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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00002-00

Fecha
21 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00002-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de revisión. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante. TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUÍDENSE las costas del proceso, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. Para el efecto, como agencias en derecho se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, a cargo de la parte vencida. CUARTO: Por secretaría, DEVUÉLVASE a la parte actora la suma consignada para gastos del proceso o su remanente si los hubiere. QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, 32 Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. En única instancia. (…) b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 SMMLV. 33 Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919) Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras) Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2013-00002-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicación número: 110010326000201300002-00 (45919)

Demandante: MARIO ERNESTO CASTAÑO DUQUE Y OTRO

Demandado: INCODER (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REVISIÓN – ASUNTOS AGRARIOS

Temas: CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL – Finalidad - Fundamentos
– Reglas / BIEN BALDÍO – Imprescriptibilidad / SENTENCIA CIVIL DE
PERTENENCIA – Inoponibilidad al Estado cuando recae sobre bien rural baldío
ACCIÓN DE REVISIÓN EN ASUNTOS AGRARIOS – Características – Facultades
del juez

Procede la Sala a resolver, en única instancia, el medio de control de revisión
presentado por el señor Mario Ernesto Castaño Duque y Darío Castaño Duque
contra la Resolución N° 0367 del 23 de marzo de 2012, proferida por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder-.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En sentencia del 29 de septiembre de 1967, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Muzo – Boyacá resolvió a favor del señor Joaquín Castaño Castillo el proceso de
pertenencia por él incoado, respecto del predio rural El Tablón.

En la Resolución N° 0367 del 23 de marzo de 2012, confirmada mediante Resolución
N° 1559 del 9 de agosto del mismo año, el Incoder resolvió el procedimiento de
clarificación de la propiedad del predio rural El Tablón declarando que el mismo
constituía un bien baldío que nunca había salido del dominio del Estado.

Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Los demandantes, como causahabientes del señor Joaquín Castaño Castillo,
demandan la revisión de los indicados actos administrativos.

II. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda

El 14 de enero de 2013 (fls. 1-18 c.1), los señores Mario Ernesto y Darío Castaño
Duque, por conducto de apoderado judicial, instauraron demanda en ejercicio del
medio de control de revisión con el fin de que se declarara “ilegal” la Resolución N°
0367 del 23 de marzo de 2012, por la cual el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –Incoder-1 calificó como baldío el predio rural denominado El Tablón, ubicado
en el municipio de Muzo, departamento de Boyacá. Asimismo, solicitó la declaratoria
de ilegalidad de la Resolución N° 1559 del 9 de agosto de 2012, que confirmó la
primera en sede del recurso de reposición.

Como fundamentos fácticos de la demanda la parte actora narró, en síntesis, que el
señor Joaquín Castaño Castillo, hoy fallecido, era abuelo de los demandantes y el
propietario del predio El Tablón, por cuanto le fue adjudicado en sentencia de
prescripción adquisitiva de dominio, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Muzo2, protocolizada mediante escritura pública N° 117 del 23 de enero de 1968 y
registrada bajo el folio de matrícula inmobiliaria N° 072-42744 en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá - Boyacá.

Señaló que el señor Joaquín Castaño Castillo explotaba personalmente el predio
mencionado ejecutando en él actividades agrícolas y celebrando contratos de
arrendamiento con campesinos de la zona, y que su hijo, el señor Mario Castaño
Carrillo, padre de los demandantes e igualmente fallecido, también ejecutó en El
Tablón actividades agropecuarias y era reconocido por los arrendatarios como
propietario del inmueble rural.

Se indicó en la demanda que los señores Mario Ernesto y Darío Castaño Duque
han ejercido la posesión activa del predio El Tablón después de la muerte de sus

1 El cual se encuentra sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de Tierras.
2 En los hechos de la demanda no se indicó la fecha de la sentencia, pero la misma fue proferida el
29 de septiembre de 1967, según lo evidencia el material probatorio.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

predecesores y fueron reconocidos como herederos adjudicatarios en la sucesión
intestada de su abuelo Joaquín Castaño Castillo, por lo que les asistía el derecho a
“ser parte” en toda acción emprendida por el Estado frente al inmueble; y si bien los
demandantes no han hecho presencia muy constante en el predio, ello ha
obedecido a razones de orden público, y no por esto han perdido sus derechos
como herederos de El Tablón ni han dejado de manifestar su ánimo de señores y
dueños en las formas reconocidas por la ley.

Señalaron los demandantes que, en su momento el señor Mario Castaño Carrillo,
padre de aquellos, allegó al Incoder los documentos que acreditaban que el predio
El Tablón era de dominio privado, especialmente los contratos de arrendamiento
celebrados con los agricultores; y que posteriormente los hoy demandantes
presentaron en la entidad la sentencia de declaración de pertenencia, la sentencia
de sucesión intestada del señor Joaquín Castaño Castillo y la inscripción de dichas
providencias en el folio de matrícula inmobiliaria N° 072-42744.

Adujeron que, a pesar de lo anterior, el Incoder declaró el predio El Tablón como
bien baldío, en la Resolución N° 0367 del 23 de marzo de 2012, y fundó su decisión
en la supuesta insuficiencia de documentos que acreditaran la propiedad privada,
pese a haberse allegado las sentencias y documentos antes mencionados.

Refirieron que el procedimiento administrativo resuelto con la indicada resolución
presentó múltiples irregularidades, entre otras cosas porque si bien inició por una
“sugerencia” del alcalde de Muzo para que se clarificara la propiedad, el Incora dio
apertura a un proceso de extinción de dominio agrario, para luego modificar el
trámite con base en un auto emitido por una entidad “incompetente”.

Cuestionaron, en este punto, que el proceso de extinción de dominio se hubiera
iniciado con fundamento en la solicitud del alcalde de Muzo, en la que se señaló
que el señor Joaquín Castaño Castillo no había hecho presencia en la región por
más de cincuenta años, y que luego se diera paso a la actuación administrativa de
clarificación de la propiedad sin respetar ni garantizar en forma alguna el debido
proceso, la seguridad jurídica, la confianza legítima, el derecho de audiencia ni los
demás derechos de los interesados.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Recalcaron que el Incora, y posteriormente el Incoder, desconocieron todas las
pruebas documentales que demostraban el carácter privado del predio El Tablón,
así como los testimonios recogidos por la propia entidad en las visitas de campo,
los que indicaron que el inmueble siempre había sido usado y explotado en debida
forma por sus propietarios y legítimos poseedores.

Finalmente, se afirmó en el libelo que la Resolución N° 0367 de 2012 fue recurrida
por los hoy demandantes, pero confirmada por el Incoder en Resolución N° 1559
del 9 de agosto del mismo año.

1.1.- Concepto de violación

La parte actora señaló que las resoluciones censuradas vulneran los artículos 29 y
228 de la Constitución Política, por “anular” los efectos de la sentencia de
pertenencia dictada por un juez de la República, providencia que estaba cobijada
por el principio de cosa juzgada, pero cuyos efectos fueron suprimidos por el Incoder
sin tener éste competencia para ello.

Agregó que los actos acusados también infringieron las reglas del Decreto 2663 de
1994, contentivo del procedimiento de clarificación de la propiedad de predios
rurales.

2.- El trámite en única instancia

2.1. La demanda fue admitida en providencia del 4 de octubre de 2013, la cual se
notificó en debida forma a la entidad demandada, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado y al Ministerio Público (fls. 83-94, c.1).

2.2. En la contestación de la demanda, el Incoder se opuso a la prosperidad de las
pretensiones formuladas por la parte actora. Como razones de su defensa, señaló
que no era posible considerar la existencia de dominio alguno sobre un bien que
nunca había salido del patrimonio de la Nación ni tenía título originario.

Recalcó el carácter inembargable e imprescriptible de los bienes baldíos y la
inoponibilidad frente al Incoder de las sentencias de declaración de pertenencia, las

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

cuales no podían generar, bajo el ordenamiento vigente, el traslado al dominio
privado de tal clase de inmuebles.

Refirió las normas y los criterios jurisprudenciales atinentes a la imprescriptibilidad
de los terrenos baldíos y defendió la legalidad de las resoluciones en que se resolvió
a favor del Estado la clarificación de la propiedad del predio El Tablón.

2.3. En providencia del 23 de febrero de 2017 se denegó la solicitud de suspensión
provisional de las Resoluciones 0367 y 1559 de 2012, presentada por la parte
actora. La decisión fue confirmada el 12 de marzo de 2018 (fls. 18-45, c.2).

2.4. En auto del 10 de noviembre de 2017, se dispuso tener como sucesor procesal
del extinto Incoder a la Agencia Nacional de Tierras (fls. 177-178, c.1).

2.1.- La audiencia inicial

Una vez agotado el trámite correspondiente, el 30 de junio de 2016 y el 29 de enero
de 2022 se celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El 30 de junio de 2016, se dispuso suspender la audiencia y otorgar a las partes el
término de quince (15) días para que tuvieran la oportunidad de solicitar la
suspensión provisional de los actos administrativos acusados, atendiendo a lo
ordenado en ese sentido por la Corte Constitucional en la sentencia C-623 del 30
de septiembre de 2015, en la que declaró inexequibles varias expresiones
contenidas en los artículos 50 y 53 de la Ley 160 de 1994 -entre otras razones, por
limitar y restringir el indicado derecho- y ordenó que en los procesos agrarios en
curso ante esta Corporación se les garantizara a los interesados la posibilidad de
ejercer el derecho a pedir la indicada medida cautelar.

Al reanudarse la diligencia el 29 de enero de 2022, luego de la verificación de la
asistencia de los intervinientes, se advirtió la inexistencia de circunstancias que
pudieran afectar la validez de lo actuado y, al no encontrar configurada ninguna

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

excepción previa, se procedió a hacer una síntesis de la demanda y su contestación
con el objeto de fijar el litigio, para luego proceder al decreto de pruebas3.

