Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00140-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00140-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00140-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
8 de noviembre de 2024
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00
Demandante: Orietta Daza Ariza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00140-00 (48766)
Demandante: ORIETTA DAZA ARIZA
Demandado: NACION–MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Tema: Nulidad simple contra varias disposiciones del Decreto 1465 de 10 de julio
de 2013, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir la acción de nulidad promovida, en única instancia, por la señora Orietta
Daza Ariza contra algunos artículos del Decreto 1465 de 10 de julio de 2013,
expedido por la Nación–Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
SÍNTESIS DEL CASO
La abogada Orietta Daza Ariza, actuando en nombre propio, solicitó la nulidad de
varias disposiciones normativas del Decreto 1465 de 10 de julio de 2013, expedido
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio del cual se
reglamentaron los capítulos X, XI y XII de la Ley 160 de 1994, relacionados con los
procedimientos administrativos especiales agrarios de clarificación de la propiedad,
delimitación o deslinde de tierras, extinción del derecho de dominio, recuperación y
reversión de baldíos adjudicados. Al efectuar la confrontación objetiva de legalidad,
la Sala pudo constatar la nulidad parcial de algunas disposiciones contenidas en
dicho acto reglamentario.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
La demandante solicita se declare la nulidad de los artículos 8, 13, 15, 21, 23, 24,
25, 28, 29, 35, 37, 38 y 44 del Decreto 1465 de 10 de julio de 2013, expedido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los que señala como violatorios de
Artículos 29, 58, 83, 150 numeral 1, 189 numeral 11 de la Constitución Política; y de
Artículos 49, 50, 52, 53, 57, 48 numeral 3° y 74 de la Ley 160 de 1994. El decreto
acusado fue expedido con el propósito de reglamentar los capítulos X, XI y XII de la
Ley 160 de 1994, relacionados con los procedimientos administrativos especiales
agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de las tierras de la
Nación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente
ocupados, reversión de baldíos adjudicados, entre otros asuntos1.
1 Demanda presentada el 20 de septiembre de 2013, obrante a folios 1 a 31 del cuaderno principal.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
La demanda fue admitida mediante auto del 6 de noviembre de 2013 y notificada
en debida forma al representante legal de la Nación – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural2.
Con dicho escrito -la demanda- se presentó solicitud de medida cautelar, de la
que se corrió traslado oportunamente a la parte demandada3 y fue resuelta por el
despacho sustanciador en auto del 30 de julio de 20144. En esa providencia se
dispuso suspender provisionalmente los efectos de los artículos 8 (inciso 2, del
numeral 1) y 38 del Decreto 1465 de 2013, por encontrarse una evidente
contradicción entre tales disposiciones y la Ley 160 de 1994. Esa decisión fue
confirmada por la Sala de Subsección mediante auto de 3 de diciembre de 2014,
con ocasión de la resolución del recurso ordinario de súplica formulado por la parte
demandada5.
1.1.1. Normas señaladas como violadas
La demandante acusa al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de haber
empleado la competencia reglamentaria atribuida al ejecutivo por la Constitución
Política, para modificar las normas en que dijo fundarse. Formuló, como cargos
específicos, los siguientes:
1.1.1.1. El artículo 8°, inciso 2 del numeral 1°, del Decreto 1465 de 2013
infringe directamente los artículos 49 y 50 de la Ley 160 de 1994 y
los artículos 29 y 58 de la Constitución Política.
1.1.1.2. El artículo 13 del Decreto 1465 de 2013 contraría los artículos 49
inciso 3 y 53 de la Ley 160 de 1994; y el artículo 150 numeral 1 de la
Constitución.
1.1.1.3. Los artículos 15, 28, 29 y 75 del Decreto 1465 de 2013, infringen de
manera directa el artículo 57 de la Ley 160 de 1994 y el numeral 1 del
artículo 150 de la carta política.
1.1.1.4. Los artículos 21, 23, 24 y 25 del Decreto 1465 de 2013, infringen el
artículo 50 de la Ley 160 de 1994 y el numeral 1 del artículo 150
constitucional.
1.1.1.5. El artículo 35 del Decreto 1465 de 2013 regula aspectos no
autorizados en la Ley 160 de 1994, como la cancelación de la
inscripción de los títulos de propiedad, de los gravámenes
hipotecarios y demás derechos reales constituidos sobre el predio
cuando se ha declarado la extinción del dominio sobre el mismo,
violando así el artículo 121 de la carta política.
1.1.1.6. 1.1.1.6 El artículo 37 del Decreto 1465 de 2013 infringe el artículo 58
de la carta política; el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, el artículo 1°
de la ley 200 de 1936, y los artículos 2 y 4 de la ley 4a de 1973.
2 Folios 34 a 36 del cuaderno principal.
3 Auto de 23 de abril de 2014, obrante a folios 73 y 74 del cuaderno de medidas cautelares.
4 Folios 93 a 116, cuaderno medidas cautelares.
5 Folios 122 a 130, cuaderno medidas cautelares.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
1.1.1.7. El artículo 38 del Decreto 1465 de 2013 viola directamente el artículo
83 constitucional y el artículo 74 de la Ley 160 de 1994.
1.1.1.8. El artículo 44 del Decreto 1465 de 2013, viola el artículo 72, incisos 6
y 7 de la Ley 160 de 1994
1.2. La contestación de la demanda
La apoderada de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dio
contestación a la demanda6, y se opuso a las pretensiones contestando a cada uno
de los cargos de nulidad alegados por el extremo demandante en los términos que
serán objeto de análisis en el acápite relativo a las consideraciones de esta
providencia. Manifestó que el decreto acusado no vulnera norma superior alguna y
tampoco se observa exceso en el ejercicio de las facultades reglamentarias por
parte del ejecutivo.
1.3. Aspectos relevantes del trámite del proceso y alegaciones
En auto del 16 de octubre de 2020 se dispuso prescindir de la audiencia inicial
de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A., habida consideración de que el objeto
del litigio consiste en un aspecto de “puro derecho” que no requiere la práctica de
pruebas, circunstancia que permite dictar sentencia de forma anticipada, en los
términos de que trata el artículo 13 (numeral 1) del Decreto 806 de 20207. En
consecuencia, en auto del 3 de marzo de 2022 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera
concepto8.
La apoderada de la parte demandada solicitó declarar la legalidad de las normas
cuestionadas, pues, a su juicio, los procedimientos agrarios reglamentados son
acordes con la ley reglamentada (Ley 160 de 1994) y, en ese orden, reiteró “cada
uno de los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda”9.
El agente del Ministerio Público, doctor Luis Ramiro Escandón Hernández, solicitó
declarar la nulidad definitiva de los artículos “18” (sic) y 38 del Decreto 1465 de
2013, por cuanto, en su criterio, desbordan el objeto de la normativa reglamentada
y, por consiguiente, en ellos se presenta un exceso en la potestad reglamentaria10.
La parte actora, por su parte, reiteró los argumentos expuestos en la demanda11.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Presupuestos procesales
Esta Corporación es competente para conocer de la demanda interpuesta en el
presente asunto, dado que se trata de un acto administrativo de carácter general,
que el Gobierno Nacional expidió en ejercicio de la potestad reglamentaria del
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Por consiguiente, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 237 de la Constitución Política y los
artículos 137 y 149 del C.P.A.C.A. [modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 24],
6 Folios 42 a 71 del cuaderno 1.
7 Folios 138 y 139 del cuaderno principal.
8 Consulta Sistema de Gestión Judicial SAMAI, índice 76.
9 Índice 83, SAMAI.
10 Índice 80, SAMAI.
11 Índice 81, SAMAI.
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Demandante: Orietta Daza Ariza
le corresponde al Consejo de Estado conocer —en única instancia— de las
demandas de nulidad “contra los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional”, entre otros12. Además, el artículo 13 del Acuerdo
080 de 201913, establece que la Sección Tercera de esta Corporación es
competente para conocer de “los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos agrarios, contractuales mineros y
petroleros”.
Por otro lado, la abogada Orietta Daza Ariza se encuentra legitimada en la causa
por activa, por cuanto “toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general”, en los términos del artículo 137 del C.P.A.C.A. De igual manera, se
encuentra acreditado que el decreto demandado fue expedido por la Nación–
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, razón suficiente para tener por
acreditada su legitimación en la causa por pasiva en el presente asunto.
2.2 Análisis de los cargos de nulidad:
2.2.1 Cargo de nulidad formulado en contra del artículo 8 (inciso 2 del numeral
1) del Decreto 1465 de 2013
El artículo 8 (inciso 2, numeral 1) del Decreto 1465 de 2013 establece lo siguiente:
[para mayor comprensión se transcribe in extenso y se compara con las normas
presuntamente vulneradas]:
NORMA ACUSADA NORMAS VULNERADAS
Artículo 8 (inciso 2, del Artículos 49 y 50 de la Ley Artículos 29 y 58 de la
numeral 1) del Decreto 1465 160 de 1994: Constitución Política:
de 2013:
Artículo 8. “El acto Artículo 49. “Para efectos de Artículo 29. “El debido
administrativo que dé inicio a publicidad, la providencia que proceso se aplicará a toda
un procedimiento agrario se inicie las diligencias clase de actuaciones judiciales
notificará y comunicará, así: administrativas de clarificación y administrativas.
de la propiedad, deslinde o
1. Mediante inscripción. Para determinación de la indebida Nadie podrá ser juzgado sino
fines de publicidad, ocupación de baldíos, será conforme a leyes preexistentes
inmediatamente se profiera la inscrita en la oficina de registro al acto que se le imputa, ante
resolución que disponga de instrumentos públicos juez o tribunal competente y
adelantar los procedimientos correspondiente, si el predio con observancia de la plenitud
de extinción del derecho de se hallare inscrito, diligencia de las formas propias de cada
dominio, clarificación de la que tendrá prelación. A partir juicio.
propiedad, deslinde de tierras de este registro, el
de la Nación o recuperación de procedimiento que se surta En materia penal, la ley
baldíos indebidamente tendrá efecto para los nuevos permisiva o favorable, aun
ocupados esta se inscribirá en poseedores o adquirentes de cuando sea posterior, se
la Oficina de Registro de derechos reales. aplicará de preferencia a la
Instrumentos Públicos restrictiva o desfavorable.
correspondiente. La solicitud, decreto y práctica Toda persona se presume
de pruebas se ceñirá a lo inocente mientras no se la
Para el efecto, si el predio dispuesto en los haya declarado judicialmente
objeto de la actuación se correspondientes decretos culpable. Quien sea sindicado
hallare inscrito, la resolución reglamentarios. tiene derecho a la defensa y a
inicial se anotará en el folio la asistencia de un abogado
12 Pese a que en la demanda se invoca la violación de algunas normas de la Constitución Política, se advierte
que el Decreto 1465 de 10 de julio de 2013 fue proferido en ejercicio de la potestad reglamentaria y, en el fondo,
se trata de una normativa expedida en desarrollo de una función eminentemente administrativa, condición que
hace improcedente el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad [recuérdese que, la competencia
para conocer de este último medio de control, radica en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación y no en la Subsección].
13 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
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respectivo. Si no se hallare En estos procedimientos, así escogido por él, o de oficio,
inscrito, con base en dicha como en el de extinción del durante la investigación y el
resolución el Incoder derecho de dominio sobre juzgamiento; a un debido
solicitará la apertura de la tierras incultas, se practicará proceso público sin dilaciones
respectiva matrícula una diligencia de inspección injustificadas; a presentar
inmobiliaria a nombre de la ocular con intervención de pruebas y a controvertirlas que
Nación. peritos, si así lo solicitan los se alleguen en su contra; a
interesados y sufragan los impugnar la sentencia
El registro se efectuará al día gastos que demande la condenatoria, y a no ser
siguiente de la fecha de diligencia. En caso contrario, el juzgado dos veces por el
radicación del oficio de instituto dispondrá que se mismo hecho.
solicitud de inscripción de la efectúe con funcionarios Es nula, de pleno derecho, la
resolución inicial en la expertos de la entidad. prueba obtenida con violación
mencionada oficina y los del debido proceso”.
registradores remitirán al Los peritos serán dos (2),
Incoder el folio de matrícula contratados por el Incora con
respectivo con la constancia personas naturales o jurídicas Artículo 58. “Se garantizan la
de su inscripción. que se encuentren legalmente propiedad privada y los demás
autorizadas para ello. Los derechos adquiridos con
A partir del registro de la dictámenes se rendirán con arreglo a las leyes civiles, los
resolución inicial o de la arreglo a los preceptos de esta cuales no pueden ser
apertura de la matrícula ley y del decreto desconocidos ni vulnerados
inmobiliaria según el caso, las reglamentario. por leyes posteriores. Cuando
actuaciones administrativas En los procedimientos de que de la aplicación de una ley
que se adelanten producirán trata este capítulo la carga de expedida por motivos de
efectos frente a terceros y la prueba corresponde a los utilidad pública o interés social,
estos asumirán las diligencias particulares”. resultaren en conflicto los
en el estado en que se derechos de los particulares
encuentren” […] [el aparte Artículo 50. “Contra las con la necesidad por ella
subrayado es el que se resoluciones del gerente reconocida, el interés privado
cuestiona en la demanda]. general del Incora que decidan deberá ceder al interés público
de fondo los procedimientos o social.
que se regulan en este
capítulo, (sólo)14 procede el La propiedad es una función
recurso de reposición en los social que implica
términos del Código obligaciones. Como tal, le es
Contencioso Administrativo, inherente una función
dentro de los cinco (5) días ecológica.
siguientes a la notificación, y la
acción de revisión ante el El Estado protegerá y
Consejo de Estado, sala de lo promoverá las formas
contencioso administrativo, en asociativas y solidarias de
única instancia, conforme a lo propiedad.
establecido en el numeral 9º
del artículo 128 del Código Por motivos de utilidad pública
Contencioso Administrativo. o de interés social definidos
La demanda de revisión por el legislador, podrá haber
deberá presentarse dentro de expropiación mediante
los quince (15) días siguientes sentencia judicial e
a la fecha de ejecutoria del indemnización previa. Esta se
acto administrativo fijará consultando los intereses
correspondiente. de la comunidad y del
La resolución que culmine el afectado. En los casos que
procedimiento de clarificación determine el legislador, dicha
de la propiedad sólo podrá expropiación podrá
declarar que en relación con el adelantarse por vía
inmueble objeto de las administrativa, sujeta a
diligencias no existe título posterior acción contenciosa-
originario del Estado, o que administrativa, incluso
posee título de adjudicación respecto del precio”.
que no ha perdido su eficacia
legal, o que se acreditó
propiedad privada por la
exhibición de una cadena de
14 Recuérdese que la expresión “…sólo…” del artículo 50, de la Ley 150 de 1994, fue declarada inexequible por
la Corte Constitucional en sentencia C-623 de 2015.
