 1994 y el Decreto Reglamentario 2665 de 1994 [en lo
que concierne a la extinción del dominio agrario] / EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO - De conformidad con lo prescrito en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, el
derecho fundamental al debido proceso también se manifiesta [y por ende debe garantizarse] en el
marco de las actuaciones de naturaleza administrativa / LA INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO
ADMINISTRATIVO QUE INICIÓ LAS DILIGENCIAS DE EXTINCIÓN DEL DOMINIO AGRARIO Y
SU IMPACTO CORRELATIVO EN LAS RESOLUCIONES ACUSADAS - Los actos administrativos
objeto de escrutinio jurisdiccional en este asunto [Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011 y
Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012] cargan el peso de la indebida notificación de la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008, de suerte que su validez se encuentra,
indefectiblemente, afectada por el vicio adjetivo en el que incurrió el extremo pasivo al inicio del
trámite de extinción del dominio agrario.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala [en única instancia] decide la acción de revisión [extinción del dominio
agrario] que Yirxi Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón, Nancy Agudelo
Rivera y Liduvina Rincón Rivero formularon en contra del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural.

I. SÍNTESIS DEL CASO

A través de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008, la Unidad Nacional
de Tierras Rurales inició las diligencias administrativas tendientes a declarar la
extinción del dominio agrario sobre el bien inmueble rural denominado “El
Diamante”.

Posteriormente, mediante la Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011, el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural extinguió el derecho de dominio privado
sobre el terreno en comento, radicado en cabeza de Julio Martín Murcia Triana [1/3]
y de Nancy Agudelo Rivera [2/3].

1 Los actos administrativos enjuiciados fueron expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo

Rural; sin embargo, ha de advertirse que las funciones a cargo de dicho establecimiento público
[suprimido y liquidado actualmente] fueron reasignadas a la Agencia Nacional de Tierras, en virtud
de lo previsto en el Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015.

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

El 19 de diciembre de 2011, Yirxi Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón
[hijas de Julio Martín Murcia Triana] y Nancy Agudelo Rivera interpusieron recurso
de reposición en contra del acto administrativo antes mencionado.

No obstante lo anterior, mediante la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 20122,
la entidad pública demandada resolvió de forma desfavorable la impugnación
presentada por las accionantes y, como consecuencia de ello, confirmó en su
totalidad la determinación primigenia.

En tal virtud, el extremo activo considera que en el desarrollo del trámite
administrativo adelantado por el establecimiento público en cuestión se vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, dado que, entre otras falencias, no se
notificó en debida forma el acto administrativo que inició las diligencias encaminadas
extinguir el dominio agrario sobre el predio rural conocido como “El Diamante”.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta

1.1. El 9 de mayo de 20123, Yirxi Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón,
Nancy Agudelo Rivera y Liduvina Rincón Rivero, a través de apoderado judicial y
en ejercicio de la acción de revisión agraria, presentaron demanda en contra del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [en adelante Incoder], con la finalidad de
que se accedieran a las siguientes pretensiones [se transcriben de forma literal,
incluso con posibles errores]:

“[…] V. LO QUE SE PIDE POR VÍA DE REVISIÓN
Son pretensiones de esta acción de revisión:
PRIMERA: Declárese la nulidad de la Resolución número 01989 de cinco (5) de
agosto de 2011, proferida por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO
RURAL - INCODER, que resolvió declarar extinguido el derecho de dominio privado
de NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA, sobre el predio
rural denominado “EL DIAMANTE” ubicado en la jurisdicción del municipio de
Barrancabermeja.
SEGUNDA: Declárese la nulidad de la Resolución número 0276 de seis (6) de marzo
de 2012, que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución número 01989 de
cinco (5) de agosto de 2011, y resolvió confirmar en todas sus partes la mencionada
resolución.
TERCERO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordénese la
cancelación de la medida cautelar de la inscripción de la Resolución número 1286 de
dos (2) de octubre de 2008, proferida por la extinta UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS
RURALES - UNAT, sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria número
303-3122 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ordenada en el numeral
segundo del mencionado acto administrativo, y materializado en la anotación número
8 de fecha tres (3) de junio de 2010 del certificado de libertad y tradición de fecha

2 Folios 112 a 122 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
3 Folios 1 a 34 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

siete (7) de mayo de 2012, así como las demás resoluciones posteriores expedidas
por el INCODER, y relativas a la extinción del dominio del predio denominado “EL
DIAMANTE” de la jurisdicción del municipio de Barrancabermeja [...]” [énfasis y
mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.2. Como fundamentos fácticos, en síntesis, el extremo activo mencionó los
siguientes:

1.2.1. Indicó que, a través de la escritura pública No. 1463 del 18 de junio de 1976,
Julio Martín Murcia Triana le compró a Jose Antonio Camargo Pinzón la tercera
parte [1/3] del predio rural identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-3122,
“[...] según anotación número 2 del día veintiuno (21) de agosto de 1978, del
certificado de tradición del mencionado inmueble, de fecha siete (7) de mayo de
2012 [...]”.

1.2.2. Sostuvo que, entre los años 1983 y 1985, “[...] JULIO MARTÍN MURCIA
TRIANA, su compañera permanente LIDUVINA RINCÓN RIVERO, y sus hijos, entre
ellos YIRXI YAMINA MURCIA RINCÓN y ELIZABETH MURCIA RINCÓN, fueron
desplazados forzosos por la violencia, debido al hostigamiento del grupo guerrillero
FARC - EP [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

Asimismo, afirmó que Yirxi Yamina Murcia Rincón había iniciado los trámites
tendientes a la reparación administrativa por cuenta del desplazamiento y la
desaparición forzada [de Julio Martín Murcia Triana] que sufrió su familia, lo cual
quedó plasmado en la solicitud elevada ante la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, “[...] con radicado número 249488 del seis (6)
de agosto de 2009 [...]”.

1.2.3. Mencionó que, en la actualidad, continuaban los referidos hostigamientos,
situación que Yirxi Yamina Murcia Rincón denunció ante la Fiscalía General de la
Nación el 31 de octubre de 2011 y el 26 de marzo de 2012.

1.2.4. Advirtió que “[...] la anotación número 3 de fecha primero (1°) de febrero de
1983 contenida en el folio de matrícula 303-3122, contiene la inscripción del
embargo de los derechos de copropiedad de JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA,
según oficio número 46 del veintisiete (27) de enero de 1983 proferido por el
Juzgado Primero (1°) Civil del Circuito de Barrancabermeja dentro del proceso
ejecutivo de Banco de Comercio contra JULIO MARTÍN MURCIA Y OTRO [...]”
[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.2.5. Precisó que, el 27 de abril de 1984, el bien inmueble rural denominado “El
Diamante” fue objeto de la medida cautelar de secuestro, “[...] por el Juzgado Quinto
Civil Municipal de Barrancabermeja, comisionado para esa diligencia [...]”.

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No obstante lo anterior, también expuso que, mediante el auto del 2 de noviembre
de 1984, el Juzgado Primero Civil del Circuito [no se especifica de dónde], “[...] tras
percatarse de que JULIO MARTÍN MURCIA es dueño de solo de una tercera (1/3)
parte del predio, ordenó levantar el embargo y secuestro en relación con las dos
terceras (2/3) partes de propiedad de CARLOS JESÚS MURCIA PLATA [...]”
[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.2.6. Señaló que, a través de la escritura pública No. 3855 del 8 de septiembre de
1999, Nancy Agudelo Rivera compró “[...] los derechos en común y proindiviso en
proporción a las dos terceras (2/3) partes del predio denominado “EL DIAMANTE”,
según anotación número 7 de fecha ocho (8) de octubre de 1999 del certificado de
libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria No. 303-3122 [...]” [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].

1.2.7. Adujo que, con fundamento en la competencia otorgada por la Ley 1152 de
2007, la Unidad Nacional de Tierras Rurales [en adelante Unat] profirió la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008, determinación en la que se dispuso
lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] i) Iniciar las diligencias administrativas tendientes a establecer si procede o no
declarar extinguido el derecho de dominio privado sobre el predio rural denominado
“EL DIAMANTE”; ii) Ordenar la inscripción de la Resolución en el folio de matrícula
inmobiliaria número 303-3122; iii) Notificar la Resolución en forma personal al Agente
del Ministerio Público Agrario y al propietario del predio en la forma establecida en el
artículo 44 y s.s. del Código Contencioso Administrativo, con la advertencia que contra
la misma solamente procede por la vía gubernativa el recurso de reposición y iv)
período probatorio de tres (3) días para los propietarios y demás titulares de otros
derechos reales [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.2.8. Recordó que, por medio de la sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009, la
Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, la cual sirvió
de fundamento para la expedición de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de
2008.

1.2.9. Expuso que, a través de la Resolución del 1° de julio de 2009, la Unat le
remitió al Incoder el procedimiento de extinción del dominio agrario adelantado
sobre el bien inmueble rural conocido como “El Diamante”, trámite que se
identificaba con la radicación No. 827250220080184.

1.2.10. Aseveró que, sin que se declarase la nulidad de la Resolución No. 1286 del
2 de octubre de 2008 [a raíz de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de
2007], el Incoder avocó el conocimiento del procedimiento administrativo en
cuestión, de acuerdo con lo consignado en la Resolución del 8 de febrero de 2010.

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1.2.11. Sostuvo que, mediante el oficio del 25 de marzo de 2010, se le solicitó al
personero municipal de Barrancabermeja que adelantara la notificación personal de
la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 a Nancy Agudelo Rivera y Julio
Martín Murcia Triana.

1.2.12. Señaló que, a través del oficio No. 2580-106 del 5 de mayo 2010, la
Personería Municipal de Barrancabermeja “[...] remitió las diligencias
presuntamente infructuosas de notificación de NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO
MARTÍN MURCIA TRIANA [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

De igual modo, adujo lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]:

“[...] No se logró la notificación de los mismos, toda vez que las comunicaciones de
comparecencia para NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA
TRIANA, inexplicablemente fueron remitidas a las oficinas del INCODER. Esta
situación fue certificada por el mensajero GIOVANNY MUNERA, al manifestar que
ellos no laboran en esa empresa. Obra también en esta comisión, comunicaciones
remitidas a los siguientes medios de comunicación visuales y radiales: i) Canal
Comunitario 3; ii) Enlace diez y, iii) Yarigues Stereo, sin que exista constancia de que
se transmitió el aviso social en estos medios de comunicación para que NANCY
AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA comparecieran para realizar
la notificación personal de la resolución anteriormente mencionada [se refiere a la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008] [...]” [aclaración añadida] [énfasis y
mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.2.13. Informó que, mediante el oficio del 24 de mayo de 2010, el director territorial
Santander del Incoder le solicitó al registrador de instrumentos públicos de
Barrancabermeja la inscripción de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008,
acto administrativo que, a juicio de la parte demandante, “[...] carece de fuerza
ejecutoria, debido a que la ley [se refiere a la Ley 1152 de 2007] en la que se
sustentó fue declarada inexequible por la Corte Constitucional [...]” [aclaración
añadida].

Adicionalmente, mencionó que “[...] la notificación personal de la resolución que se
solicitó inscribir no se había realizado a los propietarios del predio, y tampoco se
había nombrado, ni mucho menos notificado al curador ad litem [...]”.
1.2.14. Aseguró que, “[...] en la anotación número 8 de fecha tres (3) de junio de
2010 del folio de matrícula 303-3122, se materializó la inscripción de la Resolución
número 1286 de 2008 proferido por la UNAT [...]” [mayúsculas sostenidas propias
del texto transcrito].

1.2.15. Resaltó que, a través del oficio del 21 de septiembre de 2015, el Incoder le
solicitó al alcalde municipal de Barrancabermeja que realizara la diligencia de
notificación por edicto de Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana.

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1.2.16. Así pues, advirtió que “[...] dos edictos se fijaron, el primero en la oficina del
INCODER entre los días 13 y 17 de septiembre de 2010, y el segundo en la Alcaldía
Municipal de Barranca, el día de fijación veintiuno (21) de octubre de 2010, hasta
las 6:00 p.m. del día veintisiete (27) de octubre 2010 [...]” [mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].

1.2.17. Señaló que las diligencias de notificación por edicto “[...] fueron regresadas
al INCODER con oficio número 1813 del dos (2) de noviembre de 2010 de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

1.2.18. Adujo que, por medio de los oficios del 21 de octubre de 2010, se le
comunicó a “[...] GONZALO AFANADOR, GUSTAVO ALBERTO ALBARRACÍN
CADENA Y MARÍA LIGIA ALBA DE GARCÍA, su designación como curador ad litem
de NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA, para surtir la
notificación personal de la Resolución número 1286 del 2 de octubre de 2008 [...]”
[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

1.2.19. Aseveró que, el 4 de noviembre de 2010, “sin actuación administrativa que
lo sustente”, se posesionó Emilde Blanco Rivera como la curadora ad litem de
Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana. De igual manera, precisó que
en ese mismo momento se le notificó a la profesional del derecho la Resolución No.
1286 del 2 de octubre de 2008.

