Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00153-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisdicción de lo contencioso administrativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00153-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00153-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
16 de julio de 2021
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DOLO / CULPA GRAVE / SERVIDOR PÚBLICO
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial, conforme a lo prescrito por el artículo 7 de la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNCIONARIO PÚBLICO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO
[En el caso concreto] [E]l medio de control de repetición es el medio de control idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios por las condenas impuestas contra el Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PLAZO / MINISTERIO DE JUSTICIA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, la contabilización de los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior debe hacerse según lo dispuesto en dicha norma. (…) En ese sentido, a pesar de que el régimen procesal aplicable a este asunto es el contenido en el CPACA, en tanto que la demanda se interpuso con posterioridad a su entrada en vigencia , dado que la condena por la cual hoy se repite se profirió quedó ejecutoriada y, por ende se hizo exigible en vigencia del CCA, este último cuerpo normativo será el aplicable para determinar la caducidad.(…) Esta Corporación ha señalado como regla general que el término de caducidad de dos años empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero. (…) En el caso concreto, la condena impuesta a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, y por la cual pretende repetir en contra del señor (…) fue proferida el (…) asimismo, se tiene que el pago total de la condena se efectuó el (…) según se desprende de la certificación de (…) Se precisa que este documento será tenido en cuenta para efectos de computar la caducidad (…) La sentencia que condenó la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho cobró ejecutoria el (…) por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 136 del CCA corrió hasta el (…) lapso dentro del cual se realizó el pago (…) En ese contexto, debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el (…) y, como aquella se presentó el (…) la presentación de la demanda fue oportuna.
FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 – ARTÍCULO 40 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 624 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 177 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIONARIO PÚBLICO / SENTENCIA CONDENATORIA / CONCILIACIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / APLICACIÓN DE LA LEY / VIGENCIA DE LA LEY / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DEL DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA / CARGA DE LA PRUEBA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO A LA DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / DESVIACIÓN DE PODER / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / CARGAS PROCESALES / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este. (…) Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la actuación cuestionada del demandado en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia no es otra que la expedición de las Resoluciones (…) En esas condiciones, para la época de dicha actuación ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo cuya égida deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.(…) Ahora bien, el artículo 2 de la referida norma legal define la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, de cuyo contenido se extractan los presupuestos legales para su prosperidad (…) La mencionada prescripción da cuenta de que patrimonialmente es responsable frente a la administración, quien: (i) tenga la condición de servidor o ex servidor estatal, (ii) cuya conducta dolosa o gravemente culposa, (iii) hubiere dado lugar al pago de una indemnización, (iv) como consecuencia de una sentencia judicial condenatoria, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto. (…) En desarrollo del artículo 90 superior (…) la Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, además, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de [presunciones legales] con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva. (…) [L]a Ley 678 de 2001 dispuso que en determinados eventos es posible presumir la culpa grave o el dolo del agente o ex agente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. No se constituyen, por tanto, en un juicio anticipado del legislador sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, sino en herramientas que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material. (…) [L]as presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, sin que ellos comprometa el debido proceso o implique una atribución de culpabilidad en cabeza del demandado .(…) Pero al lado de lo anterior también encuentra la Sala, que es deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave, según el caso, en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico.
Igualmente, y con el mismo derrotero garantista, la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos. (…) [O]bserva la sala que aunque la entidad actora le endilgó al demandado una actuación dolosa, no alegó expresamente ninguna presunción de las señaladas en el artículos 5 de la Ley 678 de 2001, y solo se limitó a afirmar, de manera genérica, que la conducta del accionado era constitutiva de dolo, dado que en la sentencia que condenó a la entidad demandante, se fundó en la causal de [desviación de poder] para declarar la nulidad parcial de las resoluciones que originaron la condena en su contra.(…) [E]sta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume (…) Además, la referida corporación judicial indicó que, para efectos de garantizar el derecho al debido proceso del demandado (…) la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa .
FUENTE FORMAL. LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 2 / LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 5 / LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Así mismo, ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40755, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN DE LA CONDENA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / CONCILIACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / AGENTE DEL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de una condena judicial, de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) que el pago se haya realizado; iii) la calidad de la demandada como agente o exagente del Estado o particular que cumple funciones públicas y iv) la culpa grave o el dolo.
DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA / APLICACIÓN DE LA LEY 1437 DE 2011 / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[L]a demanda se presentó el (…) por lo que a este asunto le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, así como las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del estatuto procesal en materia de lo contencioso administrativo. (…)
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 306
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de Sala Plena del 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, exp. 49299
CONFESIÓN / PERSONA NATURAL / VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN JUDICIAL / VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / AUDIENCIA INICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / JUEZ DE CONOCIMIENTO / LIBERTAD PROBATORIA / TARIFA LEGAL DE LA PRUEBA / CONFESIÓN FICTA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / PRESUNCIÓN LEGAL
Para el caso concreto, la Sala estima que no existe impedimento legal que prohíba que los hechos narrados al inicio de este acápite sean probados [por confesión] dado que, a la parte demandada, por ser una persona natural, le resulta aplicable lo establecido en el art. 193 del Código General del Proceso. Por esta razón, la confesión tiene pleno valor probatorio para la contestación de la demanda y la audiencia inicial, de ahí dicha norma debe ser interpretada junto con el artículo 97 de ese mismo estatuto procesal (…) [P]ara la Sala es necesario precisar que, si bien la confesión constituye un medio de prueba en este tipo de procesos, lo cierto es que deberá ser valorada de conformidad con los criterios generales de la apreciación de todas las pruebas allegadas al proceso. Así, oportuno es recordar que toda confesión puede ser infirmada a partir de la valoración de otras pruebas, en la medida que el juez de conocimiento está prevalido del principio de libertad probatoria y no está sometido a una tarifa legal de pruebas, de manera tal que puede otorgarles mayor valor a unas en perjuicio de otras y, por tanto, la prueba de confesión ficta no impide, de forma definitiva, llegar a otras conclusiones fácticas.(…) Así, pues, no necesariamente la consecuencia adversa que ha de sufrir la parte que no contestó la demanda, ha de determinar la convicción del juzgador sobre los hechos objeto del litigio, puesto que es bien sabido que el juzgador puede formar libremente su convencimiento de la verdad real inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, bajo reglas de comunidad, y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes. Así, no cabe duda que la confesión ficta es una presunción legal que admite prueba en contrario; por tanto, resulta procedente que se adopte una decisión fundada en el universo de los medios de prueba, sin hacer alusión expresa a la confesión ficta en comento.
