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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00177-00

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2013-00177-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niéganse las pretensiones de la demanda. 2°) Condénase en costas a la parte actora, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2013-00177-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

27 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
Demandante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Demandados: FERNANDO RAÚL ARRIETA CHARRY Y OTROS
Medio de control: REPETICIÓN - CPACA
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA - AUSENCIA DE
CULPA GRAVE

Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra de los señores Fernando Raúl Arrieta
Charry, Amalfi Gómez Arregocés y los herederos del señor José Vicente Gual Acosta,
exmagistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, con el fin de que
se les declare patrimonialmente responsables, a título de culpa grave, con ocasión de la
condena impuesta a la Nación - Rama Judicial por el Tribunal Administrativo del Magdalena
en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
José Vicente Paternina Peinado; dicha condena tuvo origen en la declaratoria de nulidad
de los Acuerdos número 050 y 056 de 2002, mediante los cuales se dispuso la
insubsistencia del nombramiento del mencionado funcionario como Juez Segundo Penal
del Circuito Especializado de Santa Marta, por estimarse configurada una falsa motivación.
La Sala negará las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala, en única instancia, la demanda de repetición presentada por la
Nación - Rama Judicial en contra de los señores Fernando Raúl Arrieta Charry,
Amalfi Gómez Arregocés y los herederos del señor José Vicente Gual Acosta.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 26 de agosto de 2013 (índice 101 SAMAI)1, subsanado
el 12 de octubre de 20172 y reformado el 8 de febrero de 2019, la Nación - Rama

1 Folio 20, archivo “ed_c01_05 demanda”.
2 La demanda del proceso de la referencia se dirigió inicialmente en contra de los señores Fernando

Raúl Arrieta Charry, José Vicente Gual Acosta, Amalfi Gómez Arregocés y Juan Bautista Baena
Mesa; sin embargo, con ocasión de la subsanación se precisó que las pretensiones se formularían
únicamente respecto de los tres primeros, esto es, Fernando Raúl Arrieta Charry, José Vicente Gual
Acosta y Amalfi Gómez Arregocés (índice 101 SAMAI, archivo “ed_c01_29 subsanación demanda-
anexos”).

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
Actor: Nación - Rama Judicial
Repetición
Sentencia de única instancia

Judicial3 promovió demanda de repetición en contra de los señores Fernando Raúl
Arrieta Charry, José Vicente Gual Acosta y Amalfi Gómez Arregocés (índice 101
SAMAI)4 en la cual se formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se declare administrativamente responsables a los
señores FERNANDO RAÚL ARRIETA CHARRY, AMALFI GÓMEZ
ARREGOCÉS Y A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR
JOSÉ VICENTE GUAL AGOSTA, quienes fungieron como Magistrados
de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,
para la época de los hechos, por haber incurrido en conducta gravemente
culposa, lo que ocasionó la condena impuesta a la Nación - Rama Judicial
en el proceso de nulidad y establecimiento del derecho Exp. 47001-23-
31-003-2002-01229-00, en decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA, como consecuencia de la conducta gravemente
culposa en que incurrieron los mencionados funcionarios judiciales al
declarar insubsistente al doctor JOSÉ VICENTE PATERNINA PEINADO,
quien fungía como Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de
Santa Marta, con fundamento en una falsa motivación, basada en la
necesidad del servicio y las condiciones éticas que el servidor judicial
debe tener, lo que denota un prejuzgamiento, como consecuencia de la
investigación penal que se había iniciado en su contra, vulnerándose el
derecho fundamental a ser tratado como inocente y no se le respetó su
dignidad humana, por cuanto contra él no pesaba sentencia ejecutoriada
de condena en su contra.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se
condene a FERNANDO RAÚL ARRIETA CHARRY, AMALFI GÓMEZ
ARREGOCÉS Y A LOS HEREDEROS INDETERMINADOS DEL SEÑOR
JOSÉ VICENTE GUAL ACOSTA al resarcimiento de los perjuicios
económicos ocasionados a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial que equivalen a la suma de CIENTO
CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS ($143'380.00.00) con ocasión del pago efectuado por la entidad
en cumplimiento de una sentencia condenatoria, por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, como consecuencia de la
actuación gravemente culposa, desplegada por los Magistrados de la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,
FERNANDO RAÚL ARRIETA CHARRY, AMALFI GÓMEZ ARREGOCÉS
Y JOSÉ VICENTE GUAL ACOSTA, frente a la declaratoria de
insubsistencia del doctor JOSÉ VICENTE PATERNINA PEINADO, con los
intereses moratorios desde la fecha en que cobre ejecutoria la sentencia
que ponga fin a este proceso (…).” (índice 101 SAMAI - mayúsculas fijas
y negrillas del texto original)5.

3 En relación con la reforma de la demanda, se advierte que i) el 10 de septiembre de 2018, una vez

admitida la demanda, la señora Diana María Gual Acosta informó que su progenitor, el señor José
Vicente Gual Acosta, había fallecido el 23 de agosto de 2005 (índice 101 SAMAI, archivo “ed_c01_43
otros-memorial anexos”); ii) en atención a dicha circunstancia, mediante auto del 6 de noviembre de
2018, se concedió a la parte actora un término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
notificación de dicha providencia, para que adecuara la demanda en el sentido de dirigir las
pretensiones contra los herederos determinados o indeterminados del mencionado demandado
(índice 101 SAMAI, archivo “ed_c01_47 auto que resuelve-auto requerir”) y, iii) en cumplimiento de
lo ordenado, el 8 de febrero de 2019 la demandante presentó el escrito de reforma de la demanda
en el cual mantuvo las súplicas frente a los señores Amalfi Gómez Arregocés y Fernando Raúl Arrieta
Charry, y las extendió contra los herederos indeterminados del señor José Vicente Gual Acosta
(índice 101 SAMAI, archivo “ed_c01_52 reforma de la demanda”).
4 Archivo “ed_c01_05 demanda”.
5 Archivo “ed_c01_52 reforma de la demanda”.

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
Actor: Nación - Rama Judicial
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Sentencia de única instancia

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor José Vicente Paternina Peinado, quien se desempeñaba como Juez
Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta (Magdalena), fue objeto
de una investigación penal por el delito de concusión, dentro de la cual la Fiscalía
Segunda de Barranquilla (Atlántico) le impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación; asimismo, la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (Atlántico)
dispuso la suspensión en el ejercicio del cargo que desempeñaba.

2) El 9 de noviembre de 2000, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla declaró penalmente responsable al señor José Vicente Paternina
Peinado por la comisión del punible de concusión y, en consecuencia, le impuso
una pena de cuatro (4) años y dos (2) meses de prisión, así como también la
interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, decisión que
fue oportunamente apelada.

3) El 1° de febrero de 2002, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia le concedió al procesado el beneficio de la libertad provisional.

4) El 13 de junio de 2002, la Sala Plena del Tribunal Superior de Santa Marta -de la
cual hacían parte los magistrados Fernando Raúl Arrieta Charry, Amalfi Gómez
Arregocés y José Vicente Gual Acosta- expidió el Acuerdo número 050 mediante el
cual declaró insubsistente el nombramiento del señor José Vicente Paternina
Peinado como Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Santa Marta, por
estimar que únicamente pueden desempeñar cargos en la Rama Judicial quienes
observen una conducta acorde con la dignidad de la función; esta decisión fue
confirmada el 18 de julio de 2002 a través del Acuerdo número 056.