1.2.20. Expuso que, a través del acto administrativo del 29 de noviembre de 2010,
el Incoder ordenó la realización de la inspección ocular sobre el bien inmueble rural
denominado “El Diamante”, diligencia que se agendó para el 15 de diciembre de la
misma anualidad.

Precisó que la determinación en comento se notificó mediante el estado No. 01 del
1° de diciembre de 2010.

1.2.21. Informó que la inspección ocular antes referida se llevó a cabo en la fecha
fijada para el efecto y, además, señaló que “[...] en ella participaron ÚRSULA
CELEDÓN CALDERÓN ; OMAR WEIMAR MENDOZA; WILSON QUIROJA por
parte del INCODER y LUIS DAVID FLÓREZ como presunto administrador, y
CLAUDIA HERRERA TRIANA como presunta ocupante. En esta diligencia no
participó la curadora ad litem doctora EMILDE BLANCO RIVERA [...]” [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

1.2.22. Resaltó que, mediante la Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011, el
Incoder resolvió lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]:

“[...] i) Declarar extinguido a favor de la Nación el derecho de dominio privado sobre
la totalidad del predio rural denominado “EL DIAMANTE”, de propiedad de la señora
NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA, distinguido con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 303-3122; ii) notificar personalmente la providencia entre
otros a los propietarios NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA
TRIANA (no tiene en cuenta que están representados por un curador ad litem), y que
contra la misma procede el recurso de reposición y iii) ordena la inscripción de la
resolución una vez en firme la misma, o sin que los destinatarios hayan ejercido la
acción de revisión ante el Consejo de Estado [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].

1.2.23. Mencionó que, el 6 de septiembre de 2011, Yirxi Yamina Murcia Rincón
radicó una solicitud de información ante el Incoder en relación con el proceso de
extinción del dominio agrario sobre el predio conocido como “El Diamante” y,
asimismo, expuso su “[...] condición de desplazada forzosa por la violencia [...]”.

1.2.24. Señaló que, a través de la petición radicada el 9 de septiembre de 2011,
Liduvina Rincón Rivero, en su calidad de compañera permanente y madre de 5 hijos
de Julio Martín Murcia Triana, le solicitó al Incoder que suspendiera o revocara la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008.

1.2.25. Indicó que, por medio de la Resolución No. 2720 del 14 de octubre de 2011,
el Incoder respondió la solicitud antes mencionada y, en tal virtud, le informó a
Liduvina Rincón Rivero de la expedición de la Resolución No. 01989 del 5 de agosto
de 2011.

En ese sentido, subrayó que la “[...] notificación personal de la Resolución No. 01989
del cinco (5) de agosto de 2011 se surtió a través de apoderado judicial para el caso
de YIRXI YAMINA MURCIA RINCÓN, y personalmente a ELIZABETH MURCIA
RINCÓN el día doce (12) de diciembre de 2011 [...]” [mayúsculas sostenidas propias
del texto transcrito].

1.2.26. Expuso que, el 19 de diciembre de 2011, Yirxi Yamina Murcia Rincón,
Elizabeth Murcia Rincón [hijas y herederas de Julio Martín Murcia Triana] y Nancy
Agudelo Rivera [copropietaria del bien inmueble rural denominado “El Diamante”]
interpusieron recurso de reposición en contra de la Resolución No. 01989 del 5 de
agosto de la misma anualidad.

También resaltó lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]:

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

“[...] Como prueba nueva se aportó la Sentencia No. 0349 del dieciséis (16) de
noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga,
dentro del proceso de declaración de muerte presunta por desaparecimiento, en la
que se declaró la muerte presunta de JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA el diez (10)
de marzo de 1987. De igual manera se aportaron nuevas denuncias formuladas ante
la Fiscalía General de la Nación en relación con las amenazas formuladas a YIRXI
YAMINA MURCIA RINCÓN y su familia [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

1.2.27. Recordó que, a través de la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012,
el Incoder despachó desfavorablemente la impugnación antes referida y, como
consecuencia de ello, confirmó el acto administrativo cuestionado.

1.2.28. Aseveró que, “[...] en la anotación número 10 de fecha nueve (9) de abril de
2012, se inscribió la Resolución 47612 del dos (2) de diciembre de 2011 del
INCODER de Bucaramanga, que contiene medida cautelar de prohibición de
enajenar derechos inscritos en predio declarado abandonado por el titular, a favor
de NANCY AGUDELO RIVERA [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

1.2.29. Afirmó que, el 17 de abril de 2012, se le notificó a Nancy Agudelo Rivera,
Yirxi Yamina Murcia Rincón y a Elizabeth Murcia Rincón la Resolución No. 0276 del
6 de marzo de 2012, lo cual se realizó por medio de apoderado judicial.

1.2.30. Puntualizó que, el 4 de mayo de 2012, Liduvina Rincón Rivero, Elizabeth
Murcia Rincón y Yirxi Yamina Murcia Rincón elevaron ante el Incoder una petición
tendiente a la entrega de la siguiente documentación [se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores]:

“[...] i) Copia autenticada de toda la actuación administrativa del proceso de extinción
de dominio del predio rural “EL DIAMANTE” del municipio de Barrancabermeja,
vereda Lizama del departamento de Santander; ii) copia autenticada de la Resolución
número 1286 del dos (2) de octubre de 2008, con constancia de ejecutoria; iii) copia
autenticada de la Resolución 01989 de fecha cinco (5) de agosto de 2011 con
constancia de ejecutoria y iv) copia autenticada de la Resolución 0276 del seis (6) de
marzo de 2012 con constancia de ejecutoria [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].

1.3. En lo que respecta a los fundamentos jurídicos [cargos de anulación] de la
demanda, la parte activa planteó los argumentos que a continuación se resumen:

1.3.1. Para sustentar la “violación de garantías procesales sustanciales”, afirmó
que a los demandantes se les notificó indebidamente la Resolución No. 1286 del 2
de octubre de 2008.

1.3.1.1. En ese sentido, adujo que no existió “[...] actividad idónea y eficaz por parte
de la administración para lograr la notificación de esta resolución [No. 1286 del 2 de
octubre de 2008] a los propietarios del predio [se refiere a Nancy Agudelo Rivera y

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

Julio Martín Murcia Triana], jamás se les envió comunicación a la dirección donde
[estaba] ubicado el inmueble “EL DIAMANTE” en la jurisdicción de Barrancabermeja
[...]” [aclaraciones añadidas y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

Acto seguido, razonó en los siguientes términos [se transcriben de forma literal,
incluso con posibles errores]:

“[...] Conforme al artículo 10 del Decreto Reglamentario 2665 de 1994, de no ser
posible la notificación personal de los propietarios, se debe proceder a ordenar el
emplazamiento (acto administrativo que está ausente en el proceso de extinción de
dominio del predio “EL DIAMANTE”, y el edicto durará fijado por el término de cinco
(5) días en: i) Lugar público del Incora [Incoder] donde se adelante el procedimiento;
ii) por el mismo término en la Secretaría de la Alcaldía Municipal donde se halle
situado el inmueble y iii) se fijará por el Instituto una copia del edicto en la puerta o
sitio de acceso al inmueble.
Cumplidas estas formalidades, si los interesados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes a la desfijación del edicto, se les designará un curador ad litem.
El edicto se fijó en un lugar público del grupo técnico territorial de Barrancabermeja –
INCODER, entre el trece (13) de septiembre de 2010 y el diecisiete (17) del mismo
mes y año. De la misma manera se fijó en la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja
entre los días veintiuno (21) de octubre de 2010 y veintisiete (27) del mismo mes y
año. Está ausente en el expediente constancia de la fijación del edicto en la puerta o
vía de acceso al inmueble “EL DIAMANTE”.
Sin que se vencieran los tres (3) días de que trata el artículo 10 del Decreto 2665 de
1994, el INCODER el veintiuno (21) de octubre de 2010 comunicó a GONZALO
AFANADOR, MARÍA LUCIA ALBA DE GARCÍA y GUSTAVO ALBERTO
ALBARRACÍN CADENA, su designación como curador ad litem de NANCY
AGUDELO RIVERA Y JULIO MARTÍN [...]” [aclaración añadida] [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].

1.3.1.2. De otro lado, cuestionó que el Incoder no hubiese vinculado a las sucesoras
procesales de Julio Martín Murcia Triana al trámite de extinción del dominio agrario
en cuestión, pese a que se informó de su muerte presunta por desaparecimiento.

En tal virtud, concluyó que “[...] se vulneró el debido proceso de las demandantes,
en conexidad con el derecho de defensa, por existir una indebida notificación de la
Resolución No. 1286 de 2008, al desconocer el artículo 10 del Decreto 2665 de
1994, y la necesaria vinculación de los herederos del causante JULIO MARTÍN
MURCIA TRIANA en calidad de sucesores procesales [...]” [mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].

1.3.2. También aseguró que existió “falta de defensa técnica” en el marco del
procedimiento administrativo antes señalado, dado que la gestión de la curadora ad
litem de Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana fue “[...] escasa e
ineficaz. No participó activamente del debate procesal para salvaguardar los
derechos de sus representados y estuvo ausente en estadios procedimentales
definitivos como fue la inspección ocular realizada el quince (15) de diciembre de

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

2010. El abandono del proceso administrativo y de su labor de curaduría es
manifiesto [...]”.

Así pues, sostuvo que la referida situación “[...] vulneró el debido proceso en
conexidad con el derecho fundamental de defensa de las demandantes [...]”.

1.3.3. Adicionalmente, frente a la “ejecución de acto administrativo que carece
de firmeza y de ejecutoria por falta de notificación”, sostuvo que [se transcribe
de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] La administración (INCODER) desconoció el artículo 62 del Código Contencioso
Administrativo, al inscribir la Resolución 1286 de dos (2) de octubre de 2008 en la
anotación número 8 de fecha tres (3) de junio de 2010 del folio de matrícula
inmobiliaria No. 303-3122, sin que esta se hubiera notificado a los propietarios del
predio a través del curador ad litem, teniendo en cuenta que este último se notificó
del acto administrativo en mención el día cuatro (4) de noviembre de 2010, y máxime
cuando la misma en el artículo 3 de la parte resolutiva advirtió que procedía en vía
gubernativa el recurso de reposición [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

1.3.4. En lo atinente a la “ausencia de fundamentos de hecho para la
declaratoria de extinción de dominio privado”, expuso que Yirxi Yamina Murcia
Rincón y Liduvina Rincón Rivero le advirtieron al Incoder de su condición de
desplazadas por la violencia [el 6 y el 9 de septiembre de 2011, respectivamente].

En ese sentido, enfatizó en el hecho de que Liduvina Rincón Rivero “[...] manifestó
categóricamente ser destinataria de medida de protección vigente de sus derechos
fundamentales como desplazada, ordenada por el mismo INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER de BUCARAMANGA,
inscrita en la anotación número 9 de trece (13) de diciembre de 2010 del folio de
matrícula inmobiliaria No. 303-3122 [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

También apuntó que la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012 reconoció que
el desplazamiento forzado era una circunstancia constitutiva de fuerza mayor; sin
embargo, a juicio del extremo demandante, la parte pasiva impuso “cargas
procesales abiertamente inconstitucionales [...]”. Así pues, señaló que [se transcribe
de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] Si la situación de violencia era manifiesta y notoria en el departamento de
Santander, y más aun la consecuente situación de desplazamiento de las
demandantes, que tienen vigentes medidas de protección de derechos
fundamentales, por qué la administración le impuso cargas procesales sin atención a
su especial situación de protección constitucional. Y lo que aun más desconcierta es
que la implementación de las medidas de protección son adoptadas por el INCODER
de Bucaramanga, que dice desconocer la situación de desplazamiento como causal
de fuerza mayor que impide declarar extinguido el dominio privado del predio “EL
DIAMANTE” a favor de la Nación.

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

NANCY AGUDELO RIVERA tiene en la actualidad inscripción de medida de
protección por parte del INCODER de Bucaramanga, según consta en la anotación
número 10 de fecha nueve (9) de abril de 2012 del certificado de libertad y tradición
de la matrícula inmobiliaria 303-3122 [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

1.3.4.1. Por otro lado, aseguró que sobre una tercera parte [1/3] del bien inmueble
rural conocido como “El Diamante” [de propiedad de Julio Martín Murcia Triana]
estaban vigentes las medidas cautelares de embargo y secuestro, lo cual, en su
criterio4, configuraba una fuerza mayor.

En tal virtud, estimó que “[...] la inexplotación del predio por parte de los
demandantes está justificado no solamente por su condición de desplazados y la
situación de violencia del departamento de Santander, sino además, la copropiedad
del causante JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA está afectada con medida cautelar
de embargo y secuestro desde el año de 1983 [...]” [mayúsculas sostenidas propias
del texto transcrito].

