Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00091-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00091-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2015-00091-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
6 de octubre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Demandante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES
Demandado: PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – INEXISTENCIA
DE DOLO
Síntesis del caso: se dirige la demanda en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz,
exdirector general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin
de que se le declare patrimonialmente responsable, a título de dolo, con ocasión de la
condena impuesta por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
cual se anuló la resolución número 570 del 15 de agosto de 2007, a través de la cual se
declaró la insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón
en el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias
Forenses - Subdirección de Investigación Científica.
Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en contra del señor Pedro
Gabriel Franco Maz.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 22 de agosto de 2012 (fl. 3 cdno. 1), el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de apoderada judicial promovió
demanda de repetición en contra del señor Pedro Gabriel Franco Maz (fls. 3 a 17
cdno. 1) en la cual se formularon las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Declárese al doctor PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ,
identificado con la cédula de ciudadanía 19.408.421 de Bogotá, como
responsable a título de dolo1 de los perjuicios patrimoniales causados al
1
“Por haber proferido acto administrativo de insubsistencia, acto declarado nulo por cuanto no
correspondió al ejercicio legítimo de la facultad discrecional, sino por el contrario lo ubica dentro de
los actos reglados sentencia C-778 de 2003, MP Jaime Araujo Rentería. Véase también sentencia
C-374 de 2002, MP Clara Inés Vargas Hernández con la que la Corte Constitucional, al resolver la
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Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Repetición
Sentencia de única instancia
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como
consecuencia de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección C, en sentencia de fecha
2 de junio de 2011, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por el doctor Luis Alberto Ramírez Ortegón.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración se condene
al doctor PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ, identificado con la cédula de
ciudadanía 19.408.421 de Bogotá, ex director del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses al pago total de la suma de dinero
que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue
condenado a pagar al doctor LUIS ALBERTO RAMÍREZ ORTEGÓN, por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección C mediante la sentencia de fecha 2 de junio de 2011 y que
canceló en su totalidad, esto es la suma de CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y DOS PESOS ($424.748.052) incluidos los descuentos de
ley.
TERCERA: Que el monto de la condena que se profiera contra el doctor
PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ, identificado con la cédula de
ciudadanía 19.408.421 de Bogotá, ex director del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, sea de acuerdo con lo previsto en el
Código Contencioso Administrativo, y se reconozcan los intereses que
correspondan desde la fecha en que se efectuó el pago por la tesorería
del instituto y ordenado en la sentencia al señor LUIS ALBERTO
RAMÍREZ ORTEGÓN, hasta que se dé cabal cumplimiento al fallo
debidamente ejecutoriado que ponga fin al presente proceso (…).” (fls. 3
a 4 cdno. 1 - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 15 de agosto de 2007, el señor Pedro Gabriel Franco Maz en la condición de
Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
profirió la resolución número 570 mediante la cual declaró la insubsistencia del acto
de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de
escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses -
Subdirección de Investigación Científica.
2) Por lo anterior, el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón presentó demanda en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de la cual solicitó
que se declarara la ilegalidad del mencionado acto administrativo, así como también
que se ordenara el reintegro laboral y el pago de las sumas de dinero que dejó de
demanda de inconstitucionalidad, promovida en contra, entre otros, de los artículos 5 y 6 de la Ley
678 de 2001, se presume que existe dolo por las siguientes causas i) obrar con desviación de poder.”.
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Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Repetición
Sentencia de única instancia
percibir por concepto de salarios y prestaciones sociales.
3) El 26 de julio de 2010, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de
Bogotá profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de
la demanda.
4) El 2 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C revocó la anterior decisión por considerar que la resolución
enjuiciada no fue debidamente motivada, en consecuencia, ordenó el reintegro
laboral del demandante y condenó a la entidad accionada a reconocer y pagar los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el señor Luis Alberto
Ramírez Ortegón.
5) A través de la resolución número 00565 del 30 de septiembre de 2011 el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses dispuso el reintegro laboral del
accionante y, a través de la resolución número 0001344 del 7 de diciembre de 2011,
reconoció en su favor el valor de cuatrocientos veinticuatro millones setecientos
cuarenta y ocho mil cincuenta y dos pesos ($424.748.052).
6) Según acta del 1º de febrero de 2012 el Comité de Conciliación del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses decidió repetir en contra del señor
Pedro Gabriel Franco Maz (fls. 1 a 17 cdno. 1).
7) El señor Pedro Gabriel Franco Maz, con la decisión de declarar la insubsistencia
del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón incurrió en dolo,
por cuanto, su conducta se encuentra dentro de las causales 1 y 2 del artículo 5 de
la Ley 678 de 2001 (original sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022);
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
declaró la nulidad de la resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 con
fundamento en que el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses no motivó debidamente dicho acto administrativo (fls. 12 a 14 cdno. 1).
