RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2014-00052-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2014-00052-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2014-00052-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a favor de Fernando Segura Aranzazu. La liquidación será efectuada de manera concentrada por la Secretaría de esta Subsección, conforme a lo expuesto en la parte motiva y a lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del CGP. Por concepto de agencias en derecho, se incluirá la suma equivalente al 1% del valor de las pretensiones formuladas, esto es, la suma de $3.325.904. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2014-00052-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Demandado: Fernando Segura Aranzazu
Referencia: Medio de control de repetición – CPACA

TEMAS: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – Exige demostrar que el servidor o
exservidor público, con dolo o culpa grave, dio lugar a una condena, conciliación u otra forma
de terminación del conflicto a cargo del Estado. CADUCIDAD DE LA PRETENSIÓN DE
REPETICIÓN – El término se cuenta desde el día siguiente al pago total realizado por la entidad
o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal para cumplir la condena. PRESUNCIONES
DE DOLO Y CULPA GRAVE – La entidad demandante debe acreditar el hecho base que activa
la presunción invocada; solo entonces corresponde al demandado desvirtuarla. DESVIACIÓN
DE PODER – No basta con que la sentencia de nulidad haya declarado configurada esta causal;
en repetición debe probarse el propósito ajeno al buen servicio que habría orientado la actuación
del agente. VIOLACIÓN MANIFIESTA E INEXCUSABLE DE LA LEY – No toda ilegalidad
compromete la responsabilidad patrimonial del agente; la infracción debe ser evidente, grave y
carente de justificación razonable. LEY 996 DE 2005 – La interpretación de sus restricciones
sobre modificación de nómina no era unívoca frente a entidades del orden nacional, lo que
impide calificar la conducta como gravemente culposa cuando estuvo apoyada en una lectura
razonable de la norma.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la pretensión de repetición promovida por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contra Fernando Segura
Aranzazu.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 17 de enero de 2006, Fernando Segura Aranzazu, entonces Superintendente de
Vigilancia y Seguridad Privada, expidió la Resolución No. 00179, mediante la cual
declaró insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo, quien ocupaba el
cargo de Profesional Especializado, Código 3020, Grado 16. Según la demanda,
esa decisión desconoció la prohibición prevista en la Ley 996 de 2005 —Ley de
Garantías Electorales—, que impedía modificar la nómina de las entidades públicas
durante los cuatro meses anteriores a las elecciones. La señora Marín Pardo
demandó la nulidad del acto y el restablecimiento de su derecho. Mediante
sentencia del 13 de agosto de 2010 el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión
de Bogotá anuló la resolución al considerar que fue expedida dentro del período de
restricción previo a las elecciones parlamentarias del 12 de marzo de 2006. La
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de
mayo de 2011, corporación que, además, sostuvo que el retiro no obedeció al
ejercicio legítimo de la facultad discrecional, sino al constreñimiento ejercido sobre
la funcionaria para forzar su renuncia. En consecuencia, la Superintendencia fue

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

condenada a reintegrarla y a pagarle los salarios, prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir.

La entidad pagó la condena el 18 de enero de 2012 y, el 12 de marzo de 2013,
promovió medio de control de repetición contra Fernando Segura Aranzazu, con el
fin de obtener el reintegro de $332.590.393. Afirmó que el demandado actuó
dolosamente, por haber incurrido en desviación de poder, y, de manera subsidiaria,
con culpa grave, por la infracción directa de la Ley 996 de 2005. Por tanto,
corresponde a la Sala determinar, previo examen de los presupuestos de
procedencia del medio de control de repetición, si la conducta del demandado
compromete su responsabilidad patrimonial y, con ello, activa la obligación de
regreso en favor del Estado.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 12 de marzo de 20131-2, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
en ejercicio del medio de control de repetición presentó demanda contra Fernando
Segura Aranzazu con el fin de obtener el reintegro de la suma pagada en virtud de
la condena impuesta en la sentencia del 13 de agosto de 2010, por el Juzgado 3º
Administrativo de Descongestión de Bogotá, confirmada el 26 de mayo de 2011 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):

“1. Declárese la responsabilidad patrimonial en cabeza del doctor Fernando Segura
Aranzazu, por cuanto en condición de ex Superintendente de Vigilancia y Seguridad
Privada, es el funcionario directamente involucrado en los hechos que dieron lugar
a la condena impuesta al Ministerio de Defensa-Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, mediante las sentencias del 13 de agosto de 2010 del Juzgado
3 Administrativo Descongestión del Círculo de Bogotá y 26 de mayo de 2011 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Sub sección “A”, con
ponencia de la Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la señora Elizabeth Marín Pardo,
identificada con la Cédula de Ciudadanía NO. 24.040.975 en contra de esta
Superintendencia.

1 Fl. 269 a 279, C. 1.
2 Mediante auto del 10 de abril de 2013, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá se

declaró incompetente por razón de la cuantía y remitió el proceso al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (Fl. 282 y 283, C. 1); por decisión del 6 de junio de 2013, ese Tribunal declaró su falta
de competencia y ordenó remitir el expediente al Juzgado Once Administrativo de Bogotá (Fl. 287 a
290, C. 1); mediante auto del 18 de julio de 2013, el Juzgado Once inadmitió la demanda, porque no
contenía la estimación razonada de la cuantía y concedió diez días para corregirla (Fl. 294, C. 1); la
Superintendencia subsanó la demanda (Fl. 295 a 297, C. 1); por auto del 22 de agosto de 2013, ese
mismo juzgado la remitió de nuevo, por competencia, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Fl. 299 a 303, C. 1); mediante decisión del 8 de noviembre de 2013, la Sección Segunda del Tribunal
se declaró incompetente, al considerar que, por razón de la materia, el conocimiento correspondía a
la Sección Tercera, por lo que propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a
la Secretaría General para dirimir la colisión (Fl. 319 a 325, C. 1); por auto del 2 de diciembre de
2013, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el conflicto y dispuso que
la repetición debía ser conocida por la Sección Tercera (Fl. 4 a 14, C. 2); finalmente, el 6 de febrero
de 2014, la Sección Tercera, Subsección A, declaró su falta de competencia subjetiva y remitió la
demanda al Consejo de Estado (Fl. 328 a 331, C. 1). Esta Corporación admitió la demanda por auto
del 6 de octubre de 2014 (Fl. 336 a 340, C. Principal).

2

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

2. En consecuencia de la anterior declaración, condénese al demandado a pagar la
cantidad líquida de dinero que asciende al monto de trescientos treinta y dos
millones quinientos noventa mil trescientos noventa y tres pesos m/cte.
($332.590.393,00) pesos m/cte. cancelada por esta entidad a la señora Elizabeth
Marín Pardo por concepto de salarios y prestaciones sociales, y demás
emolumentos dejados de recibir así como por concepto del valor de intereses
liquidados entre la fecha del pago de la condena y la fecha de ejecutoria del fallo
definitivo del presente proceso.

3. Condénese al demandado pagar en adición a los valores antes mencionados los
intereses correspondientes que se causen, liquidados para el periodo comprendido
entre el 17 de enero de 2006 y la fecha de ejecutoria del fallo definitivo.

4. Condénese al demandado al pago de los gastos y costas en que incurra la entidad
demandante por causa o con ocasión del trámite del presente proceso […]”3

En sustento de sus pretensiones, la parte demandante narró que el 4 de octubre de
1999 Elizabeth Marín Pardo ingresó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, en el cargo de “Profesional Especializado, Código 3020, Grado 16”.

Señaló que el 17 de enero de 2006, la Secretaría General notificó a la funcionaria
la Resolución No. 00179, mediante la cual el Superintendente Fernando Segura
Aranzazu declaró insubsistente su nombramiento, sin considerar que previamente
ella había presentado una renuncia motivada. En dicho escrito, la señora Marín
Pardo había manifestado que su retiro obedecía a la persecución y al acoso laboral
de los que era víctima, pues el Superintendente pretendía desvincular funcionarios
de forma injustificada para atender compromisos políticos.

Manifestó que el inciso 4 del parágrafo del artículo 384 de la Ley 996 de 20055
prohibía a los directores de entidades descentralizadas modificar la nómina durante
los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones. Como la Registraduría Nacional
del Estado Civil fijó los comicios al Congreso para el 12 de marzo de 2006, esa
restricción rigió entre el 12 de noviembre de 2005 y esa fecha, período dentro del
cual quedó comprendida la insubsistencia del 17 de enero de 2006.

Expuso que, por estos hechos, Elizabeth Marín Pardo promovió un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado 3° Administrativo de
Descongestión de Bogotá, despacho que, mediante sentencia del 13 de agosto de
2010, anuló la resolución, al constatar que el acto administrativo había sido
expedido dentro del período de prohibición establecido en la Ley 996 de 2005.

3 Fl. 269, C. 1.
4 Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está
prohibido: […] Parágrafo. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios,
gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital,
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar
recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros
de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista […] La nómina del respectivo
ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas
definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente
aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.
5 Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con

el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en
el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.

3

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Sostuvo que, mediante fallo del 26 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la referida decisión y precisó que el retiro de la funcionaria
no respondió al ejercicio de la facultad discrecional del nominador, sino al
constreñimiento para forzar su renuncia. Como consecuencia, la entidad fue
condenada a reintegrar a Elizabeth Marín Pardo y a pagarle los salarios, las
prestaciones sociales y los demás emolumentos dejados de percibir desde su retiro.

Indicó que, para cumplir la condena, la entidad hizo tres pagos: el 31 de octubre de
2011, el 29 de diciembre de 2011 y el 18 de enero de 2012.

La accionante considera que la conducta de Fernando Segura Aranzazu fue dolosa
en los términos del numeral 1° del artículo 56 de la Ley 678 de 20017, por incurrir en
desviación de poder y, de manera subsidiaria, que se configuró la culpa grave
conforme al numeral 1° del artículo 68 de la misma ley, por infracción directa a la
Ley 996 de 2005. Con fundamento en ello, solicitó que se declarara su
responsabilidad patrimonial y se le condenara a reintegrar a la entidad la suma de
$332.590.393, más los intereses causados entre el 17 de enero de 2006 y la
ejecutoria del fallo.

2. Contestación

Fernando Segura Aranzazu se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que, durante su gestión como Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,
actuó de buena fe, dentro del ámbito de sus funciones y con la convicción de obrar
conforme a derecho.

Rechazó las imputaciones de persecución laboral y acoso. Para ello, señaló que,
entre su posesión y la declaratoria de insubsistencia, la señora Marín Pardo se
encontraba en vacaciones, circunstancia que, a su juicio, desvirtuaba esas
acusaciones. Además, explicó que interpretó que la prohibición prevista en el
artículo 32 de la Ley 996 de 2005 aún no estaba vigente para el momento en que
expidió el acto administrativo, y que la restricción contenida en el parágrafo del
artículo 38 de esa misma ley estaba dirigida a autoridades del orden territorial.

También cuestionó la desviación de poder que se le atribuyó. Indicó que el dolo y la
culpa grave no podían inferirse automáticamente de los razonamientos expuestos
por los jueces que condenaron a la entidad, sino que debían acreditarse a partir de
la intención concreta del funcionario al expedir el acto. En esa línea, negó haber
actuado con un propósito distinto al buen servicio o con la intención de causar daño
a la señora Marín Pardo, y agregó que, para el año 2006, no existía una línea
jurisprudencial consolidada que orientara la interpretación de las prohibiciones
previstas en la Ley 996 de 2005.

Finalmente, manifestó que solo conoció los fallos del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con la notificación de la demanda de repetición, pues

6 “Artículo 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un

hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público
por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder […]”.
7 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes

del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de
repetición.
8 “Artículo 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es

consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. […]”.

4

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

no fue vinculado a ese proceso ni como parte ni como llamado en garantía. Añadió
que en esas decisiones se hicieron afirmaciones falsas en su contra, que algunos
testigos estaban parcializados porque también se les había aceptado la renuncia y
que la defensa ejercida por la entidad en ese proceso fue precaria.

Formuló como excepciones las de: (i) caducidad de la “acción” de repetición y (ii)
falta de legitimación en la causa por activa9.

3. Audiencia inicial

La audiencia inicial se celebró el 7 de julio de 201610. En esa diligencia, el
Despacho11 resolvió las excepciones propuestas por el demandado y concluyó que
ninguna estaba llamada a prosperar, pues ambas partían de un mismo supuesto
equivocado: considerar que el término de seis (6) meses previsto en el artículo 8 de
la Ley 678 de 2001 correspondía al plazo de caducidad de la acción de repetición.

Al respecto, precisó que esa disposición no regulaba la caducidad, sino el término
dentro del cual la entidad directamente afectada con el pago debía promover la
acción de repetición. Señaló que su finalidad era evitar que la inactividad de la
entidad impidiera al Estado recuperar los recursos públicos, razón por la cual la
norma habilitaba al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia para demandar
cuando aquella no lo hacía oportunamente, sin que ello significara que la entidad
perdiera competencia para ejercer la acción.

El Despacho agregó que la caducidad de la repetición estaba regulada en el artículo
11 de la Ley 678 de 2001, disposición que fijaba un término de dos (2) años contado
desde el día siguiente al pago total de la condena. Por tanto, estimó que interpretar
el plazo de seis (6) meses como un término de caducidad privaría injustificadamente
al Estado de la posibilidad de recuperar lo pagado. En consecuencia, concluyó que
el eventual retraso de la Superintendencia no extinguía la acción, aunque podía dar
lugar a responsabilidad disciplinaria. Por ello, ordenó compulsar copias a la Oficina
de Control Interno de la entidad y a la Procuraduría General de la Nación, para que
investigaran la conducta de los funcionarios responsables.