En efecto, una vez la fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes y el
Ministerio Público, quienes manifestaron su aceptación, se concluyó que el proceso
se contraía a determinar si las resoluciones cuestionadas en la demanda guardaban
conformidad con la normativa vigente en la época de su expedición, y en concreto,
resolver si los instrumentos invocados como título por los demandantes son
suficientes para acreditar la propiedad privada sobre el inmueble El Tablón, en
particular por tratarse de sentencias judiciales ejecutoriadas.

En la etapa destinada a resolver sobre las medidas cautelares, se dejó constancia
de que se surtió el traslado a la parte actora para que se pronunciara acerca de la
suspensión del acto administrativo demandado, de conformidad con la sentencia C-
623 de 2015. Si bien los demandantes solicitaron la suspensión provisional de los
actos acusados, dicha petición fue denegada, como ya se señaló.

Posteriormente, se ordenó tener como pruebas dentro del proceso, con el valor
probatorio que les correspondiera de conformidad con la ley, las que fueron
allegadas al expediente. Al término de la diligencia, se dispuso prescindir de la
audiencia de pruebas y, en su lugar, correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por el término común de diez (10) días, para que presentaran por escrito
los alegatos de conclusión y su concepto, respectivamente.

2.2. Concepto del Ministerio Público

El Procurador Cuarto Judicial Delegado ante el Consejo de Estado consideró que
en el presente caso debían denegarse las súplicas de la demanda, toda vez que no
era procedente declarar la nulidad de las Resoluciones 0367 y 1559 de 2012,
demandadas en el sub judice, en la medida en que era palmaria la insuficiencia de
títulos que acreditaran, a la luz de la ley, la propiedad privada del predio rural El
Tablón.

3 Registro audiovisual de la audiencia, disponible en la plataforma Samai.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Sostuvo que para ello no bastaba con el aporte de las sentencias del proceso de
pertenencia y del juicio de sucesión, pues tales instrumentos contrariaban los
postulados legales que protegían y daban específicas destinaciones a los bienes
baldíos nacionales, dotándolos de imprescriptibilidad.

Agregó:

Coincide el Ministerio Público con la posición del INCODER en cuanto a que las
resoluciones demandas de clarificación de la propiedad soportan los mismos
principios y líneas jurisprudenciales (…) que de suyo reafirman la
conceptualización del porqué NO es cierto que las sentencias de pertenencia
sean título suficiente frente a la legislación anterior o luego de la expedición de
la Ley 160 de 1994 por los derroteros, advertencias y estudios de nuestra
jurisprudencia, citados anteriormente.

2.3. Alegatos de conclusión

2.3.1. La parte actora reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en la
demanda y agregó que las resoluciones censuradas adolecían de falsa motivación
por no haberse tenido en cuenta en ellas las pruebas que acreditaban la titularidad
de los demandantes sobre el predio El Tablón.

Adujo que el inmueble objeto de controversia fue legalmente adquirido por el señor
Joaquín Castaño Castillo mediante el proceso de prescripción adquisitiva de
dominio bajo las reglas del Código Civil y la Ley 120 de 1928, vigente en la época
de los hechos, y que en dicho trámite había intervenido el Ministerio Público sin
oponerse a las pretensiones de la demanda. De igual manera, afirmó que el señor
Castaño Castillo ejerció la posesión pacífica y activa del predio El Tablón durante
más de 30 años, y que al entender que ello era legítimo, acudió de buena fe ante la
administración de justicia para que se procediera a la declaración de pertenencia.

Cuestionó que los fundamentos jurídicos expuestos por la entidad demandada se
remitieran a la Ley 160 de 1994, mientras que los de la declaratoria de prescripción
se encontraran en normas de mayor antigüedad, como las Leyes 120 de 1928 y 200
de 1931; y sostuvo, con base en ello, que el Estado no podía pretender que,
pasados “85 años”, se indicara que el predio no había salido de su propiedad.

2.3.2. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras insistió en que, de acuerdo con
el ordenamiento aplicable y la jurisprudencia, las sentencias que declaraban la

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

pertenencia sobre bienes baldíos eran inoponibles al Estado, aunque hubieran sido
proferidas antes de la Ley 160 de 1994.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

De conformidad con el numeral 10 del artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala tiene competencia para
resolver la presente controversia en única instancia, ya que esta Corporación
conoce de las demandas de revisión interpuestas contra las resoluciones que
decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de
baldíos, y extinción de dominio de predios rurales. Además, el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 radicó en esta Sección la competencia para conocer de los
procesos que versen sobre asuntos agrarios.

2.- Oportunidad para demandar

De conformidad con el artículo 164, numeral 2 – literal f) de la Ley 1437 de 2011,
cuando se pretenda la revisión de los actos que decidan de fondo los
procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos -así como los
actos de extinción de dominio agrario-, la demanda debe interponerse dentro de los
quince (15) días siguientes al de su ejecutoria.

En el presente caso, la Resolución N° 1559 del 9 de agosto de 2012 -acto de cierre
cuya legalidad se debate- fue notificada el 23 de agosto de ese año y cobró
ejecutoria el 27 de noviembre siguiente, según certificación expedida por el Incoder
(fl. 70, c.1), de manera que el término de caducidad inició el 28 de noviembre de
2012 y estaba llamado a expirar el 14 de enero de 2013, fecha en la que
efectivamente fue presentada la demanda (fl. 1). Por tanto, resulta evidente que el
ejercicio del derecho de acción fue oportuno.

3.- La legitimación en la causa

Los señores Mario Ernesto Castaño Duque y Darío Castaño Duque se encuentran
legitimados en la causa por activa puesto que, habiendo intervenido como sujetos

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con interés directo en el procedimiento administrativo de clarificación de la
propiedad del predio rural El Tablón, el mismo les fue resuelto de manera
desfavorable, toda vez que en las Resoluciones 0367 y 1559 de 2012, demandadas,
se desestimaron expresamente los documentos aportados por ellos para acreditar
el alegado derecho de dominio sobre el inmueble.

Por su parte, el Incoder -hoy sucedido procesalmente por la Agencia Nacional de
Tierras4- ostenta vocación procesal para obrar en el juicio como parte pasiva, ya
que fue la entidad que profirió los actos administrativos sujetos a demanda de
revisión.

Es del caso precisar que el Incoder era un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, de conformidad
con el artículo 1º del Decreto 1300 de 2003. Posteriormente, por disposición del
inciso segundo del artículo 1º del Decreto 1850 de 2006, se estableció a la Agencia
Nacional de Tierras “ANT” como sucesor procesal del extinto Incoder. Esta, a su
vez, fue constituida como agencia estatal de naturaleza especial, del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera, de conformidad con el artículo 1º del
Decreto-ley 2363 de 2015.

4.- Problema jurídico

En el presente caso le corresponde a la Sala establecer si las Resoluciones 0367
del 23 de marzo de 2012 y 1559 del 9 de agosto de 2012, proferidas por el Incoder
para resolver de fondo el procedimiento de clarificación del predio El Tablón desde
el punto de vista de la propiedad, se ajustaron a las normas legales y
constitucionales aplicables, especialmente las invocadas por la parte demandante,
y si en esa medida, es conforme a derecho la declaratoria de dicho inmueble como
bien baldío.

4 La sucesión procesal fue reconocida mediante providencia del 10 de noviembre de 2019.

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4.1. La revisión de actos de asuntos agrarios – clarificación de la propiedad
rural

De conformidad con el artículo 50 de la Ley 160 de 19945, contra los actos de la
autoridad agraria competente -en este caso, el Incoder, hoy reemplazado por la
Agencia Nacional de Tierras ANT- que decidieran de fondo los procedimientos de
clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos6, regulados en esa
misma normativa, procedía ante el Consejo de Estado la acción de revisión,
mecanismo procesal encaminado al control de legalidad de los indicados actos
administrativos proferidos por el Incoder o quien hiciera sus veces.

Dicho examen judicial de legalidad debe ser integral, puesto que en sede del mismo
le corresponde a esta Corporación verificar que el procedimiento administrativo en
cuestión se haya adelantado con estricto ceñimiento a las normas jurídicas
aplicables, estudio que se debe adelantar de oficio, aun cuando no se hayan
formulado específicos cargos de invalidez en la respectiva demanda. En esa
medida, como lo ha señalado esta Sala, la acción de revisión se erige como una
especie de homologación de los actos administrativos agrarios señalados en el
artículo 50 de la Ley 160 de 1994, dado que así no se formulen cargos contra el
procedimiento que haya dado lugar a tales decisiones, procede verificar
oficiosamente que se hayan cumplido todos los trámites y exigencias establecidas
en la ley7.

Ahora bien, en lo que respecta concretamente al procedimiento administrativo de
clarificación de predios agrarios desde el punto de vista de la propiedad, dicho
trámite fue previsto en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 160 de 1994 8, con el

5 Norma actualmente derogada por disposición del art.82 del Decreto-ley 902 de 2017.
6 Así como los que resolvieran los procesos de extinción de dominio agrario.
7 Ver, entre otras, las sentencias dictadas por la Sección Tercera – Subsección A de esta
Corporación el 12 de octubre de 2017 -exp. N° 11001-03-26-000-2006-00056-00 (33213)A-, el 28 de
agosto de 2019 -exp. N° 11001-03-26-000-2013-00104-00 (48017)- y el 23 de octubre de 2020 -exp.
N° 11001-03-26-000-2011-00047-00(41919)-.
8 “De conformidad y para efectos de lo establecido en los numerales 14, 15 y 16 del artículo 12 de
la presente Ley, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtención de la información
necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a:
1. Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar
si han salido o no del dominio del Estado.
A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva
extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya
perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
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Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

propósito de establecer si determinadas tierras han salido o no del patrimonio del
Estado, con miras a cumplir con la finalidad establecida en el artículo 64 superior -
relativa al deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios-, proteger los bienes baldíos y garantizar su
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad; atributos que la misma Ley
160 de 1994 les reiteró y reconoció al señalar la imposibilidad de adquirir la
propiedad de terrenos baldíos por prescripción y de ejercer sobre ellos la posesión
en los términos del Código Civil (artículo 659), aunque desde antes de esa normativa
y de la misma Constitución Política, el ordenamiento ya establecía que el dominio
sobre dicha clase de bienes no podía adquirirse mediante prescripción 10.