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 180 NUMERAL 10 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 165 / LEY 1564 DE 2012 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCUILO 97 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 191 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 193
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA SUMARIA / ENTIDAD PÚBLICA / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / MINISTERIO DE JUSTICIA / SENTENCIA CONDENATORIA / DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La (…) disposición normativa [artículo 142 del C.P.A.C.A] supone el interrogante de si la certificación a que se refiere y que resulta necesaria para admitir la demanda de repetición es, a su vez, prueba definitiva del pago de la suma de dinero por la cual se repite. (…) [L]a certificación a la que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 es, prima facie, una prueba sumaria en relación con el pago de la condena por la cual una entidad pública repite. (…) En efecto, la certificación acerca del pago ostenta la naturaleza de prueba sumaria desde la presentación de la demanda hasta antes de su contestación, en el entendido de que es un medio de convicción respecto del cual la parte contra la que se aduce no ha tenido la oportunidad de controvertirlo. (…) Una vez la mencionada certificación pierde su carácter de sumaria, se somete a dos exigencias que, de ser superadas, hacen que esta se constituya en la prueba del pago de la condena. Ellos son: i) los cuestionamientos que pueda presentar la parte demandada -lo que no es obligatorio y depende de su estrategia de defensa- y ii) el examen que el juez lleve a cabo a la luz de los principios que gobiernan el análisis de las pruebas. (…) En lo que a este presupuesto se refiere, la Sala advierte que a este proceso se allegó copia de la Resolución (…) mediante la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho autorizó el pago de la (…) sentencia condenatoria en su contra, con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones y, a través de Resolución (…) se ordenó el pago de la suma (…) a favor de la señora (…) Asimismo, a través de certificación expedida el (…) el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y el Derecho hizo constar que el pago ordenado en la Resolución (…) se efectuó (…) Con los documentos (…) está acreditado que el Ministerio de Justicia y del Derecho pagó la suma de (…) en favor de la señora (…), teniendo en cuenta el alcance que, de manera reiterada por esta Subsección, se le ha dado al inciso 3 del artículo 142 del CPACA, razón por la cual, para la Sala es claro que se cumple este requisito.
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 142 INCISO 3
NOTA DE RELATORÍA: Atinente al asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2017, exp. 52001-23-33-000-2013-00080-01 (50192), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 1 de marzo de 2018, exp. 17001-23-31-000-2013-00047-01 (52209), C.P. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia C-523 de 2009, M.P. María Victoria Calle; sentencia T-1033 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y sentencia C-523 de 2009, exp. D-7612, M.P. María Victoria Calle Correa.
AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DESVIACIÓN DE PODER / ACTO ADMINISTRATIVO / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIACIÓN DEL PODER POR FALSA MOTIVACIÓN / DAÑO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / MINISTERIO DE JUSTICIA / IMPUTACIÓN / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO PREFERENCIAL DEL TRABAJADOR / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / FUNCIONARIO PÚBLICO / SERVIDOR PÚBLICO / VINCULACIÓN DEL TRABAJADOR / PRESUNCIÓN DEL DOLO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / UTILIDAD DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / CULPA GRAVE / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN DE LA DEMANDA
[L]a Ley 678 de 2001, en su artículo 5, definió que la conducta del agente es dolosa cuando busca la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio estatal y presumió su configuración en las siguientes causales: i) obrar con desviación de poder, ii) haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento, iii) haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración, iv) haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado y v) haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. (…) Asimismo, es necesario reiterar en que estas presunciones son legales, lo que significa que admiten prueba en contrario. Así, el demandado tiene el deber y la carga probatoria de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad .(…) [L]a Sala considera pertinente aclarar que, la conducta que se imputa a la parte pasiva, referida a haber omitido incorporar a la señora (…) a la nueva planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho, corresponde a una supuesta [desviación de poder] de ahí que la parte demandante hubiera invocado tal conducta como una causal de dolo a la luz del artículo 5 de la Ley 678 de 2001. (…) En ese orden de ideas, la imputación realizada por la demandante se hace a título de dolo, en virtud de la sentencia que declaró la nulidad de los (…) actos administrativos. No obstante, ab initio, resalta la Sala la dificultad para poder analizar ese aspecto en este caso, porque se enmarca en una presunción que no fue debidamente alegada ni sustentada en la demanda. (…) [En el caso concreto se desvirtúa la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, porque con su expedición se presentó desviación de poder al desconocerse el derecho preferencial que le asistía a la actora previsto en la Ley 443 de 1998 y de contera se infringieron las normas en las que debían fundarse, dado que no hubo supresión efectiva del cargo] [R]esulta necesario precisar que la desviación de poder consiste en aquel motivo de ilegalidad en el que pueden recaer los actos administrativos, luego de que la autoridad competente en el contexto de la legalidad que orienta el procedimiento de expedición, decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la facultad nominadora que ha sido asignada a los funcionarios públicos que cuentan con dicha competencia. (…) Así, bajo el ropaje de la legalidad, el servidor persigue un propósito ajeno al establecido por el ordenamiento y de esta manera, el vicio de la desviación de poder se relaciona con la fiscalización del elemento intencional del acto de vinculación o desvinculación, de ahí que este motivo de ilegalidad implica primeramente para el demandante demostrar con total certidumbre el [iter] de desviación seguido por la autoridad administrativa que despliega sus prerrogativas en beneficio propio, de un tercero o, en general, de un fin que no consulta el sistema jurídico, debiéndose adentrar entonces en el campo volitivo de los funcionarios que disponen de la titularidad del poder.