Al fijar el litigio, se dejó establecido que no eran objeto de controversia la calidad de
exservidor público del demandado, la existencia de la condena judicial ni el pago
efectuado por la entidad. En consecuencia, el debate quedó circunscrito a
determinar si Fernando Segura Aranzazu había actuado con dolo o culpa grave al
declarar insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo.

En materia probatoria, se decretaron las pruebas documentales aportadas con la
demanda y su contestación, así como los testimonios de Emma Paola Hernández
Merlano, Andrea Casas Vargas, Elsy Cecilia Correal Ortiz, Ovidio Cabello y Fabio
Yahuar. La Superintendencia formuló tacha de sospecha respecto de esos
testimonios, por considerar que no se había precisado adecuadamente su objeto y
finalidad y, en particular frente a Elsy Cecilia Correal Ortiz, por el interés que podía
derivarse de una acción judicial que adelantaba contra la entidad.

9 Fl. 360 a 370, C. Principal.
10 Fl. 575 a 581 y CD Fl. 582, C. Principal.
11 Al momento de la diligencia, el magistrado titular del despacho era Jaime Orlando Santofimio

Gamboa.

5

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Finalmente, como pruebas de oficio, el Despacho ordenó a la demandante certificar
los antecedentes laborales de Elizabeth Marín Pardo, informar las fechas de sus
vacaciones entre diciembre de 2005 y enero de 2006, y remitir el manual de
funciones vigente durante la gestión del demandado. Además, a solicitud del
Ministerio Público, decretó una prueba pericial contable y económica, con el fin de
recalcular los valores causados entre el retiro de la funcionaria —17 de enero de
2006— y la ejecutoria de la sentencia condenatoria —26 de junio de 2011—, para
efectos de descontarlos de la pretensión.

4. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

4.1. La entidad demandante12 sostuvo que Fernando Segura Aranzazu obró con
dolo al expedir la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006. Afirmó que el
demandado conocía la Ley 996 de 2005 y, en particular, la prohibición de modificar
la nómina de las entidades públicas durante los cuatro meses anteriores a las
elecciones, período que, según indicó, había iniciado el 12 de noviembre de 2005.
Pese a ello, declaró insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo dentro
de ese lapso y sin pronunciarse sobre la renuncia que ella había presentado
previamente, en la que alegó persecución y acoso laboral dirigidos a forzar el retiro
de funcionarios por compromisos políticos.

Agregó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 26 de
mayo de 2011, concluyó que la insubsistencia no obedeció al ejercicio legítimo de
la facultad discrecional del nominador, sino al constreñimiento ejercido sobre la
funcionaria para obtener su renuncia. Para la demandante, esa conclusión
demostraba la desviación de poder y, por tanto, configuraba la presunción de dolo
prevista en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

De manera subsidiaria, afirmó que la conducta también fue gravemente culposa,
porque el demandado desconoció directamente los artículos 3213 y 3814 de la Ley
996 de 2005, normas que, a su juicio, impedían modificar la nómina durante los
cuatro meses anteriores a las elecciones. Por ello, consideró acreditada la culpa
grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001.

12 Archivo “387_110010326000201400052012MemorialWeb2024129191951”, expediente digital
Rad.: 11001032600020140005201, SAMAI, índice 277.
13 “Artículo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que

afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses
anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se
exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo
siguiente. Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la
Organización Electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de
manera objetiva a través de concursos públicos de méritos”.
14 Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está

prohibido: […] Parágrafo. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios,
gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital,
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar
recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros
de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista […] La nómina del respectivo
ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas
definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente
aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.

6

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

4.2. Fernando Segura Aranzazu15 sostuvo que la demandante no acreditó el dolo ni
la culpa grave que le atribuía, pues se limitó a reproducir los argumentos expuestos
por los jueces que anularon el acto administrativo. Señaló que esa sola
circunstancia no bastaba para comprometer su responsabilidad patrimonial, porque
en el proceso de repetición correspondía demostrar, de manera autónoma, que su
conducta fue dolosa o gravemente culposa.

Explicó que actuó de buena fe y con fundamento en una interpretación razonable
de la Ley 996 de 2005. Según indicó, para la época de los hechos podía entenderse
que la prohibición de modificar la nómina en las entidades del orden nacional
comenzaba a regir el 30 de enero de 2006, esto es, trece (13) días después de la
declaratoria de insubsistencia. Agregó que esa posición era compartida entonces
por el Ministerio del Interior y de Justicia y por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, y que no existía una línea jurisprudencial consolidada que
orientara una conclusión distinta.

Asimismo, negó haber perseguido o acosado laboralmente a la señora Marín Pardo.
Precisó que las renuncias solicitadas al personal de libre nombramiento y remoción
tuvieron carácter protocolario y que no existían antecedentes de diferencias
personales o laborales con ella. En ese sentido, destacó que los testimonios de
Ovidio Cabello Quintero, Elsy Correal Ortiz y Emma Paola Hernández Merlano
coincidieron en que su propósito fue dirigir adecuadamente la institución y conformar
un equipo de confianza.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se configuró la presunción de dolo
por desviación de poder ni la de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable
de la ley. A su juicio, la decisión cuestionada respondió a una interpretación
jurídicamente plausible de la Ley 996 de 2005, respaldada por conceptos oficiales,
y no a un propósito indebido o contrario al buen servicio.

4.3. El Ministerio Público16 solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
Consideró acreditados los presupuestos objetivos del medio de control de
repetición, esto es, la calidad de exservidor público del demandado, la existencia de
una condena judicial contra la entidad y el pago efectivo de la obligación. Frente al
elemento subjetivo, descartó la existencia de dolo, pero consideró acreditada la
culpa grave de Fernando Segura Aranzazu al expedir la Resolución No. 00179 del
17 de enero de 2006.

En relación con el dolo, sostuvo que la desviación de poder no quedó probada.
Señaló que la única prueba invocada para acreditar esa circunstancia fue la
sentencia del 26 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. A su
juicio, esa decisión no podía trasladarse automáticamente al proceso de repetición,
porque el demandado no fue parte en aquel trámite ni tuvo oportunidad de
controvertir las pruebas allí practicadas. Además, indicó que los testimonios
recibidos en este proceso daban cuenta de que las renuncias fueron solicitadas con
el propósito de conformar el equipo de confianza del nuevo Superintendente.

15 Archivo “389_110010326000201400052011ALEGATOSDECON20240130111428” expediente
digital Rad.: 11001032600020140005201, SAMAI, índice 278.
16 Archivo “390_390_11001032600020140005201120240130173407” expediente digital Rad.:

11001032600020140005201, SAMAI, índice 279.

7

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

En cuanto a la culpa grave, consideró que sí estaba acreditada, porque la
declaratoria de insubsistencia se produjo dentro del período en el que, a su juicio,
regía la prohibición de modificar la nómina con ocasión de las elecciones, sin que el
cargo ocupado por la señora Marín Pardo encuadrara en alguna de las excepciones
previstas en la Ley 996 de 2005.

Añadió que las dudas interpretativas alegadas por el demandado no justificaban la
infracción. En su criterio, por tratarse de un abogado y servidor público del nivel
directivo, el señor Segura Aranzazu estaba en capacidad de interpretar
correctamente la norma y, además, no acreditó las consultas que afirmó haber
realizado para sustentar su actuación.

III. CUESTIÓN PREVIA

Mediante escrito del 22 de abril de 2019, el magistrado Nicolás Yepes Corrales
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en la
causal contemplada en el numeral 12 del artículo 14117 del CGP, por haber
intervenido en el proceso como agente del Ministerio Público.

Por auto del 29 de julio de 2019, la Sala declaró fundado el impedimento y ordenó
remitir el expediente al despacho que seguía en turno. En cumplimiento de esa
decisión, el proceso fue asignado al despacho sustanciador para continuar con el
trámite correspondiente18.

IV. CONSIDERACIONES

La Sala anticipa que negará las pretensiones de la demanda, porque, aunque se
configuraron los presupuestos objetivos del medio de control de repetición – la
calidad de exservidor del demandado, la condena impuesta a la entidad y el pago
efectivo de la suma reconocida a Elizabeth Marín Pardo –, no se acreditó el
elemento subjetivo que exige la norma para su prosperidad, esto es, que Fernando
Segura Aranzazu hubiera obrado con dolo o culpa grave al expedir la Resolución
No. 00179 del 17 de enero de 2006.

Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1) régimen
jurídico aplicable al medio de control de repetición, (2) presupuestos procesales, (3)
problema jurídico, (4) hechos probados, (5) caso concreto, (6) conclusión, y (7)
costas.

1. Régimen jurídico aplicable al medio de control de repetición

El inciso segundo del artículo 9019 de la Constitución Política consagró la
responsabilidad patrimonial de los agentes estatales cuando, con su conducta
dolosa o gravemente culposa, dan lugar a una condena contra el Estado. Ese

17 “Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: […] 12. Haber

dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso,
o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo […]”.
18 Fl. 790 y 791, C. Principal.
19 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

8

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

mandato fue desarrollado por la Ley 678 de 200120, que reguló integralmente la
acción de repetición, tanto en sus aspectos sustanciales como procesales.

Dicha ley definió el objeto, la naturaleza y las finalidades de la repetición; estableció
los supuestos en los que se presume el dolo o la culpa grave del agente estatal; y
reguló aspectos procesales como la jurisdicción y competencia, la legitimación en
la causa, el desistimiento, la caducidad, la conciliación, la cuantificación de la
condena y la forma de ejecución de la sentencia.

La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que, cuando los hechos que
originan la condena estatal ocurrieron en vigencia de la Ley 678 de 2001, el análisis
de la responsabilidad patrimonial del agente debe realizarse conforme a sus
disposiciones, en especial en lo relativo a los presupuestos sustanciales de
procedencia de la repetición.

En el presente caso, los hechos que dieron lugar a la condena pagada por la
Superintendencia ocurrieron el 17 de enero de 2006, fecha para la cual se
encontraba vigente la Ley 678 de 2001. Por tanto, los presupuestos de procedencia
del medio de control de repetición se examinarán a la luz de esa normativa.

Lo anterior no obsta para precisar que, en los aspectos estrictamente procesales,
deben observarse las reglas de tránsito legislativo aplicables. En particular, la
caducidad se analizará conforme a la norma vigente al momento en que el término
empezó a correr, de acuerdo con el artículo 4021 de la Ley 153 de 1887. En
consecuencia, dado que el término inició antes de la entrada en vigencia del
CPACA, este punto se resolverá con fundamento en la Ley 678 de 2001.

2. Presupuestos procesales

2.1. Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del
presente asunto, de conformidad con el inciso primero del artículo 722 de la Ley 678
de 2001, pues se pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Segura Aranzazu,
por la conducta dolosa o gravemente culposa que, según la demanda, habría dado
lugar al pago de la condena impuesta a esa Superintendencia.

Asimismo, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto en única

20 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes

del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de
repetición.
21 “Artículo 40. Modificado por la Ley 1564 de 2012, artículo 624. Las leyes concernientes a la

sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha
autoridad”.
22 “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá

de la acción de repetición. […]”.

9

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

instancia, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA23, que atribuye a esta
Corporación el conocimiento de las demandas de repetición promovidas por el
Estado contra los representantes legales de entidades del orden nacional.

2.2. El medio de control de repetición es el mecanismo procesal idóneo para obtener
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del servidor o exservidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, haya dado lugar a hacer un reconocimiento indemnizatorio por
parte del Estado, con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de conflictos, según lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución
Política, 14224 del CPACA y 225, inciso 1º, de la Ley 678 de 2001.

En el presente caso, el medio de control de repetición resulta procedente, pues a
través de este la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pretende que
se declare patrimonialmente responsable a Fernando Segura Aranzazu,
exsuperintendente de la entidad, quien con su conducta dolosa o gravemente
culposa habría dado lugar a que aquella fuera condenada a pagar una suma de
dinero a favor de Elizabeth Marín Pardo, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por esta última contra dicha entidad.

2.3. El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 establece la aplicación inmediata de las
leyes procesales, salvo respecto de los términos que ya hubieren empezado a
correr, los cuales se rigen por la norma vigente al momento de su iniciación. En este
caso, como el término de caducidad comenzó a contabilizarse el 19 de enero de
2012, la disposición aplicable es el artículo 1126 de la Ley 678 de 2001, en su texto
anterior a la modificación introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022 27.

23 “Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o
Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos: […] 13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente
de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho,
Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de
la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte
Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor
General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los
órganos y entidades del orden nacional […]”.
24 “Artículo 142. Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio

con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público o del
particular en ejercicio de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo
pagado […]”.
25 “Artículo 2. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial

que deberá ejercerse en contra del servidor o exservidor público que como consecuencia de su
conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del
Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado,
en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”.
26 “Artículo 11. Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años

contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.
Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha
del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas
[…]”.
27 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra

la corrupción y se dictan otras disposiciones.

10

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001, en su texto vigente para la época de
los hechos, la pretensión de repetición caduca en el término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al pago total efectuado por la entidad pública. A
su vez, cuando el pago se realiza en cuotas, el inciso segundo de la misma
disposición prevé que dicho término comienza a correr desde la fecha del último
pago, incluidas las costas y agencias en derecho, si se hubiere condenado a ellas.

