Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00120-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00120-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00120-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de junio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Demandante: RAMIRO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Demandado: NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA DEL ESTADO – DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) –
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – AGENCIA
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA –
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Medio de control: NULIDAD SIMPLE
Asunto: EXIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE
GARANTÍAS EN LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
Síntesis del caso: se pretende la nulidad de los artículos 35 y 87 del Decreto 1510 de 17
de julio de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
por ser contrarios a los artículos 13, 121 y 189 (numeral 11) de la Constitución Política y
a las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Temas: medio de control de nulidad simple - derogación de las normas objeto de
demanda - subsistencia del control de legalidad por el término de su vigencia.
Decide la Sala en única instancia la demanda de nulidad simple formulada por el
señor Ramiro Rodríguez López en contra de los artículos 35 y 87 del Decreto
1510 de 2013 expedido por el Departamento Nacional de Planeación “[p]or el
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, que disponen
lo siguiente:
“EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
particular las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y la Ley 80 de 1993, la Ley 361 de 1997, la Ley
590 de 2000, la Ley 816 de 2003, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1450
de 2011, la Ley 1474 de 2011, el Decreto ley 4170 de 2011 y el
Decreto ley 019 de 2012, y
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
CONSIDERANDO
Que el Gobierno Nacional por medio del Decreto ley 4170 de 2011 creó
la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente-, como ente rector de la contratación pública para desarrollar
e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a asegurar que
el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados
óptimos en términos de la valoración del dinero público a través de un
proceso transparente.
Que en desarrollo del Decreto ley 4170 de 2011 la Agencia Nacional
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- definió los
lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la
consolidación de un sistema de compras y contratación pública.
Que el sistema de compras y contratación pública es esencial para la
aplicación de los principios del Buen Gobierno y el cumplimiento de los
fines del Estado.
Que el sistema de compras y contratación pública tiene una función
estratégica pues permite materializar las políticas públicas y representa
un porcentaje considerable del gasto público.
Que es necesario desarrollar la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley
4170 de 2011 para que la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- pueda diseñar, organizar y celebrar
acuerdos marco de precios, así como diseñar y proponer políticas y
herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la
contratación pública y su cobertura.
Que las Entidades Estatales y los servidores públicos a través de la
contratación pública deben procurar obtener los objetivos y metas de
la Entidad Estatal y del Plan Nacional de Desarrollo o los planes de
desarrollo territorial, según sea el caso.
Que es necesario incorporar a la reglamentación las mejores prácticas
internacionales en la planeación de la contratación y la compra pública,
hacer ajustes en el registro único de proponentes, en la capacidad
residual, la subasta inversa, el concurso de méritos, la aplicación de
acuerdos comerciales y el régimen de garantías, entre otros.
Que es necesario ajustar la reglamentación del sistema de compras y
contratación pública a la institucionalidad creada con la expedición del
Decreto ley 4170 de 2011 y sus funciones.
Que es conveniente mantener en un solo instrumento la
reglamentación aplicable al sistema de compra y contratación pública.
DECRETA:
TÍTULO II
Estructura y documentos del proceso de Contratación
(…).
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
CAPÍTULO IV
Ejecución
Artículo 35. Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. En los
casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de
fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a
la cual la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo.
Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan
de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio
autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y
sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el
contrato de fiducia mercantil.
En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los
términos y condiciones de la administración del anticipo a través del
patrimonio autónomo.
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con
base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben
haber sido autorizadas por el Supervisor o el interventor, siempre y
cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de
utilización o de inversión del anticipo.
(…).
CAPÍTULO V
Mínima cuantía
(…).
Artículo 87 Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no
garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la
adquisición en Grandes Superficies.
(…).” (fls. 27, 28 y 41 cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas y negrillas
del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) El 17 de julio de 2013, en ejercicio de la potestad reglamentaria el Gobierno
Nacional expidió el Decreto 1510 de 2013 “[p]or medio del cual se reglamenta el
sistema de compras y contratación pública”, cuerpo normativo que en el artículo
35 reglamentó las figuras de la fiducia y el patrimonio autónomo como medios
para garantizar los recursos de las entidades estatales.
2) En el artículo 87 del mismo cuerpo normativo se facultó a las entidades
estatales para determinar la exigencia o no de las garantías en los procesos de
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Actor: Ramiro Rodríguez López
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contratación en la modalidad de mínima cuantía y adquisiciones a través de
grandes superficies.