De lo anterior se colige que la prosperidad de este cargo pende de la refrendación probatoria de la finalidad encubierta (…) que fue concretada mediante la expedición de los actos administrativos. (…) Para el presente caso, con fundamento en el exiguo material probatorio allegado, la Sala concluye que no se probó que la conducta del aquí demandado no comportó una actuación dolosa para efectos de la configuración de la presunción prevista en el citado artículo 5, numeral 1, de la Ley 678 de 2001 invocada en la demanda, pues los elementos probatorios allegados a este proceso no dan cuenta de que su comportamiento se produjo con la intención o la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, pues tales decretos fueron producto de los estudios técnicos de una comisión asesora, actividad que comprendió el análisis de los manuales de funciones y de costos, sin pretensión ninguna de afectar a la señora (…) asunto que no difiere en perspectiva del análisis de la misma sentencia que declaró la nulidad de las (…) resoluciones.(…) En este caso, en contravía del régimen legal (…) la entidad demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta dolosa del Ministro (…) con base en las mismas consideraciones expuestas por el Juzgado Administrativo en la sentencia que condenó a esa entidad, dejando de argumentar, y más aún, de probar la presunción de dolo con base en la cual soportó la demanda repetición. (…) En este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la indebida aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de pruebas que se allegan a los juicios de repetición, dado que no distinguen la forma de la conducta imputada para efectos de que, bajo criterios de utilidad, pertinencia y conducencia, el material probatorio sea congruente con esa misma imputación. En efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya génesis sea vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente, el dolo o la culpa grave que se imputa, aspecto que no desdice del supuesto que conduce a su presunción, pero que de cara actos administrativos a los que antecede un sinnúmero de actuaciones a cargo de diferentes funcionarios, se impone como premisa de ineludible observancia. (…) En consecuencia, la Sala considera que en el presente asunto no se probó que el demandado, señor (…) cuando fungía como Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho, hubiera incurrido en dolo al haber expedido las Resoluciones (…) por cuanto su conducta no se enmarca en la presunción legal prevista en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 alegado en la demanda. (…) Así, aunque en la demanda se alegó que la conducta del accionado fue dolosa, esta no se demostró, pues no se probó los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos; por lo demás, reitera la Sala que no obra ningún elemento probatorio que permita concluir que el señor (…) tuvo la intención de afectar los derechos de la servidora (…) Por consiguiente, al no existir prueba del dolo en el actuar del demandado, se negarán las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 -ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 / LEY 443 DE 1998
INTERÉS PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES
[S]e desprende que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos. (…) Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. (…) Pues bien, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 188
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00153-01(49051)
Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Demandado: FERNANDO LONDOÑO HOYOS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN (APELACIÓN SENTENCIA)
Asunto: Sentencia
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos de procedencia bajo la Ley 678 de 2001 / PRESUNCIONES DE CULPA GRAVE O DOLO –Estudio genérico sobre las presunciones de dolo y culpa grave – acreditación del hecho que le da base a la presunción y su contradicción / DOLO – no se probó.
Procede la Sala a dictar sentencia en única instancia en virtud de la demanda de repetición promovida por la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho contra el señor Fernando Londoño Hoyos.
Mediante sentencia del 7 de diciembre de 2009, el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá declaró la nulidad de unos actos administrativos de carácter laboral, expedidos por el Ministerio del Interior y de Justicia y lo condenó al pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro de la demandante hasta que se hubiera hecho efectivo el reintegro a su cargo.
LA DEMANDA
El 3 de septiembre de 2013 el Ministerio de Justicia y el Derecho, a través de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio de la acción de repetición, en contra del señor Fernando Londoño Hoyos, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por la condena que le fue impuesta a la entidad accionante mediante sentencia de 7 de diciembre de 2009 proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá.
Pretensiones
Solicitó que se le condenara a pagar al demandante la suma de $843’917.250,14, monto que la entidad tuvo que pagar por la condena que le fue impuesta en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones, se narró, en síntesis, que mediante Decreto 2491 del 5 de noviembre de 2002, el Gobierno Nacional suprimió de la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho el cargo de profesional especializado grado 23 que ocupaba la señora Adriana Ricaurte Aldana en el área de la Oficina de Asuntos Internacionales, decisión que le fue comunicada a través de oficio del 8 de noviembre siguiente, suscrito por el Coordinador del Grupo de Gestión Humana de esa cartera ministerial.
Señaló que, mediante Resolución No. 3 del 4 de febrero de 2003, expedida por el entonces Ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos, se realizaron unas incorporaciones a la planta de personal del citado Ministerio, pero se omitió incorporar a la señora Adriana Ricaurte Aldana en el cargo de profesional especializado grado 23 o a uno similar, superior o equivalente al que venía desempeñando en esa entidad.
Frente a la anterior situación, la señora Adriana Ricaurte Aldana presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del entonces Ministerio del interior y de Justicia, la cual fue decidida en sentencia proferida el 7 de diciembre de 2009 por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá, mediante la cual se declaró la nulidad parcial de las Resoluciones No. 947 de 15 de noviembre de 2002, a través de la cual se efectuaron unas incorporaciones de personal de ese Ministerio y No. 3 del 4 de febrero de 2003, en cuanto no se incorporó a la demandante Adriana Ricaurte Aldana a la nueva planta de personal, al tiempo que ordenó el pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro hasta que se hiciera efectivo su reintegro, la cual fue pagada en su totalidad a la beneficiaria.
Finalmente, manifestó que el demandado incurrió en “dolo”, al expedir las Resoluciones Nos. 947 de 15 de noviembre de 2002 y 3 del 4 de febrero de 2003, toda vez que el Juzgado Administrativo declaró la nulidad de las mismas con fundamento en que se configuró el vicio consistente en “desviación de poder”; además, desconoció el derecho preferencial que le asistía a la demandante, con lo cual se infringió las normas en las que debía fundarse, pues no se presentó una supresión efectiva del cargo que ella desempeñaba en esa cartera ministerial, con lo cual incurrió en una causal constitutiva de dolo a la luz del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.
La demanda fue admitida mediante auto del 19 de febrero de 2014 y notificada al demandado mediante aviso y de forma personal al representante del Ministerio Público.
EL demandado guardó silencio.
Audiencia inicial y de pruebas
El 2 de febrero de 2015, una vez agotado el trámite legal posterior a la contestación de la demanda, se realizó la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, diligencia en la que se llevaron a cabo las etapas previstas en la disposición normativa en comento: el saneamiento del proceso, la decisión de excepciones previas, la conciliación, la fijación del litigio y el decreto de pruebas
El litigio se fijó en los siguientes términos (se transcribe de forma literal):
“El debate planteado se contrae a establecer si el señor Fernando Londoño Hoyos, al expedir las resoluciones que omitieron incluir a la señora Adriana Ricaurte Aldana en la planta de personal del Ministerio a su cargo, obró con dolo y, por tanto, si está obligado a reembolsar las sumas de dinero que el demandante pagó a aquélla, con ocasión de la sentencia del 7 de diciembre de 2009, proferida por el Juzgado 12 Administrativo de Descongestión de Bogotá”.
