Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00083-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00083-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00083-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Demandante: THEKCA INGENIERÍA SA
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT)
Medio de control: REVISIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO AGRARIO
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – AUSENCIA DE
IRREGULARIDADES PROCESALES – NO
CONFIGURACIÓN DE FUERZA MAYOR
Síntesis del caso: por solicitud de los ocupantes del predio “Moscovia” situado en el sector
rural del municipio de Neiva (Huila) de propiedad de la Universidad de la Sabana, el
Incoder adelantó un procedimiento administrativo que culminó con la expedición de las
Resoluciones números 2920 del 24 de diciembre de 2012 y 0484 del 2 de abril de 2013 a
través de las cuales se declaró la extinción del dominio agrario por considerar que el
predio no era objeto de explotación económica regular y estable por un periodo de tres (3)
años continuos; antes de que el procedimiento administrativo culminara el bien inmueble
fue adquirido por la sociedad Thekca Ingeniería SA quien ahora solicita la nulidad de
dichos actos administrativos. La parte actora manifiesta que durante la actuación
administrativa se presentaron irregularidades procesales respecto de la notificación del
acto administrativo de anunció el inicio formal de la actuación, que se impidió la práctica y
contradicción de pruebas y que no debió declararse la extinción de dominio porque la
ocupación violenta de terceros sobre el predio constituyó una causal de fuerza mayor que
imposibilitó el aprovechamiento económico del inmueble.
Decide la Sala en única instancia las pretensiones de la demanda presentada por
la sociedad Thekca Ingeniería SA en ejercicio del medio de control judicial de
revisión de extinción de dominio agrario1, a través de la cual se persigue la nulidad
de la Resoluciones números 2920 del 24 de diciembre de 2012 y 0484 del 2 de
abril de 2013 proferidas por la Subgerencia de Tierras Rurales del Instituto de
Desarrollo Rural (en adelante Incoder), hoy Agencia Nacional de Tierras (en
adelante ANT), por medio de las cuales se extinguió el derecho de dominio y
demás derechos reales sobre el predio rural denominado “Moscovia” identificado
con la matrícula inmobiliaria no. 200-15172.
1 La demanda fue presentada el 17 de junio de 2013 (fl. 1 cdno. ppal.), previamente a la modificación
introducida por la Ley 2080 de 2021 al artículo 149 del CPACA que preveía en el numeral 10 la competencia
del Consejo de Estado en única instancia del medio de control de revisión contra los actos de extinción de
dominio agrario.
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 14 de junio de 2013 (fl. 1 cdno. ppal.) la sociedad
Thekca Ingeniería SA en ejercicio del medio de control jurisdiccional de revisión
de extinción de dominio (fls, 673 a 707 cdno. ppal.) formuló las siguientes
pretensiones:
“La revisión y consecuente nulidad de las Resoluciones Nos. 2920 del
24 de diciembre de 2012 proferida por la Subgerencia de Tierras
Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, por
medio de la cual se declaró extinguido a favor de la Nación el derecho
de dominio privado respecto del predio denominado MOSCOVIA,
ubicado en la vereda Ceibas Afuera, jurisdicción del municipio de Neiva,
departamento del Huila y 0484 del 2 de abril de 2013 proferida también
por dicha dependencia, a través de la cual resolvió negar las peticiones
del recurso de reposición interpuesto por la empresa que apodero y no
reponer y en consecuencia confirmar en todas sus partes la primera
providencia nombrada.
En consecuencia se ordene en el certificado de libertad y tradición,
matrícula inmobiliaria No. 200-15172, la cancelación de las
inscripciones de las resoluciones Nos. 0420 del 10 de agosto de 2010,
mediante la cual se inició el procedimiento administrativo tendiente a
establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido en todo o en
parte el derecho de dominio privado existente sobre el referido predio y
650 del 6 de diciembre del mismo año que resolvió no reponer y en
consecuencia confirmar en todas sus partes la citada resolución No. 420
del 10 de agosto de 2010, y, naturalmente las dos (2) primeras
enunciadas.” (fls. 674 y 674 cdno. ppal.).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 30 de noviembre de 2006, por escritura pública no. 5.530 de la Notaría 31 del
Círculo de Bogotá, el Banco Popular le donó a la Universidad de la Sabana el
predio rural denominado “Moscovia”, ubicado en la vereda Ceibas Afuera del
municipio de Neiva (Huila), acto jurídico que fue inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria no. 200-15172 el 19 de julio de 2007; una vez adquirido el derecho de
dominio la universidad ejerció actos de señor y dueño sobre el referido inmueble,
como el pago de impuestos y la contratación del servicio de vigilancia.
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
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2) El 16 de junio de 2007 se produjo una ocupación masiva del predio por parte de
terceros quienes impidieron el acceso y la explotación económica del fundo por
parte del propietario; en consecuencia, la Universidad de La Sabana promovió
querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho ante las autoridades de
policía de Neiva, lo mismo que acciones judiciales tendientes a la recuperación del
inmueble.
3) Posteriormente, varios de los ocupantes le solicitaron al Incoder el inicio de un
procedimiento de extinción de dominio sobre el referido bien rural; a pesar de que
la autoridad agraria advirtió la existencia del proceso policivo adelantó las
correspondientes visitas previas e inspecciones que registraron la presencia de
numerosos ocupantes que desarrollaban actividades agropecuarias.
4) Por lo anterior, a través de la Resolución no. 0420 del 10 de agosto de 2010 el
Incoder ordenó iniciar el procedimiento administrativo para determinar la
procedencia de la extinción del derecho de dominio; en contra de dicha decisión la
Universidad de La Sabana interpuso recurso de reposición que fue resuelto
desfavorablemente mediante la Resolución no. 0650 del 6 de diciembre de 2010,
después se celebró la diligencia de “inspección ocular” y se profirió la Resolución
no. 2920 del 24 de diciembre de 2012 con la cual la Subgerencia de Tierras
Rurales del Incoder extinguió en favor de la Nación el derecho de dominio sobre el
predio “Moscovia”.
5) Antes de la expedición de dicha decisión, la Universidad de La Sabana transfirió
la propiedad del inmueble a Thekca Ingeniería SA mediante la escritura pública
no. 1970 del 12 de julio de 2012 de la Notaría 19 de Bogotá; esta sociedad
interpuso recurso de reposición contra la Resolución no. 2920 de 2012 que fue
resuelto con la Resolución no. 0484 del 2 de abril de 2013.
3. Normas violadas y concepto de violación
La sociedad demandante estima violados los artículos 29 de la Constitución
Política, 3, 13, 14 y 19 del Decreto 2665 de 1994, y 52 de la Ley 160 de 1994 con
sustento en los argumentos que se exponen a continuación:
1) El Incoder violó el debido proceso y el derecho de defensa porque la Resolución
no. 420 del 20 de agosto de 2010 que dio inicio al procedimiento administrativo fue
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
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notificada por edicto en las oficinas del Incoder según lo previsto en el artículo 45
del CCA a pesar de que la norma especial aplicable era el artículo 10 del Decreto
2665 de 1994 que alude a la notificación por edicto emplazatorio.
2) La diligencia de “inspección ocular” practicada el 11 de noviembre de 2011 fue
suspendida para ser reanudada el 15 de esos mismos mes y año pero, esa
reanudación nunca se materializó y, por el contrario, posteriormente se rindió un
informe por parte de funcionarios del Incoder sin otorgarle la posibilidad a la
Universidad de la Sabana de contradicción mediante solicitudes de aclaración,
complementación u objeción, con lo cual se desconoció el artículo 19 del Decreto
2665 de 1994.
3) Se violaron los artículos 13 y 14 del Decreto 2665 de 1994 debido a que la
notificación de la Resolución no. 650 del 6 de diciembre de 2010, que negó la
reposición presentada en contra de la Resolución no. 420 del 10 de agosto de ese
año a través de la cual se dio inicio formal al procedimiento de extinción de
dominio, fue notificada el 25 de agosto de 2011, pero, en la misma fecha y sin
esperar a que transcurriera el término de ejecutoria se emitió otro acto
administrativo que abrió el periodo probatorio sin dejar que transcurrieran los tres
(3) días de que tratan dichas normas para que el propietario pudiera solicitar
pruebas, especialmente para que la diligencia de “inspección ocular” se practicara
con la asistencia de dos (2) peritos a su costa.
4) Se aplicaron de manera indebida los artículos 52 de la Ley 160 de 1994 y 3 del
Decreto 2665 de 1994; la ausencia de aprovechamiento económico del inmueble
no obedeció a un abandono voluntario sino a la ocupación violenta y masiva de
terceros que imposibilitaron el ejercicio de actividades productivas; de este modo,
se configuró un evento de fuerza mayor o caso fortuito que excluye la procedencia
de la extinción del dominio por inexplotación económica; además, el Incoder pasó
por alto las acciones policivas y judiciales iniciadas por los propietarios para
recuperar el inmueble, aunado al hecho de que buena parte de los terrenos
presentaban limitaciones técnicas y ambientales para su explotación agropecuaria.
4. Contestación de la demandada
El Incoder presentó contestación de la demanda el 8 de octubre de 2014 (fls. 844
a 857 cdno. ppal.), no obstante, fue radicada de manera extemporánea.
