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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00089-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00089-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia del 19 de noviembre de 2016, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en donde se declaró la nulidad del artículo 5 del Decreto 935 de 2013, en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto 1300 de 2013. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD (1) de la expresión “y su reglamento” prevista en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013 y (2) del artículo 5 del Decreto 935 de 2013, en la redacción anterior al Decreto 1300 de 2013, por falta de competencia e infracción de las normas en las que deberían fundarse. TERCERO: INHIBIRSE DE PROFERIR UN PRONUNCIAMIENTO respecto de los cargos de nulidad formulados frente a los artículos 6 del Decreto 935 de 2013 y 2 del Decreto 1300 de 2013. CUARTO: NO CONDENAR en costas. QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2013-00089-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 26 de enero de 2023

Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple

Temas: nulidad simple – nulidad de decreto reglamentario

Síntesis del caso: la demandante solicitó la declaratoria de nulidad de algunos artículos de
los Decretos reglamentario 935 y 1300 de 2013.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de nulidad interpuesta en
contra de algunos apartados de los artículos 2 y 3, 5 y 6 del Decreto
Reglamentario 935 del 9 de mayo de 2013 y de los artículos 1 y 2 del Decreto
Reglamentario 1300 de 20131.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda, las normas violadas y el concepto de la violación – 1.2.
Trámite del proceso

1.1. La demanda, las normas violadas y el concepto de la violación

1. Natalia Patricia Caroprese Castro presentó demanda de nulidad2, en
contra de algunos artículos de los decretos 935 y 1300 de 2013, expedidos
por el Presidente de la República, haciendo gobierno con el Ministerio de
Minas y Energía, con el objeto de que se hicieran las siguientes
declaraciones (se trascribe):

“Que se declare la nulidad de los siguientes artículos o disposiciones normativas,
contenidos en el Decreto Reglamentario 935 de 2013, expedido el 9 de mayo de 2013
y publicado en el Diario Oficial No. 48.785, del 9 de mayo de 2013:
2.1 El aparte resaltado y subrayado del artículo 2º, a saber:
Artículo 2°. Una vez presentada la propuesta de contrato de concesión, la omisión
en la presentación de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 271 y su

1 El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los que se debata la nulidad

de actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo
137 y el numeral 1 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
2 Folios 3-39 c. 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
________________________________________________________________________________
reglamento, incluyendo los documentos de soporte de la propuesta de contrato de
concesión requeridos para la evaluación en el término fijado para remitirlos, dará
lugar al rechazo de plano de la propuesta.
2.2 El aparte resaltado y subrayado del artículo 3º, a saber:
Artículo 3°. Si habiéndose reunido todos los requisitos establecidos en el artículo 271 y
su reglamento, se presentaren deficiencias en el diligenciamiento de alguno o
algunos de ellos, la autoridad minera procederá a objetar la propuesta y a requerir
que sea subsanada, conforme a lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley 685 de 2001.

2.3. El artículo 5, a saber:
Artículo 5. Para efectos de soportar el estimativo de la inversión económica como
requisito de la propuesta en los términos del literal f) del artículo 271 de la Ley 685 de
2001, la autoridad minera o concedente deberá exigir del proponente los estados
financieros de propósito general ya sean básicos o consolidados, en este último caso
si fuere aplicable, conforme a lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 2649 de 1993
o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen, con el fin de evaluar dichos
estados financieros.
Parágrafo. La autoridad minera o concedente rechazará las propuestas en los
términos del artículo 274 de la Ley 685 de 2001, si después de hacer la evaluación y
los análisis financieros, con base en los estados financieros suministrados bien sean de
propósito general básicos o consolidados, según el caso, determina la falta de
capacidad económica para adelantar las inversiones en las actividades mineras.

2.4. El artículo 6, a saber:
Artículo 6°. Derogado por art. 3, Decreto Nacional 1300 de 2013. Este decreto
también aplicará para la evaluación de las propuestas de contratos de concesión
presentadas en vigencia de la Ley 1382 de 2010 y que a la fecha de promulgación
del presente decreto se encuentren pendientes de evaluación, o surtiendo los
recursos de la vía gubernativa, para lo cual la autoridad minera otorgará un término
no mayor de 30 días para adecuar su solicitud a estos requerimientos.

Igualmente, solicito que se declare la nulidad de los siguientes artículos o
disposiciones normativas, contenidos en el Decreto Reglamentario 1300 de 2013,
expedido el 21 de junio de 2013:
2.5 El artículo 1, que modifica el artículo 5º del Decreto 935 de 2013, a saber:
Artículo 1°. Modificar el artículo 5° del Decreto número 0935 del 9 de mayo de 2013,
el cual quedará así:
Artículo 5°. Para efectos de soportar la realización de los trabajos de exploración
conforme con el literal f del artículo 271 de la Ley 685 de 2001, la autoridad minera o
concedente deberá exigir del proponente, persona natural independiente
comerciante o no comerciante, persona natural dependiente o persona jurídica,
según sea el caso, los siguientes documentos:

1. En caso de tratarse de persona natural independiente no comerciante:
1.1. Certificado de ingresos expedido por un contador público titulado, en cuyo caso
se deberá acompañar copia legible de la tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios del contador.
1.2. Extractos bancarios de los tres últimos meses anteriores a la presentación de esta
documentación.
1.3. Registro Único Tributario (DIAN) – RUT actualizado.