4. Contestación de la demanda
La demanda de la referencia fue admitida en única instancia el 5 de febrero de 2014
(fls. 60 a 63), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor
Pedro Gabriel Franco Maz.
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Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Repetición
Sentencia de única instancia
Mediante escrito radicado el 20 de junio de 2015, el demandado se opuso a las
pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó que obró con dolo o
culpa grave en la condición de director general del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses para la época de los hechos; además, la mencionada
resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 tuvo como fundamento la
normatividad vigente para la época en que fue proferida (fls. 1 a 7 cdno. 1).
5. Audiencia inicial
El 12 de diciembre de 2018, se llevó a cabo audiencia inicial de que trata el artículo
180 de la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo se pronunció sobre la excepción
propuesta por el demandado “la demanda carece de expresión concreta de las
normas violadas”, expresó que sería resuelta al momento de proferir decisión de
fondo conforme lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 187 del CPACA. Dicha
decisión tomada en audiencia no fue objeto de recurso alguno (fls. 246 a 258 cdno.
1). En consecuencia, señaló que el litigio se circunscribía a lo siguiente:
“El objeto del presente proceso se circunscribe a determinar si fue la
presunta conducta dolosa o gravemente culposa del ex director Pedro
Gabriel Franco Maz, la que dio lugar a la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C el 2 de
junio de 2011 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-31-020-2008-00081-01 o si por el
contrario como lo firma la parte demandada su conducta no configuró dolo
ni culpa grave.”
6. Alegatos de conclusión
Por auto del 22 de septiembre de 2021 (índice 44 SAMAI) se corrió traslado a las
partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses y la parte demandada reiteraron los argumentos planteados durante el
trámite del proceso (índice 49 y 50 SAMAI); el Ministerio Público solicitó que se
declare la responsabilidad patrimonial extracontractual del demandado porque la
condena impuesta en contra del actor se debió a su desconocimiento de las normas
de carrera administrativa imperativas respecto de los cargos de carrera con
nombramiento en provisionalidad (índice 51 SAMAI).
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Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, el objeto de la controversia planteada
consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle
responsabilidad al señor Pedro Gabriel Franco Maz con ocasión de la expedición
de la Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007 que declaró la insubsistencia
del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de
jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias
Forenses - Subdirección de Investigación Científica, acto administrativo que
posteriormente fue anulado en sentencia emitida por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, motivo por el cual la entidad demandante fue obligada
a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la servidora
afectada con dicho acto administrativo3.
La parte demandante alega la presunción de dolo consagrada en los numerales 1 y
2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, con sustento en que el aquí demandado obró
con desviación de poder al proferir el acto administrativo que declaró la
insubsistencia del acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón
pues, según la sentencia de condena, no hubo motivación de dicho acto
administrativo.
2
Según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la demanda de repetición debe presentarse dentro de
los dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad
pública, en consonancia con los criterios dados en la sentencia C-832 de 2001 de la Corte
Constitucional para la aplicación del numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que
efectivamente se realice el pago o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto
en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo. En el asunto objeto de estudio la
sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 23 de junio de 2011 (fl. 468 cdno. 1), el pago de la
condena se materializó el 21 de diciembre de 2011 (fl. 64 cdno. préstamo 4) dentro del término de
los 18 meses establecidos en el artículo 177 del CCA, en ese orden la entidad tenía plazo para
presentar la demanda de repetición a más tardar hasta el 22 de diciembre de 2013 y, comoquiera
que fue radicada el día 22 de agosto de 2012 (fl. 3 cdno. 1), lo fue dentro del término fijado en la ley
para el efecto.
3
El presente asunto tiene prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera
de esta Corporación en el acta No. 10 del 25 de abril de 2013, sin sujeción al turno.
6
Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Para lo anterior la Sala determinará, primero, si los elementos objetivos de la acción
de repetición consistentes en la existencia de la condena y el pago se hallan
acreditados y, posteriormente, verificará si se encuentran demostrados los
supuestos de hecho para que opere la presunción de dolo alegada y que llevaron a
la causación del daño antijurídico por el cual el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses fue condenado y tuvo que pagar perjuicios en favor de un
tercero y, si como consecuencia de ello debe reembolsar las sumas pagadas por la
entidad demandante.
Las pretensiones de la demanda serán negadas, porque, por una parte, no se
acreditó el supuesto de hecho para que operara la presunción contemplada en el
numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 y, por otro lado, porque el demandado
desvirtuó la presunción prevista en el numeral 2 ibidem.