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Demandante: Orietta Daza Ariza
títulos debidamente inscritos
otorgados por un lapso no
menor del término que señalan
las leyes para la prescripción
extraordinaria, según lo
previsto en esta ley, o que los
títulos aportados son
insuficientes, bien porque no
acreditan dominio sino
tradición de mejoras sobre el
inmueble, o se refiere a bienes
no adjudicables, o que se
hallen reservados, destinados
a un uso público, o porque se
incurre en exceso sobre la
extensión legalmente
adjudicable. Cuando se
declare que en relación con
el inmueble existe propiedad
privada, o que salió del
patrimonio del Estado, en
todo caso quedarán a salvo
los derechos de los
poseedores materiales,
conforme a la ley civil.
Ejecutoriada la resolución que
define el procedimiento (y si no
se hubiere formulado demanda
de revisión, o fuere rechazada,
o el fallo del consejo de Estado
negare las pretensiones de la
demanda)15 se ordenará su
inscripción en el
correspondiente folio de
matrícula inmobiliaria para
efectos de publicidad ante
terceros”.
Concepto de violación:
Para el actor, el inciso 2° del numeral 1 del artículo 8 del Decreto 1465 de 2013
vulnera los artículos 49 y 50 de la Ley 160 de 1994, por cuanto considera que el
ejecutivo excedió la facultad reglamentaria, prevista en el artículo 189 numeral 11
de la Constitución Política, al “reformar” y “derogar” las normas citadas de la Ley
160 de 1994. A su juicio, se fijó en el precepto reglamentario un alcance diferente al
de la ley reglamentada en la medida en que el decreto autorizó la apertura de la
respectiva matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación en los eventos en que el
predio no se hallare inscrito, una vez iniciado el procedimiento agrario (de extinción
del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, deslinde de tierras de la
Nación o recuperación de baldíos indebidamente ocupados), circunstancia que no
se encuentra prevista en la Ley 160 de 1994.
Así, en concepto de la demandante, el inciso 2° del numeral 1 del artículo 8 del
Decreto 1465 de 2013 excedió los límites de la potestad reglamentaria, “no sólo
porque establece una nueva posibilidad de actuación de la administración no
prevista en el artículo 49 de la Ley 160 de 1994, sino también, porque excede el
sentido material y teleológico de la disposición legal que simplemente establece,
para efectos de oponibilidad frente a terceros, la inscripción de la resolución a partir
15 El aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C-175 de 2009.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
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de la cual se inicia el respectivo procedimiento agrario, en el folio de matrícula
inmobiliaria, sin que dicha potestad pueda extenderse hasta el punto de que, en
ausencia de la inscripción en un folio de matrícula, se ordene su apertura a nombre
de la Nación”. Esta normativa de alcance extralimitado a juicio de la parte
demandante, también vulneraría el debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política y el artículo 58 de esa misma normativa fundamental, porque
tal actuación configura una expropiación —sin indemnización— en favor de la
Nación.
Posición de la demandada:
Sostiene que la parte demandante pretende demostrar que la finalidad de la norma
acusada consiste en que, a partir de la creación del folio de matrícula inmobiliaria,
el Estado se apropia del inmueble respectivo. Nada más “alejado del espíritu de la
norma que, por el contrario, permite inferir que la finalidad de la misma es dar
publicidad al acto administrativo lo que es concordante con la norma
reglamentaria”16.
Consideraciones de la Sala:
A. Cuestión previa
La Ley 160 de 1994 —reglamentada con el decreto demandado en el presente
asunto— inicialmente fue derogada por la Ley 1152 de 2007 (artículo 178). No
obstante, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esta última ley, por
no haberse surtido el trámite de la consulta previa ante las comunidades indígenas
y afrodescendientes. En tales condiciones, se revivieron las disposiciones
contenidas en la mencionada Ley 160 de 1994.
Con todo, durante el trámite de este proceso fue expedido el Decreto ley 902 de
201717 que, en su artículo 82, derogó, entre otros, los artículos 49, 50, 51, 53, 57
incisos 2 y 3, el parágrafo del artículo 63, el artículo 64, el artículo 65 inciso 4, el
artículo 69 incisos 1 y 2, el artículo 71, el artículo 73, y el parágrafo 1 del artículo 74
de la ley 160 de 1994, los cuales formaban parte de los capítulos X, XI y XII de la
Ley 160 de 1993 que fueron reglamentados con el Decreto 1465 de 2013,
demandado en este contencioso. Lo anterior implicaba la desaparición de los
fundamentos de hecho y de derecho del acto demandado —en las normas que se
alegan vulneradas por este cargo— y, en consecuencia, plantea un escenario de
decaimiento del acto administrativo. No obstante, ni la derogación de la ley, ni el
decaimiento del acto impiden que el juez de lo contencioso administrativo realice un
pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del acto demandado mientras este
produjo sus efectos. Al punto, se reitera la línea jurisprudencial que se ha
consolidado desde 1991, de acuerdo con la cual es suficiente que un acto
administrativo haya tenido vigencia —aunque sea por un breve lapso— para que la
jurisdicción contencioso–administrativa deba pronunciarse sobre su legalidad18.
El análisis de legalidad comprende la evaluación de los requisitos esenciales del
acto (que no de su eficacia), con miras a establecer si nació válido o no a la vida
jurídica y, por ende, los efectos de la decisión a que haya lugar son retroactivos en
tanto buscan restablecer la legalidad alterada. En este orden, aun cuando el acto
16 Folio 51 del cuaderno principal.
17 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada
en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el
Fondo de Tierras”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de enero de 1991,
expediente S – 157.
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administrativo haya sido objeto de decaimiento, como sucede en el presente asunto,
su presunción de legalidad solo puede ser desvirtuada por una decisión de carácter
jurisdiccional19, de modo que la Sala estudiará el presente cargo de ilegalidad de
cara a la confrontación normativa de las normas presuntamente vulneradas de la
Ley 160 de 1994 (artículos 49 y 50).
B. Análisis de legalidad
Se demandó la nulidad del inciso 2° del numeral 1 del artículo 8 del Decreto 1465
de 2013, por cuanto, en criterio de la demandante, el ejecutivo se extralimitó en su
potestad reglamentaria al contemplar la posibilidad de la apertura de un folio de
matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación —en los procedimientos agrarios de
extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, deslinde de tierras
de la Nación o recuperación de baldíos— cuando el predio no se hallare inscrito. Lo
anterior, por cuanto, en el artículo 49 de la Ley 160 de 1994, la inscripción de la
resolución del procedimiento agrario es procedente únicamente con fines de
publicidad y “[…] si el predio se hallare inscrito”.
Pues bien, desde una perspectiva exegética, la simple comparación del texto del
inciso 2º del numeral 1 del artículo 8 del Decreto 1465 de 2013 revela la ampliación
que hizo el reglamento, cuanto adicionó una preceptiva, en relación con la manera
de llevar a efecto el principio de publicidad respecto de esos actos en los casos en
que el inmueble en cuestión no se hallare escrito, consistente en la solicitud de
apertura del folio respectivo “a nombre de la Nación”.
La parte demandante ve en esta adición al texto legal, no sólo la usurpación de
funciones legislativas, sino una modalidad de expropiación al margen de la
preceptiva constitucional; mientras que la administración ha ripostado que actuó con
un fin diferente, no otro que el de garantizar los fines de publicidad que se propuso
realizar el legislador en el artículo 49 de la Ley 160 de 1994.
Ciertamente, la discrepancia hunde sus raíces en el carácter multipropósito del
sistema de registro inmobiliario colombiano, en cuanto este persigue, entre otros
fines, los asociados a la tradición de derechos reales, como modo de adquisición
del dominio de los bienes inmuebles20. Pero, además tiene otros propósitos que
guardan relación con la realización del principio de publicidad, para garantía de
seguridad en el tráfico de inmuebles.
Ahora bien, los fines de publicidad, que afirma la administración demandada
haberse propuesto, han sido excedidos, por cuanto, además de disponer la creación
del medio (folio de matrícula) para que, con empleo de éste pueda asegurarse el
conocimiento de la medida por parte de terceros, se preceptuó el registro de la
propiedad en cabeza de la Nación, excediendo así la competencia de la autoridad
reglamentaria, respecto de lo que prescribía la norma legal (artículo 49 de la Ley
160 de 1994).
Este exceso, en modo alguno puede explicarse bajo la asunción de la existencia de
alguna suerte de presunción legal de propiedad en cabeza de la Nación sobre el
bien carente de matrícula, pues, cualquier entendimiento que haya existido en esa
dirección ha de ser desestimado hoy, tras la unificación de la jurisprudencia
constitucional, de acuerdo con la cual, si bien es válido afirmar que “la propiedad
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 17 de abril de
2008, expediente 0166-01.
20
Código Civil. “Artículo 756. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del
título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera se efectuará la tradición de los
derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca”.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
privada de predios rurales se prueba con el título originario expedido por el Estado
que no haya perdido su eficacia legal, o con los títulos debidamente inscritos
otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en que consten
tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes
para la prescripción extraordinaria, en los términos del artículo 48 de dicha ley”21.
Tal aserto no impide apreciar que “[d]e no estar acreditada la propiedad privada, se
genera una duda sobre la naturaleza jurídica del predio que deberá ser resuelta
mediante el procedimiento especial agrario de clarificación de la propiedad”22;
procedimiento que resulta obviado con la norma reglamentaria materia de estudio.
En tales condiciones, la Sala declarará la nulidad definitiva del inciso 2 del numeral
1 del artículo 8 del Decreto 1465 de 2013, por cuanto el legislador no autorizó a la
administración para que, con ocasión del inicio del procedimiento agrario, pudiera,
en virtud de la facultad reglamentaria, ordenar la apertura de un folio de matrícula
inmobiliaria en favor de la Nación; de modo que con su expedición se vulneraron los
artículos 49 y 50 de la Ley 160 de 1994, por cuanto el ejecutivo excedió la facultad
reglamentaria (artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política).
2.2.2 Cargo de nulidad formulado en contra del artículo 13 del Decreto 1465 de
2013
NORMA ACUSADA NORMAS VULNERADAS
Artículo 13 del Decreto 1465 de 2013: Inciso 3º del artículo 49 y ordinal 5° del
artículo 53 de la Ley 160 de 1994:
“En los procedimientos agrarios de Artículo 49. “Para efectos de publicidad, la
extinción del derecho de dominio, providencia que inicie las diligencias
clarificación de la propiedad, deslinde o administrativas de Clarificación de la
delimitación de tierras de la Nación, y Propiedad, Deslinde o determinación de la
recuperación de baldíos indebidamente Indebida Ocupación de Baldíos, será
ocupados o apropiados, se practicará una inscrita en la Oficina de Registro de
diligencia de inspección ocular con la Instrumentos Públicos correspondiente, si
participación de expertos de la Entidad. el predio se hallare inscrito, diligencia que
Parágrafo 1°. En los procedimientos de tendrá prelación. A partir de este registro, el
extinción del derecho de dominio, cuando la procedimiento que se surta tendrá efecto
causal que lo origina sea la establecida en el para los nuevos poseedores o adquirentes
numeral 2 del artículo 28 de este decreto, la de derechos reales.
diligencia de inspección ocular se practicará La solicitud, decreto y práctica de pruebas
se ceñirán a lo dispuesto en los
de conformidad con lo establecido en el inciso
correspondientes Decretos
del numeral 5, del artículo 53 de la Ley 160
Reglamentarios.
de 1994. En estos procedimientos, así como en el de
Parágrafo 2°. La diligencia de inspección extinción del derecho de dominio sobre
ocular se ordenará mediante auto en el que tierras incultas, se practicará una diligencia
se señalará la fecha para iniciarla, se de inspección ocular con intervención de
determinará el valor para cubrir el costo del peritos, si así lo solicitan los interesados y
peritazgo, cuando este se haya solicitado, la sufragan los gastos que demande la
cuenta bancaria en la que se deberá diligencia. En caso contrario, el Instituto
consignar el citado valor, y el término dentro dispondrá que se efectúe con funcionarios
del cual se deberá efectuar la consignación, expertos de la entidad […]”.
se dispondrá el sorteo de los peritos y la
designación de los funcionarios expertos que
Artículo 53. “[…] 5. En todos los
procedimientos administrativos de
habrán de intervenir, y se especificarán los
extinción del derecho de dominio deberá
asuntos o aspectos respecto de los cuales practicarse una inspección ocular al predio
versará la diligencia. intervenido por el instituto. Cuando se trate
de la causal prevista en la Ley 200 de 1936
21 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-288 de 2022.
22 Ibidem.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
Esta providencia se comunicará a las partes, y la presente ley, los dictámenes serán
a los solicitantes que sean sujetos de reforma rendidos por dos peritos que contrate el
agraria y a los terceros interesados, mediante Incora con personas naturales o jurídicas
oficio al que se le anexará copia del acto y el legalmente autorizadas para ello, pero la
cual se remitirá a la dirección que obre en el práctica, elaboración y rendición del
experticio [sic] se someterá a las reglas
expediente, así mismo se enviará a la
establecidas en esta ley y a lo que disponga
Procuraduría General de la Nación, al
el decreto reglamentario”.
Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales que corresponda”.
Concepto de violación:
El inciso 3º del artículo 49 de la Ley 160 de 1994 prescribe que en los
procedimientos a los que este se refiere y en el de extinción de dominio sobre tierras
incultas se practicará una diligencia de inspección ocular con intervención de
peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragan los gastos que demande
la diligencia, y que sólo en caso contrario, el instituto dispondrá que se efectúe con
funcionarios expertos de la entidad. A su vez, el artículo 13 del Decreto 1465 de
2013 establece que, en los procedimientos de extinción del derecho de dominio
agrario, clarificación de la propiedad, deslinde o delimitación de tierras de la Nación,
y recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, se practicará
una diligencia de inspección ocular con la participación de expertos de la
entidad. La demandante argumentó que este último artículo no reglamentó, sino
que modificó aquella previsión legal y cercenó el derecho de los sujetos de los
procesos agrarios a que la diligencia de inspección ocular sea realizada por peritos
ajenos a la entidad con la consiguiente garantía del principio de imparcialidad, frente
a la autoridad administrativa que adelanta los procedimientos agrarios. Además,
adujo que vulnera el artículo 53 de la Ley 160 de 1994, el cual dispone, que cuando
se trate de la causal prevista en la Ley 200 de 1936, relacionada con el
procedimiento de extinción del derecho de dominio, los dictámenes serán
rendidos por dos peritos que contrate el INCORA con personas naturales o
jurídicas legalmente autorizadas para ello, no por funcionarios de la entidad.