Ahora bien, la Corte Constitucional28, al examinar la constitucionalidad de esa
disposición, precisó que el término de caducidad debe contabilizarse desde la fecha
en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del
plazo previsto por la ley para cumplir la condena. En esa misma línea, el Consejo
de Estado29 ha señalado que el cómputo depende de cuál de esos dos momentos
ocurra primero: si la entidad paga antes de que venza el plazo legal para cumplir la
condena, el término se cuenta desde el día siguiente al pago; pero, si no acredita
haberlo efectuado dentro de ese lapso, la caducidad empieza a correr desde el
vencimiento del término legal previsto para pagar.

Asimismo, el Consejo de Estado ha precisado que ese plazo legal varía según el
estatuto procesal bajo cuya vigencia se hubiere tramitado el proceso que dio lugar
a la condena. Así, será de dieciocho (18) meses, conforme al artículo 17730 del CCA,
cuando el proceso se hubiere regido por esa codificación, o de diez (10) meses, de
acuerdo con el artículo 19231 del CPACA, cuando se hubiere adelantado bajo esta
última.

En el presente caso, se acreditó que la sentencia condenatoria se profirió dentro de
un proceso tramitado bajo la vigencia del CCA. Por tanto, el plazo con que contaba
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para pagar la condena era el

28 En la sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, la Corte Constitucional se pronunció frente al

contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso
del artículo 11 de la Ley 678 de 2001. Esa Corporación declaró la constitucionalidad condicionada
de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4º del artículo 177 del CCA, el cual
establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades públicas podrá ser
ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Así, la Corte indicó que en el evento en
que la entidad pública no hubiere realizado el pago dentro de dicho término, la caducidad deberá
contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia
condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación. Con posterioridad, en Sentencia C-394 del 22
de mayo de 2002, la Corte Constitucional también estudió la exequibilidad del primer inciso del
artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estaría sometida a la misma
interpretación realizada en la Sentencia C-832 de 2001, de manera que, "el término de caducidad de
la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código
Contencioso Administrativo."
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023, Rad.:

56201.
30 “Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas […] Será causal de mala

conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las
apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas,
además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria
[…]”.
31 “Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades

públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de
treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su
cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir
de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la
solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. […]”.

11

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

previsto en el artículo 177 de dicho estatuto, esto es, dieciocho (18) meses contados
a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia. Según la certificación
expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca32, el fallo quedó
ejecutoriado el 9 de junio de 2011, de manera que la entidad disponía hasta el 10
de diciembre de 2012 para cumplir la obligación.

También se probó que la Superintendencia pagó la condena en tres (3) cuotas 33 y
que el último desembolso se realizó el 18 de enero de 2012, esto es, dentro del
plazo legal con que contaba para cumplir la sentencia. En consecuencia, como el
pago total se efectuó antes del vencimiento de ese término, la caducidad comenzó
a correr al día siguiente, es decir, el 19 de enero de 2012, y vencía el 19 de enero
de 2014. Por consiguiente, dado que la demanda se presentó el 12 de marzo de
201334, la pretensión de repetición fue ejercida oportunamente.

2.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis35, esto es,
de un lado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; y de otro,
Fernando Segura Aranzazu, se advierte lo siguiente:

(i) La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada está legitimada en la
causa por activa, toda vez que fue la entidad que pagó la condena impuesta por el
Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Bogotá en la sentencia del 13 de
agosto de 2010, confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26
de mayo de 2011, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por Elizabeth Marín Pardo.

(ii) Fernando Segura Aranzazu se encuentra legitimado en la causa por pasiva,
pues, para el 17 de enero de 2006, se desempeñaba como Superintendente de
Vigilancia y Seguridad Privada36 y, en ejercicio de ese cargo, habría desplegado la
actuación administrativa que dio lugar a la expedición de la Resolución No. 00179
de la misma fecha (hechos probados 4.3. y 4.4.), mediante la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo —acto cuya anulación
originó la condena impuesta a la entidad accionante—. En ese sentido, se trata del
exservidor público a quien la demandante atribuye una conducta dolosa o
gravemente culposa como causa del reconocimiento indemnizatorio cuyo
reembolso reclama.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se encuentran acreditados los requisitos
procesales y sustanciales de la pretensión de repetición y, en particular, si Fernando
Segura Aranzazu, en su condición de Superintendente de Vigilancia y Seguridad

32 Fl. 47, C. 1.
33 Conforme a los comprobantes de egreso No. 562 del 31 de octubre de 2011, 736 del 29 de

diciembre de 2011 y 003 del 18 de enero de 2012 (Fl. 60, 62 y 64, C. 1).
34 Fl. 269 a 279, C. 1.
35 De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 90 de la Constitución Política, el artículo

142 del CPACA y los artículos 2º y 8º de la Ley 678 de 2001, está legitimada en la causa por activa
la entidad que haya pagado una suma de dinero con ocasión de una condena, conciliación u otra
forma de terminación de conflictos, cuando ese pago sea imputable a la conducta dolosa o
gravemente culposa de un servidor o exservidor público. Por su parte, está legitimado en la causa
por pasiva quien, para la época de los hechos discutidos, haya tenido la condición de agente estatal
y sea señalado como autor de la conducta que originó el reconocimiento indemnizatorio
36 Conforme al Decreto No. 4454 del 1 de diciembre de 2005, por el cual el Ministro de Defensa

Nacional nombró en el cargo de Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada (Fl. 214, C. 1).

12

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Privada, actuó con dolo o culpa grave en la decisión administrativa que culminó con
la expedición de la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006, mediante la cual
se declaró insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo.

4. Hechos probados

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala establecerá los hechos que se
encuentran acreditados en el expediente, pues de ellos depende la verificación de
los requisitos exigidos para la prosperidad de la pretensión de repetición. No
obstante, antes de enunciarlos, resulta necesario precisar la forma en que serán
valorados los medios de prueba allegados al proceso.

En primer lugar, obran en el expediente actos administrativos, comunicaciones y
conceptos suscritos por funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y del entonces Ministerio del Interior y de Justicia. Estos
documentos tienen la naturaleza de documentos públicos, de conformidad con el
artículo 24337 del CGP, en tanto fueron otorgados por funcionarios públicos en
ejercicio de sus cargos o con su intervención. A su vez, conforme a los artículos
24438 y 25739 del CGP, dichos documentos se presumen auténticos, esto es,
ofrecen certeza sobre la persona que los elaboró o suscribió y hacen fe de su
otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones efectuadas por el funcionario que
los autoriza o suscribe. Si bien esa presunción puede ser desvirtuada mediante
tacha de falsedad o desconocimiento del documento, en los términos de los
artículos 269 a 27240 del mismo estatuto, en este caso las partes no formularon

37 “Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos,

dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones
en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento
público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención.
Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o
con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo
funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y
ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”.
38 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados
de falso o desconocidos, según el caso […]”.
39 “Artículo 257. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su

fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza […]”.
40 “Artículo 269. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se atribuya un documento,

afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la
demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se
ordene tenerlo como prueba […]”; “Artículo 270. Trámite de la tacha. Quien tache el documento
deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración. No se
tramitará la tacha que no reúna estos requisitos […] De la tacha se correrá traslado a las otras partes
para que presenten o pidan pruebas en la misma audiencia. Surtido el traslado se decretarán las
pruebas y se ordenará el cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o un dictamen sobre las posibles
adulteraciones […] El trámite de la tacha terminará cuando quien aportó el documento desista de
invocarlo como prueba”; “Artículo 271. Efectos de la declaración de falsedad. Cuando se declare
total o parcialmente falso un documento el juez lo hará constar así al margen o a continuación de él,
en nota debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre el original de un documento público,
el juez la comunicará con los datos necesarios a la oficina de origen o a la de procedencia del
documento, para que allí se ponga la correspondiente nota. En todo caso dará aviso al fiscal
competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación […]”; y

13

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

cuestionamiento alguno sobre su autenticidad. Por tanto, serán valorados como
documentos auténticos, sin perjuicio de que su contenido deba apreciarse en
conjunto con los demás medios de prueba obrantes en el expediente.

En segundo lugar, obra en el expediente el dictamen pericial rendido el 7 de
septiembre de 2023 por Rigoberto Acosta Tarazona41, decretado en la audiencia
inicial celebrada el 7 de julio de 2016, a solicitud del Ministerio Público. Su objeto
consistió en recalcular los intereses causados entre la fecha de retiro de Elizabeth
Marín Pardo y la ejecutoria de la sentencia condenatoria, con el fin de descontar
ese valor de la pretensión. Dicho dictamen será apreciado conforme a las reglas de
la sana crítica, en los términos previstos en el artículo 232 del CGP42. Sin embargo,
su valoración solo resultará necesaria en caso de que se encuentre acreditado el
elemento subjetivo de la repetición, esto es, que Fernando Segura Aranzazu actuó
con dolo o culpa grave y que, por ende, habría lugar a ordenar el reintegro total o
parcial de las sumas pagadas por la Superintendencia.

Con estas precisiones, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos
relevantes para resolver el problema jurídico:

4.1. Mediante la Resolución No. 2735 del 4 de octubre de 1999, la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada nombró a Elizabeth Marín Pardo en el cargo de
Profesional Especializado, Código 3020, Grado 1643.

4.2. Por Resolución No. 3667 del 21 de noviembre de 2005, el Secretario General
de la Superintendencia concedió quince (15) días hábiles de vacaciones a varios
funcionarios, entre ellos a Elizabeth Marín Pardo, en el periodo comprendido entre
el 26 de diciembre de 2005 y el 16 de enero de 200644.

4.3. Mediante el Decreto No. 4454 del 1 de diciembre de 2005, Fernando Segura
Aranzazu fue nombrado en el cargo de Superintendente de Vigilancia y Seguridad
Privada45.

4.4. Por Resolución No. 000179 del 17 de enero de 2006, el Superintendente
Fernando Segura Aranzazu declaró insubsistente el nombramiento de Elizabeth
Marín Pardo46.

“Artículo 272. Desconocimiento del documento. En la oportunidad para formular la tacha de falsedad
la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo,
expresando los motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos
dispositivos y representativos emanados de terceros. No se tendrá en cuenta el desconocimiento
que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos
indicados en el inciso anterior. De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra
parte, quien podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma establecida
para la tacha […]”.
41 Archivo “Dictamenpericial(.pdf)NroActua245”, expediente digital Rad.:
11001032600020140005201, SAMAI, índice 245.
42 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas

de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso”.
43 Fl. 68, C. 1.
44 Fl. 175 a 177, C. 1.
45 Fl. 214, C. 1.
46 Fl. 179, C. 1.

14

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

4.5. Por comunicación del 20 de enero de 2006, dirigida a la Secretaria General de
la Superintendencia, Elizabeth Marín Pardo manifestó que había radicado su
renuncia el 17 de enero de 2006, a las 5:00 p.m., en el despacho del
Superintendente, y que no había sido notificada de la insubsistencia antes de
presentarla47.

4.6. Mediante concepto del 17 de febrero de 2006, radicación No. 1720, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre la interpretación
conjunta de los artículos 3248, 3349 y del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de
2005. Al respecto, precisó que dichas disposiciones establecían restricciones
aplicables a periodos preelectorales distintos y con ámbitos subjetivos diferentes.
En efecto, señaló que los artículos 32 y 33 regulaban, de manera específica, el
periodo de los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y, durante ese
lapso, resultaban aplicables a todos los entes del Estado, incluidos los del nivel
territorial. En cambio, el parágrafo del artículo 3850 contenía una prohibición de
carácter general para los cuatro (4) meses anteriores a cualquier elección popular,
pero dirigida únicamente a las autoridades territoriales. A partir de esa distinción, la
Sala de Consulta concluyó que se trataba de mandatos de conducta autónomos,
contenidos en normas de carácter prohibitivo y, por tanto, de interpretación
restrictiva. Por esa razón, las excepciones previstas en el artículo 33 no podían
extenderse a las prohibiciones consagradas en el parágrafo del artículo 38 de la Ley
996 de 200551.

47 Fl. 181, C. 1.
48 “Artículo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que

afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses
anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se
exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo
siguiente. Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la
Organización Electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de
manera objetiva a través de concursos públicos de méritos”.
49 “Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la

elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso,
queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Queda exceptuado
lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para
cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la
reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso
de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza
mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”.
50 “Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está

prohibido: […] Parágrafo. Inciso 1º modificado en lo pertinente por el Decreto 1793 de 2021, artículo
127 y por la Ley 2159 de 2021, artículo 124. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales,
secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental
o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar
recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros
de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. Tampoco podrán inaugurar
obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que
participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la
República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos
municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. No
podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades
proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de
elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos. La nómina
del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses
anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos
por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente
debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”.
51 Fl. 446 a 453, C. Principal.

15

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

4.7. Mediante concepto OFI06-5373-OAJ-0410 del 8 de marzo de 2006, el Ministerio
del Interior y de Justicia se pronunció sobre la restricción prevista en el artículo 32
de la Ley 996 de 2005, relativa a la suspensión de cualquier forma de vinculación
que afectara la nómina estatal en la Rama Ejecutiva del Poder Público durante los
cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial. Para tal efecto, precisó cuáles
entidades integraban dicha Rama y acudió al artículo 38 de la Ley 489 de 1998,
conforme al cual el sector central de la Rama Ejecutiva está conformado, entre
otros, por la Presidencia de la República, los ministerios, los departamentos
administrativos y las superintendencias. Asimismo, recordó que las gobernaciones
y las alcaldías también hacen parte de la Rama Ejecutiva.