2. Análisis del caso
Para el análisis del presente caso la Sala abordará su estudio en el siguiente orden:
1) generalidades de la acción de repetición, 2) la existencia de una condena judicial
o de un acuerdo conciliatorio, 3) la acreditación del pago, y 4) la calificación de la
conducta del demandado.
2.1 Generalidades de la acción de repetición
El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a
reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el
resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este4, de igual manera,
la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más
reciente en la Ley 678 de 2001.
En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los
presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena
al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo
a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente
culposa del agente como factor determinante de la condena.
4
Constitución Política de Colombia, artículo 90, inciso segundo: “…en el evento de ser condenado
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra este”.
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2.2 La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio
Para la Sala no hay duda de la existencia de una condena judicial impuesta en
contra de la parte actora consistente en pagar una suma de dinero, pues, obra en
el expediente la copia de la sentencia del 2 de junio de 2011 proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C que declaró la nulidad de la Resolución número 570 del 15 de agosto
de 2007 expedida por el entonces director general del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses y, en consecuencia, ordenó a título de
restablecimiento del derecho el reintegro laboral y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir por el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón
(fls. 410 a 464 cdno. 1).
2.3 La acreditación del pago
Respecto del pago de la condena, la actuación se soporta en los siguientes
documentos:
1) La Resolución número 1344 de 7 de diciembre de 2011, por medio de la cual la
Secretaría General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
reconoció y ordenó el pago en favor del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón i) del
valor de trescientos cincuenta y dos millones setenta y seis mil setecientos treinta y
tres pesos ($352.076.733) por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas
de percibir entre el 16 de agosto de 2007 y el 6 de diciembre de 2011 y, ii) la suma
de setenta y dos millones seiscientos setenta y un mil trescientos diecinueve pesos
($72.671.319) por aportes al sistema general de seguridad social (fls. 182 a 184
cdno. 1).
2) El certificado emitido por la Coordinadora Grupo Nacional de Gestión de
Tesorería del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 64 cdno.
préstamo 4) en la que señaló que al señor Luis Alberto Ramírez Ortegón se le
realizaron dos pagos por concepto de la sentencia judicial proferida el 2 de junio de
2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, así:
Fecha Orden de Tercero Valor Banco CTA
pago
2011-12-21 213580211 Luis Alberto $352.076.733 Banco 141160374
Ramírez Ortegón Popular
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2011-12-21 213589711 Instituto Nacional $72.671.319 Pago de Pago de
de Medicina seguridad seguridad
Legal social social
3) A partir de los elementos antes reseñados la Sala considera que estos, en su
conjunto, constituyen elementos suficientes para demostrar el pago total de la
condena, postura que es acorde con lo señalado por esta Subsección que en
oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como
prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios
de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son
suficientes para demostrar el mencionado presupuesto5.
2.4 Calificación de la conducta del demandado.
Con base en lo anterior, la Sala pasa a analizar la conducta del demandado y la
posibilidad de calificarla como dolosa conforme a la presunción contenida en los
numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -original sin la modificación
introducida por la Ley 2195 de 2022- calificación con base en la cual se formulan
las súplicas de la demanda, se seguirá el siguiente derrotero: 1) régimen aplicable,
2) hechos probados y, 3) análisis de la conducta específica del demandado.
2.4.1 Régimen aplicable
Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso debe considerarse
que los hechos se refieren a que fue el señor Pedro Gabriel Franco Maz, quien en
su condición de director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, mediante Resolución número 570 del 15 de agosto de 2007, declaró
insubsistente el acto de nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez Ortegón en
el cargo de jefe de escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y
Ciencias Forenses - Subdirección de Investigación Científica, época en la que ya
estaba vigente la Ley 678 de 20016.
1) El artículo 5 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible
presumir el dolo del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a
las denominadas “iuris tantum”, esto es, que pueden ser desvirtuadas
probatoriamente.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, expediente
número 45522, MP Martín Bermúdez Muñoz.
6
Promulgada en el Diario Oficial No. 44.509, de 4 de agosto de 2001.
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Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
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La Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad estimó que las
presunciones legales tienden a corregir la desigualdad material frente al acceso a
la prueba, no comprometen el debido proceso y no implican atribución de
culpabilidad en cabeza del demandado7, sin embargo, es deber de la entidad actora
expresar la causal derivada de la presunción de dolo o culpa grave en orden a
permitir que el demandado tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa
y contradicción frente a un cargo específico, igualmente la entidad demandante
debe probar los supuestos de hecho que estructuran la correspondiente presunción
para que pueda tener efectos jurídicos.
