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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00071-00

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00071-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013, compilados en los artículos 2.2.4.2.10.1. y 2.2.4.2.10.2 del Decreto 1069 de 2015. SEGUNDO.- NO SE CONDENA en costas. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2015-00071-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

10 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad simple
Radicación 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y María Paula Castellanos
Calderón
Demandado: La Nación — Ministerio de Justicia y del Derecho

Tema: Se declara la nulidad de los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013,
que corresponden en la actualidad a los artículos 2.2.4.2.10.1. y
2.2.4.2.10.2 del Decreto 1069 de 2015, porque la ley no ha establecido
el pacto arbitral en los contratos de adhesión y el Gobierno nacional no
podía adoptar esta regulación.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala profiere
la sentencia de única instancia en el proceso iniciado por las ciudadanas Nazly Margie
Estephany Mojica Ayala y María Paula Castellanos Calderón, quienes solicitaron la
nulidad de los artículos 80 y 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013, <<por el cual se
reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de
2001 y 1563 de 2012>>. La Sala es competente para conocer el proceso en virtud del
numeral 1 del artículo 149 del CPACA1.

I. ANTECEDENTES

A.- La posición de la parte demandante

1.- El 19 de marzo de 2015 Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y María Paula
Castellanos Calderón (en adelante, las “demandantes”) presentaron acción de

1<<1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las

personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden>>.

Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

<<nulidad por inconstitucionalidad>>, a la cual se le dio trámite de simple nulidad2. La
demanda tuvo una única pretensión: <<(…) que se declare la nulidad por
inconstitucionalidad de los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013>>.

2.- Las demandantes afirman que las normas demandadas violan el principio de
legalidad. El artículo 116 establece que los árbitros pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia <<en los términos que determine
la ley>>. En este caso, el decreto reguló una materia que corresponde al legislador: el
pacto arbitral en contratos de adhesión, <<consagrando (…) aspectos relativos tanto
a la manera en que opera la (…) opción de pacto arbitral, cuya creación no posee
sustento legislativo, así como las condiciones que podrá incluir tal cláusula y que se
refieren en términos generales a la materia arbitral, sede, plazo para emitir el fallo,
trámite y costo>>.

2.1.- Además, en contravía del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, el
Gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria, porque la materia abordada por
los artículos 80 y 81 (i) tiene reserva legal y (ii) no podía operar la deslegalización
porque el legislador no estableció parámetros para ejercer la potestad reglamentaria.

2.2.- Indicaron que el numeral 12 del artículo 43 de la ley 1480 de 2011 establecía que
las cláusulas que <<obligaran al consumidor a acudir a la justicia arbitral>> eran
abusivas y, por ende, ineficaces de pleno derecho. Esta disposición fue derogada por
el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. Y, aunque podría interpretarse que existe una
<<permisión tácita>> por la derogatoria, ello no facultaba al Gobierno nacional a
<<regular la materia>>, invadiendo la esfera del <<legislativo>>.

3.- En los alegatos de conclusión, una de las demandantes3 agregó que la Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 17 de la Ley 1122 de 2007 que
facultaba al Ministerio de la Protección Social a reglamentar el uso del arbitramento
técnico. Esto, porque <<dejar abierta la posibilidad de que por vía del reglamento se
regule el arbitramento técnico o cualquier otro mecanismo de resolución de conflictos
constituye una amenaza para el principio de legalidad que rige esta materia>>. En ese
sentido, es claro que si una norma en la que el legislador expresamente autorizaba a
Gobierno nacional fue declarada inexequible, con mayor razón ello debería ocurrir en
este caso donde no hubo autorización expresa.

3.1.- Igualmente, indicó que los artículos demandados no se limitaron a detallar o
precisar una ley: en esas normas <<se reguló lo concerniente a la procedencia y al
procedimiento del arbitraje en contratos de adhesión, es decir, se regularon aspectos
sustanciales en la materia, tales como la procedencia, el número de árbitros, la sede,
el plazo y el costo, entre otras>>.

2Fls. 1 a 9 del Cuaderno Principal.

Mediante auto de 10 de agosto de 2016 se admitió esta demanda, pero <<se ajust(ó) el medio de control en el caso
concreto al de simple nulidad>>
3Índices 44 y 45 del Samai.

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Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

B.- Posición de la parte demandada

4.- El 17 de septiembre de 2018 el Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda con base en dos argumentos4:

4.1.- Por una parte, las normas del Decreto 1829 no hacen parte del
<<ordenamiento>> porque fueron <<compiladas>> en el Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 3.1.1. hizo
una derogatoria <<integral>> de todas las disposiciones reglamentarias de dicho
sector.