A ese respecto, precisó la Corte Constitucional11:

Aunque la prescripción o usucapión es uno de los modos de adquirir el dominio
de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio, los
terrenos baldíos obedecen a una lógica jurídica y filosófica distinta, razón por la
cual estos tienen un régimen especial que difiere del consagrado en el Código
Civil. No en vano, el Constituyente en el artículo 150-18 del Estatuto Superior,
le confirió amplias atribuciones al legislador para regular los asuntos
relacionados con los baldíos, concretamente para ‘dictar las normas sobre
apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías’ (…).
El trato diferenciado sobre los terrenos baldíos se refleja, entre otros aspectos,
en un estatuto jurídico y especial que los regula que está contenido en la Ley
160 de 1994, así como en la prohibición de llevar a cabo procesos de
pertenencia sobre estos bienes y, finalmente, en la consagración de requisitos
para ser beneficiarios del proceso de adjudicación administrativa de baldíos.
Tales figuras jurídicas responden con precisión a los intereses generales y
superlativos que subyacen sobre estos bienes.
Al respecto, la Jurisprudencia resaltó que el artículo 64 superior ‘implica un
imperativo constituyente inequívoco que exige la adopción progresiva de
medidas estructurales orientadas a la creación de condiciones para que los
trabajadores agrarios sean propietarios de la tierra rural’.

de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan
las leyes para la prescripción extraordinaria”.
9 “La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslaticio
de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las
entidades públicas en las que delegue esta facultad.
Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme
al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa”.
10 La Ley 110 de 1912 -Código Fiscal- estableció en el artículo 44: “[s]on baldíos y en tal concepto
pertenecen al Estado los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen
de otro dueño (…)”, y a su vez, dispuso en el artículo 61 que “[e]l dominio de los baldíos no puede
adquirirse por prescripción”. Esta última norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional
en sentencia C-595 de 1995, por encontrar que se ajustaba al nuevo ordenamiento superior, al existir
en éste la previsión expresa de facultades a favor del legislador para señalar qué bienes de la Nación
serían imprescriptibles.
11 Sentencia T-488 de 2014.

11

Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

En cuanto a la estructura del procedimiento de clarificación de tierras desde el punto
de vista de la propiedad, la misma se encontraba prevista en el Decreto 2663 de
1994, en la época de los hechos12:

La actuación podía iniciarse de oficio por parte del Incoder o a solicitud de los
procuradores agrarios, comunidades campesinas o étnicas o las entidades públicas
correspondientes. En la etapa previa13, la entidad debía hacer acopio de la
documentación existente sobre el inmueble y practicar una visita de inspección al
mismo con el fin de establecer sus características y el estado de tenencia y
explotación, así como para examinar la viabilidad del procedimiento. La resolución
inicial debía ser notificada al pretendido propietario, al Procurador Agrario y a
quienes estuvieran ejerciendo otros derechos reales sobre el predio, al tiempo que
debía ser inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente. Durante el proceso debía cumplirse la práctica de pruebas bajo los
parámetros de los artículos 8 al 14 del mencionado decreto, normas que serán
referidas por la Sala más adelante.

Con respecto a la resolución que resolvía de fondo el procedimiento de clarificación
de la propiedad, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2663 de 1994, el acto
debía contener una de las siguientes declaraciones:

1. Que en relación con el inmueble objeto de la actuación no existe título
originario del Estado, en los términos de los artículos 13 y siguientes del Decreto
059 de 1938.

2. Que posee título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal.

3. Que se acreditó propiedad privada, por la exhibición de un título, o una
cadena de títulos, debidamente inscritos, otorgados por un lapso no menor del
término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

4. Que los títulos aportados son insuficientes, porque no acreditan dominio sino
tradición de mejoras sobre el inmueble.

5. Que los títulos aportados se refieren a bienes no adjudicables, o que se hallan
reservados, o destinados a un servicio o uso público.

6. Que la superficie de los terrenos objeto del procedimiento excede la extensión
legalmente adjudicable.

Parágrafo 1o. En la resolución final también se dispondrá que los derechos de
los poseedores materiales quedarán a salvo, conforme a la ley civil, cuando se

12 La norma fue posteriormente derogada por el Decreto 1465 de 2013.
13 Establecida en el artículo 2 del Decreto 2663 de 1994, norma que la Sala referirá más adelante.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

declare que en relación con el inmueble objeto del procedimiento se acreditó
propiedad privada, o que salió del patrimonio del Estado.

Dicha providencia debía ser notificada a los interesados y al Procurador Agrario, y
contra la misma, en los términos del artículo 50 de la Ley 160 de 1994, procedía el
recurso de reposición ante el funcionario que expidió el acto, en los términos del
estatuto de procedimiento administrativo (C.C.A. y posteriormente el CPACA), así
como la acción de revisión ante el Consejo de Estado.

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, sobre el cual volverá la Sala en el
presente análisis, se pasará precisamente al examen de las resoluciones
demandadas en revisión. Si bien debe reiterarse que el estudio de legalidad
respectivo debe ser integral y que por ello se estudiará de oficio la conformidad de
los actos enjuiciados con las normas regulatorias del procedimiento, con
posterioridad a dicho análisis se hará mención de los cargos formulados por la parte
actora, los que ciertamente también serán resueltos en el sub judice.

4.2. Revisión del procedimiento adelantado por el Incoder y los actos
acusados

De conformidad con lo dicho, la Sala estudiará el procedimiento administrativo, en
punto a determinar si existió algún vicio o irregularidad que pudiera afectar su
validez.

Pues bien, debe advertirse desde este punto que, examinados los hechos
acreditados en el sub judice, se evidencia que el Incoder adelantó y resolvió en legal
forma el procedimiento de clarificación del predio El Tablón desde el punto de vista
de la propiedad, puesto que acató y respetó las reglas contenidas en la Ley 160 de
1994 y el Decreto 2663 de 1994, que contenían los parámetros entonces vigentes
y obligatorios para la autoridad agraria en el indicado trámite.

4.2.1. En efecto, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 2663 de 1994 14, el
procedimiento podía ser incoado, entre otras, por las entidades públicas

14 “Artículo 1º. Competencia. En cumplimiento de las funciones consagradas en los numerales 15 y
16 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adelantará
de oficio o a solicitud de los procuradores agrarios, de las comunidades campesinas, indígenas o
negras, o de las entidades públicas correspondientes, los siguientes procedimientos administrativos:
1. De clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad (…)”.

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Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

correspondientes, lo que aconteció en el presente caso, puesto que el 31 de octubre
de 1996, el alcalde municipal de Muzo, Boyacá, solicitó a la Gerencia Regional del
entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria -Incora- que realizara la
clarificación de la propiedad del predio rural El Tablón, afirmando que si bien obraba
escritura pública que refería como dueño al señor Joaquín Castaño, dicha persona
no había visitado la región ni explotado el terreno “por más de 50 años”, mientras
que sí residían allí 26 poseedores que habían superado dos décadas trabajando en
el lugar. La solicitud fue firmada, además, por 26 ciudadanos habitantes de la zona
rural de ubicación del inmueble (fl. 29, c.2).

Posteriormente, el 19 de noviembre de 1996, la alcaldía municipal de Muzo aportó
al Incora la escritura pública N° 117 de 1968, que señalaba como propietario del
inmueble rural El Tablón al señor Joaquín Castaño Castillo, por declaración judicial
de pertenencia. Por su parte, el Incora solicitó ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -
IGAC-, los certificados atinentes al mencionado predio (fls. 30-33, c.2).

4.2.2. El artículo 2 del Decreto 2663 de 199415 establecía una etapa previa a la
resolución de inicio del proceso de clarificación, en la cual debían recaudarse los
documentos relacionados con el predio investigado, especialmente su estado de
ocupación y explotación, su situación jurídica, sus linderos y su ubicación, con
arreglo al artículo 51 de la Ley 160 de 199416.

En el asunto bajo análisis, si bien la autoridad agraria gestionó inicialmente un
trámite de extinción de dominio, suspendió el mismo y dio inicio a la clarificación de
la propiedad hoy cuestionada por la parte actora, sin que con ello infringiera norma
alguna del ordenamiento aplicable, mientras que sí se garantizó el derecho de

15 “Artículo 2º. Etapa previa. Antes de expedir la resolución por la cual se inicia el procedimiento de
clarificación de la propiedad, el Instituto dispondrá:
1. El estudio de los documentos que suministren los presuntos propietarios, los interesados en que
el procedimiento se adelante y los que se obtengan de conformidad con lo dispuesto en el artículo
51 de la Ley 160 de 1994.
2. La práctica de una visita previa al inmueble, de la cual se dejará constancia en un acta, en la que
se consignará el estado de explotación económica y la presencia de otros ocupantes diferentes al
presunto propietario, y las demás diligencias que se consideren necesarias para complementar la
información, y permitan establecer la viabilidad legal de iniciar las actuaciones administrativas, u otro
procedimiento agrario”.
16 “El Incora [posteriormente, Incoder] podrá requerir de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos, Catastrales, del Instituto Geográfico 'Agustín Codazzi' y demás dependencias del Estado,
toda la información que posean sobre la existencia de propietarios o poseedores de inmuebles
rurales, así como las fotografías aéreas, planos y demás documentos relacionados con los mismos”.

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defensa y el debido proceso a favor de los pretendidos propietarios Mario Ernesto y
Darío Castaño Duque, como herederos del señor Joaquín Castaño Castillo.