2. En caso de tratarse de persona natural independiente comerciante:
2.1. Estados financieros de propósito general básicos, debidamente certificados.
2.2. Extractos bancarios de los tres últimos meses anteriores a la presentación de esta
documentación.
2.3. Registro Único Tributario (DIAN) – RUT actualizado.

2.4. Matrícula Mercantil.

3. En caso de tratarse de persona natural dependiente:
3.1. Certificado de ingresos y retenciones expedido por la autoridad competente.

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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3.2. Extractos bancarios de los tres últimos meses anteriores a la presentación de esta
documentación.
3.3. Registro Único Tributario (DIAN) – RUT actualizado, si declara renta.

4. En caso de tratarse de persona jurídica:
4.1. Los estados financieros de propósito general ya sean básicos o consolidados, en
este último caso si fuere aplicable, conforme a lo dispuesto en el Decreto
reglamentario 2649 de 1993 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen,
certificados y dictaminados.
Las sociedades subordinadas o controladas deberán presentar estados financieros
consolidados de la matriz o controlante e igualmente de la sociedad solicitante de
la propuesta de contrato de concesión minera.
4.2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad con una
vigencia no mayor a tres (3) meses, que contemple en su objeto social, expresa y
específicamente, la exploración y explotación mineras, conforme lo establece el
artículo 17 de la Ley 685 de 2001.

Parágrafo 1°. El solicitante también podrá soportar la realización de los trabajos de
exploración a que hace referencia el presente artículo mediante la presentación de
una carta de compromiso de inversión de un tercero. Para tal efecto deberá aportar:

(i) Certificación de financiamiento firmada por el Representante legal;
(ii) Certificado de existencia y representación legal de la sociedad en la que
contemple en su objeto la inversión o financiación de proyectos o la exploración o
explotación mineras;
(iii) Estados financieros de propósito general ya sean básicos o consolidados,
certificados y dictaminados.

Igualmente, se podrá presentar un aval financiero otorgado por un establecimiento
de crédito debidamente vigilado por la Superintendencia Financiera, el cual deberá
contenerse en una Carta de crédito o su equivalente expedida por el
correspondiente establecimiento de crédito.

Parágrafo 2°. La autoridad minera o concedente rechazará las propuestas en los
términos del artículo 274 de la Ley 685 de 2001, si después de hacer la evaluación y
los análisis financieros con base en la documentación presentada, determina que no
cuenta con la suficiencia financiera para realizar las actividades de exploración.

2.5. El artículo 2, a saber:
Artículo 2°. Este Decreto aplicará para la evaluación de las propuestas de contratos
de concesión minera radicadas a partir de la fecha de promulgación del presente
decreto así como para aquellas que se encuentren pendientes de evaluación o
surtiendo los recursos de la vía gubernativa, para lo cual la autoridad minera otorgará
un término para que los proponentes mineros adecúen su solicitud a estos
requerimientos”.

2. Argumentó que las normas derogadas pueden ser objeto de nulidad, por
la potencialidad de producir efectos3.

3. La demanda señaló como violadas las siguientes normas: artículos 3, 4,
271, 273 y 274 de la Ley 685 de 2001, en concordancia con los artículos 6,
84, 113 y 121, artículo 150.2 y 189.11 de la Constitución.

4. Como concepto de la violación, en la demanda, la parte actora explicó
que:

3 Refirió como sustento de tal afirmación la Sentencia proferida por la Sala Plena el 14 de enero de 1991, exp. S-

157.

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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5. Los requisitos de las propuestas de contrato de concesión minera se
encuentran en el artículo 271 del Código de Minas (Ley 685 de 2001), las
objeciones a la propuesta en el artículo 273 y los eventos en los que procede
el rechazo en el artículo 274. Estas normas fueron modificadas por la Ley
1382 de 2010, pero fue declarada inexequible, por falta de consulta previa,
con efectos diferidos al 11 de mayo de 2013 (dos años). Por lo tanto, a la
fecha de la presentación de la demanda, las normas del Código de Minas
que habían sido modificadas volvieron a su versión inicial. Indicó que el
literal f) del artículo 271 del Código de Minas fue incorporado en la
ponencia para primer debate del proyecto de ley 127 de 2000 -Cámara
(Gaceta del Congreso 238 del 22 de mayo de 2001 donde se expuso que
“para el período de exploración resulta necesario adicionar este artículo incorporando un
nuevo literal f)” y el ponente del Proyecto de Ley 127 de 2000-Cámara, 269 Senado,
representante Álvaro Araújo Castro, indicó que “La columna vertebral de este Código
Minero es abrir el acceso de todo aquel que lo solicite, sin tener en cuenta su capacidad
económica ni su capacidad técnica, a las áreas mineras disponibles en nuestro país ”
(negrillas no originales)4.