4.2.- Por la otra, en relación con los asuntos sustanciales, indicó que el decreto
<<operativiza>> una opción que surge de las normas legales. Particularmente, del
artículo 23 de la Ley 51 de 1918 (sobre la opción), del artículo 13 de la Ley 270 de
1996 (que prevé el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los árbitros) y 1º
de la Ley 1563 de 2013 (que consagra la posibilidad de acudir al arbitraje en
controversias sobre <<asuntos de libre disposición>>). Los artículos demandados,
entonces, únicamente se encargan de instrumentalizar una posibilidad que surge de
la ley: <<es una guía de aplicación y operatividad de la norma legal y garantía de
protección y equidad entre las partes al momento de utilizar esta opción>>.

4.2.1.- En ese sentido, advierte que (i) el presidente de la República no requiere
autorización del legislador para ejercer la facultad reglamentaria, (ii) la posibilidad que
prevé el legislador en contratos de adhesión se refiere a <<asuntos disponibles>> y
(iii) el ámbito de la facultad reglamentaria depende de lo definido por el legislador. La
norma es válida teniendo en cuenta que <<la potestad reglamentaria resulta
inversamente proporcional al grado de cubrimiento de la ley>>.

C.- El concepto del Ministerio Público

5.- El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó negar la <<totalidad de
las pretensiones de la demanda>>5 porque: (i) los artículos <<no se sujetan al marco
normativo actual>> porque fueron derogados por el Decreto 1069 de 2015. Y (ii) no
hubo <<extralimitación de las competencias del Gobierno Nacional, ni uso indebido de
facultades asignadas al Congreso de la República>> pues, de acuerdo con la Ley 1563
de 2012, el contenido de la <<cláusula compromisoria (…) está abierto a la
discrecionalidad de las partes y la ley tan solo establece los lineamientos en caso de
que las partes no pacten nada en concreto o que lo pactado no sea válido, efectos que
siguen vigentes aun con lo establecido en el Decreto de 2013, pues como se dijo, su
contenido es discrecional y no obligatorio>>.

4Fls. 56 a 59 del Cuaderno Principal. Los mismos argumentos fueron planteados en los alegatos de conclusión

(Índice 43 del Samai).
5Índice 42 del Samai.

3

Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

II. CONSIDERACIONES

D.- Decisión que se adopta

6.- La Sala declarará la nulidad de los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013
porque regularon el pacto arbitral en los contratos de adhesión y esta materia tiene
reserva legal. A juicio de la Sala: (i) los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013
continúan vigentes en el Decreto 1069 de 2015, que es una norma compilatoria, razón
por la cual la anulación comprenderá estas normas; (ii) la facultad reglamentaria del
ejecutivo está limitada en materia arbitral; y (iii) el legislador no reguló el pacto arbitral
en los contratos de adhesión.

7.- Los artículos demandados (i) establecieron las disposiciones generales del pacto
arbitral en los contratos de adhesión y (ii) realizaron la reglamentación detallada de su
funcionamiento. La anulación abarcará también el segundo tipo de disposiciones,
porque cualquier reglamentación que sobre la materia se estime necesario expedir,
dependerá de la regulación legal que se echa de menos en esta sentencia.

E.- Los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013 continúan vigentes y
simplemente fueron compilados en el Decreto 1069 de 2015

8.- El Decreto 1069 de 2015, que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia
y del Derecho, incluyó los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013, razón por la cual
su vigencia no puede considerarse alterada. El citado decreto cumple una exclusiva
función compilatoria, a la cual se hace referencia en sus consideraciones, en los
siguientes términos:

<<Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma
naturaleza. Que, por tratarse de un decreto compilatorio de normas
reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna,
dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las
regulaciones vigentes sobre la materia. Que la tarea de compilar y racionalizar las
normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de
la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa
vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad
reglamentaria. Que, en virtud de sus características propias, el contenido material
de este decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en
consecuencia, no puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y
demás actos administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con
fundamento en las facultades derivadas de los decretos compilados>>.

9.- Estudiando la suspensión provisional de una norma compilada en un decreto único
reglamentario, el Consejo de Estado, en auto de ponente, dijo lo siguiente:

<<2.3. El despacho observa que los artículos 6 y 7 del Decreto 1050 de 2014 fueron
compilados en los artículos 2.5.4.1.2.1 y 2.5.4.1.2.2 del Decreto 1075 de 2015, sin
cambiar su redacción ni contenido normativo.

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Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

2.4. La Corte Constitucional ha señalado6 que la facultad de compilación de normas
consiste en agrupar o recopilar en un solo texto disposiciones jurídicas sobre un tema
específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo, y puede ser ejercida
por cualquier particular o entidad pública, o ser delegada en el ejecutivo con
fundamento en las facultades de que trata el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política.