El 26 de marzo de 2015, se celebró audiencia con el fin de practicar las pruebas decretadas en la audiencia inicial, relativas a la recepción de dos testimonios.
Surtido lo anterior y en aplicación a lo dispuesto en el artículo 181 del CPACA se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.
Los alegatos de conclusión
En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, la entidad demandante reiteró que el señor Fernando Londoño Hoyos, en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia, expidió las Resoluciones antes identificadas, que fueron declaradas nulas por desviación de poder, de ahí que debía concluirse que el demandado incurrió en una de las causales contenidas en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 a título de dolo.
En su concepto, el Ministerio Público manifestó que debía denegarse las pretensiones de la demanda, por considerar que no se encuentran debidamente acreditados los requisitos establecidos en la Ley 678 de 2001, específicamente, no se demostró que la conducta desplegada por el demandado hubiera sido dolosa al momento de la expedición de las citadas resoluciones que fueron declaradas nulas, sino que dichas resoluciones se expidieron con la finalidad de optimizar los recursos del presupuesto y no con la finalidad de perjudicar a la referida señora Adriana Ricaurte Aldana.
El demandado guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Presupuestos procesales de la acción
Procede la Sala verificar los presupuestos procesales de la acción de repetición para efectos de proceder a emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto, conforme se explica a continuación:
Jurisdicción, competencia y acción procedente
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas por una actuación administrativa originada en dolo o culpa grave de un servidor o ex servidor público. En efecto, a esta jurisdicción están adscritos este tipo de debates en sede judicial, conforme a lo prescrito por el artículo 7º de la Ley 678 de 2001.
Ahora, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en única instancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 numeral 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto se repite contra quien fungía como Ministro de Justicia y del Derecho; asimismo, el medio de control de repetición es el medio de control idóneo para estudiar la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios por las condenas impuestas contra el Estado.
La legitimación en la causa
La entidad pública demandante, quien se afirma perjudicada con el pago de la condena patrimonial impuesta en su contra, y el demandado, a cuya conducta se le atribuye la condena, tienen legítimo interés para acudir como extremos de la relación jurídica procesal. En este caso, tal legitimación se ubica en cada uno de los extremos del proceso y en tanto la primera obra legitimada como entidad a cuyo cargo estuvo el pago de una condena judicial y, el segundo, como autoridad que emitió los actos administrativos por cuya virtud se emitió tal condena una vez fueron anulados.
Oportunidad
20. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, la contabilización de los términos que hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior debe hacerse según lo dispuesto en dicha norma.
21. En ese sentido, a pesar de que el régimen procesal aplicable a este asunto es el contenido en el CPACA, en tanto que la demanda se interpuso con posterioridad a su entrada en vigencia, dado que la condena por la cual hoy se repite se profirió quedó ejecutoriada y, por ende se hizo exigible en vigencia del CCA, este último cuerpo normativo será el aplicable para determinar la caducidad.
Esta Corporación ha señalado -como regla general- que el término de caducidad de dos años empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, lo que ocurra primero.
En el caso concreto, la condena impuesta a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, y por la cual pretende repetir en contra del señor Fernando Londoño Hoyos, fue proferida el 7 de diciembre de 2009; asimismo, se tiene que el pago total de la condena se efectuó el 8 de agosto de 2012, según se desprende de la certificación de 25 de junio de 2012. Se precisa que este documento será tenido en cuenta para efectos de computar la caducidad; no obstante, el análisis sobre la prueba del pago se hará más adelante.
La sentencia que condenó la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho cobró ejecutoria el 11 de abril de 2011, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 136 del CCA corrió hasta el 12 de octubre de 2013, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 8 de agosto de 2012.
En ese contexto, debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el pago efectuado, por lo que el plazo máximo para interponer la demanda fue el 9 de agosto de 2014 y, como aquella se presentó el 3 de septiembre de 2013, la presentación de la demanda fue oportuna.
La acción de repetición en vigencia de la Ley 678 de 2001
La repetición es asunto de expresa previsión constitucional, en tanto el artículo 90 Superior prescribe que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño, debe repetir contra su agente, cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este.
Para la determinación del régimen legal aplicable al caso, la Sala tiene en cuenta que la actuación cuestionada del demandado en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia no es otra que la expedición de las Resoluciones 947 del 15 de noviembre de 2002 y 3 del 4 de febrero de 2003. En esas condiciones, para la época de dicha actuación ya estaba vigente la Ley 678 de 2001, bajo cuya égida deben analizarse tanto los aspectos formales como sustanciales del presente caso.
Ahora bien, el artículo 2 de la referida norma legal define la acción de repetición como una acción civil de carácter patrimonial, de cuyo contenido se extractan los presupuestos legales para su prosperidad:
“La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”.
La mencionada prescripción da cuenta de que patrimonialmente es responsable frente a la administración, quien: (i) tenga la condición de servidor o ex servidor estatal, (ii) cuya conducta dolosa o gravemente culposa, (iii) hubiere dado lugar al pago de una indemnización, (iv) como consecuencia de una sentencia judicial condenatoria, conciliación y otra forma de terminación de un conflicto.
En desarrollo del artículo 90 superior indicado, la Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que, además, al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de definiciones y de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba, que resultan aplicables a las conductas ocurridas en vigencia de dicha norma sustantiva.
En el marco normativo antes indicado, y con la finalidad de dotar de eficacia la acción de repetición e impedir que por razón de la dificultad probatoria en relación con el grado de culpabilidad del agente se hicieran nugatorias sus probabilidades de éxito, la Ley 678 de 2001 dispuso que en determinados eventos es posible presumir la culpa grave o el dolo del agente o ex agente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. No se constituyen, por tanto, en un juicio anticipado del legislador sobre la responsabilidad patrimonial del demandado, sino en herramientas que permiten facilitar la actividad probatoria e involucran al demandado en la carga demostrativa, con la finalidad de que sea posible establecer la verdad material.