1.3.4.2. Respecto de las “irregularidades en el análisis de la situación jurídica
del predio”, consideró lo siguiente [se transcribe de forma literal, incluso con
posibles errores]:

“[...] Las irregularidades en el análisis de la situación jurídica del predio “EL
DIAMANTE” se observan en el estudio de título de fecha veintisiete (27) de noviembre
de 2002 realizada por HENRY ALFONSO DÍAZ HERNÁNDEZ, en el que
equivocadamente manifestó que no se observan ni gravámenes ni limitaciones al
derecho de dominio, cuando claramente en la anotación número 3 del certificado de
libertad y tradición se observa la inscripción de medida cautelar de embargo por parte
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja [...]” [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].

1.3.5. Por último, al referirse a la “pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución
que da origen a la actuación administrativa de extinción de dominio privado”,
resaltó que el fundamento jurídico de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de
2008 desapareció, toda vez que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-
175 del 18 de marzo de 2009, declaró la inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007.

En función de lo anterior, propuso las reflexiones que se pasan a transcribir
[literalmente, incluso con posibles errores]:

“[...] Ante la inconstitucionalidad de esta norma [Ley 1152 de 2007], la administración
debió declarar la nulidad de todo lo actuado y no fundamentar toda una actuación
administrativa de extinción de dominio con fundamento en un acto administrativo que
ha perdido fuerza ejecutoria de conformidad con el numeral 2 del Código Contencioso
Administrativo.

4 Al efecto, el extremo activo citó en su apoyo la siguiente providencia judicial: Consejo de Estado,

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 2002,
expediente No. 11.572 [folios 26 y 27 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

La ilegalidad de la actuación se puede observar en la inscripción de la Resolución
1286 de 2008 en el folio de matrícula 303-3122, según anotación número 8 de fecha
tres (3) de junio de 2010. Se pregunta ¿cómo se inscribe una resolución que ha
perdido su fundamento jurídico con ocasión de la declaratoria de inconstitucionalidad
de la Ley 1152 de 2007? [...]” [aclaración añadida].

2. La admisión de la demanda y su contestación

2.1. Mediante el auto del 26 de noviembre de 20125, esta Corporación admitió la
demanda, decisión que se notificó en debida forma al Incoder y al Ministerio Público.

2.2. El 8 de abril de 20136, el Incoder contestó la demanda extemporáneamente7.

3. Los alegatos de conclusión

3.1. A través del auto del 1° de julio de 20148, se corrió traslado a las partes para
que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
su concepto.

3.2. El extremo activo presentó alegaciones conclusivas9. En ese sentido,
sostuvo que estaban acreditadas “[...] LAS CAUSAS QUE GENERAN NULIDAD DE
LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEMANDADAS [...]”, las cuales reiteró
en esta oportunidad procesal [mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

Aunado a lo anterior, “[...] solicitamos al Despacho se aplique el artículo 95 del
Código de Procedimiento Civil, en relación con la falta de contestación de la
demanda (atribuible a la contestación extemporánea), y su apreciación por el juez
como indicio grave en contra del demandado [...]” [precisión añadida].

3.2. El Incoder alegó de conclusión10 y replicó todo lo expuesto en la contestación
de la demanda que presentó extemporáneamente.

En síntesis, defendió la legalidad de las resoluciones cuestionadas, puesto que, a
su juicio, fueron expedidas en debida forma, sin que se hubiesen vulnerado las
garantías procesales de las demandantes, así como también indicó que sí existían
los fundamentos fácticos necesarios para extinguir el dominio agrario sobre el predio
rural denominado “El Diamante”.

En lo que respecta a la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008, aseguró que
dicha determinación sí produjo sus efectos, dado que la “[...] sentencia de

5 Folios 168 a 170 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
6 Folios 181 a 192 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
7 Como la contestación de la demanda se presentó extemporáneamente, la Subsección no hará un

recuento de lo que se consignó en dicho escrito.
8 Folio 224 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
9 Folios 233 a 238 del cuaderno principal No. 2 del Consejo de Estado.
10 Folios 225 a 232 del cuaderno principal No. 2 del Consejo de Estado.

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constitucionalidad C-175 de 2009 no realizó modulación alguna, razón por la cual
mientras estuvo vigente la Ley 1152 de 2007, produjo todos sus efectos [...]”.

3.3. El 11 de agosto de 201411, el Ministerio Público rindió su concepto y, en tal
virtud, consideró que “[...] no se observa causal que afecte la legalidad de los actos
que pusieron fin al procedimiento de extinción de dominio, Resoluciones No. 01989
del 5 de agosto de 2011 y 0276 del 6 de marzo de 2012, las cuales deberán
inscribirse en el folio de matrícula inmobiliaria [...]” [énfasis propio del texto
transcrito].

III. CONSIDERACIONES

Con el propósito de decidir la acción de revisión [extinción del dominio agrario] que
Yirxi Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón, Nancy Agudelo Rivera y
Liduvina Rincón Rivero formularon en contra del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, la Sala analizará los siguientes aspectos: [1] la jurisdicción y la competencia
del Consejo de Estado para conocer en única instancia del presente asunto; [2] la
sucesión procesal; [3] la acción procedente, su alcance y su contenido; [4] la
legitimación en la causa; [5] el ejercicio oportuno del derecho de acción; [6] el objeto
de la demanda presentada y la delimitación de los problemas jurídicos a resolver;
[7] los hechos probados y las pruebas relevantes en este juicio para resolver los
problemas jurídicos identificados; [8] el análisis de la Subsección y la resolución del
caso concreto y [9] la condena en costas.

1. La jurisdicción y la competencia del Consejo de Estado para conocer del
presente asunto

1.1. Con fundamento en lo previsto en el artículo 82 del CCA, modificado por el
artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1° de
la Ley 1107 de 200612, se advierte la vocación de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para conocer del presente asunto, pues el extremo procesal
demandado está integrado por una entidad pública.

11 Folios 241 a 274 del cuaderno principal No. 2 del Consejo de Estado.
12 “Artículo 1º.El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de
la Ley 446 de 1998, quedará así: Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las
sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que
desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de
Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley [...]” [énfasis añadido].

13

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En ese sentido, es necesario recordar que el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural13, actualmente Agencia Nacional de Tierras, para la fecha en que se
profirieron las resoluciones demandadas era14 un establecimiento público del orden
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, el
cual se encontraba adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de donde
se desprende claramente su naturaleza pública.

1.2. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer en única
instancia de la demanda que motiva este juicio, toda vez que se resuelve la acción
de revisión ejercida en contra de los actos administrativos a través de los cuales el
Incoder extinguió el dominio agrario de un bien inmueble rural, de conformidad con
lo establecido en los artículos 128.9 del CCA15 y 53.316 de la Ley 160 de 199417.

2. La sucesión procesal

▪ El reconocimiento de la Agencia Nacional de Tierras como la sucesora
procesal del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

2.1. El segundo inciso del artículo 60 del CPC, aplicable por remisión expresa del
artículo 267 del CCA, dispone que, “[…] [s]i en el curso del proceso sobreviene

13 Los actos administrativos enjuiciados fueron proferido por el Incoder, entidad pública que,
posteriormente, se suprimió y entró en proceso de liquidación, en virtud de lo dispuesto en el Decreto
2365 del 7 de diciembre de 2015.
14 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural fue creado a través del Decreto 1300 del 21 de mayo

de 2003. La naturaleza jurídica de dicha entidad pública quedó establecida en el artículo 1° de esa
normativa, disposición cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 1°. Creación, naturaleza jurídica
y jurisdicción. Créase el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, como un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. El
Instituto tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá conformar dependencias
para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial” [énfasis añadido].
15 “Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia [subrogado por el

artículo 36 de la Ley 446 de 1998]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: [...]
9. De las acciones de revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las
resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación
de baldíos [...]” [énfasis y aclaración añadida].
16 “Artículo 53. En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio,

además de las disposiciones que se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: [...] 3. Contra
la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio
privado sólo proceden el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el numeral 8 [actualmente numeral 9]
del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Durante los quince (15) días siguientes
a su ejecutoria permanecerá en suspenso la ejecución de la resolución que dicte el Instituto, con el
objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia. Si no se
presenta la demanda de revisión en el término indicado, o si aquella fuere rechazada, o la sentencia
del Consejo de Estado negare la revisión demandada, el Instituto procederá a remitir a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos correspondiente copia de las resoluciones que decretaron la
extinción del dominio privado, para su inscripción y la consecuente cancelación de los derechos
reales constituidos sobre el fundo [...]” [énfasis y aclaración añadida].
17 No está de más precisar que el artículo 53 de la Ley 160 de 1964 fue derogado expresamente por

el Decreto Ley 902 del 23 de mayo de 2017 [artículo 82] “por el cual se adoptan medidas para facilitar
la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de
tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.

14

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la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como
parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les
reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto
de ellos aunque no concurran [...]” [énfasis añadido].

Es así que, en orden a que se configure la sucesión procesal, es necesario que
exista un litigio, como acontece en el sub examine y, además, que durante su trámite
se hubiera presentado la extinción de una de las partes, en este caso del Incoder.

2.2. En tal virtud, ha de indicarse que, mediante el Decreto 2365 del 7 de diciembre
de 201518, se ordenó la supresión y la liquidación del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural [Incoder] y, en su reemplazo, a través del Decreto 2363 de la misma
fecha, se creó la Agencia Nacional de Tierras19 [ANT20].

En lo atinente a los procesos judiciales a cargo y en contra del Incoder, por medio
del artículo 16 del Decreto 2365 del 7 de diciembre de 2015, se estableció lo
siguiente: “[...] [e]l Incoder en Liquidación, antes del cierre de su liquidación,
entregará los procesos judiciales a la Agencia Nacional de Tierras o a la
Agencia de Desarrollo Rural, según corresponda a sus respectivos objetos
misionales, teniendo en cuenta el origen de la controversia judicial [...]” [énfasis
añadido].

2.3. Así pues, como en este proceso se pretende la revisión [y la anulación] de las
resoluciones a través de las cuales el Incoder extinguió el dominio agrario de un
predio de naturaleza rural, resulta evidente que la sucesora procesal de dicho
establecimiento público [extinto] es la Agencia Nacional de Tierras [ANT],
circunstancia que será reconocida en la parte resolutiva de esta decisión judicial.

18 “Artículo 1°. Supresión y liquidación. Suprímese el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

(Incoder), creado mediante el Decreto número 1300 de 2003, y reorganizado por los Decretos
números 3759 de 2009 y 2623 de 2012, como establecimiento público del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa y financiera. En consecuencia, a partir de la vigencia del
presente decreto, esta Entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los efectos la
denominación “Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), en Liquidación [...]” [énfasis
añadido].
19 La naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras está definida en el artículo 1° del Decreto

2363 del 7 de diciembre de 2015, disposición normativa que establece lo siguiente [transcripción
literal]: “Artículo 1°. Creación y naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.
Créase la Agencia Nacional de Tierras, ANT, como una agencia estatal de naturaleza especial,
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en los temas de
su competencia” [énfasis añadido].
20 “Artículo 38. Referencias normativas A partir de la entrada en vigencia del presente decreto,

todas las referencias normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de
ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a la Agencia Nacional
de Tierras (ANT) [...]” [énfasis y aclaración añadida].

15

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Por último, no está de más señalar que lo que se disponga en esta sentencia recaerá
sobre la Agencia Nacional de Tierras [ANT].

3. La acción procedente, su alcance y su contenido

3.1. El capítulo XI de la Ley 160 del 3 de agosto de 1964 [artículos 52 a 64 de esa
normativa] regula la procedencia y el procedimiento administrativo tendiente a
declarar la extinción del derecho de dominio sobre tierras incultas. De igual modo,
es necesario advertir que su reglamentación se encuentra contenida en el Decreto
2665 del 3 de diciembre de 199421.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5322 de la Ley 160 de 1994, “[...]
[c]ontra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha
extinguido el derecho de dominio privado proceden el recurso de reposición,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión
ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única
instancia [...]” [énfasis añadido].

En concordancia con lo anterior, los artículos 128.9 y 136.5 del CCA ratifican la
procedencia de la acción de revisión en contra de los actos administrativos que
declaran la extinción del dominio agrario en los siguientes términos [transcripción
literal]:

“[...] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia
[subrogado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998]. El Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente
y en única instancia: [...] 9. De las acciones de revisión contra los actos de
extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los
procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos [...].
Artículo 136. Caducidad de las acciones [subrogado por el artículo 44 de la Ley
446 de 1998]. [...] 5. La acción de revisión contra los actos de extinción del
dominio agrario o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos
de clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos deberá interponerse dentro de
los quince (15) días, contados a partir del día siguiente de su ejecutoria. Para los
terceros, el término de caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir del día
siguiente a la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos
Públicos [...]” [énfasis y aclaración añadida].