Tal significado coincide con el señalado por el Diccionario de la Real Academia
Española7.

Síguese de allí que la compilación de normas tiene por único fin facilitar la consulta de
las disposiciones agrupadas. Es decir, tiene una finalidad sistemática, en tanto no crea
normas legales, sino que recoge las existentes sobre una misma materia.

Es, en otras palabras, una técnica normativa que busca facilitar la consulta de las reglas
o enunciados normativos, pero no su extinción o cambio.

2.5. En ese orden de ideas, bien puede decirse que material y formalmente las
normas demandadas no han sido derogadas, en la medida en que simplemente
fueron compiladas, esto es, agrupadas o reunidas en un solo texto.

2.6. Por consiguiente, es procedente analizar la suspensión provisional de los artículos
6 y 7 del Decreto 1050 de 2014 –apartes demandados-, compilados en los artículos
2.5.4.1.2.1 y 2.5.4.1.2.2 del Decreto 1075 de 2015>>8.

10.- La Sala advierte que esa no es la única posición jurisprudencial sobre este asunto.
La Subsección A ha indicado que la nulidad de una norma compilada en el decreto
único reglamentario no cobijaba dicho decreto, en la medida en que hubo una
derogatoria integral, así:

<<En relación con lo anterior, la Sala observa que si bien la finalidad del gobierno
nacional fue agrupar en un solo cuerpo normativo la totalidad de las disposiciones que
regulan el sector administrativo de planeación nacional, mediante el artículo 3.1.1. del
Decreto 1082 de 2015 se procedió a la derogatoria de las disposiciones objeto de
“compilación”1, por lo que, el compendio o continente regulatorio varió y, por contera,
el Decreto 1082 de 2015 vino a constituir una nueva disposición que supone la
inexistencia actual del Decreto 1510 de 2013.

Ante la desaparición de la vida jurídica de las normas atacadas, debe indicar la Sala
que ello no impide un pronunciamiento judicial sobre su validez, puesto que el mismo
no está condicionado a su vigencia, lo cual se ajusta a la finalidad del medio de control
previsto en el artículo 137 del CPACA, en tanto que, con ello, se pretende garantizar la
incolumidad de la legalidad objetiva dentro del ordenamiento jurídico>>9.

11.- No se comparte la anterior posición porque el artículo 3.1.1. del Decreto 1082 de
2015, dispone textualmente :

<<Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias
contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el art. 3 de la Ley 153 de

6C-582 de 2001 y C- 839 de 2008, entre otras.
7“Compilar: Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o

documentos”. Página 523.
8Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 30 de junio de 2016, exp. 22069, C.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.
9Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2019, exp. 52055, C.P. María

Adriana Marín.
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Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas
al Sector Administrativo de Planeación Nacional que versan sobre las mismas
materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:

1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la creación
y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones interinstitucionales,
consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos relacionados con la
estructura, configuración y conformación de las entidades y organismos del sector
administrativo.
2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que desarrollan
leyes marco.
3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza
reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del presente
decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, las
cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar su eficacia jurídica.
4) Exceptúense de la derogatoria integral prevista en el presente artículo,
los decretos 600 de 1996, 3176 de 2002, 4479 de 2009, 51 de 2012, así como los
artículos 1 a 11 y 19 del Decreto 1399 de 2013 y los artículos 1 a 12 y 18 del Decreto
722 de 2015.
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones
compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo
el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente
decreto compilatorio>>.

12.- La norma anterior no deroga materialmente las disposiciones compiladas; tiene la
finalidad de derogar aquellas que le sean contrarias y sacar tales disposiciones
formalmente del ordenamiento jurídico, para que a partir del decreto compilador se
entienda que es esta la norma vigente. Así, la advertencia que se hace en el último
párrafo reitera que el contenido material de las normas compiladas sigue vigente en el
decreto que las compila.

F.- La limitación de la potestad reglamentaria en la regulación del arbitraje

13.- De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, los decretos reglamentarios tienen como objeto adoptar las disposiciones
necesarias para <<la cumplida ejecución de las leyes>>. Y en la materia específica del
arbitramento el artículo 116 dispone que <<los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de (…) árbitros
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley>>.

14.- De acuerdo con lo anterior, la potestad reglamentaria del Gobierno nacional en
este caso no está sujeta a la limitación general del numeral 11 del artículo 189 de la
C.P. Está limitada específicamente por el artículo 116, de acuerdo con el cual es al
legislador a quien le incumbe regular esta materia. No se trata de una de esas materias
donde el legislador deja un margen amplio al reglamento, ni donde pueda considerarse
que <<la competencia (del ejecutivo al ejercer la potestad reglamentaria) es
inversamente proporcional a la extensión de la ley, es decir, cuanto mayor sea el

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María Paula Castellanos Calderón

campo disciplinado por la ley, menor será el que corresponde al decreto
reglamentario>>10.

