Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00158-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-26-000-2015-00158-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00158-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2015-00158-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631), acumulado con
11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Temas: nulidad simple – nulidad por inconstitucionalidad – adecuación del medio de control.
Síntesis del caso: la demandante solicitó la declaratoria de nulidad de algunos artículos del
Decreto 1851 de 2015, por considerar que violaban el artículo 27 de la Ley 715 de 2001 y la
Constitución Política.
Decide la Sala, en única instancia, las demandas de nulidad interpuestas en
contra de algunos apartados de los artículos 2.3.1.3.2.17, 2.3.1.3.3.3, 2.3.1.3.3.6
y 2.3.2.3.3.8 del Decreto 1851 de 2015, “por el cual se reglamenta la
contratación del servicio público educativo por parte de las entidades
territoriales certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015”,
expedido por el Ministerio de Educación Nacional1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Las demandas y el concepto de la violación – 1.2. Trámite del proceso
1.1. Las demandas y el concepto de la violación
1. El 9 de octubre de 2015 Ana María Buitrago Escobar presentó dos
demandas, en ejercicio de los medios de control de “nulidad por ilegalidad”
y de “nulidad por inconstitucionalidad”2, en contra de algunos artículos del
1 El Consejo de Estado es competente para conocer, en única instancia, de los asuntos en los que se debata la nulidad
de actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo
137 y el numeral 1 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
2 Mediante el Auto de 12 de enero de 2016 se admitió esta demanda, “bajo el entendido de que el medio de control
ejercido e[ra] el de nulidad” y no el de nulidad por inconstitucionalidad, pues las pretensiones se dirigieron en contra
de un acto de naturaleza reglamentaria y no de una norma general que desarrollara la Constitución, “pero que no
tiene fuerza de ley -entiéndase los reglamentos autónomos, también llamados independientes o constitucionales”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
Decreto 1851 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, con
el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones (se trascribe):
Expediente 55631
“1. Que se DECLARE que el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.2.17 del Decreto
1851 del 16 de septiembre de 2015 es contrario al artículo 27 de la Ley 715
de 2001.
1.1. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se declare su
nulidad.
2. Que se DECLARE que el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.3 del Decreto 1851
del 16 de septiembre de 2015 es contrario al artículo 27 de la Ley 715 de
2001.
2.1. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se declare su
nulidad.
3. Que se DECLARE que el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto 1851
del 16 de septiembre de 2015 es contrario al artículo 27 de la Ley 715 de
2001.
3.1. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se declare su
nulidad.
4. Que se DECLARE que el artículo 2.3.1.3.3.8 parcial del Decreto 1851 del 16
de septiembre de 2015 es contrario al artículo 27 de la Ley 715 de 2001.
4.1. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se declare su
nulidad.
5. Todas las demás que los honorables magistrados encuentren
procedentes”.
Expediente 55658
“1. Que se DECLARE que el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.2.17 del Decreto
1851 del 16 de septiembre de 2015 es contrario al artículo 13 sobre el
derecho a la igualdad, a los artículos 25 y 53 sobre el derecho al trabajo y a
los artículos 6 y 12 sobre el principio de legalidad de la función pública, todos
artículos de la Constitución Política de 1991.
1.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se DECLARE su
nulidad.
2. Que se DECLARE que el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.3 del Decreto 1851
del 16 de septiembre de 2015 es contrario a los artículos 38 sobre derecho
de asociación y 333 sobre libertad de empresa, todos artículos de la
Constitución Política de 1991.
2.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se DECLARE su
nulidad.
3. Que se DECLARE que el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto 1851
del 16 de septiembre de 2015 es contrario a los artículos 38 sobre derecho
de asociación y 333 sobre libertad de empresa, todos artículos de la
Constitución Política de 1991.
3.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se DECLARE su
nulidad.
4. Que se DECLARE que el artículo 2.3.1.3.3.8 parcial del Decreto 1851 del 16
de septiembre de 2015 es contrario al artículo 333 de la Constitución Política
de Colombia sobre libertad de empresa.
4.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se DECLARE su
nulidad.
5. Que se DECLARE que el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.2.17, el numeral 1 del
artículo 2.3.1.3.3.3, el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.6 y el artículo 2.3.1.3.3.8
parcial, todas estas normas del Decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015
son contrarias al principio de reserva material de ley previsto en los artículos
150-189-11 de la Constitución Política.