2. Fundamento de demanda
En los términos de la parte actora, el Decreto 1510 de 2013 es nulo parcialmente
por desconocer las normas en que debía fundarse, de manera concreta expuso
como fundamento un único cargo:
“Violación de la ley e incompetencia”, con base en lo siguiente:
1) La acción de traslado de recursos de las entidades estatales a patrimonios
autónomos no está prevista como figura jurídica en la Ley 80 de 1993 ni en la
Ley 1150 de 2007, pues, lo que el legislador previó en tales cuerpos normativos
fue el encargo fiduciario que, a diferencia de la fiducia, en el cual los recursos
siguen siendo propiedad del Estado, aspecto que permite que en caso de ser
apropiados o mal utilizados los recursos dejan de constituir conductas punibles
en contra del patrimonio del Estado para pasar a ser de menor punibilidad, como
ocurre con el abuso de confianza.
2) De otra parte, constituye una delegación indeterminada de atribuciones el
hecho de permitir a las entidades estatales exigir sin parámetro legal alguno los
eventos en los que los particulares pueden quedar exonerados de constituir
garantías en los procesos de contratación de mínima cuantía y con grandes
superficies, atribuciones estas que conllevan a una clara y evidente ventaja
negocial sobre los demás competidores del mercado.
3. Contestación de la demanda
Mediante escrito radicado el 1 de marzo de 2016, el Departamento Nacional de
Planeación se opuso a las pretensiones de la demanda (fls. 68 a 76 cdno. ppal.)
con fundamento en lo siguiente:
1) El Decreto demandado reglamenta la situación especial originada con la
creación de la entidad Colombia Compra Eficiente como ente rector del sistema
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
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de compras y contratación pública, sin que en modo alguno con su expedición se
haya desconocido o quebrantado la normatividad que rige la materia.
2) En relación con la facultad reglamentaria, el Consejo de Estado en sentencia
del 29 de octubre de 2012 1 sostuvo que la facultad reglamentaria es una típica
función administrativa que faculta al Gobierno para la formulación de actos
indispensables y las medidas necesarias para la efectividad práctica del precepto
legal, en cuyo desarrollo el Gobierno no puede establecer una cláusula abierta
que no corresponda a los parámetros específicos de la ley.
3) En el artículo 159 del Decreto 1510 de 2013 se impone a Colombia Compra
Eficiente que, en ejercicio de las funciones contenidas en el Decreto 4170 de
2011, diseñe e implemente manuales y guías para el adecuado manejo de los
procesos de selección en las diversas modalidades.
4) La demanda plantea una serie de percepciones, consideraciones e hipótesis
de carácter subjetivo sin descender a la forma en que se concreta esa violación,
a través de una acusación indirecta, de manera que no es posible debatirla en el
marco constitucional o legal.
4. Trámite procesal
1) El 20 de abril de 2016, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
• Compra Eficiente presentó coadyuvancia a la parte demandada del proceso de
la referencia, oponiéndose a las pretensiones de la demanda con base en los
siguientes fundamentos:
a) La figura del anticipo se encuentra regulada en el artículo 40 de la Ley 80 de
1993 y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, constituye en un adelanto del
precio pactado que debe ser destinado en la ejecución del contrato, de suerte
que los recursos que lo componen solo pueden ser transferidos al patrimonio del
contratista en la medida en que se cause su amortización mediante la ejecución
de actividades programadas del contrato.
1 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B del 29 de octubre de 2012,
expediente con radicación no. 39.093, MP Danilo Rojas Betancourth.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
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b) El Gobierno Nacional reglamentó el proceso de contratación de mínima
cuantía con el Decreto 2516 de 2011, luego por el Decreto 734 de 2012 que fue
derogado por el Decreto 1510 de 2013 y este, a su vez, derogado por el Decreto
1082 de 2015 el cual a la fecha se encuentra vigente, normatividad que contrario
a lo señalado por el actor, el Decreto 1510 de 2013 se limitó a desarrollar lo ya
establecido en los artículos 2 y 11 de la Ley 1150 de 2007.
c) De otra parte, en relación con la supuesta trasgresión del derecho a la
igualdad, los artículos 35 y 87 del decreto demandado en ningún caso
contravienen la normatividad constitucional ni legal, en tanto no establece un trato
diferenciado en favor de algún sujeto.