15.- Como puso de presente la demandante Mojica Ayala, la Corte Constitucional
estudió un caso en el que se establecía (i) que se debía acudir al arbitraje técnico y (ii)
que ese <<mecanismo>> sería reglamentado por el Ministerio de Protección Social.
La inconstitucionalidad cobijó la totalidad de la norma con el siguiente argumento:

<<La Corte advierte que el resto del inciso acusado guarda una relación estrecha con
el punto analizado en la medida en que atribuye al reglamento la regulación del
arbitramento técnico impuesto por la norma. De ahí que la demanda verse sobre todo
el inciso y no sobre una parte de él. Además, dejar abierta la posibilidad de que por
vía del reglamento se regule el arbitramento técnico o cualquier otro mecanismo
de resolución de conflictos constituye una amenaza para el principio de legalidad
que rige esta materia. Por lo tanto, la decisión de inexequibilidad comprenderá el
inciso demandado en su integridad>>11.

16.- La reserva de ley, en general, es entendida actualmente por la doctrina como <<la
exigencia de que las leyes adopten las decisiones esenciales en todas las materias en
que intervienen los poderes públicos (…) y, además, que lo hagan incorporando un
contenido normativo suficiente para predeterminar las decisiones de carácter aplicativo
y concreto que adoptan los tribunales y la Administración Pública>>12. Y en el caso de
la reserva del artículo 116, que incorpora una reserva singular o particular, esa noción
corresponde a una <<técnica constitucional que, al atribuir el poder legislativo la
regulación de determinadas materias, impide que los reglamentos administrativos
puedan decidir sobre las mismas>>13.

17.- En los casos de reserva de ley particular y expresa, como la del artículo 116 de la
C.P., la doctrina reconoce que ella no es absoluta, porque siempre es necesaria una
regulación concreta por el legislador y cuyo alcance depende de la manera como esté
formulada y de los derechos que la C.P. haya considerado que deben ser regulados
directamente por el legislador:

<<La relación ley-reglamento no se concibe, por tanto, en nuestra Constitución,
mediante el acotamiento a la ley de algunas materias concretas, sino que, siendo la
reserva universal, lo que corresponde al legislador es la formulación de lo básico o
principal en cada materia, y a los reglamentos el desarrollo y la pormenorización. Hay,
por tanto, una coincidencia en lo material en la actuación de la ley y el reglamento, pero
con la diferencia sustancial de la función que una y otra norma cumplen, atenida la
primera a la formulación de los principios esenciales y la segunda al desarrollo de
regulaciones subordinadas o instrumentales (…).

10Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2020, M.P. Alberto Montaña

Plata. Se cita <<Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de
diciembre de 2007, exp. 24.715.>>.
11Corte Constitucional, sentencia C-035 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12Muñoz Machado, Santiago, tratado de derecho administrativo y derecho público general, T. VII El reglamento,

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015,p. 37.
13Muñoz Machado, Santiago, tratado de derecho administrativo y derecho público general, T. VII El reglamento,

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, pp. 36 y 37.
7

Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

Es muy importante destacar que, según la práctica universalmente aceptada, en
nuestro caso tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, ni siquiera cuando las
reservas son absolutas el legislador queda impedido de apelar al reglamento para que
complete sus determinaciones. El problema es establecer la medida en que es legítima
esta participación o concurrencia normativa. La cuestión no tiene, en nuestro criterio,
una respuesta uniforme, porque depende de la concurrencia de muchos factores, entre
los cuales pueden destacarse: la literalidad de las proposiciones o conceptos utilizados
por la Constitución para definir la reserva; la medida en que la normativa que va a
aprobarse afecta a la regulación de los derechos fundamentales; en el marco de estas
regulaciones, si se trata de la ordenación de prestaciones a favor de los ciudadanos o
restricciones de los derechos, en cuyo caso (legislación penal o sancionadora
administrativa, por ejemplo) la reserva ha de entenderse de modo más estricto,
sencillamente porque están en juego valores sobre los que se asienta el sistema
constitucional entero; (…); también depende de que la regulación se dirija a personas
que tienen establecidas relaciones especiales de sujeción con los poderes públicos;
aunque la reserva de ley opera también en estos casos de ordinario, la jurisprudencia
sigue admitiendo una cierta flexibilidad en sus aplicaciones; en fin, depende, y no en
pequeña medida, de que los complementos que la ley solicita del reglamento sean de
carácter técnico, de modo que haya que utilizar criterios derivados del estado actual de
la ciencia o el empleo de conocimientos que tiene a su alcance de un modo más simple
la Administración (…).