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
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5. Trámite procesal relevante
En providencia del 16 de febrero de 2016 se accedió a la solicitud de vinculación
de las personas quienes en condición de coadyuvantes de la parte demandada
manifestaron ser ocupantes del predio “Moscovia” (fls. 936 a 941 cdno. ppal.); el
17 de febrero de 2017 se tuvo como sucesora procesal del Incoder a la ANT de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 1850 de 2016; el
28 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se fijó el
litigio y decretaron pruebas (fls. 1007 a 1015, cdno. ppal.) y, el 11 de julio de 2024
fue denegada la petición de medida cautelar deprecada por la demandante
tendiente a la suspensión provisional de los actos administrativos demandados
(Samai, índice 171).
6. Alegatos de conclusión
El 11 de julio de 2024 (Samai índice 170) se corrió traslado a las partes para que
presentaran alegaciones de conclusión y al agente del Ministerio Público para que
emitiera concepto en caso de considerarlo pertinente, por el término común de
diez (10) días, lapso dentro del cual los integrantes de la litis e intervinientes
manifestaron lo siguiente:
1) Los coadyuvantes solicitaron la denegación de las pretensiones de la demanda,
consideraron que el procedimiento de extinción de dominio agrario se ajustó
plenamente a la Ley 160 de 1994 y al Decreto 2665 de 1994, expresaron que la
Universidad de la Sabana tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa e
interponer recursos; asimismo indicaron que la “inspección ocular” se desarrolló
según la normativa aplicable y que no se configuró la alegada fuerza mayor
derivada de la ocupación del predio porque no fue la causa de la falta de
explotación económica sino el abandono de los propietarios (Samai, índice 177).
2) Por su parte, la ANT sostuvo que las resoluciones demandadas conservan la
presunción de legalidad por cuanto el procedimiento de extinción del dominio se
adelantó con observancia de las garantías procesales previstas en la ley; indicó
que la Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010 fue debidamente notificada a
la Universidad de La Sabana quien ejerció el derecho de defensa mediante la
interposición de recursos; señaló que el propietario contó con la oportunidad
procesal para pedir y aportar pruebas, incluido el dictamen pericial cuya ausencia
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
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ahora cuestiona; en todo caso, el expediente contenía suficientes elementos
probatorios que acreditaban la inexplotación económica del predio;
adicionalmente, afirmó que la demandante plantea en esta instancia argumentos
que no fueron formulados durante la actuación administrativa, por lo que no agotó
adecuadamente la vía gubernativa (Samai, índice 181).
3) A su turno, el Ministerio Público manifestó que las pretensiones deben ser
negadas; aunque el auto que abrió el proceso a pruebas se profirió antes de la
ejecutoria de la resolución que inició el trámite administrativo agrario, dicha
irregularidad se subsanó porque la propietaria no la cuestionó oportunamente y no
afectó el derecho de defensa; además, no existía obligación legal de correr
traslado del informe derivado de la “inspección ocular” practicada de oficio por la
entidad y la Universidad de La Sabana conoció y participó en dicha diligencia; de
igual manera, no se acreditó la existencia de fuerza mayor o caso fortuito porque
la ocupación del predio no fue un hecho imprevisible para los propietarios sino una
situación preexistente para el momento de su adquisición, sumado al hecho de
que el inmueble había permanecido abandonado tiempo atrás y que la propia
Universidad de la Sabana reconoció que no tenía la intención de desarrollarlo
económicamente porque no correspondía a su objeto social (Samai, índice 182).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) legitimación en la causa por activa, 3) hechos probados, 4) análisis
de los cargos de nulidad, 5) conclusión y, 6) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde determinar si debe
declararse la nulidad de las Resoluciones números 2920 del 24 de diciembre de
2012 y 484 del 2 de abril de 2013 proferidas por el Incoder por medio de las cuales
2 La Resolución no. 484 del 2 de abril de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución no. 2920 del 24 de diciembre de 2012, se notificó personalmente al
representante legal de la sociedad Thekca Ingeniería SA el 23 de mayo de 2013 (fl. 668 cdno. ppal.) razón por
la cual el término de quince (15) días previsto en el literal f) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA para
promover el medio de control judicial de revisión agraria fenecía el 17 de junio de 2013 y como la demanda se
presentó el 14 de junio de 2013, tal como aparece en el correspondiente formulario de radicación, lo fue en el
término dispuesto por la norma procesal que regula la materia.
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se extinguió el derecho de dominio y demás derechos reales sobre el predio rural
denominado “Moscovia” situado en la vereda Ceibas Afuera del municipio de
Neiva (Huila), identificado con la matrícula inmobiliaria no. 200-15172.
Las súplicas de la demanda serán desestimadas por cuanto los cargos de nulidad
no están llamados a prosperar, a partir de su análisis la Sala no encuentra
acreditadas las irregularidades de orden procesal y sustancial referidas en el
escrito inicial, razón por la cual no es jurídicamente posible desvirtuar la
presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos atacados.
2. Legitimación en la causa por activa
1) Acorde con el certificado de tradición y libertad aportado con la demanda y que
corresponde al predio denominado “Moscovia” identificado con la matrícula
inmobiliaria no. 200-15172, se trata de una finca con una extensión superficiaria
de 990 hectáreas situada en el sector rural del municipio de Neiva (Huila) que,
según la anotación no. 13, fue adjudicada al Banco Popular mediante sentencia
del 13 de noviembre de 1997 por el Juzgado 2º Civil del Circuito de Neiva a través
de la figura de dación en pago en un proceso de concordato preventivo potestativo
respecto del señor Jacinto Gómez Caicedo (fl. 671 cdno. ppal.).
2) Posteriormente, a través de la escritura pública no. 5.530 del 30 de noviembre
de 2008 de la Notaría 31 de Bogotá (anotación 15), el referido inmueble fue objeto
de donación por el Banco Popular a la Universidad de la Sabana, acto jurídico que
se registró el 19 de julio de 2007 (fl. 671 vlto, cdno. ppal.).
3) La anotación correspondiente a la iniciación del procedimiento de extinción de
dominio agrario fue registrada el 11 de octubre de 2011 por mandato de la
Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010 expedida por el Incoder (anotación
18); finalmente, a través de la escritura pública no. 1.970 del 12 de julio de 2012
de la Notaría 19 de Bogotá el predio fue adquirido mediante compraventa por la
sociedad Thekca Ingeniería SA conforme a la anotación no. 19 del 10 de
diciembre de 2012 (fl, 671 vlto. cdno. ppal.), fecha anterior a la expedición de la
Resolución no. 2920 del 24 de diciembre del 2012 de la Subgerencia del Tierras
Rurales del Incoder que declaró la extinción del derecho de dominio del predio
“Moscovia”, contra la cual la aquí demandante presentó el correspondiente recurso
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
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de reposición que fue denegado por la misma autoridad en la Resolución no. 0484
del 2 de abril de 2013.
4) En ese contexto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por
activa de la sociedad Thekca Ingeniería SA por tratarse de la titular inscrita del
derecho de dominio sobre el inmueble “Moscovia” para el momento en que se
expidió el acto administrativo que declaró su extinción, además de que intervino en
la actuación administrativa con la interposición del recurso de reposición contra
dicha decisión, lo cual claramente evidencia su interés jurídico directo en obtener
la revisión de los actos demandados
5) Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que para el momento de la
interposición de la demanda en el año 2013 aún regía el artículo 50 de la Ley 160
de 19943 en su versión original, esto es, antes de la declaración parcial de
inexequibilidad dispuesta en la sentencia C-623 de 20154 de la Corte
Constitucional, según la cual la inscripción registral de la decisión de extinción de
dominio quedaba supeditada a que no se ejerciera la acción de revisión o que esta
fuera resuelta desfavorablemente, razón por la cual en el referido certificado de
tradición aún no aparecen registrados dichos actos administrativos, aspecto que
en manera alguna afecta la legitimación para controvertir los actos acusados por la
sociedad Thekca Ingeniería SA.
3. Hechos probados
Previamente a realizar el análisis puntual de los cargos de nulidad, la Sala estima
necesario resaltar el contexto en el cual se profirieron los actos administrativos
demandados, para lo cual se destacan los siguientes hechos relevantes para la
adopción de la decisión:
3 Actualmente derogado por el artículo Decreto-ley 902 de 2017.
4 El texto del artículo 50 de la Ley 160 de 1994 con los partes tachados inexequibles por la sentencia C-623
de 2015 de la Corte Constitucional es el siguiente: “Contra las resoluciones del Gerente General del INCORA
que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este Capítulo, sólo procede el recurso de
reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en
única instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9o. del artículo 128 del Código Contencioso
Administrativo. La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente (…).
Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento y si no se hubiere formulado demanda de revisión, o
fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda, se ordenará su
inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros”.
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
1) El 14 de mayo de 2008, el señor Jorge Lúis Gonzaléz le solicitó al Incoder que
diera inicio a la actuación administrativa de extinción de dominio agrario sobre el
predio “Moscovia”, expresó que el bien inmueble se encontraba en estado de
abandono desde diez (10) años atrás, continuos e ininterrumpidos, hecho que
había provocado que desde el 14 de mayo de 2007 varias familias lo hubieran
ocupado y ejercieran mejoras tales como rocería, siembra de cultivos,
construcción de cercos, viviendas, pastoreo de ganado, instalación de agua para
servicio doméstico, entre otras (fls. 1 a 5, anexos tomo 1); resaltó que desde el 19
de noviembre de 20075 varios ocupantes habían elevado solicitudes similares ante
el Incoder y la Procuraduría General de la Nación, pero que la entidad estatal les
había respondido que debían esperar el fallo del proceso policivo de lanzamiento
por ocupación de hecho que se tramitaba ante la Inspección Quinta de Policía
Urbana de Neiva6 que había sido favorable a los ocupantes.