2) Por auto de 11 de noviembre de 2016, el entonces magistrado sustanciador
del caso aceptó la vinculación en calidad de coadyuvante de la parte demandada
a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (fls.
93 a 97 cdno. ppal.).
3) El 13 de febrero de 2018 se adicionó el auto de 11 de noviembre de 2016, en
el sentido de incluir como entidad demandada a la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República (fls. 119 a 121 ibidem).
4) Mediante escrito del 3 de julio de 2018, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República contestó la demanda, se opuso a las pretensiones
de la demanda y formuló excepciones, con fundamento en el siguiente
razonamiento:
a) El Decreto 1015 de 2013 no es contrario a la Constitución Política ni a la ley,
no existe ningún defecto en su formación, ni desviación de poder, ni tampoco un
uso excesivo de la potestad reglamentaria.
b) El decreto objeto de demanda fue expedido con el objeto de normalizar la
especial situación legal derivada de la creación de la Agencia Nacional de
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente como ente rector del sistema
de compras y contratación pública.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
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c) Contrario a lo señalado por el actor en la demanda, la Ley 80 de 1993 ni la Ley
1150 de 2007 contemplaron la fiducia mercantil como modalidad válida para el
traslado de los recursos, pues, esa figura fue prevista en el artículo 91 de la Ley
1474 de 2011 para los contratos de obra, concesión, salud y los que se realicen
con ocasión del proceso de selección de licitación pública, siempre que no sean
de menor o mínima cuantía.
d) De otra parte, el legislador no admitió otra clase de negocios para el manejo
de los anticipos que la fiducia mercantil irrevocable para la administración y pagos
durante la ejecución de los contratos.
e) Propuso la excepción que denominó “[i]ndebida representación judicial de la
Nación por parte de la Presidencia de la República”, pues, la vinculación del
primer mandatario de la Nación a un proceso contencioso de nulidad es contraria
a la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual él no es una de las
autoridades señaladas en el CPACA para representar a la Nación en procesos
contenciosos, y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solo debe asumir su representación judicial en casos específicos y distintos al
presente.
5. Alegatos de conclusión
En la oportunidad procesal correspondiente 2, las partes se pronunciaron así:
1) La Nación – Departamento Nacional de la Presidencia de la República (índice
no. 84 SAMAI) insistió en sus argumentos de defensa, según los cuales el
Decreto 1510 de 2013 reglamentó el procedimiento a seguir para el desembolso
de los anticipos dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, razón por la
cual no resulta contrario a la ley.
2) La Nación – Departamento Nacional de Planeación (índice 88 SAMAI) se
ratificó en los argumentos de oposición expuestos con la contestación de la
demanda, en el sentido de manifestar que los cargos con los que se fundamentó
2 En atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, como el asunto
es de puro derecho y no se tiene petición probatoria pendiente de resolver, se dispuso el traslado
a las partes para alegaciones finales (índice no. 79 SAMAI).
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Actor: Ramiro Rodríguez López
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la nulidad del Decreto 1510 de 2013 no pueden prosperar porque parten de
premisas falsas, razón por la cual deben desestimarse las pretensiones de la
demanda, por cuanto el Decreto 1510 de 2013 fue expedido con base en las
disposiciones constitucionales y legales vigentes, adicionalmente, con su
expedición el Gobierno Nacional no excedió su potestad reglamentaria.
3) Por su parte, el Ministerio Público (índice 89 SAMAI) solicitó la negación de las
súplicas de la demanda por considerar que el cargo de nulidad formulado en
contra de los artículos 35 y 87 del Decreto 1510 de 2013 no tiene vocación de
prosperidad, por cuanto, el parágrafo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011
estableció el control y vigilancia que pueden realizar los órganos de control fiscal
sobre la gestión financiera de la fiducia constituida, por lo cual, los recursos allí
depositados no están exentos de supervisión, y en cuanto a la delegación
indeterminada en cabeza de las entidades estatales, para que a su arbitrio,
decidan en qué contratos en la modalidad de contratación de mínima cuantía y
de grandes superficies resultan exigibles las garantías, el legislador en el
parágrafo 1 del numeral 5 del artículo 2 y en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007
determinó las pólizas que deben constituirse y en qué situaciones o eventos no
es necesario, razón por la cual en modo alguno tales disposiciones resultan
contrarias a la Constitución o la ley.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión y, 4) costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La demanda se dirige a obtener la declaración de nulidad de los artículos 35 y 87
del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013, por cuanto, en criterio de la parte
demandante, en él se reglamentó la fiducia mercantil como modalidad válida para
trasladar recursos de entidades estatales a patrimonios autónomos, sin que esa
figura haya sido regulada por la Ley 80 de 1993 ni la Ley 1150 de 2007, ya que
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tales cuerpos normativos solo hacen referencia a encargos fiduciarios y, además,
con él se permitió que las entidades estatales decidieran, sin ningún parámetro
legal, la exoneración de otorgar garantías en las modalidades de contratación de
mínima cuantía y adquisiciones en las grandes superficies, constituyéndose en
una delegación indeterminada de atribuciones.