3.2. Así las cosas, como en este juicio se pretende la revisión [y la declaratoria de
nulidad] de las resoluciones a través de las cuales se extinguió el dominio agrario
sobre el bien inmueble rural denominado “El Diamante”, es necesario concluir que

21 Decreto 2665 del 3 de diciembre de 1994: “por el cual se reglamenta el Capítulo XI de la Ley 160

de 1994, relacionado con la extinción del derecho de dominio privado sobre inmuebles rurales”.
22 Disposición legislativa que actualmente se encuentra derogada; sin embargo, la Sala pone de

presente que esa norma sí estaba vigente para la época en que sucedieron los hechos objeto de
litigio, así como para la fecha en que se presentó la acción de revisión que aquí se examina [9 de
mayo de 2012].

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la acción de revisión ejercida en el presente asunto es la procedente para abordar
el estudio del caso concreto que se somete a consideración de esta Subsección.

3.3. Por otro lado, en lo que respecta al alcance y al contenido de la acción de
revisión [extinción del dominio agrario], conviene que la Sala efectúe las siguientes
precisiones conceptuales:

De conformidad con lo consignado en la jurisprudencia de la Sección Tercera de
esta Corporación23, “[....] en la acción de revisión no es indispensable que el
impugnante formule cargo alguno de violación, en razón a que al Juez
competente, como su nombre lo indica, le corresponde revisar y comprobar
que se ha cumplido estrictamente con la actuación reglada en las normas
pertinentes [...]” [énfasis añadido].

Asimismo, la Corte Constitucional24 también había sido enfática en señalar que en
el ejercicio de la acción de revisión “[...] [n]o era indispensable que el impugnante
formulara cargo alguno de violación, por cuanto el análisis del juez se limitaba
a verificar el cumplimiento de las reglas dispuestas en el proceso agrario
respectivo [...]” [énfasis añadido].

En línea con lo anterior, esta Sección25 ha estimado que “[...] [l]a revisión es una
especie de homologación de actos administrativos, de modo que aun cuando
se formulen cargos contra las resoluciones proferidas por el INCODER -hoy
ANT-, esta Corporación tiene que verificar de oficio que se hayan cumplido
todos los trámites y exigencias establecidas en la ley [...]” [énfasis añadido].

Así las cosas, es necesario indicar que la acción de revisión agraria tiene por objeto
la verificación y validación a cargo de esta Corporación de que la entidad pública
[en este caso el Incoder] hubiese ejercido sus competencias con estricto apego y
obediencia a los procedimientos establecidos en la Ley 160 de 1994 y el Decreto
Reglamentario 2665 de 1994 [en lo que concierne a la extinción del dominio agrario].

En tal virtud, es relevante recordar lo que ha sostenido el Consejo de Estado26 en
punto al valor y a la funcionalidad del mecanismo de control jurisdiccional en
comento [transcripción literal]:

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de

julio de 2009, expediente No. 21.138.
24 Corte Constitucional, sentencia C-623 del 30 de septiembre de 2015.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 21 de noviembre de 2022, expediente No. 43.439.
26 Cita textual consignada y extraída de la siguiente providencia judicial: Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, expediente No.
21.138.

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

“[...] En lo que respecta con el objeto de la acción de revisión de las actuaciones del
INCORA [en este caso Incoder] que culminaron con la decisión administrativa de
extinción del derecho de dominio, la ley asignó el conocimiento inicialmente a la Corte
Suprema de Justicia; luego lo reasignó al Consejo de Estado, en única instancia, y con
el objetivo de revisar si el trámite realizado por el INCORA [Incoder] se realizó de
acuerdo a la ley, dado que dicha declaratoria de extinción no es una función
administrativa discrecional. En la demanda de la acción de revisión no es
necesario que el demandante haga cargos de violación, pues la ley impone al
Consejo de Estado la revisión de la actuación administrativa desde su comienzo
hasta la decisión definitiva, lo que implica la comprobación atinente a que el
INCORA [Incoder] cumplió la actuación reglada que el legislador le impuso sobre
el trámite administrativo de extinción del derecho de dominio. La actuación del
Consejo de Estado tiene una connotación relevante cual es la de no tolerar ningún
estado de injusticia: o que el demandante no debe perder su dominio o que lo perdió,
a favor del Estado, por no haber cumplido con la función social de su explotación [...]”
[énfasis y aclaraciones añadidas].

4. La legitimación en la causa

4.1. En lo que respecta a este presupuesto a procesal, es necesario indicar que Yirxi
Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón, Nancy Agudelo Rivera y Liduvina
Rincón Rivero y el extinto Incoder [actualmente ANT] se encuentran legitimados
en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, puesto que:

[i] Julio Martín Murcia Triana era el propietario de la tercera parte [1/3] del bien
inmueble conocido como “El Diamante27” [predio rural respecto del cual se extinguió
derecho de dominio privado].

A través de la sentencia No. 0349 del 16 de noviembre de 201128, el Juzgado Quinto
de Familia de Bucaramanga declaró la muerte presunta29 por desaparecimiento de
Julio Martín Murcia Triana.

En ese orden de ideas, la Subsección advierte que a Yirxi Yamina Murcia Rincón y
a Elizabeth Murcia Rincón [hijas30 de Julio Martín Murcia Triana], en efecto, les
asiste un interés jurídico para solicitar la revisión y la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos cuestionados [a nombre de su padre].

27 Bien inmueble rural identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-3122, cuyas anotaciones dan

cuenta del derecho de propiedad de Julio Martín Murcia Triana sobre dicho predio [folios 138 y 139
del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].
28 Folios 91 a 95 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
29 Se estableció que la fecha de la muerte presunta por desaparecimiento de Julio Martín Murcia

Triana fue el 10 de marzo de 1987 [folio 95 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado]. Esta
información también quedó plasmada en el registro civil de defunción que se aportó al presente
proceso [folio 143 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].
30 Parentesco que se acredita con la copia de los registros civiles de nacimiento aportados en este

proceso [folios 141 y 142 cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].

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[ii] Nancy Agudelo era la propietaria de las dos terceras partes [2/3] del terreno
conocido como “El Diamante31”, de ahí que su habilitación para debatir la legalidad
de las resoluciones enjuiciadas no admita duda alguna.

[iii] Liduvina Rincón Rivero era la compañera permanente32 de Julio Martín Murcia
Triana y, asimismo, es la madre33 de Yirxi Yamina Murcia Rincón y a Elizabeth
Murcia Rincón. En ese sentido, las consideraciones planteadas respecto de sus
hijas les resulten enteramente replicables [en lo que atañe a este presupuesto
procesal].

[iv] El extinto Incoder expidió las Resoluciones Nos. 01989 del 5 de agosto de
201134 y 0276 del 6 de marzo de 201235, actos administrativos cuya revisión [y
nulidad] se pretende en este litigio.

4.2. En función de lo anterior, es evidente que Yirxi Yamina Murcia Rincón,
Elizabeth Murcia Rincón, Nancy Agudelo Rivera y Liduvina Rincón Rivero y el
antiguo Incoder están legitimados en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente, dado que ambos extremos procesales tienen participación directa
e indirecta en los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales se edifica y
se nutre el presente proceso judicial.

5. El ejercicio oportuno del derecho de acción

5.1. Al tenor de lo previsto en el artículo 136.5 del CCA36, subrogado por el artículo
44 de la Ley 446 de 1998, la acción de revisión en contra de los actos de extinción

31 Bien inmueble rural identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-3122, cuyas anotaciones dan

cuenta del derecho de propiedad de Nancy Agudelo Rivera sobre dicho predio [folios 138 y 139 del
cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].
32 Calidad que se logra establecer con la información recolectada en el proceso de jurisdicción

voluntaria que se adelantó ante el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga para declarar la
muerte presunta por desaparecimiento de Julio Martín Murcia Triana [folios 89 a 95 y 128 del
cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].
33 Parentesco que se acredita con la copia de los registros civiles de nacimiento aportados en este

proceso [folios 141 y 142 cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].
34 Folios 74 a 85 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
35 Folios 112 a 122 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
36 Regla de caducidad concordante con lo que establecía el artículo 53.3 de la Ley 160 de 1994.

Dicha disposición normativa prescribía lo siguiente [transcripción literal]: “Artículo 53. En el estatuto
que regule el procedimiento administrativo de extinción de dominio, además de las disposiciones que
se consideren necesarias, se incluirán las siguientes: [...] 3. Contra la resolución que declare que
sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden el recurso
de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, según lo
previsto en el numeral 8 [actualmente numeral 9] del artículo 128 del Código Contencioso
Administrativo. Durante los quince (15) días siguientes a su ejecutoria permanecerá en
suspenso la ejecución de la resolución que dicte el Instituto, con el objeto de que los
interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia. Si no se presenta la
demanda de revisión en el término indicado, o si aquella fuere rechazada, o la sentencia del Consejo
de Estado negare la revisión demandada, el Instituto procederá a remitir a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente copia de las resoluciones que decretaron la extinción del
dominio privado, para su inscripción y la consecuente cancelación de los derechos reales
constituidos sobre el fundo [...]” [énfasis y aclaración añadida].

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del dominio agrario “[...] deberá interponerse dentro de los quince (15) días,
contados a partir del día siguiente de su ejecutoria. Para los terceros, el término
de caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir del día siguiente a la
inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos [...]”
[énfasis añadido].

5.2. En ese sentido, conviene señalar que, a través de la Resolución No. 01989 del
5 de agosto de 201137, el Incoder [actualmente ANT] extinguió el derecho de
dominio privado sobre el bien inmueble rural denominado “El Diamante”, el cual,
valga precisar, estaba radicado en cabeza de Julio Martín Murcia Triana [1/3] y de
Nancy Agudelo Rivera [2/3].

Yirxi Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón [hijas de Julio Martín Murcia
Triana] fueron notificadas personalmente38 [a través de apoderado judicial] de la
referida determinación el 12 de diciembre de 2011.

Nancy Agudelo le otorgó poder39 a su cónyuge para dicho efecto y, en tal virtud, la
Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011 también se le notificó de forma
personal40 el 12 de diciembre de 2011.

El 19 de diciembre de 2011, Yirxi Yamina Murcia Rincón, Elizabeth Murcia Rincón
y Nancy Agudelo Rivera [representadas por un profesional del derecho]
interpusieron recurso de reposición41 en contra del acto administrativo antes
mencionado.

No obstante lo anterior, mediante la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 201242,
la entidad pública demandada resolvió de forma desfavorable la impugnación
presentada por las accionantes y, como consecuencia de ello, confirmó en su
totalidad la determinación primigenia.

El abogado de las actoras [en sede administrativa] fue notificado personalmente 43
de la aludida decisión el 17 de abril de 2012, de modo que las resoluciones en
cuestión adquirieron firmeza el 18 de abril de 201244, razón por la que debe

37 Folios 74 a 85 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
38 Folios 100 y 101 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
39 Folio 165 del cuaderno de antecedentes administrativos.
40 Folio 166 del cuaderno de antecedentes administrativos.
41 Folios 102 a 111 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
42 Folios 112 a 122 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
43 Folio 123 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
44 De conformidad con lo previsto en el artículo 62.2 del CCA, los actos administrativos quedarán en

firme [transcripción literal]: “[...] 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido [...]”
[énfasis añadido].

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señalarse que el término de 15 días [hábiles] para presentar la acción de revisión
agraria se vencía el 10 de mayo de 2012.

5.3. En tal virtud, como el escrito inicial se presentó el 9 de mayo de 201245, es
necesario concluir que su radicación fue oportuna, de ahí que la Subsección pueda
determinar que este presupuesto procesal se encuentra satisfecho.

6. El objeto de la demanda presentada y la delimitación de los problemas
jurídicos a resolver

6.1. De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la
demanda, la Sala abordará el análisis del caso concreto que se somete a su
consideración; sin embargo, ha de advertirse que ello no significa que esta
Corporación renuncia y se libera de su deber de ejercer un control jurisdiccional
integral [incluso oficioso] del procedimiento administrativo que adelantó el extremo
pasivo al extinguir el dominio agrario sobre el bien inmueble rural denominado “El
Diamante”, puesto que una determinación en ese sentido desconocería el alcance
y el contenido de la acción de revisión aquí ejercida, tal como se ha expuesto en
precedencia.

6.2. Aclarado lo anterior, previo a indicar cuáles serán los problemas jurídicos que
esta decisión resolverá, la Sala considera importante anunciar que, por razones
estrictamente metodológicas, el estudio de la presente contienda seguirá la
siguiente hoja de ruta:

Ab initio, se examinarán los argumentos planteados por las accionantes en relación
con la “violación de las garantías procesales sustanciales”, los cuales,
esencialmente, pretenden demostrar que, en el marco del trámite encaminado a
extinguir el derecho de dominio privado sobre el terreno conocido como “El
Diamante”, el antiguo Incoder [hoy ANT] incurrió en una serie de irregularidades
procedimentales que vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.

Seguidamente, solo en el caso de que las alegaciones antes referidas carezcan de
vocación de prosperidad, la Subsección pasará a analizar si, tal y como se consignó
en el escrito inicial, es viable afirmar que se configuró una: [i] “ausencia de
fundamentos de hecho para la declaratoria de extinción de dominio privado”
y [ii] “pérdida de fuerza ejecutoria de la resolución que da origen a la actuación
administrativa de extinción de dominio privado”.

