Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00166-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2013-00166-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00166-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2013-00166-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
12 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
SUBSECCION C
CONSEJERO PONENTE: NICOLAS YEPES CORRALES
Bogota D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintitres (2023)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICION
Radicacion: 110010326000201300116 00(49155)
Demandante: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
Demandado: EVAMARIA URIBE TOBON Y JUAN FELIPE OSPINA URQUIJO
Tema: Medio de control de repeticion. Ley 1437 de 2011. No se probd
el dolo y/o culpa grave.
SENTENCIA UNICA INSTANCIA
La Sala decide en untca instancia el medio de control de repeticion promovido por
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios contra Evamaria Uribe
Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo.
I. SINTESIS DEL CASO
Mediante sentencia del 3 de febrero de 2012, el Tribunal Administrative de
Cundinamarca declare la nulidad de las Resoluciones SSPD 20076240014825 del
6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, y condenb a
la Superintendencia de Servicio Publicos Domiciliarios a reintegrar a Luz Stella
Mena al cargo que ocupaba para el memento de su desvinculacion o a uno de
superior jerarquia, asi como a pagarle los emolumentos que habfa dejado de
percibir. Como dicha entidad fue condenada en el proceso referido y afirma que
pago una indemnizacion por tai concepto, presento demanda en ejercicio del medio
de control de repeticion en contra de Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Mena
Urquijo, senalando que debian reembolsarle dicho dinero, pues habian sido los
servidores publicos que con su actuar doloso y/o gravemente culposo habian
incidido en la produccion del dario antijundico por el cual fue condenada.
2
Radicado: 1100.10326000201300116 00 (49155)
Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 31 de octubre de 2013\ la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de repeticidn,
presento demanda en contra de Evamarla Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina
Urquijo, para que se les declarara patrimonialmente responsables del pago de
$270,743,994 a Luz Stella Mena, realizado en cumplimiento de la condena que ie
impuso el Tribunal Administrative de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de
febrero de 2012.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante
Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007, Evamarla Uribe Tobdn,
en su calidad de Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios, declaro
insubsistente el nombramiento de Luz Stella Mena en el cargo de profesional
especializado codigo 2028 grado 14 que desempenaba en esa entidad.
Manifiesta que el 10 de julio de 2007, Luz Stella Mena presento recurso de
reposicion contra la anterior decision.
Refiere que a traves de Resolucion SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007,
Evamarla Uribe Tobdn, en su calidad de Superintendente de Servicios Publicos
Domiciliarios, confirmo la Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de junio de
2007.
Indica que Luz Stella Mena presento demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, en la que
solicito la nulidad de las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de
2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, el reintegro al cargo que
ocupaba para el momento de su desvinculacion o a uno de superior jerarqula y el
pago de los salaries y prestaciones dejados de percibir.
’ Fl. 4 a 10, C. Ppal.
■«i'l
3
rr
ki
Radicado: .110010326000201300116 00 (49155')
Demandance; Superintendencia de Servicios Pi'ibiicos Domiciliarios
Manifiesta que, mediante providencia del 3 de febrero de 2012, el Tribunal
Administrative de Cundinamarca accedio a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Atendiendo a que la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios fue
condenada en el proceso referido y esta entidad afirma que pago una indemnizacion
por tai condena, presento demanda en ejercicio del medio de control de repeticibn
en contra de Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo, senalando que
debian reembolsarle dicho dinero, pues la primera suscribio las Resoluciones SSPD
20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio
de 2007 que posteriormente fueron anuladas, y el segundo, en calidad de “director
t^cnico de gestion de gas combustible de la superintendencia”, califico y evaluo el
desempeho laboral de Luz Stella Mena y dicha calificacion, posteriormente, fue la
base de la declaratoria de insubsistencia de la sehora Mena.
2. Contestaciones
La demanda se admitid mediante auto del 26 de noviembre de 2013^ y se ordeno
su notificacion a los demandados y al Ministerio Publico.
2.1. Evamaria Uribe Tobon^ sostuvo que no actuo con culpa grave o dolo,
comoquiera que las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y
SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007 fueron expedldas “bajo
fundamentos legales y par parte de la autoiidad competente”. Adicionalmente,
Indico que la declaratoria de insubsistencia de Luz Stella Mena no “tuvo como
fundamento las apreciaciones emitidas porJuan Felipe Ospina Urquijo" sino "la falta
de competencia para desempenar el cargo de profesional especializado codigo
2028grado 14”, situacion que generaba una indebida prestacion de los servicios en
la dlreccion tecnlca de gestion del gas combustible y, porende, afectaba la eficiente
prestacion de servicio publico. Finalmente, propuso la excepcion generica.
2 Fl. 202 a 203, C. Ppal.
3 Fl. 68 a 71, C. Ppal.
4
H r Radicado: 110010326000201300116 00 (491.55}
Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Doniiciliarios
2.2. Juan Felipe Ospina Urquijo^ porconducto de su apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la demanda, indicando que no actud con culpa grave o dolo,
pues no fue el funcionario que suscribid los actos administrativos que
posteriormente resultaron anulados por sentencia judicial. Asimismo, manifestd que
no se le podia atribuir ningun tipo de responsabilidad, pues la decisidn de declarer
insubsistente a Luz Stella Mena fue exclusive "de los funcionarios competentes que
no involucran a la dlreccidn tecnica de gestlon de gas combustible, que era el cargo
que ostentaba para la fecha ml poderdanfe”. Propuso les excepciones de falta de
legitimecidn en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda por falta de requisites
formales, falta de integracidn de los litisconsortes necesarios, inexistencia de dolo
0 culpa grave e inexistencia del nexo causal.
3. Alegatos de conclusion
El 2 de marzo de 2016®, se corrid traslado a las partes y al Ministerio Publico para
alegar de conclusion y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios®, Evamaria Uribe
Tobon^ y Juan Felipe Ospina Urquijo® reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda yen su contestacidn, respectivamente.
3.2. El Ministerio Publico solicito negar las pretensiones de la demands, alegando
que Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo no actuaron con dolo y/o
culpa grave. En efecto, sostuvo que los actos administrativos anulados no fueron
expedidos con desviacion de poder o violacion manifiesta e inexcusable de las
normas de derecho, por Io que los demandados no estaban llamados a responder
en este asunto.
•' Fl. 218 a 232 y 233 a 253, C. Ppal.
5 Fl. 442, C. Pal.
6 Fl. 443 a 449, C. Ppal.
FL 468 a 484, C. Ppal.
3 Fl. 450 a 467, C. Ppal.
■
5
V\ Radicado: 110010326000201300116 00 (49155]
SaPDESaay
Demnndante: Superintendencia de Seivicios Publitos Domiciliarios
III. CONSIDERACIONES
1. Jurisdiccion y competencia
La jurisdiccion de Io contencioso administrative, como guardian del orden juridico,
conoce de las demandas que promuevan las entidades publicas cuando resulten
condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuacion
dolosa 0 gravemente culposa de servidores, ex servidores publicos o particulares
que desempenen funciones publicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro
de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta
jurisdiccipn,. de conformidad con el articulo 142 del Codigo de Procedimiento
Administrative y de Io Contencioso Administrative (CPACA)® y el inciso 1“ del
articulo 7 de la Ley 678 de 2001^°.
En punto a la competencia del medio de control de repeticion, la Ley 1437 de 2011,
norma vigente al momento de la presentacion de la demanda''\ en sus articulos
149, 152 y 155 introdujo el factor subjetivo -en relacion con los procesos de unica
® Articulo 142- "Repetici6n. Cuando el Estado haya debido hacer un recdnocimiento indemnizatoiio
con ocasidn de una condena, conciliacidn u otra forma de terminacidn de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor pdblico o del
particular en ejercicio de funciones publicas, la entidad respective deberS repetir contra estos por Io
pagado. La pretensidn de repeticidn tambibn podrb intentarse mediante el llamamiento en garantla
del servidor o ex servidor pOblico o del particular en ejercicio de funciones publicas, dentro del
proceso de responsabilidad contra la entidad publlca. Cuando se ejerza la pretensiPn autdnoma de
repeticidn, el certificado del pagador, tesorero o servidor publico que cumpla tales funciones en el
cual conste que la entidad reatizo el pago serb prueba suficiente para iniciar el proceso con
pretensidmde repeticidn contra el funcionario responsable del dafio. ”
Articulo 7® "Jurisdiccidn y Competencia. La jurisdiccidn de Io contencioso administrativo conocerb
de la accidn de repeticidn."
Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012 (la demanda se
presentd el 31 de octubre de 2010), al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones
procesales contenidas en el CPACA, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 308 de la
mencionada normatividad, a cuyo tenor: “El presente Cddigo comenzarb a regirel dos (2) de Julio del
afio 2012. Este Cddigo sdlo se aplicarb a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, asl como a las demandas y procesos que se instauren con posteiioridad a la entrada en
vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asl como las demandas y procesos
en curso a la vigencia de la presente ley seguirbn rigibndose y culminarbn de conformidad con el
rbgimen juridico anteriof'. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Cbdigo General del
Proceso (CGP), en virtud de !a integracidn normativa dispuesta por el articulo 306 del primero de los
estatutos mencionados. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de Io Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unified su
jurisprudencia para indicar que el CGP entrd a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las
situaciones que se gobiemen por la norma de transicidn (...) las cuales se resolverbn con la norma
vigente al momento en que inicid el respective trbmite (...)“. Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, auto de unificacidn del 25 de junio de 2014, expediente 49.299.
6
vk’O Radicado: 1100103260t)i)2() 1300116 00 (49155)
Demandante: Superintendenria de Servicios Piiblicos Domiciliarios
instancia ante el Consejo de Estado- y el objetivo por cuantia para los de doble
instancia. En efecto, de conformidad con Io dispuesto en el numeral 13 del articulo
149 del CPACA^2 @1 Consejo de Estado conoce, en unica instancia, de los procesos
de repeticion que el Estado ejerce contra los representantes legaies de los organos
y entidades del orden nacional.
En este sentido, atendiendo a la calidad de Evamarfa Uribe Tobon, como
Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios, es decir, como representante
legal de una persona juridica publica del orden nacional, como Io es la referida
Superintendencia^^ ge concluye que esta Corporacion es competente para decidir
de fondo el presente proceso, en unica instancia.
Respecto de Juan Felipe Ospina Urquijo, quien ejercio como director tecnico de
gestion de gas combustible de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, debe aclararse que, si bien no ejercio la representacion de la misma,
la Sala tiene competencia^'*-^® para pronunciarse sobre el a efectos de que exista
’2 El articulo 149 del CPACA, sin la modificacion contenida en el articulo 25 de la Ley 2080 de 2021,
dispuso Io siguiente: El Consejo de Estado. en Sala Plena de Io Contencioso Administrativo, por
intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribucIPn de
trabajo que la Sala disponga, conocera en unica instancia de los siauientes asuntos: (...) 13. De la
repeticiPn que el Estado ejerza contra (...) Contralor General de la Republica, Fiscal General de la
Nacidn, Magistrados de la Code Supreme de Justicia, de la Code Constitucional, del Consejo
Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil. Auditor General de la Repdblica,
magistrados de los tnbunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del
Tribunal Supenor Militar y, en general, de los representantes legates de los broanos v entidades del
orden nacional (se destaca).
’3 Decreto 990 de 2002 ‘‘Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios (...) Articulo 2°-Naturaleza. La Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios es una entidad descentralizada de carbcter tbcnico. con personeria juridica, autonomla
administrativa y patrimonial. El Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios obrard con plena
autonomla de ciiterio al cumpiir las funciones que se derivan de la Constitucidn y la ley.
Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn A, sentencia del 19 de junio de 2020, Rad.
46047: “Atendiendo a la calidad de la sebora Gloria Lucia Alvarez Pinzbn. quien para la dpoca de
los hechos descritos en la demanda se desempeM como representante legal de la CAR -entidad del
orden nacional-, dada su condicibn de Directora General, cabe concluir que a esta Corporacibn le
asiste competencia para decidir de fondo, en unica instancia, el presente proceso de repeticibn.
Es importante aclarar que, si bien la seiiora Lilian Alexandra Hurtado Buitrago no ostentaba ningdn
cargo de los que hace mencibn el numeral 13 del articulo 149 de la Ley 1437 de 2011. se conocer^
de la demanda de repeticibn formulada en su contra para efectos de que exista unidad de criterio en
el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a las demandadas respecto de las
condenas impuestas al ente demandante, propbsito que se cumple al atender el mandate del
legislador. conforme al cual "...si la accibn se Intentara en contra de varies funcionarios, serb
competente eljuez que conoceria del proceso en contra del de mayorjerarquia".
’s Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn C, auto del 26 de noviembre de 2021, Rad.
64488: "En el caso que ocupa, el Despacho encuentra que es competente para conocer de la
7
rar
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155]
Demandaiite: Stipprintendencia de Seivicios Publicos Domiciliarios
unidad de criterio en el estudio de la responsabilidad que le pueda corresponder a
los demandados respecto de las condenas impuestas al ente demandante,
propdsito que se cumple al atender el mandate det legislador, conforme al cual. ■)
si la accion se intentara en contra de varies funcionarios, sera competente ei juez
que conoceria del proceso en contra del de mayorjerarquia"'^.
2. Medio de control procedente
De conformidad con la definicion del articulo 2° de la Ley 678 de 200en
cdncordancia.con Io dispuesto en el articulo 90 de la Constltucion Political®, la
accion de repetlclon es una accion de caracter patrimonial que se ejerce contra el
servidor, ex servidor publico o particular investido de una funcion publica que haya
dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliacion u
otra forma de terminacion de un conflicto.
En este case el medio de control procedente es el de repeticion, porque se solicita
declarer a Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina Urquijo patrimonialmente
responsables del page de $270,743,994, realizado en cumplimiento de la condena
que impuso el Tribunal Administrative de Cundinamarca, mediante sentencia del 3
de febrero de 2012.
pretension incoada, como quiera que la misma se ejerce con ocasidn de las actuaciones que realizd
uno de los demandados en calidad de director de la Corporacidn Autdnoma Regional de Caldas-
Corpocaldas. En consecuencia, la competencia sobre este asunto recae en esta Corporacidn por la
calidad del demandado de mayor jerarquia y porque la entidad demandante, de la cual fue su
representante legal, es del orden nacional. "Tambien ver Subseccidn B, sentencia del 11 de octubre
de 2021, Rad. 49153; Subseccidn A, sentencia del 30 de julio de 2021, Rad. 50424 y Subseccidn B,
sentencia del 6 de junio de 2021, Rad. 45625.
Articulo 7, pardgrafo 2°, de la Ley 678 de 2001; "Pardgrafo 2°. Si la accidn se intentara en contra
de varios funcionarios, serd competente el juez que conoceria del proceso en contra del de mayor
jerarquia. ”
"Articulo 2o. Accidn de repeticidn. La accidn de repeticidn es una accidn civil de cardeter
patrimonial que deberd ejercerse en contra del servidor o ex servidorpublico que como consecuencia
de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte
del Estado, proveniente de una condena, conciliacidn u otra forma de terminacidn de un conflicto. La
misma accidn se ejercitard contra el particular que investido de una funcidn pUblica haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparacidn patrimonial [...j".