5.1. Que como consecuencia de la anterior declaración se DECLARE su
nulidad.
6. Todas las demás que los honorables magistrados encuentren
procedentes”.
2 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
2. Como concepto de la violación, en las demandas3, la parte actora sostuvo:
3. 1) El acto acusado es ilegal porque excede el marco reglamentario previsto
en la ley, pues estableció reglas que no se derivan del contenido del artículo
27 de la Ley 715 de 2001, comoquiera que esta ley solo dispuso dos requisitos
para contratar la prestación del servicio educativo con entidades sin ánimo
de lucro: i) que se trate de entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades
educativas particulares, ii) que cuenten con reconocida trayectoria e
idoneidad.
4. 2) Para la actora, la norma no estableció requisitos adicionales, como la
prohibición de contratar personal que trabaje simultáneamente en la entidad
territorial en la que operará la institución educativa no oficial que desea
participar en el banco de oferentes.
5. 3) En el expediente 55658, en el que se presentó la demanda de nulidad por
inconstitucionalidad, la demandante agregó que los artículos impugnados
son nulos, además, porque violan el derecho constitucional al trabajo, a la
igualdad, el principio de “legalidad de la función pública”, el derecho de
asociación y de libertad de empresa (artículos 6,13, 25, 38, 53, 122 y 333 de la
Constitución Nacional).
6. 4) Para la actora “si un docente oficial, como servidor público de una
entidad territorial que se encuentre certificada en materia educativa, en sus
horas libres, las que no afectan el desempeño de su función pública, quiere
ejercer la noble labor docente en una institución educativa no oficial, que
puede hacer parte del programa de ampliación de cobertura educativa, no
lo puede hacer porque la norma que se acusa así lo prohíbe”, lo que
constituye una violación del derecho al trabajo, además de “una causal de
incompatibilidad de la función pública para los docentes oficiales que no se
encuentra establecida ni en la Constitución Política ni en la ley ni podía ser
prevista en un decreto de esta naturaleza”, comoquiera que las causales de
inhabilidades e incompatibilidades son competencia exclusiva de la
Constitución y de la ley.
7. 5) Según la demanda, las disposiciones atacadas también vulneran el
derecho a la igualdad porque establecen “un trato diferenciado entre los
docentes de instituciones educativas oficiales adscritos a la entidad territorial
donde opera la institución educativa no oficial, respecto de los docentes de
instituciones educativas oficiales de otras entidades territoriales […] También
se otorga un trato diferenciado entre los primeros y los docentes de
instituciones educativas no oficiales que no hacen parte del programa de
ampliación de cobertura educativa de la misma entidad territorial”.
3 Folios 1-8 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55631 y Folios 1-21 del cuaderno del Consejo de Estado, exp.
55658.
3 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
8. 6) Asimismo, vulneran el derecho de asociación, “porque prohíben que dos
personas jurídicas se asocien mediante contrato de administración para la
inclusión en el Banco de Oferentes y para la prestación de una propuesta que
les permita la asignación de cupos dentro del programa de ampliación de
cobertura educativa”.
9. 7) Las disposiciones acusadas vulneran, también, la libertad de empresa
porque, al tiempo que las restricciones a la referida libertad deben estar
establecidas en la ley y no en un decreto, impiden que los pequeños
empresarios, “a quienes les hace falta un requisito para participar del Banco
de oferentes se asocien mediante cualquiera de las formas previstas en la ley”.
Asimismo, violan la libertad de empresa pues, dado que el banco de oferentes
tiene una vigencia de 3 años, quienes no clasifiquen en la primera
convocatoria deban esperar 3 años más, tiempo que, para la demandante,
le permitía al resto de oferentes perpetuar su posición dominante en el
mercado.
10. 8) Finalmente, la parte actora indicó que las disposiciones atacadas violan
el principio de reserva de ley en materia de contratación estatal, pues es al
Congreso de la República a quien le corresponde expedir el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública.
1.2. Trámite del proceso
11. En el expediente 55631, el Ministerio de Educación Nacional contestó la
demanda4 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Indicó que la única
finalidad del Decreto 1851 de 2015 era garantizar la calidad de la educación.
En ese sentido, debía tenerse en cuenta que el artículo 27 de la Ley 715 de
2001 (modificado y adicionado por el artículo 1 de la Ley 1294 de 2009) dispuso
que los departamentos, distritos y municipios certificados debían prestar el
servicio público de educación a través del Sistema Educativo Oficial (SEO), y
que, solamente, cuando se demostrara insuficiencia o limitaciones de las
instituciones educativas del SEO, podía contratarse la prestación del servicio
educativo con entidades sin ánimo de lucro estatales o entidades educativas
particulares.