2) Ahora bien, aunque esas peticiones fueron dirigidas en un inicio ante el Incoder,
el 27 de julio de 2008 la Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT) en uso de las
competencias atribuidas para ese entonces por el artículo 144 de la Ley 1152 de
2007 emitió un auto en el que dispuso adelantar la etapa previa del procedimiento
de extinción del derecho de dominio privado sobre el predio “Moscovia” (fls. 15 y
16 anexos tomo 1) y realizó la diligencia de visita durante los días 11 y 12 de
agosto de 2008, en la cual advirtió que para ese momento “el predio no presenta
explotación alguna por parte de los propietarios” aunque tenía vocación productiva
“de pastos para ganadería y en ciertos sectores presenta condiciones apta para
cultivos de plátano, maíz, yuca y frutales” (fl. 26, anexos tomo 1); también refirió
los nombres de 43 ocupantes quienes expresaron haber ingresado el inmueble
desde hacía 15 meses.
Empero, dado que se produjo un cambio normativo consistente en la declaración
de inexequibilidad de la Ley 1152 de 2007 por decisión de la sentencia C-175 de
2009 de la Corte Constitucional que implicó que la competencia para adelantar el
referido trámite volviera a quedar en cabeza del Incoder, la UNAT remitió las
correspondientes actuaciones a dicha autoridad agraria el 7 de julio de 2009 (fl.
5 Petición visible en los folios 6 a 9 (anexos, tomo 1).
6 En efecto, mediante oficio no. 8530 del 4 de diciembre de 2007 el coordinador del Grupo Técnico Territorial
de Neiva del Incoder expresó que como se llevaba a cabo un proceso policivo por ocupación de hecho se
debía “esperar el fallo de autoridad competente para luego establecer las causas y razones que pretende
hacer valer para correspondiente extinción de dominio privado del predio Moscovia (…).” (fl. 12, anexos tomo
1).
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29, anexos tomo 1) quien avocó conocimiento el 4 de marzo de 2010 (fls. 30 a 31
anexos tomo 1).
3) Por consiguiente, el 5 de marzo de 2010 la Dirección Territorial del Huila del
Incoder ordenó el inicio de las diligencias previas con miras a establecer o no la
viabilidad de extinción del derecho de dominio sobre el predio “Moscovia”, las
cuales incluían la recaudación de las pruebas documentales pertinentes y la
fijación de fecha para la práctica de una visita al predio en cuestión (fls. 33 a 34
anexos tomo 1)7.
4) El 9 de abril de 2010 tuvo lugar la práctica de la diligencia de visita previa
practicada por el Incoder (fls. 43 a 45 anexos tomo 1); en la correspondiente acta
se consignó que se presentaba una explotación económica realizada por terceros
ocupantes que no reconocían dominio ajeno y que desarrollaban actividades de
ganadería, piscicultura, cría de gallinas, cultivos de plátano, yuca y frutales desde
hacía más de tres (3) años; como conclusión, en el correspondiente informe se
expresó lo siguiente:
“Por parte del titular del derecho de dominio no se adelanta sobre el
predio una explotación económica regular y estable que cumpla con lo
dispuesto en las Leyes 200 de 1936, 160 de 1994 y el Decreto
reglamentario 2665 de 1994, toda vez que existe ocupación del predio
que no reconoce dominio ajeno y tiene una posesión de 3 años.
En consecuencia, se configuran los presupuestos para adelantar en
relación con este predio el procedimiento administrativo tendiente a
determinar si conforme a la ley procede o no declarar extinguido en todo
o en parte el derecho de dominio privado que existe sobre el mismo.” (fl.
50 anexos tomo 1).
5) Con la referida información el Director Territorial del Huila del Incoder profirió la
Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010 que dio inicio a las diligencias
administrativas tendientes a establecer la procedencia de la declaración de
extinción de dominio privado sobre el bien rural “Moscovia”, acto administrativo
que debía ser inscrito en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria y
notificado al Procurador Agrario y a la Universidad de la Sabana “en la forma
prevista en el artículo 44 y s.s. del Código Contencioso Administrativo” (fl. 60
anexos tomo 1), decisión contra la cual se expresó que procedía recurso de
reposición dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal.
7 Esta decisión fue notificada por estado el 5 de marzo de 2010 (fl. 35 anexos tomo 1) y personalmente a
Procurador Judicial y Ambiental el 5 de abril de 2010 (fl. 38 anexos tomo 1).
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
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6) A través de oficio con fecha de recibido del 17 de agosto de 2010 se remitió una
comunicación al rector de la Universidad de la Sabana para efectos de la
notificación personal de la Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010 (fl. 66
anexos tomo 1); la notificación personal no fue posible y el Incoder procedió a la
fijación de un edicto por el término de diez (10) días hábiles a partir del 25 de
agosto hasta el 7 de septiembre de 2010 con sustento en el artículo 45 del CCA8
(fls. 69 y 70 anexos tomo 1).
7) No obstante, el 22 de octubre de 2010 se produjo la notificación personal de la
Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010 al señor Julio Cesar Castro Vargas,
apoderado de la Universidad de La Sabana (fl. 61 vlto. anexos tomo 1).
8) De este modo, el 29 de octubre de 2010 el referido apoderado de la Universidad
de La Sabana presentó recurso de reposición en contra de la Resolución no. 420
del 10 de agosto de 2010 en el cual expresó su inconformidad frente los siguientes
aspectos: (i) la forma de notificación de dicho acto administrativo, (ii) la ausencia
de motivación y falta de vinculación del propietario a la actuación previa, (iii) la
configuración de la causal de fuerza mayor como justificación frente a la falta de
explotación económica por causa de la ocupación de hecho ejercida por terceros,
(iii) la necesidad de enajenar el predio en aras de recibir ingresos para el apoyo de
la labor educativa mediante becas; (iv) la falta de atención estatal frente a la
población desplazada que llevó consigo a la ocupación ilegal y, (v) fuerza mayor
por la alteración del orden público que impedía la explotación económica del bien,
adicionalmente solicitó la práctica de pruebas testimoniales y documentales (fls.
74 a 90, anexos tomo 1). De dicho escrito se destaca el siguiente contenido:
“Existen otros ingresos, que constituyen un soporte fundamental en esta
obra social educativa, y son: las donaciones, que hacen tanto las
personal Naturales como Jurídicas, dichas donaciones pueden ser
representadas en dinero, bienes (muebles e inmuebles) y servicios;
para el caso particular, el predio que hoy se pretende expropiar obedece
a la donación que le hiciera a la Universidad de la Sabana, el Banco
Popular , el día 19 de julio de 2007; cuyo destino es la venta del mismo
para con esos recursos alimentar el presupuesto de becas estudiantiles
e inversión social en la universidad.
Es por eso, que desde la misma fecha de entrega del inmueble por
parte del donante, este ha estado en venta, anunciándose en una valla
que fue objeto de hurto a las pocas semanas de instalada, y en la
misma página web de la Universidad donde hasta la fecha se oferta; de
esta manera no se pretende justificar una posible actividad agropecuaria
8 Expresamente se manifestó: “que dentro del procedimiento de extinción de dominio del predio MOSCOVIA
(…) se profirió la Resolución No. 420 del 10 de agosto de 2010 (…) y esta no ha sido posible notificarla en
forma personal se procede a notificarla por edicto, con base en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo (…).” (fl. 68, anexo tomo 1).
12
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
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del predio, primero, porque este no es ni ha sido el objeto social, ni el
giro ordinario de las actividades de la universidad, y segundo, si la
Universidad quisiera iniciar actividad agropecuaria alguna, es el mismo
orden público de la región, el que impediría (como hasta antes de ser
este mismo predio entregado en dación en pago por el antiguo
propietario9 al Banco Popular) ser explotado.” (fl. 75 anexos tomo 1).
9) El recurso fue resuelto de fondo mediante la Resolución no. 00650 del 6 de
diciembre de 2010 por parte de la Dirección Territorial del Huila del Incoder en el
sentido de confirmar la decisión recurrida por cuanto no advirtió irregularidad
procesal alguna; aludió a la falta de obligatoriedad de vinculación del propietario a
la actuación previa según el artículo 7 del Decreto 2665 de 1994, consideró que el
acto recurrido sí fue debidamente motivado y descartó que la ocupación de hecho
constituyera fuerza mayor o caso fortuito, pues, estimó que era una consecuencia
previsible por causa de la ausencia de explotación económica de la tierra (fls. 98 a
101 anexos tomo 1); el acto administrativo fue notificado personalmente al
apoderado de la Universidad de la Sabana el 25 de agosto de 2011 (fl. 112 anexos
tomo 1).
10) El 25 de agosto de 2011, el Director Territorial del Huila del Incoder emitió un
auto a través del cual abrió la etapa probatoria y dispuso la práctica de una
“inspección ocular” y de algunas pruebas documentales (fls, 110 y 111 anexos
tomo 1)10.
11) El 11 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la inspección administrativa con la
presencia, entre otros, del apoderado de la Universidad de la Sabana11, un
topógrafo y un agrónomo de la Unidad de Procesos Agrarios del Incoder; a las
10:30 am se ordenó el cierre temporal de la diligencia para ser continuada el 15 de
noviembre de 2011 (fls. 153 a 155, anexos tomo 1).