45 Folios 1 a 34 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.

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6.3. Así las cosas, efectuada la precisión metodológica en precedencia, es
necesario señalar que los problemas jurídicos que le corresponde a la Sala abordar
y resolver en esta determinación son los siguientes [en el orden que a continuación
se presenta, siempre y cuando a ello haya lugar]:

[i] Determinar si las irregularidades procedimentales invocadas por las actoras, a
título de “violación de las garantías procesales sustanciales”, tienen la entidad
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que acompaña a las
resoluciones acusadas en este juicio.

[ii] Establecer si en este asunto se configuró una “ausencia de fundamentos de
hecho para la declaratoria de extinción de dominio privado”.

[iii] Verificar si es viable considerar que se materializó la “pérdida de fuerza
ejecutoria de la resolución que da origen a la actuación administrativa de
extinción de dominio privado”.

7. Los hechos probados y las pruebas relevantes en este juicio para resolver
los problemas jurídicos identificados

La Sala valorará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan
sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que
haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de
conformidad con lo establecido por esta Corporación en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 201346.

No está de más señalar que la Subsección únicamente hará referencia a los
hechos probados y a las pruebas que resultan relevantes para resolver los
problemas jurídicos identificados en el acápite No. 6 de la parte considerativa de
esta decisión.

En ese sentido, revisado el expediente del presente juicio, se advierte lo siguiente:

46 En la providencia de unificación jurisprudencial en comento se razonó lo siguiente [transcripción

literal]: “[…] Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso
penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez
que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y
solicitados como prueba traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las
demandadas, surtiéndose así el principio de contradicción […]. En consideración a lo anterior y a
pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254
de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los
artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con
excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han
hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento
aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además,
aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda [...]” [Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2013, expediente No. 25.022].

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7.1. De acuerdo con lo consignado en las anotaciones del certificado de tradición y
libertad47 del bien inmueble rural denominado “El Diamante” [identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 303-3122], está acreditado el derecho de propiedad de
Julio Martín Murcia Triana [1/3]48 y Nancy Agudelo Rivera [2/3]49 sobre el predio en
comento50, terreno ubicado en el municipio de Barrancabermeja [departamento de
Santander] y cuya extensión física es de 43 hectáreas.

En ese orden de ideas, también consta en el plenario que Julio Martín Murcia Triana
y Nancy Agudelo Rivera conservaron [en sus respectivas proporciones] la titularidad
del derecho de dominio del inmueble rural conocido como “El Diamante” hasta el 6
de marzo de 201251, fecha en la que el extinto Incoder expidió la Resolución No.
0276, acto administrativo a través del cual confirmó la totalidad de la Resolución
01989 del 5 de agosto de 201152 y, como consecuencia de ello, extinguió
definitivamente el derecho de propiedad privada respecto del predio en cuestión.

7.2. Respecto de la forma en la que Julio Martín Murcia Triana [1/3] y Nancy Agudelo
Rivera [2/3] adquirieron el derecho de propiedad antes referido, así como los demás
datos asociados al terreno denominado “El Diamante”, se advierte que en el estudio
de títulos53 aportado a este proceso [realizado el 27 de noviembre de 2002] se
consignó lo siguiente, documento que, valga precisar, coincide perfectamente con
lo plasmado en el certificado de tradición y libertad del predio rural en cuestión [se
transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“ESTUDIOS DE TÍTULOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO
NOMBRE: EL DIAMANTE.
UBICACIÓN: Municipio de Barrancabermeja - Departamento de Santander.
ÁREA: Cuarenta y tres (43) hectáreas, según Resolución No. 36 de 5 de febrero de
1963 de la Gobernación de Santander de Bucaramanga.
LINDEROS: Están consignados en el folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122.

47 Folios 138 y 139 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
48 En la anotación No. 2 del certificado de tradición y libertad del bien inmueble rural denominado “El

Diamante” [identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-3122] consta que Julio Martín Murcia
Triana era propietario de la tercera parte [1/3] del terreno sobre el cual gravita la presente contienda
judicial.
49 En la anotación No. 7 del certificado de tradición y libertad del bien inmueble rural denominado “El

Diamante” [identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-3122] consta que Nancy Agudelo Rivera
era la propietaria de las dos terceras partes [2/3] del terreno sobre el cual versa esta disputa
jurisdiccional.
50 Predio de naturaleza rural identificado con la matrícula inmobiliaria No. 303-3122, con una cabida

de 43 hectáreas [folios 138 y 139 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado].
51 Folios 112 a 122 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
52 Determinación que las accionantes, por conducto de apoderado judicial, impugnaron [en sede

administrativa] por la vía del recurso de reposición [folios 102 a 111 del cuaderno principal No. 1 del
Consejo de Estado].
53 Folio 37 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.

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2. PROPIETARIOS INSCRITOS: MURCIA TRIANA JULIO MARTÍN y AGUDELO
RIVERA NANCY.
3. TÍTULOS DE PROPIEDAD: Resolución No. 36 de 5 de febrero de 1963 de la
Gobernación de Santander de Bucaramanga.
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 303-3122 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barrancabermeja.
4. TRADICIÓN: De este predio rural se origina así:
4.1. El predio se origina por adjudicación de baldíos, hecha por la Gobernación de
Santander de Bucaramanga, al señor CAMARGO PINZÓN JOSÉ ANTONIO, este a
su vez en compraventa celebrada según Escritura No. 1463 del 18 de junio de 1976,
en la Notaría 2 de esta ciudad le vende a MURCIA PLATA CARLOS JESÚS, las 2/3
partes y a MURCIA TRIANA JULIO MARTÍN, la 1/3 parte, posteriormente en
adjudicación en sucesión celebrada según Escritura 3204 del 12 de octubre de 1988
en la Notaría 7 de esta ciudad el señor MURCIA PLATA CARLOS JESÚS, le hereda
el señor MURCIA MILLÁN STALEN O STALIN, su parte o sea las 2/3 partes y por
último en compraventa celebrada según Escritura No. 3855 del 8 de agosto de 199954
en la Notaría 7 de Bucaramanga, el señor MURCIA MILLÁN STALEN le vende su
parte a la señora AGUDELO RIVERA NANCY.
GRAVÁMENES: No se observan.
6. LIMITACIÓN AL DERECHO DE DOMINIO: No se observan.
7. DOCUMENTOS CONSULTADOS: Folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja
[...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.3. El 17 de diciembre de 200255, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
[Incora] visitó el bien inmueble rural conocido como “El Diamante”, “[...] con el fin de
adelantar diligencias tendientes a establecer la procedencia legal de declarar o no
extinguido en todo o en parte el derecho de dominio privado del predio en mención
[...]”.

7.4. El 27 de abril de 200456, el Incoder avocó el conocimiento del procedimiento
administrativo encaminado a extinguir el dominio agrario del terreno previamente
mencionado.

7.5. El 20 de diciembre de 200757, el Incoder le entregó a la Unidad Nacional de
Tierras Rurales [Unat] el expediente del trámite de extinción del derecho de dominio
privado sobre el bien inmueble rural denominado “El Diamante”. Dicho envío se
materializó el 6 de febrero de 200858.

7.6. El 28 de abril de 200859, la Unat, con fundamento en lo dispuesto en la Ley
1152 de 2007 y el Decreto 4907 de la misma anualidad, avocó el conocimiento del
procedimiento administrativo en cuestión.

54 Folios 5 a 7 del cuaderno de antecedentes administrativos.
55 Folios 13 a 15 del cuaderno de antecedentes administrativos.
56 Folios 28 y 29 del cuaderno de antecedentes administrativos.
57 Folios 42 y 43 del cuaderno de antecedentes administrativos.
58 Folio 44 del cuaderno de antecedentes administrativos.
59 Folio 45 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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7.7. El 10 de junio de 200860, la Unat, en virtud de lo prescrito en la normativa antes
señalada, dispuso que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] DISPONE:
PRIMERO: Adelantar los trámites necesarios para obtener los documentos que
permitan identificar física y jurídicamente el inmueble, tales como títulos de propiedad,
folios de matrícula inmobiliaria actualizados, certificados de catastro, planchas de
restitución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, planos y fotografías aéreas
elaboradas por este instituto, o conforme a las regulaciones exigidas por este, y
demás escritos o informes que ilustren o permitan el logro de aquel propósito.
SEGUNDO: Requerir al propietario, interesados a otros titulares de derechos reales,
a los poseedores y tenedores para que suministren, complementen o aclaren la
información a que se refiere el numeral anterior.
TERCERO: Practicar una visita previa al inmueble denominado EL DIAMANTE,
ubicado en el municipio de BARRANCABERMEJA, SANTANDER, de la cual se
dejará constancia en un acta, y las demás actuaciones que se estimen indispensables
para analizar detalladamente y en derecho si es procedente o no iniciar el proceso de
EXTINCIÓN DE DOMINIO PRIVADO sobre el predio, los linderos físicos, y
especialmente, verificación sobre la clase de terreno, el estado de explotación
económica y tenencia, la aptitud de la tierra respecto a la producción económica, se
debe realizar una entrevista a las personas que se encuentran ocupando el inmueble,
para los fines estrictamente misionales de la Unidad Nacional de Tierras.
Dicha diligencia se llevará a cabo el día 17 de julio de 2008, a partir de las 7:00 A.M.
[...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.8. El 17 de julio de 200861, la Unat realizó la visita previa al terreno denominado
“El Diamante”.

7.9. A través de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 62, la Unat, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 144 de la Ley 1152 de 2007 y 3 del
Decreto 4907 de la misma anualidad, resolvió lo siguiente [se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores]:

“[...] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar las diligencias administrativas tendientes a establecer
si conforme a la ley procede o no declarar extinguido en todo o en parte el derecho
de dominio privado sobre el predio rural denominado EL DIAMANTE, ubicado en la
jurisdicción del municipio de BARRANCABERMEJA, departamento de Santander,
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122 del círculo catastral de
Barrancabermeja, según el cual cuenta con una cabida de 43 hectáreas [...].
SEGUNDO. Ordenar la inscripción de la presente resolución en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Barrancabermeja, en el folio de matrícula inmobiliaria
303-3122 de conformidad con el artículo 145 de la Ley 1152 de 2007 y artículo 11 del
Decreto Reglamentario 639 de 2008 para efectos de publicidad del presente acto
administrativo. A partir del registro de la presente notificación, las actuaciones
administrativas que se adelanten producirán efectos frente a terceros y estos
asumirán las diligencias en el estado en que se encuentren.
ARTÍCULO TERCERO. Notificar esta resolución en forma personal al Agente del
Ministerio Público Agrario y al propietario del predio o a su apoderado, y a los titulares
de otros derechos reales constituidos sobre el inmueble, de conformidad con lo

60 Folio 46 del cuaderno de antecedentes administrativos.
61 Folios 47 a 50 del cuaderno de antecedentes administrativos.
62 Folios 59 a 63 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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dispuesto en el artículo 12 del Decreto Reglamentario 639 de 2008, y en la forma
establecida en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo,
advirtiéndoles que contra la misma solamente procede por la vía gubernativa el
recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación
o desfijación del edicto, según el caso.
ARTÍCULO CUARTO. Dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, podrá solicitarse por el propietario y los demás titulares de otros derechos
reales constituidos sobre el inmueble, la práctica de pruebas, o aportar las que de
acuerdo con la ley sean conducentes y pertinentes , hasta la fecha en que se practique
la inspección ocular, sin perjuicio de las que se lleven a cabo en esta actuación y
siguiendo los lineamientos del artículo 13 del Decreto Reglamentario 639 de 2008 [...]”
[énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.10. El 25 de noviembre de 200863 se le notificó personalmente al agente del
Ministerio Público la decisión que se acaba de mencionar.

7.11. El 1° julio de 200964, la Unat ordenó la remisión del expediente administrativo
en comento al Incoder, determinación que sustentó en los términos que se pasan a
transcribir [literalmente, incluso con posibles errores]:

“[...] La Corte Constitucional mediante la sentencia C-175 de marzo 18 de 2009
declaró inexequible la Ley 1152 de 2007, cobrando vigencia la normatividad derogada
por la misma, de lo cual se infiere que las competencias para adelantar los procesos
agrarios vuelven a quedar en cabeza del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
INCODER-.
En virtud de dicha sentencia, corresponde a esta entidad remitir a quien hoy es
competente, el proceso de extinción de dominio, identificado bajo el radicado
827250220080184 del predio El Diamante, ubicado en Barrancabermeja,
departamento de Santander estando actualmente con notificar partes de la
Resolución 1286 [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.12. El 8 de febrero de 201065, el Incoder avocó el conocimiento del trámite de
extinción del dominio privado sobre el predio rural conocido como “El Diamante”.