2) En el proceso de la referencia, respecto del sujeto pasivo de la acción Pedro
Gabriel Franco Maz, en la demanda se aludió a la presunción de dolo consagrada
en los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 (original sin la
modificación introducida por la Ley 2195 de 2022) y como argumento se precisó que
el demandado obró con desviación de poder, porque, según la sentencia que anuló
el acto administrativo demandado, no se motivó el acto administrativo por medio del
cual se declaró la insubsistencia del nombramiento del señor Luis Alberto Ramírez
Ortegón.
3) No obstante, se advierte que, por una parte, no se acreditó el supuesto de hecho
para que opere la presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley
678 de 2001 y, por otro lado, el demandado desvirtuó la presunción prevista en el
numeral 2 ibidem.
2.4.2 Hechos probados
De conformidad con las pruebas decretadas y aportadas al proceso, los hechos
probados más relevantes para la decisión de la controversia planteada son los
siguientes:
1) El demandado Pedro Gabriel Franco Maz suscribió la Resolución número 570 de
15 de mayo de 2007 a través de la cual declaró la insubsistencia del acto de
nombramiento del funcionario Luis Alberto Ramírez Ortegón en el cargo de jefe de
escuela clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses -
Subdirección de Investigación Científica, en los siguientes términos:
7
Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002.
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“El director general en uso de sus facultades legales, en especial las
conferidas por la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar insubsistente el nombramiento hecho al
doctor LUIS ALBERTO RAMÍREZ ORTEGÓN, identificado con cédula de
ciudadanía 79.102.534 de Engativá, en el cargo de JEFE DE ESCUELA,
Clase I, Grado 22, destinado a la Escuela de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, Subdirección de Investigación Científica.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su comunicación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, DC, 15 AGO 2007
(firmado)
PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ”
(fl. 14 cdno. 3 - mayúsculas fijas y negrillas del original).
2) Contra ese acto administrativo el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que fuese anulado y, en
consecuencia, que se ordenara su reintegro laboral y el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, con apoyo en que el acto administrativo
carecía de motivación (fls. 181 a 199 cdno. 3).
3) El 26 de julio de 2010, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión de
Bogotá negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con sustento en lo siguiente:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 23 de 1993,
el cargo de Jefe de Escuela Clase I Grado 2 de la Escuela de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de la Subdirección de Investigación Científica
es un cargo de libre nombramiento y remoción.
Así las cosas, el no señalamiento de los motivos del retiro en el acto de
desvinculación es, a juicio del despacho, un infundado reproche de la
demanda, pues tal silencio lo autoriza de modo expreso el artículo 26 del
Decreto Ley 2400 de 1968.” (fls. 338 a 348 cdno. préstamo 1).
4) El 2 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C revocó la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad
de la Resolución número 570 de 15 de mayo de 2007 y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó el reintegro laboral y el pago de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir por el funcionario afectado con la referida decisión
administrativa (fls. 410 a 464 cdno. préstamo 1).
En este contexto señaló lo siguiente:
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Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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“Es claro entonces que el cargo de Jefe de Escuela, Clase I, Grado
22 o su equivalente Asesor Clase 1 Grado 13, no corresponde al
ámbito de dirección institucional de la Fiscalía General de la Nación,
ni tampoco hace parte de los cargos denominados de libre
nombramiento y remoción que establece el artículo 59 de la Ley 909
de 2004, por lo que se concluye que el cargo desempeñado por el
actor es de aquellos de carrera administrativa, cuya naturaleza es la
regla general, dado que no encaja dentro de las descripciones legales
como la excepción a esa regla, por definición expresa de la ley.
Si bien es cierto que el Acuerdo 023 del 28 de junio de 1993, señaló
en su artículo tercero que son cargos de libre nombramiento y
remoción en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los
allí señalados, dentro de los cuales se dice que lo son los empleados
de las subdirecciones del mismo instituto, tal clasificación no es de
orden legal y por tanto no consulta la regla del artículo 125
constitucional. No podia entonces el Fiscal General de la Nación, como
presidente de la Junta Directiva del Instituto, determinar la naturaleza de
los empleos, que deviene de la ley. Así la clasificación hecha por el
acuerdo no puede desconocer la Carta y la Ley, que efectuó una
clasificación clara e inequívoca para todas las entidades del orden
nacional cuyas reglas generales son aplicables conjuntamente con el
Estatuto Orgánico de la Fiscalía en los asuntos no regulados
expresamente por estos.