Con apoyo en la sentencia C-1153 de 2005, señaló que la prohibición de afectar la
nómina se refería a la imposibilidad de crear nuevos cargos y proveerlos, salvo
cuando ello resultara indispensable para el cabal funcionamiento de la
administración, como ocurría en eventos de renuncia, licencia o muerte. En cuanto
al parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, sostuvo que la expresión
“elecciones” comprendía cualquier proceso electoral —corporaciones públicas,
alcaldes, gobernadores o presidente— y, siguiendo el concepto No. 1720 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, precisó que los artículos 32 y
33 operaban de manera específica frente a la elección presidencial, mientras que el
parágrafo del artículo 38 tenía un alcance más general frente a cualquier elección
popular, aunque limitado a las autoridades territoriales52.

4.8. Mediante concepto OFI06-9031-OAJ-0410 del 22 de abril de 2006, el Ministerio
del Interior y de Justicia distinguió entre la vinculación derivada de una relación legal
y reglamentaria —esto es, la que se perfeccionaba mediante nombramiento y
posesión— y aquella que tenía origen en un contrato laboral o de prestación de
servicios. Frente a la primera modalidad, señaló que le resultaba aplicable la
restricción prevista en el artículo 32 de la Ley 996 de 2005. Con apoyo en la
sentencia C-1153 de 2005, concluyó que, en las entidades de la Rama Ejecutiva,
durante el período de restricción estaban prohibidos los nombramientos que
implicaran la creación de nuevos cargos. No obstante, precisó que podían proveerse
los cargos que quedaran vacantes por renuncia debidamente aceptada, muerte o
licencia, siempre que ello resultara indispensable para el cabal funcionamiento de
la administración, o cuando debieran aplicarse las normas de carrera
administrativa53.

4.9. Mediante concepto OFI06-9038-OAJ-0410 del 23 de abril de 2006, el Ministerio
del Interior y de Justicia se pronunció sobre la elección del secretario de un concejo
municipal. Para tal efecto, transcribió el artículo 32 y el parágrafo del artículo 38 de
la Ley 996 de 2005 y, con apoyo en la sentencia C-1153 de 2005, reiteró que la
prohibición consistía en crear nuevos cargos y proveerlos, sin que ello impidiera
proveer aquellos que quedaran vacantes por renuncia debidamente aceptada,
licencia o muerte. Además, precisó que, cuando la vacante se producía por la
culminación natural del período fijado por la ley y no por un acto discrecional del
nominador dirigido a desvincular al servidor, el cargo podía proveerse sin vulnerar
la Ley de Garantías54.

4.10. El 16 de mayo de 2006, Elizabeth Marín Pardo presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con el objetivo de que se declarara nula la

52 Fl. 429 a 436, C. Principal.
53 Fl. 437 a 439, C. Principal.
54 Fl. 440 a 442, C. Principal.

16

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006, que la había declarado
insubsistente del cargo de Profesional Especializado, Código 3020, Grado 16 de la
Superintendencia. Además, solicitó que se le reestableciera su derecho a
reintegrarse a la entidad, pagarle todos los sueldos, primas, bonificaciones y demás
prestaciones sociales dejadas de percibir desde su retiro hasta el reintegro, y que
se declarara que no había existido solución de continuidad en la prestación de
servicios55.

4.11. Mediante concepto OFI06-24250-OAJ-0410 del 1º de septiembre de 2007, el
Ministerio del Interior y de Justicia se pronunció sobre el alcance de las restricciones
previstas en la Ley 996 de 2005 en materia de contratación y convenios
administrativos. Al respecto, sostuvo que las excepciones consagradas en el inciso
segundo del artículo 33 eran aplicables a todos los entes del Estado, pero
únicamente durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial. En
contraste, precisó que la prohibición prevista en el parágrafo del artículo 38 no
admitía esas excepciones, pues se trataba de una regla distinta. En ese sentido,
reiteró que los artículos 32 y 33 regían de manera específica para el período que
precedía la elección presidencial, mientras que el parágrafo del artículo 38 tenía un
alcance preelectoral más general, referido a cualquier elección popular, aunque sus
prohibiciones recaían únicamente sobre las autoridades territoriales56.

4.12. Mediante la Directiva Presidencial No. 11 del 13 de noviembre de 2009,
expedida con ocasión de las elecciones de 2010, se impartieron instrucciones a las
entidades del sector central y descentralizado del orden nacional sobre la aplicación
de las restricciones previstas en la Ley 996 de 2005. En relación con el artículo 32
de dicha ley, se señaló que durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección
presidencial se suspendía cualquier forma de vinculación que afectara la nómina
estatal. Para las elecciones de 2010, ese período correspondía, en principio, al
comprendido entre el 30 de enero y el 30 de mayo de ese año, sin perjuicio de su
extensión hasta la segunda vuelta, de ser el caso. Asimismo, la Directiva precisó
que esa restricción cobijaba a la Rama Ejecutiva, cuyo alcance debía definirse por
remisión al artículo 38 de la Ley 489 de 1998. La Directiva también reiteró la regla
fijada en la sentencia C-1153 de 2005, según la cual la prohibición consistía en crear
nuevos cargos y proveerlos, salvo cuando se tratara de vacantes generadas por
renuncia, licencia o muerte, o de nombramientos efectuados en aplicación de las
normas de carrera administrativa. Finalmente, en cuanto al artículo 38 de la Ley 996
de 2005, circunscribió la prohibición relativa a la celebración de convenios
interadministrativos a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores
de entidades descentralizadas del orden territorial57.

4.13. El 24 de junio de 2010, Fernando Segura Aranzazu rindió versión libre y
espontánea ante la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, en una investigación disciplinaria iniciada por el nombramiento de
Elsy Correal Ortiz como Secretaria General, el 5 de diciembre de 2005, en
reemplazo de Luis Gonzalo Pérez Montenegro. En el escrito negó haber actuado
con dolo o culpa grave al expedir la Resolución No. 03820 de 2005, pues el cargo
de Luis Gonzalo Pérez Montenegro era de libre nombramiento y remoción y el
funcionario había presentado renuncia protocolaria.

55 Fl. 6 a 8, C. 1.
56 Fl. 443 a 445, C. Principal.
57 Fl. 454 a 458, C. Principal.

17

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Sobre la Ley 996 de 2005 sostuvo que contemplaba dos restricciones distintas: (i)
la de los artículos 32 y 33, que suspende cualquier vinculación a la nómina de la
Rama Ejecutiva durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y
aplica a todos los niveles de la administración, incluido el nacional, y (ii) la del
parágrafo del artículo 38, referida al período prelectoral de las elecciones para
corporaciones públicas, que solo cobijaba a las entidades territoriales. A partir de lo
anterior, sostuvo que, como la Superintendencia era una entidad del orden nacional,
el término dentro del cual no podía alterar la nómina debía contarse frente a la
elección presidencial – que en 2006 corría entre el 30 de enero y el 30 de mayo – y
no frente a las elecciones de corporaciones públicas, como lo entendieron los
jueces. De ahí concluyó que la Resolución 03820, expedida el 5 de diciembre de
2005, se profirió casi dos (2) meses antes de que empezara a regir la restricción
aplicable a la entidad. Además, indicó que, para esa época, no existían
pronunciamientos judiciales que fijaran una interpretación distinta y solicitó el
archivo de la investigación a su favor58.

4.14. Mediante sentencia del 13 de agosto de 2010, el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por Elizabeth Marín Pardo, declaró la
nulidad de la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006, por medio de la cual
el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Segura Aranzazu,
había declarado insubsistente su nombramiento. El juzgado señaló que la
demandante no había accedido al cargo por concurso de méritos ni se encontraba
inscrita en carrera administrativa, razón por la cual lo desempeñaba en
provisionalidad. Asimismo, consideró que el acto acusado fue expedido dentro del
período de prohibición previsto en la Ley 996 de 2005, esto es, durante los cuatro
(4) meses anteriores a las elecciones parlamentarias del 12 de marzo de 2006,
lapso que, según indicó, había iniciado el 11 de noviembre de 2005. Además,
precisó que dicha prohibición no se limitaba a las elecciones presidenciales, sino
que se extendía a cualquier elección de carácter popular, incluidas las del Congreso
de la República.

De igual manera, sostuvo que los testimonios practicados en el proceso acreditaban
que el Superintendente había solicitado la renuncia de la demandante al momento
de posesionarse en el cargo y que, ante la negativa de presentarla en los términos
exigidos, procedió a declarar insubsistente su nombramiento. Como consecuencia
de la nulidad, ordenó el reintegro de Elizabeth Marín Pardo y condenó a la entidad
demandada al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir
desde la fecha de su retiro hasta su reintegro efectivo, con la correspondiente
actualización. Además, declaró que no había existido solución de continuidad en la
prestación del servicio59. En concreto, la providencia indicó:

“[…] el Despacho estima que la decisión acusada está incursa en la causal de
anulación de los actos administrativos denominada violación de la ley […] la decisión
acusada se produjo contra expresa prohibición de modificar la nómina del ente
territorial o de la entidad, en este caso, durante los cuatro meses precios a las
elecciones, pues en tal periodo no se puede incorporar, ni desvincular a persona
alguna de la nómina departamental, municipal o de las empresas descentralizadas,
ni de las entidades o empresas en las cuales, éstos participen como miembros de sus
juntas directivas.

58 Fl. 413 a 428, C. Principal.
59 Fl. 6 a 23, C. Principal.

18

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Sobre este aspecto, es necesario precisar que la Ley 996 de 2005, cuando prohíbe
modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, dentro de los cuatro
meses que preceden ‘a las elecciones de cargos de elección popular’, se refiere a las
elecciones para los cargos de Presidente, Vicepresidente de la República como
también a las de los congresistas, gobernadores, alcaldes municipales o distritales,
diputados a asambleas departamentales, concejales distritales o municipales y
miembros de juntas administradoras locales […] se encuentra demostrado, mediante
los testimonios recibidos dentro de la actuación, que el Superintendente […] al
posesionarse de su cargo le solicitó a los servidores que ocupaban los cargos
directivos de la entidad la renuncia protocolaria de sus empleos, actuación que le fue
pedida también a la demandante, a pesar de que desempeñaba un cargo de carrera
proveído mediante nombramiento provisional, de manera que ante la renuencia de la
demandante de presentar la renuncia en los términos solicitados, el nominador
decidió disponer la insubsistencia del nombramiento, en contravía de los parámetros
legales, en especial los establecidos en la Ley 996 de 2005.

En efecto, las elecciones parlamentarias para el año 2006 se llevaron a cabo el 12 de
marzo, de manera que los cuatro (4) meses por los que se suspende cualquier
modificación de la planta […] se contarían a partir del 11 de noviembre de 2005 y
hasta el 12 de marzo de 2006 […] No obstante, la decisión de insubsistencia se
dispuso por medio de la Resolución No. 00179 de 17 de enero de 2006, notificada el
19 de enero de 2006, es decir, dentro del periodo en que se encontraba vigente la
prohibición dispuesta por la Ley de Garantías, razón por la cual se estima que la
decisión acusada debe ser anulada porque fue expedida con violación de la ley […]”

4.15. Mediante sentencia del 26 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada contra el fallo proferido el 13 de agosto de 2010
por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Bogotá. La Corporación
confirmó la decisión de primera instancia, aunque con fundamento en razones
distintas.

En primer lugar, precisó que Elizabeth Marín Pardo no desempeñaba el cargo en
provisionalidad, sino como empleada de libre nombramiento y remoción. Para ello,
tuvo en cuenta que su acto de nombramiento señalaba que debía cumplir funciones
de asesoría institucional al servicio directo e inmediato del Superintendente, propias
de un empleo de dirección, confianza y manejo.

En segundo lugar, encontró demostrado el cargo de desviación de poder. Para
arribar a esa conclusión, valoró los testimonios de Juan Diego Rendón Díaz y Sonia
Gómez Cortés, quienes declararon que el Superintendente, desde el momento de
su posesión, citó a los directivos de la entidad los días 2 y 5 de diciembre de 2005
para exigirles la presentación de su renuncia en cuestión de minutos. También
refirieron que el funcionario fue advertido sobre la vigencia de la Ley 996 de 2005 y
sobre las condiciones de salud de la demandante —quien padecía cáncer de seno
y se encontraba en tratamiento—, pese a lo cual habría manifestado que asumiría
la responsabilidad. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que la
renuncia presentada por Elizabeth Marín Pardo no reunía los requisitos legales para
producir efectos, pues no correspondía a una manifestación libre, espontánea e
inequívoca de separarse del cargo. Por el contrario, consideró que obedeció al
constreñimiento y al acoso ejercidos por el Superintendente. En consecuencia,
estimó que la posterior declaratoria de insubsistencia no constituyó el ejercicio
legítimo de la facultad discrecional del nominador, sino la consecuencia de una
presión indebida, circunstancia que configuró la desviación de poder.