30. En tal reglamentación, además de introducir ingredientes a las tradicionales definiciones de dolo y culpa grave esbozadas por la doctrina, el legislador estableció que se presume que la conducta encaja en las referidas calificaciones en determinados eventos, así:
“ARTÍCULO 5º. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.
Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:
Obrar con desviación de poder.
Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.
Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.
Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.
Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.
ARTÍCULO 6º. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.
Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error inexcusable.
Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.
Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal” (se resalta).
Sobre la normativa indicada, la Corte Constitucional tuvo oportunidad de discurrir en su análisis, precisando, por un lado, que las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a la prueba, sin que ellos comprometa el debido proceso o implique una atribución de culpabilidad en cabeza del demandado.
Pero al lado de lo anterior también encuentra la Sala, que es deber de la entidad actora expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave, según el caso, en orden a permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a un cargo específico. Igualmente, y con el mismo derrotero garantista, la entidad demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.
En sintonía con lo anterior, observa la sala que aunque la entidad actora le endilgó al demandado una actuación dolosa, no alegó expresamente ninguna presunción de las señaladas en el artículos 5º de la Ley 678 de 2001, y solo se limitó a afirmar, de manera genérica, que la conducta del accionado era constitutiva de dolo, dado que en la sentencia que condenó a la entidad demandante, se fundó en la causal de “desviación de poder” para declarar la nulidad parcial de las resoluciones que originaron la condena en su contra.
Sobre la situación anotada, esta Subsección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume.
En línea con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-354 de 2020 fijó unos presupuestos constitucionales que debían ser tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales al resolver las demandas de repetición. Entre ellos, advirtió que la entidad demandante debía probar plenamente, y al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado, “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”.
Además, la referida corporación judicial indicó que, para efectos de garantizar el derecho al debido proceso del demandado, “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, pues la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de juicio allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa.
Caso concreto: presupuestos de prosperidad de la acción de repetición
La prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de una condena judicial, de un acuerdo conciliatorio o de otra forma de terminación de conflictos que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; ii) que el pago se haya realizado; iii) la calidad de la demandada como agente o exagente del Estado o particular que cumple funciones públicas y iv) la culpa grave o el dolo.
La Subsección analizará si en el presente caso se encuentran reunidos o no los presupuestos para acceder a las pretensiones de la demanda de repetición.
El alcance de la fijación de litigio y la confesión en procesos de repetición tramitados en vigencia de la Ley 1437 de 2011
Sea lo primero señalar que la demanda se presentó el 3 de septiembre de 2013, por lo que a este asunto le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, así como las disposiciones del Código General del Proceso, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del estatuto procesal en materia de lo contencioso administrativo.
Ahora bien, se recuerda que, en la fijación del litigio decretada en la audiencia inicial de 2 de febrero de 2015, la parte demandada no asistió, ni tampoco contestó la demanda, de ahí que resulte aplicable el artículo 97 del C.G.P. según el cual: “la falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto”.
Cabe destacar que el litigio se circunscribió a analizar si la conducta desplegada por el señor Fernando Londoño Hoyos, en su calidad de Ministro de Justicia y del Derecho, “obró con dolo al expedir las resoluciones que omitieron incluir a la señora Adriana Ricaurte Aldana en la planta de personal de ese Ministerio a su cargo”.
Al respecto, debe precisarse que, de conformidad con el numeral 10 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se decretarán las pruebas que “sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuáles exista disconformidad”; no obstante, esto solo será procedente siempre y cuando “no esté prohibida su demostración por confesión”.
Ahora, de conformidad con el artículo 165 del Código General del Proceso, la confesión constituye un medio de prueba, el cual no se encuentra expresamente regulada en la Ley 1437 de 2011, lo que amerita, por remisión directa de esta última norma –art. 211-, que sean aplicadas las disposiciones de la Ley 1564 de 2012.
Para el caso concreto, la Sala estima que no existe impedimento legal que prohíba que los hechos narrados al inicio de este acápite sean probados “por confesión”, dado que, a la parte demandada, por ser una persona natural, le resulta aplicable lo establecido en el art. 193 del Código General del Proceso. Por esta razón, la confesión tiene pleno valor probatorio para la contestación de la demanda y la audiencia inicial, de ahí dicha norma debe ser interpretada junto con el artículo 97 de ese mismo estatuto procesal antes transcrito.
Así, de conformidad con el numeral 5 del artículo 191 del Código General del Proceso, en el sub lite los hechos respecto de los cuales se fijó el litigio en la audiencia inicial son susceptibles de ser considerados como probados, en relación con aquellos hechos que “verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento”. En este sentido, se observa que en la audiencia inicial el Magistrado Ponente del proceso de la época transcribió los hechos de la demanda en el mismo orden en el que fueron narrados, de ahí que, únicamente, resulte posible concluir acerca de que se encuentren probados por confesión aquellos en los que el demandado pudo intervenir directamente, esto es, la firma de las Resoluciones No. 947 de 15 de noviembre de 2002, a través de la cual se efectuaron unas incorporaciones de personal de ese Ministerio y No. 3 del 4 de febrero de 2003, las cuales fueron suscritas por el demandado en su calidad de Ministro del Interior y de Justicia. Respecto de los demás hechos de la demanda, no predicarse igual presunción, dado que el demandado no intervino directamente en ellos y, por esa razón, no pueden considerarse como un hecho personal que es el requisito sine qua non para que exista confesión.
Con todo, para la Sala es necesario precisar que, si bien la confesión constituye un medio de prueba en este tipo de procesos, lo cierto es que deberá ser valorada de conformidad con los criterios generales de la apreciación de todas las pruebas allegadas al proceso. Así, oportuno es recordar que toda confesión puede ser infirmada a partir de la valoración de otras pruebas, en la medida que el juez de conocimiento está prevalido del principio de libertad probatoria y no está sometido a una tarifa legal de pruebas, de manera tal que puede otorgarles mayor valor a unas en perjuicio de otras y, por tanto, la prueba de confesión ficta no impide, de forma definitiva, llegar a otras conclusiones fácticas.
Así, pues, no necesariamente la consecuencia adversa que ha de sufrir la parte que no contestó la demanda, ha de determinar la convicción del juzgador sobre los hechos objeto del litigio, puesto que es bien sabido que el juzgador puede formar libremente su convencimiento de la verdad real inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, bajo reglas de comunidad, y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal de las partes. Así, no cabe duda que la confesión ficta es una presunción legal que admite prueba en contrario; por tanto, resulta procedente que se adopte una decisión fundada en el universo de los medios de prueba, sin hacer alusión expresa a la confesión ficta en comento.