5) El 10 de septiembre de 2003, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia revocó la sentencia penal condenatoria y, en su lugar, absolvió al señor
José Vicente Paternina Peinado del delito de concusión.

6) De manera posterior, el señor José Vicente Paternina Peinado promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los Acuerdos

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Sentencia de única instancia

número 050 y 056 de 2002 proferidos por la Sala Plena del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, por medio de los cuales se declaró la insubsistencia
del acto de nombramiento suyo como juez.

7) El 15 de octubre de 2008, el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la
nulidad de los referidos acuerdos por falsa motivación, por considerar que la
declaración de insubsistencia se fundamentó en un prejuzgamiento derivado de un
proceso penal que no había culminado con sentencia ejecutoriada; a título de
restablecimiento del derecho ordenó el reintegro del señor Paternina Peinado al
cargo que venía desempeñando o a otro de igual categoría, el pago de los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir, y el reconocimiento de perjuicios
morales equivalentes a ciento setenta (170) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

8) En cumplimiento a lo ordenado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
expidió la Resolución número 4012 del 19 de julio de 2011 mediante la cual
reconoció y ordenó el pago de la referida condena judicial, la cual fue cancelada a
través de la orden de pago número 2117 del 26 de julio de 2011.

9) Se debe declarar la responsabilidad patrimonial de los señores Fernando Raúl
Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta en la medida
en que, en su condición de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta, su conducta encuadra en el supuesto previsto en el numeral 1 del
artículo 6 de la Ley 678 de 2001 relativo a la “violación manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho”, por cuanto la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento del señor José Vicente Paternina Peinado no obedeció al
mejoramiento del servicio sino que tuvo como fundamento un proceso penal que
cursaba en su contra y que no había culminado con sentencia ejecutoriada,
circunstancia que violó su presunción de inocencia ante la inexistencia de cosa
juzgada penal (índice 101 SAMAI)6.

3. Contestaciones de la demanda

1) Por autos del 13 de febrero de 2018 y 2 de agosto de 2022 se admitieron la
demanda (índice 101 SAMAI)7 junto con su reforma y se ordenó la notificación
personal de los demandados.

6 Archivo “ed_c01_52 reforma de la demanda”.
7 Archivo “ed_c01_34 auto admite inadmite o rechaza-auto admite”.

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a) Mediante escrito radicado el 20 de marzo de 2019, la señora Amalfi Gómez
Arregocés se opuso a las pretensiones de la demanda, por estimar que i) para la
época en que se profirieron los Acuerdos números 050 y 056 de 2002 no ejercía el
cargo de magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta, razón por la cual no elaboró ni presentó el proyecto de los respectivos
actos administrativos; ii) no obra en el expediente constancia que acredite que la
cuenta bancaria a la cual se realizó el pago ordenado en la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho perteneciera al señor José Vicente Paternina Peinado,
tampoco se aportó constancia de recibido por parte de este; de modo que, no se
encuentra debidamente acreditado el pago efectivo de la condena; iii) hay lugar a
declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de repetición, por cuanto
fue ejercido por fuera del término legal previsto y, iv) su conducta se ajustó en todo
momento a los deberes funcionales propios del cargo y se desplegó con diligencia
y observancia del ordenamiento jurídico, de manera que no actuó con dolo ni culpa
grave (índice 101 SAMAI)8.

b) A través de memorial presentado el 3 de abril de 2019, el señor Fernando Raúl
Arrieta Charry igualmente controvirtió las súplicas de la demanda, por considerar
que i) no actuó con dolo ni culpa grave, su conducta se ajustó a lo dispuesto en el
artículo 126 de la Ley 270 de 1996, norma que exige que únicamente pueden
desempeñar cargos en la Rama Judicial quienes observen una conducta acorde
con la dignidad de la función, criterio que orientó la decisión adoptada en el caso
concreto; ii) debe declararse la caducidad del medio de control judicial de repetición
por el hecho de haber sido ejercido por fuera del término legalmente establecido; iii)
se vulneró su derecho de defensa, en la medida en que no fue llamado en garantía
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pese a lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 4 de la Ley 678 de 2001 y, iv) el daño
cuya reparación se pretende no le es imputable, dado que la suspensión del señor
José Vicente Paternina Peinado fue dispuesta por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, autoridad que adelantó el proceso
penal en su contra (índice 101 SAMAI)9.

c) El 29 de enero de 2025, los señores José Manuel Gual Acosta, Diana María Gual
Acosta y Luis Enrique Gual Acosta, en su condición de herederos del señor José

8 Archivo “ed_c01_57 informe paso al despacho-anexa memorial con contestación de la demanda y

anexos”.
9 Archivo “ed_c01_59 informe paso al despacho-anexa contestación de la demanda”.

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Vicente Gual Acosta10, solicitaron que se denieguen los requerimientos de la
demanda. Para tal efecto, alegaron i) la caducidad del medio de control respecto de
ellos, por el hecho de haberse formulado las pretensiones en su contra con ocasión
de la reforma de la demanda cuando ya había transcurrido el término legal para el
ejercicio del medio de control judicial de repetición; ii) la falta de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto el medio de control de repetición -de naturaleza
personal y subjetiva- no resulta procedente contra los herederos de un agente
estatal fallecido con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda,
como ocurrió en el caso del señor José Vicente Gual Acosta, quien murió el 23 de
agosto de 2005; iii) la inexistencia de prueba del pago efectivo de la condena
impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; iv) la
improcedencia de la aplicación de la presunción prevista en el numeral 1 del artículo
6 de la Ley 678 de 2001, por el hecho de no demostrarse una violación manifiesta
e inexcusable del ordenamiento jurídico; v) la actuación de los magistrados del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta se ajustó a la normatividad
que regulaba el asunto y a la jurisprudencia vigentes para la época, en ejercicio
diligente y razonable de sus funciones; vi) la configuración de la culpa de la víctima,
por la deficiente defensa de los actos administrativos en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y, vii) en caso de una eventual condena, esta debe
limitarse al monto de capital y, en todo caso, debe operar el beneficio de inventario,
de manera que su responsabilidad no exceda el valor de los bienes recibidos en la
liquidación de la sucesión (índice 153 SAMAI).