Así, el 4 de abril de 2000, el Incora publicó un edicto emplazatorio con el fin de
notificar la Resolución N° 00311 del 7 de octubre de 199917, por la cual había abierto
un procedimiento administrativo de extinción de dominio sobre el predio El Tablón.
El mencionado edicto se publicó con el propósito de vincular a los herederos
determinados e indeterminados del señor Joaquín Castaño Castillo (fl. 143, c.2) y la
Resolución N° 00311 de 1999 fue registrada el 17 de diciembre de ese año en el
folio de matrícula inmobiliaria N° 072-42744, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá (fl. 248, c.2).

El señor Joaquín Castaño Carrillo, en su calidad de causahabiente del fallecido
Joaquín Castaño Castillo, interpuso recurso de reposición contra la Resolución N°
00311 de 1999 y aportó varios documentos, entre estos, varios contratos de
promesa de compraventa y de arrendamiento, celebrados sobre distintas porciones
del predio El Tablón (fls. 67-139, c2). No obstante, el acto impugnado fue confirmado
en Resolución N° 00366 del 28 de septiembre de 2001 (fl. 166, c.2).

El 18 de marzo de 2002, el Incora – Regional Boyacá ordenó la práctica de una
inspección ocular en el predio El Tablón (fl. 184, c.2). La diligencia fue adelantada
el 22 y el 26 de abril de 2002 y en ella se determinó que el inmueble estaba siendo
explotado por 29 familias, varias de las cuales no reconocían a ningún dueño y otras
afirmaban conocerlo, aunque señalaron que el mismo no había hecho presencia en
el predio por más de 20 años (fls. 191-197, c.2).

El 9 de octubre de 2003, el Incoder avocó el conocimiento del procedimiento
administrativo de extinción de dominio del predio rural El Tablón (fl. 237, c.2). No
obstante, el 25 de septiembre de 2006, la entidad suspendió ese trámite por
evidenciar que el único instrumento existente como título sobre el inmueble era la
sentencia de pertenencia dictada el 28 de julio de 1967, pese a que los procesos de
prescripción adquisitiva de dominio debían promoverse sobre terrenos que ya
contaran con título de propiedad, lo que no acontecía con el predio El Tablón, que
carecía de título de dominio “legalmente constituido” (fl. 246, c.2).

17 Aunque en el expediente reposan varios folios con el encabezado de dicha Resolución, su
contenido es totalmente ilegible.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
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Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Mediante Resolución N° 0620 del 15 de diciembre de 2006, el Incoder dispuso
adelantar las diligencias administrativas “tendientes a clarificar la situación jurídica,
desde el punto de vista de la propiedad del inmueble rural denominado El Tablón”,
ubicado en la vereda del mismo nombre, en el municipio de Muzo (fl. 263, c.2).

Señaló la entidad:

[E]n cumplimiento de las funciones consagradas en el artículo segundo (2°) del
citado Decreto [2663 de 1994], se desglosaron del trámite de extinción del
derecho de dominio (…), el cual fue suspendido mediante providencia de fecha
25 de septiembre hasta tanto se realice la clarificación de la propiedad del
mismo, las piezas procesales o actuaciones administrativas que son comunes
a estos procedimientos, tales como los certificados de libertad y tradición
correspondientes al Folio de Matrícula N° 072-42744, informes de visita previa
y de la inspección ocular y demás documentos que han permitido la
identificación del predio ‘El Tablón’ (…).

De esta manera, se cumplieron las reglas de la etapa previa del procedimiento de
clarificación de la propiedad, puesto que antes de la resolución que dio comienzo a
esa actuación se recaudaron los documentos del inmueble El Tablón en la forma
prevista en el artículo 51 de la Ley 160 de 1994, antes citado, y se efectuó la visita
de inspección ocular señalada en el artículo 2, numeral 2 del Decreto 2663 de 1994.

A su turno, el artículo 3 del mismo Decreto18 prescribía que la resolución inicial debía
expedirse cuando la información obtenida no permitiera demostrar plenamente el
derecho de propiedad privada sobre el predio rural en cuestión, en los términos del
artículo 48, inciso tercero, de la Ley 160 de 199419; presupuesto que se cumplió en
el caso sub examine, como se evidencia en el señalamiento hecho por la entidad
agraria en la aludida Resolución 0620 de 2006.

4.2.3. El artículo 4 del Decreto 2663 de 199420 ordenaba inscribir el acto de inicio
del procedimiento de clarificación en la respectiva Oficina de Instrumentos Públicos

18 “Resolución inicial. Si de la información obtenida no resulta plenamente establecido el derecho de

propiedad privada sobre el inmueble, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del numeral
1º del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, el Gerente General del Instituto o su delegado, mediante
resolución motivada ordenará iniciar el procedimiento de clarificación de la propiedad ”.
19 “A partir de la vigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre la respectiva
extensión territorial, se requiere como prueba el título originario expedido por el Estado que no haya
perdido su eficacia legal, o los títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia
de esta Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan
las leyes para la prescripción extraordinaria”.
20 “Para fines de publicidad, la resolución que disponga adelantar el procedimiento de clarificación
de la propiedad se inscribirá en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si

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en que se hallara registrado el predio. Tal diligencia se llevó a cabo por el Incora el
23 de abril de 2007, cuando la Resolución N° 620 de 2006 fue registrada en el folio
de matrícula inmobiliaria N° 072-42744, de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Chiquinquirá (fl. 272, c.2).

Por otro lado, el acto administrativo fue notificado mediante edicto desfijado el 15
de enero de 2007, en el cual se anotó (fl. 268, c.2):

Para que sirva de legal notificación al señor Joaquín Castaño Castillo, a todos los
interesados y a otras personas que se crean con igual o mejor derecho a intervenir
dentro del procedimiento respectivo (…).

Con ello se dio observancia al artículo 5 del mencionado decreto, que disponía:

La resolución inicial se notificará personalmente al Procurador Agrario, al presunto
propietario y a quienes tuvieren constituidos otros derechos reales sobre el
inmueble. Si agotadas las diligencias necesarias no fuere posible realizar la
notificación en forma personal a los interesados, el notificador dejará constancia
de ello en el informe respectivo indicando los motivos que le impidieron realizarla,
y el instituto procederá a emplazarlos, mediante edicto que durará fijado (5) días
en lugar público de las Oficinas del Incora donde se tramite el procedimiento y por
el mismo término en la Secretaría de la Alcaldía Municipal donde se halle situado
el inmueble.

4.2.4. El 5 de febrero de 2008, el Incoder remitió el expediente administrativo a la
Unidad de Tierras Rurales para que continuara con el trámite de clarificación, con
fundamento en la Ley 1152 de 2007. No obstante, en atención a que la Corte
Constitucional declaró inexequible dicho cuerpo normativo en sentencia C-175 de
2009, la Unidad Nacional de Tierras Rurales devolvió las actuaciones al Incoder (fls.
274-278, c.2).

Si bien la parte actora cuestionó esta parte del procedimiento -en los hechos de la
demanda- señalando que la Unidad de Tierras Rurales obró sin competencia, lo
cierto es que en su momento la remisión del expediente administrativo y las
gestiones hechas por dicha entidad se ajustaron a la normativa entonces vigente,
pues antes de que la Ley 1152 de 2007 fuera expulsada del ordenamiento tenía

el predio se hallare inscrito. En caso contrario el Instituto solicitará la apertura de la respectiva
matrícula inmobiliaria, con base en dicha resolución. El registro se efectuará a más tardar al día
siguiente de la fecha de recibo en la mencionada oficina. Los registradores devolverán el original de
la resolución al Instituto con la respectiva constancia de anotación. // A partir del registro de la
resolución, o de la apertura de la matrícula, las actuaciones administrativas que se adelanten
producirán efectos frente a terceros.”

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pleno vigor, por lo que debía ser acatada por las autoridades del ramo, de suerte
que al enviar las actuaciones a la mencionada Unidad, el Incoder obró en
observancia de un estatuto que entonces resultaba de imperativa y obligatoria
aplicación. En ese mismo sentido, es claro que los efectos de la sentencia C-175 de
2009 no fueron retroactivos sino que operaron a futuro, de suerte que esa
providencia no tuvo la virtualidad de invalidar o anular las actuaciones que hasta la
fecha de su expedición se habían adelantado al amparo de la Ley 1152 de 2007,
por parte de la Unidad Nacional de Tierras Rurales.

4.2.5. En lo relativo a la fase probatoria, se dio cumplimiento a los artículos 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 14 del Decreto 2663 de 199421, pues durante el proceso correspondía

21 “Artículo 8º. Solicitud de pruebas. Términos. Ejecutoriada la resolución inicial, dentro de los cinco
(5) días siguientes podrán los interesados o el Procurador Agrario solicitar y aportar las pruebas
conducentes para demostrar el derecho de dominio o propiedad sobre el inmueble objeto del
procedimiento, conforme a las reglas señaladas en la ley. // El Instituto podrá de oficio, decretar y
obtener las pruebas que considere necesarias. // Parágrafo. Cuando la prueba de inspección ocular
sea solicitada por parte interesada, ésta se practicará a su costa. Para el efecto el peticionario deberá
reembolsar al Instituto el valor total del dictamen en la oportunidad que señale el Decreto
Reglamentario especial sobre avalúos y dictámenes que expida el Gobierno Nacional. Con la
solicitud de la prueba, se deberá presentar el cuestionario sobre los asuntos respecto de los cuales
versará el dictamen pericial, sin perjuicio de los consignados por el Instituto en el auto que ordene la
diligencia. // Si el presunto propietario, o las personas que tengan constituidos derechos reales sobre
el predio no solicitaren la práctica de esta prueba, o no sufragaren oportunamente los gastos de la
misma, la inspección ocular se decretará oficiosamente y a costa del Instituto, con la intervención de
dos (2) funcionarios expertos de la entidad”.
“Artículo 9º. Decreto y práctica de las pruebas. Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
del término a que se refiere el artículo anterior, el Instituto decretará las pruebas solicitadas o las que
de oficio deban realizarse. // La diligencia de inspección ocular se ordenará mediante auto en el que
se señalará fecha y hora para iniciarla, se determinará el valor para cubrir su costo y el término dentro
del cual deberá efectuarse la consignación, se dispondrá el sorteo de los peritos o la designación de
los funcionarios que habrán de intervenir y se especificarán los asuntos o aspectos respecto de los
cuales versará la diligencia”.
“Artículo 10. Designación y posesión de peritos. Para la designación y posesión de los peritos que
intervendrán en la diligencia de inspección ocular, se observarán las siguientes reglas:
1. Los peritos serán dos (2), que se designarán por sorteo del listado nacional de peritos para la
Reforma Agraria.
2. Los peritos se posesionarán ante el funcionario que presida la diligencia y expresarán si se
encuentran o no impedidos para el desempeño de su gestión y que cumplirán bien y fielmente con
los deberes de su cargo.
3. Los peritos rendirán su dictamen dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la inspección
ocular”.
“Artículo 11. Práctica de la diligencia de inspección ocular. La diligencia de inspección ocular se
iniciará en el predio objeto del procedimiento con las partes que concurran y los peritos, y mediante
ella se procederá a establecer los hechos relacionados con los siguientes asuntos, además de los
que se indicaren en el cuestionario que presente la parte interesada:
1. La ubicación del predio conforme a la división político-administrativa del país, el área e
identificación física por sus linderos, confrontando éstos con los que figuren en los títulos aportados
por los interesados o en el correspondiente certificado de registro o folio de matrícula inmobiliaria, y
con las planchas de restitución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o los planos autorizados por
esta entidad, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que la rigen.
2. La topografía, provisión de aguas, clase de suelos y demás aspectos agrotécnicos de la finca.
3. La clase de explotación observada en el inmueble.
4. La situación de tenencia, estableciendo si existen ocupantes, tiempo de posesión, clase y área de
la explotación económica que adelantan”.