Bajo ese contexto procede analizar la Sala el caso concreto.
La existencia de una condena judicial que impuso a la parte demandante la obligación de pagar una suma de dinero
Este primer presupuesto se encuentra satisfecho, por cuanto al proceso se allegó copia de la sentencia del 7 de diciembre de 2009, proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá, a través de la cual se declaró la nulidad de los citados actos administrativos y se condenó al Ministerio de Justicia y del Derecho al pago a favor de la señora Adriana Ricaurte Aldana, de todos los emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro hasta que se hiciera efectivo el reintegro a su cargo o a alguno similar, superior o equivalente.
Por lo expuesto, se demostró en el expediente la existencia de la condena por cuyo pago se interpuso esta demanda de repetición.
El pago de la condena impuesta a la parte demandante
Antes de verificar si en este caso se demostró o no el pago de la suma de dinero por la cual se demandó en repetición, resulta necesario aclarar el alcance normativo del inciso tercero del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, cuyo contenido es el siguiente:
“Artículo 142. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.
“(…).
“Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.
La anterior disposición normativa supone el interrogante de si la certificación a que se refiere y que resulta necesaria para admitir la demanda de repetición es, a su vez, prueba definitiva del pago de la suma de dinero por la cual se repite.
En orden a responder el anterior interrogante, la Sala incorporará el concepto de prueba sumaria expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-523 de 2009, así:
“Sobre la noción de prueba sumaria, esta Corporación precisó: ‘No obstante, de vieja data, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han precisado la noción de prueba sumaria. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar. En efecto, de conformidad con el artículo 29 Superior, toda prueba para ser considerada como tal debe ser sometida al principio de contradicción del adversario, lo cual significa que aunque de hecho en el proceso no haya sido controvertida, por ejemplo, porque la contraparte lo consideró inútil o haya dejado pasar la etapa procesal para hacerlo, se haya tenido la oportunidad procesal de hacerlo (…)’.
“En ese sentido la doctrina también ha sido uniforme en señalar que la prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere hacer valer (…)”.
Considera la Sala que la jurisprudencia en cita contiene los elementos conceptuales para responder la pregunta inicialmente planteada desde la perspectiva de lo que es una prueba sumaria. No sobra mencionar que el Código General del Proceso, al igual que el derogado Código de Procedimiento Civil, no incorporó una definición legal de la misma.
Ciertamente, la certificación a la que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 es, prima facie, una prueba sumaria en relación con el pago de la condena por la cual una entidad pública repite.
En efecto, la certificación acerca del pago ostenta la naturaleza de prueba sumaria desde la presentación de la demanda hasta antes de su contestación, en el entendido de que es un medio de convicción respecto del cual la parte contra la que se aduce no ha tenido la oportunidad de controvertirlo.
Una vez la mencionada certificación pierde su carácter de sumaria, se somete a dos exigencias que, de ser superadas, hacen que esta se constituya en la prueba del pago de la condena. Ellos son: i) los cuestionamientos que pueda presentar la parte demandada -lo que no es obligatorio y depende de su estrategia de defensa- y ii) el examen que el juez lleve a cabo a la luz de los principios que gobiernan el análisis de las pruebas.
En lo que a este presupuesto se refiere, la Sala advierte que a este proceso se allegó copia de la Resolución 277 de 28 de diciembre de 2011, mediante la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho autorizó el pago de la referida sentencia condenatoria en su contra, con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones y, a través de Resolución 422 de 25 de junio de 2012, se ordenó el pago de la suma de $843’917.250,14 a favor de la señora Adriana Ricaurte Aldana. Asimismo, a través de certificación expedida el 23 de julio de 2013, el Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable del Ministerio de Justicia y el Derecho hizo constar que el pago ordenado en la Resolución 422 del 25 de junio de 2012 se efectuó 8 de agosto de 2012.
Con los documentos antes relacionados, está acreditado que el Ministerio de Justicia y del Derecho pagó la suma de $843’917.250,14 en favor de la señora Adriana Ricaurte Aldana, teniendo en cuenta el alcance que, de manera reiterada por esta Subsección, se le ha dado al inciso 3º del artículo 142 del CPACA., razón por la cual, para la Sala es claro que se cumple este requisito.
La condición de agente o de exagente del Estado
En el expediente obra la certificación expedida por la Directora de Gestión Humana del Ministerio del Interior, a través de la cual hizo constar que el señor Fernando Londoño Hoyos se desempeñó como Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 10 de noviembre de 2003, en virtud de la renuncia que le fue aceptada.
Bajo este escenario, se cumple el tercer presupuesto, en tanto se acreditó la condición de Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho del señor Fernando Londoño Hoyos.
El dolo imputado en la demanda
Como se dejó indicado, la Ley 678 de 2001, en su artículo 5, definió que la conducta del agente es dolosa cuando busca la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio estatal y presumió su configuración en las siguientes causales: i) obrar con desviación de poder, ii) haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento, iii) haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración, iv) haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado y v) haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.
Asimismo, es necesario reiterar en que estas presunciones son legales, lo que significa que admiten prueba en contrario. Así, el demandado tiene el deber y la carga probatoria de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad.
Ahora bien, la Sala considera pertinente aclarar que, la conducta que se imputa a la parte pasiva, referida a haber omitido incorporar a la señora Adriana Ricaurte Aldana a la nueva planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho, corresponde a una supuesta “desviación de poder”, de ahí que la parte demandante hubiera invocado tal conducta como una causal de dolo a la luz del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.
En ese orden de ideas, la imputación realizada por la demandante se hace a título de dolo, en virtud de la sentencia que declaró la nulidad de los referidos actos administrativos. No obstante, ab initio, resalta la Sala la dificultad para poder analizar ese aspecto en este caso, porque se enmarca en una presunción que no fue debidamente alegada ni sustentada en la demanda.
Para corroborar este acierto, la Sala procederá a relacionar los hechos que se encuentran probados en el proceso, para luego analizar si el dolo que se alegó en la demanda se encuentra demostrado.