19

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

En tercer lugar, el Tribunal encontró acreditada la violación de la Ley 996 de 2005,
al considerar que los artículos 32 y 38 prohibían cualquier modificación de la nómina
estatal durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones y que la
desvinculación de la demandante se produjo el 17 de enero de 2006, esto es, dentro
de ese período60. En la decisión se indicó:

“[…] contrario a lo afirmado en la sentencia de instancia, en donde se dijo que estaba
nombrada en provisionalidad, la demandante se desempeñaba en un cargo de libre
nombramiento y remoción […] lo declarado por los testigos en este caso, se infiere
sin lugar a duda que la declaratoria de insubsistencia de la actora no obedeció a la
facultad que tiene el nominador […] sino a la presión ejercida por el Superintendente
de Vigilancia y Seguridad Privada para que presentara la renuncia […] existió apremio
y presión del nominador para que la demandante presentara la renuncia, para lo cual,
el Superintendente […] citó a varias reuniones, como dicen los testigos, y cuya
finalidad fue la presentación de la renuncia. En el caso de la actora, en dos
oportunidades el jefe de la entidad demandada le solicitó la renuncia: el 2 y 5 de
diciembre de 2005 […] la demandante no tuvo la libre voluntad de renunciar al cargo
sino que hubo constreñimiento y acoso por parte del Superintendente […] por tanto,
el cargo de desviación de poder tiene demostración en el proceso.

[…] analizada la situación fáctica de la actora, se tiene que su separación del cargo
se produjo dentro del período que la ley prohibió efectuar movimientos de personal
dentro de la nómina estatal. Nótese que la demandante fue declarada insubsistente
[…] el día 17 de enero de 2006, cuando ya se encontraba rigiendo la Ley 996 de 2005.
Así, pues, al producirse el retiro de la demandante, en su reemplazo se debió nombrar
a una persona […] lo cual, por expresa prohibición legal no se podía ni hacer retiros
como tampoco efectuar nombramientos […] Por tanto, el acto de insubsistencia se
encuentra viciado de nulidad por transgresión de la ley […]”

4.16. Mediante la Resolución No. 5111 del 1 de agosto de 2011 y el acta No. 02 del
10 de agosto de 2011, la Superintendencia reintegró a Elizabeth Marín Pardo en el
cargo de Profesional de Defensa, Código 3-1, Grado 1661.

4.17. Mediante acta No. 6 del 29 de junio de 2012, el Comité de Conciliación y
Defensa Judicial de la Superintendencia estudió la procedencia del medio de control
de repetición contra el exsuperintendente Fernando Segura Aranzazu, con ocasión
de la expedición de la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006, mediante la
cual se declaró insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo.

En relación con la posible configuración de culpa grave por desconocimiento de la
Ley 996 de 2005, el Comité sostuvo que el artículo 32 de esa normativa era aplicable
a la Superintendencia, por tratarse de una entidad estatal del orden nacional, pero
únicamente a partir del 28 de enero de 2006, esto es, cuatro (4) meses antes de la
elección presidencial de ese año. En cuanto al artículo 38, y con apoyo en la
sentencia C-1153 de 2005, indicó que la restricción relativa a la modificación de la
nómina durante el período previo a elecciones distintas de la presidencial —como
las del Congreso de la República— estaba dirigida a las autoridades territoriales y
a las entidades descentralizadas de los niveles municipal, distrital y departamental,
sin que se extendiera a las entidades descentralizadas del orden nacional. A partir
de esa interpretación, el Comité concluyó que no se configuraba culpa grave por
violación de la Ley 996 de 2005, pues la lectura normativa atribuida al entonces
Superintendente podía considerarse razonable y, por tanto, no evidenciaba una

60 Fl. 24 a 47, C. 1.
61 Fl. 32 y 33, C. Principal.

20

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

“violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, exigida para
estructurar esa modalidad de conducta.

No obstante, al examinar la posible configuración del dolo, el Comité estimó que
existía mérito para promover el medio de control de repetición. Para ello, tuvo en
cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver en segunda
instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
Elizabeth Marín Pardo, encontró acreditada la desviación de poder en la expedición
de la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006. En criterio del Comité, esa
circunstancia permitía considerar configurado el supuesto de hecho de la
presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 200162.

4.18. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2013, el Juzgado Doce Administrativo
de Descongestión de Bogotá negó las pretensiones del medio de control de
repetición promovido por la Superintendencia contra Fernando Segura Aranzazu,
por el pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de Luis Gonzalo Pérez Montenegro, en el que se había declarado la nulidad
de la Resolución No. 03820 del 5 de diciembre de 2005, por la que lo había
declarado insubsistente en el cargo de Secretario General de la entidad.

El juzgado señaló que, para la fecha en que se produjo el retiro de Luis Gonzalo
Pérez Montenegro – diciembre de 2005 –, no existían pronunciamientos del máximo
órgano de cierre sobre la aplicación del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y que,
conforme al texto de la norma, la prohibición de modificar la nómina dentro de los
cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular se refería
únicamente a los entes territoriales y a sus entidades adscritas, por lo que, al
momento de la insubsistencia, esa prohibición no debían acatarla las entidades del
orden nacional.

Recordó que la Corte Constitucional, en sentencia C-1153 de 2005, había señalado
que la prohibición del inciso 4 del artículo 38 aplicaba a los entes territoriales y a las
entidades en las que participaran gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y
directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o
distrital. Agregó que, para el momento de los hechos, no existía precedente
jurisprudencial que precisara que el término de cuatro (4) meses cobijaba tanto las
elecciones legislativas como las presidenciales – las primeras celebradas el 12 de
marzo y las segundas el 28 de mayo de 2006 – y que, al momento de expedir el
acto, la prohibición se refería a la modificación de nóminas de entes territoriales o
de sus entidades, sin que el Consejo de Estado hubiera aclarado aún que la
expresión "elecciones a cargos de elección popular" debía interpretarse en sentido
amplio63. En la providencia se indicó:

“[…] Conforme al texto de la norma en cita, se advierte que la prohibición según el
cual no se podía modificar la nómina dentro de los cuatro meses anteriores a las
elecciones a cargos de elección popular, solamente se refería a entes territoriales o
entidades adscritas, motivo por el cual al momento de la declaración de
insubsistencia, dicha prohibición no tenía el alcance de extenderse a entidades del
orden nacional como el caso de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada […] para el momento de los hechos que dieron origen a la presente acción,
no existía precedente jurisprudencial en el cual se haya dado claridad que los cuatro
(4) meses de que trata la norma contenida en la Ley de Garantías, hacía referencia

62 Fl. 196 a 213, C 1.
63 Fl. 371 a 395, C. Principal.

21

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

tanto a las elecciones legislativas como a la presidenciales, pues para dicha época,
los comicios se llevaron a cabo el 12 de marzo las legislativas y las presidenciales el
28 de mayo […]

[…] se advierte que al momento de expedirse el acto de insubsistencia del señor
Pérez Montenegro, dicha prohibición hacía alusión a la modificación de la nómina de
entes territoriales o de sus entidades y fue con posterioridad cuando el Consejo de
Estado, en diferentes pronunciamientos […] aclaró que la expresión ‘elecciones a
cargos de elección popular’ no podía dársele un sentido restringido, puesto que la ley
busca regular la participación en política de los servidores públicos, en certámenes
electorales para cargos de elección popular […] no puede aludirse la existencia de
dolo o culpa grave en el demandado, cuando evidentemente la Ley de Garantías daba
a entender cierta cobertura, la cual en su momento no afectaba la decisión para
modificar su equipo de confianza, en tratándose de empleados de libre nombramiento
y remoción […]”

4.19. Mediante sentencia del 30 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la sentencia del 25 de octubre de 2013 en el proceso de
repetición mencionado en el hecho probado anterior. Estimó que la conducta del
demandado había sido excusable, porque el contenido de la Ley 996 de 2005
dejaba serias dudas sobre su alcance y aplicación. En primer lugar, indicó que la
interpretación inicial de la norma permitía entender que la prohibición se
contemplaba únicamente frente a las elecciones presidenciales, llevadas a cabo el
28 de mayo de 2006, de modo que la restricción habría iniciado el 28 de enero de
2006, supuesto bajo el cual el demandado pudo haber actuado, en atención a la
reciente expedición de la norma y a la ausencia de pronunciamientos judiciales
sobre la materia. En segundo lugar, consideró que existían dudas sobre si la Ley de
Garantías se aplicaba a la Superintendencia, pues su texto no la mencionaba
expresamente, y solo pronunciamientos posteriores del Consejo de Estado –
posteriores a la decisión adoptada por Fernando Segura Aranzazu como
Superintendente – despejaron esa duda. Concluyó que la interpretación literal que
el exfuncionario hizo de la norma, aunque no resultó acertada conforme a los
pronunciamientos judiciales posteriores, configuró una conducta excusable64. En la
sentencia se sostuvo:

“[…] De las normas anteriores, atendiendo al momento de la expedición del acto
administrativo que motivó la acción de repetición aquí elevada, se desprenden entre
otras las siguientes prohibiciones:

• El Presidente de la República […] deberá suspender cualquier forma de vinculación
que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los
cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la
segunda vuelta.
• Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y
directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o
distrital, no podrán modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones de cargos de elección popular, la nómina del respectivo ente territorial.

Deja en consecuencia la norma serias dudas respecto de la situación puntual en la
que se encontraba el aquí demandado, tales como, si dicha norma resultaba aplicable
a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Nacional, si dicha prohibición regía
solamente previo a los escrutinios presidenciales o contemplaba todo tipo de elección
popular […] las elecciones presidenciales se encontraban programadas para el 28 de
mayo de 2006, se tendía en consecuencia que la prohibición de modificación de

64 Fl. 396 a 412, C. Principal.

22

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

nómina iniciaría a partir del 28 de enero de 2006 y, en consecuencia, la modificación
realizada, resultaría a primera vista no vulneradora de la Ley de Garantías, en tanto
dicha modificación se efectuó el 5 de diciembre de 2005 […] La interpretación inicial
de la norma permitía inferir que la prohibición se encontraba contemplada únicamente
para elecciones presidenciales, situación esta que bajo el entendido del contenido
literal del marco normativo, podía conllevar al demandado a interpretar la norma en el
sentido que la prohibición se generaba respecto de las elecciones presidenciales,
pero dicha interpretación obedeció a la reciente expedición de la misma y la falta de
pronunciamiento por parte de entes judiciales.
[…] respecto de si la norma – Ley de Garantías resultaba aplicable a la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Nacional, en tanto de manera literal no lo
contempla, dicha duda solo es absuelta mediante extensos pronunciamientos
jurisprudenciales efectuados por el H. Consejo de Estado, con posterioridad a la
decisión emanada por el señor Fernando Segura Aranzazu, en su calidad de
Superintendente […] es decir, la interpretación dada por el ex funcionario si bien no
resulta ser acertada, en tanto diversos pronunciamientos jurisprudenciales concluyen
lo contrario, la conducta desplegada por este resulta siendo excusable, en tanto era
la interpretación que del sentido literal obtuvo el ex funcionario […]”

5. Caso concreto

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, el medio de
control de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que debe ser
ejercida en contra del servidor o exservidor público que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, haya dado lugar a una sentencia condenatoria en contra del
Estado y, con ello, a un reconocimiento indemnizatorio.

La jurisprudencia65 de esta Corporación ha fijado los requisitos que deben cumplirse
para la prosperidad del medio de control de repetición, a saber: (i) la existencia de
una obligación indemnizatoria a cargo del Estado; (ii) la calidad de servidor o ex
servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del
demandado; (iii) el pago de la obligación reparatoria a cargo del Estado; y (iv) la
demostración de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, que
hubiere determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.

Al respecto, esta Corporación ha precisado que los tres primeros requisitos son de
carácter objetivo, en tanto que el último de ellos es de carácter subjetivo y se
encuentra sujeto a la normatividad vigente al momento de la ocurrencia de la acción
u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su
cargo y por cuyo reembolso se adelanta el proceso de repetición66.

Así las cosas, a continuación la Sala verificará si en el presente asunto están
configurados los requisitos que condicionan la prosperidad del medio de control de
repetición, y advierte que estos presupuestos son de carácter acumulativo, de
manera que todos deben hallarse acreditados67. La ausencia de cualquiera de ellos
hará inviable declarar la responsabilidad patrimonial del demandado y, en
consecuencia, condenarlo al reintegro de las sumas pagadas por la entidad con
ocasión de la condena proferida en su contra.

65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 22 de mayo de 2024, Rad.:

69898 y del 17 de junio de 2024, Rad.: 60977.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de agosto de 2022, Rad.:

62238.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de abril de 2025, Rad.: 67234.

23

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

5.1. La existencia de una obligación reparatoria a cargo del Estado

El primer requisito objetivo de la repetición consiste en que exista una obligación
reparatoria a cargo del Estado, derivada de una sentencia condenatoria, un acuerdo
conciliatorio u otra forma de terminación de un conflicto, conforme a lo previsto en
el artículo 2 de la Ley 678 de 2001.

En el caso concreto, este requisito se encuentra acreditado. En efecto, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Elizabeth Marín
Pardo contra la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Juzgado 3º
Administrativo de Descongestión de Bogotá, mediante sentencia del 13 de agosto
de 2010, declaró la nulidad de la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006,
por medio de la cual se había declarado insubsistente su nombramiento. Como
consecuencia de esa decisión, y a título de restablecimiento del derecho, ordenó su
reintegro al cargo y condenó a la entidad al pago de los salarios, prestaciones
sociales y demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta
su reintegro efectivo (hecho probado 4.14.). Esa decisión fue confirmada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia del 26 de mayo de 2011 (hecho probado 4.15.).

Así las cosas, la obligación reparatoria que sirve de fundamento a la presente acción
de repetición provino de una condena judicial impuesta a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada. Por tanto, se encuentra satisfecho el primer requisito
objetivo exigido para la prosperidad de este medio de control.