La certificación n.º 1832-2008-OP del 26 de septiembre del 2008 expedida
por el Jefe de la oficina de Personal Doctor Jorge Almario Torres, señala
que el demandante, no se incribió a concurso alguno en carrera
administrativa, entre otras cosas porque de conformidad con el
artículo 39 de la ley 398 de 2004 en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses no está implementada la carrera administrativa,
por cuanto esta facultad le fue otorgada a la Junta Directiva sin que
hasta la fecha se haya reglamentado. La ausencia de la carrera,
tampoco modifica la naturaleza del empleo ni el tipo de
nombramiento, que ha de interpretarse en los precisos términos
legales.
Ahora bien, para proveer cargos de carrera, el estatuto orgánico de
la Fiscalía General de la Nación ley 938 de 2004, en su artículo 70,
determina que cuando no se pueda hacer mediante nombramiento
en propiedad, se procederá el nombramiento mediante la figura de
encargo, atendiendo al llenado de los requisitos y el perfil del cargo
respectivo; y cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la
forma anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en
provisionalidad, el cual en ningún caso generará derechos de
carrera.
Motivo por el cual al haber sido nombrado el actor en un cargo de
carrera especial en la Fiscalía General de la Nación, sin haberse
presentado al respectivo concurso de méritos, su vinculación con el
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses se erige, en
virtud de la ley, como un nombramiento en provisionalidad.
En consecuencia la Sala encuentra demostrado que el vínculo del
señor Luis Alberto Ramírez Ortegón con el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, debe entenderse como
provisional y en consecuencia el retiro deberá seguirse a la reglas
del artículo 123, 125,1 y 209 constitucionales, con la orientación
jurisprudencial que al respecto se ha hecho, se explican en adelante,
donde la Corte Constitucional, en forma reiterada ha señalado que el
retiro debe ser mediante providencia motivada (…).
12
Expediente 11001-03-26-000-2015-00091-00 (54.366)
Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Repetición
Sentencia de única instancia
Como puede verse en las sentencias de la Corte, al afirmar que el
acto de retiro del empleado provisional que ocupa un cargo de
carrera debe ser motivado, se ubica dentro de los actos reglados y
no simplemente discrecionales y por ello exige la regla de la
motivación expresa.
Pues bien, ahora, después de haber sido reiterada la tutela de derechos
por parte de la Corte Constitucional en los casos referidos, estamos
obligados a seguir esa directriz, como jueces de constitucionalidad que
también lo somos, en un estado social de derecho, para trato igual a
quienes estén en similares condiciones en las analizadas por la Corte, tal
como viene haciendo esta Sala a partir de la sentencia proferida el 16 de
noviembre de 2010, SU-917 de 2010 (…).
Así, admite la Sala, que la falta de motivacion expresa, restringe el
ejercicio del derecho de defensa acerca de los motivos específicos de
buen servicio para el retiro.
De las normas transcritas y de la jurisprudencia existente sobre la materia,
se conoce sin mayor esfuerzo que la Carta dispuso que el retiro de los
empleados que ejercen cargos de carrera y en dicha expresión están
comprendidos los de propiedad y los de provisionalidad, deben ser
motivados, pues la norma no distingue entre quienes superaron el
concurso de méritos y se encuentran inscritos en el escalafón de carrera
administrativa y los que solo se encuentran vinculados en forma temporal,
por haber sido vinculados en provisionalidad.
De la lectura del material probatorio, no se verifica que el acto haya sido
motivado, y en cuanto al esfuerzo de la entidad para trabajar en sede
judicial que el retiro ocurrido por razones de mejoramiento del servicio, se
recibió el testimonio rendido por el doctor Enrique Miguel Altemar Ospina,
subdirector de investigación científica del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, quien fue superior jerárquico del demandante,
y al responder a la pregunta de si conocía las razones por las cuales fue
declarado insubsistente el nombramiento del doctor Ramírez Ortegón, dijo
que no las conocía, con lo cual se evidencia que si el jefe inmediato no
conocía las razones, entra en contradicción, la delegación según la cual
el retiro ocurrió para mejoramiento del servicio, la cual sólo se puede
determinar si se hizo una valoración objetiva de su rendimiento porque es
superior inmediato, con participación del empleado.
Tampoco demostró la entidad, que aún siendo provisional el demandante
o bajo la creencia que el cargo desde el libre nombramiento y remoción,
haya tenido razones objetivas para su retiro. Tan solo dice el testigo del
demandante, que no era un empleado de mayor iniciativa pero sí cumplía
su deber. Y narra la gestión emprendida por su sucesor, pero sobre las
presuntas falencias no se le dijo nada al empleado, es decir que sobre tal
es reparable claro es que el doctor Ramírez, no pudo conocerlos antes
para decidir si recurre o no a la jurisdicción, restringiendo su derecho de
defensa con lo cual se violentan sus derechos fundamentales, en los
términos analizados por la Corte en la sentencia SU-917 de 2010 (…).