7.13. El 13 de marzo de 201066, la Personería Municipal de Barrancabermeja citó a
Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana para que comparecieran [el 15
de abril de la misma anualidad] a notificarse personalmente de la Resolución No.
1286 del 2 de octubre de 2008; sin embargo, ello no sucedió por cuenta de su
inasistencia67.
7.14. El 25 de marzo de 201068, el Incoder acudió a la Personería Municipal de
Barrancabermeja para [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

63 Folio 71 del cuaderno de antecedentes administrativos.
64 Folio 81 del cuaderno de antecedentes administrativos.
65 Folio 82 del cuaderno de antecedentes administrativos.
66 Folios 95 a 98 del cuaderno de antecedentes administrativos.
67 En las actas de “DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL” del Incoder [no diligenciadas a

raíz de la inasistencia de Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana] se consignó que dicho
trámite se realizaba con apego a lo establecido en “[...] la Ley 160 de 1994 y su Decreto
Reglamentario 2665 de 1994 [...]” [énfasis añadido] [folios 92 y 93 del cuaderno de antecedentes
administrativos].
68 Folio 83 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888]
Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

“[...] [P]edirle el favor de notificar a los señores NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO
MARTÍN MURCIA TRIANA, la providencia No.1286 de 2008 por medio de la cual se
resuelve, iniciar las diligencias administrativas tendientes a establecer si conforme a
la ley, procede o no declarar extinguido en todo o en parte, el derecho de dominio
privado sobre el predio rural EL DIAMANTE de la vereda LA LIZAMA, municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander, ya que no obra en el expediente, ni
en el directorio telefónico del municipio de Barrancabermeja dirección que nos permita
la notificación.
Lo anterior conforme a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.
Igualmente entrego copia del acto administrativo, ruego a usted una vez notificado
devolver el oficio a nuestras oficinas lo más pronto posible [...]” [mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].

7.15. El 14 de abril de 201069, la Personería Municipal se dirigió a los siguientes
medios de comunicación: [i] Canal Comunitario 3; [ii] Enlace Diez y [iii] Yariguies
Stereo, a efectos de solicitarles “[...] su valiosa colaboración en transmitir por su
prestigioso medio de comunicación el siguiente aviso social: La Personería
Municipal de Barrancabermeja se permite solicitar de CARÁCTER URGENTE la
comparecencia de los señores NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN
MURCIA TRIANA, ubicada en la carrera 27 N. 46-34 Barrio el recreo [...]”
[mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.16. A través de la constancia secretarial del 3 de mayo de 2010, la Personería
Municipal de Barrancabermeja indicó lo siguiente [se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores]:

“[...] CONSTANCIA SECRETARIAL
En Barrancabermeja, tres (3) de mayo de dos mil diez (2010), se deja constancia que
después de haber esperado un tiempo prudencial para la comparecencia de los
señores NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA, después
de enviado los avisos sociales, se hace salvedad que no fue posible llevar a cabo la
notificación de las mismas, ya que los señores antes mencionados, según versión
suministrada al mensajero de esta entidad GIOVANNY MUNERA, por parte de
funcionarios del INCODER de esta ciudad, ellos no laboran en esa empresa [...]”
[énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.17. El 5 de mayo de 201070, la Personería Municipal le indicó al Incoder que no
fue posible surtir la notificación personal de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre
de 2008 a Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana.

En concreto, se consignó71 que [se transcribe de forma literal, incluso con posibles
errores]:

“[...] Barrancabermeja, cinco (5) de mayo del año dos mil diez (2010).
Se encuentra a la fecha diligencia proveniente del INCODER - Bucaramanga, de
fecha 25 de marzo/10, donde solicita a esta agencia del Ministerio Público notificar a
los señores NANCY AGUDELO RIVERA y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA. Una

69 Folios 99 a 101 del cuaderno de antecedentes administrativos.
70 Folio 85 del cuaderno de antecedentes administrativos.
71 Folio 103 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

vez realizadas las comunicaciones de rigor, se hace salvedad que no fue posible
llevara a cabo el cumplimiento de las mismas, ya que no fue posible la ubicación de
los señores mencionados, por lo tanto este Despacho procede a devolver todo a la
Oficina Comitente para lo fines pertinentes [...]” [mayúsculas sostenidas propias del
texto transcrito].

7.18. El 18 de mayo de 201072, el Incoder expidió una constancia secretarial del
siguiente tenor literal [se transcribe, incluso con posibles errores]:

“[...] CONSTANCIA SECRETARIAL
ESTA DIRECCIÓN TERRITORIAL POR MEDIO DE ESTA CONSTANCIA DA POR
SURTIDA LA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO No. 1286 DE
OCTUBRE DE 2008 DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL PREDIO EL
DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, DONDE HABIENDO
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO LEGAL SE ENCUENTRA EJECUTORIADA, PARA
PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE INICIO EN EL FOLIO
CORRESPONDIENTE EN LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
COMPETENTE [...]” [mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

7.19. En virtud de lo consignado en la anotación No. 873 del certificado de tradición
y libertad del bien inmueble rural denominado “El Diamante” [identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 303-3122], se advierte que el 3 de junio de 2010 se
inscribió la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008.

7.20. El 25 de agosto de 201074, la entidad pública demandada expidió la siguiente
constancia [se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores]:

“[...] CONSTANCIA
LA OFICINA JURÍDICA DE LOS PROCESOS AGRARIOS DE LA TERRITORIAL
SANTANDER DEJA CONSTANCIA QUE LUEGO DE HABER REALIZADO TODAS
LAS DILIGENCIAS NECESARIAS TENDIENTES A NOTIFICAR PERSONALMENTE
LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1286 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2008 AL PROPIETARIO
DEL PREDIO EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA LOS
SEÑORES NANCY AGUDELO RIVERA Y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA NO
TIENEN DIRECCIÓN CONOCIDA, NI FUE POSIBLE ESTABLECER SU DOMICILIO
Y LUGAR DE RESIDENCIA NI APARECEN RELACIONADOS EN LA GUÍA
TELEFÓNICA DE LOS MUNICIPIOS DE BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA,
POR LO TANTO NO SE PUDO EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA
MENCIONADA RESOLUCIÓN [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del
texto transcrito].

7.21. El 13 de septiembre de 201075, el Incoder citó y emplazó a Nancy Agudelo
Rivera y Julio Martín Murcia Triana para que comparecieran a sus oficinas y se
notificaran de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008.

El respectivo edicto se fijó el 13 de septiembre de 2010 y se desfijó el 17 del mismo
mes y año.

72 Folio 117 del cuaderno de antecedentes administrativos.
73 Folio 122 del cuaderno de antecedentes administrativos.
74 Folio 134 del cuaderno de antecedentes administrativos.
75 Folios 132 y 133 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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7.22. El 21 de septiembre de 201076 y el 7 de octubre de la misma anualidad77, el
Incoder le solicitó a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja que notificara por
edicto “[...] el proceso de EXTINCIÓN DE DOMINIO que esta territorial adelanta en
relación al predio EL DIAMANTE con jurisdicción en el municipio de
BARRANCABERMEJA [...]”, de conformidad con los lineamientos fijados en el
artículo 10 del Decreto Reglamentario 2665 de 1994 [mayúsculas sostenidas
propias del texto transcrito].

7.23. El 21 de octubre de 201078, el Incoder citó y emplazó a Nancy Agudelo Rivera
y Julio Martín Murcia Triana para que comparecieran a las oficinas de la Alcaldía
Municipal de Barrancabermeja y se notificaran de la Resolución No. 1286 del 2 de
octubre de 2008.

El edicto en cuestión se fijó el 21 de octubre de 2010 y se desfijó el 27 del mismo
mes y año.

7.24. El 2 de noviembre de 201079, la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja le
indicó al Incoder que había realizado la notificación por edicto del aludido
procedimiento administrativo, el cual se fijó en un lugar público de esa entidad
pública durante el término de 5 días hábiles.

7.25. El 21 de octubre de 201080, el Incoder señaló que, como Nancy Agudelo Rivera
y Julio Martín Murcia Triana “[...] no comparecieron a notificarse de la Resolución
No. 1286 del 2 de octubre de 2008 dentro del término indicado en el Decreto
Reglamentario 2665 de 1994 artículo 10 y 44 y ss del Código Contencioso
Administrativo, se dispondrá designarles un curador ad litem a quien se le notificará
la resolución y con quien se seguirá el proceso [...]”.

En ese sentido, dicha entidad pública resolvió lo siguiente [se transcribe de forma
literal, incluso con posibles errores]:

“[...] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Designar en calidad de curador ad litem de los señores (a)
NANCY AGUDELO RIVERA Y JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA, para que los
represente dentro de este proceso y con quien se surtirá la notificación de la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre del año 2008 y se continuará con el trámite del
mismo, a uno de los siguientes abogados: GONZALO AFANADOR, MARÍA LUCIA
ALBA DE GARCÍA, GUSTAVO ALBERTO ALBARRACÍN CADENA [...]” [‘enfasis y
mayúsculas sostenidas propias del texto transcrito].

76 Folios 123 y 124 del cuaderno de antecedentes administrativos.
77 Folios 125 y 126 del cuaderno de antecedentes administrativos.
78 Folios 130 y 131 del cuaderno de antecedentes administrativos.
79 Folio 127 del cuaderno de antecedentes administrativos.
80 Folios 135 a 137 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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7.26. El 4 de noviembre de 201081 se posesionó Emilde Blanco Rivera, profesional
del derecho que asumió la curaduría ad litem de Nancy Agudelo Rivera y Julio
Martín Murcia Triana. Asimismo, a dicha apoderada judicial se le notificó la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008.

7.27. El 29 de noviembre de 201082, el Incoder ordenó la práctica de una inspección
ocular sobre el terreno rural denominado “El Diamante”. La fecha fijada para llevar
a cabo dicha diligencia fue el 15 de diciembre de 2010.

7.28. Mediante el estado No. 01 del 1° de diciembre de 201083, la entidad pública
demandada notificó la referida determinación.

7.29. El 15 de diciembre de 201084 se realizó la inspección ocular sobre el bien
inmueble rural en comento, diligencia a la cual no asistió la curadora ad litem [Emilde
Blanco Rivera] de Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana.

7.30. A través de la Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011 85 [acto
administrativo objeto de revisión y control judicial], el Incoder resolvió lo siguiente
[se transcribe de forma literal, incluso con posibles]:

“[...] LA SUBGERENTE DE TIERRAS RURALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DESARROLLO RURAL -INCODER-
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contenidas en la Ley
160 de 1994, el Decreto 2665 de 1994, el Decreto 3759 de 2009, la Resolución No.
2140 del 21 de octubre de 2009, proferida por la Gerencia General del Incoder y, [...]
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar extinguido a favor de la Nación el derecho de
dominio privado y demás derechos reales existentes sobre la totalidad del predio rural
denominado “EL DIAMANTE”, ubicado en jurisdicción del municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander, de propiedad de la señora NANCY
AGUDELO RIVERA y el señor JULIO MARTÍN MURCIA TRIANA, y distinguido con el
folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barrancabermeja [...]” [énfasis y mayúsculas sostenidas propias del texto
transcrito].

7.31. El 19 de diciembre de 201186, las demandantes [representadas por un
profesional del derecho] interpusieron recurso de reposición en contra de la decisión
en cita.

81 Folio 140 del cuaderno de antecedentes administrativos.
82 Folio 144 del cuaderno de antecedentes administrativos.
83 Folio 144 del cuaderno de antecedentes administrativos.
84 Folio 148 a 161 del cuaderno de antecedentes administrativos.
85 Folios 74 a 85 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
86 Folios 102 a 111 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

7.32. Mediante la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 201287 [acto administrativo
objeto de revisión y control judicial], la entidad pública demandada resolvió de forma
desfavorable la impugnación presentada por las accionantes y, como consecuencia
de ello, confirmó en su totalidad la determinación primigenia.

7.33. El abogado de las actoras [en sede administrativa] fue notificado
personalmente88 de la aludida decisión el 17 de abril de 2012.

8. El análisis de la Subsección y la resolución del caso concreto

A continuación, la Subsección iniciará el análisis del caso concreto con el estudio
del primero de los problemas jurídicos identificados en el acápite No. 6 de la parte
considerativa de esta providencia, el cual consiste en lo siguiente:

[i] Determinar si las irregularidades procedimentales invocadas por las
actoras, a título de “violación de las garantías procesales sustanciales”,
tienen la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que
acompaña a las resoluciones acusadas en este juicio

Previo a resolver las alegaciones materia de examen, la Sala estima oportuno
efectuar unas precisiones conceptuales en lo que respecta al derecho fundamental
al debido proceso, el cual, sin que admita duda alguna, también se manifiesta [y
por ende debe garantizarse] en el marco de las actuaciones de naturaleza
administrativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de
199189, el derecho fundamental al debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.