10 En relación con la vinculación de los herederos del señor José Vicente Gual Acosta, resulta
pertinente precisar lo siguiente: i) mediante auto del 2 de agosto de 2022 se admitió el escrito de
reforma de la demanda presentado por la parte actora, se reconoció como sucesora procesal del
demandado fallecido a su heredera Diana María Gual Acosta, junto con los demás herederos
indeterminados, y se libró despacho comisorio al Tribunal Administrativo del Magdalena para que
surtiera la notificación personal de la demanda y su reforma a la mencionada heredera y a los demás
herederos indeterminados, en su calidad de sucesores procesales (índice 84 SAMAI); ii) ante la
imposibilidad de realizar dicha notificación personal, por auto del 2 de junio de 2023 se dispuso la
designación de curador ad litem para representar a Diana María Gual Acosta y a los demás
herederos indeterminados, quienes fueron previamente emplazados (índice 105 SAMAI);
posteriormente, mediante providencia del 11 de diciembre de 2023, se designó al abogado Luis
Pardo de la Ossa para desempeñar dicho cargo, quien guardó silencio (índice 114 SAMAI); iii) el 7
de marzo de 2024, los señores José Manuel Gual Acosta, Diana María Gual Acosta y Luis Enrique
Gual Acosta, quienes acreditaron su condición de hijos del señor José Vicente Gual Acosta,
comparecieron al proceso en calidad de herederos y solicitaron ser notificados del auto admisorio de
la demanda (índices 128 y 129 SAMAI); iv) mediante auto del 30 de mayo de 2024 se reconoció
como sucesores procesales del señor José Vicente Gual Acosta a sus herederos José Manuel Gual
Acosta y Luis Enrique Gual Acosta, se relevó del cargo al curador ad litem designado y se ordenó a
la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación notificarles personalmente el auto admisorio
de la demanda (índice 131 SAMAI) y, v) mediante auto del 30 de septiembre de 2004 se repusieron
las providencias del 2 de agosto de 2022, 2 de junio de 2023, 11 de diciembre de 2023 y 30 de mayo
de 2024, con el fin de aclarar que la vinculación al proceso de los señores José Manuel Gual Acosta,
Diana María Gual Acosta y Luis Enrique Gual Acosta obedecía a su condición de herederos del
demandado José Vicente Gual Acosta, y no como sucesores procesales, por cuanto su fallecimiento
ocurrió con anterioridad al inicio del presente proceso de repetición (índice 140 SAMAI).

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
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4. Fijación del litigio

El 3 de septiembre de 2025 se dispuso prescindir de la audiencia inicial de que trata
el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y se determinó que el litigio se circunscribía
a lo siguiente:

“El objeto principal de las pretensiones de la demanda, según lo
consignado en el escrito de la demanda y la reforma de la demanda
consiste en lo siguiente: i) se declaren patrimonialmente responsables a
los señores Amalfi Mercedes Gómez Arregocés, Fernando Raúl Arrieta
Charry y a los herederos del señor José Vicente Gual Acosta quienes
fungieron como magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta para la época de los hechos, a título de culpa grave, de los
perjuicios causados a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial con ocasión de la condena impuesta por el
Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia proferida el 15 de
octubre de 2008 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 47001-23-31- 003-2002-01229-01; ii)
como consecuencia de lo anterior, se condene a los señores Amalfi
Mercedes Gómez Arregocés, Fernando Raúl Arrieta Charry y a los
herederos del señor José Vicente Gual Acosta a reconocer y pagar la
suma de $143’380.000 en favor de la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, dinero que pagó la entidad en cumplimiento de
la sentencia proferida el 15 de octubre de 2008 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con los intereses moratorios desde la fecha
en que cobre ejecutoria la sentencia que ponga fin al proceso; iii) se
actualice el valor de la condena hasta la fecha de pago efectiva y que se
cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 y siguientes del
CPACA y, iv) se condene en costas a la parte demandada, de
conformidad con el artículo 188 del CPACA” (índice 165 SAMAI).

5. Alegatos de conclusión

Por auto del 3 de septiembre de 2025 (índice 165 SAMAI) se corrió traslado a las
partes para que presentaran las alegaciones de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal las partes reiteraron los argumentos planteados
durante el trámite del proceso (índice 75, 178, 180 y 181 SAMAI); el Ministerio
Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis del caso,
3) conclusión y, 4) condena en costas.

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
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1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) El objeto de la controversia consiste en determinar si los señores Fernando Raúl
Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta, en su
condición de exmagistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa
Marta, incurrieron en culpa grave en el supuesto previsto en el numeral 1 del artículo
6 de la Ley 678 de 2001 relativo a la “violación manifiesta e inexcusable de las
normas de derecho”.

2) Para tal efecto, la Sala i) analizará la caducidad del medio de control judicial, ii)
la legitimación en la causa por pasiva de los herederos del señor José Vicente Gual
Acosta, iii) corroborará si los elementos objetivos del medio de control jurisdiccional
de repetición se encuentran acreditados y, iii) determinará si se encuentra
demostrado o no el supuesto normativo que permita imputar a los demandados una
conducta gravemente culposa en los términos invocados y, en consecuencia,
establecer si resulta procedente el reembolso de las sumas pagadas por la Nación
• Rama Judicial en cumplimiento de la condena impuesta en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.

2. Análisis del caso

2.1 Caducidad del medio de control judicial

1) El literal I) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone que cuando se
pretenda ejercer el medio de control jurisdiccional de repetición para recuperar lo
pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto, el término para acudir a la jurisdicción será de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago o, a más tardar, desde
el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el cumplimiento de
la condena.

2) En el presente asunto, la sentencia condenatoria de nulidad y restablecimiento
del derecho adquirió firmeza el 24 de marzo de 201011.

11 La sentencia condenatoria proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho fue dictada el 15 de octubre de 2008 por el Tribunal Administrativo del Magdalena; no
obstante, el expediente fue remitido en grado de consulta y, mediante providencia del 26 de febrero
de 2010, la Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso declarar ejecutoriada la sentencia de
primera instancia, por considerar que la Nación - Rama Judicial había ejercido su derecho de defensa
dentro del proceso, circunstancia que hacía improcedente el trámite de consulta. Dicha decisión fue
notificada por estado el 18 de marzo de 2010, de manera que la providencia quedó ejecutoriada a

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
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El último pago se efectuó el 26 de agosto de 2011 (índice 101 SAMAI) 12, es decir,
dentro del término de dieciocho (18) meses del Decreto-ley 01 de 1984; por
consiguiente, el término de caducidad comenzó a correr el 27 de agosto de 2011,
bajo la vigencia de dicha codificación, conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
según el cual los términos procesales se rigen por la ley vigente al momento de su
iniciación.

3) Así las cosas, la entidad demandante tenía plazo hasta el 27 de agosto de 2013
para presentar la demanda de repetición, y como esta fue radicada el 26 de agosto
de 2013 (índice 101 SAMAI)13 se concluye que fue interpuesta dentro del término
legal.

4) De otra parte, los señores José Manuel Gual Acosta, Diana María Gual Acosta y
Luis Enrique Gual Acosta, en su condición de herederos del señor José Vicente
Gual Acosta, solicitaron que se declare la caducidad del medio de control
jurisdiccional de repetición respecto de ellos, por estimar que la reforma de la
demanda presentada el 8 de febrero de 2019 y mediante la cual se dirigieron las
pretensiones en su contra, fue radicada cuando ya había fenecido el término legal
para acudir a la administración de justicia.

Al respecto, la Sala advierte que dicho planteamiento parte de una premisa
equivocada, consistente en entender que la reforma de la demanda comportó la
vinculación de nuevos demandados o la formulación de pretensiones autónomas, lo
cual no se aviene con las particularidades del caso concreto ni con la naturaleza
jurídica de la actuación procesal adelantada.

En efecto, está acreditado en el expediente que la demanda inicial de repetición fue
presentada oportunamente contra los tres exmagistrados del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, entre ellos el señor José Vicente Gual Acosta, esto
es, dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de
2011; con posterioridad a la admisión de la demanda, una de sus hijas puso en
conocimiento del despacho que el mencionado exmagistrado falleció en el año
2005, circunstancia que era desconocida por la parte actora al momento de ejercer
el medio de control judicial de repetición.

los tres (3) días hábiles siguientes, esto es, el 24 de marzo de 2010 (índice 2 SAMAI, fls. 417 a 463,
495 a 496 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”).
12 Folios 22 a 23 del archivo “ed_c01_31 subsanación demanda-anexos y traslados”.
13 Folio 20 del archivo “ed_c01_05 demanda”.