El director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, declaró insubsistente el actor sin expresar los motivos que
condujeron a la toma de decisión, partiendo del supuesto de que era un
empleado de libre nombramiento y remoción.” (fls. 410 a 464 cdno.
préstamo 1 - negrilla por fuera del texto original).
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Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Repetición
Sentencia de única instancia
2.4.3 Análisis de la conducta específica del demandado
1) En el caso puesto a consideración de la Sala existe claridad acerca de la
condición de agente estatal del demandado Pedro Gabriel Franco Maz quien, para
la época de los hechos (año 2007), se desempeñaba como director general del
Instituto Nacional de Medicina Legal8.
2) A partir de las pruebas previamente relacionadas no hay duda de que el
demandado expidió el acto administrativo anulado por esta jurisdicción y que dio
lugar a la condena impuesta a la entidad actora y por cuyo pago repite en el presente
asunto, esta circunstancia, en principio, configuraría el supuesto de hecho alegado
por la parte demandante consistente en que la condena proferida en contra del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tuvo como fundamento la
conducta dolosa de su exdirector general Pedro Gabriel Franco Maz por la siguiente
causa “haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que
le sirve de fundamento”, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 5 de la
Ley 678 de 2001.
3) Sin embargo, para establecer si el señor Pedro Gabriel Franco Maz incurrió en
una conducta dolosa es importante resaltar lo siguiente:
a) La Ley 909 de 2004 entró a regir desde el 23 de septiembre de ese año, la cual
en el artículo 3 dispone que se trata de una norma aplicable a quienes prestan sus
servicios en empleos de carrera “de las entidades del nivel territorial:
departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes descentralizados”,
igualmente, en el artículo 41 estableció las causales de retiro para los funcionarios
públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y previó en
el parágrafo 2 lo siguiente: “es reglada la competencia para el retiro de los empleos
de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política
y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado”.
Esa disposición fue complementada con posterioridad con el Decreto número 1227
del 21 de abril 2005 que en el artículo 10 dispuso: “Antes de cumplirse el término de
8
Mediante resolución número 1435 del 25 de abril de 2007, el Fiscal General de la Nación nombró
en el cargo de director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor
Pedro Gabriel Franco Maz quien tomó posesión del mismo el 10 de mayo de 2007 (fls. 16 a 17 cdno.
contestación).
14
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Sentencia de única instancia
duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el
nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados” (se resalta).
b) Debe advertirse entonces que como los hechos aquí debatidos tuvieron lugar en
el año 2007, esto es, después de la expedición de esas normas, más allá de lo
previsto en ellas lo cierto es que a nivel jurisprudencial existían posturas disimiles
respecto de si era deber de los nominadores motivar o no expresamente los actos
de desvinculación de una persona en provisionalidad que se desempeñaba un
empleo de carrera, así se plasmó en los pronunciamientos del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional emitidos para la época de los hechos.
En ese contexto normativo y jurisprudencial, en su momento la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 13 de marzo de 20039
(dictada con anterioridad a las normas antes citadas) predicó y aplicó el criterio
según el cual los actos por los cuales se declaraba la insubsistencia de los actos de
nombramiento de funcionarios en provisionalidad no requería de motivación por
cuanto el nominador podía hacerlo en uso de su facultad discrecional, al igual que
para su nombramiento en provisionalidad, posición que fue reiterada con los años
siguientes, pues, se aplicaba una analogía10 entre cargos de libre nombramiento y
remoción y aquellos en provisionalidad, en los siguientes términos:
“(…) obedece a que, tanto el acto por el cual se retira del servicio por
insubsistencia a un empleado de libre nombramiento y remoción, como el
que desempeña un cargo en provisionalidad son de la misma naturaleza,
es decir, se presume que son expedidos en aras del buen servicio público,
presunción que es susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional,
aduciendo y probando por el interesado, que motivo determinante es
diferente al buen servicio11”.
Lo anterior contrastaba con la tesis de la Corte Constitucional que, en sede de
revisión de decisiones de acciones de tutela, consideraba que el nombramiento en
provisionalidad gozaba de una estabilidad relativa, de manera que el acto de
insubsistencia debía ser motivado en aras de garantizar el debido proceso, la
defensa y la estabilidad laboral del afectado12.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de marzo de 2003, expediente 76001-23-
32-000-1998-01834-01, MP Tarsicio Cáceres Toro.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 30 de junio de 2005, expediente 76001-23-
32-000-2001-01469-01 (3211-04) MP Ana Margarita Olaya Forero.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2009,
expediente 76001-23-31-000-2000-05374-01 (5374-05), MP Rafael Vergara Quintero.