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adelantar la práctica de pruebas, incluyendo las solicitadas por las partes, y una
inspección ocular con elaboración de dictamen pericial, del cual debía correrse
traslado a los interesados para su oportuna contradicción.

“Artículo 12. Prueba pericial. Durante la práctica de la prueba pericial se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
1. La revisión de los documentos suministrados por el Incora. Estos documentos son:
• La resolución que ordenó iniciar el procedimiento.
• El certificado de catastro, el de registro de instrumentos públicos o el folio de matrícula
inmobiliaria.
• Las escrituras o títulos de propiedad.
• Las planchas de restitución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o el material cartográfico
elaborado con autorización o conforme a los requisitos que haya establecido ese organismo.
• El informe técnico de la visita previa efectuada al predio.
• El cuestionario formulado por el presunto propietario.
• La providencia que ordenó la prueba y donde se señalan los puntos objeto del dictamen.
2. La ubicación del inmueble y determinación clara de sus linderos, señalando su correspondencia o
discrepancia con los que aparezcan en la resolución inicial, los del certificado de registro, escrituras
y demás títulos que obren en el expediente y en relación con las planchas de restitución del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, o en defecto de éstos, con cualquier medio idóneo de identificación
predial, y los del predio que posea realmente el presunto propietario y que es objeto del trámite
administrativo.
3. El relieve, las aguas y los suelos. En lo relativo al relieve, el dictamen se referirá a las elevaciones
o irregularidades del terreno, considerando la totalidad de la superficie.
Respecto de las aguas se precisará, según el caso, si se trata de ciénagas, lagos, lagunas, playones
nacionales, o comunales, terrenos de aluvión o desecados, islas, pantanos, madreviejas u otros
bienes de propiedad de la Nación o reservados por ésta, con indicación del comportamiento de las
aguas respecto de los terrenos visitados.
Deberá determinarse, además, la clase y formación de los suelos, especificando si son aluviones o
no y las demás observaciones que sean pertinentes.
4. Explotación económica. Los peritos precisarán la clase de explotación económica que adelanta
el presunto propietario, su estado y la superficie correspondiente, así como la adelantada por todos
y cada uno de los ocupantes del inmueble.
5. Se verificará la presencia de terceros ocupantes del predio, indicando su condición jurídica o las
causas por las cuales adelantan la explotación, el tiempo de permanencia en el inmueble y el área
ocupada por cada uno de aquéllos. El funcionario que presida la diligencia, de oficio o a petición de
los interesados o los ocupantes, podrá recibir los testimonios y documentos que fueren pertinentes.
6. Las demás que el Instituto o los peritos consideren necesarias”.

“Artículo 13. Rendición del dictamen. El experticio deberá contener, entre otros, los siguientes datos:
a) La referencia del dictamen de inspección ocular;
b) Los participantes en la inspección ocular;
c) Los antecedentes de la actuación;
d) La documentación y material utilizado;
e) La ubicación del predio o terrenos, vías de acceso y sus linderos;
f) La explotación económica del predio en general y la que corresponda a los ocupantes;
g) La condición jurídica bajo la cual los terceros adelantan la explotación;
h) La descripción de los suelos y el relieve;
i) Hidrografía;
j) El área ocupada y cercas;
k) Las demás informaciones que los peritos consideren pertinentes;
l) El plano predial”.

“Artículo 14. Traslado y contradicción del dictamen. Los peritos rendirán su dictamen dentro de los
cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia y de él se correrá traslado a los interesados y
al Procurador Agrario por el término de tres (3) días, quienes podrán solicitar que se complemente o
aclare, u objetarlo por error grave. // Si se solicita la complementación o aclaración del dictamen,
estas actuaciones se efectuarán dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las
ordene. // La objeción por error grave del dictamen se tramitará de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil”.

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Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
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Al respecto, se tiene que el 7 de julio de 2011, el Incoder – Dirección Territorial
Boyacá- ordenó la práctica de una inspección ocular en el predio El Tablón, a fin de
efectuar un levantamiento topográfico y establecer, entre otras cosas, la situación
de tenencia y de explotación económica del inmueble (fl. 297, c.2). De tales
actuaciones fueron notificados los hoy demandantes Mario Ernesto y Darío Castaño
Duque, el 18 de julio de 2011, con la previsión de que podían hacerse presentes en
la diligencia de inspección ocular (fl. 330-331, c.2).

La visita mencionada se adelantó el 22 de julio de 2011 y en ella se señaló que el
inmueble estaba situado en un radio de cinco kilómetros alrededor de zonas de
concesión minera, presentaba explotación agrícola en el 60% de su extensión y
estaba habitado por 27 familias.

El perito que compareció a la diligencia realizó el levantamiento topográfico y
determinó que el área del predio era de 702 hectáreas más 1.141,5 m 2 (fl. 309).

Se indicó en la experticia que predominaban en la zona del predio los cultivos de
pancoger tales como la caña de azúcar, yuca y plátano, cultivos promisorios como
el cacao, y la ganadería como principal fuente de ingresos de la vereda en que se
ubicaba el predio.

Respecto de la tenencia, se precisó (fl. 308):

Existen veintisiete (27) familias ocupantes dentro del predio El Tablón del
municipio de Muzo, algunas en acuerdo inicial con el supuesto propietario, otras
afirman desconocer cualquier vínculo con el mismo (…).
La generalidad de los ocupantes advierte que hace más de veinticinco (25) años
el propietario y ninguno de los herederos hace presencia en el predio.
Por otra parte, los ocupantes adelantan la explotación de sus lotes con sus propios
recursos agrícolas (…).
Mencionan algunos, además, haber recibido un contrato de promesa de venta de
los inmuebles que nunca se protocolizó en una escritura pública, entre el señor
Joaquín Castaño Castillo y quienes realizaron dicho contrato de compraventa de
esos terrenos.

El informe de la diligencia de inspección ocular fue entregado junto con el respectivo
peritaje a los campesinos de la zona y comparecientes a la visita, así como a los
señores Mario Ernesto y Darío Castaño Duque (fls. 407-408, c.2), quienes
formularon observaciones sobre la experticia, manifestando que carecía de
respaldo probatorio la conclusión de los peritos según la cual los herederos del

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Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

señor Joaquín Castaño Castillo no habían hecho presencia en el predio por más de
25 años. Al respecto, los mencionados interesados adujeron que con anterioridad
se habían aportado contratos de arrendamiento sobre el predio El Tablón,
celebrados con los campesinos ocupantes.

Reprocharon, además, que no se hubiera establecido con claridad el área del
predio, puesto que mientras la experticia señalaba una medida de 780 hectáreas,
el certificado catastral indicaba 950. Por otro lado, cuestionaron que se señalara la
existencia de zonas de explotación minera, pese a que en el predio El Tablón no
se ejercía dicha actividad.

-. El 28 de julio de 2011, los señores Mario Ernesto y Darío Castaño Duque
solicitaron ante el Incoder que se tuviera como “de dominio privado” el predio El
Tablón, y sustentaron su petición con los mismos hechos señalados en la demanda
hoy examinada por la Sala (fl. 359-361, c.2).

Acompañaron la indicada solicitud con copia auténtica de la Escritura Pública N°
117 del 23 de enero de 1968, por la cual fue protocolizada en la Notaría Octava de
Bogotá la sentencia dictada el 29 de septiembre de 1967 por el Juez Promiscuo
Municipal de Muzo, en la que declaró que el señor Joaquín Castillo Castaño había
adquirido por prescripción extraordinaria, el predio rural El Tablón (fls. 371-381,
c.2).

De igual manera, allegaron al expediente administrativo el certificado de tradición
del inmueble con matrícula inmobiliaria N° 072-42744, de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, documento abierto con la inscripción de la
mencionada sentencia a favor del señor Joaquín Castillo Castaño (fl. 382, c.2).
Asimismo, aportaron la providencia dictada el 4 de octubre de 2011, en la que el
Juez 68 Civil Municipal de Bogotá aprobó el trabajo de partición y adjudicación de
bienes, en el proceso de sucesión intestada del señor Joaquín Castaño Castillo, y
en el que se adjudicó a los señores Mario Ernesto Castaño Duque y Darío Castaño
Duque, el predio rural El Tablón (fls. 413-420, c.2).