En ese sentido, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-051 del 10 de
febrero de 2016, al definir el alcance y garantías asociadas al derecho fundamental
al debido proceso administrativo, se pronunció en los siguientes términos
[transcripción literal]:

“[…] Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de
acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes:
“(i) ser oído durante toda la actuación; (ii) a la notificación oportuna y de
conformidad con la ley; (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas;
(iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con
el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,
(vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las

87 Folios 112 a 122 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
88 Folio 123 del cuaderno principal No. 1 del Consejo de Estado.
89“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas [...]” [énfasis añadido].

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decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido
proceso [...]” [énfasis añadido].

En línea con la pauta jurisprudencial en cita, la Subsección rescata la importancia
para este juicio de las garantías [ligadas al derecho fundamental al debido proceso
administrativo] relacionadas por la Corte Constitucional en los numerales [ii], [iv];
[v] y [ix], dado que, tal y como se pasará a explicar a continuación, resultaron
desconocidas por el antiguo Incoder en el marco del procedimiento que se adelantó
para extinguir el dominio agrario sobre el bien inmueble rural denominado “El
Diamante”.

En este sentido, se observa que, a través de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre
de 200890, la Unidad Nacional de Tierras Rurales91 [Unat], de acuerdo con lo
establecido en los artículos 2892 y 14493 de la Ley 1152 de 200794 y 3 del Decreto
4907 de la misma anualidad, resolvió lo siguiente [se transcribe de forma literal,
incluso con posibles errores]:

“[...] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar las diligencias administrativas tendientes a
establecer si conforme a la ley procede o no declarar extinguido en todo o en
parte el derecho de dominio privado sobre el predio rural denominado EL
DIAMANTE, ubicado en la jurisdicción del municipio de BARRANCABERMEJA,
departamento de Santander, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No.
303-3122 del círculo catastral de Barrancabermeja, según el cual cuenta con una
cabida de 43 hectáreas [...].
ARTÍCULO TERCERO. Notificar esta resolución en forma personal al Agente del
Ministerio Público Agrario y al propietario del predio o a su apoderado, y a los
titulares de otros derechos reales constituidos sobre el inmueble, de conformidad

90 Hecho probado No. 7.9.
91 Unidad administrativa especial del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio

de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio
[creada en virtud del artículo 19 de la Ley 1152 de 2007].
92 De conformidad con lo prescrito en el artículo 28.9 de la Ley 1152 de 2007, a la Unidad Nacional

de Tierras Rurales [mientras estuvo vigente dicha normativa] le correspondía [transcripción literal]:
“[...] 9. Adelantar los procesos de extinción de dominio privado de predios ociosos de que trata
esta ley [...]” [énfasis añadido].
93 “Artículo 144. Establézcase en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad

sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el
artículo 131 de esta ley durante tres (3) años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando
los propietarios violen las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables y las de preservación y restauración del ambiente. Lo dispuesto
en este artículo no se opone a la declaratoria de extinción del dominio cuando, a la fecha en que
empiece a regir esta ley, hubiere transcurrido un lapso de tres (3) años de inexplotación del inmueble,
o si dicho término se cumpliere dentro de la vigencia de esta norma. Cuando la posesión se hubiere
ejercido sobre una parte del predio solamente, la extinción del dominio no comprenderá sino las
porciones incultas que no se reputen poseídas conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de esta
ley. La Unidad Nacional de Tierras Rurales tendrá a su cargo adelantar las diligencias y dictar
las resoluciones sobre extinción del derecho de dominio privado sobre predios rurales, según
lo previsto en la presente ley [...]” [énfasis añadido].
94 La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009, declaró la

inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007, por no haberse surtido el procedimiento de consulta previa
a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Frente a los efectos de esta decisión, se dispuso
que [transcripción literal]:“[…] Por último, la Sala considera pertinente señalar que esta decisión tiene
los efectos ordinarios previstos en el artículo 45 de la Ley 270/96 -Estatutaria de Administración de
Justicia-, es decir, hacia futuro […]” [énfasis añadido].

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con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Reglamentario 639 de 2008, y en
la forma establecida en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma solamente procede por la vía
gubernativa el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su notificación o desfijación del edicto, según el caso [...]” [énfasis y mayúsculas
sostenidas propias del texto transcrito].

De acuerdo con lo resuelto en el acto administrativo mencionado, la Subsección
observa que la Unat ordenó su notificación personal a los propietarios del predio
rural conocido como “El Diamante”, en los términos del artículo 12 del Decreto
Reglamentario 639 de 200895.

Aunque la Sala no pasa por alto el hecho de que esa normativa perdió su vigencia
aplicativa por cuenta de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007,
aspecto que la Unat y el Incoder tenían presente96, es importante recordar lo que
establecía el artículo 12 del Decreto Reglamentario 639 de 2008 [transcripción
literal]:

“[...] Artículo 12. Notificación. La resolución por la cual se disponga iniciar el
procedimiento se notificará personalmente al Agente del Ministerio Público
Agrario, al propietario y a los titulares de otros derechos reales constituidos sobre el
inmueble. Si agotadas las diligencias necesarias no fuere posible la notificación
personal al propietario e interesados, el notificador dejará constancia de ello en
el informe respectivo, indicando los motivos que hubieren impedido efectuar la
notificación personal y se ordenará su emplazamiento, mediante edicto que
durará fijado por el término de diez (10) días hábiles, en lugar público de las
oficinas de la Unidad donde se adelante el procedimiento, y por el mismo
término, en la secretaría de la alcaldía donde se halle situado el predio.
Además, se fijará por la Unidad una copia del edicto en lugar visible del sitio de
acceso al predio, salvo que se le impidiere hacerlo, de lo cual dejará constancia
escrita el respectivo notificador y se agregará al expediente.
Cumplidas las anteriores formalidades, si los interesados no se presentan
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la desfijación del edicto, se les
designará un curador ad litem.
Salvo la resolución que inicie el procedimiento administrativo de extinción del dominio
y la que lo concluya, todas las demás providencias que se dicten en desarrollo de la
actuación serán notificadas por medio de anotación en Estado [...]” [énfasis añadido].

Al margen de la pérdida de vigor normativo de la disposición citada, ello no significa
que las referidas prescripciones procedimentales hubiesen desaparecido por
completo del ordenamiento jurídico, toda vez que el Incoder continuó97 el trámite de
la notificación de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 con fundamento

95 Decreto 639 de 2008: “por el cual se reglamenta la Ley 1152 de 2007 en lo relativo a la extinción

del derecho de dominio sobre inmuebles rurales por incumplimiento de la función social de la
propiedad y se dictan otras disposiciones”.
96 Hechos probados Nos. 7.11. y 7.12.
97 Hecho probado No. 7.13. [junto con su pie de página No. 64].

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en lo señalado en el artículo 10 del Decreto Reglamentario [del Capítulo XI Ley 160
de 199498] 266599 de 1994, el cual establecía lo siguiente [transcripción literal]:

“[...] Artículo 10. Notificación. La resolución que inicie el procedimiento se
notificará personalmente al propietario y al Procurador Agrario, o al Procurador
Delegado para Asuntos Ambientales, al Director General de la correspondiente
Corporación Autónoma Regional, al respectivo Alcalde del municipio o distrito con
más de 300.000 habitantes, al Ministro del Medio Ambiente o su delegado, según el
caso, y a quienes tuvieren constituidos otros derechos reales sobre el inmueble.
Si agotadas las diligencias necesarias no fuere posible la notificación personal
a los propietarios o interesados, el notificador dejará constancia de ello en el
informe respectivo, indicando los motivos que le hubieren impedido efectuar la
notificación personal, y se ordenará su emplazamiento por edicto que durará
fijado por el término de cinco (5) días en lugar público de las oficinas del Incora
donde se adelante el procedimiento, y por el mismo término en la Secretaría de
la Alcaldía Municipal donde se halle situado el inmueble.
Además, se fijará por el Instituto una copia del edicto en la puerta o sitio de
acceso al inmueble, salvo que se le impidiere hacerlo, de lo cual dejará
constancia escrita el respectivo notificador y se agregará al expediente.
Cumplidas las anteriores formalidades, si los interesados no se presentan
dentro de los tres (3) días siguientes a la desfijación del edicto, se les designará
un curador ad litem.
Parágrafo. En los casos en que el procedimiento no pueda adelantarse con la
intervención directa del propietario u otras personas con derechos reales constituidos
sobre el inmueble, el Instituto procederá a designarles un curador ad litem, en la forma
y con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, con quien se
surtirá la notificación de la resolución inicial y se adelantará el trámite respectivo.
Para los efectos anteriores el Instituto elaborará una lista de abogados litigantes,
cuyos honorarios se cancelarán de acuerdo con las tarifas que señale la entidad [...]”
[énfasis añadido].

Contrastadas las disposiciones normativas antes transcritas, para esta Subsección
no existe duda alguna que su contenido, en términos sustanciales, es idéntico, de
ahí que sea plausible afirmar que el procedimiento que debía seguir el extinto
Incoder para notificar la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 a Nancy
Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana, en definitiva, no sufrió ninguna
variación a raíz de la inexequibilidad declarada de la Ley 1152 de 2007 [y su efecto
consecuencial sobre el Decreto Reglamentario 639 de 2008].

Aclarado lo anterior y revisado el expediente de este juicio [con especial énfasis en
el cuaderno de antecedentes administrativos], se advierte que la notificación a
Nancy Agudelo Rivera y a Julio Martín Murcia Triana de la Resolución No. 1286 del
2 de octubre de 2008 no se ciñó estrictamente a lo contemplado en el artículo 10

98 Capítulo XI de la Ley 160 de 1994: “Extinción del dominio sobre tierras incultas” [artículos 52 a

64 de esa normativa].
99 Decreto 2665 del 3 de diciembre de 1994: “por el cual se reglamenta el Capítulo XI de la Ley 160

de 1994, relacionado con la extinción del derecho de dominio privado sobre inmuebles rurales”.

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Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888]
Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

del Decreto Reglamentario 2665100 de 1994 [tampoco a lo prescrito en el artículo 12
del Decreto Reglamentario 639 de 2008].

En punto a las garantías asociadas al derecho fundamental al debido proceso
administrativo, las cuales encuentran su asiento en la jurisprudencia constitucional
[numerales [ii]101, [iv]102, [v]103 y [ix]104 arriba relacionados], ha de indicarse que su
irrespeto en el caso concreto se manifiesta en los siguientes términos:

Frente a la garantía consistente en recibir una notificación oportuna y acorde con
lo exigido en el ordenamiento jurídico, es importante señalar que, tal y como lo
alegaron las accionantes en su demanda, sí se notificó indebidamente la
Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008, puesto que no se cumplió con todos
y cada uno de los requisitos procedimentales fijados en el artículo 10 del Decreto
Reglamentario 2665 de 1994 [consideración que resulta extensible a lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto Reglamentario 639 de 2008] para dicho efecto.

En efecto, si se repara con detalle el contenido del artículo 10 del Decreto
Reglamentario 2665 de 1994 y del artículo 12 del Decreto Reglamentario 639 de
2008, es evidente que la designación del curador ad litem del propietario al que no
se logró notificar de forma directa y personal el inicio de las diligencias
administrativas, necesariamente, debió estar precedida de la fijación [o al menos se
tuvo que haber intentado] de una copia del edicto proferido por la entidad pública
competente [en este caso el Incoder] en el predio rural sobre el cual se adelanta el
trámite de extinción del dominio agrario.

Así las cosas, por su importancia para la resolución del caso concreto, la
Subsección volverá a acudir a la literalidad [en términos comparativos] de las
disposiciones antes referidas, las cuales, en clave de diseño normativo, responden
a la lógica escalonada que se pasa a exponer [para poder designar el curador ad
litem debieron cumplirse sucesivamente cada uno de los requisitos y de las
formalidades que le precedían a dicha opción]:

100 Decreto 2665 del 3 de diciembre de 1994: “por el cual se reglamenta el Capítulo XI de la Ley 160

de 1994, relacionado con la extinción del derecho de dominio privado sobre inmuebles rurales”.
101 Garantía a la notificación oportuna y de conformidad con la ley [Corte Constitucional, sentencia

T-051 del 10 de febrero de 2016, expedientes T-5.149.274, T-5.151.135 y T-5.151.136
[acumulados]].
102 Garantía a que que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su

culminación [Corte Constitucional, sentencia T-051 del 10 de febrero de 2016, expedientes T-
5.149.274, T-5.151.135 y T-5.151.136 [acumulados]].
103 Garantía a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las

formas propias previstas en el ordenamiento jurídico [Corte Constitucional, sentencia T-051 del 10
de febrero de 2016, expedientes T-5.149.274, T-5.151.135 y T-5.151.136 [acumulados]].
104 Garantía a impugnar las decisiones [Corte Constitucional, sentencia T-051 del 10 de febrero de

2016, expedientes T-5.149.274, T-5.151.135 y T-5.151.136 [acumulados]].