12) Empero, en cumplimiento de un memorando emitido a nivel central por la
Subgerencia de Tierras Rurales, por auto del 11 de noviembre de 2011 el Director
Territorial del Huila del Incoder dispuso ordenar de manera inmediata la remisión
9 En este aparte el escrito refiere el siguiente pie de página: “Este predio hizo parte de los que poseía el
extinto señor JACINTO GÓMEZ CAICEDO; persona esta que, como es de conocimiento público, fue víctima
de la violencia de organismos la margen de la ley, quienes lo extorsionaron, hasta obligarlo a desalojar sus
predios; además es de conocimiento por parte de este instituto, pues han sido sus otros predios objeto de
procedimientos de expropiación similares.” (fl. 75, anexos tomo 1).
10 La decisión fue notificada el mismo 31 de agosto de 2011 al apoderado de la universidad de la Sabana (fl.
118, anexos tomo 1).
11 Dicho apoderado intervino en dicha diligencia sobre lo cual se consignó: “interviene apoderado de
universidad manifestando su colaboración y acompañamiento de toda la diligencia así como la aseveración de
que la finalidad de la universidad no es la explotación agrícola, así como la disposición de llegar en cualquier
momento del procedimiento a un acuerdo conciliatorio en referencia a escuchar propuestas por parte de los
ocupantes de la compra del terreno así como la manifestación expresa de la no explotación del predio” (fl.
154, anexos tomo 1).
13
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de la totalidad del expediente para que el proceso siguiera el trámite en dicha
dependencia12 (fls. 207 y 208, anexos, tomo 1).
13) Posteriormente, el 20 de diciembre de 2011 un equipo del Incoder integrado
por la abogada de procesos agrarios, un ingeniero, un topógrafo y un técnico de
procesos agrarios elaboraron el “informe de inspección ocular dentro del proceso
de extinción de dominio del predio rural denominado Moscovia” (fls. 211 a 231,
anexo tomo 2) a través del cual determinaron los linderos, área, ubicación,
colindancia, topografía, situación de tenencia, tipo de explotación, tiempo de
permanencia de terceros ocupantes y mejoras; de su contenido se destaca que se
advirtió que la cabida real del predio era de 1.070 hectáreas con una ocupación
del 100% de su extensión, en el cual se encontró explotación agrícola 13 -con una
producción mayor a 3 años-, ganadera14, piscicultura y avicultura15 por parte de
terceros ocupantes distintos del propietario, igualmente la presencia de áreas
forestales protectoras y mejoras tales como diferentes tipos de viviendas con
algunas vías de acceso, aunque sin servicio de energía eléctrica ni acueducto
veredal; las conclusiones fueron las siguientes:
“SITUACIÓN DE TENENCIA
La ocupación del predio se encontraba en cabeza de NNN (sic)
personas relacionadas en los anexos NNN (sic) quienes manifiestan
que explotan económicamente el predio superando todos los 3 años
aproximadamente sin reconocer dominio ajeno.
CONCLUSIONES:
En atención al procedimiento administrativo adelantado por esta
territorial en cabeza de la Unidad de Procesos Agrarios, es necesario
manifestar que evidentemente se cumplen los requisitos para continuar
tramitando el procedimiento aludido en concordancia con la verificación
de los aspectos cuidadosamente detallados en este informe y sus
anexos, elaborado el 20 de diciembre de 2011.” (fls. 230 y 231, anexos
tomo 2 – mayúsculas fijas del original).
12 En el referido auto se expresó: “(…). En atención al memorando 20113239734 del 2 de noviembre de 2011,
emanado por la Subgerencia de Tierras Rurales, donde ordena el traslado del expediente en mención a la
oficina central, para que en cabeza (sic) de la Dirección Técnica de Procesos Agrarios.
Se deja constancia de que se elaboró acta de diligencia donde se advirtió a las partes el traslado del
expediente con la competencia asumida a nivel central.” (fl. 207, anexos, tomo 2).
13 “Debido a la extensión del predio se encuentran diversos tipos de topografías, plana y semi - ondulada en
su mayoría pendientes menores a 25° y en poca proporción mayores de 25°, suelos arenosos en las partes
bajas y cercanas a ríos y quebradas arcillo-arenosos hacia las partes más altas y alejadas de las fuentes
hídricas, presencia de rocosidad y pedregosidad menor a 10%, suelos de baja y media fertilidad bien
drenados (…). El área dedicada a la agricultura se encuentra en su mayoría en huertas y pocos con cultivos
de pan coger, en su mayoría para su uso propio y algunos productos con fines comerciales en cosechas para
el sostenimiento propio de los hogares, cultivos como maíz, yuca, plátano, limones, guanábanas, papaya,
guayaba y caña panelera, esta con fines de comercialización, por lo general son cultivos en buen estado.” (fl.
221, anexos tomo 2).
14 “El sistema productivo predominante es el ganado de doble propósito y la ceba, los cruces que manejan son
Cebú (…) debido al número de ocupantes es diverso el grado de inversión en sus parcelas y potreros, algunos
ocupantes que tienen ganadería la trabajan al partir (apoyados económicamente por otra persona) debido a
su bajo nivel económico” (fl. 217, anexos tomo 2).
15 “Entre las especies menores que encontramos en el predio tenemos: aves de traspatio o gallinas criollas,
pavos, patos, conejos, chivos, aves ornamentales, pollos de engorde en pequeños galpones y animales
domésticos como caninos y felinos.” (fl. 223, anexos tomo 2).
14
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14) En consecuencia, el Subgerente de Tierras Rurales del Incoder profirió la
Resolución no. 2920 del 24 de diciembre de 2012 a través de la cual declaró
extinguido en favor de la Nación el derecho de dominio de la Universidad de la
Sabana sobre el predio “Moscovia”; en las consideraciones se destacó que según
el artículo 52 de la Ley 160 de 1994 la función social de la propiedad privada se
ejerce con los actos de posesión a los cuales refiere el artículo 1º de la Ley 200
de 1936, es decir, con hechos positivos de explotación económica agrícola y
ganadera; también expresó que según el artículo 58 de la Ley 160 de 1994
legamente se entiende que existe explotación económica regular y estable
cuando “al momento de la práctica de Inspección Ocular tenga más de un (1) año
de iniciada y se haya mantenido sin interrupción injustificada , siendo de cargo del
propietario la demostración de tales circunstancias.” (fl. 396, anexos tomo 2). En
relación con las circunstancias probadas afirmó lo siguiente:
“Descartadas las anteriores causales, debemos recordar, en primer
lugar, que en el proceso de extinción de dominio la carga de la
prueba sobre la explotación del inmueble recae en cabeza del
propietario y todo aquel que ostente derechos reales sobre el
predio objeto de extinción. Era entonces la Universidad de la
Sabana, en calidad de propietario del inmueble (…) la encargada de
probar el cumplimiento de la función social de la propiedad.
No obstante, analizado el material probatorio, no se colige el ejercicio de
explotación alguna por parte del propietario, es claro que su actuación
procesal no se encaminó a demostrar dicho ejercicio, por el contrario, tal
y como lo afirmó su apoderado en el recurso de reposición impetrado en
contra de la Resolución de inicio, nunca hubo la intención de explotar el
predio (…).
Al respecto debe reiterarse que la función de la propiedad se cumple a
través del ejercicio de la explotación estable y constante, en los
términos señalados en los Artículos 52 y 58 de la Ley 160 de 1994 (…).
Que dicha circunstancia constituye una carga de la propiedad rural, que
verifica el Estado a través del procedimiento administrativo que solo se
inicia cuando en una etapa previa se encuentran hechos indicativos del
incumplimiento de la función social de la propiedad, los cuales se
confirman en la inspección ocular bajo los lineamientos que señala la
ley,
Así las cosas, en el caso que se examina, tal y como lo advierte el
informe de inspección ocular, se ha dado un incumplimiento de la
función social de la propiedad por más de 3 años y, además el
predio en mención viene siendo ocupado por los campesinos
desde el año 2007, como consecuencia del abandono al que este
fue expuesto por no ejercer el propietario ejercicio posesorio
alguno (…).
En ese orden de ideas, la causal de excusa argüida por el propietario
respecto de que la inexplotación del predio se debe a que el objeto de la
persona jurídica, esto es la Universidad de la Sabana, no es la
explotación agrícola y que de ser este su objeto, no podría igual
15
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
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explotarse, dado que el predio se encontraba ocupado al momento de
serle entregado en donación, no es de recibo. Sobre este asunto, es
necesario traer a colación los fundamentos esbozados en la Resolución
No. 00650 del 6 de diciembre de 2010', en los cuales se determinó: ‘la
ocupación de hecho no constituye fuerza mayor o caso fortuito
con la virtualidad de justificar el abandono de la explotación, sino
consecuencia previsible obligada de la renuencia u omisión a
ejercer la explotación económica de las tierras incultas’ (Fol. 121 a
124), así como el hecho de que a lo largo del expediente se ha
demostrado la inexplotación por parte de los titulares del dominio
del predio. Es así como, tanto el informe de visita previa como la
inspección ocular realizada el día 11 de noviembre de 2011, junto
con los diversos testimonios y escritos obrantes en el expediente,
se precisó la inexistencia de actos materiales por parte del
propietario que evidencien su explotación en el inmueble por un
período superior a los 3 años, cosa que, a la luz de la normatividad
descrita, se configura la aludida causal ante la ausencia del
ejercicio de la propiedad que como lo manifestó en su momento la
Corte Constitucional, su núcleo esencial lo constituye el nivel mínimo de
ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad
económica en su titular.