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
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Ante dicha situación se ordenó a la entidad demandante reformar la demanda con
el único propósito de que las pretensiones fueran dirigidas contra quienes, conforme
a la ley civil, representan el patrimonio del causante, esto es, sus herederos; tal
actuación procesal no tuvo como finalidad ampliar el objeto del litigio ni incorporar
nuevos sujetos responsables sino garantizar la debida integración del contradictorio,
atendiendo al fallecimiento del demandado inicialmente vinculado.

En ese orden de ideas, la Sala considera que la reforma de la demanda no implicó
la extensión de la acción a personas distintas de aquellas frente a quienes fue
ejercida originalmente; por el contrario, la comparecencia de los herederos no
obedece a título personal sino en su condición de continuadores del patrimonio del
causante respecto del cual se discute la eventual obligación de reembolso, limitada
al monto de la herencia.

5) En consecuencia, la Sala concluye que no se configuró el fenómeno de la
caducidad respecto de los herederos del señor José Vicente Gual Acosta, toda vez
que el medio de control judicial de repetición fue ejercido oportunamente contra este
último y la posterior reforma de la demanda se limitó a adecuar la parte demandada
a una circunstancia sobreviniente, sin alterar el objeto, ni la causa, ni los sujetos
pasivos de la acción en sentido material.

2.2 Legitimación en la causa por pasiva de los herederos del señor José
Vicente Gual Acosta

1) Los señores José Manuel Gual Acosta, Diana María Gual Acosta y Luis Enrique
Gual Acosta solicitaron que se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva, por considerar que el medio de control judicial de repetición no resulta
procedente contra los herederos de un agente estatal fallecido con anterioridad a la
notificación del auto admisorio de la demanda, como ocurrió en el caso de su
progenitor, cuyo deceso acaeció el 23 de agosto de 2005.

2) Al respecto, la Sala estima pertinente precisar que el medio de control de
repetición tiene una naturaleza eminentemente patrimonial, tal como lo ha
reconocido la Corte Constitucional en las sentencias C-484 de 2002, C-338 de 2006
y SU-354 de 2006, circunstancia que implica que la obligación de resarcir al Estado
no se extingue con la muerte del agente, sino que, es una obligación transmisible
mortis causa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2343 del Código Civil.
En ese sentido, la procedencia de la repetición contra los herederos de un agente
estatal fallecido no comporta vulneración del derecho fundamental del debido

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
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proceso, en la medida que estos cuentan con todas las garantías procesales
previstas en el ordenamiento jurídico para ejercer su derecho de defensa y
contradicción, máxime cuando corresponde a la entidad demandante acreditar los
supuestos fácticos y jurídicos que fundamentan la imputación14.

3) En consecuencia, la Sala concluye que no es procedente declarar la ausencia de
legitimación en la causa por pasiva de los señores José Manuel Gual Acosta, Diana
María Gual Acosta y Luis Enrique Gual Acosta, quienes comparecen al proceso en
su condición de herederos del señor José Vicente Gual Acosta, respecto del
patrimonio que eventualmente pudiera resultar comprometido.

2.3 Generalidades del medio de control judicial de repetición

El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a
reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este 15, de igual
manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001 y Ley 1437 de
2011.

En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: i) la condena
al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; ii) el pago efectivo
a la víctima del daño y, iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente
culposa del agente como factor determinante de la condena.

2.3.1 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio

Para la Sala no cabe duda acerca de la existencia de una condena judicial impuesta
en contra de la Nación - Rama Judicial consistente en el pago de unas sumas de
dinero, pues, en el expediente obra copia de la sentencia del 15 de octubre de 2008
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante la cual se declaró
la nulidad de los Acuerdos número 050 y 056 de 2002 y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenó a la entidad hoy demandante a reintegrar al señor José

14 En el caso concreto, los herederos del agente estatal fallecido ejercieron plenamente su derecho

de defensa dentro del trámite de la acción de repetición, pues, actuaron representados por
apoderado judicial, contestaron oportunamente la demanda, solicitaron y controvirtieron pruebas,
presentaron alegatos de conclusión y radicaron diversos memoriales a lo largo del trámite,
participando activamente en las distintas etapas procesales.
15 Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado

el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.

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Vicente Paternina Peinado al cargo que venía desempeñando, así como también
pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por aquel, junto con
una indemnización por concepto de perjuicios morales para la víctima directa, su
esposa y familiares (índice 101 SAMAI)16.

2.3.2 La acreditación del pago

Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes
documentos:

1) La Resolución número 4011 del 19 de julio de 2011, a través de la cual la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconoció y ordenó el pago en favor
de los señores José Vicente Paternina Peinado, Martha Patricia Vitola García,
Daniela Paternina Vitola y Teresa García de Vitola, beneficiarios de la condena en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la suma de ciento un millones
trescientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos ($101.368.552) por
concepto de indemnización por perjuicios morales, de los cuales veintidós millones
novecientos trece mil quinientos cincuenta y dos pesos ($22.913.552)
correspondieron a intereses moratorios (índice 101 SAMAI)17.

2) La Resolución número 4012 del 19 de julio de 2011, por la cual la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial reconoció y ordenó el pago en favor del señor
José Vicente Paternina Peinado por concepto de perjuicios materiales la suma de
mil veinticinco millones setecientos veintidós mil setecientos ochenta y ocho pesos
($1.025.722.788), de los cuales doscientos diecisiete millones trecientos veintiséis
mil trecientos cinco pesos ($217.326.305) correspondieron a intereses moratorios.

Asimismo, en dicha resolución se dispuso que del valor total reconocido se dedujera
y consignara un porcentaje en favor de los señores William Flórez Noriega y Enrique
García Pimienta, quienes actuaron como apoderados judiciales del beneficiario
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con
los contratos de prestación de servicios aportados (índice 101 SAMAI)18.

3) El certificado expedido por la directora administrativa de la División de Tesorería
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (índice 101 SAMAI)19, en el cual

16 Folios 417 a 453 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”.
17 Folios 31 a 39 del archivo “ed_c01_31 subsanación demanda-anexos y traslados”.
18 Folios 40 a 56 del archivo “ed_c01_31 subsanación demanda-anexos y traslados”.
19 Folios 22 a 23 del archivo “ed_c01_31 subsanación demanda-anexos y traslados”.