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

“[...] [Decreto Reglamentario 2665 de “[...] [Decreto Reglamentario 639 de
1994] Artículo 10 . Notificación. La 2008] Artículo 12. Notificación. La
resolución que inicie el resolución por la cual se disponga
procedimiento se notificará iniciar el procedimiento se notificará
personalmente al propietario y al personalmente al Agente del Ministerio
Procurador Agrario, o al Procurador Público Agrario, al propietario y a los
Delegado para Asuntos Ambientales, al titulares de otros derechos reales
Director General de la correspondiente constituidos sobre el inmueble. Si
Corporación Autónoma Regional, al agotadas las diligencias necesarias
respectivo Alcalde del municipio o no fuere posible la notificación
distrito con más de 300.000 habitantes, personal al propietario e interesados,
al Ministro del Medio Ambiente o su el notificador dejará constancia de
delegado, según el caso, y a quienes ello en el informe respectivo,
tuvieren constituidos otros derechos indicando los motivos que hubieren
reales sobre el inmueble. impedido efectuar la notificación
personal y se ordenará su
Si agotadas las diligencias emplazamiento, mediante edicto que
necesarias no fuere posible la durará fijado por el término de diez
notificación personal a los (10) días hábiles, en lugar público de
propietarios o interesados, el las oficinas de la Unidad donde se
notificador dejará constancia de ello adelante el procedimiento, y por el
en el informe respectivo, indicando mismo término, en la secretaría de la
los motivos que le hubieren impedido alcaldía donde se halle situado el
efectuar la notificación personal, y se predio.
ordenará su emplazamiento por
edicto que durará fijado por el Además, se fijará por la Unidad una
término de cinco (5) días en lugar copia del edicto en lugar visible del
público de las oficinas del Incora sitio de acceso al predio, salvo que se
donde se adelante el procedimiento, le impidiere hacerlo, de lo cual dejará
y por el mismo término en la constancia escrita el respectivo
Secretaría de la Alcaldía Municipal notificador y se agregará al
donde se halle situado el inmueble. expediente.
Además, se fijará por el Instituto una Cumplidas las anteriores
copia del edicto en la puerta o sitio de formalidades, si los interesados no se
acceso al inmueble, salvo que se le presentan dentro de los tres (3) días
impidiere hacerlo, de lo cual dejará hábiles siguientes a la desfijación del
constancia escrita el respectivo edicto, se les designará un curador ad
notificador y se agregará al litem.
expediente.
Salvo la resolución que inicie el
Cumplidas las anteriores procedimiento administrativo de
formalidades, si los interesados no extinción del dominio y la que lo
se presentan dentro de los tres (3) concluya, todas las demás providencias
días siguientes a la desfijación del que se dicten en desarrollo de la
edicto, se les designará un curador actuación serán notificadas por medio de
ad litem. anotación en Estado [...]” [énfasis y
aclaración añadida].
Parágrafo. En los casos en que el
procedimiento no pueda adelantarse
con la intervención directa del
propietario u otras personas con
derechos reales constituidos sobre el
inmueble, el Instituto procederá a
designarles un curador ad litem, en la
forma y con los requisitos establecidos
en el Código de Procedimiento Civil, con
quien se surtirá la notificación de la
resolución inicial y se adelantará el
trámite respectivo.
Para los efectos anteriores el Instituto
elaborará una lista de abogados
litigantes, cuyos honorarios se

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Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888]
Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

cancelarán de acuerdo con las tarifas
que señale la entidad [...]” [énfasis y
aclaración añadida].

Las normas en cita son lo suficientemente claras en el sentido de señalar que, “[...]
[c]umplidas las anteriores formalidades [entre ellas está la fijación de una copia
del edicto [o su intento] en el predio rural sobre el que se adelanta el procedimiento
administrativo en cuestión], si los interesados no se presentan dentro de los tres
(3) días siguientes a la desfijación del edicto, se les designará un curador ad
litem [...]”.

En tal virtud, la Sala se encuentra en la obligación de poner de presente que no
existe en este juicio elemento de convicción alguno que dé cuenta del acatamiento
de la pauta procedimental antes mencionada105 [necesaria y previa a la designación
de un curador ad litem para los propietarios del bien inmueble rural conocido como
“El Diamante”], falencia que la Subsección, en definitiva, no puede pasar por alto,
dado que impacta de forma directa en la validez y en la eficacia de todo el trámite
adelantado por el antiguo Incoder para declarar la extinción del dominio privado
sobre el terreno rural denominado “El Diamante”.

No está de más recordar que, en el marco de un proceso judicial motivado por el
ejercicio de la acción de revisión agraria, esta Corporación está obligada [incluso de
oficio106] a “[...] revisar y comprobar que se ha cumplido estrictamente107 con la
actuación reglada en las normas pertinentes [...]” [énfasis añadido].

Puesto en otros términos, la labor de control judicial que se despliega en este tipo
de controversias es, sin duda alguna, mucho más rigurosa, en la medida en que la
actuación del Consejo de Estado siempre deberá estar guiada por la intolerancia
absoluta a cualquier estado de injusticia108 y, además, por el respeto férreo hacia el
derecho de propiedad privada que se extingue en este tipo de procedimientos
agrarios.

105 Ha de enfatizarse en el hecho de que en el expediente no obra ninguna prueba que demuestre

que el antiguo Incoder sí fijó una copia del edicto en el terreno [“El Diamante”] sobre el cual recaería
la extinción del dominio agrario, así como tampoco se observa algún tipo de constancia escrita [en
el marco del procedimiento administrativo adelantado] en la que se indicara las razones que le
impidieron a la entidad pública demandada agotar dicho requisito previo a la designación del curador
ad litem de Nancy Agudelo Rivera y Julio Martín Murcia Triana [propietarios], el cual resultaba
exigible en los precisos términos del artículo 10 del Decreto Reglamentario 2665 de 1994
[consideración que, debe recordarse, resulta extensible a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
Reglamentario 639 de 2008].
106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 21 de noviembre de 2022, expediente No. 43.439.
107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de

julio de 2009, expediente No. 21.138.
108 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de

julio de 2009, expediente No. 21.138.

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Radicación: 11001-03-26-000-2012-00035-00 [43.888]
Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

Así las cosas, es imperativo resaltar que la Corte Constitucional109 se ha pronunciado
sobre la importancia de una debida notificación y su coligación al derecho
fundamental al debido proceso administrativo en los siguientes términos
[transcripción literal]:

“[...] Adquiere especial relevancia resaltar que, no solo debe surtirse el trámite propio
de la notificación, sino también que la misma debe realizarse en debida forma y
de acuerdo a las formalidades expresamente instituidas por el legislador para ello.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que el debido y
oportuno conocimiento de las actuaciones de la administración es un principio
rector del derecho administrativo, en virtud del cual las autoridades están en la
obligación de poner en conocimiento de los destinatarios los actos administrativos que
profieran.
Esta actividad no puede ser desarrollada de manera discrecional, sino que se trata
de un acto reglado en su totalidad. Es así, como cualquier mecanismo procesal
que impida ejercer el derecho de defensa, todo aquello que evite, limite o confunda
a una persona para ejercer en debida forma sus derechos dentro de un trámite
administrativo, atenta contra el ordenamiento superior y las garantías judiciales.
De igual forma, poner en conocimiento los actos administrativos a través de actuaciones
como la notificación, es una manifestación del principio de publicidad, el cual incide en
la eficacia de las decisiones administrativas al definir la oponibilidad para los interesados
y el momento desde el cual es posible controvertirlas [...].
En suma, el derecho al debido proceso administrativo ha sido consagrado como
la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal
forma que se garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad
jurídica y el derecho de defensa de los administrados. Una de las maneras de cumplir
con ello, es a través de las notificaciones de los actos administrativos, que
pretende poner en conocimiento de las partes o terceros interesados lo decidido
por la autoridad, permitiéndole así conocer el preciso momento en que la decisión
le es oponible y a partir del cual puede ejercer el derecho de defensa y
contradicción [...]” [énfasis añadido].

En ese orden de ideas, resulta apenas lógico concluir que los actos administrativos
objeto de escrutinio jurisdiccional en este asunto [Resolución No. 01989 del 5 de
agosto de 2011 y Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012] cargan el peso de
la irregularidad procedimental que se acaba de detectar, de suerte que su validez
se encuentra, indefectiblemente, afectada por el vicio adjetivo [indebida
notificación de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008] en el que
incurrió el extremo pasivo al inicio del trámite de extinción del dominio agrario aquí
cuestionado.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala considera que la garantía
consistente en recibir una notificación oportuna y acorde con lo exigido en el
ordenamiento jurídico se le vulneró a las accionantes en el caso concreto.

Por otro lado, respecto de las garantías encaminadas a que se permita la
participación de los interesados en la actuación administrativa desde su inicio

109 Corte Constitucional, sentencia T-404 del 26 de junio de 2014, expediente T-4228203.

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hasta su culminación y que la misma se adelante por autoridad competente y
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento
jurídico, la Subsección advierte que:

[i] La indebida notificación de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 [en
sí misma] impidió que los propietarios del predio rural denominado “El Diamante”
pudiesen participar desde el inicio en el procedimiento de extinción del dominio
agrario que en esta instancia judicial se revisa, motivo más que suficiente para
afirmar que esta garantía se desconoció en el presente asunto.

[ii] La falta de acatamiento estricto de los requisitos procedimentales consignados
en el artículo 10 del Decreto Reglamentario 2665 de 1994 y en el artículo 12 del
Decreto Reglamentario 639 de 2008 [normas equivalentes], sin lugar a duda,
constituye un claro irrespeto a las formas propias previstas en el ordenamiento
jurídico para lograr la notificación [debida] de la resolución que inicia las diligencias
administrativas tendientes a declarar la extinción del dominio privado de un bien
inmueble rural, de ahí que esta garantía también se encuentre vulnerada en este
juicio.

De igual manera, en lo concerniente a la garantía enderezada a permitir que se
impugnen las decisiones administrativas, no puede existir duda alguna de que
la indebida notificación de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 incidió
negativamente en la posibilidad que le asistía al extremo demandante de recurrir
[por la vía de la reposición] el aludido acto administrativo, de ahí que su disenso en
contra de las diligencias que en este asunto se cuestionan solo se hubiese podido
manifestar en contra del acto administrativo que extinguió el derecho de dominio
privado sobre el terreno conocido como “El Diamante” [Resolución No. 01989 del 5
de agosto de 2011 y Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012].

En conclusión, como el inicio de las diligencias tendientes a extinguir el dominio
agrario sobre el bien inmueble rural denominado “El Diamante” vulneró varias de las
garantías asociadas al derecho fundamental al debido proceso administrativo de la
parte actora [la indebida notificación de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre
de 2008], no existe duda alguna de que esas irregularidades adjetivas vician y
contagian de invalidez a las resoluciones que pusieron fin al trámite en cuestión,
razón por la cual esta Sala declarará la nulidad de las resoluciones objeto de
revisión judicial [Resolución No. 01989 del 5 de agosto de 2011 y Resolución
No. 0276 del 6 de marzo de 2012].

Asimismo, como consecuencia de la anterior declaración, también se ordenará que
se cancele la inscripción que se efectuó de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

de 2008 en el folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122 [correspondiente al predio
rural en comento], la cual quedó consignada en la anotación No. 8 del certificado de
tradición y libertad del referido terreno y que, además, se materializó el 3 de junio
de 2010110.

Por último, no sobra indicar que, en atención a la prosperidad de los cargos de
anulación por “violación de las garantías procesales sustanciales”, la Sala se
releva de estudiar los demás fundamentos de hecho y de derecho que planteó la
parte activa en su demanda [problemas jurídicos [ii] y [iii] identificados en el acápite
No. 6 de la parte considerativa de esta providencia], dado que lo hasta aquí
analizado, en realidad, resulta suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad
de los actos administrativos acusados, de manera que los demás cuestionamientos
invocados en este juicio no requieren ser estudiados para poder arribar a la
conclusión de que las resoluciones cuestionadas resultan contrarias al
ordenamiento jurídico.

9. La condena en costas

No procede la condena en costas en esta instancia, toda vez que no se evidencia
una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo
171 del CCA111 -subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998- para dicho
efecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: RECONOCER a la Agencia Nacional de Tierras [ANT] como la sucesora
procesal del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [Incoder].

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución No. 01989 del 5 de agosto
de 2011 y de la Resolución No. 0276 del 6 de marzo de 2012, de conformidad con
razones plasmadas en la parte motiva de esta providencia, actos administrativos
que, en su momento, profirió el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
[Incoder].

110 Hecho probado No. 7.19.
111 “Artículo 171. Condena en costas [subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998]. En todos

los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil” [énfasis y aclaración añadida].

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Demandantes: Yirxi Yamina Murcia Rincón y otras

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Barrancabermeja [Santander]
que cancele la inscripción de la Resolución No. 1286 del 2 de octubre de 2008 en
el folio de matrícula inmobiliaria No. 303-3122 [anotación No. 8].

CUARTO: SIN condena en costas en esta instancia, en virtud de los motivos
analizados en esta decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

[VF]

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