12. Según la entidad, comoquiera que el Decreto 1075 de 2015 estableció una
jornada laboral de 8 horas para los docentes estatales, “la idoneidad de la
entidad educativa que contrate con una entidad territorial la prestación del
servicio educativo quedará en vilo si un docente que labora al servicio de la
entidad territorial en una jornada de ocho horas diarias pretende trabajar la
misma jornada de ocho horas en la entidad educativa contratista”.
4 Folios 25-43 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55631.
4 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
13. En relación con los reproches sobre el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.3 y el
numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.6, sostuvo que, de conformidad con el artículo
9 de la Ley 715 de 2001, todas las entidades dedicadas a la prestación de
servicios de educación debían contar con una licencia de funcionamiento,
“autorización de la secretaría de educación de la entidad territorial para la
apertura y operación de un establecimiento educativo privado, la cual se
expide a nombre del propietario”. Por ello, si la licencia es una exigencia legal,
no se entiende cómo los artículos demandados serían violatorios de la ley
cuando señalan que el contrato debía suscribirse con el propietario del
establecimiento educativo. Agregó que no era cierto que las normas
demandadas trasgredieran el derecho de asociación, ya que el dueño del
establecimiento educativo sí podía asociarse, simplemente que el contrato
“sólo podrá suscribir[se] con el titular de la licencia de funcionamiento, que es
el dueño del establecimiento educativo”.
14. Frente al banco de oferentes y a su vigencia, sostuvo que la lista allí
contenida correspondía a establecimientos educativos no oficiales que
contaran con las condiciones técnicas, pedagógicas, administrativas y de
infraestructura necesarias para la prestación del servicio educativo, “sin que
ello signifique la obligatoriedad de contratar con dichas instituciones ya que
la entidad territorial deberá continuar desarrollando la selección objetiva de
su contratista”. Según indicó, si bien el instrumento le permite al Estado contar
con instituciones educativas que están en la capacidad de prestar el servicio,
de conformidad con la normativa vigente; estar habilitado en el banco de
oferentes no crea un derecho a ser contratado por la entidad territorial.
15. Agregó que los 3 años de vigencia permiten que el banco de oferentes
refleje, por un tiempo determinado, el cumplimiento de los requisitos de
idoneidad de los establecimientos a disposición que estén en la capacidad
de prestar el servicio, pero que, a su vencimiento, estos requisitos deberán ser
nuevamente evaluados.
16. La entidad solicitó la acumulación de procesos con el expediente 2015-
00159-00, en una demanda presentada por la misma actora, y que había sido
admitida bajo el entendido de que se trataba de una nulidad y no de una
nulidad por inconstitucionalidad.
17. Mediante el Auto de 31 de agosto de 2016 se aceptó la solicitud de
coadyuvancia presentada por el jefe de la unidad de acciones públicas de
la Universidad Libre de Cali5. En la respectiva intervención afirmó que la
expedición del Decreto demandado “implicó inhabilitar, solo en Cali, 65
instituciones privadas”. Agregó (aunque no sustentó estos cargos) que un
grupo importante de niños perdió el suministro de alimentación escolar y que
5 Folio 51 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55631.
5 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
la norma demandada los obligaba “a desplazarse a otras territorialidades”, lo
que, en su entender, sería violatorio del derecho a la libre circulación.
18. En el expediente 55658, el Ministerio de Educación Nacional contestó la
demanda6 y se opuso, de igual manera, a la prosperidad de las pretensiones.
Reprodujo algunas de las consideraciones expuestas en la contestación de la
demanda del expediente 55631 y añadió que no se trasgredía el principio de
legalidad de la función pública porque, a diferencia del entendimiento de la
demandante, no se había creado una incompatibilidad aplicable a los
docentes, pues al docente no se le prohibía la coexistencia de actividades,
toda vez que podían ejercer su labor en otro establecimiento educativo
diferente a la entidad territorial contratante, “si sus obligaciones como
empleado público y su jornada laboral se lo permit[ían]”.
19. La entidad afirmó que tampoco existía un tratamiento desigual, pues no
se estableció ningún criterio diferencial entre docentes, sino una regla de
aplicación general para todos ellos.