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se indicó que, a través del Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF
Nación-, se efectuaron los siguientes pagos:

Beneficiario OP Fecha de pago Subtotal Total
José Vicente Paternina Peinado 80535911 27/07/2011 $ 286.047.151

$313.914.061
José Vicente Paternina Peinado 9881261 26/08/2011 $27.866.910

William Flórez Noriega 81479111 27/07/2011 $222.107.730

William Flórez Noriega 99791811 26/08/2011 $3.577.713,50

William Flórez Noriega 99895011 26/08/2011 $3.577.713,50 $242.381.440

William Flórez Noriega 99895011 26/08/2011 $3.577.713,50

William Flórez Noriega 99895011 26/08/2011 $9.540.569,50

Enrique García Pimienta 82472911 28/07/2011 $222.107.730

Enrique García Pimienta 99811111 28/07/2011 $3.577.713,50

Enrique García Pimienta 99906411 26/08/2011 $3.577.713,50 $242.381.440

Enrique García Pimienta 99999111 26/08/2011 $3.577.713,50

Enrique García Pimienta 99885511 26/08/2011 $9.540.569,50

Martha Patricia Vitola García 98804711 26/08/2011 $10.450.091,00

Martha Patricia Vitola García 99918111 26/08/2011 $10.450.091,00 $31.350.273

Martha Patricia Vitola García 10000871 26/08/2011 $10.450.091,00

TOTAL PAGOS $830.027.214

4) Los mencionados elementos materiales probatorios constituyen, en su conjunto,
pruebas suficientes para demostrar el pago de la condena, postura que es acorde
con lo establecido por esta Subsección que, en oportunidades anteriores ha
establecido que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia
del pago deba provenir del acreedor y que otros medios de prueba, tales como
documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para
demostrar el mencionado presupuesto20.

5) De otra parte, respecto del pago realizado por la demandante se precisa que el
medio de control judicial de repetición procede solo por el valor del capital pagado
en cumplimiento de las sentencias condenatorias, no por los intereses moratorios
los cuales no son imputables a los aquí demandados sino al deudor que no satisfizo
la obligación en forma oportuna; por consiguiente, desde ya debe precisarse que en
caso de encontrarse acreditada la responsabilidad patrimonial personal de los
accionados no se podría incluir el valor de doscientos cuarenta millones doscientos

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente

número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz.

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treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($240.239.857) que
corresponden a intereses moratorios.

2.3.3 La condición de agentes estatales de los demandados

1) En el asunto sometido a consideración de la Sala se encuentra acreditada la
condición de agentes estatales de los señores Fernando Raúl Arrieta Charry, José
Vicente Gual Acosta y Amalfi Gómez Arregocés quienes, para la época de los
hechos (año 2002), se desempeñaban como magistrados de Sala Plena del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.

En efecto, obran en el expediente los Acuerdos número 050 y 056 de 2002
expedidos por la Sala Plena de dicha corporación, de los cuales se advierte que
fueron suscritos por doce (12) magistrados, entre ellos los señores Raúl Arrieta
Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta (índice 101 SAMAI)21.

En consecuencia, no hay duda de que los demandados expidieron el acto
administrativo anulado por esta jurisdicción y que dio lugar a la condena impuesta
a la entidad actora y por cuyo pago repite en el presente asunto,

2) Ahora bien, la demandada Amalfi Gómez Arregocés sostuvo que para la época
de los hechos no hacía parte de la “Sala Penal” del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta y que, por tal razón, no elaboró ni presentó el proyecto de
los referidos Acuerdos número 050 y 056 de 2002.

Al respecto, la Sala precisa que si bien no obra prueba de que hubiese actuado
como ponente o redactora de los referidos actos administrativos, del material
probatorio se observa que sí los suscribió (índice 101 SAMAI22), circunstancia que
permite tenerla como integrante del órgano colegiado, esto es, la Sala Plena de
dicha corporación, que adoptó la decisión posteriormente anulada en sede judicial,
de manera que su actuación es objeto de análisis en el marco del presente medio
de control.

21 Folios 20 a 24 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”.
22
Folios 20 a 24, 132 a 135 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”.

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2.3.4 Calificación de las conductas de los demandados

La Sala procede a pronunciarse frente a las conductas de los demandados y la
posibilidad de calificarlas como gravemente culposa, para ello se seguirá el
siguiente orden: 1) régimen aplicable, 2) hechos probados, y 3) análisis de las
conductas específicas de los demandados.

2.3.4.1 Régimen aplicable

1) Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe advertirse
que los hechos se refieren a que los señores Fernando Raúl Arrieta Charry, Amalfi
Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta, en la condición de magistrados del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta participaron en la expedición
de los Acuerdos número 050 y 056 expedidos el 13 de junio de 2002 y 18 de julio
de 2002, mediante los cuales se declaró insubsistente el acto de nombramiento del
señor José Vicente Paternina Peinado en el cargo de Juez Segundo Penal del
Circuito Especializado de Santa Marta, época en la que ya estaba vigente la Ley
678 de 200123.

El artículo 6 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible presumir
la culpa grave del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las
denominadas “iuris tantum”, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente.

La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad determinó que
las presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso
a la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de
culpabilidad en cabeza del demandado24; sin embargo, es deber de la entidad actora
expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a
permitir que los demandados tengan la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad
demandante debe probar los supuestos de hecho que estructuran la
correspondiente presunción para que pueda tener efectos jurídicos.

2) En el proceso de la referencia, respecto de los exmagistrados Fernando Raúl
Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta, en la demanda
se aludió a la presunción de culpa grave consagrada en el numeral 1 del artículo 6

23 Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
24 Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.

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Actor: Nación - Rama Judicial
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Sentencia de única instancia

de la Ley 678 de 2001 -original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de
2022- y como argumento se precisó que estos obraron así, porque, la decisión
adoptada mediante los Acuerdos 050 y 056 de 2002 no obedeció al mejoramiento
del servicio sino que tuvo como fundamento un proceso penal que cursaba en contra
del señor José Vicente Paternina Peinado y que no había culminado con sentencia
ejecutoriada, circunstancia que vulneró su presunción de inocencia ante la
inexistencia de cosa juzgada penal.

2.3.4.2 Hechos probados

De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos
probados más relevantes para la adopción de la decisión de la controversia
planteada son los siguientes:

1) El 13 de junio de 2002, la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta -de la cual hacían parte, entre otros, los magistrados Fernando Raúl
Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta- expidió el
Acuerdo número 050, por medio del cual declaró la insubsistencia del nombramiento
del señor José Vicente Paternina Peinado en el cargo de Juez Segundo Penal del
Circuito Especializado de Santa Marta.

Como fundamentos de dicha decisión se destacan los siguientes:

“a) Que el doctor JOSÉ VICENTE PATERNINA PEINADO, en escrito
presentado el veinticuatro (24) de abril del cursarte año solicitó de este
Tribunal que se le reintegre al ejercicio del cargo de Juez Segundo Penal
del Circuito Especializado de Santa Marta, luego de que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolviera ordenar su
libertad, por haber cumplido la proporción correspondiente de la pena que
le había impuesto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla.

b) Que la mencionada solicitud fue llevada a reunión extraordinaria
de Sala Plena efectuada el día 15 de mayo de la presente anualidad y
la corporación decidió, en primer lugar, solicitar documentos al
peticionario con el fin de poder darle respuesta, y al mismo tiempo,
ordenó abrir investigación administrativa para establecer su
situación al frente del mencionado cargo.

c) Que dentro de dicha investigación se pudo establecer: (…).

d) Que mediante sentencia fechada el 9 de noviembre de 2000 la Sala
de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla condenó al doctor José Vicente Paternina Peinado a la
pena de cuatro años y dos meses de prisión y de interdicción de
derechos y funciones públicas por el mismo término como actor
responsable del delito de concusión.