En ese contexto, advierte la Sala que esta Corporación a través de la sentencia
de 11 de abril de 2019 3 desató el debate de legalidad del Decreto 1510 de 17 de
julio de 2013 el cual concluyó con la declaración de nulidad parcial del artículo
159 de dicho cuerpo normativo y denegó las demás súplicas de la demanda
encaminadas a la nulidad integral del decreto demandado.
De otra parte, en atención a lo expresamente dispuesto en el artículo 189 del
CPACA, si bien la decisión consistente en denegar “la nulidad pedida producirá
cosa juzgada erga omnes”, lo cierto es que procede “solo en relación con la causa
petendi juzgada”, aspecto este que en modo alguno se dirigió a la oposición de
la reglamentación de la fiducia mercantil ni a la exoneración de exigir garantías
en las modalidades de contratación de mínima cuantía y negociaciones con
grandes superficies, razón por la cual no existe cosa juzgada definitiva sino
apenas parcial y, por consiguiente resulta jurídicamente viable el proceso de
nulidad de la referencia.
La Sala abordara el análisis de legalidad de los artículos 35 y 87 del Decreto 1510
de 2013 mediante el cual se reglamentó “el sistema de compras y contratación
pública” por el hecho de resultar contrarios a los artículos 13, 121 y 189 (numeral
11) de la Constitución Política, y a las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, para
concluir con la decisión de mantener la legalidad de los artículos 35 y 87 del
Decreto 1510 de 2013, por cuanto el cargo de nulidad formulado en su contra no
tiene vocación de prosperidad.
3 Sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación del 11 de abril de
2019, expediente con radicación no. 11001-03-26-000-2014-00135-00 (52.055), MP María
Adriana Marín.
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2. Análisis del caso concreto
2.1 Aspecto preliminar
La Sala pone en evidencia que a través del Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015
“[p]or medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
administrativo de planeación nacional” se compilaron precisamente entre otras
disposiciones del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013, los artículos 35 y 87 4.
Sobre este preciso punto, advierte la Sala que si bien en la parte considerativa
del Decreto 1082 de 2015 se expuso como finalidad del Gobierno Nacional la
necesidad de integración en un solo cuerpo normativo las diversas disposiciones
que regulan el “Sector Administrativo de Planeación Nacional”, lo cierto es que
en el artículo 3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se derogaron las disposiciones
compiladas en este 5.
Así las cosas, como la entrada en vigencia del Decreto 1082 el 26 de mayo de
2015 con la publicación de este en el Diario Oficial no. 49.523 genera la
inexistencia del Decreto 1510 de 2013, ello no implica necesariamente la
imposibilidad de pronunciamiento judicial sobre su validez y legalidad, pues, el
control de legalidad de los actos administrativos generales no está condicionado
4 Disposiciones que en el Decreto 1082 de 2015 corresponden a los artículos 2.2.1.1.2.4.1 y
2.2.1.2.1.5.5, cuyos textos son como siguen: “ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.1. Patrimonio autónomo
para el manejo de anticipos. En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un
contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera de Colombia, a la cual la Entidad
Estatal debe entregar el valor del anticipo.
Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del
patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del
patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el
contrato de fiducia mercantil.
En los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de
la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo.
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones
que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor o el
Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de
utilización o de inversión del anticipo.
(…).
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.5. Garantías. La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el
proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de "grandes almacenes" (mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
5 El texto de la norma en comento es del siguiente tenor: “ARTÍCULO 3.1.1. Derogatoria Integral.
Este decreto regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de
conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de
naturaleza reglamentaria relativas al Sector Administrativo de Planeación Nacional que versan
sobre las mismas materias (…).”