La clasificación de las reservas en absolutas y relativas ha sido utilizada por la
doctrina y por la jurisprudencia para distinguir entre aquellos casos en los que
la Constitución impone al legislador una regulación más completa de la materia
reservada, y aquellos otros en los que la Constitución se conforma con que la ley
establezca las líneas o reglas generales, pudiendo remitirse a disposiciones
reglamentarias para que la completen. Es bastante habitual que la reserva absoluta y
relativa se distingan según los conceptos que utiliza la Constitución para hacer
encomiendas a la ley. Se suele entender que la reserva es absoluta cuando emplea
expresiones como «sólo por ley» (la usa el artículo 53.1), o «la ley regulará»,
«establecerá», «determinará», o, más simple y firmemente, «por ley». Los signos de la
reserva relativa vendrían dados por la utilización de enunciados como «de acuerdo con
la ley», «con arreglo a la ley», «en los términos que la ley establece», «de conformidad
con lo dispuesto en las leyes», etc (79)>>14.

17.1.- Las anteriores consideraciones tienen plena aplicación en Colombia y con base
en ellas es claro que, según el artículo 116 de la C.P., la regulación del arbitraje tiene
reserva legal: es la ley la que debe establecer los términos concretos en los que los
particulares pueden ser habilitados para ejercer jurisdicción. Y ello incluye la regulación
del arbitraje en los contratos de adhesión.

G.- La violación de la potestad reglamentaria al expedir las normas demandadas

18.- Las disposiciones demandadas (los artículos 80 y 81) formaban parte del Capítulo
XI del Decreto 1829 de 2013 sobre pacto arbitral en contratos de adhesión. Y ahora se
encuentran en la Sección 10 (Pacto Arbitral en Contratos de Adhesión) del Capítulo 2
(Centros de Conciliación y Arbitraje) del Título 4 (Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos) de la Parte 2 (Reglamentaciones) del Libro 2 (Régimen Reglamentario del
Sector Justicia) del Decreto 1069 de 2015. El texto de las normas demandas es el
siguiente:

14Muñoz Machado, Santiago, tratado de derecho administrativo y derecho público general, T. VII El reglamento,

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, p. 74, 79 y 80.
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Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

<<ARTÍCULO 80. OPCIÓN DE PACTO ARBITRAL. En todo contrato, y en particular,
en el de adhesión o contenido predispuesto, se podrá incluir el pacto arbitral
como cláusula de opción en los términos del artículo 23 de la Ley 51 de 1918. La
estipulación debe ser clara, precisa e informarse explícitamente al celebrarse el
contrato. La parte a cuyo favor se concede la opción de pacto arbitral, podrá aceptarla
o rechazarla, y hacerla efectiva con la presentación de la solicitud ante el Centro de
Arbitraje para resolver las controversias que se deriven de dicho contrato. La
aceptación será expresa, libre, espontánea y en ningún caso impuesta ni se presume
por la celebración del negocio jurídico. La falta de aceptación al instante de celebrar
el contrato, deja sin valor ni efecto la oferta de pacto arbitral. Salvo estipulación
expresa en contrario, el término de vigencia de la opción es de un (1) año, contabilizado
a partir de la celebración del contrato.

ARTÍCULO 81. Para el efecto mencionado la oferta de negocio jurídico, cláusula
compromisoria, podrá incluir las siguientes condiciones:

1. Materia arbitrable: todas las diferencias que surjan con referencia a la relación de
consumo, en cualquiera de sus fases y/o aspectos, originada en el negocio jurídico de
adquisición de los bienes o prestación de servicios.
2. Árbitro y decisión: un (1) árbitro designado por el Centro, quien resolverá en derecho.
3. Sede: un Centro de Arbitraje y Conciliación del lugar del domicilio del consumidor,
autorizado para el efecto por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

4. Plazo para emitir el fallo: el tribunal arbitral deberá decidir el conflicto en un plazo de
cinco (5) días hábiles contados a partir de la contestación de la solicitud de arbitraje o
de la audiencia de pruebas, en su caso.

5. Trámite: a) Presentación de la demanda; b) Designación del árbitro por el Centro,
para lo cual tendrá un (1) día hábil, a partir de recibir la demanda; c) Contestación de
la demanda: dos (2) días hábiles a partir de recibir la demanda de parte del Centro; d)
Si fuere necesario presentar pruebas, se remitirán junto con la demanda o contestación.
A solicitud de parte se podrá llevar una audiencia virtual, dentro de los tres (3) días
siguientes a la contestación, para presentar nuevas pruebas; e) Decisión: cinco (5) días
hábiles a partir del recibo de la contestación o de la audiencia de pruebas, en su caso;
f) El tribunal no tendrá secretario. No habrá lugar a conciliación ni a audiencia de
alegatos; g) El árbitro que, conforme a las reglas del deber de información tenga alguna
circunstancia para manifestar, deberá abstenerse de aceptar el encargo, caso en el
cual el mismo día de la designación así lo manifestará y será reemplazado por el Centro
al día siguiente; h) Para la demanda, la contestación y el laudo, se utilizarán los
formatos que el Centro deberá tener a disposición de los usuarios del sistema, en la
respectiva página web; i) El trámite se adelantará por vía virtual.