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Actor: Nación - Rama Judicial
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Sentencia de única instancia

e) Que en la misma sentencia se ordenó el traslado del condenado al
establecimiento carcelario adecuado que determinara el director general
del Inpec y, además se abstuvo de conceder o reconocer la condena de
ejecución condicional.

f) Que el doctor José Vicente Paternina Peinado apeló dicha
sentencia y el recurso se tramita actualmente ante la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dependencia
judicial que a través de auto de enero 29 del año en curso ordenó la
libertad provisional del doctor José Vicente Paternina Peinado por
haber cumplido la proporción correspondiente a la pena impuesta,
lo que le permitía gozar de dicho beneficio de excarcelación.

g) Que los jueces penales del circuito especializado no forman parte del
registro de carrera judicial y, por lo tanto, quienes lo desempeñan son
funcionarios de libre nombramiento y remoción.

h) (…) el doctor José Vicente Paternina Peinado no se encuentra
actualmente ni ha estado inscrito en el Registro Nacional de
Escalafón de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial.

i) Que de conformidad con el artículo 126 de la Ley 270 de 1996,
solamente podrán desempeñar cargos en la rama los que observen
una conducta acorde con la dignidad de la función.

j) Que la Corte Suprema de Justicia en investigación administrativa
recientemente ha declarado insubsistente a tres magistrados de
tribunales superiores, sobre quien espesaba solamente resolución de
acusación, considerando que en tales casos existe un impedimento moral
y legal sobreviniente que impide el ejercicio de las funciones de
administrar justicia.

k) Que la condena impuesta el doctor José Vicente Paternina
Peinado, a pesar de estar apelada, implica en su contra graves
cargos, puesto que se le acusa del delito de concusión, conducta
grave absolutamente incompatible con los requisitos éticos exigidos
al servidor judicial.

l) Que cuando por necesidad del servicio, en aras de la pulcritud del
ejercicio de la judicatura, sea necesario retirar un funcionario que no
se encuentre escalafonario en la carrera judicial, bastará con
decretar su insubsistencia, previa investigación administrativa.

m) Que al doctor José Vicente Paternina Peinado se le comunicó
mediante oficio 91 del 16 de mayo del presente año la apertura de la
investigación administrativa referida y el aludido acusó recibo del mismo
en escrito recibido el 30 de mayo de esta anualidad, en el cual insiste en
su solicitud de reintegro, acompañando fotocopia autenticada del fallo de
condena proferido el 9 de noviembre de 1999 y certificación expedida por
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
en donde se establece que el peticionario no le aparece acto de
inscripción en el escalafón en la carrera judicial.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la insubsistencia del nombramiento del
doctor José Vicente Paternina Peinado, en el cargo de Juez Segundo

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Penal del Circuito Especializado de Santa Marta” (índice 101 SAMAI -
mayúsculas fijas del original - negrillas adicionales)25.

2) El señor José Vicente Paternina Peinado presentó recurso de reposición contra
la anterior decisión, la cual fue confirmada por la Sala Plena Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta por Acuerdo número 056 del 18 de julio de 200226,
así:

“(…) El tribunal tiene claramente diferenciadas una sanción disciplinaria,
de una declaratoria de insubsistencia para un cargo de libre
nombramiento y remoción.

En el primero de los casos, ciertamente es necesario que previamente se
adelante un proceso administrativo, cumpliendo las garantías del debido
proceso, especialmente en cuanto al derecho de defensa.

Cuando de insubsistencia en un cargo de libre nombramiento y
remoción se trata, con apoyo en pronunciamiento de la justicia
constitucional, esta corporación considera que la facultad de
remover no puede sustentarse en el capricho o la arbitrariedad del
dominador, sino que siempre debe apoyarse en necesidades del
servicio.

En el caso del doctor José Vicente Paternina Peinado, para
determinar su insubsistencia como Juez Segundo Penal
Especializado de Santa Marta, este tribunal hizo efectivo tal
concepto, y por ello, luego de una investigación o trámite
administrativo tomó la decisión aludida, considerando que por
aspectos meramente éticos no era conveniente que permaneciese en
dicho cargo, para una absoluta garantía y confianza de los asociados
en el servicio público de administrar justicia.

Por lo tanto, lo decidido en el Acuerdo número 050 de junio de 13 de
2002 fue simplemente una declaratoria insubsistencia motivada en
necesidades del servicio, mas no una destitución, como lo afirma el
recurrente.

Por las anteriores razones esta Corporación no acceder a la petición de
revocatoria contenida en el recurso de reposición que se resuelve y por lo
tanto mantendrá su decisión anterior” (índice 101 SAMAI - negrillas por
fuera del texto original)27.

3) El 15 de noviembre de 2002, el señor José Vicente Paternina Peinado junto con
Martha Patricia Vitola García, Daniela Paternina Vitola y Teresa García de Vitola
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de
que se declarara la nulidad de los mencionados Acuerdos número 050 del 13 de
junio de 2002 y 056 del 18 de julio de 2002 proferidos por el Tribunal Superior del

25 La Sala advierte que el referido acuerdo fue firmado por doce (12) magistrados, entre los cuales

se encuentran los demandados Raúl Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual
Acosta (fls. 20 a 24 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”).
26 La Sala advierte que el mencionado acuerdo fue firmado por los demandados Raúl Arrieta Charry,

Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta.
27 Folios 132 a 135 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”.

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Expediente 11001-03-26-000-2013-00177-00 (49.291)
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Distrito Judicial de Santa Marta y, a título de restablecimiento del derecho pidieron
el reintegro del señor Paternina Peinado a su cargo o a otro de igual o superior
categoría, así como también, que se condenara a la Nación - Rama Judicial a pagar
los perjuicios materiales y morales causados (índice 101 SAMAI)28.

4) La anterior demanda fue conocida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, quien en sentencia del 15 de octubre de 2008 declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó a la aquí actora a i) reintegrar al señor José Vicente Paternina
Peinado al empleo que venía desempeñando, ii) pagarle los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir y, iii) pagar a las beneficiados una suma de dinero por
concepto de perjuicios morales.

De la motivación de dicha decisión se destaca lo siguiente:

“(…) Acorde con la normatividad citada y el material probatorio recaudado,
tenemos que el doctor José Vicente Paternina Peinado no accedió al
cargo de Juez Segundo Penal del Circuito Especializado por el sistema
de concurso de méritos ni se encontraba inscrito en el Sistema de Carrera
Judicial, razón por la cual no ostentaba ningún fuero de estabilidad.

El doctor José Vicente Paternina Peinado en su concepto de violación
considera configurado la falsa motivación en los actos demandados por
considerar que la administración tuvo en cuenta como antecedente una
condena contenida en una sentencia no ejecutoriada, por encontrarse
surtiendo contra ella un recurso de apelación ante la Sala de Casación
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, lo cual impedía sostener
jurídicamente que existía una sentencia definitiva y, con esa falsa
motivación le imputaren calificativos infamantes, atentatorios contra su
dignidad e integridad moral, honra y honor que conllevaron a la
declaratoria de insubsistencia del cargo de Juez Segundo Penal del
Circuito Especializado.

(…).

De las anteriores motivaciones contenidas en los acuerdos demandados
es claro entender que el origen de la declaratoria de insubsistencia está
relacionado con el proceso penal iniciado por la Unidad de Fiscalías
Delegadas ante el Tribunal Superior de Barranquilla en contra del doctor
José Vicente Paternina, por el presunto delito de concusión.