21

Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

4.2.6. Mediante Resolución N° 0367 del 23 de marzo de 2012, el Incoder dispuso:

Declarar que no existen títulos suficientes para acreditar la propiedad privada
sobre el predio rural denominado ‘El Tablón’, ubicado en el municipio de Muzo
(Boyacá) e inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 072-42744 de la oficina de
registro e instrumentos públicos de Chiquinquirá. En consecuencia, estos terrenos
NO han salido del patrimonio del Estado y conservan su calidad de baldío (sic).

La entidad precisó los fundamentos constitucionales y legales de los procesos de
clarificación de la propiedad sobre predios rurales y recalcó que, de conformidad
con los artículos 63 de la Constitución Política y 65 de la Ley 160 de 1994, sobre
los terrenos baldíos de la Nación no operaba la prescripción adquisitiva de dominio
ni aún para los ocupantes de buena fe, en tanto que la propiedad sobre tales
inmuebles sólo podía adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por
el Estado, de manera que sus ocupantes no tenían por esa sola condición la calidad
de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado
sólo tenían una mera expectativa.

En lo relativo al inmueble materia de controversia, señaló que la única prueba
aportada por quienes adujeron ser propietarios del mismo era la escritura de
protocolización de la sentencia judicial de pertenencia, la cual recaía sobre un bien
que era baldío, por no obrar ningún título originario de propiedad privada previo a
la inscripción de dicho fallo en el folio de matrícula inmobiliaria. Agregó que, en esa
medida, no existía un propietario distinto al Estado antes de que se profiriera la
sentencia de pertenencia, por lo que era claro que, en los términos de la
Constitución Política y de la Ley 160 de 1994, se trataba de un bien que nunca
había salido del dominio de la Nación.

Agregó:

Lo primero en advertir, es que se trata de un bien baldío, y es claro que el predio
carecía de folio de matrícula inmobiliaria y con base en el fallo judicial de
pertenencia, se abrió el N° 072-0042744, con lo cual tomó la forma de predio
aparentemente privado (…).
Como quiera que el predio El Tablón posee un registro de sentencia de
prescripción adquisitiva, considera el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural que
al no existir un propietario del que se hubiera derivado la propiedad privada al
señor JOAQUÍN CASTAÑO CASTILLO, el bien no tiene título originario, por
cuanto este tipo de sentencias, con total pretermisión de las normas que
establecen la calidad de imprescriptibles de los baldíos, no tiene la facultad de
generar derecho de propiedad o dominio sobre estos inmuebles por esa vía
procesal.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Con base en ello concluyó que, al no poderse calificar el título aportado como
originario, no reunía los requisitos para ser considerado como de propiedad privada,
y que aunado a ello, estaba demostrada la inexplotación del inmueble por parte del
pretendido propietario, de suerte que el predio El Tablón se reputaba baldío.

Contra la mencionada decisión los hoy demandantes interpusieron recurso de
reposición bajo los mismos argumentos señalados en el presente proceso. No
obstante, el Incoder confirmó el acto en Resolución N° 1559 del 9 de agosto de
2012, recalcando que a los sujetos intervinientes e interesados les fueron
respetadas todas las garantías procesales en sede administrativa (fl. 490-507, c.2).

Se aprecia de esta manera que la actuación desplegada por la autoridad agraria al
clarificar el predio El Tablón desde el punto de vista de la propiedad respetó las
reglas establecidas en las normas ya señaladas.

4.3. Análisis de los cargos formulados

A continuación, se referirán los cargos formulados en la demanda para alegar la
invalidez de las resoluciones acusadas, cargos que la Sala irá resolviendo de
manera concomitante, como sigue.

4.3.1. En primer lugar, la parte actora señaló que las Resoluciones 0367 y 1559 de
2012, proferidas por el Incoder, eran violatorias del artículo 29 de la Constitución
Política, por haberse “anulado” en ellas, sin competencia del Incoder, los efectos de
la sentencia que declaró la prescripción adquisitiva de dominio del predio El Tablón
a favor del fallecido Joaquín Castaño Castillo, y por desconocerse precisamente la
existencia del título respectivo, que en sentir de los demandantes estaba contenido
en el aludido fallo, el cual tenía efectos de cosa juzgada, no fue objeto de tacha ni
recurso alguno y fue registrado en el folio de matrícula inmobiliaria N° 072-42744,
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá, Boyacá.

Sin embargo, no les asiste razón a los demandantes en este punto de la
controversia, puesto que el Incoder no efectuó valoraciones de carácter
jurisdiccional sobre la sentencia de pertenencia aducida en el libelo ni declaró su
nulidad y menos aún incurrió en desacato a providencia judicial, sino que estableció
que dicho fallo no le resultaba oponible, ya que en los términos del artículo 65 de la

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Ley 160 de 1994, el ocupante de un predio baldío no tenía la calidad de poseedor
conforme al Código Civil, por lo que no podía adquirir el dominio por vía de
prescripción.

En ese sentido, el Incoder determinó que, bajo el imperio de la normativa agraria
vigente, el predio El Tablón no era ni podía reputarse como propiedad privada,
puesto que el título invocado para el efecto no reunía los requisitos establecidos en
los artículos 48 y 65 de la Ley 160 de 1994, esto es, que fuera originariamente
otorgado por el Estado a través del Incora o la entidad que hiciera sus veces -en
este caso, el Incoder-, y que en él se trasladara el dominio mediante adjudicación.

Es decir, lo que hizo el Incoder fue constatar, en el marco de la clarificación de la
propiedad, que el predio El Tablón no había dejado de pertenecer al Estado, en la
medida en que la sentencia de prescripción adquisitiva invocada por los interesados
no tuvo el efecto de trasladar el dominio al causante Joaquín Castaño Castillo,
puesto que la ley impedía que los bienes baldíos pasaran a la titularidad de los
particulares a través de esa clase de providencias, máxime si en el caso concreto
se evidenció que el inmueble no estaba siendo explotado por sus reclamantes.

Es verdad que el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 señaló que la acreditación de la
propiedad privada sobre terrenos rurales también podía demostrarse con “los títulos
debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de [dicha] Ley, en
que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan
las leyes para la prescripción extraordinaria”; sin embargo, en esa categoría no
figuran las sentencias de pertenencia, por no constituir éstas títulos de tradición del
dominio de un titular a otro. Al lado de ello, es igualmente cierto que en el régimen
anterior a ese estatuto, e incluso antes de la expedición de la Constitución Política
de 1991, el ordenamiento ya señalaba que eran terrenos baldíos aquellos carentes
de otro dueño, que los mismos pertenecían al Estado y que no podía adquirirse la
propiedad privada sobre ellos mediante prescripción.

Así lo disponía, v. gr., el Código Fiscal -Ley 110 de 1912, que en su artículo 4422
definió los bienes baldíos en los términos señalados, y cuyo artículo 61, declarado

22 “Artículo 44. Son baldíos, y en tal concepto pertenecen al Estado, los terrenos situados dentro de
los límites del territorio nacional que carecen de otro dueño, y los que habiendo sido adjudicados con
ese carácter, deban volver al dominio del Estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56”.

24

Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
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Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

exequible por la Corte Constitucional y vigente en la fecha de expedición del fallo
de pertenencia invocado por los demandantes, estableció que “[e]l dominio de los
baldíos no puede adquirirse por prescripción”; de modo que la sentencia que así
llegara a declararlo y luego fuera inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del
inmueble, además de transgredir el aludido Código Fiscal, no podía constituir un
título traslaticio de dominio “debidamente inscrito” en el registro correspondiente, en
los términos del ya citado artículo 48 de la Ley 160 de 1994, por lo que no le
resultaba oponible al Incoder en el momento en que se expidieron las resoluciones
enjuiciadas en este proceso.

La Ley 200 de 1936, por su parte, estableció en el artículo 1 la presunción de la
propiedad privada sobre terrenos en que particulares ejercieran posesión
consistente en la explotación económica del suelo con actividades de significación
económica y propias de dueño23, mientras que en el artículo 2 señaló que se
presumían baldíos los predios rurales no poseídos de esa manera24. En armonía
con ello, determinó en el artículo 3 que, para desvirtuar esta segunda presunción y
acreditar la propiedad privada, bastaba con el “título originario expedido por el
Estado que no haya perdido su eficacia legal”, así como los títulos inscritos
otorgados con anterioridad a dicha ley, en que constaran tradiciones de dominio por
un lapso superior al señalado por el ordenamiento para la prescripción
extraordinaria25.

23 “Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares,
entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de
hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados
y otros de igual significación económica. El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen
por sí solos pruebas de explotación económica pero sí pueden considerarse como elementos
complementarios de ella. La presunción que establece este artículo se extiende también a las
porciones incultas cuya existencia se demuestre como necesaria para la explotación económica del
predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de éste, aunque en los terrenos de que
se trate no haya continuidad o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden
ser conjuntamente hasta una extensión igual a la mitad de la explotada y se reputan poseídas
conforme a este artículo”.
24 “Se presumen baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo
anterior”.
25 “Acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, y en consecuencia
desvirtúan la presunción consagrada en el artículo anterior, fuera del título originario expedido por el
Estado que no haya perdido su eficacia legal, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a la
presente ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan
las leyes para la prescripción extraordinaria.
Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos inscritos,
otorgados entre particulares con anterioridad a la presente ley, no es aplicable respecto de terrenos
que no sean adjudicables, estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público”.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
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Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

La jurisprudencia del Consejo de Estado señaló al respecto26:

En un primer momento de confrontación de los artículos 1o. y 2o. de la Ley 200
de 1935 puede creerse que existen contradicciones, puesto que ambos preceptos
regulan presunciones, una a favor de los particulares y la otra del Estado. Empero
no es así: (…) se presume que los predios rústicos explotados por los particulares
son de éstos, salvo que se demuestre lo contrario; y si no están poseídos, en los
términos de la ley, son del Estado. Los actos de posesión, que se deben reflejar
en conductas ciertas sobre predios rústicos, son los que comportan y respaldan la
presunción en beneficio del particular. Y la carencia de esos factores de utilización
la que construye la presunción a favor del Estado; desvirtuable, ciertamente, con
la prueba de la adquisición, mediante los títulos indicados en el artículo 3o. de la
Ley 200 (…).
Entonces, para la Ley 200, las tierras baldías siguen perteneciendo al Estado, que
por mandato constitucional, tienen ese carácter, pero frente a la explotación
económica se presume que dejan de serlo.
De todo lo dicho hasta aquí, resulta fácil concluir: en ningún momento la
explotación económica o el cultivo o el provecho de las tierras baldías sirven de
modo para adquirir el dominio. Todos los articulados están dirigidos a permitir la
adjudicación por parte del Estado mismo, puesto que esos bienes le pertenecen.
Cuestión distinta es que se presuma, como abiertamente lo dispuso la Ley 200,
que quien ejerza ese poder de hecho, en las circunstancias de uso anotadas, se
tenga como tal. Pero diferente a que se diga o sostenga que es dueño, por ese
mismo hecho. Presumir dominio e identificar el dominio pleno, como si fuera un
modo, son conceptos sustanciales distintos, con implicaciones, también,
separadas.
Afirmar que la sola explotación económica es un modo originario de
adquirir, por ocupación, un terreno baldío, es ir más allá de la previsión de
la ley. Esos hechos son constitutivos de una presunción de dominio, pero
éste se logra, en verdad, mediante la adjudicación que al titular de esa
situación, hace el Estado. Y este acto no puede ser equiparado con una simple
solemnización de un derecho ya reconocido por la ley. No. Tiene un alcance
superior: trascender el ámbito de la posesión, para ubicarlo en el de la presunción
de dominio. La incorporación de trabajos, de acuerdo con las enumeraciones,
enunciativas, señaladas en la Ley 200 y en su decreto reglamentario 59 de 1938,
sirve para otorgarle un derecho al que lo realiza: considerarlo que está ocupando
un predio que no es baldío. Empero, esa calidad supuesta por la ley, como si fuere
propiedad privada, puede desvirtuarse: o porque se acredite dominio por medio
de un título de un tercero, o la falta de los hechos de posesión. (Negrillas fuera de
texto).

Por tanto, desde antes de la Ley 160 de 1994 y de la misma Constitución Política,
los terrenos baldíos no podían ser adquiridos mediante prescripción –menos si los
interesados no eran sujetos de reforma agraria- y sólo podía aspirarse a su
adjudicación por parte del Estado ejerciendo sobre ellos una explotación económica
directa y permanente.

La Corte Constitucional ha señalado que la Constitución Política de 1991 “reiteró la
tradicional concepción según la cual pertenecen a la Nación los bienes públicos que

26 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 9
de diciembre de 1983, exp. N° 239-CE-SEC3-1983-N2545.

26

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Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

forman parte del territorio dentro de los cuales se encuentran las tierras baldías”27,
lo que implica que las normas constitucionales y legales anteriores ya tenían fijadas
dichas reglas respecto de los baldíos -especialmente su carácter imprescriptible-,
reglas que no podían, por tanto, ser desconocidas por ningún juez de la República.
En todo caso, la situación jurídica del predio rural El Tablón debía ser examinada
por el Incoder a la luz del nuevo ordenamiento, es decir, los parámetros dictados en
la Carta de 1991 y en la Ley 160 de 1994, que se reitera, estableció que la propiedad
sobre tierras baldías sólo podía adquirirse mediante la adjudicación a cargo de la
autoridad agraria competente, y no por prescripción, al no poder ser poseedores
bajo el Código Civil los ocupantes de tales predios.

Como también ha dicho la Corte Constitucional, “los baldíos son bienes
inenajenables, esto es, que están fuera del comercio y pertenecen a la Nación,
quien los conserva para su posterior adjudicación, y tan solo cuando ésta se realice,
obtendrá el adjudicatario su título de propiedad”28, lo que excluye de plano la
posibilidad de aducir el dominio privado con fundamento en sentencias civiles de
pertenencia por prescripción adquisitiva.

Asimismo, cabe reiterar el criterio de la Corte conforme al cual, “aunque la
prescripción o usucapión es uno de los modos de adquirir el dominio de los bienes
corporales, raíces o muebles que están en el comercio, los terrenos baldíos
obedecen a una lógica jurídica y filosófica distinta, razón por la cual estos tienen un
régimen especial que difiere del consagrado en el Código Civil”, de modo que la
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Muzo el 29 de
septiembre de 1967 no podía prevalecer sobre las normas que regulaban la
situación de los terrenos baldíos, tanto en la época de dicho fallo como en la fecha
de expedición de los actos acusados.

Así entonces, al menos desde la legislación del siglo XX, siempre ha sido propósito
del Estado procurar la redistribución de la tierra entre quienes la exploten
económicamente como medio de subsistencia, finalidad que, pese a haber estado
reglada en el ordenamiento jurídico desde tales épocas, no se ha cumplido con
suficiencia, en especial cuando los bienes baldíos son entregados, mediante

27 Sentencia C-060 de 1993.
28 Sentencia T- 488 de 2014.

27

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Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

sentencias que declaran la prescripción adquisitiva del dominio, a particulares que
no los explotan29.

29 A propósito de la inoponibilidad de los fallos de pertenencia sobre bienes baldíos sin el lleno de
los requisitos legales establecidos para favorecer la reforma agraria, es del caso mencionar la
sentencia SU-288 de 2022, que si bien a la fecha del presente fallo no ha sido publicada por la Corte
Constitucional, fue expuesta en el Comunicado de Prensa Nº 26 del 18 de agosto de la presente
anualidad. En éste se señaló que, de conformidad con el aludido fallo, “los bienes baldíos tienen una
relevancia constitucional especial porque cumplen, entre otras señaladas por el legislador, la
finalidad de fomentar la distribución equitativa de la propiedad de la tierra como deber del Estado,
razón por la cual con fundamento en el artículo 63 de la Constitución, el legislador los define como
imprescriptibles. Esta finalidad se asocia además a los siguientes principios constitucionales: (i) el
acceso a la tierra de los trabajadores agrarios; (ii) la función social y ecológica de la propiedad; (iii)
la promoción y consolidación de la paz a través de la justicia social y el bienestar de la población
rural; (iv) la protección de los derechos a la vivienda, el trabajo, el ingreso digno, la producción de
alimentos, la autodeterminación y seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población
campesina; (v) el cuidado del medio ambiente; y (vi) el derecho a la restitución de tierras de las
víctimas del conflicto armado interno”. Descrito un amplio panorama sobre la situación de la
propiedad rural en Colombia y la indebida “privatización” de bienes baldíos por la vía del proceso
civil de pertenencia, la Corte señaló: “(i) la Sala considera que, como se estableció en la Sentencia
T488 de 2014, los procesos de pertenencia diseñados para tramitar la prescripción adquisitiva de
predios privados no son la vía para acceder al dominio de los bienes baldíos; e insiste en que tales
procesos son inadecuados para la reforma agraria pues no contemplan límites en torno al tamaño
de los predios, ni la carencia de otros en cabeza del beneficiario, al tiempo que, desde el punto de
vista procesal, supone la igualdad de las partes e impide así la defensa de los sujetos de especial
protección constitucional”. Con base en tales conclusiones, la Corte fijó reglas de decisión, tanto para
los procesos de pertenencia iniciados con posterioridad a la sentencia SU-288 de 2022, como para
los fallos judiciales dictados desde la entrada en vigencia de la Ley 160 de 1994 y hasta antes de la
indicada providencia de unificación constitucional. En este último grupo de reglas, advirtió: “Las
sentencias de declaración de pertenencia proferidas en vigencia de la Ley 160 de 1994 sobre predios
rurales cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la
Ley 160 de 1994, no son oponibles al Estado. Por consiguiente, la ANT deberá priorizar la
recuperación de las tierras baldías obtenidas (i) verificando el cumplimiento los requisitos objetivos
y subjetivos para su adjudicación, (ii) sobre enormes extensiones de tierra en términos absolutos, o
(iii) sobre extensiones que exceden ampliamente la UAF, en términos relativos, es decir, en función
de cada región del país, en uno o varios procesos o mediante cualquier otro mecanismo contrario a
la destinación de los baldíos”. En el marco de lo anterior, el alto Tribunal destacó la importancia de
aquellas sentencias de pertenencia que cumplieran con los estándares constitucionales y legales de
garantía de acceso a la propiedad de la tierra a favor de la población rural, por lo que también dispuso
dejar en firme las providencias objeto de tutela que, no obstante haber incurrido en defecto sustantivo
“motivado por la dispersión legal y las diferencias de interpretación jurisprudencial en diferentes
épocas”, hayan cumplido con “las finalidades subyacentes a las normas constitucionales de acceso
a la propiedad de la tierra de los campesinos”.

Se destaca todo lo anterior porque si bien la sentencia SU-288 de 2022 no fijó parámetros para las
sentencias de pertenencia emitidas antes de la Ley 160 de 1994, dejó en claro el marco histórico de
las normas jurídicas que han sido expedidas para promover la reforma agraria, el acceso a la tierra
en condiciones de igualdad por parte de los campesinos y la no viabilidad de los fallos civiles de
pertenencia para el logro de tales cometidos, los cuales, se reitera, han sido fijados en el
ordenamiento desde antes de la Constitución Política de 1991, de modo que en el caso concreto, se
evidencia que la sentencia de pertenencia invocada por los demandantes no tuvo la virtualidad de
entregar el dominio del predio El Tablón al causante Joaquín Castaño Castillo, por lo que dicho
inmueble debía ser objeto de clarificación de la propiedad en los términos de la Ley 160 de 1994 y
más aún, bajo el prisma de la Constitución de 1991. Por otro lado, pero igualmente bajo el panorama
aquí descrito, la Sala considera que el hecho de que la Corte Constitucional haya establecido las
indicadas reglas para sentencias de pertenencia posteriores a la Ley 160 de 1994 no necesariamente
implica que los fallos dictados antes de ese estatuto sí sean oponibles a las autoridades agrarias,
puesto que en todo caso la sentencia SU-288 de 2022 expuso y cuestionó los problemas históricos
de redistribución de tierras en Colombia y las graves limitantes que en ello han suscitado los fallos
civiles de pertenencia de baldíos, y correlativamente, lo reitera la Sala, desde antes de las normas
aplicadas por el Incoder en el presente caso, el ordenamiento impedía que los predios rurales baldíos
fueran adquiridos por particulares mediante la figura de la prescripción adquisitiva.