La Constitucidn de 1991 en su articulo 90 elevd a range constitucional la accidn de repeticidn, al
disponer que "[ejn el evento de ser condenado el Estado a la reparacidn patrimonial de uno de tales
dahos, que haya side consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aqudl deberd repetir contra dste".
8
H I®!/ H Radtcado: .110010326000201300116 00 (49155]
Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
3. Vigencia de la accion
Con el proposito de otorgar seguridad juridica, de evitar la paralisis del trafico
juridico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
proteccion del interes general®, estabiecio unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
publico, por Io que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extincion del derecho de accionar, asi como la consolidacion de
las situaciones que se encontraban pendientes de solucion.
El estabfecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ademas, la
raclonalizacion de la utlllzacion del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal.
controlar la libertad del ejercicio del derecho de accion^®, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solucion por
los organos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenomeno procesal, de car^cter bifronte, en tanto se entiende como llmite y
garantla a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones juridicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institucidn juridico procesal
a travds de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuracidn normative, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccidn con el fin de obtener pronta y cumplida
Justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad Juridica, para evitar la paralizacidn del trafico juridico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la proteccidn de un interes general.
Como claramente se explicb en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referenda,
esta es una figura de orden publico Io que explica su car^cter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se venfique su ocurrencia. ”
20 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 "...el derecho al acceso
a la administracidn de justicia no es absolute, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promocidn de la demands sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que sehala el
legislador (..El t^rmino de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de accidn, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restriccidn
necesaria para la estabilidad del derecho. Io que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad juridica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
9
Kadicado: .110010326000201300116 00 (49155)
Demandante: Superintendencia de Scrvicios Piibiicos Domiciliarios
La caducldad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad juridica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores juridicos que discuten alguna
situacion; sin embargo, en el anverso, la caducldad se entiende tambien como una
limitacion de caracter irrenunciable al ejercicio del derecho de accion, resuitando
como una sancion ipso iure^'' que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algun reclame o requerir algun
reconocimiento o proteccidn de la justicia^^, cuya consecuencia, pordemandar mas
alia del tiempo concedido por la ley procesal, significa la perdida de la facultad
potestativa de accionar.
Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de
julio de 2012^3, le resultan apllcables las disposiciones procesales contenidas en el
Codigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Admlnistrativo
(CPACA)2^. En estos procesos, tos recursos interpuestos, la practica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias Inicladas, los terminos que
hubieren comenzado a correr, los Incldentes en curso y las notificaciones que se
esten surtiendo, se rlgen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013; “Para garantizarla seguridad juridica de
los sujetos procesales, el legislador instituyp la figura de la caducldad como una sancidn en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un tdrmino especifico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perder^n la posibilidad de accionar ante la jurisdiccidn para hacer efectivo su derecho. Es
asi como el fendmeno procesal de la caducldad opera ipso lure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactive del sujeto
procesal llamado a interponer determinada accidn judicial".
22 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998:"... [sj/ el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presenter la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantia para la seguridad juridica y el intends general. Y es que la caducldad
representa el llmite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de proteccidn,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
SUS derechos, no se verd expuesto a perderlos por la ocurrencia del fendmeno indicado".
23 La demanda de repeticidn se presento el 31 de octubre de 2013.
2-* “Articulo 308. Rdgimen de transicidn y vigencia. El presente Cddigo comenzard a regir el dos (2)
de julio del aho 2012.
Este CPdigo s6lo se aplicard a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
asi como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas. as! como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirdn rigidndose y culminardn de conformidad con el rdgimen
juridico anterior”.
10
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Demandante: Siiperinteiidencia de Servicios Publicos Domiciliarios
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los terminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Codigo
General del Proceso (CGP)^^, en virtud de la integracidn normativa dispuesta por el
articulo 306 del primero de los estatutos mencionados^®.
No obstante, en virtud del articulo 308 del CPACA^', los procesos iniciados con
anterioridad al 2 de julio da,2012 se rigen hasta su culminacion por el “regimen
juridico anterior^’, loquequiere decirque el cumplimientode lassentenciasjudiciales
no se supedita al regimen existente en el momento en que se profieren, sino al
vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposicidn legal en contrario.
En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad
publica para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, se tendra en cuenta Io establecido en el
inciso 4° del articulo 177 del CCA, segun el cual las condenas podran ser
ejecutables 18 meses despues de que la sentencia quede en firme.
El literal I) del numeral 2° del articulo 164 del CPCA senala que el medio de control
de repeticion caducara en dos anos contados a partir del dia siguiente de la fecha
del pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento del plazo con que cuenta la
administracidn para el pago de condenas.
25 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de Io Contencioso Administrative de) Consejo
de Estado, mediante auto del 25 dejunio de 2014, unified su jurisprudencia para indicar que el CGP
entrd a regir a partir del primero de enero de 2014, “salvo las situaclones que se gobiernen por la
norma de transicidn (...) las cuales se resolverSn con la norma vigente al momento en que inicld el
respective trPmite Ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrative, auto
de unificacidn del 25 dejunio de 2014, expediente 49.299.
28 "Articulo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Cddigo se seguira
el COdigo de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de ios procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo".
"Articulo 308. Regimen de transicidn y vigencia. El presente Cddigo comenzarS a regir el dos (2)
de julio del ano 2012. (...)
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, asi como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirdn rIgiPndose y culminar^n de conformidad con el regimen
juridico anterior'.
11
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Demandante: Stiperintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejercio en tiempo,
teniendo en cuenta i) que la sentencia del 3 de febrero de 2012, mediante la cual el
Tribunal Administrative de Cundinamarca declaro la nulidad de las Resoluciones
SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2207 y SSPD 20071300021165 del 31 de
Julio de 2007, quedo ejecutoriada el 17 de febrero de 2012^®; ii) que segun
certificacion del 3 de noviembre de 2015, expedida por la directors financiera y el
director administrativo de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios^^,
el 11 de diciembre de 2012 dicha entidad pago la ultima^” cuota correspondiente a
la suma de $8,323,402 a Luz Stella Mena por concepto de cumplimiento de la
sentencia judicial referida; iii) que el plazo de los 18 meses para cumpiir la condena
se cumplio el 20 de agosto de 2013^^; iv) que Io primero que ocurrio fue el pago de
la sentencia: y. v) que la demands se presento el 31 de octubre de 2013^^ @§^0 es,
dentro de los dos snos que otorga el literal I) del numeral 2° del artlculo 164 del
CPCA para presentaria de forma oportuna.
4. Legitimacion en la causa
4.1. La Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios^^ esta legitimada en la
causa per activa, pues fue la entidad publica condenada por el Tribunal
Administrative de Cundinamarca mediante sentencia del 3 de febrero de 2012^.
4.2. Evamarla Uribe Tobon esta legitimada en la causa por pasiva, pues
presuntamente fue la agente que con su conducta dolosa y/o gravemente culposa
dio lugar a la condena impuesta en contra de la Superintendencia de Servicios
23 Fl. 199 anverso, C. Ppal.
2® Fl. 422, C. Ppal.
3- Ley 678 de 2001. "Artlculo 8°. Legitimacidn. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes
al pago total o al pago de la ultima cuota efectuado por la entidad pOblica, deber^ ejercitar la accidn
de repeticidn la persona juridica de derecho publico directamente perjudicada con el pago de una
suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliaciPn o cualquier otra forma de solucidn
de un conflicto permitida por ia Ley."
31 Los dIas 17,18 y 19 de agosto de 2013 nofueron h^biles.
32 Fl. 4 a 10, C. Ppal.
33 Decreto 1369 de 2020. “Por el cual se modified la estructura de la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios. (...) Artlculo 3. Naturaleza Juridica. La Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios es una Entidad descentralizada de cardeter tecnico. adscrita al Departamento
Nacional de Planeacidn, con personerla juridica, autonomla administrative y patrimonial".
34 Fl. 171 a 199, C. Ppal.
12
n yCw rl Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
SS Demandante: Superintendencia de Setvicios Publicos Domiciliarios
Publicos Domiciliarios. De hecho, en la demanda se senalo que la senora Uribe
Tobon se desempanaba como Superintendehte de Servicios Publicos Domiciliarios,
calidad que esta acreditada con las copias de las Resoluciones^® SSPD
20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio
de 2007, que ella suscribio como Superintendente de Servicios Publicos
Domiciliarios.
4.3. Juan Felipe Ospina Urquijo no esta legitimado en la causa por pasiva, pues no
fue el servidor publico que expidio ni elaboro las Resoluciones SSPD
20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio
de 2007, que posteriormente fueron anuladas mediante sentencia del 3 de febrero
de 2012 proferida por el Tribunal Administrative de Cundinamarca, es decir, se
observa que el senor Ospina Urquijo no intervino en la expedicion o elaboracion de
los referidos actos administrativos^®.
Al respecto, en la demanda de repeticion la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios senala que Juan Felipe Ospina Urquijo, en calidad de “director tecnico
de gestion de gas .combustible de la superintendencia”, califico y evaluo el
desempeno laboral de Luz Stella Mena, anadiendo que dicha calificacion,
posteriormente, fue la base de la declaratoria de insubsistencia de la senbra Mena.
Con todo, sobre el particular, se advierte que respecto a la calificacion de
desempeno de Luz Stella Mena que realize Juan Felipe Ospina Urquijo, el Tribunal
Administrative de Cundinamarca en la sentencia del 3 de febrero de 2012, indico
que, por ser la calificacion de servicios “un acto de tramite”, no era demandable ante
la jurisdiccidn de Io contencioso administrative, por Io que resolvio inhibirse “de
resolver sobre la legalidad de la calificacion de servicios realizada el 28 de febrero
35 Fl. 13 a 15 y 16 a 35, C. Ppal.
36 Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, Seccibn Tercera, Subseccibn A
sentenciasdel 29 de noviembrede 2018, Rad. 61077 y 60692:Revisadosdichosactos. observa
la Sala que estos fueron suscritos por quien se desempeHaba como gerente general de ese Institute,
esto es. el senor Benjamin Aristides Herrera Espitia, dado que. como se explicd en el acapite anterior,
este funcionario fue el delegado por la junta directiva del Infiboy para cumpiir la funcibii'de adelanta’r
el proceso de reestructuracidn del mismo y “determiner la planta de personal... ”, como en efecto Io
hizo. El hecho de que ni el senor Constantino Agudelo Corredor ni la sehora Selena Lucia Roa Reyes
profirieran los actos administrativos demandados y declarados nulos, segun Io expuesto por esta
SubsecciPn, descarta de tajo cualquierresponsabilidad que pueda endilgarse".
13
Radicado: 110010326000201300116 00 (4915S)
Demandaiite: Superintendencia de Servicios Piiblicos Dondciliarios
de 2007, efectuada a la demandante Luz Stella Mena (...). As! como de la
Resolucion No. SSPD 20072300009725 de 20 de abril de 2007 que confirmo la
calificacion anterior”^'^.
En este orden, como la calificacion de desempeno que efectuo Juan Felipe Ospina
Urquijo a Luz Stella Mena fue un mero acto de tramite que resultd incdlume, aunado
a que no fue el servidor publico que elabord, revisd, aprobd o suscribid las
Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD
20071300021165 del 31 dejulio de 2007, se concluye que aquel no esta legitimado
en la causa por pasiva.
5. Problema juridico
Corresponde a la Sala determiner si se encuentran demostrados los requisites
objetivos y subjetivos del medio de control de repeticidn y. particularmente,
establecer si en el caso concrete se acreditaron los supuestos que conllevan a
presumir el dolo y/o culpa grave de que tratan los articulos 5“ y 6° de la Ley 678 de
2001.
6. Solucidn al problema juridico
Antes de resolver el problema juridico es menester hacer unas consideraciones
sobre el regimen juridico aplicable al presente caso.
7. Regimen Juridico aplicable al caso
Como una manifestacion del principle de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del articulo 90 de la Constitucion Polltica senala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparaclon patrimonial de uno de tales danos que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquel debera repetir contra este".
3^ Fl. 171 a 199, C. Ppal.
14
f*i IBiiutSlf l‘'l
Radicado: .11001032600()201.3()0116 00 (491551
Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
Por su parte, el legislador expidio la Ley 678 de 2001, "por medio de la cual se
reglamenta la determinacion de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a traves del ejercicio de la accion de repeticion o de llamamiento en garantia
con fines de repeticion". Esta ley definio la repeticion como una accion civil de
caracter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor publico,
asi como tambien respecto de los particulares que ejercen funcion publica, cuando
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar
al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliacion u otra forma de
terminacidn de un conflicto.
La mencionada disposicion normative reglamento aspectos sustanciales de la
accion de repeticion y del llamamiento en garantia con fines de repeticion, fijando
generalidades como el objeto, nocion, finalidades y deber de ejercicio, al igual que
las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente,
al tiempo que consagro unas presunciones legales con incidencia en punto a la
carga probatoria dentro del proceso. Ademas, respecto a los aspectos procesales
de la accion, la Ley 678 de 2001 regulo asuntos relatives a la jurisdiccion y
competencia, legitimacion, desistimiento, procedimiento, termino de caducidad,
oportunidad de la conciliacion judicial o extrajudicial, cuantificacion de la condena y
determinacion de su ejecucion, asi como Io atinente al llamamiento en garantia con
fines de repeticion y las medidas cautelares en el proceso^®.
Asi las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en
contra de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios ocurrieron en el
ano 2007, esto es, cuando se expidieron las resoluciones SSPD 20076240014825
del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, el regimen
vigente aplicable a la accion de repeticion es el previsto en la Ley 678 de 2001.
Cfr. Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencias del 31 de agosto de 2006, Rad.: 28448 y 23
de noviembre de 2016. Rad.:46108, entre muchas otras.
15
'X
23
Radicado: 1 ■10010326000201300116 00 (49155}
Demandante: Superintendencia de Servicios Pdblicos Doiniciliarios
8. El caso concrete
Segun copiosa jurisprudencia de esta Corporacion^®, para la procedencla del medio
de control de repeticion se deben acreditar los siguientes requisites: i) la obligacion
reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor
0 ex servidor publico o particular que ejerza o haya ejercido funciones publicas; iii)
e! pago de la obligacion reparatoria; y iv) que la conducta dolosa y/o gravemente
culposa del agente haya determinado el dano antijuridico por el cual se condeno al
Estado.
En este sentido, en aras de resolver el cargo invocado en el llbelo Introductorio, la
Sala analizara de forma ordenada cada uno de los elementos para la procedencla
del medio de control de repeticion, ya que para la configuracion de dicho institute
jundico todos ellos deben estar acreditados.
Lo anterior, mas alia de consistir en una metodologfa sugerida por la Sala, atiende
a una logica en la que, naturalmente, ante la ausencia de uno de estos elementos
el analisis del subsiguiente carece de toda utilidad, pues aun ante su existencia, no
ser^ posible declarar la procedencla del medio de control de repeticion y, por ende,
declarer patrimonialmente responsable a los agentes por los hechos .que dieron
lugar a la condena al Estado y condenarlos a reembolsar la suma de dinero que
6ste pago.
8.1. La obligacion reparatoria a cargo de la entidad demandante
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repeticion que
formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligacion de pagar una suma
de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia
debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Tercera, sentencia del 27 de
noviembre de 2006, Rad.:'22O99; sentencia del 6 de diciembre de 2006, Rad.: 22056; sentencia del
12 de diciembre del 2007, Rad.: 27.006; Subseccidn B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad.:
42.183; Subseccidn A, sentencia del 10 de diciembre de 2018, Rad.: 60423.