A manera de colofón, afirmó la accionante que el decreto reglamentario estableció
un proceder diametralmente contrario al prescrito por el artículo 49 de la Ley 160 de
1994, en la medida en que aquel prescribió, respecto de la diligencia de inspección
ocular, que ésta “[…] se practicará con la participación de expertos de la Entidad”,
sin que se haya contemplado la posibilidad de que los interesados contraten peritos
ajenos aquella. A juicio de la parte actora, el ejecutivo se excedió en el ejercicio de
la facultad reglamentaria, porque desconoció que la función de modificar las leyes
está a cargo del Congreso de la República, según el artículo 150, numeral 1, de la
Constitución Política.
Posición de la demandada:
Adujo que, los cuestionamientos de ilegalidad que se hacen respecto del artículo 13
del decreto acusado carecen por completo de fundamento, por cuanto “parten de
una lectura incompleta y sesgada de la norma acusada”23.
Consideraciones de la Sala:
La Sala ha realizado un estudio integral del artículo 13 del Decreto 1465 de 2013,
incluidos sus dos parágrafos, lectura que echó de menos la demandada, y que
23 Folio 54 del cuaderno principal.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
arroja una comprensión, ciertamente, diferente a la que de su legalidad se hace en
la demanda.
Esa lectura integral del artículo permite apreciar, por un lado, que éste, en su primer
parágrafo, trae una prescripción particular para los procedimientos de extinción del
derecho de dominio “cuando la causal que lo origina sea la establecida en el numeral
2 del artículo 28 de este decreto” (por incumplimiento de la función ecológica de la
propiedad, por violación de las normas ambientales en la explotación del predio).Tal
prescripción consiste en la disposición de la práctica de la diligencia de inspección
ocular de “conformidad con lo establecido en el inciso del numeral 5, del artículo 53
de la Ley 160 de 1994”, es decir, según lo prescrito en el inciso 2 del numeral 5
referenciado, con rendición de experticios por dos funcionarios calificados del
Ministerio del Medio Ambiente o de la Corporación Autónoma Regional con
jurisdicción en el municipio de ubicación del inmueble, conforme a las reglas y
metodología que para tal efecto señale el reglamento.
Por otro lado, este artículo, en su parágrafo 2 preceptúa, ya al margen del supuesto
de hecho particular que incorpora el primer parágrafo, que “la diligencia de
inspección ocular se ordenará mediante auto en el que se señalará la fecha para
iniciarla, se determinará el valor para cubrir el costo del peritazgo, cuando este
se haya solicitado, la cuenta bancaria en la que se deberá consignar el citado
valor, y el término dentro del cual se deberá efectuar la consignación, se dispondrá
el sorteo de los peritos y la designación de los funcionarios expertos que habrán de
intervenir, y se especificarán los asuntos o aspectos respecto de los cuales versará
la diligencia” (énfasis añadido).
Así, pues, la norma acusada, en su parágrafo 1 configura un válido desarrollo del
inciso 2 del numeral 5 del artículo 53 de la Ley 160 de 1994, al cual remite, y,
apreciada integralmente en función de lo que preceptúa en su parágrafo 2, la
disposición demandada no excluye la posibilidad de que las partes soliciten la
inspección ocular con intervención de peritos ―previo pago de los gastos
correspondientes―, como una posibilidad adicional a su práctica por servidores
públicos expertos de la entidad.
En ese orden, la norma acusada no constituye un exceso de la potestad
reglamentaria, no invade las competencias asignadas al legislador, ni vulnera los
artículos 49 y 53 de la Ley 160 de 1994, en los que fue establecido trámite de la
inspección judicial en los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad,
deslinde o delimitación de tierras, recuperación de baldíos y extinción del derecho
de dominio. Por el contrario, contribuye a que el ordenamiento jurídico sea eficaz y
coherente para la práctica de dicha prueba en los procedimientos administrativos
referidos. En consecuencia, la Sala despachará desfavorablemente la solicitud de
nulidad del artículo 13 del Decreto 1465 de 2013, de conformidad con las razones
expuestas en esta sentencia (norma que fue compilada en el artículo 2.14.19.2.9
del Decreto Único Reglamentario 1071 de 201524).
2.2.3 Cargos de nulidad formulados contra los artículos 15, 28 y 29 del Decreto
1465 de 2013:
NORMA ACUSADA NORMAS VULNERADAS
Artículo 15 del Decreto 1465 Artículo 57 de la Ley 160 de Artículo 150, numeral 1,
de 2013 [se transcribe 1994 [los incisos 2 y 3 de esta Constitución Política:
únicamente el aparte norma fueron derogados por el
demandado]:
24“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural”.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
artículo 82 del Decreto Ley 902
de 2017]:
“En los procedimientos de “Para todos los efectos legales se “Corresponde al Congreso
extinción del derecho de considerará que no están hacer las leyes. Por medio
dominio, además de los cobijadas por la regla sobre de ellas ejerce las siguientes
aspectos citados en el artículo extinción del dominio, las funciones:
anterior, se tendrán en cuenta extensiones que dentro del 1. Interpretar, reformar y
como prueba principal de la año inmediatamente anterior a derogar las leyes […]”.
explotación agrícola y pecuaria la fecha en que se practique la
los siguientes aspectos: inspección ocular, conforme al
artículo 53 de esta ley, se
1. Se verificará por parte de los encontraban económicamente
peritos o los funcionarios que explotados de acuerdo con las
practiquen la diligencia de disposiciones de la Ley 200 de
inspección ocular, el hecho de 1936 y de la presente ley, y
que el predio o parte de él, se cumpliendo las normas sobre
encuentre explotado de conservación, mejoramiento y
manera estable en los utilización racional de los
términos establecidos en la recursos naturales renovables y
Ley 160 de 1994 y no de las de preservación y
manera accidental o restauración del ambiente”.
transitoria, salvo
interrupciones justificadas por
descanso o rotación […].
Artículo 28 del Decreto 1465
de 2013 [se transcribe
únicamente el aparte
demandado]:
“De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 52 de la Ley 160
de 1994, será procedente la
declaración administrativa de
extinción del derecho de
dominio, cuando se verifique
alguna de las siguientes
causales:
1. El incumplimiento de la
función social de la
propiedad, por inexplotación
del predio. Esta causal opera
respecto de los predios
rurales, en los cuales se
dejare de ejercer posesión y
explotación económica en
los términos previstos en el
artículo 1º de la Ley 200 de
1936, durante 3 años
continuos […]”.
Artículo 29 del Decreto 1465
de 2013:
“No será procedente la
declaración de extinción del
derecho de dominio, cuando
las causales previstas en el
artículo anterior, obedezcan a
hechos constitutivos de fuerza
mayor y caso fortuito, de
acuerdo con las normas
legales vigentes sobre la
materia.
El término para declarar la
extinción del derecho de
dominio se suspende, a partir
de la ocurrencia de los hechos
constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito y mientras tal
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
situación subsista, pero su
ocurrencia no libera al
propietario de la obligación de
demostrar una explotación
económica regular y estable
antes y después de la época
en que sobrevinieron tales
hechos”.
Concepto de violación:
Reprocha la demandante que el artículo 15 del Decreto 1465 de 2013 fije, como
factor de verificación por los peritos o los funcionarios que practiquen la diligencia
de inspección ocular en los procedimientos de extinción de dominio agrario, la
explotación estable del predio en los términos establecidos en la Ley 160 de 1994
y no de manera accidental o transitoria; y que, en línea con esto, el artículo 28,
numeral 1, del Decreto 1465 de 2013 prescriba la procedencia de la declaración
administrativa de extinción del derecho de dominio cuando se verifique, entre otras,
la siguiente causal:
“1. El incumplimiento de la función social de la propiedad, por inexplotación del
predio. Esta causal opera respecto de los predios rurales, en los cuales se
dejare de ejercer posesión y explotación económica en los términos
previstos en el Artículo 1° de la Ley 200 de 1936, durante 3 años
continuos”.
Protesta, por la misma cuerda, que el artículo 29 del Decreto 1465 de 2013
preceptúe que, aún cuando el término para declarar la extinción del derecho de dominio
se suspenda a partir de la ocurrencia de los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito y mientras tal situación subsista, la ocurrencia de esas excepcionales circunstancias
no libere al propietario de la obligación de demostrar una explotación económica regular
y estable antes y después de la época en que sobrevinieron tales hechos.
La demandante realiza la confrontación normativa con el artículo 57 de la Ley 160
de 1994, que dispone:
“Para todos los efectos legales se considerará que no están cobijadas por la
regla sobre extinción del dominio, las extensiones que dentro del año
inmediatamente anterior a la fecha en que se practique la inspección
ocular, conforme al artículo 53 de esta ley, se encontraban económicamente
explotados de acuerdo con las disposiciones de la Ley 200 de 1936 y de la
presente ley […]”
En criterio de la demandante, al exigirse en las normas reglamentarias glosadas la
“demostración de la explotación económica de los predios de manera regular y
estable”25, el ejecutivo excedió el ejercicio de su potestad reglamentaria, toda vez
que, materialmente, suprimió o derogó una disposición de raigambre legal (artículo
57, Ley 160 de 1994) que establece la imposibilidad de adelantar procesos de
extinción de dominio sobre los predios que hayan sido explotados dentro del año
anterior a la inspección ocular. Tal circunstancia, a su juicio, implica una vulneración
del artículo 150 de la Carta Política, numeral 1, por cuanto es facultad del legislador
y no del ejecutivo derogar las leyes.
Posición de la demandada:
Considera esta parte que el cargo planteado en la demanda se explica por la lectura
incompleta que allí se hace de los artículos 52 a 64 de la Ley 160 de 1994, con
25 Folio 17 del cuaderno principal.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
especial referencia, según subraya que de él hizo, al inciso 1 del 52, en cuanto
establece, en favor de la Nación la extinción del derecho de dominio o
propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer
posesión en la forma establecida en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936, durante
tres (3) años continuos, y al artículo 57, en cuanto preceptúa que, “para todos los
efectos legales se considerará que no están cobijadas por la regla sobre
extinción del dominio, las extensiones que dentro del año inmediatamente
anterior a la fecha en que se practique la inspección ocular, conforme al
artículo 53 de esta Ley, se encontraban económicamente explotadas de
acuerdo con las disposiciones de la Ley 200 de 1936 y de la presente Ley […]”
En su parecer, las disposiciones legales por ella transcritas hacen de la ausencia
de posesión en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 200 de 1936
(explotación económica regular, según el artículo 58 de la misma Ley 160) una
causal de extinción del derecho del dominio en favor del Estado. Es esta una causal,
que difiere del hecho de que, “para que se dé el inicio de un procedimiento de
extinción del derecho del dominio se deben haber dado los supuestos de
incumplimiento de la función social de la propiedad traducidos en este caso en la
inexplotación durante un término igual o superior a tres años”; supuestos que han
de ser objeto de verificación en el curso del procedimiento administrativo.
En síntesis, argumentó que el legislador creó, a manera de regla probatoria, una
presunción según la cual se entienden explotados de conformidad con lo
establecido en el artículo 11 de la Ley 200 de 1936, aquellas porciones de terreno
en las que se observe una explotación, con un término de iniciación no inferior a un
año al momento de la inspección ocular (inciso 2 del artículo 58 de la Ley 160 de
1994), de manera que las porciones de terreno, respecto de las cuales se verifique
dicha circunstancia se excluirán de la extinción del derecho de dominio.
Entendidas así las normas legales que la accionante dijo violadas, denotó la
apoderada de la demandada que el artículo 15 del Decreto 1465 de 2013, lejos de
ser contrario al artículo 57 de la Ley 160 de 1994, “indica claramente que en la
inspección ocular se deberán verificar aspectos que muestren si se ha dado, o no,
una explotación regular y estable de los predios en los términos de la Ley 160 de
1994, lo que se traduce en la verificación de si durante el año anterior a la fecha de
la inspección ocular la misma se ha producido, lo cual conducirá a determinar si es
procedente, o no la extinción del derecho del dominio”. Agregó que tampoco se
revela contrario al artículo 57 de la ley, el artículo 28 del Decreto 1465 de 2013, que
simplemente enumera las causales de extinción del derecho del dominio, señalando
que el incumplimiento de la función social de la propiedad, por inexplotación del
predio, opera respecto de los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer
posesión y explotación económica en los términos previstos en el artículo 10 de la
Ley 200 de 1936, durante tres (3) años continuos, precepto este que, dijo, “guarda
concordancia con lo prescrito en el Artículo 53 de la Ley 160 de 1994”, el cual debe
diferenciarse de la presunción que establecen los artículos 57 y 58 ejusdem. Y,
respecto del artículo 29 del decreto reglamentario en estudio, cuyo objeto es el de
establecer las causales de justificación, dice que la demandante, al echar de menos
en su redacción la regla acerca de que se entiende como explotación regular y
estable (aquella que se verifica iniciada con un año de anterioridad, en la inspección
ocular), y con fundamento en la falta de inclusión de esa regla, concluye
equivocadamente, que este artículo del reglamento deroga, contra derecho, el
artículo 57 de la Ley 160 de 1994, cuyo entendimiento correcto es el establecimiento
de una presunción de debida explotación de los fundos, cuando la inspección
permite determinar que inició un año antes de su realización.
Consideraciones de la Sala:
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
El estudio de la legalidad de la normativa acusada bajo este cargo debe hacerse
mediante una confrontación sistemática, tanto de ella, como de los artículos que
conforman el capítulo XI de la Ley 160 de 1994, con un adecuado entendimiento de
la normativa referida por el legislador de ese año, en particular, del artículo 1 de la
Ley 200 de 1936 al que expresa o tácitamente remite. Esto último, porque, como
bien lo develó la jurisprudencia constitucional26, la Ley 160 de 1994 hizo remisión a
ese artículo de la Ley 200 de 1936, entre otros, en los artículos 52, 53, 57 y 58, una
remisión particularmente referida al sentido y alcance que ha de darse a la
explotación económica de la tierra y, más concretamente, a la posesión consistente
en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de
dueño, “como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de
igual significación económica”.
Ahora bien, el legislador de 1994 estableció en el inciso 1 del artículo 58 de la Ley
160 que, para efectos de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 200 de 1936, vale
decir, para efectos de la configuración de la causal de extinción del dominio por
inexplotación del predio había de tomarse en consideración el alcance que el
legislador de 1936 dio a la “explotación económica”, contraída a la ejecución de
hechos positivos propios de dueño, “como las plantaciones o sementeras, la
ocupación con ganados y otros de igual significación económica”, cualificando esa
ejecución con los adjetivos de “regular” y “estable”, y aún más, concretando el
significado de estos, en su inciso 2º, como aquella explotación que al momento de
la práctica de la inspección ocular tuviera más de un (1) año de iniciada, siempre
que se hubiera mantenido sin interrupción injustificada.