6. Por lo tanto, para la demandante, dicho literal, únicamente, exige un
estimativo de la inversión económica, mas no incluye la potestad de exigir
soportes del estimativo, al tratarse de requisitos adicionales incluidos en el
reglamento, tales como los estados financieros de propósito general,
básicos o consolidados, y mucho menos se le otorgó legalmente la facultad
a la autoridad minera de establecer la falta de capacidad para realizar la
inversión estimada y para rechazar la propuesta por esta razón, al ser
requisitos y facultades contrarias al querer del legislador. Así, consideró que
se incurrió en extralimitación en el poder reglamentario.

7. Argumentó que la potestad reglamentaria tiene como único fin aclarar
los mecanismos para la debida ejecución de las leyes y hacerla más
explícita, para darle vida práctica, pero es una facultad limitada, porque
no puede modificar o adicionar la ley. Aseguró que las normas
cuestionadas están viciadas por infracción de las normas en que deberían
fundarse, falta de competencia y desviación de las atribuciones propias de
quien las profirió.

8. Respecto del aparte demandado del artículo 2 del decreto
reglamentario expuso que la extralimitación consistió en que adicionó las
causales de rechazo de plano de las propuestas de contrato de concesión,
que son taxativas según el artículo 274 del Código de Minas, al incluir
requisitos adicionales, diferentes a los previstos en el artículo 271 y prever el
rechazo por incumplir requisitos previstos en el reglamento. Se crearon así
obligaciones adicionales a las legales. Ello contradijo, igualmente, el artículo
84 de la Constitución, según el cual cuando un derecho o una actividad

4 Acta de Plenaria de la Cámara 155 del 13 de junio de 2001, Cámara, Gaceta del Congreso, n. 342 del 16 de julio

de 2001.

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no
podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para
su ejercicio, norma constitucional que fue reiterada en el artículo 4 del
Código de Minas según el cual los requisitos que expresamente señala
dicho código en el artículo 271 “serán los únicos exigibles a los interesados”.

9. En relación con el aparte demandado del artículo 3 del decreto
reglamentario 935 de 2013 consideró que, de la misma manera, agregó
requisitos reglamentarios no previstos en la ley y, adicionalmente, contrarió
el artículo 273 del Código de Minas donde se establecieron, de manera
taxativa, las causales de objeción y la consecuente corrección o adición
de las propuestas. Esto vulneraría, igualmente, el artículo 3 del Código de
Minas, según el cual la regulación minera es completa. Agregó que, de la
misma manera que respecto del artículo 2, en este aparte también se
desconoció el artículo 84 de la Constitución, norma que fue reiterada y
desarrollada por el artículo 4 del Código de Minas, también vulnerado.

10. La causa de nulidad de los artículos 6 del Decreto Reglamentario 935 de
2013 y 2 del Decreto Reglamentario 1300 de 2013 consistiría en que
extendieron retroactivamente las obligaciones reglamentarias, requisitos y
causales de objeción y, con ello, se sorprendió a los proponentes que
presentaron sus propuestas de acuerdo con el ordenamiento jurídico
vigente.

11. Los artículos 5 del Decreto Reglamentario 953 de 2013 y 1 del Decreto
Reglamentario 1300 de 2013 estarían viciados de nulidad porque, el primero
de ellos, previó el deber de exigir los estados financieros para ser evaluados,
fruto de lo cual, se dispuso el rechazo de la propuesta si se concluye la falta
de capacidad económica para adelantar las inversiones en las actividades
mineras, mientras que el segundo artículo amplió los documentos a exigir,
con el mismo objeto y la misma consecuencia, a pesar de que el artículo
271 del Código de Minas exige únicamente un estimativo de la inversión, sin
exigir determinada capacidad económica, ni que la falta de la misma sea
causal de rechazo de la propuesta, contrariando que las causales de
rechazo se encuentran determinadas, de manera taxativa, en el artículo
274 del Código de Minas. Por el contrario, aseguró la demandante que no
existían garantías de audiencia y defensa para la determinación de tal
capacidad financiera y se había otorgado, reglamentariamente, una
competencia discrecional, carente de fundamento legal. Sostuvo que tal
exigencia no solo contraría la literalidad del Código de Minas, sino, además,
su intención, porque, como lo indicó, se pretendía que las concesiones se
otorgaran “sin tener en cuenta su capacidad económica ni su capacidad
técnica”5. Advirtió que no era posible realizar una interpretación analógica
respecto de la Ley 80 de 1993 en lo relativo a la capacidad económica y
suficiencia financiera, teniendo en cuenta que el artículo 53 del Código de

5 Acta de plenaria de Cámara 155 de l 13 de junio de 2001, Gaceta del Congreso, n. 342, 16 de julio de 2001.

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Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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Minas excluyó expresamente la aplicación de las disposiciones sobre
contratos estatales y procedimientos precontractuales, lo que fue
confirmado por el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.