16
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Demandiiiite: Superintendencia de Servicio? Publicos Domiciliarios
extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminacidn de un conflicto‘’°, tai y como
Io prev6 el articulo 2‘’de la Ley 678 de 200W
En el sub examine se cumple este requisito, pues esta acreditado que mediante
sentencia del 3 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declare la nutidad de las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de
2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007, y condend a la
Superintendencia de Servicio Publicos Domiciliarios a reintegrara Luz Stella Mena
al cargo que ocupaba para el momento de su desvinculacion o a uno .de superior
jerarquia, asf como al pago de los salaries y prestaciones dejadas de percibir.
8.2. La calidad de servidor o ex servidor publico o particular que ejerza o haya
ejercido funciones publicas del demandado
El segundo presupuesto para que proceda la accion de repeticion es que la
demandada, frente a quien se atribuye la accion u omision determinante de la
responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidora o ex servidora publica o
de particular que ejerza o haya ejercido funciones publicas.
En la demanda se solicito declarer la responsabilidad de Evamaria Uribe Tobon,
porque a juicio de la actora ella incurrio en dole y/o culpa grave al declarer
insubsistente el cargo de profesional especializado codigo 2028 grado 14 que
desempenaba Luz Stella Mena en la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, Io cual se materializo a traves de las Resoluciones SSPD
20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio
de 2007.
■‘ocfr. Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccibn C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016
Rad.:56284.
"La acci6n de repeticidn es una accidn civil de car^cterpatrimonial que deberd ejercerse en contra
del servidor o ex servidor publico que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
cuiposa baya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliacidn u otra forma de terminacibn de un conflicto. La misma accibn se ejercitarb contra el
particular que investido de una funcibn pbblica haya ocasionado. en forma dolosa o gravemente
cuiposa, la reparacibn patrimonial’’.
17
Iftl
Radicado: 110010326000201300116 00 (491.35)
Demandantc: Supcrintcndeneia de Servicios Publicos Domiciliarios
En el caso sub judice, para probar esta calidad la parte demandante aportd los
siguientes medios probatorios;
8.2.1. Copia de la Resolucion SSPD 20055240004925 del 16 de marzo de 2005,
por medio de la cual, Evamarla Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de
Servicios Publicos Domiciliarios, nombro en provisionalidad a Luz Stella Mena en el
cargo de profesional especializado de la planta global de esa entidad**^.
8.2.2. Copia de la Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007,
mediante la cual, Evamaria Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de
Servicios Publicos Domiciliarios, declard insubsistente del cargo de profesional
especializado cddigo 2028 grado 14 a Luz Stella Mena'*^.
8.2.3. Copia de la Resolucion SSPD 20071300021165 del 31 de julio de 2007,
mediante la cual, Evamana Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de
Servicios Publicos Domiciliarios, confirmo la Resolucion SSPD 20076240014825
del 6 de junio de 2007'*'*.
Segun Io expuesto, si bien no reposa copia del acta de posesidn de Evamarla Uribe
Tobon como Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios o certificacidn que
indique el tiempo durante el cual desempeno dicho cargo, io cierto es que la calidad
de la demandada como servidora o ex servidora publica para el momento de los
hechos esta demostrada, pues se acredito que en ejercicio del cargo de
Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios suscribio las resoluciones
relacionadas anteriormente.
8.3. El pago de la obligacion reparatoria
Como tercer presupuesto para que proceda la repeticidn, la entidad publica debe
demostrar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por
« Fl. 54, C. Ppal.
«FI. 13 a 15, C. Ppal.
““Fl. 16a 35, C. Ppal.
18
Kadiciido: 11001032600020130i)116 00 (49155]
Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliacidn o cualquier
otra forma de terminacion de conflictos.
Para acreditar este requisite, en el case sub examine la demandante aporto las
siguientes pruebas:
8.3.1. Copia del recibo de “proyeccion de intereses cesantias, proteccion e
intereses moratorios" del 22 de junio de 2012, en el que el Fondo Nacional del
Ahorro indico que el monto a pagar a Luz Stella Mena era de $14,129,203, con
llmite de pago hasta el 30 de junio 2012-*®.
8.3.2. Copia de la Resolucion No. SSPD 20125240019505 del 25 de junio de 2012,
mediante la cual el Director Administrative de la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios en cumplimiento de la sentencia del 3 de febrero de 2012
‘‘reconoce y ordena el gasto de unos salaries y prestaciones sociales en
cumplimiento de una orden judicial (...)" per la suma total de $233,042,022,91 a
favor de Luz Stella Mena'‘®. En ese sentido, resolvio:
..] Articulo primero: Reconocer y ordenar el gasto por la suma de $ 173.982.592
por concepto de salaries y prestaciones dejados de percibir a la sehora Luz Stella
Mena (...) desde el 27 de agosto de 2007 hasta el 14 de mayo de 2012, en
cumplimiento a la sentencia del 3 de febrero de 2012, proferida por la Seccion
Segunda - Subseccion "E” del Tribunal Administrative de Cundinamarca, Asi: (...)
valor neto a pagar $174,433,469,00.
Articulo segundo: Reconocer y ordenar el gasto por las sumas abajo indicadas y
trasladar los aportes a las entidades del sistema de seguridad social integral en los
que esta afiliada la sehora Luz Stella Mena, ello de conformidad con las
liquidaciones realizadas por esta Superintendencia asi:
Aportes seguridad social.
Aportespension obligatoria Horizonte: (...) $24,018,126
Aporte Fondo de SolidaridadPensionalHorizonte: (...) $1,656,416
Aporte E.P.S. Salud Total: (...) 18.804.608,91
Total: $44,479,350,91.
Articulo tercero: Reconocer y ordenar el gasto por concepto de cesantias por valor
de (...) $14.129.203y giraralFondo NacionaldelAhorro, conforme a Io establecido
en la parte motiva det presente acto administrative.
Articulo cuarto: Mediante acto administrative diferente se reconoceran !os intereses
moratorios que se causen desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta cuando
« Fl. 149, C. Ppal.
‘’® Fl. 119 a 143, C. Ppal.
19
Radicado: 110011)326000201300116 00 (491.55]
Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
se efectue efectivamente el pago de los salarios y prestaciones sociales ordenado
mediante el presente acto administrative [...]".
8.3.3. Copia del “certificado de disponibilidad presupuestal” No. 231112 del 26 de
junio de 2012, en el que el jefe de division de presupuesto de la Nacion “certifica
que existe aprobacion presupuestal disponible y libre de afectacion en los
siguientes items de gastos: valor inicial: $173,982,592. Valor total operaciones:
$14.129.203” y “saWo porcomprometer de $188,111,795”*'^.
8.3.4. Copia del “recibo de consignacion" del 29 de junio de 2012, expedido por el
banco BBVA, en el que consta que la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios pago la suma de $14,129,203 por concepto de “aportes a cesantlas"*^.
8.3.5. Copia del comprobante de pago del 29 de junio de 2012, en el que consta
que la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios pago a Luz Stella Mena
la suma de $160,304,266^5.
8.3.6. Copia del “certificado de disponibilidad presupuestal" No. 271412 del 9 de
agosto de 2012, en el que el jefe de division de presupuesto de la Nacion “certifica
que existe aprobacion presupuestal disponible y libre de afectacion en los
siguientes items de gastos: valor inicial: $16,536,514. Valor total operaciones:
$1.295.204”y“saldoporcomprometerde $17,831,718’^^.
8.3.7. Copia de la Resolucion 20125240025305 del 10 de agosto de 2012, mediante
la cual el Director Administrative de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios “reconoce y ordena el gasto de unos intereses moratorios" a favor de
Luz Stella Mena por la suma de $17.831718^^.
8.3.8. Copia de la Resolucion 20125240036815 del 26 de noviembre de 2012,
mediante la cual la Directora Administrative (E) de la Superintendencia de Servicios
Fl. 147 a 148, C. Ppal.
‘«'FI. 144, C. Ppal.
“9 Fl. 145, C. Ppal.
50 Fl. 157, C. Ppal.
51 Fl. 151 a 156, C. Ppal.
k'
20
Kadicado: 1100103260002()130(!:U 6 00 (491553
Demandante: Superintendencia de Servicios I’ubiicos Domiciliarios
Publicos Domiciliarios “reconoce y ordena el ajuste del gasto de unos sala/ios y
prestaciones sociales en cumplimiento de una orden judicial" a favor de Luz Stella
Mena por la suma de $11,345,633 por concepto de “ajuste de salarios y
prestaciones” y $652,096 por ajuste de cesantlas“.
8.3.9. Copia del “reporte compromiso presupuestal de gasto-comprobante" No.
560212 del 21 de noviembre de 2012, en el que el “coordinadorgrupo presupuesto
de la Nacion" hizo constar que “el 14 de noviembre de 2012 se hizo registro
presupuestal para la Superintendencia de Servicios Publicos Domicilianos por
sentencias y conciliaciones” por la suma de $11.345.63353,
8.3.10. Copia de la Resolucion 20125240039365 del 11 de diciembre de 2012,
mediante la cual la Directora Administrativa (E) de la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios “reconoce y ordena un gasto de intereses moratorios” a favor
de Luz Stella Mena por la suma de $8,323,402^.
8.3.11. Copia del “certificado de disponibilidad presupuestal” No. 428512 del 12 de
diciembre de 2012, en el que el jefe de presupuesto de la Nacion “certifica que
existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en los siguientes
items de gastos: valor inicial: $8,323,402. Valor actual: $8,323,402" y “saldo por
comprometer de $8,323,402'^^.
8.3.12. Memorando 20135240056083 del 5 de septiembre de 2013, en el que la
“direccion administrativa" de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domicilianos informa a la “coordinadora del grupo de defensa judicial" de esa
misma entidad sobre la relacion de pagos efectuados “por diferentes conceptos a
la funcibnaria Luz Stella Mena’^^. El contenido de dicho memorando es el siguiente;
“Fl. 159a 161, C. Ppal.
“ Fl. 163 a 164, C. Ppal,
Fl. 165 a 169, C. Ppal,
55 Fl. 170, C. Ppal.
55 Fl. 11, C. Ppal.
21
Raditatio: 110010326000201300116 00 (49155]
Demandante: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
Fecha de la Valor
Resolucidn No. Concepto Valor deducido Concept© '
’ resolucidn cancelado
Descuento de
Pago por salarios y aportes al sistema
173.982.592 13-678.325
demds prestaciones de seguridad
20125240019505 social integral
“por la cual se 14.129.203 Pago de cesantias
reconoce y
ordena el gasto Pago a aportes a
de unos salarios sistema de seguridad
25/06/2012 24.018.126
y prestaciones social en pensiones
sociales en Horizonte_________
cumplimiento de Pago aportes a fondo
una orden 1.656.415 solidaridad pensional
judicial' Horizonte_________
Pago a sistema
18.804.808 seguridad en Salud
Total
20125240025305
“por la cual se
reconoce y
Pago intereses
ordena el gasto 10/08/2012 17.831.718
moratorios
de unos
intereses
moratorios''______
20125240036815 Pago de ajustes de
“por la cual se 11.345.633 salarios y prestaciones
reconoce y sociales liquidados
ordena el gasto
de unos salaries' '
26/11/2012
y prestaciones Pago de ajustes de
sociales en 562.096
cesantias
cumplimiento de
una orden
iudicial"
20125240039365
“por la cual se
reconoce y Pagos de intereses
ordena el gasto 11/12/2012 8.323.402
moratorios
de unos
intereses
moratorios''______
Totales cancelados 270.743.994 Total deducido 13.678.326
8.3.13. Certificacion del 3 de noviembre de 2015 en el que la directora financiera y
el director administrative de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
relacionan los pagos efectuados a Luz Stella Mena en cumplimiento de la sentencia
del 3 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal Administrative de
Cundinamarca^^. El contenido de dicha certificacion es el siguiente:
Fecha de pago por
Fecha de tesorerla soportado
Valor Valor
Resolucidn No. la Concepto con los
cancelado deducido
resolucidn comprobantes
correspondientes
Pago por salarios y
20125240019505 173.982.592
dem^s prestaciones
“por la cual se
reconoce y ordena 14.129.203 Pago de cesantias Pag© efectuado el
el gasto de unos 25/06/2012 13.678.326
Pago a aportes a 29 dejunl©de 2012
salarios y sistema de seguridad
prestaciones 24.018.126
social en pensiones
sociales en Horizonte
57 Fl. 423, C. Ppal.
22
Radicado; 1100.10326000201:300116 00 (49155]
Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Doniiciliarios
cumplitniento de Pago aportes a fondo
una orden judicial' 1.656.416 soiidaridad pensional
Horizonte____________
Pago a sistema
18.804.808
seguridad en Salud Total
20125240025305
'por la cual se
reconoce y ordena Pago intereses Pago efectuado el
10/08/2012 17.831.718 15 de agosto de
el gastode unos moratorios
2012
intereses
moratorios”______
20125240036815 Pago de ajustes de
"por la cual se 11.345.633 saiarios y prestaciones
reconoce y ordena sociales liquidados
el gasto de unos Pago efectuado el
salaries y 26/11/2012 29 de noviembre de
prestaciones Pago de ajustes de 2012
sociales en 552.096
cesantias
cumplimiento de
una orden judiciar
20125240039365
"por la cual se
reconoce y ordena Pago efectuado el
Pages de intereses
11/12/2012 8.323.402 14 de diciembre de
el gasto de unos moratorios
intereses 2012
moratorios'______
Totales cancelados 270.743.994 Total deducido 13.678.326
En suma, se evidencia que la entidad demandante acredito el page total de la
condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
sentencia del 3 de febrero de 2012, por un valor equivalente a $270,743,994
En efecto, dicho valor esta dado por: I) $160,304,266, que corresponden a la suma
de dinero que se pago a Luz Stella Mena por concepto de salaries y prestaciones
sociales (fundamentos 8.3.2 y 8.3.5); ii) $14,129,203, que se pago al Fondo
Nacional del Ahorro por concepto de cesantlas de Luz Stella Mena (fundamentos
8.3.1, 8.3.2 y 8.3.4); iii) $24,018,126 por concepto de pension (fundamentos 8.3.12
y 8.3.13); iv) $1,656,416 al fondo de soiidaridad de pensiones (fundamentos 8.3.12
y 8.3.13): v) $18,804,808 por concepto de “Pago a sistema en Salud Total”
(fundamentos 8.3.12 y 8.3.13); vi) $17,831,718 por intereses moratorios
(fundamentos 8.3.12 y 8.3.13); vii) $11,345,633 por ajuste de salaries y
prestaciones sociales (fundamentos 8.3.12 y 8.3.13); viii) $652,096 por ajuste de
cesantias (fundamentos 8.3.12 y 8.3.13); y, ix) $8,323,402 por intereses moratorios
(fundamentos 8.3.12 y 8.3.13).
Ahora bien, el articulo 142 de la Ley 1437 de 2011, dispone que Cuando se
ejerza la pretension autonoma de repeticion, el certificado del pagador, tesorero o
servidor publico que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizd
23
Hadicado: .110010326(100201300116 00 (49155)
Demandante: Superinteiidencia de Servicios Publicos Domiciliarios
el page sera prueba suficiente para iniciar el proceso con pretension de repeticion
contra el funcionario responsable del dano”.