Luego, la explotación “estable” que prescribió el artículo 15 del Decreto 1465 de
2013 como objeto de la verificación que deben realizar los peritos o los funcionarios
(según el caso) que practiquen la diligencia de inspección ocular, no constituye un
exceso, sino una materialización de la voluntad del legislador, que cobra mayor
claridad, sin sacrificio de su natural significado, cuando se establece que repugna a
esa estabilidad la explotación signada por la accidentalidad o transitoriedad, a
menos que estos defectos se encuentren justificados por descanso o rotación. Por
tanto, no encuentra esta Sala vocación de prosperidad en el cargo de demanda en
lo que concierne al artículo 15 del Decreto 1465 de 2013.
Ahora, en lo que respecta al artículo 28, numeral 1, del Decreto 1465 de 2013,
―inmerso en el título II, de las disposiciones especiales, capítulo I la extinción
del derecho de dominio― relativo a las causales de dicha extinción,
concretamente a la causal de extinción del derecho por incumplimiento de la función
social de la propiedad por inexplotación del predio, la Sala encuentra en esta, una
disposición armónica con el artículo 52 de la Ley 160 de 1994. Primero, porque un
adecuado entendimiento de la causal en función del artículo 1 de la Ley 200 de 1936
y en línea con el artículo 58 de la Constitución Política permite apreciar en ésta, la
consecuencia que el legislador ha derivado de la inobservancia de la función social
de la propiedad inmueble y rural; y, segundo, porque ha sido el mismo legislador
quien, luego de establecer en el inciso 1 del artículo 52 “la extinción del derecho de
dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer
posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936,
durante tres (3) años continuos”, a renglón seguido, en el inciso 2 del mismo artículo,
preceptuó textualmente que “también será causal de extinción del derecho de
dominio, la destinación del predio para la explotación con cultivos ilícitos”. Luego, al
prescribir, el artículo 28 del reglamento, como causal de extinción del dominio rural,
el incumplimiento de la función social de la propiedad debido a la inexplotación
26
CORTE CONSTITUCIONAL, SU 288 de 2022.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
económica por un lapso de tres (3) años, nada agregó, ni estableció en
contradicción con la ley que se propuso reglamentar; ni incurrió en esos vicios el
artículo 29 del Decreto 1345 de 2013, cuando, al reglamentar las circunstancias
justificativas de la falta de explotación que se haya podido verificar durante la
inspección ocular, trae al texto lo que sobre el punto prescribió el mismo artículo 52
de la Ley 160 de 1994, para aludir a hechos constitutivos de fuerza mayor y caso
fortuito, por un tiempo contado a partir de la ocurrencia de los hechos constitutivos
de aquellas eximentes, aclarando que estos no relevan al propietario de la
obligación de demostrar una explotación económica regular y estable (calificativos
que, ya se vio, son legales) antes y después del periodo en que sobrevinieron tales
hechos.
Finalmente, la acusación por ilegalidad del artículo 75 del decreto en estudio quedó
huérfana de concepto de violación, y ninguna relación encuentra la Sala entre ese
artículo y el 52 de la Ley 160 de 1994.
Por tanto, y en atención a lo expuesto, no prosperan las pretensiones declarativas
de nulidad atinentes a los artículos 15, 28, 29 y 75 del Decreto 1345 de 2013.
2.2.4. Los artículos 21, 23, 24 y 25 del Decreto 1465 de 2013, infringen el
artículo 50 de la Ley 160 de 1994 y el numeral 1 del artículo 150
constitucional.
NORMA ACUSADA NORMAS VULNERADAS
Artículo 21 del Decreto 1465 de 2013: Artículo 50 de la Ley 160 de 199427:
“Acción de revisión ante el Consejo de “Contra las resoluciones del gerente
Estado. Contra las resoluciones dictadas general del Incora que decidan de fondo los
en los procedimientos agrarios de extinción procedimientos que se regulan en este
del derecho de dominio, recuperación de capítulo, (sólo)28 procede el recurso de
baldíos indebidamente ocupados, reposición en los términos del Código
clarificación de la propiedad y deslinde de Contencioso Administrativo, dentro de los
tierras de la Nación también procede la cinco (5) días siguientes a la notificación, y
acción de revisión ante el Consejo de la acción de revisión ante el Consejo de
Estado en única instancia, dentro de los Estado, sala de lo contencioso
quince (15) días hábiles siguientes a la administrativo, en única instancia,
firmeza de la respectiva resolución. conforme a lo establecido en el numeral 9º
del artículo 128 del Código Contencioso
Durante ese término la ejecución de las Administrativo. La demanda de revisión
resoluciones que dicte el Incoder en los deberá presentarse dentro de los quince
procedimientos agrarios de extinción del (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria
dominio y clarificación de la propiedad del acto administrativo correspondiente.
permanecerá en suspenso, con el objeto de La resolución que culmine el procedimiento
que los interesados soliciten en dicho de clarificación de la propiedad sólo (sic)
término la revisión de las providencias. El podrá declarar que en relación con el
efecto suspensivo de estos actos se inmueble objeto de las diligencias no existe
mantendrá hasta que transcurrido dicho título originario del Estado, o que posee
lapso se verifique que la demanda no fue título de adjudicación que no ha perdido su
presentada, o que habiéndolo sido fue eficacia legal, o que se acreditó propiedad
rechazada o que sus pretensiones fueron privada por la exhibición de una cadena de
desestimadas. títulos debidamente inscritos otorgados por
Artículo 23 del Decreto 1465 de 2013: un lapso no menor del término que señalan
las leyes para la prescripción
27 Artículo derogado por el artículo 82 del Decreto Ley 902 de 2017. Se reiteran las consideraciones expuestas
en el numeral 2.2.1, letra A, acápite denominado “cuestión previa”; por consiguiente, se hace la confrontación
normativa con base en esta norma aun derogada.
28 Se recuerda que la expresión “…sólo…” del artículo 50, de la Ley 150 de 1994, fue declarada inexequible por
la Corte Constitucional en sentencia C-623 de 2015.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
“Ejecutoria de las resoluciones finales de extraordinaria, según lo previsto en esta
extinción y clarificación. En firme las ley, o que los títulos aportados son
resoluciones de extinción del derecho de insuficientes, bien porque no acreditan
dominio y clarificación de la propiedad, si dominio sino tradición de mejoras sobre el
no se solicita la revisión dentro del término inmueble, o se refiere a bienes no
indicado, o cuando intentada aquella la adjudicables, o que se hallen reservados,
demanda respectiva fuere rechazada, o el destinados a un uso público, o porque se
fallo del Consejo de Estado negare las incurre en exceso sobre la extensión
pretensiones de la revisión impetrada, el legalmente adjudicable. Cuando se declare
Incoder remitirá a la oficina de registro que en relación con el inmueble existe
correspondiente copia de las providencias propiedad privada, o que salió del
para su respectiva inscripción”. patrimonio del Estado, en todo caso
Artículo 24 del Decreto 1465 de 2013: quedarán a salvo los derechos de los
“Ejecutoria de las resoluciones finales de poseedores materiales, conforme a la ley
deslinde y recuperación. En firme las civil.
resoluciones de deslinde de tierras de la Ejecutoriada la resolución que define el
Nación y recuperación de baldíos procedimiento (y si no se hubiere formulado
indebidamente ocupados, (sic) y sin demanda de revisión, o fuere rechazada, o
perjuicio del derecho que asiste a los el fallo del consejo de Estado negare las
afectados de interponer la acción de pretensiones de la demanda)29 se ordenará
revisión de estos actos ante el Consejo de su inscripción en el correspondiente folio de
Estado, dentro de los cinco (5) días matrícula inmobiliaria para efectos de
siguientes a su ejecutoria el Incoder publicidad ante terceros”.
remitirá a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente
copia de las providencias para su
respectiva inscripción y poder proceder a
dar cumplimiento a lo resuelto en cada
caso”.
Artículo 25 del Decreto 1465 de 2013:
“Carácter ejecutorio de los actos de
recuperación y deslinde. En firme los actos
de recuperación de baldíos indebidamente
ocupados y de deslinde, serán suficientes
para que el Incoder, por sí mismo o con la
colaboración de las autoridades de Policía
que juzgue necesarias, proceda a
ejecutarlos de inmediato.
Si el ocupante se negare a la entrega
voluntaria del predio indebidamente
ocupado, el Incoder solicitará el apoyo de
las autoridades de Policía, para que en un
término no superior a diez (10) días se haga
efectivo el cumplimiento de la decisión
administrativa, restituyéndose los bienes
baldíos a la Nación”.
Concepto de violación:
La demandante acusa la ilegalidad del artículo 21 del Decreto 1465 de 2013, por
infracción directa del artículo 50 de la Ley 160 de 1994, por cuanto, en su criterio, el
artículo 21 restringió el efecto suspensivo de los actos administrativos demandados
en revisión ante el Consejo de Estado, únicamente, a los procesos de extinción de
dominio y clarificación de la propiedad. Considera que con ello se excluyó, sin
ninguna justificación, la “suspensión de los efectos de la decisión”30 en los
29 Como se dijo anteriormente, el aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través
de sentencia C-175 de 2009.
30 Folio 19, cuaderno principal.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
procedimientos de deslinde y recuperación de baldíos, con lo que se modificó —sin
facultad para ello— aquella disposición legal del artículo 50.
A juicio del actor, como quiera que el artículo 21 del Decreto 1465 de 2013 guarda
relación con lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 ejusdem, estos también fueron
demandados, por cuanto, en su orden, el artículo 23 estableció el alcance de la
“ejecutoria de las resoluciones de extinción de dominio y clarificación”, el artículo 24
reglamentó la “ejecutoria de las resoluciones de deslinde y recuperación”, y el
artículo 25 reiteró el “carácter ejecutorio ÚNICAMENTE respecto de las decisiones
proferidas en el curso de los procedimientos de recuperación de baldíos y deslinde
de tierras”31, sin que el legislador haya autorizado tales distinciones, pues la norma
reglamentada —artículo 50, Ley 160 de 1994— estableció, para efectos de
publicidad, la misma situación para todos los procedimientos agrarios de que trata
el capítulo X de la Ley 160 de 1994 (clarificación de la propiedad, deslinde y
recuperación de baldíos). Protesta, entonces, un exceso de la potestad
reglamentaria del ejecutivo, habida consideración de los efectos jurídicos disímiles
prescritos para los actos definitorios de los procedimientos de extinción de dominio
y clarificación, por un lado, y de deslinde y recuperación, por el otro.
Posición de la demandada:
La parte demandada manifestó que la suspensión automática de los efectos del acto
administrativo, en los eventos en que se presente demanda de revisión ante el
Consejo de Estado, se predica únicamente en relación con los procedimientos de
clarificación de la propiedad y extinción de dominio, según lo disponen el inciso 2
del artículo 50 y el artículo 53 de la Ley 150 de 1994. Por consiguiente, indica, esa
fue la distinción que se hizo en el decreto acusado, teniendo en cuenta que se trata
de procesos de diferente naturaleza y, por tanto, con distintos efectos32.
Consideraciones de la Sala:
El artículo 50 de la Ley 160 de 1994 [derogado por el artículo 82 del Decreto Ley
902 de 2017] establecía los recursos legales que procedían contra los actos
administrativos que decidían los procedimientos agrarios de deslinde, clarificación
y recuperación de baldíos. Dicha norma determinaba que procedía el recurso de
reposición, en los términos del anterior Código Contencioso Administrativo y la
acción de revisión ante el Consejo de Estado33.
El inciso segundo de la misma norma contemplaba un conjunto de situaciones en
relación con el contenido de la decisión que culminaba el procedimiento agrario de
clarificación de la propiedad. En particular, prescribía las declaraciones que se
podían efectuar sobre el inmueble objeto de dicho procedimiento. Además,
establecía, a manera de salvedad que, en los eventos en que se declarara que
existiera propiedad privada o que el bien hubiere salido del patrimonio del Estado,
quedarían a salvo los derechos de los poseedores materiales del inmueble34.
31 Folio 22, cuaderno principal.
32 Folios 61 a 65, cuaderno principal.
33 Establecía la norma (artículo 50, inciso 1, Ley 160 de 1994): “Contra las resoluciones del gerente general del
Incora que decidan de fondo los procedimientos que se regulan en este capítulo, (sólo) procede el recurso de
reposición en los términos del Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, en única
instancia, conforme a lo establecido en el numeral 9º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.
La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de ejecutoria
del acto administrativo correspondiente”.
34 Así lo establece el inciso 2: “La resolución que culmine el procedimiento de clarificación de la propiedad sólo
(sic) podrá declarar que en relación con el inmueble objeto de las diligencias no existe título originario del Estado,
o que posee título de adjudicación que no ha perdido su eficacia legal, o que se acreditó propiedad privada por
la exhibición de una cadena de títulos debidamente inscritos otorgados por un lapso no menor del término que
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
El inciso tercero ejusdem, por su parte, preveía los efectos de la incoación de la
acción de revisión ante el Consejo de Estado. Esta disposición determinaba que, el
acto administrativo que terminara el procedimiento agrario podía inscribirse en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para garantizar la publicidad ante
terceros, siempre y cuando: (i) no se formulara acción de revisión, (ii) de incoarse
tal acción, la misma fuera rechazada, o (iii) se negaran las pretensiones de la
demanda35.
La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de la
constitucionalidad de citado artículo 50 y, en sentencia C-623 de 2015, precisó:
“Una interpretación en el sentido literal del artículo 50 de la Ley 160 de 1994,
permite arribar a las siguientes conclusiones:
(i) Uno de los recursos legales que procede frente a las decisiones de fondo con
que finalizan los procedimientos administrativos de clarificación, deslinde y
recuperación de baldíos es la acción de revisión.
(ii) El inciso segundo del artículo 50 establece de manera expresa el contenido
que puede ser objeto de clarificación de la propiedad, en el cual se advierte que,
en todo caso, cuando se declara que en relación con el inmueble objeto de
clarificación, existe propiedad privada o que salió del patrimonio del Estado,
quedarán a salvo los derechos de los poseedores materiales, de acuerdo con
la ley civil.
(iii) Con respecto a la inscripción del acto administrativo en el folio de matrícula
inmobiliaria para efectos de publicidad ante terceros, el último inciso de esta
norma establece: ‘Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento’ y si
no se hubiere formulado demanda de revisión, o en caso de haberse
presentado, esta fuere rechazada, o se hubiesen negado las pretensiones de la
demanda, podrá procederse a la inscripción del acto en la oficina de registro de
instrumentos públicos. Es decir, que de acuerdo con esta interpretación, el
inciso tercero sólo estaría regulando lo concerniente a la inscripción del acto
administrativo con que finalizan los procesos agrarios de clarificación.