• Mediante sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá el 7 de diciembre de 2009 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por la señora Adriana Ricaurte Aldana contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, declaró: i) la nulidad del oficio SEG-09973 de 3 de diciembre de 2002 proferido por el Secretario General del Ministerio del Interior, de Justicia y del Derecho, mediante el cual se negó a la actora su solicitud de reincorporación a la planta de personal de ese Ministerio y; ii) la nulidad parcial de las Resoluciones 947 del 15 de diciembre de 2002 y 3 del 4 de febrero de 2003, expedidas por el Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho, a través de la cual se realizaron unas incorporaciones de personal a la planta de personal del citado Ministerio y no se incorporó a la demandante en la nueva planta de personal de ese Ministerio y la condenó al pago de todos los emolumentos dejados de percibir desde el momento del retiro hasta que se hiciera efectivo el reintegro a su cargo o a alguno similar, superior o equivalente. Como fundamento de dicha decisión, se consideró, básicamente lo siguiente:
“En el presente caso, tal como ha quedado expuesto, la actora aportó copia de los diferentes manuales específicos de funciones y requisitos para los diferentes empleos de la planta de cargos del Ministerio; antes y después de la restructuración con apoyo en los cuales y en las distintas piezas procesales fue posible establecer la subsistencia de las funciones realizadas por la actora en el cargo desempeñado por ella, a la fecha del retiro del servicio, las que subsistieron en el empleo de profesional especializado grado 24 adscrito al área de Cooperación Internacional, cuyas diferencias entre estos empleos no van más allá de un cambio en la denominación del empleo y la asignación salarial; razón por la cual en aras de garantizar el derecho preferencial que le asistía a la actora en su condición de funcionaria de carrera, se imponía como impedimento para la entidad al momento de realizar una restructuración, la exigencia de requisitos adicionales a los ostentados por la demandante, para desempeñar el cargo que venía ocupando. Aún más, no resulta explicable como el estudio técnico se refiere a la exigencia de requisitos adicionales a los profesionales especializados de esa oficina, pero se introduce la exigencia de un requisito de especialización específica en el Manual de Funciones, con lo cual se impidió a la actora ser reintegrada, a pesar de la identidad de funciones entre los empleos y que la diferencia entre estos empleos no van más allá de un cambio en la denominación del empleo y la asignación salarial.
Con lo anterior se desvirtúa la presunción de legalidad que ampara los actos acusados, porque con su expedición se presentó desviación de poder al desconocerse el derecho preferencial que le asistía a la actora previsto en la Ley 443 de 1998 y de contera se infringieron las normas en las que debían fundarse, dado que no hubo supresión efectiva del cargo”.
• Mediante auto del 10 de diciembre de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se declaró la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia a partir del proveído que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declaró que el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra dicha sentencia fue presentado de forma extemporánea.
• Mediante certificación expedida por la Secretaría del Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá, se hizo constar que la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2009, quedó ejecutoriada el 11 de abril de 2011.
• Fue el entonces Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho, señor Fernando Londoño Hoyos, quien, a través de unos actos administrativos, realizó unas incorporaciones de personal a la planta de personal del citado Ministerio en virtud del Decreto 2491 de 5 de noviembre de 2002, a través del cual se modificó la estructura y se estableció la nueva planta de personal del Ministerio.
• Finalmente, obran las declaraciones de los señores Camilo Guzmán Santos y Wilson Torres Romero, quienes para la época en que se expidieron los actos administrativos cuya nulidad condujo a la condena en contra del Ministerio, se desempeñaban como Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho y Jefe de la Oficina Jurídica de esa misma cartera ministerial, respectivamente, quienes coincidieron en manifestar que el proceso de restructuración de planta de personal del Ministerio de Justicia se realizó en razón de la fusión con el Ministerio del Interior que fue decretada por el Gobierno Nacional, la cual fue aprobada por el Departamento Administrativo de Función Pública y el Ministerio de Hacienda, y que dicha reestructuración estuvo presidida por una Comisión, la cual se encargó de realizar los estudios técnicos, los análisis de los manuales de funciones y de costos, con base en lo cual se expidieron los Decretos 2490 y 2491 del 5 de noviembre de 2002, los cuales sirvieron de fundamento para la expedición de los actos administrativos que crearon la nueva planta de personal. Adicionalmente, manifestaron que las razones por las cuales la señora Adriana Ricaurte Aldana no fue reintegrada a su cargo giraban en torno a que el mismo había sido suprimido, al igual que sus funciones. Finalmente, informaron que el Ministro de la época, señor Fernando Londoño Hoyos, se limitaba a expedir los Decretos, los cuales habían sido proyectados por la Comisión asesora encargada de la fusión de los citados Ministerios.
Ahora bien, resulta necesario precisar que la desviación de poder consiste en aquel motivo de ilegalidad en el que pueden recaer los actos administrativos, luego de que la autoridad competente en el contexto de la legalidad que orienta el procedimiento de expedición, decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la facultad nominadora que ha sido asignada a los funcionarios públicos que cuentan con dicha competencia.
Así, bajo el ropaje de la legalidad, el servidor persigue un propósito ajeno al establecido por el ordenamiento y de esta manera, el vicio de la desviación de poder se relaciona con la fiscalización del elemento intencional del acto de vinculación o desvinculación, de ahí que este motivo de ilegalidad implica primeramente para el demandante demostrar con total certidumbre el “iter” de desviación seguido por la autoridad administrativa que despliega sus prerrogativas en beneficio propio, de un tercero o, en general, de un fin que no consulta el sistema jurídico, debiéndose adentrar entonces en el campo volitivo de los funcionarios que disponen de la titularidad del poder. De lo anterior se colige que la prosperidad de este cargo pende de la refrendación probatoria de la finalidad encubierta u “oscura” que fue concretada mediante la expedición de los actos administrativos.
Para el presente caso, con fundamento en el exiguo material probatorio allegado, la Sala concluye que no se probó que la conducta del aquí demandado no comportó una actuación dolosa para efectos de la configuración de la presunción prevista en el citado artículo 5, numeral 1, de la Ley 678 de 2001 invocada en la demanda, pues los elementos probatorios allegados a este proceso no dan cuenta de que su comportamiento se produjo con la intención o la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, pues tales decretos fueron producto de los estudios técnicos de una comisión asesora, actividad que comprendió el análisis de los manuales de funciones y de costos, sin pretensión ninguna de afectar a la señora Adriana Ricaurte Aldana asunto que no difiere en perspectiva del análisis de la misma sentencia que declaró la nulidad de las referidas resoluciones.