Al respecto, aunque el articulo 142 de la citada ley senala que el certificado de
pagador, tesorero o servidor publico es prueba suficiente “para iniciar’ el proceso
de repeticion, Io cierto es que dicha prueba perse no acredita definitivamente el
pago de la condena impuesta contra el Estado. En este orden, conviene senalar
que, tai como Io sostuvo la Subseccidn A de la Seccion Tercera de esta
Corporacion, “[PJreciso es advertir que Io dispuesto no implica que los documentos
expedidos por el servidor publico a cargo, sea una prueba definitive e
incontrovertible desde la presentacion de la demanda, pues es importante recalcar
que aquellos adquieren esa condicion cuando su contenido acredite con suficiencia
el hecho que se certified y en la medida que estando a la disposicion de la parte
il contrana, no han sido controvertIdos, objetados o tachados de falsos. Asi, antes de
superar tales eventos, tan solo son prueba sumaria que sirve como presupuesto
para la admision de la demanda de repeticion, pero no as! para la definicion del
fondo delasunto hasta que sea controvertida"^^.
De conformidad con Io expuesto, en el caso sub judice se encuentra acreditado el
pago de la condena impuesta a la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios mediante sentencia del 3 de febrero de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, esto es, la suma de $270,743,994, toda vez que,
ademas de los restantes documentos allegados por la actora, en el plenario obra la
certificacion del 3 de noviembre de 2015 (fundamento 8.3.13), la cual fue expedida
y suscrita por la directora financiera y el director administrativo de la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, en ella se discrimino el pago
que esa entidad realizd en cumplimiento de la Resolucion No. SSPD
20125240019505 del 25 de junio de 2012, con indicacidn del objeto, valor y
beneficiaries, y dicho documento obro a Io largo del proceso sin que fuera
desvirtuado o controvertido por la parte demandada, de modo que la misma acredita
con suficiencia el pago de la obligacion reparatoria por parte de la entidad
accionante.
5* Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion
sentencla del 22 de noviembre de 2021, Rad. 54518.
1
24
l*l 1*1
Radicado: 110010326000201300116 00 (4915S]
Deinandante: Superintendenda de Servicios Pi'iblicos Domidliarios
8.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente en la causacion del
dano reparado por el Estado
Como cuarto y ultimo presupuesto de la accibn de repeticibn, la entidad demandante
debe probar que, conforms a las normas vigentes para la epoca de los hechos®^, la
conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones
publicas, determinants de la obligacibn reparatoria a cargo de la Administracibn, fue
dolosa 0 gravemente culposa.
Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del
agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor publico o del particular que ejerza funciones publicas; es
necesario que exista una relacibn de causalidad entre el daho sufrido (sentencia
condenatoria, acuerdo conciliatorio o cuaiquier otra forma de terminacibn de un
conflicto) y la accibn u omisibn que dio lugar a dicha decisibn®”.
Como Io ha sostenido esta Corporacibn®\ para el estudio del dolo o la culpa grave
se debe acudir a las normas vigentes para la epoca de los hechos que originaron la
condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud
de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibidem.
Al efecto, el articulo 5 de la Ley 678 de 2001, preve que la conducta es dolosa
cuando el agente del Estado quiere la reallzaclon de un hecho ajeno a las finalldades
del serviclo del Estado. Asimismo, dispone que se presume que exists dolo del
agente publico por las siguientes causes: 1. Obrar con desviacidn de poder; 2.
Haber expedido el acto administrative con vicios en su motivacibn por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisibn adoptada o de la norma que le. sirve de
fundamento; 3. Haber expedido el acto administrative con falsa motivacibn por
desviacibn de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la
decision de la administracibn; 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable
Cfr. Consejo de Estado, Seccion Tercera Subseccibn C. Sentencia del 12 de septiembre de 2016
Rad.:56284.
Cfr. Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661.
Cfr. Sentencias del 30 de agosto de 2007. Rad.: 29.223; del 26 de febrero de 2009. Rad.: 30329-
del 22 de julio de 2009. Rad.: 25659.
25
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Di
Demandants: Superintendencia de Servicios Publicos Domidliarios
a titulo de dolo por los mismos dahos que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado; y 5. Haber expedido la resolucion, el auto o
sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial.
su turno, el articulo 6 de la misma norma, dispone que la conducta del agente del
Estado es gravemente culposa cuando el dano es consecuencia de una infraccton
directa a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable omisidn o extralimitacion en
el ejercicio de las funciones. Esta norma senala que se presume que la conducta es
gravemente culposa por las siguientes causes: 1. Violacion manifiesta e inexcusable
de las normas de derecho; 2. Carencia o abuse de competencia para proferir de
decision anulada, determinada por error inexcusable; 3. Omisibn de las formas
sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada
por error inexcusable y; 4. Violar el debido proceso en Io referente a detenciones
arbitrarias y dilacion en los terminos procesales con detencion fisica o corporal.
Pese a Io anterior, es menester recorder que en sentencia C-374 de 2002 la Corte
Constitucional senaid que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de
presunciones de hecho mediante prueba en contrario. Posicion que posteriormente
fue reiterada por el Consejo de Estado®^ mediante sentencia del 6 de julio de 2017,
en la que indico que las presunciones que contempid la Ley 678 de 2001 son
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccibn A, sentencia del 6 dejulio de 2017, Rad.: 45203;
y Subseccibn A, sentencia del 7 de agosto de 2017, Rad,: 42777: “Los hechos en que se apoya una
presunciPn legal que se invoca en una demanda de repeilcidn se deben probary, por tanto, opera a
favor de quien la propuso, relevdndola de la demostracidn del hecho inhrido en la disposicidn que
la contempla, a menos que la otra parte desvirtue la conclusion que se presume.
La exencidn de la prueba mediante la aplicacibn de una presuncidn es solo en parte, porque siempre
el que la inyoca esta obtigado a demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce
la consecuencia. De ahi que el profesor Rocha afirmara que la dispense de la carga de la prueba
para el favorecido con una presuncidn es, pues, apenas parcialy respecto del hecho deducido, que
es, el que indudablemente interesa demostrar. Pero no resulta favorecido sino probando otros
hechos, aquellos que siendo ciertos, hacen crelble el segundo hecho.
La presuncidn legal se funda en la mas alta probabilidad de certeza, pero no excluye la posibilidad
de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte para obtener una deduccibn y tampoco
sobre la base conocida cuando la misma termina resultando falsa o inexacta.
Por Io anterior, se otorga a la parte contra quien se hace valer una presuncidn legal la posibilidad de
probar la inexistencia del hecho que legalmente se supone, aun cuando fueren ciertos los
antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales Io infiere la ley.
En definitiva, quien desee beneficiarse de una presuncidn contenida en la Ley 678 de 2001, debe
invocarla en la demanda de repeticidn y demostrar el hecho conocido, pero cabe la posibilidad de
que la parte contra quien se aduce pueda desvirtuarla.
I
J
26
Radicado; 110010326000201300116 00 (491553
Demandante: Superintendencia de Sei-vicios Publicos Domiciliarios
legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con Io cual se garantiza el
ejercicio del derecho de defensa.
Ademas, la jurisprudencia de esta Seccion®^ ha destacado que quien invoque en la
demanda de repeticion una presuncion prevista en la Ley 678 de 2001 debera
probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiendolo de demostrar el hecho
inferido en la respectiva disposicion, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtue
la conclusion que se presume.
Bajo esta optica, a continuacion, se establecera cuales son los hechos probados,
para posteriormente analizar si dentro del sub examine se encuentra acreditado el
actuar doloso o gravemente culposo de Evamana Uribe Tobon.
8.4.1. Esta probado que mediante Resolucidn 1803 del 8 de junio de 2004,
Evamaria Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios Publicos
Domiciliarios, “adopto los formularios de evaluacion del desempeno laboral de los
funcionarios prdvisionales". Begun da cuenta copia de la referida resolucion^, de
cuyas consideraciones se extrae Io siguiente:
“Considerando:
Que la evaluacion del desempeno laboral es un mecanismo de gestion de personal
cuyo objeto es determinar la situacion real del empleado frente a los compromisos
institucionales, por Io tanto, es necesario evaluar la labor desarrollada por los
funcionarios provisionales, teniendo en cuenta que existen metas institucionales,
planes indicatives y operatives de obligatorio cumplimiento para cada dependencia;
Que de conformidad con el concepto emitido por el Departamento Administrative de
la Funcion Publica de fecha abril 30 de 2002 (...) la entidad podra disenar un
instrumento de acuerdo con las caracteristicas de sus funciones y de sus
necesidades, para la evaluacion de desempeno de los funcionarios provisionales;
Que el desempeno laboral de los funcionarios provisionales debera ser evaluado
por el jefe inmediato del empleado, tomando como base los objetivos concertados
previamente entre evaluador y evaluado;
Resuelve:
Articulo primero: Adopter los formularios para las evaluaciones parciales y las
calificaciones definitivas que deben realizarse a los funcionarios nombrados en
provisionalidad, los cuales haran parte integral de la presente resolucion [..
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn B, sentencia de 29 de mayo de 2014, Rad.:
40755. Seccion Tercera, Subseccidn A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.: 62571.
«Fk 30 a 32, C. 1,
27
i
Kadicado: 11001 ()32&000201300116 00 (49155J
Demandante: Superintendencia de Seivicios Publicos Domiciliarios
8.4.2. Esta probado que, mediante Resolucidn SSPD 20055240004925 del 16 de
marzo de 2005, Evamaria Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios
Publicos Domiciliarios, nombro en provisionalidad a Luz Stella Mena en el cargo de
profesional especializado de la planta global y la asigno a la direccion financiera de
esa entidad, segun da cuenta del referido acto administrative®®.
8.4.3. Esta probado que, mediante Resolucion SSPD 20065240010045 del 29 de
marzo de 2006, Evamana Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios
Publicos Domiciliarios, “distribuyo cargos" en esa entidad y asigno a Luz Stella Mena
a la “Direccion Tecnica de Gestion de Gas Combustible", segun da cuenta copia de
dicha resolucion®®.
8.4.4. Esta probado que el 14 de julio de 2006, Juan Felipe Ospina Urquijo en
calidad de director tecnico de gestion de gas combustible de la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios, concerto con Luz Stella Mena (evaluada) los
terminos de su evaluacion de desempeno del periodo comprendido entre el r de
julio de 2206 y el 31 de diciembre de 2006, segun da cuenta copia del formato P-1
de "concertacion y evaluacion definitiva de objetivos con funcionarios provisionales
de cualquier nival, con o sin personas a cargo’^^.
8.4.5. Esta probado que el 27 de febrero de 2007, Juan Felipe Ospina Urquijo, en
calidad de director tecnico de gestion de gas combustible de la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios, calificb el desempeno labora de luz Stella Mena
con un puntaje de 533.25 sobre 1.000, segun da cuenta copia del formato P-3 de
evaluacion de desempeno®®.
8.4.6. Consta que el 9 de abril de 2007, Luz Stella Mena interpuso recurso de
reposicidn contra la concertacion de objetivos y la calificacion de desempeno
laboral, contenidos en los formates P-1 y P-3 del 14 de julio de 2006 y 27 de febrero
de 2007, respectivamente, segun da cuenta copia del mencionado recurso®®.
8.4.7. Demostrado quedo que, a travds de Resolucion SSPD 20072300009725 del
Fl. 54, C. Ppal.
Fl. 55 a 56, C. Ppal.
67 Fl. 223, C. 1.
68 Fl. 224, C. 1.
69 Fl. 47 a 58, C. 1.
,1
c
28
Rddicacio: .110010326000201300116 00 (4915S)
Demandance: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
20 de abril de 2007, Juan Felipe Ospina Urquijo en calidad de director tecnico de
gestion de gas combustible de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, confirmb “la calificacion de desempeno laboral efectuada a la
funcionaria Luz Stella Mena (...) por el periodo comprendido entre el 1" de Julio al
31 de diciembre de 2006”, segun da cuenta copia de la referida decision'^.
8.4.8. Esta probado que mediante memorando 20072300041303 del 5 de junio de
2007, Juan Felipe Ospina Urquijo puso en conocimiento de Evamaria Uribe Tobon,
Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios el “desempeno funcionaria Luz
Stella Mena", segun da cuenta copia del referido memorando^\ de cuyo contenido
se destaca;
7- -.] Antecedentes
Luz Stella Mena fue vinculada a la planta global de la superintendencia de Servicio
Publicos Domiciliarios, a traves de la Resolucidn SSPD 20055240004925 del 16 de
marzo de 2005, mediante nombramiento provisional en el cargo de profesional
especializado codigo 3010 grado 17, hoy codigo 2028 grado 14.
La funcionaria fue trasladada de la direccion financiera a la direccion tecnica de
gestion de gas combustible.
(...) Durante los meses de abril, mayo y junio de 2006 y producto de la revision de
su trabajo, Luz Stella recibio de mi parte informacion precisa y clara sobre la calidad
del trabajo que se exigia en la direccion, llegando incluso, en multiples ocasiones, a
redactar sus cartas y documentos ante los reiterados problemas de redaccidn. El
dia 10 de Julio de 2005 e value el logro de los objetivos concertados con ella el 17 de
abril de 2006, obteniendo una calificacion de 669.2 puntos. (...) En esta evaluacion
le hice enfasis a la funcionana en las fuertes debilidades que presentaba el trabajo
por ella desarrollado y el pobre desempeno presentado hasta la fecha, (...)
Igualmente la exhorte, sobre la necesidad de mejorar su trabajo buscando que el
pobre desempeno que habia presentado a la fecha no se volviera a presentar y por
. Io tanto se viera reflejado en la proxima evaluacion de objetivos concertpdps.
El dia 14 de Julio de 2006 concerte nuevamente los objetivos de desempeno con la
• funcionaria para el periodo comprendido entre el 1 de Julio y 31 de diciembre de
2006. Objetivos concertados que fueron firmados por ella el dia 14 de Julio (...).
Durante el proceso de concertacion de objetivos, nuevamente le expliqu6 con
precision y claridad a la funcionaria. Io que estaba esperando de su desempeno (...)
realice el seguimiento a sus trabajos y permanentemente tuve que corregir sus
cartas, documentos y conceptos por mala redaccidn, inconsistencies, falta de
calidad tecnica, entre otros aspectos estos que le eran informados personalmente
con el propdsito de retroatimentar su trabajo.
Debo anotar que en todo momenta la funcionaria tuvo acceso a mi y a todos los
funcionarios de la direccion para aclarar cualquier tema que pudiera contribuir a
^°FI. 60 a 95, C. 1.
Fl. 57 a 70, C. Ppal.
29
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155}
Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
mejorar la calidad de su trabajo.
El dia 27 de febrero de 2007 callfique los objetivos prevlamente concertados con la
funcionaria para el periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de
2006, obteniendo una calificacion de 533.25 pantos. Esta calificaclon correspondid
a la evaluacion del logro de cada uno de los objetivos concertados.
(...) Durante el periodo de evaluacidn, a la funcionaria se le asignaron 103
radicados, de los cuales: generd 36 (35%) respuestas. Archivd 53 (51.5%o) sin dar
respuesta alguna, sin la aprobacidn del director y trasladd 14 (13.5%) a otros
funcionarios sin la aprobacidn del director.