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4.3.2. En segundo lugar, se afirmó en la demanda que las resoluciones enjuiciadas
infringieron el Decreto 2663 de 1994, por no haberse seguido en legal forma el
procedimiento allí previsto para la clarificación de la propiedad de predios rurales.

En específico, los demandantes reprocharon que la actuación administrativa se
hubiera encaminado inicialmente a la extinción de dominio y así se inscribiera la
resolución de apertura en el folio de matrícula inmobiliaria del predio rural, para
luego modificar el procedimiento e inscribir el acto de apertura de clarificación de la
propiedad sin cancelar la primera anotación.

Refirieron que durante el trámite se cometieron otras irregularidades que en su
momento le fueron comunicadas al Incoder, tales como: i) la expedición de un
informe indicando que el predio El Tablón era de 780 hectáreas cuando la cifra
correcta era 950, según el certificado catastral N° 1712; ii) la afirmación de que
alrededor de la zona de ubicación del predio existían concesiones mineras, pese a
que en el inmueble rural no se adelantaba explotación minera alguna, iii) la
conclusión de que el señor Joaquín Castaño Castillo ni sus herederos habían
ejecutado actos de señores y dueños porque 27 familias hacían constante presencia
en el inmueble desde hacía más de 25 años, cuestión que no les competía
establecer a los peritos en la visita de campo con base en la mera afirmación de los
ocupantes del predio, y iv) el desconocimiento de que tales ocupantes eran meros
tenedores y no poseedores, pese a existir prueba de los contratos de arrendamiento
celebrados por el señor Joaquín Castaño Castillo y sus sucesores.

Adicionalmente, expusieron:

[E]l procedimiento contemplado en el aludido [Decreto 2663 de 1994] no le
permitía al Incoder desconocer que dicho procedimiento (sic) se ejecutó en forma
irregular y por lo cual lo procedente para la entidad mencionada era reconocer las
anomalías presentadas, advertirlas, ajustar el procedimiento, notificar en debida
forma, permitir ejercer sobre bases claras el ejercicio al derecho de defensa,
respetar el debido proceso, respetar el principio de la cosa juzgada y abstenerse
en conclusión de declarar baldío un predio, en este caso El Tablón (…), respecto
del cual sí se demostró que posee título de adjudicación que no ha perdido su
eficacia legal y que se acreditó propiedad privada por la exhibición de una cadena
de títulos debidamente inscritos y pertenece a los demandantes Mario Ernesto
Castaño Duque y Darío Castaño Duque.

Como ya se anotó, el procedimiento de clarificación de la propiedad adelantado por
el Incoder sobre el predio El Tablón se ajustó a las reglas contenidas en el Decreto

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Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
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2663 de 1994, puesto que se cumplieron los presupuestos de la etapa previa -en la
que correspondía obtener la documentación del inmueble y practicar una visita al
terreno, lo que en efecto se realizó-, se notificaron los actos administrativos de inicio
y cierre de la actuación y se les brindó a los hoy demandantes la oportunidad de
impugnar las decisiones del Incoder, así como de controvertir el peritaje practicado
en el inmueble.

Ciertamente, se demostró que antes de proceder a la clarificación, el extinto Incora
dio comienzo a un proceso de extinción de dominio, pero el hecho de que luego se
hubiera inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria la resolución de inicio del
procedimiento de clarificación no invalidaba este último, como tampoco afectaba
derechos reales ni subjetivos en cabeza del señor Joaquín Castaño Castillo ni de
los hoy demandantes, no sólo porque el predio El Tablón resultó no haber sido
nunca de propiedad de tales personas -por lo que las inscripciones registradas en
manera alguna podían trastocar derechos inexistentes- sino también porque las dos
anotaciones fueron medidas cautelares ajustadas a derecho, practicadas con
garantía del derecho de defensa de los posibles interesados.

En cuanto a los argumentos del cargo de revisión que en sede administrativa
censuraron las consecuencias del dictamen pericial, se advierte que en este juicio
no pueden prosperar, pues no desvirtúan la naturaleza de bien baldío del predio El
Tablón y no evidencian irregularidad alguna en el procedimiento adelantado por la
autoridad agraria. Así, frente a la disparidad anotada por la parte actora en cuanto
al número de hectáreas del predio, se advierte que el certificado catastral expedido
por el IGAC (fl. 383, c.2), en el que se señaló una medida de 950 hectáreas, no
podía tener prelación sobre la experticia practicada en el proceso de clarificación de
la propiedad, pues esta última se orientaba a establecer si el predio rural era o no
del dominio del Estado y delimitaba, por tanto, un bien baldío, mientras que el
aludido certificado fue expedido el 17 de julio de 1992 con fundamento en el folio de
matrícula inmobiliaria N° 072-42744, abierto igualmente el 17 de julio de 1992 con
base en la mencionada sentencia de pertenencia (fl. 382), la que no configuraba
título de dominio sobre el bien rural conforme a las reglas normativas ya señaladas.

En lo tocante a las concesiones mineras, el peritaje no señaló que las mismas
estuvieran dentro del predio El Tablón, sino que éste estaba localizado en un radio
de cinco kilómetros de una zona concedida para dicha actividad, cuestión que, en

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

todo caso, no tuvo incidencia alguna en cuanto a la clasificación del inmueble como
baldío.

Por lo demás, en cuanto a la referencia de que los ocupantes del predio rural materia
de controversia no reconocieron dueño alguno del mismo y manifestaron que el
señor Joaquín Castillo ni sus familiares habían visitado la zona por varias décadas,
a la luz del Decreto 2663 de 1994 les correspondía a los peritos establecer, entre
otras cosas, el estado de tenencia y explotación del predio, lo que podía
determinarse legítimamente con la entrevista a los ocupantes del inmueble, cuyas
declaraciones no tuvieron prueba en contrario, pues los contratos de arrendamiento
y de promesa de compraventa invocados por los interesados no desvirtuaban la no
explotación económica del inmueble por parte de los hoy demandantes ni de sus
causantes, ni fueron celebrados por las personas entrevistadas, ocupantes del
predio en el momento del peritaje y la inspección ocular, mucho menos configuraban
título originario ni traslaticio de dominio del predio El Tablón en los términos exigidos
por la ley.

Bajo ese panorama, no existe mérito para acoger el segundo cargo de revisión
formulado por la parte demandante.

4.3.3. Finalmente, se señaló en el libelo que los actos censurados transgredían el
artículo 228 de la Constitución Política puesto que, si bien el procedimiento
administrativo inició por solicitud del alcalde municipal de Muzo, en el sentido de
que se clarificara la propiedad, se dio trámite a una extinción de dominio con
inscripción de la resolución respectiva, y luego se modificó la actuación de manera
arbitraria e irregular, con violación del derecho al debido proceso.

No obstante, como anteriormente se señaló, la circunstancia de haberse tramitado
inicialmente un procedimiento de extinción de dominio no da lugar a la invalidez del
posterior proceso de clarificación de la propiedad, pues este último se adelantó con
ceñimiento a todas las reglas y etapas previstas en la ley y con garantía del debido
proceso y demás derechos de los hoy demandantes, lo que también aconteció con
la actuación inicial reprochada por los demandantes, la que ciertamente no podía
culminar con la extinción del dominio, pues precisamente la autoridad rural
evidenció que ese derecho real nunca surgió respecto del predio El Tablón, dado
que el mismo siempre se mantuvo bajo la titularidad del Estado.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que las Resoluciones 0367 del
23 de marzo de 2012 y 1559 del 9 de agosto de 2012 se ajustaron a la ley y la
Constitución Política, ya que era procedente la declaración de “bien baldío” del
predio El Tablón, razón por la cual se negarán las súplicas de la demanda.

5. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 201130, en la sentencia debe
disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso31
establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte vencida en el
juicio, sin perjuicio de que, a la luz del numeral 5 de la misma norma, el juez pueda
abstenerse de imponer las costas o hacerlo de manera parcial, si prospera una parte
de las pretensiones de la demanda.

Debe señalarse que, bajo las reglas del Código en cita, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte
demandante, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

Adicionalmente, el artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por
las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma.

Por lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho en 1 SMMLV, ya que se trata
de un proceso de única instancia que carece de cuantía, de conformidad con las

30 Por la fecha de interposición de la demanda – 5 de septiembre de 2012- y del recurso de apelación

– 22 de abril de 2015-, no es aplicable al caso concreto la reforma incluida en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021.
31 “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
Referencia: Medio de control de Revisión – Asuntos agrarios

tarifas establecidas en el artículo 5 del acuerdo 1887 de 2003, proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura32.

Finalmente, al amparo del artículo 366 del Código General del Proceso, la
Secretaría de la Sección liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos
judiciales en los que incurrió la parte beneficiada con la presente providencia,
siempre que aparezcan comprobados y correspondan a actuaciones autorizadas
por la ley. Además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas
previamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de revisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, LIQUÍDENSE las costas del
proceso, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. Para
el efecto, como agencias en derecho se fija la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta sentencia, a cargo de la parte
vencida.

CUARTO: Por secretaría, DEVUÉLVASE a la parte actora la suma consignada para
gastos del proceso o su remanente si los hubiere.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,

32 Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general.
En única instancia. (…) b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 SMMLV.

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Radicación N°: 110010326000201300002-00 (45919)
Demandante: Mario Ernesto Castaño Duque y otro
Demandado: Incoder (Agencia Nacional de Tierras)
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de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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