5.2. La calidad de servidor público del demandado

El segundo requisito objetivo de la repetición exige acreditar que la persona contra
quien se dirige la demanda tenía, para el momento de los hechos, la condición de
servidor o exservidor público, o de particular que ejercía funciones públicas.

En el presente asunto, este requisito también se encuentra acreditado. En efecto,
mediante Decreto 4454 del 1º de diciembre de 2005, expedido por el Ministerio de
Defensa Nacional, Fernando Segura Aranzazu68 fue nombrado en el cargo de
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. A su vez, para el 17 de enero
de 2006, esto es, cuando se adoptó la decisión administrativa que culminó con la
expedición de la Resolución No. 00179 —por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de Elizabeth Marín Pardo—, el demandado ejercía
dicho cargo y suscribió el acto en calidad de Superintendente de la entidad (hecho
probado 4.4.).

Así las cosas, está demostrado que Fernando Segura Aranzazu tenía la condición
de servidor público para la época de la actuación que originó la condena impuesta
a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En consecuencia, se
encuentra satisfecho el segundo requisito objetivo exigido para la prosperidad del
medio de control de repetición.

5.3. El pago de la obligación reparatoria

El tercer requisito de la repetición consiste en acreditar que la entidad estatal
efectivamente pagó la obligación reparatoria impuesta en su contra. En este caso,

68 Fl. 214, C. 1.

24

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

dicha exigencia igualmente se encuentra satisfecha, pues la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada allegó al expediente los documentos que dan cuenta
del reconocimiento, ordenación y pago de las sumas derivadas de la condena
judicial.

(i) En primer lugar, obra la Resolución No. 7596 del 28 de octubre de 2011, mediante
la cual la Superintendencia dio cumplimiento a la sentencia del 26 de mayo de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y reconoció a favor de
Elizabeth Marín Pardo la suma de $204.183.500, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir entre el 19 de
enero de 2006 y el 9 de agosto de 2011. En ese mismo acto, la entidad ordenó
pagar dicha suma a Pedro Pablo Ocampo Flórez, quien acreditó ser el apoderado
de la señora Marín Pardo con facultad para recibir69.

(ii) En segundo lugar, se allegó la Orden de pago No. 755 del 31 de octubre de
2011, por valor de $190.889.700, expedida a favor de Pedro Pablo Ocampo Flórez,
así como el comprobante de egreso No. 562 de esa misma fecha, en el que consta
el pago de dicho monto70.

(iii) En tercer lugar, obra la Resolución No. 8790 del 26 de diciembre de 2011,
mediante la cual la Superintendencia ordenó el pago de $15.966.938 a favor del
Fondo Nacional del Ahorro, por concepto de cesantías de la funcionaria. También
se aportaron la Orden de pago No. 984 del 27 de diciembre de 2011, por el mismo
valor, y el comprobante de egreso No. 736 del 29 de diciembre de 2011, en el que
consta la realización de ese pago71.

(iv) En cuarto lugar, se encuentra la Resolución No. 323 del 17 de enero de 2012,
por medio de la cual la Superintendencia ordenó el pago de $125.733.755, por
concepto de aportes a salud, pensión, Fosyga y parafiscales correspondientes a la
señora Marín Pardo. De igual manera, se aportaron la Orden de pago No. 003 de la
misma fecha y el comprobante de egreso No. 003 del 18 de enero de 2012,
documentos que acreditan el pago de esa suma a través de la Planilla SOI ACH
Colombia72.

(v) Finalmente, obra la Certificación No. 20133200001983 del 18 de enero de 2013,
expedida por la Tesorería de la Superintendencia, en la que se hizo constar que la
entidad pagó, con ocasión de la condena impuesta a favor de Elizabeth Marín
Pardo, la suma total de $332.590.393, distribuida en tres pagos: $190.889.700,
$15.966.938 y $125.733.755. En esa misma certificación se indicó que el último
pago se efectuó el 18 de enero de 201273.

Sobre este punto, la Sala precisa que la certificación expedida por la Tesorería de
la entidad demandante, valorada en conjunto con las resoluciones de
reconocimiento y ordenación del gasto, las órdenes de pago y los comprobantes de
egreso, resulta idónea para acreditar el cumplimiento de la condena. Ello es así

69 Fl. 49 a 53, C. 1.
70 Fl. 60, C. 1. Respecto de este pago también obra comprobante de pago del banco Davivienda,

que da cuenta del pago de $190.889.700 a favor de Pedro Pablo Ocampo Flórez el 31 de octubre
de 2011 (Fl. 65, C. 1).
71 Fl. 54, 55, 61 y 62, C. 1. Respecto de este pago también obra comprobante de pago del banco

Davivienda, que da cuenta del pago de $15.966.938 a favor del Fondo Nacional del ahorro el 29 de
diciembre de 2011 (Fl. 66, C. 1).
72 Fl. 56 a 58, 63 y 64, C. 1.
73 Fl. 67, C. 1.

25

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

porque el artículo 14274 del CPACA no exige un medio probatorio único o solemne
para demostrar el pago, ni impone como requisito exclusivo la constancia expedida
por el acreedor.

En esa línea, el Consejo de Estado ha señalado que la satisfacción de la obligación
puede acreditarse mediante los distintos medios de prueba previstos en el
ordenamiento procesal, siempre que, apreciados en conjunto y conforme a las
reglas de la sana crítica, permitan establecer que la entidad realizó efectivamente
el pago. En particular, los documentos públicos expedidos por la propia entidad,
cobijados por la presunción de autenticidad 75, pueden resultar suficientes para
demostrar este requisito.

Así las cosas, del análisis integral de la Resolución No. 7596 de 2011, las órdenes
de pago, los comprobantes de egreso, las resoluciones posteriores de pago y la
certificación expedida por la Tesorería de la Superintendencia, se concluye que la
entidad demandante acreditó el pago efectivo de la obligación reparatoria impuesta
en su contra. En consecuencia, el tercer requisito exigido para la prosperidad del
medio de control de repetición se encuentra satisfecho.

5.4. La conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal

Como último requisito del medio de control de repetición, la entidad demandante
debe demostrar que la actuación atribuida al agente o exagente del Estado —o al
particular investido de funciones públicas— fue dolosa o gravemente culposa,
conforme a las normas vigentes para la época de los hechos que dieron lugar a la
obligación reparatoria76.

Ahora bien, para comprometer la responsabilidad patrimonial del agente no basta
con acreditar que intervino en la actuación administrativa cuestionada, ni que con
posterioridad se impuso una condena a cargo de la entidad. También es necesario
verificar que exista una relación entre la conducta que se le atribuye y los
fundamentos fácticos y jurídicos que dieron lugar al reconocimiento indemnizatorio
cuya devolución se pretende77.

En otras palabras, el juicio de repetición no recae simplemente sobre la legalidad o
ilegalidad del acto administrativo que originó la condena, ni permite trasladar de
manera automática las razones que sustentaron la responsabilidad de la
Administración al análisis de la responsabilidad personal del agente. Lo que
corresponde establecer es si la actuación funcional atribuida al demandado fue la
causa jurídicamente relevante de la obligación reparatoria y si, además, puede
calificarse como dolosa o gravemente culposa.

Para acreditar ese elemento subjetivo, la entidad demandante puede acudir a la
prueba directa de la conducta o apoyarse en las presunciones legales previstas en
la Ley 678 de 2001. En este último evento, la carga probatoria no desaparece:

74 “Artículo 142. Repetición […] Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado

del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad
realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el
funcionario responsable del daño”.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 5 de mayo de 2020, Rad.:

45522 y del 17 de julio de 2025, Rad.: 51996.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016,

Rad.: 56284.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.: 55661.

26

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

corresponde a la entidad acreditar el hecho base previsto en la norma, esto es, el
supuesto fáctico a partir del cual la ley permite presumir el dolo o la culpa grave.
Solo una vez demostrado ese hecho base, surge la presunción correspondiente y
se habilita al demandado para desvirtuarla mediante prueba en contrario.

5.4.1. En el presente caso, la Superintendencia estructuró la responsabilidad del
demandado con fundamento en dos presunciones previstas en la Ley 678 de 2001,
en su texto anterior a la modificación introducida por el artículo 42 de la Ley 2195
de 202278: de una parte, la presunción de dolo consagrada en el numeral 1º del
artículo 579; y, de otra, la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1º del
artículo 680.

En relación con el dolo, sostuvo que Fernando Segura Aranzazu incurrió en
desviación de poder, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la
sentencia de segunda instancia del 26 de mayo de 2011, encontró probado que la
Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006 no respondió al ejercicio regular de
la facultad discrecional del nominador, sino al constreñimiento y al acoso ejercidos
sobre Elizabeth Marín Pardo para forzar su renuncia. Según la entidad demandante,
esa circunstancia permitiría tener por acreditado el hecho base de la presunción de
dolo prevista en el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

En cuanto a la culpa grave, la Superintendencia planteó que el exfuncionario
desconoció de manera manifiesta e inexcusable la Ley 996 de 2005, en particular
el último inciso del parágrafo del artículo 3881, conforme al cual los gobernadores,

78 Para acreditar ese elemento subjetivo, la entidad demandante puede acudir a la prueba directa de

la conducta o apoyarse en las presunciones legales previstas en la Ley 678 de 2001, norma vigente
al momento de los hechos. En efecto, los artículos 5 y 6 de dicha ley consagran eventos en los que
se presume, respectivamente, el dolo o la culpa grave del agente estatal. Sin embargo, como lo
precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-374 de 2002, se trata de presunciones legales que
admiten prueba en contrario, no de presunciones de derecho. De ahí que, cuando la entidad
demandante invoca una de esas presunciones, no queda relevada de toda carga probatoria. Por el
contrario, le corresponde acreditar el hecho base previsto en la norma; solo una vez demostrado ese
supuesto fáctico, se presume el dolo o la culpa grave y se traslada al demandado la posibilidad de
desvirtuar esa inferencia mediante prueba en contrario. Esta comprensión garantiza el derecho de
defensa del agente y preserva el equilibrio probatorio propio del juicio de repetición. Cfr. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de febrero de 2009, Rad.: 30329; del 22 de julio de 2009.
Rad.: 25659 y del 19 de julio de 2023, Rad.: 61204.
79 “Artículo 5. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un

hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Se presume que existe dolo del agente público
por las siguientes causas: 1. Obrar con desviación de poder […]”.
80 “Artículo 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es

consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o
extralimitación en el ejercicio de las funciones. […]”.
81 “Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A los empleados del Estado les está

prohibido: […] Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios,
Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital,
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar
recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros
de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los
candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los
candidatos. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social
en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la
República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas
departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando
participen voceros de los candidatos. No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes
muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el

27

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

alcaldes y directores de entidades descentralizadas no pueden modificar la nómina
durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones. Para la entidad, esa
infracción normativa configuraría el hecho base de la presunción de culpa grave
prevista en el numeral 1º del artículo 6 ibidem.

5.4.2. Ahora, además de los medios probatorios allegados al plenario, de los cuales
ya se hizo un recuento en el acápite de hechos probados, obran en el expediente
los testimonios de Ovidio de Jesús Cabello Quintero, Emma Paola Hernández
Merlano y Elsy Cecilia Correal Ortiz82.

(i) Ovidio de Jesús Cabello Quintero83, administrador público y exfuncionario de la
Superintendencia, rindió declaración el 22 de julio de 2016, en la que manifestó que,
para la época de los hechos, se desempeñaba como jefe de Control Interno de la
entidad demandante, cargo desde el cual velaba por el cumplimiento de la normativa
vigente y aplicable a la entidad en la toma de decisiones relacionadas con la planta
de personal de la entidad. Aclaró que no había sido nombrado por Fernando Segura
Aranzazu durante el periodo en que este ejerció como Superintendente y que, a lo
largo de aproximadamente ocho (8) años, trabajó con varios superintendentes.
Explicó que constituía una práctica institucional que, al llegar un nuevo
Superintendente se convocara a la alta gerencia para que presentara las renuncias
a sus cargos, de manera que aquel pudiera conformar un nuevo equipo de trabajo,
según lo considerara pertinente. En ese sentido, afirmó haber presenciado que, en
una de las reuniones celebradas con Control Interno, el entonces Superintendente
le solicitó la carta de renuncia a varios de los directivos. Añadió que, con los
funcionarios de alta gerencia, se realizaban reuniones mensuales, en las cuales se
hacía seguimiento a las debilidades de la administración y se daba a conocer la
normatividad vigente.

En relación con la insubsistencia de la señora Marín Pardo, sostuvo que el
Superintendente Segura Aranzazu contaba con un grupo asesor jurídico que lo
orientaba sobre la normatividad vigente y que dicho equipo se aseguró de que se
cumpliera dicha norma. Por ello, aseguró que el exfuncionario actuó conforme a la
ley y a la asesoría que recibió tanto del equipo jurídico como del grupo de Control
Interno. Precisó, además, que en la expedición de la resolución de insubsistencia
intervinieron la oficina jurídica, el grupo asesor del Superintendente y el secretario
general, e indicó que el fundamento legal de la decisión radicaba en que, para ese
momento, todos los funcionarios de la entidad eran de libre nombramiento y
remoción, motivo por el cual la insubsistencia resultaba procedente.