12. Adicionalmente, formuló cargos de violación de los artículo 113, 121 y
150.2 de la Constitución Política respecto de todas las normas demandadas.
Consideró que estas normas reformaron los artículos 271, 273 y 274 del
Código de Minas, al establecer requisitos adicionales y causales de
objeción y rechazo de ofertas no previstas por el legislador, en ejercicio de
la competencia atribuida por la Constitución para expedir y reformar
códigos. A su juicio, también se desconoció el artículo 113 de la Constitución
que prevé la separación entre las ramas del poder público, así como el
artículo 121 superior que exige que las autoridades únicamente ejerzan las
funciones asignadas por la Constitución o la Ley, porque el Presidente
habría excedido sus competencias reglamentarias.

13. Con la demanda, se solicitó la suspensión provisional de las normas
cuestionadas.

1.2. Trámite del proceso

14. El Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda6 y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. Aseguró que las normas demandadas no
establecieron un requisito adicional, sino que se trata de los soportes del
estimativo de la inversión económica, que permitirán a la autoridad minera
realizar los análisis financieros para determinar la capacidad económica del
proponente, ya que, “de nada serviría hacer un estimativo de inversión si
realmente el contrato de concesión no se puede ejecutar por la falta de
liquidez del concesionario para realizar las actividades descritas”. Es por eso
que el artículo 112 del Código de Minas previó, entre otras, que la
incapacidad financiera que impida cumplir las obligaciones contractuales
es causal de caducidad, lo mismo que la no realización de los trabajos y
obras, el no pago de las contraprestaciones económicas, de las multas,
eventos que se basan en la capacidad financiera, de manera tal que los
documentos exigidos buscan garantizar la seriedad y estabilidad
económica y jurídica de los contratos, por lo que también se hacen
extensivas a la presentación de las propuestas. Por estas razones, consideró
que no se excedió la facultad reglamentaria. Indicó que la potestad
reglamentaria no implica replicar las normas legales, sino que es posible
introducir disposiciones nuevas que consulten los fines de la legislación.
Agregó que las normas cuestionadas coinciden con los fines del Código de
Minas, previsto en su artículo 1, porque buscan que con la verificación de la
capacidad financiera se garantice el aprovechamiento racional de los
recursos naturales no renovables, dentro del desarrollo sostenible, por lo que
si no se exigiera la verificación de la capacidad financiera no se podría

6 Folios 164-66 c. 1. .

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Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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planificar la explotación, protegiendo el medio ambiente, la biodiversidad
y el patrimonio público.

15. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE7 argumentó que las normas cuestionadas no excedieron el poder
reglamentario, sino que “se modula la textura abierta de las normas
contenidas en el Código de Minas”. Indicó que la intención del ponente de
un proyecto de ley no constituye la voluntad del legislador y que si el artículo
271 del Código de Minas exige presentar un estimativo de la inversión
económica, la autoridad minera tiene la facultad de realizar los análisis
financieros necesarios para determinar la capacidad económica del
proponente, para realizar la inversión económica propuesta. Expuso que el
poder reglamentario no es un simple repetidor de las leyes, sino un ejercicio
para tornar aplicables las normas generales e impersonales del Congreso y,
por lo tanto, el Gobierno, como responsable de la ejecución de la política
minera, tenía competencia para “imponer causales objetivas adicionales,
siempre y cuando no riñan con el sentido de la ley, sean de imposible
satisfacción o sean creadas con fines ajenos a la satisfacción del interés
público comprometido”. Aseguró que no es cierto que el Código prohíba
verificar la capacidad financiera del proponente. Justificó las normas en la
necesidad de una explotación minera responsable con la sociedad y el
medio ambiente, con fundamento en el artículo 1 del Código de Minas.
Finalmente, señaló que, de acuerdo con el artículo 159 del CPACA, es el
Ministerio que hizo gobierno en este caso quien debería representar a la
Nación y no el DAPRE.

16. Mediante el Auto de 16 de junio de 2015 se dispuso la suspensión
provisional8 de la expresión “y su reglamento”, contenida en los artículos 2
y 3 del Decreto 925 de 2013. Dicho auto tuvo en cuenta que, en Auto previo
del 26 de febrero de 2014, el artículo 5 del Decreto 935 de 2013, modificado
por el artículo 1 del Decreto 1300 de 2013 ya había sido suspendido
provisionalmente considerando que, aunque el Código de Minas
únicamente exige presentar un “estimativo de la inversión económica”, el
parágrafo del artículo 5 del Decreto “establece implícitamente la
obligación de acreditar una ‘suficiencia financiera’”9 y, por ello, prevé el
rechazo de las propuestas por falta verificada de dicha capacidad.

17. Adicionalmente, se resaltó que el Código de minas “enlista
taxativamente” las causales de rechazo de las propuestas y el artículo 5 del
Decreto agregó una causal adicional de rechazo. De esta manera, como
el artículo 5 “introdujo un requisito adicional (…) así como también incluyó
una nueva causal de rechazo de la misma, resulta manifiesta la
contradicción de contenidos normativos”10. Respecto de los artículos 2 y 3

7 Folios 167-172 c. 1.
8 Folios 37-54 del cuaderno de suspensión provisional.
9 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. C, Auto del 26 de febrero de 2014, exp. 47693.
10 Ídem.