De los 36 radicados que a juicio de la funcionaria ameritaban alguna respuesta, 26
respuestas proyectadas por la funcionaria presentaron graves problemas de
redaccidn (72%), razon por la cual fueron devueltos en repetidas ocasiones a la
funcionaria. Los proyectos de respuestas a los radicados que presentaron graves
problemas de redaccidn fueron los siguientes: (...).
Como puede observarse en los histdricos de los radicados anteriormente citados,
en repetidas ocasiones se le manifestd a la funcionaria. Io siguiente: ‘Luz Stella estas
cartas presentan serios problemas en la redaccidn, por favor corregir de acuerdo a
nuestra conversacidn sostenida. En Io sucesivo tener cuidado con la redaccidn'. A
Io que la funcionaria contestaba: ‘Ya corregi los multiples (sic) deficiencias y esta
para tu vobo’. Lo anterior se constituye en un reconocimiento explicito de la
funcionaria, Luz Stella Mena sobre la calidad de los proyectos de respuesta por ella
elaborados. Como podra verse no se trata de un simple problema de estilo de
redaccidn o de percepcidn, se trata de un problema real de calidad tecnica en las
respuestas.
Es importante mencionar que debido a las multiples correcciones que la funcionaria
debid realizar a sus informes y cartas con el fin de tener un nivel aceptable de calidad
antes de ser consultadas o enviados, bubo atrasos significativos en varies de las
actividades y cartas por ella adelantadas y enviadas. Los continues atrasos de la
funcionaria para generar respuestas a los usuarios trajeron grandes dificultades a
esta direccidn y podrian generar demandas y acciones de tutela con la
Superintendencia.
De los 53 radicados que a juicio de la funcionaria no requerian respuesta porescrito
y podrian ser archivados directamente, sin la aprobacidn del director, 10 de ellos no
debieron ser archivados pues requerian de respuesta escrita. A continuacidn, se
indica el tema tratado en cada uno de los 10 radicados referidos, con el fin de
evidenciar su requerimiento de respuesta por la funcionaria:
■ Radicado 20065290265142 del 01/08/2006. La CREG puso en conocimiento de la
Superintendencia que la empresa Gases de Tumaco no habia cargado la
informacidn al SUI. La funcionaria archivd el radicado sin hacer requerimiento alguno
a la empresa a fin de corregir el incumplimiento manifestado por la comisidn.
(...) De los 14 radicados trasladados a otros funcionarios por la funcionaria, sin la
aprobacidn del director, 4 de ellos no debieron ser trasladados, pues eran de su
responsabilidad y requerlan alguna respuesta. Estos fueron los siguientes:
-Radicado 20065290260872 del 28/07/2006. La empresa Gas Rosario manifesto los
problemas que esta enfrentando para cumpiir con las metas de reposicidn de
cilindros, la funcionaria le dio traslado al funcionario Andres Popayan, no obstante
30
Radicado: 1100103260002013001J6 00 (49155] -v.
Demandanre: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
ser su responsabilidad. Finalmente, Andres Popayan proyecto la carta de respuesta.
(...) De igual forma y en cuanto a la gestidn de documentos, se evidencid la falta de
oportunidad de la funcionaria en el tramite del siguiente radicado:
• Radicado 20065290199052 del 02/06/2006. No obstante, este radicado fue
asignado por equivocacidn a la funcionaria, inexplicablemente la funcionaria Io tuvo
en su poder del 06/06/2006 hasta el 28/08/2006 antes de darle traslado al
funcionario Alonso Bautista Vargas, la persona competente para tenerlo, afectando
la labor y desempeno del funcionario y la direccidn [..
8.4.9. Consta que mediante Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de junio de
2007, Evamana Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios Publicos
Domiciliarios, declaro insubsistente del cargo de profesional especializadp codigo
2028 grado 14 a Luz Stella Mena, segun da cuenta copia de la referida resolucion^^
la cual fue proyectada por Apa Maria Torres Ochoa y revisada por Claudia del Pilar
Romero y Blanca Lilia Ramirez. Del contenido de dicha resolucion se destaca:
..] Considerando
(...) Que una vez analizado el desempeno demostrado por Luz Stella Mena, de
acuerdo con el informe presentado por el director tecnico de gestidn de gas
combustible contenido en el memorando 20072300041303 del 5 de junio de 2007,
se advierte que el desempeno laboral de la funcionaria desde su ingreso a la
direccion tecnica de gestidn de gas combustible nunca ha sido el esperado, llegando
incluso a presenter en el segundo semestre de 2006 su nivel mas bajo de
. desempeno, tai como se sehala en el informe referido, el cual se mantiene en Io
corrido de la vigencia 20O7.
Que revisado el procedimiento practicado por el director tecnico de gestidn de gas
combustible para evaluar el desempeno de la funcionaria Luz Stella Mena en el
^.segundo semestre de 2006, que ademas demuestra que en.todas sus instancies
respetd el derecho al debido proceso y a la defense, se conciuye que existen
rezones objetives y suficientes que demuestren une falta de cpmpetencie pera
desempehar el cargo que ostenta la funcionaria y una ineficiente prestacidn de los
sen/icios a cargo de la misma, que evidentemente contravienen las finalidades del
servicio publico consistentes en la busqueda del interes general y el cumplimiento
de los principios de eficacia, economia y celerided de la funcidn administrative, en
los tdnvinos del articulo,209 de la Constitucidn Politica.
Que el articulo 12 del Decreto Ley 775 de 2005, faculta al Supeiintendente para dar
por terminado, en cualquier momento los nombramientos provisionales. Que la
prestacidn eficiente del servicio publico que le corresponde adelantar a los
empleados publicos de la Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios,
demandan la desvinculacidn de la funcionaria Luz Stella Mena del cargo de
profesional especializado cddigo 2028 grado 14en el que se venia desempehando,
teniendo en cuenta como fundamento las consideraciones anteriormente sehaladas
^2Fi. 13 a 15, C. Ppal.
i
31
Radicado; 110010326000201300116 00 (491.55}
Demandaiite: Superinteiidencia de Servicios Publicos Domiciliarios
8.4.10. Consta que a traves de Resolucion SSPD 20075240020435 del 30 de julio
de 2007, Evamarla Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios
Publicos bomiciliarios, derogo “en todas sus partes” la Resolucion 1803 del 8 de
junio de 2004, mediante la cual “adopto los formularios de evaluacion del
desempeno laboral de los funcionarios provisionales”, segun da cuenta copia de
dicha resolucion^^, en donde se indico “que la entidad ha decidido implementar un
nuevo instrumento de seguimiento a la gestion de los funcionarios provisionales”.
8.4.11. Esta demostrado que mediante Resolucion SSPD 20071300021165 del 31
de julio de 2007, Evamarla Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios
Publicos Domiciliarios, confirmo la Resolucion SSPD 20076240014825 del 6 de
junio de 2007^'*. De ello, da cuenta copia de ese acto administrative, de cuyo
contenido se destaca:
..] Es del caso reiterade a la recurrente Io manifestado por la administracidn al
resolver el recurso contra la evaluacidn de desempeno (...), en el sentido que si bien
el procedimiento de evaluacidn del desempeno se encuentra. previsto para los
empleados de carrera, ello no obsta para que la entidad haga uso de instrumentos
de seguimiento a las labores encomendadas a los provisionales en termino de
eficiencia, calidad y oportunidad, sin que ello pueda predicarse similitud en cuanto a
los efectos para unos y otros, pues en el caso de'los provisionales tanto la forma de
vinculacidn como su retiro del servicio estan sujetas a las disposiciones legales
previstas en el Decreto Ley 775 de 2005 y que en ningun caso contempla una
estabilidad relativa como la consagrada para los empleados de carrera que si
acceden al servicio publico a traves de la demostracion del merito mediante
concurso publico.
En tai sentido, results valido y legal el procedimiento implementado para el
seguimiento a las labores encomendadas a los funcionarios provisionales, en razon
a la prestacion del servicio publico que les corresponde y no Io es menos que la
entidad utilice herramientas organizacionales de verificacion de la gestion, de
caracter tecnico, que le permitan establecer la calidad e idoneidad de estos
funcionarios y su contribucidn en el cumplimiento de las funciones (...).
(...) En el presente asunto, la razon por la cual se declard insubsistente el
nombramiento de la funcionaria Luz Stella Mena, no fue ‘por resultado no
satisfactorio en la evaluacidn de desempeno laboral o de competencies...', por
cuanto dicha causal tai y como Io sostiene la recurrente esta prescrita unica y
exclusivamente para los empleados de carrera administrativa, sino que, en
tratandose de un funcionario con nombramiento provisional como es el caso que
nos ocupa se debio a la falta de competencia para desempeharel cargo que ostenta
y a la ineficiente prestacion de los servicios a su cargo. Io cual permite garantizar a
la comunidad en general, el control debido sobre el cumplimiento en terminos de
73 Fl. 160, C. 1.
7“ Fl. 16 a 35, C. Ppal.
•i' t**''
32
Radicado: 110010326000201300116 00 {4915.S]
Demandance: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
calidad, eficiencia y oportunidad de la mision que constitucionalmente se le ha dado
a la superintendencia de servicio publicos domiciliarios de vigilar, inspeccionar y
controlar las entidades que prestan los servicios publicos domiciliarios (...).
En el caso concrete, la indebida prestacion de los servicios por parte de la
funcionaria Luz Stella Mena en la direccion tecnica de gestion de gas combustible,
que se revela de manera amplia en el informe presentado por el jefe de la
dependencia, a traves del memorando 20072300041303 del 5 de junio de 2007,
poniendo de manifiesto el riesgo al que estuvo sometido la Superintendencia de no
atender oportunamente y en debida forma los mandates legales derivados del
control y seguimiento a la prestacion del servicio de gas combustible por parte de
las empresas prestadoras y que en consecuencia produjo en la entidad la necesidad
de prescindir de los servicios de la funcionaria mediante su declaratona de
insubsistencia.
De otra parte, en cuanto al retiro del servicio de los funcionarios con nombramiento
provisional, en las superintendencias de la administracion publica'hacional, el
articulo 12 del Decreto 775 de 2005 estip'ula: ‘Articulo 12. Encargos y
nombramientos provisionales. El nombramiento provisional y el encargo son
excepcionales. Los cargos de camera podran ser provistos mediante encargo o
nombramiento provisional unicamente cuando se haya abierto la convocatoria
respective o mientras dura la vacancia temporal, segun el caso. En cualquier
momento. el Suoehntendente oodra dados por termtnados'.
En aplicacion de la precitada norma, la administracion haciendo uso de las
competencies que le fueron atribuidas en cuanto a nombramientos provisionales se
refiere, procedio a expedir el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia
de la funcionaria Luz Stella Mena, competencia que se consigns en la Resolucion
No. SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007, la cual de ninguna manera
invoca como causal de retiro el ‘resultado no satisfactorio en la evaluacion de
desempeno labors o de competencias...’, como aduce la recurrente, porque siendo
provisional la ley preve su retiro en cualquier momento y no por casuales que de
manera estneta se aplican a los funcionarios inscritos en carrera administrativa [...]".
8.4.12. Esta probado que mediante sentencia del 3 de febrero de 2012, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declare la nulidad de las resoluciones SSPD
20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio
de 2007 proferidas por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, al
constatar que existio “una violacion de normas superiores e incluso de abuse de
poder, al establecer mecanismos que no guardan relacion directa con la necesidad
del servicio”, segun da cuenta copia del referido proveido'^, El contenido de la
sentencia es el siguiente:
..] -que segun Io dispuesto en los articulos 30 y siguientes del decreto ley 775 de
2005- (i) la evaluacion de desempeno se realiza a aquellos empleados inscritos en
carrera administrativa para determinar su permanencia o no, en el servicio. (ii) Solo
las evaluaciones definitives (...) dan lugar a la calificacion insatisfactoria que
concluyen con el retiro del servicio del empleado en carrera, no sin antes anotar que
^5 Fl. 171 a 199, C. Ppat.
1
33
d li Radicado; 1100103260002()1300116 00 (49155}
Dumandante: Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
solo contra estas se surte el recurso de reposicion, no Io mismo ocurre con las
evaluaciones semestrales que no cuentan con recurso alguno. (Hi) Notese por ultimo
que para la evaluacion del desempeno se debe seguir siempre un estricto y riguroso
tramite, comoquiera que esta conlleva el retiro del servicio (...).
Ahdra bien, la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios adoptd un
formulario de evaluacion del desempeno laboral de los funcionarios provisionales,
mediante la Resolucidn No. 1803 del 8 de junio de 2004, donde senalo mecanismos
tendientes a la evaluacion de empleados en provisionalidad (...).
De suerte que a la demandante Luz Stella Mena se le realizo evaluacion de
desempeno en los pertodos anteriores a su desvinculacion definitive (...).
Se denota facilmente de Io expuesto Io siguiente:
(i) Que la demandante Luz Stella Mena, fue nombrada en provislonalidad en el cargo
de profesional especializado codigo 3010 gradp 17, asignada a la direccion
flnanciera. (II) Que estando la demandante vinculada en provisionalidad fueron
calificados sus servicios conforme el formulario de evaluacion del desempeno
laboral los funcionarios provisionales, mediante Resolucion SSPD 1803 del 8 de
junio de 2004, siendo su ultima calificacion la comprendida en el periodo del 1° de
julio de 2006 a 31 de diciembre del mismo ano y luego de proferida la calificacion de
servicios y surtido el tramite el recurso de reposiclon fue declarada insubsistente de
su cargo.
Se deviene de Io observado, que el retiro de la demandante obedecio a su
calificacion insatisfactoria det ultimo semestre del ano 2006, como se observe en la
resolucion inicial, luego la demandada cambia tales argumentos en el recurso de
reposicion donde alega que su salida de la entidad no fue producto de la calificacidn
insatisfactoria sino de sus pocas habilidades en el cargo.
No se olvida que siendo la demandante Luz Stella Mena funcionaria nombrada en
provisionalidad no le era posible ser calificada y en el eventual caso que asi
ocurriera, y dar por cierto los argumentos de la demandada al afirmar que 'la
evaluacidn de desempeno establecida por la Superintendencia para los funcionarios
provisionales garantiza a la comunidad en general, el control debido spbre el
cumplimiento eficiente...’ en ningun sentido daba lugar al retire del servicio de la
demandante, la calificacion del servicios como asi Io quiso llamar la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios se implementd para hacer un
seguimiento del empleado, pero se insists no pueden dar lugar al retiro de servicio
del evaluado, pues con esta determinacion, en el presents caso. Io que hizo fue
aplicar indebidamente el regimen de carrera a una servidora publics que no estaba
incursa en ella. No es de recibo afirmar que tai calificacion, la del segundo semestre
de 2006, no incidio en el retiro de la demandante, pues salta a la vista con claridad
que fue esta calificacion y no otro motive el que produjo su retiro definitive de la
entidad.
(...) As! las cosas, si bien la administracion qulso con la calificacldn del desempeno
de aquellos empleados nombrados en provisionalidad adoptar mecanismos de
evaluacion que pudieran hacer seguimiento a su desempeno laboral, en el presente
caso. Io efectuado por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios,
devino en una violacion de normas superiores e incluso de abuso de poder, al
establecer mecanismos que no guardan relacion directa con la necesidad del
servicio y que no se asimilan, si asi quiso hacerlo, con las normas propias que rigen
a los empleados de carrera administrativa.