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a su vigencia, tan solo limita los efectos de la misma en el tiempo, pues, la
decisión de legalidad surtirá efectos desde el nacimiento a la vida jurídica del
decreto objeto de análisis hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto que
lo derogó.
En atención a los posibles efectos que las citadas disposiciones pudieron
producir durante su vigencia procede la Sala al estudio y análisis de las normas
demandadas, con la advertencia de que las mismas fueron derogadas el 26 de
mayo de 2015 con la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2015 6.
2.2 Violación de la ley e incompetencia
1) El artículo 35 del Decreto 1510 de 2013 a juicio de la parte actora deber ser
declarado nulo por cuanto, en la Ley 80 de 1993 ni en la Ley 1150 de 2007 se
estableció la fiducia mercantil como una modalidad válida para trasladar recursos
de las entidades estatales a patrimonios autónomos, al punto de generarse una
disposición definitiva de los dineros públicos a favor de dichos patrimonios.
De otra parte, según la demandante el artículo 87 del Decreto 1510 de 2013 debe
ser declarado nulo por cuanto en él se establece una delegación indeterminada
en cabeza de las entidades estatales, para que a su arbitrio, decidan en qué
contratos en la modalidad de contratación de mínima cuantía y con grandes
superficies resultan exigibles las garantías.
2) En forma previa al análisis de legalidad propuesto por infracción a las normas
constitucionales, se procede con la transcripción de los artículos indicados como
vulnerados con la expedición de los artículos 35 y 87 del Decreto 1510 de 2013,
esto es, los artículos 13, 121 y 189 (numeral 11) de la Constitución Política, así:
“ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
6 Esta posición fue adoptada por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 14 de enero
de 1991, expediente S-157, MP Gustavo Arrieta Padilla y entre otras providencias que la han
reiterado, véanse de las Sección Primera las sentencias del 23 de febrero de 1996, expediente
número 3366, MP Libardo Rodríguez, y del 24 de enero de 2010, expediente número 50.301, MP
María Claudia Rojas Lasso, y de la Sección Tercera las sentencias del 3 de julio de 2003,
expediente número 13.433, MP María Elena Giraldo Gómez y del 10 de junio de 2022, expediente
número 53.892, MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
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discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.
(…).
ARTÍCULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones
distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
(…).
ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe
de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
(…).
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los
decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).
De la lectura de las disposiciones constitucionales antes transcritas, se tiene que
el Gobierno Nacional debe garantizar condiciones de igualdad material y real en
todo ámbito en la “expedición de los decretos, resoluciones y órdenes” para dar
cabal cumplimiento y ejecución de las leyes.
3) En este primer punto de análisis, advierte la Sala que la parte actora en
relación con las normas legales que estima violadas con la expedición del artículo
35 del Decreto 1510 de 2013, se limitó a la negación indefinida consistente en
que “[n]i la Ley 80 de 1993 ni la 1150 del 2007 contemplaron la fiducia mercantil
como modalidad válida para trasladar recursos de las entidades estatales a
patrimonios autónomos” (fl. 3 cdno. ppal.).
Al respecto, las entidades accionadas, las vinculadas en condición de
coadyuvantes de la parte demandada y el Agente de Ministerio Público,
señalaron en sus intervenciones que, en efecto, ni la Ley 80 de 1993 ni la Ley
1150 de 2007 desarrollan la fiducia mercantil, pues la disposición normativa que
lo hace es la prevista en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, que dispone lo
siguiente:
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
“ARTÍCULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra, concesión,
salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista
deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo
que el contrato sea de menor o mínima cuantía.
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el
contratista.
PARÁGRAFO. La información financiera y contable de la fiducia
podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control
Fiscal.” (mayúsculas y negrillas del original – adicionales de la Sala).
De la lectura del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, evidencia la Sala que en
efecto el legislador dispuso la fiducia mercantil como figura válida para el traslado
de los recursos de las entidades estatales, aspecto este del cargo de nulidad que
se encuentra superado, pues es claro que el artículo 35 del Decreto 1510 de 2013
no modificó, subrogó o limitó el alcance o, el sentido de dicho precepto legal, en
ese sentido, no se encuentra probado el exceso de la potestad reglamentaria 7,
pues, se trata de una norma que tan solo tiene por contenido y alcance
instrumentar la debida aplicación de las disposiciones de orden legal objeto de
reglamentación.