Sin embargo, de la expresión ‘Ejecutoriada la resolución que define el
procedimiento’, puede derivarse que lo concerniente a los efectos de la
ejecutoria abarca todos los procesos agrarios que regula el capítulo X de
la Ley 160 de 1994 -clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación
de baldíos-, esto, por cuanto el legislador no hace alusión expresa al tipo de
procedimiento al que se refiere y tampoco se ocupa de abordar en párrafos
precedentes, lo atinente a la inscripción de los actos administrativos con que
culminan los procesos de deslinde y recuperación de baldíos” (resalta la Sala).
Con fundamento en lo anterior, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión
“[…] y si no se hubiere formulado demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo
del Consejo de Estado negare las pretensiones de la demanda […]”, contenida tanto
en el inciso tercero de la misma norma (artículo 50) como en el artículo 53 de la Ley
160 de 1994, atinente al procedimiento de extinción de dominio agrario.
señalan las leyes para la prescripción extraordinaria, según lo previsto en esta ley, o que los títulos aportados
son insuficientes, bien porque no acreditan dominio sino tradición de mejoras sobre el inmueble, o se refiere a
bienes no adjudicables, o que se hallen reservados, destinados a un uso público, o porque se incurre en exceso
sobre la extensión legalmente adjudicable. Cuando se declare que en relación con el inmueble existe propiedad
privada, o que salió del patrimonio del Estado, en todo caso quedarán a salvo los derechos de los poseedores
materiales, conforme a la ley civil”.
35 Así era su tenor literal: “Ejecutoriada la resolución que define el procedimiento y si no se hubiere formulado
demanda de revisión, o fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado negare las pretensiones de la
demanda, se ordenará su inscripción en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria para efectos de
publicidad ante terceros”.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
La inexequibilidad de aquella expresión tuvo fundamento, precisamente, en que la
Corte Constitucional consideró que la medida de suspensión automática de los
actos administrativos con los que terminan los procesos agrarios de clarificación,
deslinde, recuperación de baldíos y extinción del dominio, ante la demora que
implica la revisión jurisdiccional de tales procedimientos, resulta desproporcionada
en tanto sacrifica “a largo plazo, la realización de fines constitucionales de gran
relevancia como garantizar progresivamente el acceso a la tierra de población
vulnerable, contenido en el artículo 64 Superior”.
En este escenario y según lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-
623 de 2015, para la Sala es claro que las condiciones previstas en la norma
reglamentada (artículo 50, Ley 160 de 1994) no sólo son exigibles en los procesos
de clarificación de la propiedad sino también en los procesos especiales agrarios de
deslinde y recuperación de baldíos a los que se hace referencia en el capítulo X de
la misma normativa. Mutatis mutandis —y contrario a lo que sostiene la parte
demandada— no cabe predicar efectos disímiles para los procedimientos de
extinción de dominio y clarificación, por un lado, y deslinde y recuperación de la
propiedad, por el otro, pues se trata del mismo cauce procesal para tales tramites
agrarios, salvo el de extinción de dominio que tiene una regulación especial (arts.
52 y ss., Ley 160 ejusdem).
Ahora, la Sala debe insistir en que la presentación de la acción de revisión ante la
jurisdicción contenciosa administrativa no suspende automáticamente el acto
administrativo que culmina el procedimiento agrario de que se trate (clarificación,
deslinde, recuperación de baldíos, incluso de extinción del dominio) y, en ese
sentido, resulta inane la distinción que se hizo en los artículos 21 y 23 del decreto
acusado, en cuanto a los efectos de la suspensión del acto administrativo en los
eventos que se presente la acción de revisión ante esta Corporación. En efecto,
quien opte por presentar la acción de revisión puede solicitar la suspensión de los
actos administrativos que pongan fin al procedimiento agrario, casos en los que será
el juez quien determine la procedencia de esta (artículos 229 y ss. CPACA), sin que
se entienda que opera su suspensión automática.
En tales condiciones y para guardar correspondencia con lo decidido por la Corte
Constitucional, se impone para la Sala declarar la nulidad parcial del inciso segundo
del artículo 21 del Decreto 1465 de 2013, en cuanto dispone que: “[…] Durante ese
término la ejecución de las resoluciones que dicte el Incoder en los procedimientos
agrarios de extinción del dominio y clarificación de la propiedad permanecerá en
suspenso, con el objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión
de las providencias. El efecto suspensivo de estos actos se mantendrá hasta que
transcurrido dicho lapso se verifique que la demanda no fue presentada, o que
habiéndolo sido fue rechazada o que sus pretensiones fueron desestimadas”.
Lo propio se hará en relación con el artículo 23 del mismo decreto, en cuanto a la
expresión: “[…] si no se solicita la revisión dentro del término indicado, o cuando
intentada aquella la demanda respectiva fuere rechazada, o el fallo del Consejo de
Estado negare las pretensiones de la revisión impetrada”, pues, al no proceder la
suspensión automática de los efectos del acto administrativo que culmine el
procedimiento agrario —al margen de su naturaleza—, es claro que, una vez cobre
firmeza la decisión, lo procedente es la inscripción en la oficina de registro
correspondiente, sin que exista la posibilidad de entender que sus efectos se
encuentran suspendidos por el simple hecho de haberse presentado la demanda de
revisión ante esta Corporación.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
Aparte, se declarará la legalidad condicionada respecto del artículo 24 del Decreto
1465 de 2013, bajo el entendido de que los efectos que allí se predican en cuanto
a la ejecutoria de las decisiones de la administración agraria36 se encuentran
referidos no solo a los procedimientos de deslinde y recuperación de baldíos, sino
también a los de clarificación de la propiedad, pues la norma reglamentada —
artículo 50, Ley 160 de 1994— se refiere indistintamente a los procedimientos que
forman parte del capítulo X, esto es, “clarificación, deslinde y recuperación de
baldíos”.
En lo que atañe al artículo 25 demandado, la Sala encuentra que, lo que allí se
prescribe es consecuencia directa de la ejecutoriedad del acto administrativo en los
procesos de deslinde y recuperación de baldíos, pues, una vez en firme tal decisión,
claramente la administración debe propender por su ejecución inmediata, para lo
cual, sin duda, puede solicitar colaboración de las autoridades de policía, con miras
a restituir los bienes baldíos de la nación. En este sentido, no se encuentra reparo
alguno en cuanto a su legalidad, razón por la cual se negará la nulidad deprecada
por este aspecto.
2.2.5 Nulidad solicitada, del artículo 35 del Decreto 1465 de 2013:
NORMA ACUSADA NORMA VULNERADA
Artículo 35 del Decreto 1465 de 2013: Artículo 121 de la Constitución Política
“La resolución que culmine el procedimiento de “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
extinción de derecho de dominio privado funciones distintas de las que le atribuyen la
declarará si hay lugar o no a la extinción toral o Constitución y la Ley”.
parcial del inmueble a favor de la Nación.
Si el INCODER se pronuncia declarando la
extinción total del derecho de dominio, en la
providencia se ordenará la cancelación de la
inscripción de los títulos de propiedad, de
los gravámenes hipotecarios y los demás
derechos reales constituidos sobre el fundo.
Si el INCODER se pronuncia declarando la
extinción parcial del derecho de dominio, a
efectos de identificar con precisión la porción
afectada por la determinación, la providencia
deberá señalar los linderos correspondientes a
la parte del predio cuya extinción se declara” (se
resalta).
Concepto de violación:
La demandante depreca la declaración de nulidad del artículo 35 del Decreto 1465
de 2013 por considerar que la administración agraria no tiene competencia para
ordenar la cancelación de títulos de propiedad y los demás derechos reales
constituidos sobre el fundo. Sobre el particular, expresó:
“Respecto de la orden cancelar la inscripción de los títulos de propiedad, de los
gravámenes hipotecarios y los demás derechos reales constituidos sobre el
fundo, en aquéllos casos en que la decisión del INCODER sea declarar la
extinción del derecho de dominio, es preciso mencionar, que esta disposición
excede las estipulaciones [sic] de la Ley 60 [sic] de 1994, puesto que en parte
alguna se ha autorizado por el legislador para que el ejecutivo otorgue
36 Cabe aclarar que, según lo establece el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, “todas las referencias
normativas hechas al Incora o al Incoder en relación con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural
deben entenderse referidas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
competencias a INCODER para ordenar la cancelación de la inscripción de los
títulos de propiedad”37.
Posición de la demandada:
El extremo demandado solicitó negar las pretensiones de la demanda respecto de
este cargo, toda vez que la norma cuestionada desarrolla el artículo 53 de la Ley
160 de 1994 y es de la naturaleza del procedimiento que las “[…] áreas cobijadas
por la declaración [se refiere a la extinción del dominio agrario], reviertan al
patrimonio de la Nación, no sin antes suprimir la titularidad del dominio”38.
Consideraciones de la Sala:
Se ha considerado que el derecho agrario responde a postulados de la solidaridad
social39, y que, la introducción de la función social de la propiedad y su desarrollo en el
agro, con la Ley 200 de 1936 —“de tierras”—, fue concebida, desde ese momento, como
un fundamento40, no como una limitación de la propiedad privada de los predios agrarios,
de la misma forma en la que lo son el título y la tradición, que frecuentemente no se
perfeccionan en los campos colombianos41. La función social de la propiedad agraria
supone así unos presupuestos equivalentes a las condiciones de “suficiencia” y “del no
desperdicio”, que justifican la apropiación privada de bienes en la concepción clásica de
37 Folio 23, cuaderno principal.
38 Folio 65, cuaderno principal.
39 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-595 de 1999.
40 «“La propiedad… no se basa únicamente en el título inscrito, sino que tiene su fundamento en la función
social que desempaña y la posesión consiste en la explotación económica de la tierra”, son los términos
textuales del Mensaje del Presidente López al Congreso de 1932». Ibidem.
41 «Para insistir en la precursoria del ex presidente López Pumarejo respecto a la reforma social agraria,
concretada aquella en la ley 200 de 9136, transcribimos apartes de su mensaje al congreso en 1936,
sosteniendo con magnífica clarividencia: “Las masas campesinas que constituyeron con sus votos el Gobierno
y el Congreso, se han quedado aguardando una Reforma al estatuto de la propiedad rural. Los impugnadores
del proyecto de ley que elaboró el Gobierno sobre la materia, aconsejan que se les oriente hacia el
aprovechamiento de las grandes extensiones baldías con una intrépida colonización de Intendencias y
Comisarías. Pero tengan o no razón, es lo cierto que desde hace muchos años se viene intentando poner en
práctica tan sabio y prudente consejo, sin que los colonos o arrendatarios que promuevan conflictos por la tierra
se hayan precipitado a seguirlo. El conflicto no surge de una estrechez territorial que desplace hacia lo inculto
y despoblado una muchedumbre ansiosa. No. Nace de la aplicación de un criterio jurídico clásica a un caso
nuevo, moderno, que no se presenta en el Viejo Mundo. || La propiedad en Colombia no tiene títulos perfectos,
y por sobre la vaguedad de la titulación escrita aparece la justicia impetuosa del titulo que da el trabajo a la tierra
trabajada. Una arraigada tradición jurídica que se hunde en la tiniebla y que después corre claramente por varias
centurias puede producir en el corazón de Europa el fenómeno del respeto por la propiedad rural, aunque sus
dueños la destinen a cotos de casa o a reserva incultas. Pero en Colombia toda la tierra tiene un título originario
del Estado, otorgado graciosamente, y el latifundio inculto en medio de parcelas cultivadas con ardor, está
adelantando un privilegio que no se amolda a la concepción democrática del trabajo. Para el campesino la tierra
inculta es baldía, es decir, sigue siendo del Estado, como dueño original del territorio. Y desde luego entre los
baldíos, prefiere cultivar el que está comunicado con los centros de producción, con los mercados, con las
aldeas y ciudades”». BARRERA, Rafael. Aspectos de la Reforma Agraria en Colombia: Antecedentes, progreso
y comentarios, Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional, México D.F., 1693, pp. 28-29.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
Locke42-43, e, incluso, se acompasa con las concepciones individualistas de la propiedad
—como la prevista originariamente en el Código Civil44, antes de que en nuestro
ordenamiento constitucional fuera introducida la función social45—, en cuanto admitía la
limitación jurídica de su ejercicio, por virtud del derecho de las demás personas como
individuos o, ante todo, como sociedad46.
Ahora, en un Estado Social de Derecho, la propiedad no tiene, sino que “es una función
social que implica obligaciones”47, como lo establece el artículo 58 de la Constitución. De
esta forma, se “ha querido subordinar la garantía de la misma [propiedad] a los
requerimientos de la producción y la generación de riqueza"48; garantía esta, en cuya
función el Estado define los presupuestos para su reconocimiento y ejercicio. Un derecho
real, como el de dominio, “se descompone en una relación jurídica entre el titular del
42 “La justificación que Locke ofrece de la apropiación privada de bienes en el estado de naturaleza en su
Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil no se desentiende de los efectos que ella puede producir en otros. Es
por eso que dicha apropiación debe satisfacer ciertas condiciones que impiden que se perjudique la situación
de los demás miembros de la comunidad: la condición de la suficiencia y la condición del no desperdicio. || Esta
justificación tiene implicancias en la distribución de la propiedad, al garantizar que todas las personas tengan la
oportunidad de apropiarse de algún bien (condición de la suficiencia) y al exigir que la conservación de la
propiedad dependa bienes sean puestos en algún uso (condición del no desperdicio). […] La justificación de la
propiedad privada en Locke parte de la noción de auto–propiedad. Cada persona es dueña de sí misma, de su
cuerpo, y por extensión, también lo será de los productos del ejercicio de su trabajo. De esta manera, cuando
un individuo mezcla su trabajo con bienes del mundo que permanecían en estado común, algo suyo queda en
dichos bienes. De tal modo, adquiere el derecho de propiedad privada sobre ellos (Locke, II, 27)3. A partir de
este momento, nadie podría tomarlos sin su consentimiento, porque esto implicaría arrebatarle algo que le
pertenece y violaría dicho derecho de propiedad (Locke, II, 32). || La apropiación individual de los bienes
requiere, por lo tanto, que las personas realicen un determinado acto: mezclar su trabajo sobre tales bienes. De
allí que Locke únicamente reconoce que las personas tienen la oportunidad de apropiarse de algún recurso. Es
decir que no se reconoce un derecho general de propiedad a favor de todas las personas, sino solamente a
aquellas que cumplan con tal exigencia”. RODRÍGUEZ NASUTI, Florencia. “Condiciones para la apropiación
privada legítima de bienes en la teoría de Locke. Efectos de la introducción del dinero sobre ellas y sobre la
distribución de la propiedad”, Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, núm. 45,
2022, pp. 161-187.