34
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155]
Demandante: Superintcndenda de Servicios Publicos Domiciliarios
En este orden de ideas, bajo las reglas de la Sana critica y atendidas las maximas
de la experiencia, se llega a la conclusion inequivoca de que el nominador con la
expedicion del acto de insubsistencia acusado, no se inspiro en razones del buen
servicio publico, toda vez que aplico indebidamente a la demandante normas legales
que Io eran aplicables a su caso, y en todo caso, con el acto acusado la
administracion violo la ley y abuso de poder al darle un alcance desproporcionado a
calificaciones parciales realizadas a esta.
El nominador, so pretexto del mejoramiento de la buena prestacion del servicio
publico, en el caso especifico de la demandante, desproporciond su facultad
discrecional-.y, en tai sentido, retiro a la demandante con ocasion de un analisis
apresurado sin observer el trabajo realizado por esta en la Superintendencia de
Servicios Publicos Domiciliarios [..
Por otro lado, rindio testimonio el 25 de noviembre de 2015 la seiiora Monica Hilarion
Madariaga^®, quien manifesto desempefiarse para la epoca de los hechos como
"jefe de la oficina juridica” de la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios. Asi pues, sobre los hechos la testigo indico que la reestructuracion de
la planta de personal se llevd a cabo de forma concertada, mediante un trabajo
realizado en equipo, articulado con cada area de la entidad y siempre ajustado a la
ley, pues la doctora Evamaria Uribe Tobon buscaba la eficiencia en la prestacion
del servicio publico. Justamente en su declaracidn indico:
La doctora Evamaria Uribe Tobon fue mi jefe como Superintendente de
Servicios Publicos Domiciliarios mientras yo desarrolle labores como jefe de oficina
juridica de la mIsma entidad, en otra ocasion trabaje como asesora de ella y en una
ultima oportunidad trabajd como Superintendente Delegada para Acueducto,
' Alcantarillado y Aseo. PREGUNTADO: Relate detalladamente Io' que'el conste
acerca de los hechos de la demanda. CONTEST^: (...) La doctora Evamaria Uribe
Tobon gerencio la Superintendencia con criterios de eficiencia, ella tenia la ventaja
de ser ademas de economista, abogada y conocia el llmite de la ley. ^Como
organize todo esto para dade un vuelco total a la Superintendencia para que tuviera
curnpliera con los indicadores? Trato de conservar toda la parte tdcnica, ella no llego
a sacar a la gente y genero todo un sistema al interior de la entidad para la seleccion
de personal (...) teniamos un comite directive, se trabajo en la planeacion
estrategica que garantizara el cumplimiento de funciones, la Superintendencia
estaba muy politizada, necesariamente en el tema de talento humane se trabajo
muchisimo, pero como ella era abogada siempre respetaba la ley. A mi como jefe
de oficina juridica me tocaba revisarlos actosadministrativos (...)y Io que tenia que
ver con talento humano ellos tenian su propio asesor juridico y ellos trabajaban la
parte de contratacion y personal. Io manejaban a traves de secretaria general,
excepcionalmente yo podia revisar uno de estos actos administrativos. ^A qu6 voy?
A que no se si esos actos administrativos del que ustedes me hablan nunca muy
seguramente no pasaron por mi ohcina. (...) la doctora Evamaria nunca tomo las
decisiones sola, ella torhaba las decisiones en equipo. Ya con la expedicidn de la
Ley 909 quedo claro que la superintendencia tendria un sistema especial de carrera.
Otra cosa, y es que tenlendo en cuenta la jurisprudencia, los funcionarios
Fl. 428 y 433, CD testimonio.
35
J Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
provisionales su salida tenia que ser motivada y la unica manera de que pudiera ser
motivada era precisamente que hubiera una evaluacion de su gestion, entonces se
creo un acto administrative en la superintendencia para efectos de poder manejar
estos temas, siendo totalmente imparcial (...) tocaba mirar la adecuada prestacion
de los servicios publicos (...). Evamaria tenia que mirar que los que estuvieramos
en el cargo cumplieramos bien nuestras funciones. La doctora Evamaria actuaba
con un equipo, y yo, si aparece en esa resolucion 1803 mi pie de firma debo
responder yo directamente poreso, porque ella nunca, ninguno de sus funcionarios
le dio una orden en sentido contrario a Io que con mi criterio profesional creia que
se debia hacer o no se debia hacer (...). PREGUNTADO: Conocla usted cual era el
procedimiento de calificacidn que se utilizaba al interior de esa entidad para los
funcionarios en provisionalidad o de libre nombramiento y remocion, entre esos esta
incluida la resolucidn 1803. CONTESTS: Para dictarestas normas tengo etrecuerdo
que en secretaria general se hicieron todas las indagaciones posibles, si se y tengo
la plena conciencia que el tema fue muy consultado para sacar la resolucion 1803,
entonces ya existiendo un procedimiento reglado se adelantaron los procedimientos
que fueron del case [...]"
Asimismo, rindio testimonio el 25 de noviembre de 2015 la senora Ana Marla Torres
Ochoa’’^, quien manifesto desempenarse como "profesional especializado del grupo
de talento humano" de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.
Refirid que la desvinculacion de Luz Stella Mena no se dio debido a la calificacion
insatisfactoria, sino producto del informe o memorando que Juan Felipe Ospina
Urquijo presento a la Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios en el que
se evidenciaba con pruebas, las deficiencies en el trabajo desarrollado por la senora
Mena. Justamente en su declaracion Indlco:
..] PREGUNTADO: Diga la declarante si conoce a los senores Evamaria Uribe
Tobon y al senor Juan Felipe Ospina Urquijo. CONTESTd: Conoci a los doctores
Evamaria Uribe Tobon y Juan Felipe Ospina cuando me desempenaba como
profesional especializado del grupo de talento humano de la Superintendencia de
Servicios Publicos, en donde labore del ano 2005 hasta el 2010 (..PEGUNTADO:
Haga un relate claro de todos los hechos que le consten sobre la declaratoria de
insubsistencia. CONTEST^: Lo recuerdo por la importancia que tiene la declaratoria
de insubsistencia de cualquier funcionario y realmente fue un proceso en el cual la
entidad tratd y garantizo todos los derechos de defensa que tenia la funcionaria.
Recuerdo que su desvinculacion se produjo en razon a su ineficiencia, su falta de
competencia, pese a que en su momento se le habia hecho un seguimiento, y
digamos que este tipo de funcionarios para las entidades pues no son los
adecuados, porque cuando sus actuaciones o conductas no son los adecuadas
pueden encaminar a que la entidad presente fallas en sus servicios. Pues en razon
a su demostrado nivel de no competencia, por decirlo asi, se que se produjeron unos
informes por parte del director tecnico el cual fue puesto en conocimiento de la
Superintendente quien en su calidad de nominadora decidid retirarla del servicio,
pues amparada en la normatividad propia de la entidad que preve que los
funcionarios provisionales pueden ser retirados o se les puede terminar su
nombramiento provisional siempre y cuando haya una motivacion del acto
Fl. 431 .a 432 y 434, CD testimonio.
38
Radicado: 110010326000201300116 00 (4915S)
Demandaiite; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
En ese orden de ideas, se destaca que Evamaria Uribe Tob6n manifestd en la
contestacidn de la demanda que no actud con culpa grave o dolo, comoquiera que
las Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD
20071300021165 del 31 de julio de 2007 fueron expedidas “ba/o fundamentos
legates y per parte de te autoridad competente“. Adicionalmente, indicd que la
declaratoria de insubsistencia de Luz Stella Mena no “tuvo come fundamento las
apreciaclones emitidas per Juan Felipe Ospina Urquijo’’s\nQ "la falta de competencia
para desempertar el cargo de protesional especializado cddigo 2028 grado 14“,
situacidn que generaba una indebida prestacidn de los servicios en la direcddn
t^cnica de gestidn del gas combustible y, por ende, afectaba la eficiente prestacidn
de servicio publico.
Pues bien, la Sala encuentie que el articulo 8° de la Ley 443 de 1998^' dispuso,
entre otros, que “En caso de vacancia deHnitiva, el encargo o el nombramtento
provi^onal ^lo procederdn cuando se haya convocado a concurso para la provi^n
del empteo. (...) El cargo del cual es titular el empteado encargado, podrA ser
provisto en provisionalidad mientras dure el encargo del titular, y en todo caso se
someterA a los tArminos sefialados en te presente ley. Los nombramientos tendrAn
carActerprovisional, cuando_^ trate de proveer transitoriamente empteos de carrera
con personal no seteccionado mediante el sistema de mArito (...) “
A su turno, los numerales 34 y 35 del articulo 7” del Decreto 990 de 2002^ disponen
que son Rinciones del Superintendente de Servidos POblicos Domiciliarios
“[E]xpedir los actos administrativos, reglamentos, manuates e instructivos que seen
necesarios para el cabal funcionamiento de la entidacT y “[N]ombrar y remover los
funcionarios de la entidad, de confbrmidad con las disposiciones legates".
Por otro lado, el articulo 12 del Decreto Ley 775 de 2005^^ prev6 que “El
nombramtento provisional y el encargo son excepdonates. Los cargos de carrera
podrAn ser provistos mediante encargo o nombramtento provisional unicamento
cuando se haya abierto la convocatoria respective o mientras dura /a vacancia
'Por la cual se expiden normas sc^ra carrera administrativa y se dictan otras disposiciones. *
” *Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios POblicos Domiciliarios.''
"Por el cual se establer^ el Sistema Especitico de Carrera Adminisdadva para las
Superintendendas de la Administraddn PCblica Nacional.'
I
39
Radieado; .1:1.0010326000201300116 00 (49155]
Demandante: Siiperintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
temporal, segun el case. En cualauier momento, el Superintendente podr^ darlos
Dor termlnados”.
Asimismo, el artlculo 9® ibidem indica que las clases de nombramientos en las
“superintendencias de la Administracidn Publica Nacional” son “9.1 Ordinario. Para
los cargos de libre nombramiento y remocidn, los cuales seran provistos previo el
cumplimiento de los requisites exigidos para el desempeno del empleo; 9.2 En
periodo de prueba. Para los empleos de carrera administrativa, los cuales se
proveer^n con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de
merito; y, 9.3 De caracter provisional. Podra hacerse nombramiento provisional,
entendido este como el que se realiza para oroveer, de manera transitoria, un
empleo de carrera con personal no seleccionado mediante el sistema de merito”.
Por su parte, el artlculo 10® del Decreto 1227 de 2005®'’ dispone que “[A]ntes de
cumplirse el termino de duracion del encargo, de la prorroga o del nombramiento
provisional, el nominador, por resolucldn motivada, podra darlos por terminados”.
Determinados los hechos que se acreditaron en el proceso y para efectps de
estudiar la responsabilidad de Evamaria Uribe Tobon, cabe recorder que la
responsabllidad personal del agente por la expedicion de un acto administrative que
posteriormente es declarado nulo solo puede predicarse en la medida en que se
establezca la actuacion dolosa o gravemente culposa del agente, toda vez que
como Io ha dicho la Sala y en esta oportunidad se reitera:
. J El acto administrative es una decision de una autoridad estatal con capacidad
de modificarsu entorno, obligatoria, en cuanto es ejecutiva y ejecutoria, es decirque
se trata de una manifestacion de voluntad unilateral de la Administracion que crea,
modifica o extingue una situacion jurldica general o particular, la acreditacion de la
conducta dolosa o gravemente culposa del agente que obra a nombre de la
Administracion y expide el acto administrative, implica que:
-O bien bubo mala fe en la toma de la decision, porque el funcionario conocia su
ilegalidad y el dano que de ella se derivaria para un administrado, y no obstante
expidid el acto administrative, a sabiendas de esa ilegalidad, buscando obtener con
el una finalidad ajena a la legalmente establecida para el ejercicio de esa
competencia que le fue conferida;
84 "Porelcual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”.
«■
40
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Demandante: Superintendcncia de Servicios Publicos Domiciliarios
• 0 bien, actuo obsen/ando una inexcusable ignorancia de la ley, teniendo en cuenta
SUS condiciones personales, profesionales y laborales [..
Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que de los elementos de prueba no se
evidencia que la conducta de Evamarla Uribe Tobon haya sido dolosa o gravemente
culposa. ■•i
De conformidad con el marco normativo expuesto, se tiene, entonces, que no estan
acreditadas las presunciones de dolo y culpa grave de que trata el numeral 1° del
articulb 5° y el numeral 1 ’ del articulo 6“de la Ley 678 de 2001, esto es, la desviacion
de poder y violacion manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en tanto
que los actos administrativos por los cuales se declare y confirmo la insubsistencia
del cargo que desempenaba Luz Stella Mena requerian de motivacion por ser un
cargo en provisionalidad, Io cual asf se hizo, pues la Corte Constitucional®® y el
Consejo de Estado®^ de manera uniforme han sostenido que los actos de
desvinculacion de los empleados provisionales no son actos discrecionales sino que
se rigen “por el principio de la razon suficiente”, esto es, que dependiendo del caso
en particular debe motivarse la desvinculacion del funcionario con fundamentos
series, por ejempio, que el cargo que ostenta -el provisional- debe proveerse con un
cargo de carrera o que debe darse cumplimiento a una decision judicial. Aunado a
que tampoco se acredito que la desvinculacion de la sehora Mena obedeciera a
intereses personales del nominador o que hubiere tenido lugar de manera
caprichosa o arbitraria. Io cual denote que la actuacion del funcionario no contravino
la buena fe, ni se puede calificar de dolosa o gravemente culposa.
En efecto, esta probado que mediante Resolucion 1803 del 8 de junio de 2004,
Evamarla Uribe Tobon, en calidad de Superintendente de Servicios Publicos
Domiciliarios “adopto los formularios de evaluacion del desempeno laboral de los
funcionarios provisionales'', como un instrumento tecnico de evaluacion de
• Consejo de Estado, Seccion Tercera, Sentencia del 27 de noviembre de 2006, Rad.: 30113.
Cfr. Corte Constitucional SU -917 DE 2010.
Cfr. Consejo de Estado Consejo de Estado, Seccidn Segunda, Subseccion “B", sentencia del 21
de marzo de 2013, Radicacidn numero 05001-23-31-000-2002-04388-01 (2105-11), reiterada en
sentencia de Seccion Segunda, Subseccion “B” de 22 de octubre de 2020, rad 05001-23-31-000-
2011-01750-01(0307-17)
t
41
Radiciido; 1100.10326000201300116 00 (4915.S1
Demandantc: Superintendencia de Sen’icios Pnbiicos Domiciliarios
desempeno de los funcionarios en provisionalidad, cuya legalidad no fue
cuestionada mientras estuvo vigente (hechos probados 8.4.1 y 8.4.10).