Ahora bien, afirma además el actor en el cargo de nulidad que con el artículo 35
del Decreto 1510 de 1993 deja sin vigilancia y control el manejo de los recursos,
pues, permite “que los dineros de las entidades estatales, al dejar de ser de
propiedad de estas, como ocurre en la fiducia mercantil, en caso de ser
apropiadas o mal utilizadas, dejan de constituir conductas punibles en contra del
patrimonio del estado, para pasar a ser unas de mucha menor punibilidad, como
pueden ser los abusos de confianza” (fl. 3 cdno. ppal.).
En atención a lo expuesto por el actor, la Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente, en el escrito contentivo de la contestación
de la demanda, trajo a colación la exposición de motivos de la Ley 1474 de 2011,
documento en el que, en cuanto se refiere al artículo 91, señaló lo siguiente:
7 Al respecto, puede consultarse la sentencia de 22 de octubre de 2021, de la Subsección A de
la Sección Tercera de esta Corporación, en el expediente 11001-03-26-000-2016-00015-00 (56-
165), MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
“Se ha identificado que de manera muy frecuente los contratistas no
están aplicando los anticipos a la ejecución del contrato
correspondiente, situación que finalmente produce el incumplimiento
de las obligaciones o la entrega extemporánea de las obras. Por ello,
se establecer un sistema de seguimiento a los anticipos imponiendo la
obligación del contratista de constituir una fiducia revocable con lo que
reciba de los mismos, para que sea esta la que garantice que tales
recursos se aplicarán exclusivamente a la ejecución del contrato” 8.
La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente
señala además que, la figura de la fiducia mercantil está instituida en el artículo
1226 del Código de Comercio 9, disposición normativa que establece con claridad
que “[s]olo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias,
especialmente autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la
calidad de fiduciarios”.
En ese sentido, contrario a lo afirmado por el actor en la demanda, la fiducia
mercantil no es una figura que se haya instituido aislada y sin el debido manejo y
responsabilidad, ya que, como lo establece el Código de Comercio, solo puede
ser administrada por los establecimientos autorizados por la Superintendencia
Bancaria.
Sobre este preciso punto de análisis, esta Corporación ha sostenido que “la
actividad reglamentaria carece de aptitud para derogar, modificar, subrogar, o
limitar el alcance o sentido del precepto legal que desarrolla, de modo que los
linderos constitucionales que definen esta potestad se sobrepasan cuando se
contradice la ley o se intenta suplir la voluntad del legislador, pues esto se opone
a su desarrollo; por tanto, no puede el Gobierno Nacional, sin incurrir en
extralimitación, restringir o hacer parcial el mandato legal, pues le está vedado
8 Gaceta del Congreso de la República de Colombia – Senado de la República no. 607 del 7 de
septiembre de 2010, proyecto de Ley 142 de 2010 “proyecto de ley para la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, página 23.
9 El artículo 1226 del Código de Comercio dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 1226. <CONCEPTO
DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una
persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra,
llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad
determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o
fideicomisario.
Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por
la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios.”
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
cercenar lo expresamente establecido en la ley, o el efecto que de ella se
desprenda”10.
Así las cosas, contrario a lo afirmado y expuesto por el actor en el escrito de la
demanda, es claro que el Gobierno Nacional con la expedición del artículo 35 del
Decreto 1510 de 2013 no excedió la potestad reglamentaria, pues, en modo
alguno se limitó ni impidió la realización de los fines perseguidos con la figura de
la fiducia mercantil, prevista por el legislador primigeniamente en el artículo 1226
del Código de Comercio y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, razón por la
cual, este preciso aspecto del cargo de nulidad no tiene vocación de prosperidad
y deberá denegarse.
4) A su turno, en cuanto a la oposición del artículo 87 del Decreto 1510 de 2013,
el actor sostiene que se autorizó a las entidades estatales a exonerar a los
particulares de otorgar garantías en las modalidades de contratación de mínima
cuantía y con grandes superficies, lo cual constituye una delegación
indeterminada de funciones para otorgar ventajas a los grandes comerciantes sin
ningún parámetro legal.