6. Costo: el valor del trámite se ceñirá a las tarifas del Centro, aprobadas por el
Ministerio de Justicia y del Derecho.

7. Direcciones de las partes: indicación de la dirección electrónica del domicilio del
comerciante o empresario y del consumidor. El destinatario de la oferta de pacto
arbitral, podrá o no aceptarla, caso este último en que deberá hacerlo de manera
expresa. La no aceptación al momento de celebrar el negocio jurídico, deja sin valor ni
efecto de la oferta de pacto arbitral>>.

19.- En nuestra legislación no existe una regulación específica del arbitramento en
contratos de adhesión. Las entidades demandadas en el presente proceso afirmaron
que esta regulación se encuentra en el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, en el artículo
23 de Ley 51 de 1918 y en los artículos 1º y 118 de la Ley 1563 de 2013; sin embargo,
ello no es cierto.
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Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

19.1.- El artículo 13 de la Ley 270 de 1996 reproduce la norma constitucional: reitera
que los árbitros pueden ejercer la función jurisdiccional <<en los términos que señale
la ley>>. Así, esta norma no consagra una regulación del arbitraje de contratos de
adhesión.

19.2.- El artículo 23 de la Ley 51 de 1918 consagra un contrato preliminar: la opción15.
Esa norma, sin embargo, no indica nada sobre el arbitramento en contratos de
adhesión, pues simplemente señala lo siguiente:

<<Artículo 23. La opción impone al que la concede la obligación de cumplir su
compromiso. Si la opción no estuviere sometida a un término o a una condición, será
ineficaz.

La Condición se tendrá, por fallida si tarda más de un año en cumplirse.

Las partes pueden ampliar o restringir este plazo>>.

19.3.- La Ley 1563 de 2013 tampoco regula el arbitraje en contratos de adhesión. Al
respecto, el artículo 1º no indica nada sobre cómo procede en contratos de adhesión:

• El inciso primero lo consagra como un mecanismo de solución de controversias
en <<asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice>>, como
debería ocurrir en los contratos de adhesión en los cuales la autonomía de la
voluntad se encuentra restringida.
• El inciso segundo establece las reglas y principios que rigen al arbitraje.
• El inciso tercero indica que el <<laudo es la sentencia>> de los paneles
arbitrales. Y que esa decisión puede ser en derecho, equidad o técnica.
• El inciso cuarto regula cómo procede el arbitramento en materia de contratos
estatales.

19.4.- Finalmente, el artículo 118 tampoco contiene una regulación sobre el arbitraje
en contratos de adhesión. Esta norma derogó el numeral 12 del artículo 43 de la Ley
1480 de 2011, que indicaba que serían ineficaces de pleno derecho las cláusulas que
<<[o]bliguen al consumidor a acudir a la justicia arbitral>>.

20.- La doctrina ha interpretado que esa derogatoria justamente permitió que se
pactara el arbitraje en relaciones de consumo, sin perjuicio de que la cláusula pueda
ser abusiva. En efecto, la derogatoria <<implica que los pactos arbitrales en las
relaciones de consumo no están prohibidos por sí mismos>>16. En ese mismo sentido,
cuando se introdujo la derogatoria en el debate legislativo, la ponencia estableció que
<<se considera pertinente derogar la mencionada disposición toda vez que el arbitraje

15Rengifo Gardeazábal, Mauricio. La formación del contrato. Bogotá: Temis y Universidad de los Andes, 2016, pp.

406 y ss.
16Cárdenas, Juan Pablo. Módulo de Arbitraje Nacional e Internacional. Colombia: Confederación Colombiana de

Cámaras de Comercio, 2019, p. 54.

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puede constituir una importante herramienta para la solución de los conflictos entre los
consumidores, vendedores y productores, más aún cuando se van a habilitar a nivel
legal jornadas de arbitraje social o en la reforma constitucional a la justicia se pretende
llevar a la Carta Política el arbitraje obligatorio>>17.