12
Corte Constitucional, sentencia T-800 del 14 de diciembre de 1998, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, sentencia T-610 del 24 de julio de 2003, MP Alfredo Beltrán Sierra. Corte
Constitucional, sentencia T-087 de 17 de febrero de 2009, MP Nilson Pinilla Pinilla.
15
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Sentencia de única instancia
c) No fue sino hasta el 23 de septiembre del año 2010 que la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó el criterio según el cual debían
motivarse los actos administrativos que desvinculaban del servicio público a los
funcionarios provisionales13, lo que dio lugar a que ese criterio por fin armonizara
con lo expuesto en la sentencia SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional14.
d) En el presente asunto, el fallo que anuló el acto de desvinculación fue emitido el
2 de junio de 2011, cuando tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
ya habían ajustado su jurisprudencia y habían emitido las referidas sentencias de
unificación en el año 2010, conforme a las cuales sus posturas coincidieron sobre
los criterios a tener en cuenta acerca del deber de motivación de los actos
administrativos de desvinculación de los funcionarios que en provisionalidad
desempeñan cargos de carrera, pronunciamientos que si bien debían ser
observados para el momento en que se expidió dicha sentencia no eran tan claros
para el momento en que se emitió la Resolución número 570 de 15 de agosto de
2007, aspecto que resulta de relevancia para analizar la conducta del aquí
demandado.
e) En efecto, si bien el señor Pedro Gabriel Franco Maz no aludió en el acto
administrativo anulado razones precisas y detalladas para desvincular al
funcionario, no lo es menos que ese comportamiento no tiene el carácter de dolo
por cuanto para la época, año 2007, existían diversas posturas jurisprudenciales de
las altas cortes sobre la obligación o no de motivar los actos de declaratoria de
insubsistencia de actos de nombramiento de funcionarios en provisionalidad.
f) Sin perjuicio de lo anterior, es igualmente relevante poner de presente otro
aspecto que no acredita el dolo alegado y que refuerza la anterior conclusión, es lo
expresado en testimonio el 20 de febrero de 2019 en la audiencia de pruebas por
parte del señor Jorge Almario Torres, quien para la época de los hechos se
desempeñaba como jefe de personal de la entidad demandante, sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la desvinculación del
señor Luis Alberto Ramírez Ortegón expuso que prestó asesoría al aquí demandado
en relación con la declaración de insubsistencia del mencionado acto administrativo
de nombramiento, frente a lo cual manifestó que en el Instituto Nacional de Medicina
13
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 23 de septiembre de 2010,
expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 (0883-08), MP Gerardo Arenas Monsalve.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, MP Jorge Iván Palacio
Palacio.
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Legal y Ciencias Forenses regía el Acuerdo número 023 en el que el cargo de jefe
de personal clase I grado 22 de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses
• Subdirección de Investigación Científica era de libre nombramiento y remoción, de
modo que no había necesidad de motivar el acto administrativo, tal como lo
establecía la jurisprudencia, indicó igualmente que, como en la entidad no había
carrera administrativa, los cargos de provisionalidad se asemejaban a los de libre
nombramiento y remoción en los cuales se utilizaba la facultad discrecional (CD fl.
303 cdno. 1):
“PREGUNTANDO: sirvase usted manifestar qué cargo usted desempeñó
en el año 2007. CONTESTÓ: en esa época yo era el jefe de personal del
instituto (…). PREGUNTADO: sirvase manifestar si usted conoce el hecho
según el cual se afirma que el señor Luis Alberto Ramírez Ortegón fue
declarado insubsistente de su cargo. CONTESTÓ: si fue declarado
insubsistente cuando el doctor Franco llegó como director.
PREGUNTADO: conoce usted los motivos o razones por las cuales
llevaron a tomar esta determinación. CONTESTÓ: esos empleos, el de
jefe de división, subdirector de investigación científica y jefe de escuela
en esa época recuerdo que existía un acuerdo interno que era el 023 de
1993 y ahí tenía clasificado dentro de los de libre nombramiento y
remoción esos empleos. En el instituto no hay carrera administrativa (…)
pero sí había un acuerdo interno que era el 023 de 1993 y dentro de esos
estaba clasificado esos de libre nombramiento y remoción y como tal pues
el director que llegaba en el ejercicio de su facultad propendiendo por el
buen servicio podía cumplir o ejercer esa facultad. PREGUNTADO:
sirvase manifestar si en el ejercicio de sus funciones usted prestó alguna
asesoría al señor director de la época Pedro Gabriel Franco Maz para la
decisión de declaratoria de insubsistencia del señor Luis Alberto Ramírez
Ortegón. CONTESTÓ: sí, yo era el jefe de personal y por lo que acabo de
decir también tenía la claridad que esos empleos eran de libre
nombramiento y remoción y que él en el ejercicio de su facultad
discrecional para rodearse de su personal de confianza podía en su
momento dado rodearse de la gente que él tuviera su confianza para
poder cumplir con su función de mejoramiento del servicio (…).