En la oportunidad para intervenir en el proceso, las entidades demandadas
señalaron que el parámetro legal con el que se expidió el artículo 87 del Decreto
1510 de 2013 se encuentra desarrollado en los artículos 6 y 7 de la Ley 1150 de
2007 que dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades
de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
(…).
5. Contratación mínima cuantía. <Numeral subrogado por el artículo
94 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La
contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se
efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil,
en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado
para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas;
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2021, en el
expediente 11001-03-26-000-2018-00061-00 (61.463), MP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá
ser inferior a un día hábil;
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de
la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla
con las condiciones exigidas;
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para
todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se
efectuará el respectivo registro presupuestal.
PARÁGRAFO 1o. Las particularidades del procedimiento aquí
previsto, así como la posibilidad que tengan las entidades de
realizar estas adquisiciones en establecimientos que
correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la
Superintendencia de Industria y Comercio, se determinarán en el
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
(…).
ARTÍCULO 7o. DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. Los
contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía
de seriedad de los ofrecimientos hechos.
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de
seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de
cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.
Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la
prima o por revocatoria unilateral. El Gobierno Nacional señalará las
condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de
cumplimiento de los contratos estatales.
El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán las entidades
para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los
riesgos de los contratos, así como los casos en que por las
características y complejidad del contrato a celebrar, la garantía pueda
ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la
ejecución del respectivo contrato.
El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será
comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante
la notificación del acto administrativo que así lo declare.
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de
empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que
se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del
objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás
que señale el reglamento.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del
original – adicionales de la Sala).
En atención a lo expresamente previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley 1150 de
2007, para la Sala resulta evidente que el legislador estableció para las
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
Nulidad simple
modalidades de contratación de mínima cuantía y con grandes superficies la
posibilidad de no exigir las garantías, con la advertencia de que la entidad deberá
“determinar la necesidad de exigirla atendiendo a la naturaleza del objeto del
contrato y a la forma de pago”.
Sobre este preciso punto de análisis señala la Sala que, atendiendo a que son
las entidades estatales las directoras y conductoras de los procesos de selección,
en el sentido de que con estos atienden sus propias necesidades, es claro que
son estas las llamadas a establecer la necesidad de exigencia de las garantías
en los procesos de contratación en las modalidades de mínima cuantía y con
grandes superficies, dado que, son precisamente, quienes conocen y analizan el
marcado para sustentar su necesidad, razón esta por la cual no resulta acertado
el cargo de nulidad en el sentido de indicar que “sin ningún parámetro legal” se
les atribuye a las entidades estatales la decisión de determinar los casos en que
resultan exigibles las garantías, ya que, se insiste, solo ellas tienen la potestad
de sustentar tal requerimiento, ya que no resulta lógico una contratación en la
que resulte más alto el valor de la constitución de una garantía que el propio
objeto negocial.
Por lo tanto, el cargo de nulidad propuesto por el actor, en contra del artículo 87
del Decreto 1510 de 2013, por el hecho de crear una delegación indeterminada
de funciones excediendo la potestad reglamentaria, no está llamado a prosperar
ya que en modo alguno con dicha normativa se limitó, modificó, subrogó o derogó
lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 1150 de 2007, puesto que lo que hizo
el Gobierno Nacional fue garantizar la cumplida y estricta ejecución de la Ley,
simplemente se instrumentó su efectiva aplicación.
Ahora bien, advierte la Sala que con la redacción del concepto de violación, el
actor asume una infracción al derecho a la igualdad por cuanto con el artículo 87
del Decreto 1510 de 2013, se permite a las grandes superficies contratar sin la
exigencia de garantías o pólizas de seguros, todo lo cual se traduce en “ventajas
solamente para las grandes superficies, que en Colombia funcionan en un
esquema monopólico o al menos oligopólico y son de inversionistas extranjeros,
cuando menos las tiendas JUMBO y las del grupo CASINO (Éxito, Merquefácil,
Surtimax), genera una discriminación inconstitucional en contra de comerciantes
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
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que si se dedican a labores de mercadeo y son, además, de inversionistas
colombianos” (fl. 4 cdno. ppal.).
Al respecto, la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en
condición de coadyuvante de la parte demandada, señaló que el artículo 87 del
Decreto 1510 de 2013 en modo alguno contraviene el principio constitucional de
igualdad, “en tanto no establece un trato diferenciado en favor de ningún sujeto
determinado o determinable y en detrimento de los intereses de otro sujeto” (fl.