Esta probado que con posterioridad a la evaluacion de desempeno que Juan Felipe
Ospina Urquijo en calidad de director tecnico de gestion de gas combustible de la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios realize a Luz Stella Mena el
27 de febrero de 2007 (hecho probado 8.4.5), dicho funcionario present© un
memorando o informe a Evamaria Uribe Tobon para ponerla en conocimiento del
desempeno de la funcionaria Luz Stella Mena en esa dependencia. De hecho, en
ese memorando el sefior Ospina Urquijo manifesto Io siguiente (hecho probado
8.4.8):
(...) Durante los meses de abril, mayo y junto de 2006 y producto de la revision de
su trabajo, Luz Stella recibio de mi parte informacion precisa y clara sobre la calidad
del trabajo que se exigia en la direccion, llegando incluso, en multiples ocasiones, a
redactar sus cartas y documentos ante los reiterados problemas de redaccion. El
dia 10 de Julio de 2005 e value el logro de los objetivos concertados con ella el17de
abril de 2006, obteniendo una calificacion de 669.2 puntos. (...) En esta evaluacion
le hice enfasis a la funcionaria en las fuertes debilidades que presentaba el trabajo
por ella desarrollado y el pobre desempeno presentado hastada fecha,
igualmehte la exhorte sobre la necesidad de mejorar su trabajo buscando que el
pobre desempeno que habia presentado a la fecha no se volviera a presenter y por
Io tanto se viera reflejado en la proxima evaluacion de objetivos concertados.
El dia 14 de Julio de 2006 concerte nuevamente los objetivos de desempeno con la
funcionaria para el periodo comprendido entre el 1 de Julio y 31 de diciembre de
2006. Objetivos concertados que fueron firmados por ella el dia 14 de Julio (...).
Durante el proceso de concertacion de objetivos, nuevamente le expliqu6 con
precision y claridad a la funcionaria, Io que estaba esperando de su desempeno (...)
realice el seguimiento a sus trabajos y permanentemente tuve que comegir sus
cartas, documentos y conceptos por mala redaccibn, Inconsistencias, falta de
calidad tecnica, entre otros aspectos estos que le eran informados personalmente
con el propbsito de retroalimentar su trabajo.
Debo anotar que en todo memento la funcionaria tuvo acceso a mi y a todos los
funcionarios de la direccion para aclarar cualquier tema que pudiera contribuir a
mejorar la calidad de su trabajo.
El dia 27 de febrero de 2007 califique los objetivos prevlamente concertados con la
funcionaria para el periodo comprendido entre el 1 de Julio y 31 de diciembre de
2006,-obteniendo una calificacion de 533.25 puntos. Esta calificacion correspondio
a la evaluacion del logro de cada uno de los objetivos concertados.
(...) Durante el periodo de evaluacion, a la funcionaria se le asignaron 103
radicados, de los cuales: genero 36 (35%) respuestas. Archivd 53 (51.5%) sin dar
respuesta alguna, sin la aprobacion del director y traslado 14 (13.5%) a otros
funcionarios sin la aprobacion del director.
I
42
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155]
Dernandaiice: Superintendencia de Sei-vicios Publicos Domiciliarios
De los 36 radicados que a juicio de la funcionaria ameritaban alguna respuesta, 26
respuestas proyectadas por la funcionaria presentaron graves problemas de
redaccion (72%), razon por la cual fueron devueltos en repetidas ocasiones a la
funcionaria. Los proyectos de respuestas a los radicados que presentaron graves
problemas de redaccion fueron los siguientes: (...).
Como puede observarse en los histdricos de los radicados anteriormente citados,
en repetidas ocasiones se le manifesto a la funcionaria. Io siguiente: ‘Luz Stella estas
cartas presentan series problemas en la redaccidn, por favor corregir de acuerdo a
nuestra conversacion sostenida. En Io sucesivo tener cuidado con la redaccion’. A
Io que la funcionaria contestaba: ‘Ya corregi los multiples (sic) deficiencias y esta
para tu vobo’. Lo anterior se constituye en un reconocimiento explicito de la
funcionaria, Luz Stella Mena sobre la calldad de los proyectos de respuesta por ella
elaborados. Como podra verse no se trata de un simple problema de estilo de
redaccion o de percepcion, se trata de un problema real de calidad tecnica en las
respuestas.
Es importante mencionar que debido a las multiples correcciones que la funcionaria
debio realizar a sus infonnes y cartas con el fin de tener un nivel aceptable de calidad
antes de ser consultadas o enviados, hubo atrasos significativos en varies de las
actividades y cartas por ella adelantadas y enviadas. Los continues atrasos de la
funcionaria para generar respuestas a los usuarios trajeron grandes dificultades a
esta direccion y podrian generar demandas y acciones de tutela con la
Superintendencia.
. De los 53 radicados que a juicio de la funcionaria no requerian respuesta por escrito
y podrian ser archivados directamente, sin la aprobacion del director, 10 de ellos no
debieron ser archivadds pues requerian de respuesta escrita. A continuacion, se
indica el tema tratado en cada uno de los 10 radicados referidos, con el fin de
evidenciar su requerimiento de respuesta por la funcionaria:
• Radicado 20065290265142 del 01/08/2006. La CREG puso en conocimiento de la
Superintendencia que la empresa Gases de Tumaco no habia cargado la
informacion al SUI. La funcionaria archivo el radicado sin hacerrequerimiento alguno
a la empresa a fin de corregir el incumplimiento manifestado por la comision.
(...) De los 14 radicados trasladados a otros funcionarios por la funcionaria, sin la
aprobacion del director, 4 de ellos no debieron ser trasladados, pues eran de su
responsabilidad y requerian alguna respuesta. Estos fueron los siguientes:
-Radicado 20065290260872 del 28/07/2006. La empresa Gas Rosario manifesto los
problemas que esta enfrentando para cumplir con las metas de reposicion de
cllindros, la funcionaria le dio traslado al funcionario Andres Popayan, no obstante
ser su responsabilidad. Finalmente, Andres Popayan proyecto la carta de respuesta.
(...) De igual forma y en cuanto a la gestion de documentos, se evidencio la falta de
oportunldad de la funcionaria en el tramite del siguiente radicado:
• Radicado 20065290199052 del 02/06/2006. No obstante este radicado fue
asignado por equivocacion a la funcionaria, inexplicablemente la funcionaria lo tuvo
en su poder del 06/06/2006 hasta el 28/08/2006 antes de darle traslado al
funcionario Alonso Bautista Vargas, la persona competente para teneilo, afectando
la labor y desempeno del funcionario y la dlreccion [...]"
43
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155)
Demandante; Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
Al respecto, la Sala evidencia que en la Resolucion SSPD 20076240014825 del 6
de junio de 2007, Evamaria Uribe Tobon expuso como razones para declarer
insubsistente a Luz Stella Mena “(...) Que una vez analizado el desempeno
demostrado por Luz Stella Mena, de acuerdo con el informe presentado' por el
director tecnico de gestion de gas combustible contenido en el memorando
20072300041303 del 5 de junio de 2007, se advierte que el desempeno laboral de
la funcionaria desde su ingreso a la direccion tecnica de gestion de gas combustible
nunca ha sido el esperado, llegando incluso a presentar en el segundo semestre de
2006 su nivel mas bajo de desempeno, tai como se sehala en el informe referido, el
cual se mantiene en Io corrido de la vigencia 2007" (hecho probado 8.4.9).
Posteriormente, mediante Resolucion SSPD 20071300021165 del 31 de julio de
2007, Evamaria Uribe Tobon, confirmo la Resolucion SSPD 20076240014825 del 6
de junio de 2007 con fundamento en los siguientes argumentos: (...) En el presente
asunto, la razon por la cual se declaro insubsistente el nombramiento de la
funcionana Luz Stella Mena, no fue ‘por resultado no satisfactoho en la evaluacidn
de desempeno laboral o de competencias... por cuanto dicha causal tai y como Io
sostiene la recurrente esta presciita unica y exclusivamente para los empleados de
carrera administrativa, sino que, en tratandose de un funcionario con nombramiento
provisional como es el caso que nos ocupa se debio a la falta de competencia para
desempehar el cargo que ostenta y a la ineficiente prestacion de los servicios a su
cargo, Io cual permite garantizar a la comunidad en general, el control debido sobre
el cumplimiento en terminos de calidad, eficiencia y oportunidad de la mision que
constitucionalmente se le ha dado a la supehntendencia de servicio publicos
domiciliarios de vigilar, inspeccionar y controlar las entidades que prestan los
servicios publicos domiciliahos (...). En el caso concrete, la indebida prestacion de
los servicios por parte de la funcionaria Luz Stella Mena en la direccion tecnica de
gestion de gas combustible, que se revela de manera amplla en el informe
presentado por elJefe de la dependencia, a traves del memorando 20072300041303
del 5 de junio de 2007, poniendo de manifiesto el riesgo al que estuvo sometido la
Supehntendencia de no atender oportunamente y en debida forma los mandates
legales dehvados del control y seguimiento a la prestacion del servicio de gas
combustible por parte de las empresas prestadoras y que en consecuencia produjo
en la entidad la necesidad de prescindir de los servicios de la funcionaria mediante
44
rI
/*]
Radicado: .110010326000201300116 00 (49155)
Demandante; Siiperititendencia de Servicios Publicos Doniiciliarios
su declaratoria de insubsistencia”.
Lo expuesto anteriormente, evidencia a la Sala que Evamaria Uribe Tobon no actuo
caprichosamente o con desconocimiento manifesto e inexcusable de las normas de
derecho que, en tai sentido, de lugar a que se configure la presuncion de una
conducta dolosa o gravemente culposa, pues era la funcionaria competente para
nombrar y remover a los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Publicos
Doniiciliarios segun lo dispuesto en el numeral 35 del articulo 7° del Decreto 990 de
2002, es decir tenia la facultad nominadora. Aunado a que, segun lo dispuesto en
el articulo 12 del Decreto Ley 775 de 2005, podia dar por terminado en cualquier
momento los nombramientos provisionales. Por ultimo, y no menos iniportante,
motive su decision de acuerdo a lo exigido en el articulo 10“ del Decreto 1227 de
2005, que dispone que “[AJntes de cumplirse el termino de duracion del encargo, de
la proiroga o del nombramiento provisional, el nominador. por resolucion motivada,
podra dados por terminados”.
En suma, en el sub Judice no se abre paso a presumir la actuacion dolosa y/o
gravemente culposa de la demandada, en tanto se observe que pese a que las
decisiones que dicha funcionaria adopto a traves de las Resoluciones SSPD
20076240014825 del 6 de junio de 2007 y SSPD 20071300021165 del 31 de julio
de 2007, resultaron anuladas, lo cierto es que en este contencioso no se acreditaron
los supuestos de las presunciones de dolo y/o culpa grave previstas en los articulos
5° y-O” de la Ley 678 de 2001 que dan lugar a endilgarle algun tipo de
responsabilidad patrimonial a la parte demandada.
Al respecto, si bien es cierto y la Sala no desconoce que la nulidad de las
Resoluciones SSPD 20076240014825 del 6 de junio y SSPD 20071300021165 del
31 de julio de 2007 obedecio a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
establecio que el sistema de evaluacion de desempeno para funcionarios
provisionales, adoptado mediante Resolucion 1803 del 8 de junio de 2004, no era
el adecuado por ser exclusive para los funcionarios de carrera, Io cierto es que dicha
decision judicial perse no configura una violacion manifiesta de la ley que expresa
0 tacitamente conlleve aplicar la presuncion de dolo y/o culpa grave de Evamaria
Uribe Tobon.
45
Radicado: 110010326000201.3001.16 00 (491553
DI
Dtmandante: Superlntendencia de Servicios Publicos Domiciliarios
En otras palabras, no basta acreditar que mediante sentencia judicial se decreto la
nulidad del acto administrative, sino que en el marco del medio de control de
repeticion es menester demostrar que se configuraran los presupuestos norm'ativos
para presumir el dolo y/o la culpa grave del servidor publico demandado.
Sobre el tema®®-®^, la Seccion Tercera del Consejo de Estado®° al resolver una
accion de repetlclon contra un servidor publico que expldio un acto adminlstrativo
que posterlormente fue declarado nuto por esta jurisdiccion, sostuvo que la
Consejo de Estado, Seccidn Tercera, Subseccidn C, sentencia del 27 de agosto de 20215, Rad.; 48016: “Es evidente entonces, la determinacidn de una responsabilidad subjetiva, en la que juega
un papal decisivo el an^llsis de la conducta del agente; por ello, no cualquler equlvocacldn, no
cualquier error de juiclo, no cualquler actuacidn que desconozca el ordenamiento juridico, permite
deduclr su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.
(...) la Sala considera pertinente sebalarque la entidad demandante no cumplid a cabalidad con Io
preceptuado en el articulo 167 del Cddigo General del Proceso, el cual establece que “incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto juridico que ellas
persiguen", por cuanto esta, solo se limitd a sehalar en su demanda que el actuar del demandado
constitula una conducta dolose por desviacion de poder, fundado unicamente en la sentencia
proferida el juez'administrativo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
por el sehor Jaimes Mora contra la entidad accionante. Por Io expuesto, no es aceptable para esta
Sala de Subseccidn confundir o subsumir dos procesos de naturaleza disimiles como son el nulidad
y restablecimiento y la accidn de repeticidn, por cuanto en esta ultima accidn, Io vital es que quede
evidenciado en el plenario que la conducta del servidor publico, ex servidor o particular que ejecute
funciones publicas fue dolosa o gravemente culposa, es decir, que ese elemento subjetivo
enmarcado en el actuar del servidor publico se destaque y aflore en la actuacidn procesal, para que
asi, la entidad piibica pueda sacar avante sus pretensiones econdmicas. ”
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn B, sentencia del 3 de agosto de 2020, Rad.: 51021: "Respecto de la presuncidn de dolo por desviacidn de poder, la demandante adujo que se
conflguraba porque el demandado expidid la Resolucidn 890 de 4 de diciembre de 2002, por medio
de la cual se liquidd la indemnizacidn por la supresidn del cargo y el Oficio 2003-054 de 7 de marzo
de 2003, a travds del cual se negd la incorporacidn a la nueva planta de personal. La Sala encuentra
que, en efecto, el demandante expidid ese acto administrative y que fue anulado por un vicio de
ilegalidad consistente en que impidid la reincorporacidn a la funcionaria pese a que existia un cargo
equivalente. Sin embargo, no basta la enunciacidn de la presuncidn, porque el demandante debe
indicar la forma en que el material probatorio demuestra el supuesto de hecho de la presuncidn
alegada y acreditar su configuracidn. ”
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccidn A, Sentencia del 30 de julio de 2021, Rad.: 50424. Posicidn que posterlormente fue reiterada por la Seccidn Tercera, Subseccidn B, sentencia
del 9 de julio de 2021, Rad.: 56856: “Confirmard la decisidn de primera instancia que negd las
pretensiones de la entidad demandante, porque no puede darse aplicacidn a las presunciones
establecidas en-los articulos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001, en la medida en que no'fueron
debidamente invocadas y la entidad demandante no allead ninauna orueba distinta a la sentencia de
condena para acreditar el dolo o la culpa grave de la demandada. (...) Si a los hechos deben aplicarse
las disposiciones de la Ley 678 de 2001, es necesario determinar primero si fueron invocadas las
presunciones previstas en esa norma v si e! supuesto que las configura se estructura: oero no puede
esperarse cue la sentencia de condena se pronuncie sobre la culpabllidad del agente pues en ese
proceso, al cual el aoente no es vinculado. no debe hacerse ningOn pronunciamiento sobre este
particular la sentencia que alii se profiera solo versa sobre la responsabilidad patrimonial del
Estado.15.-La Ley 678 de 2001 dispuso en los articulos 5°y6° una serie de eventos que constituyen
presunciones de dolo y culpa grave.