Es preciso recordar que el doctor José Vicente Paternina Peinado en las
solicitudes de reintegro y/o restitución en el cargo de Juez Segundo Penal
del Circuito Especializado de Santa Marta, presentadas al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, argumentó que las causas
que originaron la suspensión en el cargo citado habían desaparecido,
pues no existía detención preventiva ni condena ejecutoriada en su
contra.

Para este Tribunal, si bien es cierto que el artículo 149 de la Ley 270
de 1996 contempla la declaratoria de insubsistencia como una de las

28 Folios 5 a 19 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”.

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Sentencia de única instancia

formas de retiro del servicio de los servidores judiciales, también lo
es que esa facultad atribuida al nominador no es absoluta y tampoco
puede ejercitarse en forma arbitraria. La facultad discrecional para
retirar del servicio a un funcionario que no esté inscrito en la carrera
judicial, aunque puede prescindirse de la motivación debe estar, por
lo menos inspirado en el buen servicio público y/o mejoramiento del
servicio, lo que implica que no es obligatorio motivar expresamente
el acto de declaratoria insubsistencia ni se requiere adelantar
previamente un proceso disciplinario o administrativo.

No obstante, resulta menester anotar que la indicada facultad discrecional
es excepcional, por cuanto la declaración de voluntad de la autoridad
administrativa debe responder a circunstancias de conveniencia para el
órgano jurisdiccional, donde debe primar siempre la necesidad del
servicio y mejoramiento del mismo, de lo contrario se convertiría en
decisiones arbitrarias e ilegales, fuera de todo contexto de razonabilidad
y proporcionalidad.

(…).

Recordemos que el inciso 4° del artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia señala: ‘Toda persona se presume inocente mientras no se la
huya declarado judicialmente culpable’. Esta presunción consiste en que
el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su
inocencia, toda vez que es deber de las autoridades judiciales demostrar
la responsabilidad y culpabilidad del agente. Esta norma rectora
acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal hasta que se
produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad
penal.

De otra parte, la Carta de Navegación Jurídica de los colombianos en
relación con los antecedentes penales y contravencionales estipula en el
artículo 248: ‘Únicamente las condenas proferidas en sentencias
judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órganos legales’, norma que se acompasa
con la aplicación del beneficio de la duda a favor del procesado, es decir
que, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales con
ocasión de delitos o contravenciones pueden considerarse como
antecedentes penales.

Acorde con el caudal probatorio analizado, concluye la Sala que a
raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación
• Unidad Seccional Delegada ante el Tribunal Superior por el
presunto delito de concusión, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla suspendió, a partir del 6 de diciembre de
1999, al doctor José Vicente Paternina Peinado como juez segundo
penal del circuito especializado de Barranquilla. Luego de habérsele
concedido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el
beneficio de libertad provisional, mediante providencia del 1º de
febrero de 2002, el demandante le solicitó en tres oportunidades al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el reintegro al
cargo del juez segundo penal del circuito especializado de Santa
Marta, por considerar que las causas que dieron origen a la
suspensión en el cargo citado habían fenecido, pues ya no existía
detención preventiva ni condena en firme en su contra,
circunstancias que el demandado no tuvo en cuenta para tomar la
decisión de declarar lo insubsistente. Lo único aprobado es que el
tribunal accionado para tomar la decisión que se examina por esta
jurisdicción, arguyó la necesidad del servicio y las condiciones
éticas que el servidor judicial debe tener, como lo es una conducta
acorde con la dignidad de la función (artículo 126 de la Ley 270 de
1996) lo que denota claramente un prejuzgamiento por parte de esa

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corporación, máxime cuando advirtió que a pesar de que la condena
impuesta el doctor Paternina estaba en apelación, implicaba una
conducta grave del funcionario y un impedimento moral y legal
sobreviviente que lo hace incompatible con los requisitos éticos
exigidos al servidor judicial y, por ende, para desempeñar las
funciones de administrar justicia (…).

Las anotaciones precedentes conllevan estimar que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta vulneró el inciso cuarto
del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia al no respetar
el derecho a la presunción de inocencia al doctor Paternina Peinado,
contrariamente afirmó que su conducta era grave por el solo hecho
de estar acusado del delito de concusión y condenado por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
decisión judicial que no se encontraba en firme por estar apelada y
que no tuvo en cuenta al momento de declararlo insubsistente (13 de
junio de 2002) a pesar de tener conocimiento del recurso.

De otra parte, en relación con las inhabilidades para ejercer cargos en la
rama judicial señaladas en el artículo 150 de la Ley 270 de 1996, se
procederá seguidamente al estudio pertinente para determinar si el
demandante incurrió en alguna de ellas y por ende no era factible para el
tribunal superior disponer su reintegro al cargo (…).

‘Articulo 150. inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. No
podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial

3. Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la
privación de la libertad, sin derecho a la libertad provisional.

6. Quien haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier
hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos.

PARÁGRAFO. Los nombramientos que se hagan en contravención de lo
dispuesto en el presente artículo y aquéllos respecto de los cuales
surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados
insubsis1`entes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o
empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial’.

Acorde con la norma transcrita y en concordancia con el numeral 9° del
artículo 149 ibídem, los servidores de la rama judicial que incurran en una
inhabilidad sobreviniente pueden ser declarados insubsistentes mediante
providencias motivadas, aunque los funcionarios o empleados estén
inscritos en el sistema de la carrera judicial. Entre esas inhabilidades es
preciso citar los numerales 3° y 6°; el primero tiene que ver con la medida
de aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la
libertad provisional y, el segundo, con el servidor que haya sido declarado
responsable de la comisión de cualquier hecho punible.

El acervo probatorio demuestra que para la época en que al demandante
se le suspendió del cargo de Juez Segundo Penal del Circuito
Especializado de Barranquilla (6 de diciembre de 1999) estaba incurso en
la inhabilidad tercera, toda vez que la Fiscalía General de la Nación -
Unidad Seccional Delegada ante el Tribunal Superior le había decretado
medida de aseguramiento de detención preventiva sustituido por
detención domiciliaria; pero una vez la Sala Penal de la H. Corte Suprema
de Justicia le concedió el beneficio de la libertad provisional esa
inhabilidad cesó, lo que motivó que el demandante en varias
oportunidades solicitara el reintegro, solicitud que se resolvió
desfavorablemente mediante una declaratoria de insubsistencia.

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Consecuente con lo anterior, la sala observa que dado que la sentencia
no se encontraba en firme, el accionante no podía ser considerado como
una persona ‘condenada’, hasta tanto no estuviera resuelto el recurso de
casación interpuesto, por tanto el tribunal no debió predicar de lector en
los acuerdos acusados conductas graves e inmorales que atentan contra
la ética de los servidores judiciales porque con dichas afirmaciones
vulneró su derecho de inocencia” (índice 101 SAMAI - resalta la Sala)29.

2.3.4.3 Análisis de las conductas específicas de los demandados

1) En el contexto fáctico y probatorio previamente descrito, la Sala advierte que la
parte actora solicita que se declare la responsabilidad patrimonial de los señores
Fernando Raúl Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y los herederos del señor
José Vicente Gual Acosta, en su condición de magistrados integrantes de la Sala
Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, por considerar que
incurrieron en una conducta gravemente culposa en la modalidad prevista en el
numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 consistente en la “violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”.