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Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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del Decreto 935 de 2013, que autorizan para objetar y rechazar las
propuestas, el Auto de 2015 consideró que vulneran los artículos 271, 273 y
274 del Código de Minas ya que, al incluir la expresión “y su reglamento”,
pretendió hacer obligatorios requisitos para la oferta creados mediante el
decreto reglamentario y previó su incumplimiento como causales de
objeción y rechazo, a pesar de que “el legislador no defirió al gobierno la
creación de requisitos nuevos y adicionales”. Por ello, se ordenó la
suspensión provisional de la expresión “y su reglamento” de ambas
disposiciones. Finalmente, allí se negó la suspensión provisional del artículo 6
del Decreto 935 de 2013 y del artículo 2 del Decreto 1300 de 2013, porque
al haberse suspendido los efectos del artículo 5 y la expresión demandada
de los artículos 2 y 3, todos del Decreto 935 de 2013, resultaría inocua la
suspensión, ya que los requisitos reglamentarios no podrían aplicarse a las
actuaciones en curso. La suspensión provisional fue suplicada ante el resto
de la Subsección por parte del Ministerio de Minas11 y la decisión fue
confirmada mediante el Auto del 26 de noviembre de 201512.

18. Durante la audiencia inicial realizada el 20 de agosto de 201913 se
declaró probada la excepción de falta de legitimación pasiva del DAPRE,
al no haber intervenido en la producción de los decretos demandados. En
segundo lugar se declaró la cosa juzgada respecto del artículo 5 del
Decreto 935 de 2013, reformado por el artículo 1 del Decreto 1300 de 2013,
porque había sido objeto de declaratoria de nulidad en otro proceso 14.
Finalmente, se decretó como prueba que se oficiara a la Hemeroteca del
Congreso, para que remitiera una copia auténtica de los antecedentes
legislativos del Código de Minas, documentos que fueron allegados15 y, por
consiguiente, mediante Auto del 12 de febrero de 2021 se incorporaron al
expediente y se prescindió de la realización de la audiencia de pruebas16.

19. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión17. insistió en
que el estimativo de la inversión económica no incluye la potestad de exigir
requisitos adicionales, introducidos mediante un reglamento, ni la
posibilidad de objetar o rechazar las propuestas con fundamento en estos
requisitos y reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Afirmó que si
el artículo 5 del Decreto 935 de 2013 fue anulado en otro proceso, con las
mismas razones debería anularse el artículo 1 del Decreto Reglamentario
1300 de 2013. El Ministerio de Minas y Energía18 sostuvo que al haber sido
declarada la nulidad del artículo 5 del Decreto 935 de 2013, el Decreto 1300
de 2013 perdió fuerza ejecutoria, al haber desaparecido su fundamento,
por lo que, solicitó que, en la presente sentencia, se declarara la cosa
juzgada. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

11 Folios 55-58 cuaderno de suspensión provisional.
12 Folios 69-76 cuaderno de suspensión provisional.
13 Acta en folios 230-234 c. 1 y CD-Rom en folio 242 c.1.
14 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. C, Sentencia del 19 de septiembre de 2016, exp. 47693.
15 Folios 262-322 c. 1.
16 Folio 326 c. 1.
17 Samai, índice 99.
18 Samai, índice 100 y 101.

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Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Delimitación del asunto y decisión a adoptar. 2.2. Análisis sustantivo

2.1 Delimitación del asunto y decisión a adoptar

20. En atención a que el artículo 5 del Decreto 935 de 2013, en la redacción
dada por el artículo 1 del Decreto 1300 de 2013, fue declarado nulo en un
proceso previo, esta decisión se estará a lo resuelto en la Sentencia del 19
de noviembre de 201619. Esta Subsección juzgará la versión inicial del
artículo 5 del Decreto 935 de 2013, que no fue juzgada en la Sentencia de
2016, habida cuenta de que, aunque la norma rigió tan solo un mes y doce
días, la nulidad es un mecanismo corrector de vicios en la validez,
independientemente de la consideración de la vigencia y eficacia de la
norma cuestionada.

21. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si (1) las expresiones
demandadas de los artículos 2º y 3º del Decreto 935 de 2013, (2) la totalidad
de la versión inicial del artículo 5 del Decreto 935 de 2013, contenida en el
Decreto 935 del 9 de mayo de 2013, y (3) la totalidad de los artículos 6º del
Decreto 935 de 2013 y 2º del Decreto 1300 de 2013 se encuentran viciadas
de nulidad, al contrariar normas superiores, haber sido expedidas con
desconocimiento de la competencia reglamentaria y con desviación de las
atribuciones propias de quien las profirió. Luego de realizar el análisis
sustantivo de los cargos de la demanda, la Subsección declarará la nulidad
parcial de los artículos 2 y 3 del Decreto 935 de 2013, anulará el artículo 5
del Decreto 935 de 2013, en su redacción original (anterior al Decreto 1300
de 2013) y se abstendrá de proferir un pronunciamiento respecto de los
artículos 6 del Decreto 935 de 2013 y 2 del Decreto 1300 de 2013.