20. Finalmente, frente al cargo de violación de la reserva de ley en materia de
contratación estatal, recordó que fue el legislador quien autorizó la
celebración de contratos para la prestación del servicio de educación en
situaciones de insuficiencia o limitaciones del SEO, pero no llegó a desarrollar
los pormenores para la celebración y ejecución de los contratos, lo que hacía
necesario desarrollarlos en el decreto reglamentario, el cual, no creaba un
estatuto de contratación, sino que, por el contrario, reconocía su existencia y
aplicación.
21. Mediante el Auto de 10 de febrero de 2017 se negó la solicitud de
suspensión provisional (formulada por la parte actora en el expediente 55658),
tras considerar que el reglamento podía establecer condiciones para que las
entidades territoriales contrataran la prestación del servicio educativo con
entidades sin ánimo de lucro, y que no se advertía una contradicción de las
exigencias establecidas en el acto demandado con las normas superiores7.
22. Por Auto de 4 de octubre de 2017 se dispuso la acumulación de procesos,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de CPACA, pues se
trataba de dos procesos que se tramitaban en única instancia, bajo el mismo
procedimiento, que estaban basados en las mismas pretensiones y cuya
entidad demandada era la misma8.
23. En atención a que en el proceso se discute un asunto de puro derecho, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13.1 del Decreto 806 de 2020,
6 Folios 48-73 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55658.
7 Folios 60-70 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55658.
8 Folios 69-72 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55631.
6 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
mediante el Auto de 26 de marzo de 2021 se prescindió de la audiencia inicial
y se les concedió a las partes 10 días para presentar los alegatos de
conclusión9.
24. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión10, en los que
replicó los argumentos expuestos en las contestaciones de las demandas. El
Ministerio Público, por su parte, solicitó negar las pretensiones de la
demanda11, habida cuenta de que no existía falta de competencia para la
adopción de las normas demandadas, ni estas violaban la ley, pues estaban
conformes con el artículo 27 de la Ley 715 de 2001.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo
2.1. Análisis sustantivo
25. En consideración a los cargos de la demandante y a los conceptos de
violación, la Sala declarará la nulidad del numeral 2 del artículo 2.3.1.3.2.17 y
negará las demás pretensiones de nulidad de los artículos demandados, pues
no están configurados los vicios aducidos por la demandante.
26. El análisis comparado de los artículos demandados y de las normas
violadas facilita la comprensión de las anteriores conclusiones:
Disposiciones acusadas Norma invocada como violada
Decreto 1851 de 2015 Ley 715 de 2001, artículo 27
(modificado por la Ley 1294 de 2009)
Artículo 2.3.1.3.2.17. Obligaciones Los Departamentos, Distritos y Municipios
generales para el contratista. Las certificados, prestarán el servicio público
entidades territoriales certificadas deben de la educación a través del Sistema
asegurar que en la ejecución de los Educativo Oficial.
contratos para la prestación del servicio
educativo, el contratista cumpla las
siguientes obligaciones: Solamente en donde se demuestre
[…] insuficiencia o limitaciones en las
2. Que el contratista no vincule docentes, instituciones educativas del Sistema
directivos docentes o personal Educativo Oficial podrá contratarse la
administrativo de la planta de la entidad prestación del servicio educativo con
territorial para la ejecución del contrato. entidades sin ánimo de lucro, estatales o
Artículo 2.3.1.3.3.3. Reglas del contrato. El entidades educativas particulares cuando
contrato de prestación del servicio no sean suficientes las anteriores, que
educativo se regirá por lo previsto en el cuenten con una reconocida trayectoria e
Estatuto General de Contratación Pública y
idoneidad, sin detrimento de velar por la
en este capítulo, y en particular por las
cobertura e infraestructura en los servicios
siguientes reglas:
educativos estatales. El valor de la
9 Folios 75 del cuaderno del Consejo de Estado, exp. 55631.
10 Samai, índice 37.
11 Samai, índice 41.
7 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
1. Se suscribirán únicamente con las prestación del servicio financiado con
personas jurídicas propietarias de los recursos del sistema general de
establecimientos educativos habilitados en participaciones no puede ser superior a la
el Banco de Oferentes de la entidad
asignación por estudiante, definido por la
territorial certificada.