Respecto de la Ley de Garantías, manifestó que regía por primera vez para la época
de los hechos y que su aplicación fue examinada por el grupo de asesores del
Superintendente, quienes concluyeron que sí era posible solicitar la carta de
renuncia. Agregó que, en ese momento, dicha ley era la única compilación existente
sobre la materia y que no tuvo conocimiento de pronunciamiento posterior de algún
ente al respecto. Frente a la relación entre el demandado y Elizabeth Marín Pardo,

transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando
participen voceros de los candidatos. La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá
modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular,
salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia
irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las
normas de carrera administrativa”.
82 Aunque en la audiencia inicial se decretaron también los testimonios de Andrea Casas Vargas y

Fabio Yahuar, estos no fueron recaudados.
83 Fl. 599 a 602 y CD Fl. 603, C. Principal.

28

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

declaró no haber tenido conocimiento de problema alguno entre ellos, pues las
relaciones eran cordiales, y precisó que no advirtió ninguna queja sobre el actuar
del demandado respecto de algún funcionario.

(ii) Emma Paola Hernández Merlano84, abogada y exdirectora de Regionales de la
Superintendencia rindió declaración el 11 de septiembre de 2017 y, en cuanto a los
antecedentes de la resolución de insubsistencia, manifestó que participó en varias
reuniones organizadas por el entonces Superintendente Fernando Segura
Aranzazu con los coordinadores regionales. Sostuvo que en esas reuniones se
trataban temas relacionados con la planta de personal, en el marco de la Ley de
Garantías, con el propósito de establecer si era posible ejercer la potestad de
remoción o efectuar movimientos de personal, y que a ellas asistían la Secretaria
General, el área jurídica, el Superintendente y ella misma. Señaló que el análisis
sobre la aplicabilidad de dicha ley se realizó en muchos casos, aunque no recordó
concretamente la discusión relativa a Elizabeth Marín Pardo. Al respecto, explicó
que existían dudas, porque era la primera vez que regía la norma y se desconocía
su alcance. Agregó que, en ese momento, solo existían dos conceptos sobre la
materia —uno de la Procuraduría General de la Nación y otro de la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado—, de modo que, al tratarse de una legislación
nueva, la incertidumbre giraba en torno al marco temporal dentro del cual podían
efectuarse las desvinculaciones.

Respecto de los motivos de la desvinculación, indicó que la decisión obedeció al
ejercicio de la facultad discrecional del Superintendente, pues este buscaba
conformar un buen equipo de trabajo, con personal idóneo conforme a su criterio.
Sostuvo que no tuvo conocimiento de la renuncia de Elizabeth Marín Pardo, así
como tampoco le constaba si la funcionaria cumplía o no con sus funciones. En lo
relativo a la relación entre Elizabeth Marín Pardo y Fernando Segura Aranzazu,
manifestó que aquella se desempeñaba como periodista y comunicadora social de
la entidad y que solía permanecer sentada en el pasillo, junto con otras personas,
fuera de la oficina del Superintendente, motivo por el cual este la reprendía por no
permanecer en su sitio de trabajo. Añadió que presenció esa situación “muchas
veces”.

En cuanto al tiempo que el Superintendente llevaba posesionado cuando declaró
insubsistente a la funcionaria, indicó que no pudo haber sido más de cuatro (4)
meses y que para ese momento no se encontraba vigente la prohibición de la Ley
de Garantías, pues, en su criterio, la decisión de insubsistencia se produjo con
anterioridad. Precisó que se efectuaron cambios en la Secretaría General, la
Secretaría Jurídica y en la Coordinación de Regionales. Finalmente, sobre si el
demandado tenía claridad acerca de la posibilidad de realizar esos cambios en la
planta de personal, respondió que sí y aclaró que le explicaron que no podía
reorganizar su equipo de trabajo dentro del período establecido en la Ley de
Garantías, así como las consecuencias de hacerlo así. En esa línea, agregó que,
en ese momento, era previsible que las personas declaradas insubsistentes
pudieran instaurar demandas con ocasión de esos hechos.

(iii) Elsy Cecilia Correal Ortiz85, exsecretaria general de la entidad rindió declaración
el 24 de julio de 2017 y manifestó que para la época de los hechos, el
Superintendente Fernando Segura Aranzazu quería organizar su equipo de trabajo

84 Fl. 25 y 26 y CD Fl. 23, C. 1 Despacho Comisorio.
85 Fl. 713 a 715, C. Principal y CD Fl. 331ª, C. 1.

29

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

de confianza y por eso tomó la decisión de desvincular a Elizabeth Marín Pardo. En
cuanto a la renuncia de la funcionaria Marín Pardo, afirmó que, hasta donde
recordaba, ella sí renunció, aunque no recordaba los motivos. Respecto de la Ley
de Garantías, declaró que conocía las restricciones referidas a los cuatro (4) meses
anteriores a las elecciones presidenciales y que existía certeza sobre tales
prohibiciones en relación con dichas elecciones.

Sostuvo que para el momento de los hechos no existían pronunciamientos
jurisprudenciales respecto de la aplicación de esa ley y estos se profirieron con
posterioridad. En consecuencia, al asesorar al Superintendente para tomar la
decisión de declarar la insubsistencia de Elizabeth Marín Pardo, se tuvieron en
cuenta algunos conceptos del Ministerio del Interior, una directiva presidencial y un
concepto del Consejo de Estado. Agregó que con la decisión se pretendía el ingreso
de una persona de confianza para el Superintendente, sin que ello obedeciera a
alguna desavenencia o prevención en contra de la funcionaria. Por ello, en su
concepto, el demandado en ningún momento actuó con dolo.

5.4.3. En relación con la valoración de las declaraciones rendidas en el proceso, la
Sala advierte que la parte demandante formuló reparos frente a los tres testimonios
solicitados por el demandado. En la audiencia inicial sostuvo que no se había
precisado la finalidad ni el objeto de esas pruebas. Posteriormente, durante la
recepción del testimonio de Elsy Cecilia Correal Ortiz, agregó que dicha declarante
tenía intereses comprometidos, pues adelantaba una acción judicial contra la
entidad.

Conforme al artículo 21186-87 del CGP, la tacha por imparcialidad procede cuando
existen circunstancias que puedan afectar la credibilidad del testigo, tales como el
parentesco, la dependencia, los sentimientos o el interés que tenga en relación con
las partes o con el asunto objeto del proceso. En todo caso, la existencia de una
circunstancia de esa naturaleza no impone la exclusión automática del testimonio,
sino que obliga al juez a valorarlo conforme a las particularidades del caso y en
conjunto con los demás medios de prueba.

Bajo ese entendimiento, la primera razón invocada por la demandante no constituye
propiamente un motivo de tacha por imparcialidad. La falta de precisión sobre la
finalidad u objeto de la prueba no compromete, por sí misma, la credibilidad del
declarante, sino que corresponde a un reparo relacionado con la pertinencia o
conducencia del testimonio. Además, esa discusión quedó superada con el decreto
de las declaraciones en la audiencia inicial. Por tanto, dicho cuestionamiento no

86 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las

personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón
de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones
en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso”.
87 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021.

Rad.: 65987: “[…] Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano son sospechosas para declarar las
personas que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, el Consejo de Estado ha
establecido que no pueden descartarse de plano sus versiones, sino que deben valorarse de manera
más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las circunstancias de cada
caso, todo ello basado en la sana crítica . Así las cosas, las declaraciones de las personas que tienen
alguna relación con las partes del asunto, serán valoradas, tras confrontarlas con las demás pruebas
aportadas al proceso […]”.

30

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

impide su valoración.

Distinta consideración merece el reparo formulado respecto de Elsy Cecilia Correal
Ortiz. La Sala observa que la testigo fue designada como Secretaria General
durante la gestión de Fernando Segura Aranzazu como Superintendente y que,
además, se afirmó que adelantaba una acción judicial contra la entidad
demandante. Tales circunstancias pueden incidir en la apreciación de su
imparcialidad y, por ello, su declaración será valorada con especial rigor. Sin
embargo, no conducen a descartar automáticamente su testimonio, sino a
contrastarlo cuidadosamente con el restante material probatorio, en particular frente
a aquellas manifestaciones que resulten favorables al demandado.

5.4.4. Definido lo anterior, corresponde establecer si, a partir de estas declaraciones
y de los demás medios de prueba obrantes en el expediente, la Superintendencia
acreditó los hechos base de las presunciones de dolo y culpa grave invocadas en
la demanda.

En relación con el dolo, el numeral 1º del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 presume
que la conducta del agente fue dolosa cuando el acto administrativo se expide con
desviación de poder. Según lo ha señalado esta Sección, la desviación de poder se
presenta cuando una autoridad administrativa, aunque formalmente competente
para proferir el acto, ejerce esa atribución con un fin distinto al previsto por el
ordenamiento jurídico88-89. Sin embargo, para que esa presunción opere en el juicio
de repetición no basta con afirmar que la sentencia que condenó al Estado declaró
la nulidad del acto por desviación de poder90. La entidad demandante debe
acreditar, en este proceso, cuál fue el propósito ajeno al servicio que habría
orientado la actuación del agente y de qué manera esa finalidad indebida incidió en
la obligación reparatoria cuyo reembolso se reclama91. Ello obedece a que la
sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no tiene
por objeto juzgar la responsabilidad personal del agente, sino la legalidad del acto
y el restablecimiento del derecho del demandante de ese proceso, salvo que aquel
hubiera sido vinculado en esa actuación mediante llamamiento en garantía92.

En cuanto a la culpa grave, el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 la
presume cuando el agente incurre en violación manifiesta e inexcusable de las
normas de derecho. Esta Subsección93 ha precisado que dicho supuesto no se
configura por cualquier infracción normativa, sino únicamente cuando la actuación
revela un desconocimiento patente, evidente y carente de justificación razonable de
la Constitución o de la ley, o cuando se verifica una omisión o extralimitación
inexcusable en el ejercicio de las funciones. Desde esa perspectiva, no todo error

88 Las potestades públicas deben ejercerse en función del interés general, del buen servicio y de los

fines que justifican su atribución; por ello, cuando una decisión administrativa se adopta para
satisfacer un propósito ajeno a esas finalidades, se entiende que la competencia fue ejercida de
manera desviada.
89 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 29 de noviembre de 2019,

Rad.: 46339 y del 22 de mayo de 2024, Rad.: 69898.
90 Ibidem.
91 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, Rad.:

58500.
92 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de agosto de 2015, Rad.:

48016; Subsección A, sentencias del 30 de julio de 2021, Rad.: 50424 y del 9 de julio de 2021, Rad.:
56856 y Subsección C, sentencia del 2 de agosto de 2023, Rad.: 66620.
93 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de mayo de 2024, Rad.

69898.

31

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

de interpretación o aplicación normativa compromete la responsabilidad patrimonial
del agente. Para que opere la presunción de culpa grave, debe demostrarse que
existía una regla jurídica aplicable, que esta fue transgredida y que el agente obró
sin una excusa válida94. Este último aspecto exige valorar, entre otros elementos,
las interpretaciones razonablemente posibles de la norma, la posición
jurisprudencial vigente para el momento de la actuación y las circunstancias
concretas en las que se adoptó la decisión. En consecuencia, el examen de la Sala
no se limitará a verificar si la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006 fue
anulada por desconocimiento de la Ley 996 de 2005. Lo que debe establecerse es
si, para el momento en que el demandado adoptó la decisión administrativa
cuestionada, la prohibición invocada por la Superintendencia era clara, aplicable al
caso concreto y fue desconocida de manera manifiesta e inexcusable.

5.4.5. Pues bien, para que se tenga por acreditado el hecho base de la presunción
de dolo por desviación de poder – numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001,
la Superintendencia debía acreditar que Fernando Segura Aranzazu expidió la
Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006 con un propósito distinto al buen
servicio público, es decir, con un interés ajeno al fin establecido en el ordenamiento.

En ese sentido, no es suficiente argumentar que la sentencia que condenó a la
entidad encontró configurada una desviación de poder, ya que, según se explicó,
esa providencia no analizó la conducta del agente y solo hizo tránsito a cosa juzgada
respecto de la responsabilidad de la Superintendencia. En consecuencia, para
estructurar la presunción de dolo la entidad debía probar cuál fue ese interés ajeno
al servicio público que condujo al demandado a proferir el acto declarado nulo.

Al examinar en conjunto el material probatorio allegado al plenario, la Sala
encuentra que esa carga no se cumplió, pues la única prueba que la demandante
allegó para sustentar la desviación de poder fue la copia de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 26 de mayo de 2011. En efecto, ese fallo dio
por acreditado el constreñimiento y el acoso a partir de los testimonios de Juan
Diego Rendón Díaz y Sonia Gómez Cortés (hecho probado 4.15.). Sin embargo,
esas declaraciones no se practicaron en este proceso y el señor Segura Aranzazu
no pudo controvertirlas, porque no fue parte ni llamado en garantía en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por ello, conforme al artículo 174 del CGP,
esos testimonios no pueden valorarse en su contra sin haberse practicado con su
audiencia o sin su ratificación, de modo que la conclusión sobre la desviación de
poder a la que llegó el Tribunal no puede trasladarse de manera automática a este
proceso.