2.1. Análisis sustantivo

22. El Decreto 935 de 2013 reglamentó el Código de Minas – Ley 685 de
2001, en particular, sus artículos 271 (requisitos de las propuestas de contrato
de concesión), 273 (objeciones a las propuestas) y 274 (causales de rechazo
de las propuestas). Los artículos 2 y 3 del reglamento dispusieron que las
propuestas de contrato de concesión minera debían reunir, además de los
requisitos legales, aquellos previstos en el reglamento. Por consiguiente, se
previó que el incumplimiento de tales exigencias daba lugar a la
formulación de objeciones, así como de requerimientos de corrección
(artículo 3 del Decreto 935 de 2013) y, llegado el caso, al rechazo de las
propuestas (artículo 2 del Decreto 935 de 2013). Por su parte, el artículo 5
del Decreto 935 de 2013 dispuso que para verificar el cumplimiento del
requisito previsto en el literal f) del artículo 271 del Código de Minas –
19 Consejo de Estado, Sec. 3, Sub. C, Sentencia del 19 de septiembre de 2016, exp. 11001-03-26-000-2013-00091-

00(47693).

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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estimativo de la inversión económica- se exigiría aportar los estados
financieros de propósito general. También se previó, en el parágrafo, que se
rechazarán las propuestas si, luego del análisis financiero, se concluye la
incapacidad financiera para realizar las inversiones que requieren las
actividades mineras propuestas. Finalmente, el artículo 6 del Decreto 935 de
2013 dispuso que el decreto reglamentario se aplicaría a las propuestas de
contrato de concesión que se encontraran pendientes de evaluación o
surtiendo recursos de la vía gubernativa, pero previó que la autoridad
minera daría un término de hasta 30 días para adecuar las solicitudes a los
requerimientos del reglamento. Esta norma fue derogada por el Decreto
1300 de 2013 y su contenido allí reproducido, salvo el término máximo para
adecuar las solicitudes, y dejarlo al arbitrio de la autoridad minera.

23. La expresión “y su reglamento” incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto
reglamentario está viciada de nulidad, tanto por razones de
constitucionalidad como de legalidad. Los motivos de inconstitucionalidad
consisten en que, aun carentes de fuerza y rango de ley, las normas en
cuestión previeron, de manera expresa, que las propuestas de contrato de
concesión minera debían reunir, además de los requisitos legales, aquellos
previstos en el reglamento y que, por lo tanto, el incumplimiento de tales
exigencias daba lugar a la formulación de objeciones, así como de
requerimientos de corrección (artículo 3 del Decreto 935 de 2013) y, llegado
el caso, al rechazo de las propuestas (artículo 2 del Decreto 935 de 2013).
Esto desconoció: (1) el carácter infra legal del poder reglamentario, como
mecanismo ordinario y propio del Presidente de la República, destinado a
garantizar el cumplimiento de las leyes (artículo 189.11 de la Constitución),
a través de un ejercicio normativo de naturaleza administrativa que,
mediante la precisión, concreción o desarrollo de elementos particulares,
pero siempre dentro de los términos de la ley reglamentada, permita su
ejecución o cumplimiento adecuado. Lo anterior, debido a que, como se
verá, con la excusa de la reglamentación, se modificó la norma legal
reglamentada, al adicionar requisitos y causales no previstas en ella. En
otras palabras, se faltó al requisito de competencia que, según la
jurisprudencia, determina la validez de los decretos reglamentarios 20.
Igualmente, (2) Invadió la competencia constitucional exclusiva del
legislador para la configuración de los procedimientos administrativos21 (art.
150.2 de la Constitución) y para introducir limitaciones a la actividad
económica22 (artículos 150.21, 333 y 334 de la Constitución). La reserva
legislativa para la configuración de los procedimientos administrativos se

20 “(…)la potestad reglamentaria se encuentra limitada por dos criterios, a saber: la competencia y la necesidad.

El primero se refiere a la extensión de la regulación que el Legislador defiere al Ejecutivo “de manera que le está
prohibido, socapa de reglamentar la ley, adicionar nuevas disposiciones, por lo que debe entonces, para asegurar
la legalidad de su actuación, limitarse al ámbito material desarrollado por el legislativo”: Consejo de Estado,
Sección 3, Sentencia de 14 de abril de 2010, exp. 36054.
21 “(…) la delegación en el Ejecutivo para regular un procedimiento administrativo como ciertamente lo es el que

contempla el parágrafo 2º demandado, solo puede ocurrir cuando el Ejecutivo lo faculta extraordinariamente
para el efecto con arreglo a lo previsto en el artículo 150 (numeral 10) superior”: Corte Constitucional, Sentencia
C-037/21. Cf. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia
de 21 de marzo de 2012, Exp. 39477.
22 Corte Constitucional, Sentencia C-188/22.