En este caso, en contravía del régimen legal ya explicado, la entidad demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta dolosa del Ministro Londoño Hoyos, con base en las mismas consideraciones expuestas por el Juzgado Administrativo en la sentencia que condenó a esa entidad, dejando de argumentar, y más aún, de probar la presunción de dolo con base en la cual soportó la demanda repetición.
En este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la indebida aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de pruebas que se allegan a los juicios de repetición, dado que no distinguen la forma de la conducta imputada para efectos de que, bajo criterios de utilidad, pertinencia y conducencia, el material probatorio sea congruente con esa misma imputación. En efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya génesis sea vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente, el dolo o la culpa grave que se imputa, aspecto que no desdice del supuesto que conduce a su presunción, pero que de cara actos administrativos a los que antecede un sinnúmero de actuaciones a cargo de diferentes funcionarios, se impone como premisa de ineludible observancia.
En consecuencia, la Sala considera que en el presente asunto no se probó que el demandado, señor Fernando Londoño Hoyos, cuando fungía como Ministro del Interior, de Justicia y del Derecho, hubiera incurrido en dolo al haber expedido las Resoluciones 947 del 15 de noviembre de 2002 y 3 del 4 de febrero de 2003, por cuanto su conducta no se enmarca en la presunción legal prevista en el numeral 1 del artículo 5º de la Ley 678 de 2001 alegado en la demanda.
Así, aunque en la demanda se alegó que la conducta del accionado fue dolosa, esta no se demostró, pues no se probó los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos; por lo demás, reitera la Sala que no obra ningún elemento probatorio que permita concluir que el señor Fernando Londoño Hoyos tuvo la intención de afectar los derechos de la servidora Adriana Ricaurte Aldana. Por consiguiente, al no existir prueba del dolo en el actuar del demandado, se negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece:
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” (se destaca).
De la lectura de la norma se desprende que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos.
Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”.
Pues bien, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
III. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: DEVOLVER a la parte actora la suma consignada para gastos del proceso o su remanente.
CUARTO: Una vez en firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Folio 20 del cuaderno 1.
Según el poder obrante a folio 1 del cuaderno 1.
Folios 6 a 20 del cuaderno 1.
Folios 36 a 38 y 70 del cuaderno 1.
Folios 139 a 160 del cuaderno 1.
Folio 79 a 83 del cuaderno 1.
Folios 91 a 93 del cuaderno 1.
Folio 131 del cuaderno 1.
Folios 138 140 del cuaderno 1.
Folios 141 a 147 del cuaderno 1.
Folio 148 del cuaderno 1.
En el presente asunto la demanda se interpuso 17 de septiembre de 2012 y, de conformidad con el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dicha normativa comenzaría a regir a partir del 2 julio de esa misma anualidad.
Folio 328 del cuaderno 2.
Así se desprende de la certificación expedida el 15 de julio de 2011 por la Secretaria del Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de Bogotá. Folio 319 del cuaderno 2.
Día hábil siguiente.
Constitución Política de Colombia, artículo 90: “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
Lo mismo que del “llamamiento en garantía”.
Preceptos de suyo más rigurosos que lo previsto en las normas anteriores aplicadas en esta materia (artículos 63 y 2341 del Código Civil).
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002. Al respecto, se ha mencionado lo siguiente: “Los hechos en que se apoya una presunción legal que se invoca en una demanda de repetición se deben probar y, por tanto, opera a favor de quien la propuso, relevándola de la demostración del hecho inferido en la disposición que la contempla, a menos que la otra parte desvirtúe la conclusión que se presume. // La exención de la prueba mediante la aplicación de una presunción es solo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirmara que la dispensa de la carga de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar. Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que, siendo ciertos, hacen creíble el segundo hecho. // La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza, pero no excluye la posibilidad de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte para obtener una deducción y tampoco sobre la base conocida cuando la misma termina resultando falsa o inexacta. // Por lo anterior, se otorga a la parte contra quien se hace valer una presunción legal la posibilidad de probar la inexistencia del hecho que legalmente se supone, aun cuando fueren ciertos los antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley. // En definitiva, quien desee beneficiarse de una presunción contenida en la Ley 678 de 2001, debe invocarla en la demanda de repetición y demostrar el hecho conocido, pero cabe la posibilidad de que la parte contra quien se aduce pueda desvirtuarla (negrillas del texto original). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40.755, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-354 de 2020, del 26 de agosto de 2020. Magistrado Ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez. En relación con este punto, la Corte Constitucional determinó lo siguiente en la decisión que se relacionó en el anterior pie de página: A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, así como si dicha actuación fue dolosa o gravemente culposa, el juez de lo contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la jerarquía del mismo en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados. Ley 1564 de 2012, según el criterio hermenéutico fijado en auto de Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación del 25 de junio de 2014, C.P. Enrique Gil Botero, expediente 49.299, en el cual, en virtud del principio del efecto útil de las normas, se llegó a la siguiente conclusión: “En consecuencia, el Despacho fija su hermenéutica en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales es a partir del 1° de enero de 2014”.
“Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Debe precisarse que, mediante auto del 10 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, declaró la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia a partir del proveído que admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declaró que el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra dicha sentencia fue presentado de forma extemporánea. Folio 35 a 318 del cuaderno 1. En este acápite se reiteran las consideraciones que la Subsección expuso en las siguientes sentencias: i) 6 de diciembre de 2017, expediente No. 52001-23-33-000-2013-00080-01 (50.192) y ii) 1° de marzo de 2018, expediente No. 17001-23-31-000-2013-00047-01(52.209). Original de la cita: “Sentencia T-1033 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández”. Corte Constitucional, sentencia C-523 de 2009, expediente D-7612, Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa. Folio 27 del cuaderno 1. Folios 328 del cuaderno 2. Folios 380 a 381 del cuaderno 2. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-374 de 2002, expedientes acumulados D-3756, D-3757 y D-3763. Folios 6 a 24 del cuaderno 1. Folios 315 a 318 del cuaderno 2. Folio 319 del cuaderno 2. Folios 272 a 275 y 276 a 285 del cuaderno 2. Información extractada de los CD Room que contienen las audiencias de la práctica de la prueba testimonial (Folios 124 y 125 del cuaderno 1). Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.
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