43 “En lo que sí no podemos caer, es en el erro de confundir la propiedad privada como derecho natural y con
función social, con la propiedad individual exclusiva; esta sí, una forma dominante en un período superado de
la pequeña industria, pero que subsiste para con los negocios de menor cuantía. No confundiendo, llegaremos
a todos los criterios amplios de propiedad privada […]”. BARRERA, Rafael. Op. Cit., p- 48.
44 “Artículo 669. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar
y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. […]” (subrayado añadido). La
expresión “arbitrariamente” fue declarada inexequible mediante sentencia C-598 de 1999.
45 «Mas, conviene leer algunas opiniones autorizadas, acerca de la Constitución de 1998. || Primero la de don
Miguel Antonio Caro, padre de dicha constitución. || Decía él que “el derecho de propiedad no es un principio
absoluta en todos sus aspectos y manifestación de posesión, usufructo y dominio. Si el que es dueño de una
cosa, por el hecho de ser propietario, tuviese libertad absoluta de disponer de los suyo, sin limitación en el
espacio y en el tiempo, ni restricciones de ninguna especie, la garantía general de la propiedad envolvería,
naturalmente, la particular de todos los actos que pudiesen emanar de la voluntad del propietario. Pero no
sucede así: la Constitución garantiza al ciudadano el derecho de propiedad, sin negar al legislador la faculta de
regular su ejercicio y limitar sus efectos”. || Por su parte, el expresidente Daría Echandía dijo en el Senado de
la República durante los debates de la Reforma Constitucional de 1936: […] Al decir el constituyente de 1886
que cuando se hallaren en conflicto el interés privado y el interés público, aquél cederá ante éste, declaró el
mismo principio, pero en mejor forma, que ha sostenido Duguit al decir que la propiedad es una función social,
y la fórmula de la constitución de Weimar, porque el señor Caro conocía nuestra propia lengua quizás mejor
que pudieran conocer la suya los redactores de la constitución de Weimar… La fórmula de Weimar, de que la
propiedad es una función social que implica obligaciones, es inferior a la del señor Caro, la cual resulta más
simple, más concisa, más clara y explica en forma magistral lo que es la función social, que no consiste en otra
cosa sino en que el interés privado ceda al interés público en caso de un conflicto entre uno y otro». VANIN
TELLO, Joaquín. Derecho Agrario: Teoría general, tomo I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1985,
pp. 380-381.
46 «La verdad es que el adverbio [arbitrariamente] no significa cosa distinta de una facultad de libre goce y
disposición: derecho de gozar y disponer de la cosa al arbitrio, vale decir, conforme al propio albedrío, sin tener
que pedir autorización o permiso. || De no ser así, cabría una observación Vareilles-Sommières respecto de la
definición del Código Civil francés: “la propiedad es un poder absoluto que no es absoluto”. […] Por lo general,
ha existido la tendencia, en las legislaciones inspiradas en el derecho romano o de corte individualista, a hacer
resaltar con frases o términos de ese estilo, la importancia del derecho de propiedad y la magnitud de los
poderes que sobre la cosa otorga al propietario, sin que se deje de señalar a reglón seguido, verbi gratia, que
ese derecho de gozar y disponer de manera absoluta (“de la manera más absoluta”, dice impropiamente la
disposición francesa) tiene límites: la ley y el derecho de los demás hombres considerados individualmente y
como sociedad”. Ibidem, pp. 376-377.
47 Subrayado añadido.
48 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-066 de 1993, reiterada en la sentencia C-595 de 1999.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
derecho y todas las demás personas obligadas a respetarlo, creándose por el derecho
real una obligación pasiva universal”49. Por ende, la garantía de la propiedad agraria
supone ―más que una obligación, como la que existe entre los sujetos vinculados por
una relación jurídica negocial― unos presupuestos sobre los cuales se soporta, en
función de los cuales se impone la obligación pasiva universal de respeto del
conglomerado frente al titular del derecho y su garantía por parte del Estado.
La explotación económica, como uno de los presupuestos de la propiedad agraria,
“presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la
naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella
emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen”50.
Así, en razón a la naturaleza de los bienes agrarios y de sus titulares51, el reconocimiento
de derechos reales, como el de propiedad, además del título y el modo, requiere “la
explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como
las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación
económica”52. La propiedad agraria es así definida en función de la actividad, o empresa,
que sobre el bien se desarrolla, lo que denota su carácter instrumental, en razón del cual
esta se extingue con la desaparición de la actividad53.
En nuestro ordenamiento jurídico, la extinción del derecho de dominio estaba
precedida del procedimiento dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley
160 de 199454, normativa que prescribía, en cuanto a las medidas que se debían
adoptar una vez extinguido el derecho de dominio, lo siguiente (artículo 53)55:
“En el estatuto que regule el procedimiento administrativo de extinción de
dominio, además de las disposiciones que se consideren necesarias, se
incluirán las siguientes:
[…]
3. Contra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha
extinguido el derecho de dominio privado sólo proceden el recurso de
reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción
de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
en única instancia, según lo previsto en el numeral 8º del artículo 128 del
Código Contencioso Administrativo.
El Instituto procederá a remitir a la oficina de registro de instrumentos públicos
correspondiente, copia de las resoluciones que decretaron la extinción
del dominio privado, para su inscripción y la consecuente cancelación
de los derechos reales constituidos sobre el fundo” (se resalta).
En este escenario, se encuentra que la Ley 160 de 1994 facultó expresamente a la
administración agraria para inscribir, ante la oficina de instrumentos públicos, la
49 VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Bienes, 15ª edición, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2020, p. 115.
50 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-431 de 1994, reiterada en la sentencia C-595 de 1999.
51 «El propietario es sujeto de disposiciones agrarias que asignan una función social a la propiedad y por lo
tanto imponen a él obligaciones, como la de cultivar la tierra y conservar los recursos naturales renovables. […]
Usamos la expresión “objetos agrarios” para designar las cosas físicas o materiales, sean susceptibles, o no,
de apropiación, que están situadas en el campo o proceden de él, o que teniendo origen distinto, están
vinculadas a un predio rural por adhesión permanente o por destinación». TELLO, Joaquín. Op. Cit., pp. 217-
235.
52 LEY 200 DE 1936, artículo 1, modificado por el artículo 2 de la Ley 4 de 1973.
53 “[E]n el campo del derecho agrario la propiedad está presente y es relevante en la medida en que hace de
soporte a la empresa, la cual precisamente por la diferente relación en que se encuentra con la propiedad se
clasifica en un modo o en otro, con diversidad de efectos bastante notables. Una propiedad, en suma, que
debemos considerar como instrumental respecto de la empresa; […] La salida del derecho agrario en esta
dirección parece inevitable: si la propiedad es […] instrumental respecto de la empresa, la desaparición de esta
última, o simplemente la violación de las normas que fija las modalidades con las cuales el ejercicio de la
actividad empresarial debe desarrollarse, deberá causar la pérdida del derecho dominical”. CARRROZA, A. y
ZELEDÓN, R., Teoría General de Derecho Agrario, Astrea, Buenos Aires, 1990, pp. 178-181.
54 Recuérdese que esta ley se encuentra parcialmente derogada por el Decreto 902 de 2017.
55 Norma declarada parcialmente inexequible, en sentencia C-623 de 2015.
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decisión por medio de la cual se hubiere extinguido el derecho de dominio y la
consecuente cancelación de los derechos reales constituidos sobre el fundo. De
entrada, no se observa irregularidad alguna en la norma acusada, pues esta
complementa, en los términos descritos, la disposición contenida en el mecionado
artículo 53 de la Ley 160 de 1994, sin que se observe contradicción alguna con la
norma superior.
Ahora bien, es de anotar que el registro del procedimiento administrativo es oponible
a terceros y afecta los negocios jurídicos que en relación con el bien en cuestión se
celebren, de manera que, una vez se declare extinguido el derecho de dominio en
cabeza de su titular, después de seguidos rigurosamente los trámites legales y una
vez observadas las garantías del debido proceso, resulta consecuencial que se
disponga la cancelación de la inscripción de los títulos de propiedad y los demás
derechos reales constituidos sobre el fundo, pues el predio adquiere la condición de
bien baldío56, respecto del cual no puede recaer gravámen alguno en tanto son
bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables57. Así las cosas, la Sala
negará las pretensiones de nulidad por este cargo.
2.2.6 Cargo de nulidad formulado contra el artículo 37 del Decreto 1465 de
2013:
NORMAS ACUSADAS NORMAS VULNERADAS
Artículo 37 del Decreto 1465 Artículo 58 de la Artículo 1, Ley 200 de 1936
de 2013: Constitución Política [se [modificado por el artículo 2,
transcribe el aparte Ley 4 de 1973]:
pertinente]:
“De conformidad con lo “Se garantizan la propiedad “Se presume que no son
dispuesto en los artículos 48, privada y los demás derechos baldíos sino de propiedad
numeral 3º y 74 de la Ley 160 adquiridos con arreglo a las privada, los fondos poseídos
de 1994, los siguientes bienes leyes civiles, los cuales no por particulares,
tienen la condición de terrenos pueden ser desconocidos ni entendiéndose que dicha
baldíos indebidamente vulnerados por leyes posesión consiste en la
ocupados y en consecuencia posteriores […]”. explotación económica del
será procedente su suelo por medio de hechos
recuperación: positivos propios de dueños,
como las plantaciones o
1. Las tierras baldías que sementeras, la ocupación con
tuvieren la calidad de ganados y otros de igual
inadjudicables de acuerdo con significación económica. El
lo dispuesto en el parágrafo del crecimiento y la construcción
artículo 67 y 74 de la Ley 160 de edificios no constituyen por
de 1994 y las reservadas o sí solos pruebas de
destinadas por entidades explotación económica pero sí
estatales para la prestación de pueden considerarse como
cualquier servicio o uso elementos complementarios
público. de ella. La presunción que
establece este artículo se
2. Las tierras baldías que extiende también a las
constituyan reserva territorial porciones incultas cuya
del Estado. existencia se demuestre como
56 Así lo dispone la Ley 160 de 1994, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 56. Las tierras aptas para explotación económica que reviertan al dominio de la
Nación en virtud de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, ingresarán con el carácter
de baldíos reservados (…)”.
“ARTÍCULO 63. Los inmuebles rurales que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la
Constitución Política sean objeto de la declaratoria de extinción del derecho de dominio, revertirán
al dominio de la Nación, serán administrados por el INCORA [hoy Agencia Nacional de Tierras] y
podrán adjudicarse a los campesinos de escasos recursos de la región donde se encuentren
ubicados, según las modalidades que determine la Junta Directiva del Instituto” (se subraya).
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de enero 29 de 2010, exp. 11001-03-26-000-2009-00081-00
(37152).
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necesaria para la explotación
3. Las tierras baldías ocupadas económica del predio, o como
que excedan las extensiones complemento para el mejor
máximas adjudicables, de aprovechamiento de éste,
acuerdo con la Unidad aunque en los terrenos de que
Agrícola Familiar (UAF) se trate no haya continuidad o
definida para cada municipio o para el ensanche de la misma
región por el consejo directivo explotación. Tales porciones
del Incoder. pueden ser conjuntamente
hasta una extensión igual a la
4. Las tierras baldías ocupadas mitad de la explotada y se
contra expresa prohibición reputan poseídas conforme
legal, especialmente las que este artículo”.
corresponden al sistema de
parques nacionales naturales Art. 12, Ley 200 de 1936
y al sistema de áreas [modificado por el artículo 4,
protegidas. Ley 4 de 1973]:
5. Las tierras baldías que “Establécese una prescripción
hayan sido objeto de un adquisitiva del dominio en
procedimiento de reversión, favor de quien, creyendo de
deslinde, clarificación, o las buena fe que se trata de tierras
privadas sobre las cuales se baldías, posea en los términos
declare extinción del derecho del artículo 1º de esta Ley,
de dominio que se encuentren durante cinco (5) años
ocupadas indebidamente por continuos, terrenos de
particulares. propiedad privada no
explotados por su dueño en la
6. Las tierras baldías que época de la ocupación, ni
hayan sido objeto de comprendidos dentro de las
caducidad administrativa, en reservas de la explotación, de
los contratos de explotación de acuerdo con lo dispuesto en el
baldíos, que suscriba el mismo artículo.
Incoder en las zonas de
desarrollo empresarial. Parágrafo. Esta prescripción
7. Las tierras baldías que se no cubre sino el terreno
encuentren ocupadas por aprovechado o cultivado con
personas que no reúnan la trabajos agrícolas, industriales
calidad de beneficiarios de o pecuarios y que se haya
reforma agraria en los términos poseído quieta y pacíficamente
previstos en el capítulo XII de durante los cinco (5) años
la Ley 160 de 1994. continuos y se suspenden en
favor de los absolutamente
8. Las tierras baldías incapaces y de los menores
inadjudicables, reservadas o adultos”.
destinadas para cualquier
servicio o uso público, que
cuenten con títulos basados en
la inscripción de falsas
tradiciones.
PAR. 1º—Teniendo en cuenta
las reglas establecidas en el
artículo 48, de la Ley 160 de
1994, cuando del análisis de
los títulos de un predio se
infiera sin lugar a dudas que se
trata de un bien baldío, por no
existir títulos que acrediten la
propiedad privada, se
procederá con el
procedimiento de recuperación
de baldíos indebidamente
ocupados, sin perjuicio de que
en el desarrollo de este se
demuestre la existencia de un
título de propiedad privada o la
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calidad de sujeto reforma
agraria.
Teniendo en cuenta que según
lo establecido por el numeral
1º, inciso 3º del artículo 48 de
la Ley 160 de 1994, las reglas
para acreditar la propiedad
privada por medio de títulos
debidamente inscritos
otorgados con anterioridad a la
vigencia de esta ley no son
aplicables a los terrenos no
adjudicables, reservados o
destinados a cualquier servicio
o uso público. En estos
eventos la acreditación y
defensa de los derechos de los
particulares afectados por el
inicio de un procedimiento de
recuperación de baldíos
indebidamente ocupados se
llevará a cabo en sede
administrativa”.
Concepto de violación:
La parte actora solicitó la nulidad del artículo 37 del Decreto 1465 de 2013, toda vez
que considera que la disposición acusada adoptó una nueva clasificación de bienes
baldíos, con lo que el ejecutivo desbordó sus competencias reglamentarias. De igual
manera, precisó que, el parágrafo 1º del artículo 37 acusado estableció la inferencia
según la cual, por el simple hecho de no acreditar un título de propiedad privada, se
infiere que se está frente a un bien baldío del Estado, actuación con la que se
desconocen los derechos de posesión que se puedan tener respecto al predio58.
Posición de la demandada:
Afirmó que la disposición acusada no introduce en el ordenamiento una nueva
clasificación de bienes baldíos; lo que hace es señalar los eventos en que los
terrenos se presumen indebidamente ocupados y, por consiguiente, pueden ser
objeto del procedimiento de recuperación.