En este caso, aun cuando, según lo aduce el propietario actual, al
momento que le fuere entregado el predio, éste se encontraba
ocupado por terceros, ello no constituye una causal de exclusión
de extinción, al contrario, concreta el hecho de que respecto del
predio, desde aquel entonces se predicaba el incumplimiento de la
función social de la propiedad, que hoy da origen a esta extinción
de la propiedad. En ese sentido, si bien las circunstancias que
concretan el incumplimiento de la función social de la propiedad se
dieron cuando el predio se encontraba en cabeza del anterior
propietario, las mismas definen los presupuestos bajo los que se
ha incumplido la carga de la propiedad rural, y con ello, bajo los
cuales el predio revierte su dominio a la Nación”. (fls. 397 a 400,
anexos tomo 2 – resalta la Sala).
15) El 14 de febrero de 2013 la empresa Thekca Ingeniería SA, quien para ese
momento había adquirido el derecho de propiedad del predio “Moscovia” por
compra a la Universidad de la Sabana, presentó recurso de reposición en el cual
insistió sobre la configuración de la causal fuerza mayor o caso fortuito debido a
los actos violentos de los invasores del predio, aunado al hecho de que este no
contaba con una vocación productiva; igualmente cuestionó la realización de
visitas en fecha anterior al inicio del trámite administrativo e indicó que el Incoder
había actuado sin competencia porque la extinción del dominio debía ser
declarada por autoridad judicial; expresó que no se habían tenido en cuenta la
sumatoria de explotaciones económicas que fueron ejercidas por los anteriores
propietarios que podían verificarse mediante las anotaciones en la matrícula
inmobiliaria (fls. 504 a 530, anexos tomo 2).
16) El recurso fue resuelto de manera negativa a través de la Resolución no. 0484
del 2 de abril de 2013 por el Subgerente de Tierras Rurales del Incoder, sobre la
16
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base de considerar lo siguiente: (i) en cuanto a las diligencias previas, su
realización es obligatoria según lo dispone el artículo 7 del Decreto 2665 de 1994,
(ii) el acto administrativo recurrido no desconoció la suma de posesiones y se
trata de un aspecto intrascendente en el caso concreto porque el debate central
fue la demostración de la explotación económica, (iii) en relación con la causal de
fuerza mayor y caso fortuito, la intención de la Universidad de la Sabana nunca
fue recuperar el aprovechamiento económico del predio y, (iv) acerca de la falta
de competencia, esta se soporta debidamente en la Ley 160 de 1994, el Decreto-
ley 1300 de 2003, el Decreto 3759 de 2009 y la Ley 489 de 1998 (fls. 565 a 579
anexo tomo 2).
4. Análisis de los cargos de nulidad
4.1 Violación del debido proceso por indebida notificación del acto
administrativo que dio inicio al trámite administrativo
1) En el primer cuestionamiento, la parte actora expresó que se violó el debido
proceso porque la Resolución no. 420 del 20 de agosto de 2010 que dio inicio al
procedimiento administrativo fue notificada por edicto en las oficinas del Incoder
según lo previsto en el artículo 45 del CCA, a pesar de que la norma especial
aplicable era el artículo 10 del Decreto 2665 de 1994 que alude a la notificación
por edicto emplazatorio.
2) Frente a lo anterior, es perfectamente claro que para el momento de los hechos
aún regía el Decreto-ley 01 de 1984, el cual en el artículo 1º disponía expresa e
inequívocamente que los procedimientos administrativos reglamentados por
normas especiales se debían regir por estas y, en lo no previsto, por la primera
parte de aquel código en lo que fueran compatibles; igualmente es cierto que16
para la fecha en la cual se adelantó el procedimiento de expropiación del derecho
de dominio agrario el correspondiente trámite estaba previsto por la normatividad
16 Debe precisarse que el régimen jurídico aplicable al procedimiento de extinción del dominio agrario objeto
de estudio estuvo marcado por una sucesión de modificaciones normativas; en efecto, la Ley 160 de 1994 y
su Decreto Reglamentario no. 2665 de 1994 regulaban originalmente la materia; posteriormente, la Ley 1152
de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural) introdujo un nuevo régimen, cuya reglamentación fue expedida
mediante el Decreto no. 639 de 2008, norma que si bien en el artículo 19 derogó expresamente el Decreto no.
2665 de 1994, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1152 de 2007
mediante la sentencia C-175 de 2009, circunstancia que determinó la pérdida del sustento jurídico del régimen
que la desarrollaba y el retorno al marco normativo anterior; por esta razón para la época en que el INCODER
inició formalmente el procedimiento administrativo mediante la Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010,
la actuación se encontraba sujeta a las disposiciones de la Ley 160 de 1994 y del Decreto no. 2665 de 1994,
normativa que fue aplicada por la administración durante el trámite y que constituye, además, el parámetro
jurídico a partir del cual la parte actora formuló los cargos de nulidad objeto de revisión.
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especial contenida en el Decreto 2665 de 1994 reglamentario de la Ley 160 de
1994.
3) El Decreto 2665 de 1994 consagraba el agotamiento de una etapa preliminar o
previa (artículo 7) y posteriormente el inicio formal del procedimiento mediante la
expedición de un acto administrativo conforme a lo previsto en el artículo 817;
adicionalmente, en el artículo 10 fijaba la forma de notificación de la resolución de
inicio del siguiente modo:
“Artículo 10. Notificación La resolución que inicie el procedimiento se
notificará personalmente al propietario y al Procurador Agrario, o al
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, al Director General de
la correspondiente Corporación Autónoma Regional, al respectivo
Alcalde del municipio o distrito con más de 300.000 habitantes, al
Ministro del Medio Ambiente o su delegado, según el caso, y a quienes
tuvieren constituidos otros derechos reales sobre el inmueble.
Si agotadas las diligencias necesarias no fuere posible la notificación
personal a los propietarios o interesados, el notificador dejará
constancia de ello en el informe respectivo, indicando los motivos que le
hubieren impedido efectuar la notificación personal, y se ordenará su
emplazamiento por edicto que durará fijado por el término de cinco (5)
días en lugar público de las oficinas del Incora donde se adelante el
procedimiento, y por el mismo término en la Secretaría de la Alcaldía
Municipal donde se halle situado el inmueble.
Además, se fijará por el Instituto una copia del edicto en la puerta o sitio
de acceso al inmueble, salvo que se le impidiere hacerlo, de lo cual
dejará constancia escrita el respectivo notificador y se agregará al
expediente.
Cumplidas las anteriores formalidades, si los interesados no se
presentan dentro de los tres (3) días siguientes a la desfijación del
edicto, se les designará un curador ad litem (…).”.
4) Visto lo anterior, se encuentra acreditado que el Incoder, después de intentar la
notificación personal de la Universidad de la Sabana optó por acudir al mecanismo
de notificación por edicto previsto en el artículo 45 del entonces Código
Contencioso Administrativo (Decreto-ley 01 de 1984) y no al procedimiento
especial contemplado en el artículo 10 del Decreto 2665 de 1994; es cierto que la
entidad fijó un edicto entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre de 2010 e incluso
expidió una constancia según la cual la resolución había quedado ejecutoriada el
15 de septiembre siguiente; sin embargo, esta circunstancia no tiene la suficiente
17 Norma que expresamente disponía: “Iniciación. Establecida la existencia de los presupuestos de hecho y
los de orden legal para adelantar el trámite de extinción del derecho de dominio, el Director Ejecutivo de la
Unidad Nacional de Tierras Rurales expedirá la resolución mediante la cual se ordena su iniciación”.
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entidad para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos
atacados por las siguientes razones:
a) La actuación administrativa que dio origen a los actos administrativos
demandados demuestra que con posterioridad se produjo la notificación personal
de la Resolución no. 420 del 10 de agosto de 2010 al señor Julio César Castro
Vargas, apoderado de la Universidad de la Sabana en diligencia surtida el 22 de
octubre de 2010; también está probado que luego de conocer formalmente el
contenido de la decisión el referido apoderado presentó recurso de reposición el
29 de octubre de 2010.
b) Lo anterior evidencia que la finalidad esencial perseguida por las normas sobre
notificación — garantizar el conocimiento efectivo de la actuación administrativa y
permitir el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción— fue plenamente
satisfecha; incluso si se admitiera que la entidad acudió inicialmente a un
mecanismo de notificación diferente del previsto en la norma especial, dicha
circunstancia no produjo una restricción real de las garantías procesales del
propietario, pues este tuvo conocimiento cierto y oportuno de la actuación, pudo
intervenir en ella y ejerció los recursos legalmente procedentes contra la decisión
de apertura del procedimiento.
c) Además, tanto el régimen especial contenido en el artículo 10 del Decreto 2665
de 1994 como el previsto en los artículos 44 y 45 del entonces Código
Contencioso Administrativo parten de la misma lógica jurídica, consistente en
privilegiar la notificación personal como medio principal de comunicación de las
decisiones administrativas y acudir a mecanismos subsidiarios cuando aquella no
sea posible; en consecuencia, si bien la autoridad no observó con estricto rigor el
procedimiento especial sobre notificaciones, lo cierto es que, finalmente se
materializó la forma de publicidad que la propia norma especial consideraba
preferente, esto es, la notificación personal al interesado; pero, lo ciertos es que la
notificación personal, dado su carácter principal, desplazó la notificación
subsidiaria del edicto.
d) A ello se suma que la Universidad de la Sabana nunca quedó privada de la
posibilidad de controvertir el acto administrativo de apertura, pues, el recurso de
reposición fue tramitado y resuelto de fondo mediante la Resolución no. 650 del 6
de diciembre de 2010 en la cual el Incoder examinó los cuestionamientos
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formulados por la recurrente; así, resulta evidente que cualquier eventual
irregularidad formal quedó saneada por la actuación posterior del interesado y por
el efectivo ejercicio de los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento
jurídico; por consiguiente, la Sala concluye que no se configuró ningún quebranto
del debido proceso ni del derecho de defensa por ese motivo.