21.- La derogatoria de la prohibición de incluir la cláusula arbitral en el contrato de
adhesión no significa su regulación legal: es claro que a partir de tal derogatoria el
legislador puede regular tal estipulación sin contradecir otra disposición legal. En otros
términos, la eliminación de la prohibición no constituye una regulación sobre la materia
abordada en la norma reglamentaria demandada. La ley no dispuso que las partes en
tales contratos puedan pactar libremente la cláusula arbitral, y menos que puedan
pactarlo en los términos en que se indique en un decreto reglamentario.

22.- Puede considerarse que, al estar regido nuestro ordenamiento por el principio de
la autonomía de la voluntad las partes, las partes tienen la potestad de estipular en sus
contratos todas las cláusulas que no hayan sido prohibidas por la ley. Dicho principio,
sin embargo, no tiene plena aplicación en los contratos de adhesión, en los cuales el
<<consumidor>> tiene limitada su libertad contractual por dos aspectos:

22.1.- De una parte, porque se trata de contratos que, por regla general, satisfacen
requerimientos básicos del consumidor, por lo que este tiene la necesidad imperativa
de celebrarlos; esto no ocurre del lado del proveedor del bien o servicio y pone al
primero en condiciones de desigualdad.

22.2.- De otra parte, porque se trata de contratos predispuestos por el proveedor, en
los cuales el consumidor solo tiene la opción de celebrarlo o no celebrarlo, sin que
tenga la posibilidad de discutir sus condiciones. La doctrina reconoce claramente que
los contratos de adhesión son un escenario donde la autonomía de la voluntad está
<<recortada>>, entre otros motivos, <<porque su propia naturaleza impide que el
adherente participe en una verdadera negociación y llegue a dar su consentimiento
como fruto de un intercambio de ofertas y aceptaciones parciales hasta llegar al
acuerdo pleno>>18. En el mismo sentido, el profesor Carbonnier explica lo siguiente:

<<El contraste con el sistema del libre debate precontractual, alcanza su atentado más
alto con los contratos de adhesión, que nuestra civilización de masas ha vuelto muy
frecuente (…) El contrato de adhesión no es rigurosamente definible pero tiene
características que se encuentran habitualmente en él : (i) la superioridad económica
de uno de los contratante que lo pone – de hecho – en medida de imponerle las
condiciones al otro; (ii) el carácter unilateral de las cláusulas preparadas con cuidado
por una de las partes, las cuales están concebidas en su interés exclusivo (iii) su
invariabilidad, porque es un todo a tomar o a dejar (la parte más que consentir, adhiere).
La jurisprudencia ha declarado el contrato de adhesión obligatorio para los dos
contratantes, en los mismos términos que el contrato ordinario y la sola condición que
impone está dirigido a que la parte tenga conocimiento del contenido de su obligación.
El legislador ha intervenido para prohibir en los contratos de adhesión, ciertas cláusulas

17Congreso de la República, Gaceta del Congreso No. 108 del 27 de marzo de 2012, p. 16.
18Suescún Melo, Jorge. Derecho Privado: estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, Tomo II. Bogotá:

Universidad de los Andes y LEGIS, 2003, p. 8.

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abusivas, bien sea de manera particular en determinados contratos, o de manera
general en el sistema de protección al consumidor>>19.

23.- Esa afectación o limitación de la libre voluntad del consumidor evidencia la
necesidad de que sea el legislador —a quien le corresponde establecer los términos
en que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la facultad de
administrar justicia— quien determine las condiciones bajo las cuales puede pactarse
tal estipulación.

23.1.- Si el derecho de las partes a acceder a la jurisdicción ordinaria del Estado puede
verse limitado cuando han acordado acudir al arbitramento, y para celebrar este tipo
de acuerdos la voluntad de una de las partes está afectada por las circunstancias
anteriores, es necesario que la ley se ocupe de regular esta modalidad de arbitraje. La
excepcionalidad del ejercicio de la jurisdicción por parte de los árbitros es lo que hace
que el legislador disponga que el mismo se encuentre regulado en la ley.

24.- Lo anterior no significa que todo lo atinente al arbitraje deba regularse por la ley.
Lo que significa es que es a la ley a la que le corresponde establecer una regulación
concreta y específica sobre la materia, lo que implica que defina las disposiciones
relativas a su establecimiento, a las clases de arbitraje, a la definición y efectos del
pacto arbitral y a la forma como el mismo debe estipularse. Así como el legislador
reguló estos aspectos en la ley 1563 de 2012, también debe regular el arbitraje en los
contratos de adhesión celebrados por los consumidores.

25.- Los aspectos relativos a la forma como puede pactarse la cláusula arbitral en un
contrato predispuesto, la parte (proveedor o consumidor) a la que se le otorga
<<derecho de opción>>, el momento en el que tal opción puede ejercerse (la
celebración del contrato o el momento en el que se presenta o contesta la demanda),
la escogencia y remuneración de los árbitros, son fundamentales para determinar si
los derechos del consumidor resultan adecuadamente protegidos; y tales aspectos
deben estar previstos por el legislador.