Nación. Cuando el valor sea superior, el
Artículo 2.3.1.3.3.6. Requisitos para ser
excedente se pagará con recursos propios
habilitado en el Banco de Oferentes. Para
ser habilitado en el Banco de Oferentes de de la entidad territorial, con las restricciones
cada entidad territorial, se deberán señaladas en la presente ley.
cumplir, como mínimo, los siguientes
requisitos: Cuando con cargo a recursos propios la
prestación del servicio sea contratada con
1. Acreditar la propiedad del entidades no estatales, la entidad territorial
establecimiento educativo aportando la deberá garantizar la atención de al menos
licencia de funcionamiento vigente, el ciclo completo de estudiantes de
expedida por la entidad territorial
educación básica.
certificada en los términos del artículo
2.3.2.1.2 del presente decreto, con
jurisdicción en el lugar en donde se La Educación Misional Contratada y otras
presenten las circunstancias de modalidades de educación que venían
insuficiencia o limitación que motiven la financiándose con recursos del Situado
contratación de la prestación del servicio Fiscal, y las participaciones de los
educativo. municipios en los Ingresos Corrientes de la
Nación se podrán continuar financiando
Artículo 2.3.1.3.3.8. Vigencia del Banco de con los recursos del Sistema General de
Oferentes. El Banco de Oferentes tendrá Participaciones.
una vigencia de tres (3) años. Una vez
cumplido este término, si la entidad Cuando con cargo al Sistema General de
territorial certificada no ha superado las
Participaciones los municipios o distritos
condiciones que generan la insuficiencia o
las limitaciones, se conformará un nuevo contraten la prestación del servicio
Banco de Oferentes. educativo con entidades no estatales, el
valor de la prestación del servicio
financiado con estos recursos del sistema
no podrá ser superior a la asignación por
alumno definido por la Nación. Cuando el
valor sea superior, el excedente se pagará
con recursos propios de la entidad
territorial, con las restricciones señaladas en
la presente ley.
Cuando con cargo a recursos propios la
prestación del servicio sea contratada con
entidades no estatales, la entidad territorial
deberá garantizar la atención de al menos
el ciclo completo de estudiantes de
educación básica.
La Educación Misional Contratada y otras
modalidades de educación que venían
financiándose con recursos del Situado
Fiscal, y las Participaciones de los
Municipios en los Ingresos Corrientes de la
Nación se podrán continuar financiando
con los recursos del Sistema General de
Participaciones.
8 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
27. Para la Sala resulta esencial tener en cuenta que la Corte Constitucional
se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 27 de la Ley 715 de 200112. En
esa oportunidad, tras una demanda en la que se sostenía que la norma
violaba el derecho al trabajo, de asociación, de libertad de empresa y la
iniciativa privada, la Corte, como primera medida, recordó la doble dimensión
constitucional de la educación, como un derecho -que califica de
fundamental-, y como un servicio público que tiene una función social
(artículo 67 de la Constitución).
28. Para la Corte Constitucional, “la norma impugnada no vulnera la libertad
de enseñanza, la libertad de empresa, ni el derecho al trabajo”, porque la
disposición referida no priva a los particulares de su derecho a fundar
establecimientos educativos (previsto en el artículo 68 de la Constitución),
“derecho que se mantiene incólume, y sólo los priva de la posibilidad de
contratación mencionada, que se justifica por la identidad de fines entre la
prestación del servicio educativo por parte del Estado y su prestación por
parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro”. Agregó que “la exclusión
de las entidades privadas con ánimo de lucro de la contratación con las
entidades territoriales para la prestación del servicio educativo cuando se
presentare insuficiencia en las instituciones educativas del Sistema Educativo
Oficial, es simplemente una regla sobre el ejercicio de las competencias
administrativas a cargo de aquellas, previstas en el Art. 356 superior como
presupuesto para la distribución de los recursos del Sistema General de
Participaciones”.
29. En efecto, como se desprende de la lectura del artículo 27 de la Ley 715
de 2011, el legislador autorizó, de manera excepcional, la contratación del
servicio educativo con entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades
educativas particulares, solamente cuando “se demuestre insuficiencia o
limitaciones en las instituciones educativas del Sistema Educativo Oficial”.
30. El requisito establecido por el legislador para contratar el servicio
educativo en las referidas circunstancias excepcionales determina que las
entidades deben ser de “reconocida trayectoria e idoneidad”. Para la
demandante (en un cargo que resulta común a todos los artículos acusados),
el legislador no estableció más requerimientos, por lo que los requisitos
contenidos en los artículos demandados del Decreto 1851 de 2015 resultarían
trasgresores de las normas superiores.