4.2 Indebida celebración de la diligencia de “inspección ocular” y
pretermisión del derecho de contradicción sobre el correspondiente
informe
1) Desde otro punto de vista, en este reproche se expresó que a pesar de que la
diligencia de “inspección ocular” del 11 de noviembre de 2011 fue suspendida para
ser reanudada el 15 de esos mismos y año, esa reanudación nunca se materializó
y, por el contrario, que posteriormente se rindió un informe sin otorgarle la
posibilidad a la Universidad de la Sabana de contradecirlo, prueba que sirvió de
sustento a la decisión finalmente adoptada.
2) El referido motivo de anulación tampoco prospera, por cuanto en el expediente
se encuentra acreditado que la diligencia se practicó con la presencia del
apoderado de la Universidad de la Sabana quien intervino activamente en ella y
expresó las consideraciones que estimó pertinentes respecto de la situación del
predio, incluso manifestó que la finalidad del ente educativo no era la explotación
agrícola del inmueble y reconoció la ausencia de explotación económica por parte
de esa institución, luego, no puede afirmarse que el propietario hubiera sido
excluido de la práctica de la prueba o hubiese sido privado de la posibilidad de
participar en ella.
3) Adicionalmente, obra prueba de que con posterioridad a la diligencia la
competencia para continuar con el trámite fue asumida por el nivel central del
Incoder por disposición de la Subgerencia de Tierras Rurales, circunstancia que
dio lugar al traslado del expediente y a la elaboración del correspondiente informe
técnico por parte del equipo interdisciplinario de la entidad donde se consignaron
los resultados de la “inspección ocular” y de las verificaciones efectuadas sobre el
predio.
4) Ahora bien, la Sala observa que la demandante parte de una premisa
equivocada cuando equipara dicho informe con un dictamen pericial sujeto al
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traslado previsto en el artículo 1918 del Decreto 2665 de 1994; en realidad, de
conformidad con los artículos 13 y 19 de esa normativa el traslado para solicitar
aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave se encuentra
previsto respecto del dictamen elaborado por peritos cuando la “inspección ocular”
es solicitada expresamente por el propietario o por quienes ostenten derechos
reales sobre el inmueble y sufragada a su costa, aspecto que no se presenta en
este caso porque dicha audiencia fue decretada de oficio19.
5) Debe agregarse igualmente que el informe realizado el 20 de diciembre de 2011
sobre la “inspección ocular” fue realizado por funcionarios del Incoder, no por
peritos nombrados y posesionados en los términos del artículo 15 del Decreto
2665 de 199420, pues, en este caso, aparte de verificar los linderos y extensión,
simplemente procedieron consignar lo observado en la diligencia del 11 de
noviembre de 2011 a la cual sí asistió el apoderado del Universidad de la Sabana;
tampoco se advierte del contenido de ese decreto – y la demandante tampoco la
invoca – que respecto de la “inspección ocular” decretada y practicada de oficio
por la administración deba cumplirse una etapa adicional de traslado a los
interesados para efectos de solicitar aclaración, complementación u objeción en
los términos del Código de Procedimiento Civil.
18 El artículo 19 del Decreto 2665 de 1994, preceptuaba: “Contradicción del dictamen. Del dictamen se correrá
traslado a los interesados y al Agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días, dentro de los
cuales podrán solicitar que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave.
Si se solicita la complementación o aclaración del dictamen, el Instituto ordenará que se efectúe dentro de los
tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene.
La objeción por error grave del dictamen, se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 del
Código de Procedimiento Civil”.
19 El artículo 13 del decreto 2665 de 1994 preveía: “Solicitud de pruebas. Términos. Dentro de los tres (3)
días siguientes al de la ejecutoria de la providencia por la cual se inicia el procedimiento de extinción,
podrá solicitarse por el propietario, las personas que acrediten un derecho real sobre el inmueble, o los
funcionarios o entidades a que se refiere el artículo 10 del presente Decreto, la práctica de las pruebas, o
aportarse las que, de acuerdo con la ley sean conducentes y pertinentes, hasta la fecha en que se
practique la diligencia de inspección ocular, sin perjuicio de las que se lleven a cabo en esta
actuación. (…).
Parágrafo. Cuando la prueba de la inspección ocular sea solicitada por el propietario o el titular de algún
derecho real sobre el inmueble, ésta se practicará a su costa. Para el efecto el peticionario deberá
reembolsar al Instituto el valor total del dictamen en la oportunidad que señale el decreto reglamentario
especial sobre avalúos y dictámenes que expida el Gobierno Nacional. Con la solicitud de la prueba se
deberá presentar el cuestionario sobre los asuntos respecto de los cuales deberá versar el dictamen
pericial, sin perjuicio de los consignados por el Instituto en el auto que ordene la diligencia.
Si el propietario, o las personas que tengan constituidos derechos reales sobre el predio no solicitaren
la práctica de esta prueba, o no sufragaren los gastos de la misma, según el caso, la inspección ocular se
realizará oficiosamente a costa del Instituto y con la intervención de dos (2) funcionarios expertos de
la entidad (…)”. (Se destaca).
20 El artículo 15 del Decreto 2665 de 1994, expresaba. “Designación y posesión de peritos. Para la
designación y posesión de peritos se observarán las siguientes reglas:
1. Los peritos serán dos (2), los que se sortearán del Listado Nacional de Peritos para la Reforma Agraria.
2. Los peritos se posesionarán ante el funcionario que presida la diligencia y deberán expresar si se
encuentran o no impedidos para el desempeño de su gestión y que cumplirán bien y fielmente con los deberes
de su cargo.
3. Los peritos rendirán su dictamen dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la inspección ocular.
4. Cuando el experticio deba comprender el estudio de documentos aportados como prueba complementaria,
a los peritos podrá otorgárseles un plazo adicional de tres (3) días para rendir el dictamen”.
21
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
6) En cualquier caso, aun si se admitiera la existencia de alguna irregularidad en la
forma aparentemente abrupta como culminó la diligencia de inspección
administrativa por cuanto el mismo día se ordenó la remisión del expediente
administrativo al nivel central, no se observa que la universidad se hubiera
opuesto al auto que ordenó esa remisión, tampoco que no se hubiera cumplido
con el objeto para el cual la audiencia fue ordenada.
4.3 Imposibilidad de formular solicitud de parte para la práctica de la
“inspección ocular” con intervención de peritos
1) En opinión de la accionante, se desconocieron los artículos 13 y 14 del Decreto
2665 de 1994 debido a que la notificación de la Resolución no. 650 del 6 de
diciembre de 2010, que negó la reposición presentada en contra de la Resolución
no. 420 del 10 de agosto de ese año a través de la cual se dio inicio formal al
procedimiento de extinción de dominio, fue notificada el 25 de agosto de 2011,
pero, en la misma fecha y sin esperar a que transcurriera el término de ejecutoria
se emitió otro acto administrativo que dio lugar a la apertura del periodo
probatorio, sin dejar que transcurrieran los tres (3) días de que tratan dichas
normas para que el propietario pudiera solicitar pruebas, especialmente que la
diligencia de “inspección ocular” se practicara con la asistencia de dos (2) peritos a
su costa.
2) Frente a lo anterior la Sala observa que, es cierto que el artículo 13 de dicha
normativa21 disponía que dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la
providencia que iniciara el procedimiento de extinción del dominio el propietario
podía solicitar la práctica de las pruebas conducentes para demostrar la
explotación económica del predio o la inexistencia de la causal de extinción.
3) No obstante, acorde con los hechos probados previamente aludidos, en el
presente caso se encuentra acreditado que la Resolución no. 650 del 6 de
diciembre de 2010, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra la
Resolución no. 420 de 2010, fue notificada personalmente al apoderado de la
Universidad de la Sabana el 25 de agosto de 2011, esto es, en la misma fecha en
la cual se profirió el auto que abrió el período probatorio y ordenó la práctica
21 El artículo 13 del mencionado decreto disponía: “Solicitud de pruebas. Términos. Dentro de los tres (3) días
siguientes al de la ejecutoria de la providencia por la cual se inicia el procedimiento de extinción, podrá
solicitarse por el propietario, las personas que acrediten un derecho real sobre el inmueble, o los funcionarios
o entidades a que se refiere el artículo 10 del presente Decreto, la práctica de las pruebas, o aportarse las
que, de acuerdo con la ley sean conducentes y pertinentes, hasta la fecha en que se practique la diligencia de
inspección ocular, sin perjuicio de las que se lleven a cabo en esta actuación (…).”.
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
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oficiosa de la “inspección ocular”; desde esta perspectiva, le asiste razón a la
demandante cuando afirma que no transcurrió el término previsto en el artículo 13
del Decreto 2665 de 1994 entre la notificación de la decisión que confirmó la
iniciación del procedimiento y la apertura de la etapa probatoria.