26.- Adicionalmente, la regulación de la cláusula arbitral en los contratos de adhesión
es un aspecto que reviste especial importancia de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional. En efecto, la Corte Constitucional ha indicado que, en ese supuesto, el
legislador debe adoptar una regulación que proteja a la parte débil so pena de
desconocer la Constitución, así:

<<En primer lugar, debe resaltarse que en la aludida materia operan los contratos por
adhesión, en los cuales el acreedor impone las condiciones del acuerdo
contractual, mientras que el deudor -parte débil de la relación- limita su papel a la
aceptación de las reglas previamente establecidas por el primero.

Es indiscutible que quien pide el préstamo para la adquisición de vivienda se ve
sometido a las imposiciones contractuales de las entidades financieras. (...)
"solamente por solicitud expresa del deudor podrá pactarse el procedimiento de
arbitramento" resulta ser una inocua garantía para evitar que éste se vea

19Carbonnier, Jean, Droit des obligations, Themis 1986, p. 70.

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presionado y obligado a suscribir una cláusula compromisoria, si se tiene en
cuenta la frágil posición que él ocupa en la relación convencional.

En efecto, muy fácilmente, bajo la modalidad de formatos preimpresos, quien pide el
préstamo se ve abocado a suscribir la cláusula compromisoria por temor a que no se
le otorgue el préstamo, y así la parte más fuerte de la relación contractual termina
imponiendo su exclusiva voluntad, aunque pueda en apariencia presentarse una
realidad distinta.

Y después, en los términos de la normatividad impugnada, la institución financiera -que
en principio sufraga los honorarios de los árbitros- los escoge, o los impone.

De la normatividad demandada no surge directamente la regla aplicable a la forma
en que han de ser escogidos los árbitros, y por tanto ello resultaría de la manera
en que se redacte la cláusula contractual respectiva, la cual, incluida en un contrato
por adhesión, deja de nuevo indefenso, también en ese punto, al usuario.

Aunque las anteriores afirmaciones serían suficientes para declarar la inexequibilidad
de las normas en referencia, en todo caso es importante anotar que, en relación con el
artículo 36 de la Ley objeto de análisis, también resulta ostensiblemente
inconstitucional que una de las partes tenga la efectiva capacidad de sustraer de
manera absoluta esta clase de procesos del normal conocimiento de la justicia
ordinaria. El artículo 116 de la Constitución, al prever la posibilidad del arbitramento, lo
contempla como extraordinario, puesto que, además de hacerlo transitorio, exige la
"habilitación" por las partes, lo que significa que, por definición, debe ser convenido, no
impuesto. Y, con base en el principio que obliga al juez -con mayor razón al de
constitucionalidad- a velar por la prevalencia del Derecho sustancial (art. 228 C.P.),
esta Corte no puede pasar inadvertida la circunstancia del desequilibrio efectivo entre
los contratantes en los préstamos hipotecarios, ni la falta de reglas claras en la
normatividad objeto de examen, que permitieran llegar a genuinos y reales acuerdos
en un plano de igualdad.

Debe advertir la Corte que lo dicho no implica la condena de los pactos arbitrales per
se, pues tales cláusulas y los tribunales de arbitramento, como
mecanismos alternativos de solución de conflictos, constituyen valioso instrumento
para alcanzar el orden y la paz sociales, siempre y cuando se cumpla con la
indispensable condición de efectividad consistente en que las partes en
controversia tengan plena libertad para decidir acerca de si acuden o no a ese
medio, y nunca porque así lo imponga la parte más fuerte, porque entonces dicha
figura pierde su razón de ser, resulta distorsionada su finalidad,
y a la postre se convierte en motivo adicional de querella social, pues es
muy probable que la parte que se ha visto obligada a acudir a la justicia arbitral
-por fuerza de las aludidas circunstancias de debilidad- desconozca su legitimidad.
(…)>>20.

H.- Costas

27.- Teniendo en cuenta que se ventiló un interés público, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo
188 del CPACA.

III. DECISIÓN

20Corte Constitucional, sentencia C-1140 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.

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Radicado: 11001-03-26-000-2015-00071-00 (53892)
Demandantes: Nazly Margie Estephany Mojica Ayala y
María Paula Castellanos Calderón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de los artículos 80 y 81 del Decreto 1829 de 2013,
compilados en los artículos 2.2.4.2.10.1. y 2.2.4.2.10.2 del Decreto 1069 de 2015.

SEGUNDO.- NO SE CONDENA en costas.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento,
una vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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