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
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Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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funda en el principio constitucional democrático que media las relaciones
entre la administración y los administrados sin que, en nombre del principio
de separación entre ramas del poder público, esta sea competente para
determinar las formas de sus propias actuaciones, como garantía del
debido proceso23. En efecto, tal como lo decidió esta corporación en la
Sentencia del 19 de septiembre de 201624, en la que declaró la nulidad de
algunas de las normas cuestionadas en este proceso y que constituye
precedente para esta sentencia, el Código de Minas reguló, de manera
completa, el trámite de las propuestas de los contratos de concesión minera
y, en tal medida, la inclusión de requisitos y causales adicionales a las
legales constituyó un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria,
que debía ser corregido mediante la nulidad25. (3) Vulneró el artículo 84 de
la Constitución, según el cual, “Cuando un derecho o una actividad hayan
sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su
ejercicio” ya que los requisitos de la oferta de contrato de concesión
minera, así como el procedimiento para su objeción y rechazo fueron
previstos de manera completa por el Código de Minas, razón por la cual, la
introducción reglamentaria de nuevos requisitos y, por esta vía, de nuevas
causales de objeción y de rechazo de la propuesta, contrarió el mandato
constitucional en mención, que se funda en el principio de libertad, con
límites legales y de seguridad jurídica.

24. De manera congruente con lo expuesto, las razones de nulidad
derivadas de la violación de la norma legal – el Código de Minas Ley 685
de 2001– demuestran que fue el legislador el que estableció los requisitos de
las propuestas de contrato (artículo 273), así como las razones legales para
la objeción a ellas (artículo 273) y de rechazo (artículo 274) y, por lo tanto,
de manera expresa previó que las “reglas y principios consagrados” en
dicho Código desarrollan las normas constitucionales “en forma completa,
sistemática, armónica y con el sentido de especialidad y de aplicación

23 “Esta Corporación ha señalado reiteradamente que las reglas procesales, como desarrollo del derecho al
debido proceso, deben provenir de regulaciones legales razonables y proporcionales al fin para el cual fueron
concebidas, de manera que permitan la realización del derecho sustancial. En este sentido ha advertido que el
artículo 29 de la Carta Política prevé el derecho al debido proceso, como una serie de garantías que tienen por
fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas específicas de orden sustantivo y
procedimental, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas en ellas involucrados. El
establecimiento de esas reglas mínimas procesales tiene fundamentalmente un origen legal. En efecto, el
legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1o. y 2o., de la Constitución Política, cuenta con una amplia
potestad de configuración para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias
jurídicas que surjan entre las personas”: Corte Constitucional, Sentencia C-510/04. “La reserva de ley es una
manifestación del principio de democracia y de división de los poderes, el cual exige que ciertas materias deban
ser directamente reguladas por el legislador mediante la expedición de leyes y no a través de regulaciones de
menor jerarquía como lo son los decretos de carácter reglamentario. Este principio impone la obligación de que
los núcleos esenciales de la materia objeto de reserva estén contenidos (regulados) en una ley”: Corte
Constitucional, Sentencia C-412/15.
24 Consejo de Estado, Sec. 3, Sub. C, Sentencia del 19 de septiembre de 2016, exp. 11001-03-26-000-2013-00091-

00(47693).
25 “Se erige el Código de Minas – Ley 685 de 2001 – como única fuente jurídica de la cual la Autoridad puede exigir

requisitos, formalidades, documentos y pruebas para la presentación, trámite y resolución de “negocios mineros”
en su trámite administrativo hasta obtener su perfeccionamiento, ii) mismo criterio se instituye en lo que hace
relación a los términos y condiciones para explorar y explotar los recursos minerales y, guardando coherencia con
estos postulados, iii) se reitera la proscripción constitucional de “exigir permisos, licencias o requisitos adicionales
para la procedencia de las propuestas o para la expedición, perfeccionamiento y ejercicio del título minero”,
claro está sin perjuicio de lo que compete a la autoridad ambiental”: idem.

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
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normas demandadas
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preferente” (artículo 3). Igualmente, y de manera aún más clara, dicho
Código dispuso que “Los requisitos, formalidades, documentos y pruebas
que señala expresamente este Código para la presentación, el trámite y
resolución de los negocios mineros en su trámite administrativo hasta
obtener su perfeccionamiento, serán los únicos exigibles a los interesados.
(…) De conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política, ninguna
autoridad podrá establecer ni exigir, permisos, licencias o requisitos
adicionales para la procedencia de las propuestas o para la expedición,
perfeccionamiento y ejercicio del título minero, sin perjuicio de la
competencia de la autoridad ambiental” (artículo 4). Es decir que, aunque
bastarían las razones de inconstitucionalidad para declarar la nulidad de la
expresión “el reglamento”, prevista en las normas cuestionadas, lo cierto es
que la norma reglamentada fue explícita en su intención de ser compatible
con la Constitución Política y, por lo tanto, dispuso directamente los
elementos de la propuesta de contrato y resaltó el carácter taxativo y
cerrado de los requisitos para la presentación, trámite y resolución de los
negocios mineros, por lo que la expresión juzgada vulneró, igualmente, los
artículos 3, 4, 271, 273 y 274 del Código de Minas.