Lo anterior corresponde a lo advertido por la Corte Constitucional, en el sentido de
que los análisis construidos para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Estado
no pueden extrapolarse, sin más, al examen de la responsabilidad del agente 95. En
el caso concreto, conforme al acta No. 6 del 29 de junio de 2012 (hecho probado
4.17.), el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad argumentó la

94 Ibidem.
95 Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-354 del 26 de agosto de 2020 (Expedientes

T-7616782 y T-7629189) señaló que los los jueces de lo contencioso administrativo deben velar por
que la Administración cumpla la carga de demostrar efectivamente el elemento subjetivo de la
responsabilidad del agente y, por ello, “[…] deben asegurar el respeto del derecho al debido proceso
de los agentes del Estado que sean sometidos a una causa de repetición, por lo que están en la
obligación de evitar que los análisis construidos para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del
Estado sean simplemente extrapolados al examen de la responsabilidad patrimonial de los agentes
de la administración”.

32

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

existencia del dolo únicamente en el hallazgo de desviación de poder contenido en
el fallo de segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
sin apoyarse en una actividad probatoria propia que demostrara ese elemento
subjetivo.

A esa ausencia de prueba se suman las declaraciones de Ovidio de Jesús Cabello
Quintero, Emma Paola Hernández Merlano y Elsy Cecilia Correal Ortiz, que
coinciden en afirmar que la solicitud de renuncias y la desvinculación de varios
directivos respondieron al interés de conformar un equipo de trabajo de confianza
del nuevo Superintendente. Esas versiones dan cuenta del ejercicio ordinario de la
facultad de libre nombramiento y remoción y no revelan un interés particular y ajeno
al servicio. Aun cuando el testimonio de Elsy Cecilia Correal Ortiz debía valorarse
con mayor rigor – por haber sido designada durante la gestión del demandado y
adelantar una acción judicial contra la entidad –, su versión coincide con la de los
demás declarantes.

En ese mismo sentido, la versión libre rendida por el exsuperintendente Segura
Aranzazu ante la Procuraduría (hecho probado 4.13.) da cuenta de que los motivos
para hacer los movimientos de personal en la Superintendencia estaban dirigidos a
conformar su equipo directivo. Asimismo, indicó que esas decisiones se tomaron en
virtud de la interpretación que hizo de las prohibiciones establecidas en la Ley de
Garantías. Aunque el proceso disciplinario en el que se rindió esta versión libre
correspondía a la Resolución No. 03820 de 2005 – relativa al retiro del anterior
Secretario General –, el documento da cuenta de una práctica institucional y no
permite acreditar que el retiro de Elizabeth Marín Pardo estuvo relacionado con una
finalidad contraria a la ley.

Así las cosas, la Sala concluye que el hecho base de la presunción de dolo por obrar
con desviación de poder no se acreditó, pues la entidad no demostró, con las
pruebas de este proceso, el interés ajeno al buen servicio público que la ley exige,
y los elementos probatorios recaudados descartan esa finalidad. En consecuencia,
no se configura la presunción del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

5.4.6. Ahora bien, para que se configure el hecho base de la presunción de culpa
grave prevista en el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, no basta con
constatar que el agente desconoció una norma jurídica. Como se precisó, es
necesario que la infracción haya sido manifiesta e inexcusable, esto es, que el
demandado hubiera actuado en abierta contradicción con una regla clara y aplicable
al caso, sin contar con una justificación razonable para su actuación.

En el presente asunto, está acreditado que los artículos 32 y 38 de la Ley 996 de
2005 regulaban restricciones relacionadas con la modificación de la nómina estatal
durante los períodos previos a las elecciones. También se encuentra demostrado
que la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006 fue anulada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras razones, porque los jueces de
ese proceso concluyeron que la declaratoria de insubsistencia de Elizabeth Marín
Pardo se produjo dentro del período de restricción previsto en la Ley de Garantías.
Sin embargo, esa sola circunstancia no permite tener por acreditada la culpa grave
del demandado.

En sede de repetición, lo que corresponde determinar es si, para el momento en
que Fernando Segura Aranzazu expidió el acto administrativo anulado, el alcance
de la prohibición era claro y su desconocimiento podía calificarse como manifiesto

33

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

e inexcusable o si, por el contrario, existía una duda interpretativa razonable que
impidiera atribuirle una conducta gravemente culposa.

La Sala encuentra que la infracción no fue manifiesta, porque la interpretación de la
Ley 996 de 2005 no era unívoca para la época de los hechos. En efecto, dicha ley
contenía restricciones con ámbitos de aplicación distintos: de un lado, el artículo 32
se refería a la suspensión de cualquier forma de vinculación que afectara la nómina
estatal en la Rama Ejecutiva durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección
presidencial; de otro, el parágrafo del artículo 38 aludía a la prohibición de modificar
la nómina durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de
elección popular, pero, según su tenor literal, estaba dirigido a gobernadores,
alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden
territorial.

De esa configuración normativa surgía una duda razonable sobre cuál de esas
restricciones cobijaba a una entidad del orden nacional como la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada y desde qué momento operaba la prohibición,
especialmente si se tiene en cuenta que la Ley 996 de 2005 se aplicaba por primera
vez y que, para enero de 2006, no existía una línea jurisprudencial consolidada que
definiera con claridad su alcance.

Esa dificultad interpretativa se corrobora con los conceptos emitidos por distintas
autoridades. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el
Ministerio del Interior y de Justicia y, posteriormente, la Presidencia de la República,
mediante la Directiva Presidencial No. 11 de 2009, coincidieron en distinguir entre
las restricciones de los artículos 32 y 33, aplicables al período anterior a la elección
presidencial, y las previstas en el parágrafo del artículo 38, referidas a autoridades
del orden territorial. En particular, esos documentos daban cuenta de una lectura
conforme a la cual la prohibición del parágrafo del artículo 38 no se extendía, en los
mismos términos, a entidades descentralizadas del orden nacional.

Si bien algunos de esos conceptos son posteriores a la Resolución No. 00179 del
17 de enero de 2006, su contenido resulta relevante para evidenciar que la Ley 996
de 2005 suscitaba dudas serias sobre su aplicación (hechos probados 4.6. a 4.9. y
4.12.). A ello se suma que la interpretación acogida en las sentencias de nulidad y
restablecimiento del derecho se produjo en 2010 y 2011, esto es, varios años
después de la declaratoria de insubsistencia. Lo anterior confirma que, para la
época en que actuó el demandado, no existía una orientación jurisprudencial
uniforme que permitiera afirmar que la prohibición aplicable era evidente e
indiscutible.

En el mismo sentido apuntan los testimonios recaudados en este proceso. Los
declarantes coincidieron en señalar que la Ley de Garantías regía por primera vez,
que la decisión se adoptó con apoyo del equipo jurídico y de los conceptos
disponibles para ese momento, y que no existían pronunciamientos
jurisprudenciales consolidados sobre el alcance de la restricción. Estas
declaraciones refuerzan la conclusión de que el demandado actuó en un contexto
de incertidumbre normativa razonable.

También resulta relevante que, en un proceso sustancialmente similar, relacionado
con el mismo demandado y con el mismo problema interpretativo —adelantado por
el retiro del entonces Secretario General mediante la Resolución No. 03820 del 5
de diciembre de 2005—, el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión de

34

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Bogotá negó las pretensiones. En esa oportunidad se consideró que, para la época,
no existían pronunciamientos del órgano de cierre sobre la interpretación del artículo
38 de la Ley 996 de 2005 y que, conforme al texto de la norma, la prohibición allí
prevista no resultaba exigible a una entidad del orden nacional (hechos probados
4.18. y 4.19.).

Por tanto, no es suficiente sostener que la condición de abogado del demandado
hacía inexcusable su actuación. La dificultad para interpretar la Ley 996 de 2005 no
obedeció a una apreciación meramente subjetiva del funcionario, sino a un
problema jurídico real, acreditado con los conceptos de distintas autoridades, con
las declaraciones recaudadas en este proceso y con decisiones judiciales que,
incluso con posterioridad, no ofrecieron una respuesta uniforme sobre el alcance de
la prohibición.

Esta conclusión, además, es coherente con la forma en que el Consejo de Estado
ha resuelto otros procesos de repetición originados en modificaciones de nómina
efectuadas durante el período de restricción previsto en la Ley 996 de 2005. En esos
asuntos, la responsabilidad del agente no se ha derivado automáticamente de la
anulación del acto administrativo ni de la constatación de su ilegalidad, sino de la
demostración de que la infracción normativa fue manifiesta e inexcusable.

Así, cuando la prohibición cobijaba de manera clara al agente o a la entidad —por
ejemplo, tratándose de autoridades territoriales expresamente comprendidas en el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005— y no existía un margen razonable
de duda sobre su aplicación, esta Corporación ha concluido que la violación fue
manifiesta y ha declarado la responsabilidad del demandado96. En cambio, cuando
la aplicación de la prohibición era discutible, especialmente frente a entidades del
orden nacional, o cuando el agente obró con fundamento en una interpretación
razonable respaldada por conceptos jurídicos y por la ausencia de un precedente
claro, se ha considerado que la infracción no fue manifiesta ni inexcusable97.

En consecuencia, la Sala concluye que no se acreditó el hecho base de la
presunción de culpa grave prevista en el numeral 1º del artículo 6 de la Ley 678 de
2001. Aunque la Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006 fue anulada y dio
lugar a una condena contra la Superintendencia, la infracción de la Ley 996 de 2005
no puede calificarse, en este proceso, como manifiesta e inexcusable. La
interpretación en la que se apoyó el demandado no era arbitraria ni carente de toda
justificación, sino que se inscribía en un contexto normativo y jurisprudencial
incierto.

Así las cosas, al no haberse acreditado el hecho base de la presunción de dolo por
desviación de poder ni el de la presunción de culpa grave por violación manifiesta e
inexcusable de las normas de derecho, no se demostró el elemento subjetivo
exigido para la prosperidad del medio de control de repetición. En consecuencia, las
pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

6. Conclusión

96 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 14 de junio de 2023, Rad.:

69125 y del 24 de enero de 2024, Rad.: 66481.
97 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, Rad.:

58500, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2023, Rad.: 63663 y Subsección C, sentencia del
22 de mayo de 2024, Rad.: 69898.

35

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Aunque se configuraron los presupuestos objetivos del medio de control de
repetición – la calidad de exservidor del demandado, la condena impuesta a la
entidad y el pago efectivo de la suma reconocida a Elizabeth Marín Pardo –, no se
acreditó el elemento subjetivo que exige la norma para su prosperidad, esto es, que
Fernando Segura Aranzazu hubiera obrado con dolo o culpa grave al expedir la
Resolución No. 00179 del 17 de enero de 2006.

En efecto, la Sala concluye que ninguno de los dos elementos subjetivos quedó
acreditado. De un lado, no se demostró el hecho base de la presunción de dolo por
desviación de poder, pues la Superintendencia se limitó a reproducir las
consideraciones de los jueces que anularon el acto, sin probar en este proceso un
interés ajeno al servicio público. De otro lado, tampoco se estableció el hecho base
de la presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de la ley,
dado que la interpretación de la Ley 996 de 2005 no era unívoca para la época de
los hechos y la postura asumida por el demandado resultó razonable en un contexto
de incertidumbre normativa.

7. Costas

El artículo 36198 del CGP dispone que las costas están integradas por las expensas
y gastos sufragados durante el proceso y por las agencias en derecho. A su turno,
los numerales 1 y 899 del artículo 365 del CGP –aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión del artículo 188100 del CPACA– disponen
que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que se demuestre en
el expediente su causación y en la medida de su comprobación; y, en tal evento, su
liquidación se realizará, de manera concentrada, en este caso, por la Secretaría de
la Subsección.

Ahora, conforme al numeral 4 del artículo 366101 del CGP, las agencias en derecho
se fijarán conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales.

Como la Sala negará las pretensiones de la demanda, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada resultará vencida en el proceso y, por ello, se le

98 “Artículo 361. Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos

sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y
liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en
los artículos siguientes”.
99 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 1. Se condenará
en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
100 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil”.
101 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

36

Radicado: 11001-03-26-000-2014-00052-01 (50574)
Demandante: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

condenará en costas a favor de Fernando Segura Aranzazu. Para liquidar las
agencias en derecho se tendrá en cuenta lo establecido en el Acuerdo No. 1887 del
26 de junio de 2003102 del Consejo Superior de la Judicatura – vigente al momento
de la presentación de la demanda –, atendiendo a la naturaleza del proceso, su
cuantía y la gestión que Fernando Segura Aranzazu desplegó como abogado que
actuó en causa propia durante el trámite seguido en única instancia ante esta
Corporación.

En efecto, el demandado actuó como apoderado de sí mismo y, en esa condición,
contestó la demanda, asistió a las audiencias y presentó alegatos de conclusión, de
manera que adelantó una gestión procesal efectiva que justifica el reconocimiento
de agencias en derecho a su favor. Así las cosas, la Sala fija las agencias en
derecho en un valor equivalente al 1% del monto de las pretensiones de la demanda.
Como estas se estimaron en $332.590.393, la demandante pagará la suma de
$3.325.904, por concepto de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada a favor de Fernando Segura Aranzazu. La liquidación será efectuada de
manera concentrada por la Secretaría de esta Subsección, conforme a lo expuesto
en la parte motiva y a lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del CGP. Por
concepto de agencias en derecho, se incluirá la suma equivalente al 1% del valor
de las pretensiones formuladas, esto es, la suma de $3.325.904.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHIVAR la presente actuación, previas
las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
APS/JAR

102 En el Acuerdo No. 1887, expedido el 26 de junio de 2003, el literal III del artículo 6 establece que,

en los procesos contenciosos administrativos de única instancia con cuantía, la tarifa por concepto
de agencias en derecho se fijará en un porcentaje que represente “hasta el quince por ciento (15%)
del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

37

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.