4) Sin embargo, la sola constatación de dicha irregularidad formal no conduce en
este caso a la nulidad de los actos administrativos demandados, dado que no se
avizora un yerro sustancial que haya afectado los derechos de defensa y
contradicción o que hayan tenido incidencia en la decisión de fondo, por cuanto:
a) En primer lugar, la Universidad de la Sabana fue notificada personalmente del
auto de pruebas el 31 de agosto de 2011 y no promovió recurso alguno contra
dicha providencia ni alegó oportunamente la irregularidad que ahora invoca,
guardó silencio y posteriormente participó en la diligencia y ejerció activamente su
intervención dentro del procedimiento; por tanto, aun si se admitiera la existencia
de una inobservancia de carácter formal, esta quedó saneada por la conducta
procesal desplegada por la propia interesada.
b) En segundo término, tampoco se advierte que la situación cuestionada hubiera
tenido incidencia material en la decisión finalmente adoptada; la parte actora
sostiene que se le privó de solicitar la intervención de peritos independientes,
empero, esta circunstancia nunca la expresó previamente a la celebración de la
audiencia de inspección teniendo la oportunidad de hacerlo, pues, debe resaltarse
que la fecha de su práctica se fijó en un inicio para el 9 de septiembre de 2011,
pero, por causa de múltiples aplazamientos no se logró realizar sino hasta el 11 de
noviembre de ese año sin que en ese interregno se dijera nada al respecto.
c) Además, debe también advertirse que el inciso segundo del artículo 13 del
Decreto 2665 de 199422 permitía aportar durante la actuación pruebas
documentales encaminadas a demostrar la explotación económica del inmueble o
la inexistencia de la causal de extinción, sin que en este caso concreto obre
evidencia de que el propietario hubiera intentado acreditar tales circunstancias
mediante documentación contable, contratos de explotación, registros de
22 El cual preveía: “(…). No obstante, podrán aportarse al procedimiento, hasta antes de entrar el expediente
al despacho para decisión de fondo, aquellas pruebas documentales que no requieran verificación sobre el
terreno y sean conducentes y pertinentes para comprobar la explotación económica del predio, o el estado de
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o del ambiente ajustado a la ley, o el
cumplimiento de las normas sobre reserva agrícola o forestal previstas en los planes de desarrollo de los
municipios o distritos, o demostrar la inexistencia de la causal para decretar la extinción del derecho de
dominio en cualquier caso previsto en la ley reglamentada”.
23
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
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Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
producción, comprobantes de inversión agropecuaria o cualquier otro elemento
objetivo demostrativo del ejercicio de la función social de la propiedad.
d) Por el contrario, la decisión administrativa cuestionada se sustentó en un
conjunto amplio de elementos probatorios, entre ellos las visitas previas realizadas
por la UNAT y el Incoder, la “inspección ocular” y las propias manifestaciones de la
Universidad de la Sabana de las cuales se desprendía la ausencia de explotación
económica del predio por parte de su propietaria, incluso, en el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución no. 420 de 2010 el apoderado de la
universidad expresó que la finalidad institucional no era desarrollar actividades
agropecuarias y que el propósito de la donación consistía en vender el inmueble
para financiar programas de becas, afirmación que fue expresamente valorada por
la administración en el momento de adoptar la decisión final.
5) En estas condiciones la Sala concluye que, aunque la secuencia procedimental
observada por la entidad no se ajustó estrictamente al término previsto en el
artículo 13 del Decreto 2665 de 1994, la irregularidad alegada no produjo una
afectación real del derecho de defensa ni posee la entidad suficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual el
cargo no está llamado a prosperar.
4.4 La inexplotación se debió a circunstancias de fuerza mayor y caso
fortuito
1) En opinión de la demandante se desconocieron los artículos 52 de la Ley 160
de 1994 y 3 del Decreto 2665 de 1994 porque el Incoder aplicó indebidamente las
normas que regulan la extinción del dominio, dijo que en el caso objeto de análisis
la ausencia de aprovechamiento económico del inmueble no obedeció al
abandono voluntario por parte de los propietarios sino a una ocupación violenta y
masiva de terceros que impidió ejercer la posesión y desarrollar actividades
productivas; aseveró que dicha ocupación constituyó un supuesto de hecho de
fuerza mayor o caso fortuito, circunstancia que conforme a la Ley 160 de 1994 y el
Decreto 2665 de 1994 excluye la procedencia de la extinción del dominio por
inexplotación económica, además de que el INCODER desconoció las acciones
policivas y judiciales iniciadas por los propietarios para recuperar el inmueble y
pasó por alto que buena parte de los terrenos presentaban limitaciones técnicas y
ambientales para su explotación agropecuaria.
24
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
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Sentencia de única instancia
2) Frente a lo anterior es necesario resaltar que de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 52 de la Ley 160 de 199423 la extinción del derecho de
dominio procede respecto de los predios rurales en los cuales se hubiere dejado
de ejercer la posesión en los términos previstos por el artículo 1 de la Ley 200 de
1936 durante tres (3) años continuos, salvo que la inexplotación encuentre
justificación en circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito; a su
vez, el referido artículo 1 de la Ley 200 de 1936 establecía una presunción legal
según la cual la correspondiente posesión se ejercía a través de la explotación
económica del suelo mediante plantaciones, sementeras, la ocupación con
ganados u otros de igual significación económica.
En consonancia con lo anterior, el artículo 58 de la Ley 160 de 1994 era claro en
establecer cuándo se consideraba que había explotación económica y disponía
expresamente que la carga probatoria era del propietario, del siguiente modo:
“ARTÍCULO 58. Para efectos de lo establecido en el artículo 1o. de
la Ley 200 de 1936, se considera que hay explotación económica
cuando ésta se realiza de una manera regular y estable.
Es regular y estable la explotación que al momento de la práctica
de la Inspección Ocular tenga más de un (1) año de iniciada y se
haya mantenido sin interrupción injustificada, siendo de cargo del
propietario la demostración de tales circunstancias.
La simple tala de árboles, con excepción de las explotaciones forestales
adelantadas de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, no
constituye explotación económica.” (negrillas adicionales).
3) De esta forma, es especialmente relevante resaltar que el régimen legal
aplicable no parte de una presunción de explotación económica derivada de la
simple titularidad del derecho de dominio ni de la existencia de actos aislados de
conservación del bien, sino que, exige la acreditación de una actividad productiva
efectiva, regular y estable en el tiempo; con mayor razón cuando la ley atribuye
expresamente al propietario la carga de demostrar que dicha explotación se viene
ejerciendo en las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico.
23 El contenido de la primera parte del artículo 52 de la Ley 160 de 1994 era el siguiente: “Establécese en
favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se
dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo 1o. de la Ley 200 de 1936, durante tres (3)
años continuos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen las disposiciones sobre
conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables y las de preservación y
restauración del ambiente, o cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o
forestal establecidas en los planes de desarrollo de los municipios o distritos con más de 300.000 habitantes
(…).”.
25
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
4) Sin embargo, es claro que durante el respectivo trámite administrativo la
Universidad de la Sabana no ejerció una labor activa tendiente a aportar prueba
que permitiera acreditar el ejercicio directo de actividades de explotación
económica regular y estable en los términos previstos por el artículo 58 de la Ley
160 de 1994; en las visitas administrativas previas practicadas tanto por la UNAT
como por el Incoder concluyeron que el inmueble no estaba siendo explotado
económicamente por sus propietarios y que las actividades agrícolas, pecuarias y
demás aprovechamientos existentes eran desarrollados por terceros ocupantes;
de igual modo, en la diligencia de “inspección ocular” y en el informe técnico
posterior se registró la existencia de cultivos, ganadería, piscicultura y otras
actividades productivas adelantadas por dichas personas, sin que se evidenciara
intervención productiva alguna por parte del titular del derecho de dominio.
5) Debe resaltarse, además, que uno de los aspectos principales que llevaron
consigo al Incoder a extinguir el derecho de dominio fue que la propia Universidad
de la Sabana reconoció dentro de la actuación administrativa que el predio había
sido recibido en donación con el propósito de ser enajenado para destinar los
recursos obtenidos al financiamiento de programas de becas, y que la explotación
agropecuaria no correspondía a su objeto institucional, objeto este último que no
compaginaba con el objeto primordial de la Ley 160 de 1994 de promover el
acceso a la tierra de los trabajadores agrarios.
Esto es así en la medida de que durante la diligencia de “inspección ocular” el
apoderado de la Universidad de la Sabana dejó constancia expresa de la
inexistencia de explotación económica del inmueble por parte de dicha institución;
a esto se suma que tampoco se acreditó que fuera explotado económicamente
con producción agrícola o ganadera por parte del anterior propietario, el Banco
Popular, previamente a entregarlo en donación; circunstancia que lejos de
demostrar el cumplimiento de la función social de la propiedad corrobora la
ausencia de actividad productiva por parte del propietario.