25. Lo anterior implica descartar los argumentos expuestos por el Ministerio
de Minas y por el DAPRE para justificar la utilidad de las normas
reglamentarias cuestionadas, porque la nulidad que se declarará se funda
en la falta de competencia y en la violación de las normas en las que se
debería fundar el reglamento, específicamente, el Código de Minas, mas
no en su mérito o necesidad. Por el contrario, no prosperará la causal de
nulidad relativa a la desviación de las atribuciones propias de quien profirió
el acto administrativo, ya que, aunque el vicio de desviación del poder es,
en últimas, una forma de incompetencia, pero por razones teleológicas26,
esta causal de nulidad no fue demostrada en el presente proceso.

26. La Sala declarará igualmente la nulidad del artículo 5 del Decreto 935
de 2013, ya que la norma reglamentaria modificó irregularmente y
desnaturalizó el requisito legal de las propuestas de contratos de concesión
previsto en el literal f) del artículo 271 del Código de Minas –, que consiste la
presentación de un estimativo de la inversión económica- para, en su lugar,
exigir la demostración de la suficiencia financiera necesaria para realizar las
inversiones que requiere la concesión. Para esto, exigió que se aportaran los
estados financieros de propósito general del proponente y, de manera
expresa, dispuso, en el parágrafo, que ello le permitiría a la autoridad
minera la verificación de la capacidad financiera y, llegado el caso, el
rechazo de la propuesta por esta causa. Es decir que la norma en cuestión
desconoció el Código reglamentado, que únicamente exige la
presentación de un cálculo o una proyección de las inversiones pero que,
independientemente de la conveniencia o no de ello, no exigió la

26 El origen de las causales de nulidad de los actos administrativos se encuentra en la identificación jurisprudencial,

en derecho francés, de las diferentes formas de la incompetencia (exceso del poder), incluido el desvío del poder.

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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demostración de la capacidad financiera, ni previó la insuficiencia de ella
dentro de las causales legales de rechazo de la oferta. De esta manera, el
artículo 5 del Decreto 935 de 2013 está igualmente viciado de falta de
competencia y de violación de las normas superiores y, por todo lo anterior,
se declarará su nulidad.

27. Al declararse la nulidad de las normas anteriormente juzgadas, queda
enervada la causa de nulidad alegada respecto de los artículos 6 del
Decreto Reglamentario 935 de 2013 y 2 del Decreto Reglamentario 1300 de
2013 que consistiría en que, al haber extendido “retroactivamente” los
requisitos reglamentarios, así como las causales de objeción y de rechazo
de las propuestas de contrato introducidas por el reglamento, con ello, se
vulneraría el principio de seguridad jurídica, porque se habría sorprendido a
quienes presentaron sus propuestas conforme al ordenamiento jurídico que
se encontraba vigente. En efecto, al declararse nulo el artículo 5º del
Decreto reglamentario 935 de 2013, en su versión dada por el artículo 1 del
Decreto 1300 de 2013, el requisito reglamentario de la suficiencia financiera
dejó de ser exigible respecto de las propuestas de contrato de concesión
minera y los actos administrativos que fueron adoptados con fundamento
en tal norma perdieron fuerza ejecutoria por imperio de la ley. Lo mismo
ocurrirá respecto de los actos administrativos adoptados con fundamento
en la versión original del artículo 5º del Decreto reglamentario 935 de 2013,
cuya nulidad se declarará en esta sentencia. Por su parte, la expresión “el
reglamento” prevista en los artículos 2º y 3º del Decreto reglamentario 935
de 2013, que será declarada nula en esta sentencia, carecía de efectos,
considerando que dicha norma se encontraba suspendida
provisionalmente, razón por la cual, por las razones expuestas en la
demanda, no se advierte cómo, luego de la sustracción de los requisitos y
causales reglamentarias la norma de vigencia inmediata podría estar
viciada de nulidad. En realidad, constata la Sala que los cargos respecto
de estas normas presuponían la exigencia de requisitos extralegales, por lo
que, con la declaratoria de nulidad de estos, la acusación carece de
objeto y, por lo tanto, esta subsección no se pronunciará al respecto.

28. Al ser la acción de simple nulidad un mecanismo de interés público y, a
la vez, su ejercicio un derecho político previsto en el artículo 40.6 de la
Constitución, no se condena en costas, en ningún caso, en este tipo de
procesos.

3. DECISIÓN

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-1032-6000-2013-00089-00 (47688)
Demandante: Natalia Paola Caroprese Castro
Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía
Referencia: Acción de nulidad simple
Decisión: Declarar la nulidad de algunas de las
normas demandadas
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RESUELVE:

PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia del 19 de noviembre de
2016, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en donde se declaró la
nulidad del artículo 5 del Decreto 935 de 2013, en la redacción dada por el
artículo 1 del Decreto 1300 de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD (1) de la expresión “y su reglamento”
prevista en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013 y (2)
del artículo 5 del Decreto 935 de 2013, en la redacción anterior al Decreto
1300 de 2013, por falta de competencia e infracción de las normas en las
que deberían fundarse.

TERCERO: INHIBIRSE DE PROFERIR UN PRONUNCIAMIENTO respecto de los
cargos de nulidad formulados frente a los artículos 6 del Decreto 935 de 2013
y 2 del Decreto 1300 de 2013.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

QUINTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

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