En cuanto a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 37 del decreto acusado,
expresó que se encuentra ajustado a la legalidad, pues la presunción amparada en
los actos de explotación y aprovechamiento de un bien baldío (art. 1, Ley 200 de
1936) puede ser desvirtuada cuando se demuestre la ausencia de un título
originario, en los términos en que lo prescribe la norma demandada59.
Consideraciones de la Sala:
La Sala encuentra en esta disposición el desarrollo —vía reglamento— del artículo
48 de la Ley 160 de 1994 en cuanto este prescribe que, “[…] el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria [hoy Agencia Nacional de Tierras], previa obtención de la
información necesaria, adelantará los procedimientos tendientes a: […] 3.
Determinar cuándo hay indebida ocupación de terrenos baldíos” (se resalta).
Asimismo, el artículo 74 de la misma ley trasladó al reglamento establecer el
58 Folios 25 a 27 del cuaderno principal.
59 Folio 67 del cuaderno principal.
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procedimiento para la recuperación de las tierras baldías indebidamente ocupadas,
así:
“En caso de ocupación indebida de tierras baldías o que no puedan ser
adjudicables, el Instituto [Agencia Nacional de Tierras] ordenará la restitución
de las extensiones indebidamente ocupadas, previa citación personal del
ocupante o de quien se pretenda dueño, o en la forma prevista en el artículo
318del Código de Procedimiento Civil. Al efecto, el decreto reglamentario
establecerá el procedimiento que habrá de seguirse con audiencia del ocupante
o de quien se pretenda dueño. Las autoridades de policía están en la obligación
de prestar su concurso para que la restitución se haga efectiva”.
En tales condiciones, la norma demandada no presenta viso de ilegalidad alguna,
entre otras razones, porque materialmente no establece una nueva clasificación de
bienes baldíos —como lo considera la parte actora—, sino que, por el contrario, lo
que prescribe son los eventos en que los terrenos “baldíos” se presumen
indebidamente ocupados y, por tanto, pueden ser objeto del procedimiento de
recuperación.
En este orden, es legítimo iniciar el procedimiento administrativo de recuperación
respecto de los terrenos sobre los que se tiene certeza de su condición de bienes
baldíos, principalmente, por carecer de título inscrito que acredite dominio privado,
para que, en desarrollo de la etapa probatoria del procedimiento se establezca su
ocupación y, de ser considerada como indebida, se proceda a su recuperación por
parte del Estado60. En caso contrario, si se encuentra que quien ocupa el predio
reúne los requisitos para ser adjudicatario, se le garantice su permanencia en el
predio y su eventual adjudicación.
Ahora bien, no es de recibo para la Sala el argumento según el cual la norma
acusada vulnera los derechos reales de posesión que se puedan tener sobre los
predios baldíos que se presumen indebidamente ocupados, por la sencilla —pero
potísima— razón de que dichos bienes son imprescriptibles y, por tanto, no se
pueden transferir por prescripción adquisitiva o usucapión. En efecto, quien se
encuentre en un terreno baldío es un mero ocupante y respecto de este tiene
únicamente la expectativa de que pueda adquirir el título de propietario
exclusivamente a través de la adjudicación que trata la Ley 160 1994. Así lo dispone
en el artículo 65 de la citada ley: "[…] los ocupantes de tierras baldías, por ese sólo
hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la
adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa"61.
No es posible, entonces, adquirir la propiedad o posesión de tales bienes vía
prescripción adquisitiva o usucapión, pues su régimen difiere del consagrado en el
Código Civil para los mismos efectos, de suerte que, frente a la adjudicación por
parte del Estado, el interesado solo cuenta con una mera expectativa de derecho,
cuya suerte dependerá del cumplimiento de las exigencias legales para obtener la
calidad de adjudicatario o beneficiario. En este sentido, solo son susceptibles de
60 Se denomina bien baldío al predio urbano o rural sin edificar o sin cultivar que forma parte de los bienes del
Estado. En cuanto a la “…naturaleza de los bienes objeto de recuperación, estos son bienes públicos de la
Nación y tienen la categoría de bienes fiscales adjudicables: bienes que tiene la Nación con el fin de traspasarlos
a los particulares que cumplan determinados requisitos exigidos por la ley” (Corte Constitucional, sentencia C-
595 de 1995). En este orden de ideas, estos bienes pueden ser objeto de adjudicación a las personas que
cumplan los requisitos señalados en la ley; en concreto, la Ley 160 de 1994 señala que, podrá realizarse la
adjudicación, a i) personas naturales, empresas comunitarias y cooperativas campesinas (art. 65), ii) entidades
de derecho público y iii) a las fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro (art. 68).
61 El artículo 63 de la Constitución Política permitió al legislador asignarle tal naturaleza a estas tierras, en la
medida en que dispuso: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la
ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
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protección los derechos adquiridos y no las simples expectativas del derecho
(artículo 58, Constitución Política), por manera que, se insiste, quien ocupe un
predio baldío, no adquiere respecto del mismo la calidad de poseedor.
Bajo este panorama, no le asiste razón a la demandante, pues la norma acusada
se encuentra conforme a derecho y no se observa que el ejecutivo se haya excedido
en sus competencias reglamentarias; por el contrario, el artículo 37 del Decreto
1465 de 2013 deviene en una norma coherente y complementaria con las
disposiciones de la Ley 160 de 1994, principalmente, con los artículos 48, numeral
3, y 74 de la misma ley. En consecuencia, la Sala declarará su legalidad, por las
razones expuestas.
2.2.7 Cargo de nulidad formulado en relación con el artículo 38 del Decreto
1465 de 2013:
NORMA ACUSADA NORMAS VULNERADAS
Artículo 38 del Decreto 1465 Artículo 83 de la Artículo 74, parágrafo 1, Ley
de 2013: Constitución Política (se 160 de 1994 (se subraya):
subraya):
“La resolución que culmine el “Las actuaciones de los “En la providencia que ordena
procedimiento de particulares y de las la restitución se tomarán las
recuperación, ordenará si autoridades públicas deberán determinaciones que
fuere del caso, la restitución ceñirse a los postulados de la correspondan en relación con
del predio o los terrenos buena fe, la cual se presumirá las mejoras. Si el ocupante o
indebidamente ocupados. en todas las gestiones que quien se pretenda dueño
aquellos adelanten ante puede considerarse como
En la misma providencia se éstas”. poseedor de buena fe
decidirá si hay lugar o no al conforme a la presunción de la
reconocimiento de mejoras, ley civil, se procederá a la
siempre que se acredite la negociación o expropiación de
buena fe del ocupante y se las mejoras”.
ordenará, si hubiere lugar a
ello, la negociación voluntaria
o la expropiación de dichas
mejoras.
En estos casos, el Incoder
previo a su avalúo, procederá
a su adquisición directa o a su
expropiación, de conformidad
con las normas vigentes para
cada caso”.
Concepto de violación:
En la demanda se afirma que el artículo 38 del decreto acusado invierte la carga de
la prueba, al tener el ocupante que acreditar que ha actuado de buena fe, cuando,
realmente, la buena fe se debe presumir en todas las actuaciones, según lo
dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política y en el artículo 74, parágrafo
1, de la Ley 160 de 199462.
Posición de la demandada:
A juicio del extremo demandado la disposición acusada no contraría las previsiones
de la ley que reglamenta, toda vez que el artículo 83 constitucional ―que según la
impugnante se infringe ― representa una presunción susceptible de ser desvirtuada
y que admite prueba en contrario. En tales condiciones, no es la administración
62 Folio 28, cuaderno principal.
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agraria la que debe probar de manera oficiosa la existencia de los supuestos
fácticos que acrediten la buena fe en el aprovechamiento del inmueble rural, sino
que es el ocupante de las tierras baldías quien debe acreditar que la explotación
que viene ejerciendo respecto de las tierras se halla libre y exenta de vicios63.
Consideraciones de la Sala:
El principio de la buena fe forma parte del conjunto de principios generales del
derecho y, como tal, no solo permite completar la integración del ordenamiento
jurídico, sino que, además, sirve de pauta de interpretación respecto del resto del
ordenamiento64. Se encuentra instituido en el artículo 83 de la Constitución Política65
y se traduce en la confianza de los administrados hacia las actuaciones que realiza
la administración pública.
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en cuanto al deber de actuar de buena fe en las actuaciones
administrativas, establece lo siguiente:
“Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las
actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes:
[…]
2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear
maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas,
declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras
conductas”.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que, en virtud del principio
de buena fe, “la administración y el administrado deben adoptar un comportamiento
leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Este
imperativo constitucional no sólo se aplica a los contratos administrativos, sino
también a aquellas actuaciones unilaterales de la administración generadoras de
situaciones jurídicas subjetivas o concretas para una persona. El ámbito de
aplicación de la buena fe no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que
despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción66.
La misma Corte ha reconocido la importancia esencial que tiene la buena fe en el
marco de las relaciones jurídicas entre los particulares y las autoridades públicas,
al tiempo que ha determinado la presunción legal que la gobierna, en el sentido de
que todas las gestiones que se adelanten ante la administración pública se
presumen de buena fe. Sobre el particular, la sentencia C-540 de 1995 precisó:
"Del análisis transcrito se concluye que el artículo 83 se refiere expresamente a
las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas, y que tales
relaciones, en lo que a la buena fe se refiere, están gobernadas por dos
principios: el primero, la obligación en que están los particulares y las
autoridades públicas de actuar con sujeción a los postulados de la buena fe; el
segundo, la presunción, simplemente legal, de que todas las gestiones de
los particulares ante las autoridades públicas se adelantan de buena fe"
(se resalta).
63 Folio 68, cuaderno principal.
64 Al respecto, el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
establece que “Todas las autoridades deben interpretar y aplicar las disposiciones que regulen las actuaciones
y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la primera
Parte de este Código y en las leyes especiales…”.
65 Dicha norma establece: “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”.
66 Corte Constitucional, sentencia T-475 de 1992.
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Tal interpretación recoge la intención que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente
al justificar la incorporación, en nuestra Constitución, del referido artículo 83
constitucional. El alcance que se le quiso asignar, por parte del constituyente, fue
del siguiente tenor:
“La norma que se propone tiene dos elementos fundamentales:
Primero, se establece el deber genérico de obrar conforme a los postulados de
la buena fe. Esto quiere decir que tanto los particulares en el ejercicio de sus
derechos o el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en desarrollo
de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y
sinceridad que integran el principio. En el primer caso, estamos ante una barrera
frente al abuso del derecho; en el segundo, ante una limitante a los excesos y
a la desviación del poder.
Segundo, se presume que los particulares en sus relaciones con el poder
público actúan de buena fe. Este principio que parecería ser de la esencia del
Derecho, en Colombia ha sido sustituido por una general desconfianza hacia el
particular. Esta concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático
colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal
intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable
ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de
requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos
sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger.
La presunción de la buena fe busca que las autoridades actúen frente al
particular con ánimo de servicio en la solución de sus legítimas pretensiones.
La mala fe debe probarse en cada caso concreto y sólo entonces
procederán las medidas preventivas, lo mismo que las sanciones a que
haya lugar.
La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración
normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los
particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran
frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de
mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de
servicio”67.
De acuerdo con lo anterior y descendiendo al caso concreto, para la Sala es claro
que, al establecer la norma acusada que la buena fe debe acreditarse, para efectos
de reconocer las mejoras realizadas por el ocupante del terreno baldío, contraría el
artículo 83 constitucional, toda vez que, como se vio, la buena fe debe presumirse
en todas las actuaciones administrativas, ámbito al que pertenecen los
procedimientos especiales agrarios. Es de anotar que esta Subsección, al momento
de decidir la medida cautelar, suspendió los efectos de la norma cuestionada, por
considerar:
“Así las cosas, existe contradicción entre la disposición reglamentaria y la ley,
ya que esta parte de la presunción de buena fe del ocupante mientras el decreto
exige su demostración, razón suficiente para decretar su suspensión provisional
del artículo 38 del Decreto 1465 de 2013”68.
En esta línea argumentación, es de recordar que la buena fe se hace más exigente
cuando la administración pública ejerce potestades regladas, como es el caso de
67 Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional No. 19, “Proyecto de acto reformatorio de la
Constitución Política de Colombia, No. 24”.
68 Auto del 30 de julio de 2014, folio 144 del cuaderno principal.
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Demandante: Orietta Daza Ariza
los procedimientos especiales agrarios69; sobre el particular, esta Corporación
precisó:
“Si bien la buena fe como principio orientador del derecho administrativo es
exigible para el ejercicio de los derechos de los administrados, dicho principio,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83 de nuestra Constitución y 3º de
la Ley 489 de 1998, debe tener una mayor exigencia frente a las actuaciones
de la administración, cuando ejerce las potestades regladas, pues en este
evento los funcionarios deben ajustarse solamente a los requerimientos literales
de la norma que las atribuye”70.
Puestas así las cosas, el artículo 38 del Decreto 1465 de 2013 desconoce el artículo
74 de la Ley 160 de 1994 (sobre el reconocimeinto de los perjuicios por las mejoras
que se efectúen en los terrenos baldíos indebidamente ocupados), teniendo en
cuenta que incluyó una condición ―“siempre que se acredite le buena fe del
ocupante”― que no se encuentra establecida en aquella norma legal. En efecto, la
norma reglamentada ―artículo 74, Ley 160 de 1994 ― tuvo en consideración la
buena fe según la presunción establecida en el artículo 769 del Código Civil71,
normativa última que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en los
siguientes términos:
“La buena fe podría definirse como la convicción plena que tiene el interesado
de estar ocupando el bien legitimamente, esto es, de no estar obrando en contra
de la Constitucion no de la ley. Entonces, si la buena fe se presume, el ocupante
de un terreno baldío o quien se pretenda dueño bajo esa condición, no tiene
por qué entrar a demostrar ésta; sin embargo, como tal presunción es de
carácter legal, puede ser desvirtuada o impugnada por el Incora o cualquiera
otra persona, en cuyo caso sólo a ellos corresponde probar plenamente lo
contrario, es decir, que quien viene ocupando el baldío lo detenta de mala fe”72
(se resalta).
Desde esta perspectiva, para la Sala es claro que le asiste razón a la demandante,
por cuanto la norma acusada excede la voluntad del legislador en tanto plantea una
exigencia vía reglamento ―que se acredite la buena fe por parte del ocupante―
que no le está permitida, pues de suyo implica invadir la órbita de competencia del
legislador. En tales condiciones, se observa una clara contradicción entre lo
dispuesto en el reglamento y la ley, por lo que en esta oportunidad se declarará la
nulidad definitiva de la expresión “siempre que se acredite la buena fe del ocupante”
contenida en el artículo 38 del Decreto 1465 de 2013. En lo demás, se conserva lo
dispuesto en la referida norma73.