94 vlto. cdno. ppal.).
En relación con el principio de igualdad, la Corte Constitucional con ocasión de
decidir sobre la exequibilidad del parágrafo del artículo 58 de la Ley 2195 de
2022 11 en relación con el artículo 13 de la Constitución Política sostuvo que “el
trato diferenciado entre los sujetos comparables se basa en que estos se
encuentran en situaciones diferentes, obedece a decisiones adoptadas por ellos
mismos y dispone de una consecuencia razonable con el fin de obtener los
beneficios perseguidos por la norma. La Corte advierte que no puede haber un
trato diferenciado que sea discriminatorio o que ponga en peligro la libre
concurrencia, cuando el criterio diferenciador se basa en una acción u omisión
de quien podría alegar la propia discriminación o trato diferenciado. Del mismo
modo, la norma objeto de control se puede interpretar como una forma de
garantizar que más proponentes pueden ingresar a la fase de selección sin
reducciones del puntaje debido a multas que son objeto de control jurisdiccional.
Ello optimiza, en lugar de menoscabar, la libre competencia.” 12
Adicionalmente, la Corte Constitucional en esa misma decisión señala que “ha
aplicado el test de nivel intermedio cuando se trata de aquellas materias en las
que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración, pero cuyas
medidas deben respetar unos principios y límites constitucionales expresos. En
concreto, la Sala Plena ha indicado que, en relación con el sistema de
contratación estatal, se debe aplicar una graduación intermedia en el juicio de
11 La Ley 2195 de 2022 “por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, en el parágrafo del
artículo 58 señaló que “[l]a reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a
través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan.”
12 Sentencia C-320 de 24 de abril de 2006, MP Humberto Antonio Sierra Porto.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
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igualdad debido a la estrecha relación de esa materia tanto con el interés general
como con los fines del Estado social de Derecho. 13”
En ese sentido, en un primer escenario el deber es establecer si se está ante un
trato desigual, y si ello es así, lo que precede a continuación es la determinación
de la validez, necesidad y proporcionalidad de la medida, de manera tal que
puede establecerse con el rigor que los postulados constitucionales lo exigen,
que existe un evento de discriminación con el que se vulnera el principio
constitucional a la igualdad 14.
Advierte la Sala que la medida desarrollada en el artículo 87 del Decreto 1510 de
2013 dirigida a permitir que las entidades estatales establezcan la necesidad de
exigir garantías en las modalidades de contratación de mínima cuantía y con
grandes superficies, no constituye, como lo afirma el actor, un trato diferente y
discriminatorio, pues la redacción de la disposición es clara en determinar que “la
entidad es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima
cuantía y en la adquisición en grandes superficies”.
En ese sentido, contrario a lo aducido por el actor en la demanda, el trato
impuesto en la disposición bajo análisis resulta igualitario para ambas
modalidades de contratación previstas, razón por la cual este otro aspecto del
cargo de nulidad tampoco tiene vocación de prosperidad y deberá desestimarse.
3. Conclusión
1) La parte actora pretendió la nulidad de los artículos 35 y 87 del Decreto 1510
de 17 de julio de 2013 por medio del cual se reglamentó el sistema de compras
y contratación pública, por haber sido proferidos con violación a la normatividad
en la que debía fundarse, sin que en el proceso en modo alguno la parte actora
lograra acreditar que este fuera contrario a lo dispuesto en los artículos 13, 121
y 189 (numeral 11) de la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ni en la Ley
1150 de 2007.
13 Ibidem.
14 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-141 de
2013, MP Luis Ernesto silva, T-222 de 2011, MP Nilson Pinilla Pinilla y T-577 de 2005, MP
Humberto Sierra Porto.
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Expediente no. 11001-03-26-000-2013-00120-00 (48.370)
Actor: Ramiro Rodríguez López
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2) En consonancia con lo expuesto, la Sala denegará las súplicas de la demanda.
4. Costas
En aplicación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no hay lugar a la imposición de condena en costas
porque el asunto corresponde a una acción pública en la cual se ventiló un interés
público.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
2º) Abstiénese de condenar en costas.
3°) En firme esta providencia archívese el expediente previas las
correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado
Ponente de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
plataforma digital SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213
de 2022.
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