PREGUNTANDO: en el caso concreto suyo usted prestó alguna asesoría
para tomar esta medida. CONTESTÓ: sí, por el hecho de que era un
cargo de libre nombramiento y remoción dentro de los que él tenía para
ejercer o poder nombrar su personal de confianza. PREGUNTANDO:
sirvase manifestar si en esa época en la que se toma la decisión de la
declaratoria de insubsistencia, si en el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses existía algún procedimiento para la toma de estas
decisiones. CONTESTÓ: no existía ningún procedimiento en ese sentido
teniendo en cuenta que eran cargos de libre nombramiento y remoción y
que como tal existía esa facultad discrecional y dentro de la jurisprudencia
para esos cargos no había necesidad de motivar el acto administrativo.
PREGUNTANDO: era costumbre para la toma de decisiones de retiro de
personal asesorarse de la oficina jurídica del instituto o eran decisiones
que se tomaban de otra manera. CONTESTÓ: sí doctor, el director
general siempre se rodeaba de su equipo de trabajo dentro de esos
estaba el jefe de la oficina jurídica, el secretario general para tomar este
tipo de decisiones (…) PREGUNTADO: informe al despacho si en el
momento en que se toma la decisión de la insubsistencia, se mencionó
que el director lo hizo acompañado de su equipo asesor, hacía usted parte
de él. CONTESTÓ: sí, estábamos ahí el jefe de personal, el jefe de
jurídica, el secretario general (…) en el acuerdo 023 que yo lo manejé
tanto se hablaba de sus cargos de libre nombramiento y remoción y la
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jurisprudencia recuerdo mucho también que hablaba sobre el tema de los
cargos de libre nombramiento y remoción y de la provisionalidad, hablaba
que la provisionalidad se asemejaba a los cargos de libre nombramiento
y remoción y llegaban a los cargos sin necesidad de concurso, como no
existía la carrera administrativa en esa época se ejercía la facultad
discrecional, el mejoramiento del servicio”. (CD fl. 303 cdno. 1).
4) De conformidad con el acervo probatorio que obra en el expediente se evidencia
que en este caso concreto se tuvo en cuenta la jurisprudencia proferida por el
Consejo de Estado sobre la materia y vigente para la época de los hechos, además,
se observa que con antelación a que el aquí demandado profiriera la decisión
anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue asesorado por el
secretario general, el jefe de personal y el jefe de jurídica del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses , lo cual significa que en la expedición del acto
anulado participaron varias personas que tenían los conocimientos jurídicos
específicos sobre el tema, como lo acredita el testimonio antes mencionado, por
tanto, no se encuentra demostrada la presunción de dolo alegada.
5) Por otro lado, es preciso advertir que no se configuró el supuesto de hecho de la
presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 “obrar
con desviación de poder”, pues, a través de la sentencia proferida en segunda
instancia el 2 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, se declaró la nulidad de la Resolución número
570 del 15 de agosto de 2007 expedida por el entonces director general del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por falta de motivación y no por
desviación de poder.
3. Conclusión
Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, pues, pese a que se
acreditaron los elementos objetivos del medio de control de repetición, lo cierto es
que, por una parte, no se acreditó el supuesto de hecho para que operara la
presunción contemplada en el numeral 1 del artículo 5 de la ley 678 de 2001 y, por
otro lado, el demandado desvirtuó la presunción prevista en el numeral 2 ibidem.
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Repetición
Sentencia de única instancia
4. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA15 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP16, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura17 se fija en seis (6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia, por concepto de agencias en
derecho.
Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría,
según dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
F A L L A:
1º) Niegánse las pretensiones de la demanda.
2°) Condénase en costas a la parte actora las cuales deberán liquidarse por la
Secretaría en caso de haberse causado.
3°) Fíjanse por concepto de agencias en derecho la suma total de seis (6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a cargo del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses y en favor del demandado Pedro Gabriel Franco Maz
15
Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
16
Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”
17
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Actor: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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4º) En firme esta providencia archívase el expediente con las correspondientes
constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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