2.2.8 Cargo de nulidad formulado contra el artículo 44 del Decreto 1465 de
2013:
69 Recuérdese que “la potestad reglada constituye la regla general del principio de legalidad en el Estado de
Derecho. Lo discrecional es la excepción. A diferencia de las potestades regladas, en las llamadas potestades
discrecionales la administración interviene mediante un proceso de valoración subjetivo con el fin de adecuar el
mundo de la realidad de los hechos a las consideraciones amplias y genéricas de la norma. Precisamente esta
circunstancia habilita al respectivo órgano o funcionario para que agregue el ingrediente de la iniciativa, en la
búsqueda de los fines públicos estatales” (SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho
Administrativo, tomo IV, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 121).
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26
de junio de 2008, radicado interno: 2057–07.
71 En el artículo 769 del Código Civil se instituye la presunción de buena fe, de la siguiente manera: "La
buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los
otros la mala fe deberá probarse".
72 Ver, Corte Constitucional, sentencia C-097 de 1996.
73 Actualmente, el artículo 38 se encuentra suspendido en su integridad; sin embargo, en lo sucesivo, se
entenderá que, la nulidad parcial que acá se decreta, únicamente tiene efectos respecto de la expresión
“...siempre que se acredite le buena fe del ocupante…”, señalada en esta providencia.
Radicado: 11001 03 26 000 2013 00140 00 (48766)
Demandante: Orietta Daza Ariza
NORMA ACUSADA NORMA VULNERADA
Artículo 44 del Decreto 1465 de 2013: Artículo 72, incisos 6 y 7, Ley 160 de 1994 [se
transcribe, únicamente, los incisos pertinentes]:
“De conformidad con lo establecido en los “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
incisos 6º y 7º del artículo 72, de la Ley 160 de anteriores, el INCORA podrá revocar
1994, el Incoder podrá revocar directamente, de directamente, en cualquier tiempo, las
oficio o a solicitud de parte, en cualquier resoluciones de adjudicación de tierras baldías
tiempo, independientemente de la fecha en proferidas con violación a lo establecido en las
que se haya hecho la adjudicación, sin normas legales o reglamentarias vigentes sobre
necesidad de solicitar el consentimiento baldíos.
expreso y escrito del titular, las resoluciones de
adjudicación de baldíos, cuando se establezca “En este caso no se exigirá el consentimiento
la violación de las normas constitucionales, expreso y escrito del respectivo titular. En lo
legales o reglamentarias vigentes al momento demás, el procedimiento de revocación se
en que se expidió la resolución administrativa surtirá con arreglo a las prescripciones del
correspondiente”. Código de lo Contencioso Administrativo”.
Concepto de violación:
El artículo 44 del Decreto 1465 de 2013 vulnera de forma directa el artículo 72,
incisos 6 y 7, de la Ley 160 de 1994, por cuanto prescribe la posibilidad de que la
administración pueda revocar los actos administrativos de adjudicación de baldíos
“independientemente de la fecha en que se haya hecho la adjudicación” (incluso
aquellas efectuadas antes de la Ley 160 de 1994), por lo que se considera que la
norma cuestionada, “al establecer que una norma general posterior puede tener
aplicación sobre situaciones jurídicas consolidadas, vulnera el principio de
irretroactividad de la ley”74.
Posición de la demandada:
Para el extremo demandado no se deriva contradicción alguna entre la norma
reglamentaria y el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, pues, por el contrario, la
“redacción sobre la revocatoria guarda perfecto apego con la disposición” legal y
ambas disposiciones son coincidentes75.
Consideraciones de la Sala:
La revocación directa opera cuando el funcionario que expidió el acto —o su
superior— por iniciativa propia o solicitud de parte, ante la configuración de
cualquiera de las causales establecidas en la ley, opta por aplicarla. En principio, la
figura de la revocación opera, como regla general, con el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular del derecho. Tal consentimiento es, pues, una condición
necesaria para que la administración proceda a revocar directamente sus actos
administrativos, de manera que, si el titular del derecho no otorga el consentimiento
en esa forma, la administración debe acudir ante la jurisdicción con miras a
controvertir la legalidad del respectivo acto76.
También se pueden revocar de forma directa los actos administrativos, en cualquier
tiempo, con la limitación de que, en caso de haberse acudido a la jurisdicción, no se
haya notificado el auto admisorio de la demanda, en los términos de que trata el
artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En este sentido, tanto el funcionario que expidió el acto
74 Folio 30, cuaderno principal.
75 Folio 69, cuaderno principal.
76 Cuando se habla de consentimiento “expreso” quiere decir que haya una manifestación externa por parte del
titular en el sentido inequívoco de que da su consentimiento para que el acto sea revocado, con la sujeción a
una formalidad que cabe considerarse como sustancial -o si se quiere ad substantiam actus-, como es la de
que debe ser en forma escrita. BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del acto administrativo, Bogotá:
Librería Ediciones del Profesional, 2009, p. 468.
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Demandante: Orietta Daza Ariza
administrativo como su superior jerárquico pueden revocarlo, en cualquier tiempo,
aún cuando el mismo haya sido recurrido por los afectados77 e incluso demandado,
siempre que en este último evento, se insiste, no se haya dictado auto admisorio de
la demanda.
Al punto, la Sala encuentra pertinente advertir que no pueden derivarse las
consecuencias normales, de estabilidad que en función de la seguridad predica el
ordenamiento respecto de las situaciones jurídicas consolidadas —o derechos
adquiridos— cuando las actuaciones administrativas de las que se derivan
desconocen la Constitución o la ley, cuando aquellas no estén conformes con el
interés público o social, o con ellas se cause un agravio injustificado a una persona
(artículo 93 C.P.A.C.A., al cual se acude con fundamento en la remisión expresa
que hace el artículo 72, inciso 7, de la Ley 160 de 1994), por lo que desde esta
perspectiva se considera que la expresión en “[…] cualquier tiempo,
independientemente de la fecha en que se haya hecho la adjudicación […]” no
desconoce el contenido normativo de la norma legal que se afirma vulnerada. Por
el contrario, la complementa y la desarrolla, en la medida en que aclara que, con
independencia de la fecha del acto de adjudicación, la Administración no pierde
competencia para proceder a su revocación cuando con ellos se desconozcan los
criterios antes señalados.
Mediante sentencia C-255 de 2012, la Corte Constitucional se pronunció acerca de
la revocación directa de los actos de adjudicación de baldíos al declarar exequibles
los incisos 6º y 7º del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, especificando entre otras
cosas, que:
(i) El legislador puede autorizar la revocación unilateral de los actos
administrativos sin anuencia del administrado, cuando ello obedezca a
razones constitucionales importantes, existan elementos de juicio
acreditados de manera suficiente, y se ofrezcan al ciudadano todas las
garantías para ejercer sus derechos de contradicción y defensa.
(ii) La facultad de revocación unilateral de los actos de adjudicación de
baldíos, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, responde a
unos fines constitucionalmente valiosos e identificados, en tanto tiene por
finalidad (i) asegurar el cumplimiento de la función social de la propiedad,
(ii) garantizar el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios,
y, (iii) promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
de quienes, por su difícil condición económica, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta en el sector agropecuario.
(iii) La revocación directa de la adjudicación de baldíos solo es procedente
respecto de actos manifiestamente ilegales o que deriven en la violación
de requisitos sustantivos o materiales necesarios para ser adjudicatario,
de manera que afecten sensible y directamente los fines antes indicados,
“o que impliquen una grave distorsión de los mismos, cuando la titulación
no recaiga en sus destinatarios legítimos -los sujetos de debilidad
manifiesta del sector agropecuario, merecedores de la especial
protección del Estado-”. En consecuencia, no podrá acudirse a la
revocación unilateral frente a defectos de orden formal o meras
inconsistencias que resultan intrascendentes de cara a los objetivos de la
política agraria.
77 Recuérdese que la improcedencia contenida en el artículo 94 del C.P.A.C.A. se predica únicamente en
relación con la revocación directa cuando a solicitud de parte.
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(iv) El procedimiento de revocación directa de la adjudicación de baldíos no
vulnera el artículo 29 de la Constitución, en la medida que la norma que
lo rige exige que se adelante una actuación en la cual el ciudadano goce
de todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede
administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los
principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción.
(v) El INCODER [entiéndase Agencia Nacional de Tierras] tiene la facultad
de revocar directamente, en cualquier tiempo, las resoluciones de
adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido
en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos, caso en
el cual, no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular.
Bajo este panorama, dicha figura —la revocación directa en materia agraria— está
precedida por el debido proceso y sujeta a los controles de legalidad, de manera
que no se halla infringida la norma superior, en tanto razones constitucionales
implican preservar el interés general en la distribución y acceso de tierras a la
población campesina, lo cual no se puede ver restringido en el tiempo cuando se
infrinjan los requisitos vigentes al momento de la adjudicación. En tales condiciones,
se negará la nuidad solicitada por este cargo.
Síntesis
Finalmente, como colofón de lo considerado a lo largo de esta providencia, la Sala
considera oportuno sintetizar lo decidido, de la siguiente manera:
(i) Se declara la nulidad parcial del inciso 2 del numeral 1 del artículo 8 del Decreto
1465 de 2013, por cuanto excede la facultad reglamentaria, al ordenar la apertura
de un folio de matrícula inmobiliaria en favor de la Nación, pese a la duda existente
sobre la titularidad de los derechos que recaen sobre predio en cuestión.
(ii) La nulidad del apartado demandado del inciso 1° del artículo 13 del Decreto 1465
de 2013 es desestimada, puesto que una lectura sistemática de la norma permite
concluir que la inspección ocular puede ser practicada por peritos que no formen
parte de la entidad a cargo del trámite administrativo agrario.
(iii) Es desestimada la nulidad de la referencia a una explotación económica regular
y estable, así como a las consecuencias caso fortuito o la fuerza mayor, prevista en
los términos de los artículos 15, 28 y 29 del Decreto 1465 de 2013, debido a que
constituyen un desarrollo de los artículos 52 y 58 de la Ley 160 de 1994,
interpretados en armonía con el artículo 1° de la Ley 200 de 1936.
(iv) Es declarada la nulidad parcial de los artículos 21 y 23 del Decreto 1465 de
2013, así como la legalidad condicionada del 24 ejusdem, en cuanto preveían la
suspensión automática de los actos demandados en ejercicio de la acción de
revisión agraria, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional en la
sentencia C-623 de 2015, que declaró la inexequibilidad de tal suspensión, por
sacrificar de forma desproporcionada la garantía progresiva al acceso a la tierra de
la población vulnerable.
(v) Es denegada la nulidad del artículo 35 del Decreto 1465 de 2013, debido a que
la Ley 160 de 1994 facultó expresamente a la administración agraria para inscribir,
ante la oficina de instrumentos públicos, la decisión por medio de la cual se hubiere
extinguido el derecho de dominio y la consecuente cancelación de los derechos
reales constituidos sobre el fundo.
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(vi) Es desestimada la pretensión de nulidad del artículo 37 del Decreto 1465 de
2013, puesto que es coherente y complementario con los artículos 48, numeral 3, y
74 de la Ley 160 de 1994, y, adicionalmente, los bienes baldíos son imprescriptibles,
razón por la cual quien se encuentre en un terreno baldío es un mero ocupante y
respecto de este tiene únicamente la expectativa de adquirir el título de propietario
a través de la adjudicación que trata la Ley 160 1994.
(vii) Es declarada la nulidad parcial del artículo 38 del Decreto 1465 de 2013, ya que
la buena fe debe presumirse en todas las actuaciones administrativas, ámbito al que
pertenecen los procedimientos especiales agrarios; y porque desconoce el artículo
74 de la Ley 160 de 1994, el cual parte de la presunción de buena fe establecida en
el artículo 769 del Código Civil.
(viii) Es denegada la nulidad del artículo 44 del Decreto 1465 de 2013, ya que no
contaría el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, sino que lo complementa y desarrolla,
en la medida en que aclara que, con independencia de la fecha del acto de
adjudicación, la Administración no pierde competencia para proceder a su
revocación cuando con ellos se desconozcan los criterios antes señalados, y,
conforme a lo considerado en la sentencia C-255 de 1994, la revocación está
precedida por el debido proceso y sujeta a los controles de legalidad.
Costas
Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el control
abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, no procede la
condena en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del CPACA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del inciso 2 del numeral 1 del artículo
8°del Decreto 1465 de 2013, en cuanto prevé que: “Si no se hallare inscrito, con
base en dicha resolución el Incoder solicitará la apertura de la respectiva matrícula
inmobiliaria a nombre de la Nación”.
SEGUNDO: DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL DEL inciso 2 del artículo 21
del Decreto 1465 de 2013, en lo atinente a la siguiente expresión: “[…] Durante ese
término la ejecución de las resoluciones que dicte el Incoder en los procedimientos
agrarios de extinción del dominio y clarificación de la propiedad permanecerá en
suspenso, con el objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión
de las providencias. El efecto suspensivo de estos actos se mantendrá hasta que
transcurrido dicho lapso se verifique que la demanda no fue presentada, o que
habiéndolo sido fue rechazada o que sus pretensiones fueron desestimadas”.
TERCERO: DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 23 del Decreto 1465 de 2013,
conforme se indicó en la parte motiva de esta sentencia, en la siguiente expresión:
“[…] si no se solicita la revisión dentro del término indicado, o cuando intentada
aquella la demanda respectiva fuere rechazada, o el fallo del Consejo de Estado
negare las pretensiones de la revisión impetrada”. En lo demás, se conserva lo
dispuesto en la referida norma.
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Demandante: Orietta Daza Ariza
TERCERO: DECLÁRASE la legalidad condicionada del artículo 24 del Decreto
1465 de 2013; en consecuencia, los efectos que allí se predican —en cuanto a la
ejecutoria de las decisiones de la administración agraria— se encuentran referidos
no solo a los procedimientos de deslinde y recuperación de baldíos, sino también a
los de clarificación de la propiedad.
CUARTO: DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL del artículo 38 del Decreto 1465
de 2013, en lo que se refiere a la siguiente expresión: “[…] siempre que se acredite
la buena fe del ocupante”. En lo demás, se conserva lo dispuesto en la referida
norma.
QUINTO: NIÉGASE la pretensión de nulidad formulada contra los artículos artículo
8 (inciso 2, numeral 1), 13, 15, 25, 28, 29, 35, 37 y 44 del Decreto 1465 de 2013, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEXTO: ORDENAR el levantamiento de la medida cautelar de suspensión
provisional de los actos demandados, decretada mediante auto del 30 de julio de
2014, confirmado mediante auto del 3 de diciembre de 2014.
SÉPTIMO: Una vez en firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
OCTAVO: Sin condena en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF HS/GB
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