31. Al respecto se recuerda, de conformidad con lo señalado por esta
Corporación en repetidas ocasiones (se trascribe):
“el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede desconocer el marco
general de la ley, pues su ejercicio sólo se justifica en la medida en que, para
12 Corte Constitucional, Sentencia C-1064 de 2008.
9 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
proveer a la adecuada ejecución de ésta, se requiera precisar
circunstancias o pormenores no contenidos en ella, por no haber sido
regulados […] Los límites del poder reglamentario de la Ley, los señala la
necesidad de cumplir debidamente el estatuto desarrollado; si los
ordenamientos expedidos por el Congreso, suministran todos los elementos
necesarios para su ejecución, el órgano administrativo nada tendrá que
agregar y por consiguiente, no habrá oportunidad para el ejercicio de la
potestad reglamentaria. Pero, si en ella faltan los pormenores necesarios
para su correcta aplicación, opera inmediatamente la potestad para
efectos de proveer la regulación de esos detalles”13.
32. Según se advierte en la disposición legal reglamentada, los requisitos de
“trayectoria e idoneidad” no fueron definidos ni desarrollados por el legislador,
situación que resulta comprensible cuando se observa que, en atención a las
especificidades del sector educativo, estos elementos son de naturaleza
variable, por lo que, se insiste, “los pormenores necesarios para su correcta
aplicación” debían ser concretados y delimitados por normas especiales. El
Decreto Reglamentario debía entonces, dentro del marco general de la ley,
precisar algunas de las circunstancias para materializar la intención del
legislador.
33. Cuando se desciende a los cargos formulados, se observa que una de las
razones de nulidad presentadas por la demandante se concreta en la falta
de competencia del Ministerio de Educación Nacional para adoptar una
disposición propia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades,
prohibición que tendría una reserva exclusiva para la Constitución y la ley, y
que no atiende a las condiciones de idoneidad y trayectoria señaladas en el
artículo 27 de la Ley 715 de 2001.
34. Al respecto se observa que el numeral 2 del artículo 2.3.1.3.2.17 estableció,
dentro de las obligaciones que deben verificar las entidades territoriales y que
deben ser cumplidas por el contratista, la de asegurar que “no vincule
docentes, directivos docentes o personal administrativo de la planta de la
entidad territorial para la ejecución del contrato”. Aunque esta obligación
está en cabeza del contratista que prestará el servicio educativo en las
condiciones extraordinarias autorizadas por el legislador, en la práctica se
constituye en una prohibición que recae sobre el personal administrativo y
docente de la entidad territorial.
35. La entidad demandada justificó esta disposición (entre otros elementos)
en la insuficiencia y limitaciones para la prestación del servicio educativo que
debe exhibir la entidad territorial, y que debe tener en cuenta el “análisis de
la planta de personal docente y directivo docente de la entidad territorial
certificada”. No obstante, no puede pasarse por alto que la norma
demandada constituye una manifiesta prohibición para que el personal
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 2 de diciembre de 2013,
exp. 41719.
10 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
docente y administrativo, dentro de los límites legales y reglamentarios, y en
cumplimiento de la jornada laboral mínima de 8 horas (Decreto 1075 de 2015),
pueda adelantar actividades adicionales en aquellas instituciones que
pretendan contratar la prestación del servicio educativo. Lo que, en todo
caso, no es óbice para que los docentes y el personal administrativo atiendan
todas las demás prohibiciones y limitaciones establecidas en las disposiciones
que disciplinan su actuación.
36. La Corte Constitucional ha señalado, en varias oportunidades, que “el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos está
previsto en la Constitución y la ley”. En esa misma ocasión, agregó que “el
legislador no puede modificar los límites fijados directamente por el
constituyente en cuanto existen varias razones que impiden a la ley ampliar
este régimen”14.