Estas presunciones son legales, por Io que admiten prueba en
contrario y adem^s requieren que sean inequlvoca y expresamente invocadas por la entidad
demandante, guien a su vez tiene la carga de acreditar el supuesto f^ctico de la presuncidn." (se
subraya).
46
Radicado: 1100103260002()1300116 00 (49155}
& Dernandante; Superintendencia de Servitios Ps'iblicos.Doniiciiiarios
desviacion de poder debe acreditarse en el proceso de la repeticion. ppi; cuanto la
sentencia proferida dentro de la accion de nulidad y restablecimiento del derecho
no tiene por objeto el juzgamiento de la conducta del agente estatal y, por Io mismo,
solo hace transito a cosa jtizgada en relacion con la responsabilidad de la entidad
demandada y el derecho del demandante a obtener el correspondiente
restablecimiento, salvo que al agente haya sido llamado en garantla, pues en tai
caso la sentencia que se pro^era decidira no solo la responsabilidad patrimonial de
la entidad sino, asimismo, la del servidor publico. El fundamento de la decisidn fue
el siguiente:
“[...] Resalta la Sala que la sentencia proferida en la accion de nulidad y
restablecimiento hace transito a cosa juzgada en relacidn con la responsabilidad de
la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener el restablecimiento
que en ella se dispone. Sin embargo, no hace transito a cosa Juzgada frente al
. agente estatal al que se le impute la causacion del daho patrimoniaj a la entidad,
porque dicho proceso no tiene como proposito el Juzgamiento de su conducta ni la
determinacion de si al profeiir el acto demandado obro con dolo; mientras el agente
estatal no sea llamado en garantla y en el mismo proceso se Juzgue Io relative a su
conducta, no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace
transito a cosa Juzgada en este aspecto.
59. Por tai razon resulta admisible qua, con el objeto de desvirtuar la presuncion de
dolo, el agente demandado: (i) se funde en los mismos medios de prueba que se
practlcaron en el proceso adelantado contra la entidad y exponga argumentos
dirigidos a desvirtuar la desviacidn de poder inferida por el tribunal con base en ellos
y, (ii) ofrezca nuevos medios probatorios con el mismo objeto.
60. En el presente caso, el fundamento del fallo que anulo la insubsistencia de la
senora Angela Viviana Torres Carranza pareciera estar sustentado en un contexto
derivado de motives personales de una supuesta animadversion hacia dicha
funcionaria por parte de su superior inmediata. Ciertamente, el tribunal establecio
. que la Resolucidn 8387 del 7 de Julio de 2007 adolecio de desviacion de poder
porque la declaratoria de insubsistencia de la senora Torres Carranza tuvo una
razon personal y que no guardaba relacion con el mejoramiento del servicio, sino
que obedecia a “las dificultades y contrariedades entre la actora y sus superiores".
61. Sin embargo, resalta la Sala que esa motivacion que tuvo en cuenta el Tribunal
para declarer la nulidad de dicha resolucidn de insubsistencia no estd acreditada en
el presente asunto, como tampoco, en el contexto de un vicio del acto, acredita la
susodicha desviacion de poder, pues no se allego ninguna prueba tendiente a
acreditar la intencidn de afectar a la senora Angela Viviana Torres Carranza, ni
mucho menos se probd en este proceso, algun tipo de diferencias con la superior
Jerarquica de la senora Angela Viviana Torres Carranza y que en virtud de ella se
hubiere inducido a la toma de la decisidn al Director de la DIAN de la epoca, sehor
Oscar Edelberto Franco Charry, tampoco se demostrd que la persona que ocupd su
cargo posteriormente, no tuviera los requisites para el mismo, o que no tuviera las
mismas calidades de la referida funcionaria.
47
VIft]
Radicado: 110010326000201300116 00 (49155j
Dcm.'indante: Superintendencia de Sei’vicios Publicos Domiciliarios
(...) En. este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la ihdebida
aproximacion que las entidades publicas realizan en torno a los medios de pruebas
que se allegan a los juicios de repeticion, dado que no distinguen la forma de la
conducta imputada para efectos de que, bajo criterios de utilidad, pertinencia y
conducencia, el material probatorio sea congruente con esa misma imputacion. En
efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya
genesis sea vacio o generico, dado que deberan traer medios de prueba que
permitan establecer en forma individual y congruente, el dolo o la culpa grave que
se imputa, aspecto que no desdice del supuesto que conduce a su presuncion, pero
que de cara actos administrativos a los que antecede un sinnumero de actuaclones
a cargo de diferentes funcionarios, ■ se impone como premisa de ineludible
observancia.
Cabe precisar que, si bien las referidas probanzas resultaron suficientes para
declarar la nulidad del acto administrativo demandado, no acontece Io mismo para
la acreditacion de la conducta individual -dolo- frente a los demandados en la
presente accion de repeticion [...]"
Bajo el anterior panorama, concluye la Sala que la actuacibn de Evamarla Uribe
Tobdn no configura una violacion manifiesta de la ley que de lugar a las
presunciones de dolo y/o culpa grave de los articulos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001,
pues las normas que para el momento de los hechos regulaban los cargos en
provisionalidad, eran Claras en indicar que era la Superintendente de Servicios
Publicos Domiciliarios quien tenia la facultad exclusiva para nombrar el personal y
removerlo en cualquier momento mediante decision motivada, tai como en efecto
ocurrio, por Io que en el marco de este proceso, no se encuentra configurada la
desviacion de poder ni el desconocimiento inexcusable de las normas de derecho.
Ademas, tampoco se acredito en este proceso que la desvinculacion de Luz Stella
Mena obedeciera a intereses particulares de la Superintendente de Servicios
Publicos Domiciliarios y no a criterios del buen servicio.
Es por ello, que la Sala encuentra razon en los argumentos de la defensa cuando
alega que la decision cuya nulidad genero la condena contra la entidad se adopto
bajo Io preceptuado en el ordenamiento legal vigente para el momento de los
hechos, dado que la senora Uribe Tobon tenia la facultad para desvincular a
cualquier empleado de libre nombramiento con motives razonables, Io cual quedo
probado asi sucedio y sin que se reunieran en este proceso los presupuestos para
presumir la conducta dolosa derivada de una supuesta desviacion de poder.
*■>
48
/a
|ffi VI*
T Radicado: 110010326000201300116 00 {49155]
[BE Deinandante: Siiperintendeneia de Servicios Publicos Domiciliarios
Lo anterior, en tanto que el. nombramiento se efectua en ejercicio de la facultad
discrecional que le permite al nominador escoger a quien tenga las condiciones de
idoneidad para el ejercicio del cargo, y el retiro se presume ejercido en aras del buen
servicio pOblico®\
Con todo, la Sala precise que no se estan desconociendo los efectos de cosa
juzgada de la sentencia que impuso la condena a la Superintendencia de Servicios
Publicos Domiciliarios en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado en su contra, pues el objeto de dicha accion es la determinacion de la
responsabilidad del Estado como consecuencia del dano causado con un acto
administrativo, juicio en el que se busca determiner la oposicion del acto a.la ley, el
cual puede provenir de la conducta antijuridica o no del agente que lo expide,
mientras que en la accion de repeticion la antijuridicidad de la conducta del agente
en tanto dolosa o gravemente culposa es el elemento fundamental de la
responsabilidad de ese agente o ex agente del Estado en contra del cual se dirige
la accion^^ elemento huerfano de prueba en estas diligencias.
Ademas, la cosa juzgada exige identidad entre las partes, aspecto que no se
presenta entre el juicio de repeticion y el de nulidad y restablecimiento del derecho,
toda vez que en el de repeticion son partes el servidor publico y el Estado, en tanto
que en el de nulidad y restablecimiento del derecho lo son el Estado y el supuesto
afectado con el acto cuya nulidad se demanda.
En conclusion, la anulacion del acto administrative bajo el presupuesto de la
existencia del vicio de desviacion de poder y violacion manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho no lleva consigo, para casos como el sub examine, la
conclusion automatica de que se obro con dolo o culpa grave, toda vez que el hecho
objetivo de que se haya declarado la nulidad del acto administrative suscrito per la
demandada, no da lugar perse a deducir la responsabilidad del servidor publico que
Io profirio.
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion C, Sentencia del 23 de febrero de 2022 Rad ■
55602.
Consejo de Estado, Seccion Tercera, Subseccion A, Sentencia del 30 de julio de 2021 Rad •
50424.
a
49
Radicado: 1100-10326000201300116 00 (49155)
Demandante: Superinteiidencia de Servicios Publicos Domiciliarios
Por ultimo, es importante destacar que al analizar el acervo probatorio tampoco se
encontro acreditado que la conducta de Evamaria Uribe Tobon haya sido dolosa y/o
gravemente culposa, razon por la que no esta Hamada a responder dentro del medio
de control de repeticion.
En el contexto puesto de presente, esta Sala negara las pretensiones de la
demanda, porque no se configure una actuacion dolosa y/o gravemente culposa de
Evamaria Uribe Tobon. Por el contrario, se establecio que la demandada, dentro
del margen de maniobrabilidad y discrecionalidad que le asistia en su condicion de
Superintendente de Servicios Publicos Domiciliarios, hizo uso de su facultad
nominadora y declare insubsistente el nombramiento de la seHora Luz Stella Mena,
teniendo en cuenta los esquemas y pollticas directivas que en ese momento ella
considerd adecuados y las finalidades del buen servicio del Estado, mediante un
acto motivado en razones objetivas y acordes al caso particular.
De acuerdo con Io expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso
la parte actora no cumplio con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en
cuenta que de conformidad con Io dispuesto en el artfculo 167 del Codigo General
del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto juridico que ellas persiguen”, cuya omision por la demandante,
a quien corresponde tai carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de
los elementos estructurales de la accion de repeticion, sin la cual, en los terminos
t
del inciso 2° del artlculo 90 de la Constitucion Politica, no es posible la declaracion
de responsabilidad de la demandada.
Asi las CQsas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repeticion, la
carga de la prueba que recaia en el demandante implicaba la comprobacion de los
requisites para su procedencia, esto es, la obligacion reparatoria a cargo del
Estado; la calidad de servidor o ex servidor publico o particular que ejerza o haya
ejercido funciones publicas del demandado; el pago de la obligacion reparatoria: y
que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el dano
antijurldico por el cual se condeno al Estado, situacion que no acontecio en el sub
examine.
50
Li iKaSjf J Jwj
Ratiicado; 110()1032600020i:300n6 00 (49155]
Demandanre: Superintendencia de Servicios Publicos Doniiciliarios
Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello
auscultar algunos vaclos que en materia probatoria pudo dejar ,una deficiente
Concepcion de la prueba por el extreme procesal interesado y de esta manera
buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las
partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para
supiir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relacion juridico
procesal entre ambos extremes procesales, pues al juez corresponds guardar la
debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan
a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
9. Condena en costas
El articulo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[...] salvo en los procesos
en que se ventile un interes publico, la sentencia dispondra sobre la condena en
costas, cuya liquidacion y ejecucion se regiran por las normas del Codigo de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el articulo 365 del Codigo General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso el recurso de apelacion, establece las siguientes reglas para
proceder a la condena en costas:
“1. condenara en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelacion, casacion, queja, suplica, anulacion o
revision que baya propuesto. Ademas, en los casos especiales previstos en este
codigo.
I...]
2. La condena se hara en sentencia o auto que resuelva la actuacion que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de piimera
instancia se condenara al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la-del inferior, la
parte vencida sera condenada a pagar las costas de ambas instancias. ■
[...]
8. Solo habra lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se'causaron y
en la medida de su comprobacion”.
Bajo este entendido, se condenara en costas a la parte demandante, debido a que
fue la parte vencida en el proceso y su liquidacion se hara de manera concentrada
por la secretaria de la Seccion Tercera de esta Corporacion, en los terminos del
artfculo 366 del Codigo General del Proceso, tomando en consideracion Io dispuesto
51
Radicado: 11001032600020130011600 (491.55)
Demandante; Siiperintendenda de Servicios Publicos Domiciliarios
por el articulo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidacion
las expenses que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relacidn con las agendas en derecho en procesos de unica instancia, de
conformidad con loestablecidoen los numerales 3^^y4®'* delarticulo 366 del Cddigo
General del Proceso, en concordancia con el articulo 6, numeral 1.1. del Acuerdo
2222 del 10 de diciembre de 2003, vigente para el momento de la presentacidn de
la demanda, tratandose de procesos ordinaries que se surten en unica instancia la
tarifa de agendas en derecho sera de hasta el quince por ciento (15%) de las
pretensiones.
En este orden, la Sala fija las agendas en derecho en esta instancia en el cere punto
uno por ciento (0.1%) del valor total de las pretensiones, en razon de la naturaleza,
calidad y cuantla del proceso, asi como tambien de la actuacion desplegada por la
parte vencedora®®. Como las pretensiones se estimaron en $270,743,994 la parte
demandante (Superintendencia de Servicios Publicos Domidliarios) pagara la.suma
de dosdentos setenta mil setecientos cuarenta y tres mil pesos con novecientos
noventa y cuatro centavos ($270,743,994).
En mdrito de Io expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de Io Contencioso
Administrative, Seccion Tercera, Subseccion C, administrando justida en nombre
de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,
“3. La liquidacidn incluirii el valor de los honorarios de auxillares de la justida, los dem^s gastos
Judidales hechos por la parte benefidada con la condena. siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido utiles y correspondan a actuaciones autoiizadas por la ley, y las agendas en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado [...] Los honorarios de
los peritos contratados directamente por las partes serdn induidos en la liquidacibn de costas,
siempre que aparezcan comprobados y el Juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parbmetros estableddos por el Consejo Superior de la Judicature y por las entidades especializadas,
el juez los regular^
“4. Para la fijacibn de agendas en derecho deberbn aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicature. Si aquellas establecen sotamente un minimo, o este y un mbximo, el juez
tendrb en cuenta, adembs, la naturaleza, calidad y duracibn de la gestibn realizada por el apoderado
o la parte que litigb personalmente, la cuantla del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el mbximo de dichas tarifas”.
Cfr. Consejo de Estado, Seccidn Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
52
Ji Radicado: 110010326000201300116 00 (49155}
Demandante: Superintendencia de Servicivs Piiblicos Domiciliarios
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimacion por pasiva de Juan Felipe Ospina
Urquijo.
SEGUNDO; NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales seran
liquidadas de manera concentrada por la secretaria de la Seccion Tercera del
Consejo de Estado, de conformidad con Io expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideracion Io dispuesto en ios articulos 366 y 365.8
del Codigo General del Proceso.
Fijar pdr concepto de agendas en derecho en unica instancia la suma de doscientos
setenta mil setecientos cuarenta y tres mil pesos con novecientos noventa y cuatro
centavos ($270,743,994) en favor de la parte demandada.
CUARTO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuacion, previas las
anotaciones de rigor.
COPIESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE
/ ^iiCOLAS^E^^^ori^i^^S
/ Presidents de la Sala
ill I
GUILLERMO SANG
MagtSfrado
QUE JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
EX3
6?'
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.