Según la demanda, dicha conducta se configuró porque los mencionados
magistrados declararon insubsistente el acto de nombramiento del señor José
Vicente Paternina Peinado como Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de
Santa Marta con fundamento en un proceso penal que cursaba en su contra y en
una sentencia condenatoria de primera instancia que no se encontraba
ejecutoriada, aspecto que, a juicio de la demandante, desconoció la presunción de
inocencia y dio lugar a la posterior condena impuesta a la Nación - Rama Judicial
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido en su contra.

2) Sobre el particular, la Sala considera necesario precisar que el análisis propio del
medio de control jurisdiccional de repetición no se subsume en el juicio de legalidad
adelantado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; en efecto, si
bien en aquel escenario se concluyó que los actos administrativos contenidos en los
Acuerdos número 050 y 056 de 2002 adolecían de falsa motivación y vulneraron la
presunción de inocencia del entonces servidor judicial, tal declaratoria no comporta,
de manera automática, la configuración de culpa grave en cabeza de los
funcionarios que intervinieron en su expedición.

En efecto, la responsabilidad personal de los agentes estatales en sede de
repetición exige un examen autónomo orientado a establecer si su actuación se

29 Folios 417 a 453 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como prueba”.

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tradujo en una infracción manifiesta, ostensible e inexcusable del ordenamiento
jurídico, lo cual supone un estándar de reproche cualificado.

3) En ese orden de ideas, la Sala observa que la sentencia proferida el 15 de octubre
de 2008 por el Tribunal Administrativo del Magdalena constituye un elemento
relevante para reconstruir el contexto fáctico y las razones por las cuales se
anularon los actos administrativos; sin embargo, dicha providencia no contiene un
juicio dirigido a establecer la responsabilidad personal de los magistrados
demandados ni calificó su actuación como arbitraria o temeraria.

4) Examinado el contenido de los citados Acuerdos número 050 y 056 de 2002, se
advierte que la decisión adoptada por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta estuvo precedida de un trámite administrativo, fue
formalmente motivada y se apoyó en disposiciones vigentes de la Ley 270 de 1996,
particularmente en aquellas relativas a la naturaleza del cargo, la inexistencia de
inscripción en carrera judicial y la exigencia de observar una conducta acorde con
la dignidad de la función judicial.

En dichos actos se dejó constancia de que el señor José Vicente Paternina Peinado
se desempeñaba en un cargo de libre nombramiento y remoción, que no se
encontraba escalafonado en la carrera judicial y que existía en su contra un proceso
penal con sentencia condenatoria de primera instancia, apelada y, por ende, no
ejecutoriada; a partir de esos elementos, la corporación estimó que, por razones
ética y de confianza pública en la administración de justicia no resultaba conveniente
su permanencia en el cargo.

5) Si bien en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
concluyó que esa valoración comportó un prejuzgamiento y desconoció la
presunción de inocencia, lo cierto es que, tal conclusión fue el resultado de un juicio
de legalidad en el cual se ponderaron los principios constitucionales involucrados y
se determinó que la declaratoria de insubsistencia no obedeció al mejoramiento del
servicio sino al proceso penal en curso, sin perjuicio de que a dicho proceso los
ahora demandados no fueron vinculados y, por lo tanto, no tuvieron oportunidad de
ejercer su derecho de defensa y contradicción; la parte demandada fue,
exclusivamente, la Rama Judicial.

No obstante, esa apreciación no permite, por sí sola, afirmar que los magistrados
incurrieron en una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho,

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pues, las decisiones cuestionadas se adoptaron en un escenario que exigía un
ejercicio de interpretación y valoración jurídica en el que confluyen la presunción de
inocencia, la inexistencia de cosa juzgada penal, la naturaleza del cargo de libre
nombramiento y las exigencias éticas propias del servicio judicial.

6) En efecto, para la época de los hechos, el señor José Vicente Paternina Peinado
no ostentaba fuero de estabilidad derivado de la carrera judicial y la normativa
estatutaria habilitaba al nominador para disponer el retiro del servicio por la vía de
la insubsistencia, siempre que la decisión se encontrara orientada por razones del
servicio; en ese contexto, la apreciación sobre el impacto institucional de un proceso
penal en curso contra un juez penal especializado, aun cuando finalmente se haya
considerado jurídicamente equivocada, no puede calificarse, sin más, como una
infracción grosera o inexcusable del ordenamiento.

La Sala destaca que la actuación de los demandados no se desarrolló al margen
del derecho, ni prescindió de toda fundamentación normativa, ni se tradujo en un
acto carente de justificación jurídica, elementos que resultan indispensables para
estructurar la culpa grave en la modalidad invocada.

7) Por otro lado, es pertinente advertir que la carga de probar la existencia de una
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho recae en la parte
actora, quien debía acreditar que los magistrados demandados desconocieron una
regla clara, expresa e inequívoca, de aplicación automática, sin margen razonable
de interpretación; sin embargo, del acervo probatorio allegado constituido
esencialmente por los actos administrativos anulados y la sentencia de nulidad, no
se desprende un actuar de esa naturaleza.

8) La Sala advierte, adicionalmente, que los actos administrativos que fueron objeto
de anulación, esto es, los Acuerdos número 050 y 056 de 2002 de la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, se encuentran firmados por
doce (12) magistrados (índice 101 SAMAI)30 entre ellos por los aquí demandados
Raúl Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta; no
obstante, el medio de control jurisdiccional de repetición fue promovido únicamente
contra estos último tres funcionarios, sin que en la demanda se exponga criterio
alguno de selección ni se explique el grado de participación individual que habría
tenido cada uno de ellos en la adopción de la decisión.

30
Folios 5 a 19, 132 A 135 del archivo “ed_c03_01 pruebas-se allega expediente como
prueba”.

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Así mismo, la entidad demandante no precisó si los aquí accionados actuaron como
ponentes, si impulsaron la decisión, si tuvieron una posición determinante dentro de
la deliberación o sí, por el contrario, su intervención se limitó a la adopción colegiada
del acto.

Así las cosas, la Sala estima que el medio de control judicial de repetición exige un
juicio individualizado de la conducta del agente estatal demandado, el cual no puede
presumirse ni derivarse automáticamente de la participación en una decisión
colectiva.

9) Finalmente, la Sala precisa que el análisis aquí efectuado se circunscribe
exclusivamente a la valoración de la conducta personal de los señores Fernando
Raúl Arrieta Charry, Amalfi Gómez Arregocés y José Vicente Gual Acosta en el
marco del medio de control de repetición y no implica, en modo alguno, un
desconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial
declarada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni tampoco de
las consecuencias indemnizatorias derivadas de dicha decisión.

3. Conclusión

En síntesis, si bien se acreditaron los elementos objetivos del medio de control de
repetición, las pruebas aportadas no permiten establecer que los demandados
hayan incurrido en culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas
de derecho, razón por la cual las pretensiones de la demanda no están llamadas a
prosperar.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP se condenará en costas de esta instancia a la parte actora, las cuales deberán
incluir las agencias en derecho que se hubieren causado.

Por lo tanto, las costas procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada
por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso, con inclusión de las agencias en
derecho.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Niéganse las pretensiones de la demanda.

2°) Condénase en costas a la parte actora, tásense de manera concentrada por el
tribunal de primera instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de Subsección

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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