37. En una oportunidad más reciente, la Corte Constitucional señaló (se
trascribe):
“Una serie importante de normas constitucionales establecieron
directamente el régimen de inhabilidades, prohibiciones e
incompatibilidades para determinados servidores públicos o para aquellas
personas con las que tengan lazos de familiaridad; otras, por el contrario,
confiaron en el legislador, la facultad para el diseño normativo de dichas
restricciones, al considerar que se trata de materias que, al no haber sido
establecidas por el texto superior, tienen reserva de ley15 y una vez proferida
la norma, se impone su interpretación restrictiva16 […] De manera general, la
facultad de configuración normativa atribuida al legislador en materia de
inhabilidades e incompatibilidades se funda en los artículos 123 de la
Constitución Política, al prever que los servidores públicos ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento y
que la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñen funciones públicas y en el numeral 23 del
artículo 150 de la Constitución Política, que atribuye al legislador la facultad
de expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas. Por su
parte, como se explicó anteriormente, en lo que concierne a la
determinación del régimen de inhabilidades para la celebración de
contratos con el Estado, se trata de un asunto que el último inciso del artículo
150 de la Constitución Política atribuyó al legislador, dentro de la facultad
para expedir el Estatuto de Contratación Estatal. Estas normas, confieren a
la ley, un fundamento amplio en lo relativo al establecimiento del régimen
de inhabilidades, tanto para el ejercicio de funciones públicas, como para
la celebración de contratos” (énfasis originales).
38. La violación a la reserva de ley para el establecimiento de las señaladas
prohibiciones se constituye en un vicio que afecta la competencia misma
para la adopción de la disposición demandada (numeral 2 del artículo
14 Corte Constitucional, Sentencia C-540 de 2001.
15 Cita original. “Siendo límite al ejercicio de derechos fundamentales y de libertades públicas, las circunstancias
generadoras de inhabilidades deben estar señaladas en la ley, como también sus consecuencias”: Corte
Constitucional, sentencia C-1016/12.
16 Cita original “El carácter reconocidamente taxativo y restrictivo de este régimen y el de las correlativas nulidades,
obedece a la necesidad de salvaguardar el interés general ínsito en la contratación pública de manera que implique
el menor sacrificio posible al derecho de igualdad y de reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aspiran
a contratar con el Estado”: Corte Constitucional, sentencia C-415/94. Reiterado en C-147/98 y C-1372/00.
11 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
2.3.1.3.2.17), falta de competencia que resulta suficiente para declarar la
nulidad del apartado demandado, sin que sea necesario avanzar en los
demás cargos de nulidad esgrimidos frente a este mismo artículo.
39. Ahora, frente al resto de artículos demandados no se advierte ningún
exceso en la potestad reglamentaria, ni la configuración de otro cargo de
nulidad. Las exigencias establecidas en los otros 3 artículos demandados
(2.3.1.3.3.3, 2.3.1.3.3.6 y 2.3.1.3.3.8) se limitan a determinar requisitos que
materializan la intención del legislador, como ocurre con el establecimiento
de un banco de oferentes, el cual, como lo concibe el propio Decreto 1851
de 2015, “corresponde al listado de establecimientos educativos no oficiales
de reconocida trayectoria e idoneidad en la prestación del servicio
educativo, conformado por la entidad territorial como mecanismo para
invitar, evaluar y habilitar a los posibles aspirantes a celebrar contratos para la
prestación del servicio educativo”.
40. A propósito de los cargos en contra de los artículos demandados,
2.3.1.3.3.3 y 2.3.1.3.3.8, que precisan la necesidad de que la contratación se
haga con los establecimientos inscritos en el banco de oferentes y la vigencia
del mismo banco, no se observa que se materialice ninguno de los reproches
de la actora. Si se estudia el contenido del Decreto 1851 de 2015 en su
conjunto, y no de manera aislada, se advierte que el mismo Decreto
estableció (además de la vigencia de la inscripción) las reglas y las etapas
para la conformación del banco de oferentes, los requisitos para ser
habilitado, la experiencia e idoneidad de los aspirantes a ser habilitados, así
como los criterios para la actualización del banco de oferentes (artículos
2.3.1.3.3.4 y siguientes).
41. Tal y como lo señala el artículo 2.3.1.3.3.8, sobre la vigencia del banco de
oferentes, la vocación transitoria de los 3 años que estableció el decreto
reglamentario, tiene como objetivo que la entidad territorial tenga un espacio
prudencial para lograr superar las condiciones de insuficiencia y de limitación,
tiempo durante el cual pueda contar con una lista de establecimientos
educativos que atiendan la reconocida trayectoria e idoneidad exigida por
la ley. El objetivo es tener a mano, previo una invitación y evaluación, a
posibles aspirantes que, como lo señaló el Ministerio de Educación Nacional,
cuenten con las condiciones técnicas, pedagógicas, administrativas y de
infraestructura necesarios para celebrar contratos para la prestación del
servicio educativo, sin que ello condicione la contratación, pues la entidad
territorial debe, en todo caso, observar la selección objetiva de sus
contratistas.