6) En cuanto a la alegada fuerza mayor o caso fortuito, el demandante aduce que
los ocupantes del predio ejercieron actos de violencia que motivaron el
agotamiento de trámites policivos y judiciales para la recuperación del bien; al
respecto, la Sala pone de presente que el Consejo de Estado en casos análogos,
especialmente en uno de los cuales el propietario (la Universidad del Cauca)
también alegó que la falta de explotación del predio obedeció a actos de violencia
26
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
y alteraciones del orden público debido a la presencia de comunidades indígenas,
resaltó que la carga probatoria sobre la explotación económica recae en el
propietario y que la sola ocupación no era constitutiva de fuerza mayor cuando no
se acreditaba que hubiere existido un aprovechamiento previo o que la ausencia
de explotación obedeció a situaciones ajenas a su voluntad, del siguiente modo:
“De conformidad con la normatividad antes revisada, la Sala observa
que, una vez que la administración agraria emprende un trámite de
extinción del derecho de dominio, dicha consecuencia sólo puede
ser evitada cuando el particular –o la entidad pública propietaria
fiscal– cumple con la carga de demostrar que el predio rural sí ha
sido explotado, entendiéndose por esto último aquellas actividades
que tengan que ver con el potencial económico agropecuario del bien –
tales como las plantaciones, sementeras, ocupación con ganado, entre
otras–, siempre y cuando las mismas se hayan realizado por un
periodo de más de un año anterior a la comprobación del estado
del predio por la administración agraria. Del mismo modo, para que
sea improcedente la extinción del dominio, la entidad pública o el
particular sujetos al trámite, podrán evidenciar que la falta de
aprovechamiento del lote no se ha prolongado por más de tres años, o
que es debida a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
Aplicados los anteriores criterios normativos a los hechos acreditados
en el sub examine, la Sala observa que el predio conocido como “El
Naya” ostentaba todas las circunstancias que eran necesarias para que
sobre el mismo fuera procedente la extinción del dominio, y lo cierto es
que la Universidad del Cauca –en su calidad de titular del bien– se
abstuvo de demostrar que sí existía un aprovechamiento, o que la falta
de explotación se debió a circunstancias ajenas a su voluntad –fuerza
mayor o caso fortuito–.
Al respecto se demostró que en las tierras de la Universidad del Cauca,
habitan ancestralmente comunidades campesinas, indígenas y
afrodescendientes que tienen un asentamiento que, en el caso de estas
últimas, se remonta a la época de las explotaciones mineras del siglo
XVII, tiempo durante el cual los esclavos empleados en dichas
actividades de extracción, tendían a asentarse en las cuencas, selvas y
montañas presentes en la región de “El Naya” (…).
Del mismo modo, se evidenció que la Universidad del Cauca no hacía
presencia en la zona, pues en las diligencias adelantadas por la
administración agraria no se mencionaron estructuras, cultivos o ganado
pertenecientes a la entidad hoy solicitante en revisión. Antes bien, se
puso de presente la existencia de una agricultura artesanal y sostenible
desarrollada por las comunidades afrodescendientes e indígenas,
quienes denotaron la existencia de un arraigo con el terreno y, además,
no reconocieron el dominio sobre el predio ni dependencia laboral
respecto de la mencionada institución educativa (…).”24. (negrillas
adicionales).
7) Con lo anterior es claro que, aun en el evento de aceptarse que la ocupación
del predio dificultó su aprovechamiento posterior, el artículo 58 de la Ley 160 de
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2014, radicación no.
11001-03-26-000-2008-0111-00 (36.251), CP Danilo Rojas Betancourth.
27
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
1994 exigía demostrar una explotación económica regular y estable anterior a la
ocurrencia del hecho impeditivo, carga en modo alguno fue satisfecha por la
Universidad de la Sabana; no existe en el expediente prueba que permita concluir
que antes de la ocupación alegada el inmueble era objeto de una explotación
económica regular, continua y estable por parte de quienes ostentaban el derecho
de dominio.
8) Ahora bien, aunque está acreditado que mediante la escritura pública no.
5.530 del 30 de noviembre de 2006 de la Notaría 31 de Bogotá se suscribió el acto
jurídico de donación en favor de la Universidad de la Sabana, el cual fue inscrito
en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria el 19 de julio de 2007 y que
las pruebas dan cuenta de que los ocupantes ingresaron el 14 de mayo de 200725,
es decir, tan solo seis (6) meses después de haberse firmado la referida escritura
y antes de que fuera transferido el derecho de dominio, dicha circunstancia no
resulta suficiente para excluir la aplicación de la figura de extinción del dominio
agrario, debido a que el artículo 52 de la Ley 160 de 1994 establece que la
procedencia de esta medida depende de la comprobación de la falta de
explotación económica del predio durante tres (3) años continuos, sin que la
norma disponga o aclare que dicho término deba computarse individualmente
respecto de cada propietario que sucesivamente haya ostentado el derecho de
dominio sobre el inmueble.
9) Una interpretación en sentido contrario conduciría a desnaturalizar la finalidad
de la institución, pues bastaría la transferencia periódica del dominio entre
distintos titulares para impedir indefinidamente la configuración de la causal
extintiva, aun cuando materialmente el bien permaneciera inexplotado durante
largos períodos; por ello la verificación prevista en la Ley 160 de 1994 recae sobre
las condiciones objetivas de aprovechamiento del predio y sobre el cumplimiento
de la función social de la propiedad rural, no sobre el tiempo de permanencia de
cada propietario en particular.
10) Adicionalmente, las pruebas recaudadas durante la actuación administrativa,
especialmente las visitas de esa índole al predio, permiten inferir un prolongado
estado de abandono, mientras que las actividades productivas observadas
provenían exclusivamente de los ocupantes, condiciones en las cuales no se
25 Así lo expresó el apoderado de los ocupantes mediante memorial del 14 de mayo de 2008 dirigido ante el
Incoder mediante el cual solicitó el inicio del procedimiento de expropiación de la propiedad agraria (fl. 46,
anexos, tomo 1).
28
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
encuentra acreditada la relación causal entre la ocupación y la inexistencia
anterior a ese hecho de explotación económica que pretende sostener la
demandante.
11) De igual manera, tampoco es de recibo el argumento concerniente a las
limitaciones técnicas, topográficas o ambientales del inmueble a las cuales se
hace referencia en los hechos de la demanda, pues, los propios informes obrantes
en el expediente dieron cuenta de la aptitud de diversos sectores del predio para
el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como también
de la efectiva realización de tales actividades por parte de los ocupantes, hecho
que demuestra que no existía una imposibilidad material absoluta para el
aprovechamiento económico del fundo.
12) En consecuencia, debido a que no se demostró por parte de los propietarios la
existencia de una explotación económica regular y estable del predio en los
términos exigidos por el artículo 58 de la Ley 160 de 1994 ni la configuración de
una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito con entidad suficiente para
justificar su inexplotación, la Sala concluye que el Incoder aplicó correctamente las
disposiciones que regulan la extinción del dominio agrario y que este cargo de
nulidad tampoco está llamado a prosperar.
13) Finalmente, la Sala advierte que en el folio de matrícula inmobiliaria no. 200-
15172 no figura inscrita la decisión de extinción del dominio, circunstancia que
encuentra explicación en la suspensión de los efectos registrales derivada de la
oportuna interposición de la presente acción de revisión; en consecuencia, una
vez ejecutoriada esta providencia y habiéndose decidido desfavorablemente las
pretensiones de la demanda deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo
50 de la Ley 160 de 1994 y procederse a la inscripción de las resoluciones que
declararon la extinción del derecho de dominio sobre el predio “Moscovia”.
5. Conclusión
Los cargos de nulidad formulados por la demandante no están llamados a
prosperar, las eventuales irregularidades procesales alegadas carecieron de
incidencia sustancial sobre las garantías de defensa y contradicción que fueron
efectivamente ejercidas durante la actuación administrativa; se estableció que
los propietarios no acreditaron la existencia de una explotación económica
regular y estable del predio en los términos exigidos por los artículos 52 y 58 de
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Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
la Ley 160 de 1994 ni tampoco demostraron que la inexplotación obedeciera a
circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito capaces de excluir
la procedencia de la extinción del dominio, razón por la cual las resoluciones
demandadas conservan su presunción de legalidad.
6. Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, salvo en los procesos en se
ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el artículo
365 del Código General del Proceso26 consagra que se condenará en costas “a la
parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto (…).”.
En atención a la precitada regla del artículo 365 del Código General del Proceso y
en vista de que es parte vencida la sociedad demandante, es preciso condenarla
en costas, las cuales deben ser fijadas y liquidadas en auto separado, incluidas las
agencias en derecho, en favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niéganse las pretensiones de la demanda.
2º) Condénase en costas sociedad Thekca Ingeniería SA en favor de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), tásense en auto separado incluidas las agencias en
derecho.
26 Esta norma es aplicable al presente trámite por cuanto si bien la demanda se presentó en el año 2013, el
Código General del Proceso entró a regir para la jurisdicción contenciosa administrativa a partir del 1º de
enero de 2014, según el criterio acogido en el auto de unificación del 25 de junio de 2014 de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicación no. 25000-23-36-000-2012-0039501 (IJ), CP
Enrique Gil Botero; disposición procesal igualmente vigente para el momento de la presente sentencia y de
aplicación inmediata según lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, sin que sobre costas el nuevo
régimen procesal hubiere establecido un régimen de transición.
30
Expediente 11001-03-26-000-2013-00083-00 (47.528)
Actor: Thekca Ingeniería SA
Revisión de extinción de dominio agrario
Sentencia de única instancia
3º) Ordénase a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, una vez ejecutoriada la
presente providencia, adelante las actuaciones necesarias para la inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria no. 200-15172 de las Resoluciones no. 2920 del 24
de diciembre de 2012 y 0484 del 2 de abril de 2013 de conformidad con lo previsto
en el artículo 50 de la Ley 160 de 1994.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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