42. Que se establezcan requisitos para hacer parte de la lista del banco de
oferentes (situación que, en los términos del propio Decreto, no genera ningún
derecho a ser contratado por la entidad), como “contar con un proyecto
12 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
educativo institucional o un proyecto educativo comunitario aprobado por la
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada en la que se
prestará el servicio educativo [o] Acreditar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de experiencia e idoneidad”, no puede ser entendido como una
violación a la libertad de empresa, en especial, cuando se atienden las
exigencias propias de la prestación de un servicio educativo de calidad.
43. No puede perderse de vista que todas aquellas personas que cumplan
con los requisitos exigidos para integrar el banco de oferentes (condiciones
que concretan la pretensión del legislador de contar con personas de
reconocida “trayectoria e idoneidad”) pueden participar para ingresar e
integrar la lista.
44. En relación con el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.3.6, que trata sobre la
acreditación de la propiedad del establecimiento educativo mediante una
licencia del funcionario vigente, expedida por la entidad territorial certificada;
tal y como lo señaló el Ministerio Público en su concepto, “se puede evidenciar
que la acreditación de propiedad del establecimiento educativo no es más
que la capacidad e idoneidad que se requiere para la prestación de este
servicio. Por lo tanto, no es posible endilgar que esto vaya en contravía de lo
dispuesto en la ley, pues es coherente con el sentir del legislador”.
45. De esta manera, en concordancia con los argumentos presentados por la
entidad demandada, el que se deba acreditar la propiedad del
establecimiento educativo (no de un bien inmueble) no es más que un
requisito lógico, necesario y procedente para llegar a hacer parte de la lista
de oferentes, requisito que, por demás, está establecido para todas las
entidades dedicadas a la prestación de servicios de educación, sin excepción
alguna, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 715 de 2001.
46. Finalmente, a pesar de que la demandante también basó las razones de
la nulidad en la violación de otras disposiciones constitucionales (con todo y
que la ausencia de razones para sustentar la nulidad en la trasgresión a la
Constitución debería llevar a esta Sala a inhibirse de su estudio), no se advierte
la manera en la que se estarían violando los artículos 6 y 122 de la Constitución,
o el derecho de asociación y, menos aún, la orden del constituyente, dada al
legislador, para establecer un estatuto general de la contratación pública.
47. Las falencias argumentativas de la actora frente a estos cargos no
permiten evidenciar cómo, por un lado, las normas demandadas violarían la
obligación de que todo empleo público tenga sus funciones detalladas en la
ley o el reglamento (como tampoco el resto del contenido del artículo 122
constitucional, que trata, entre otros, de la obligación de prestar juramento
antes de entrar a ejercer funciones), o el principio de legalidad de que trata
el artículo 6 de la Constitución, ni tampoco cómo las normas demandadas
13 de 14
Radicación: 11001-03-26-000-2015-00158-00 (55631),
acumulado con 11001-03-26-000-2015-00159-00 (55658)
Demandante: Ana María Buitrago Escobar
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Referencia: nulidad simple
Decisión: accede parcialmente a las pretensiones
________________________________________________________________________________
serían violatorias del derecho de asociación, pues, sin duda, como lo sostuvo
el Ministerio de Educación Nacional, el dueño del establecimiento podrá
asociarse, solamente que el contrato se deberá “suscribir con el titular de la
licencia de funcionamiento, que es el dueño del establecimiento educativo”.
Por otro lado, tampoco se evidencia en qué manera los artículos demandados
pueden llegar a ser leídos como una violación a la obligación del legislador
de establecer un estatuto general de contratación, ya que los artículos lejos
están de poder ser entendidos como normas generales en materia
contractual de la administración pública.
48. En este mismo sentido, no se advierte la manera en la que las normas
demandadas puedan permitir el establecimiento de una posición de dominio
o que afecten la libertad de empresa, pues estas consideraciones son propias
de agentes económicos; mientras que la prestación del servicio educativo, en
las condiciones extraordinarias autorizadas por la ley, está a carga de
entidades sin ánimo de lucro, que no participan un mercado competido, sino
que fueron autorizadas para prestar un servicio público de educación en
entidades territoriales en las que se demuestre insuficiencia o limitaciones en
el sistema educativo oficial.
3. DECISIÓN
49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del numeral 2 del artículo 2.3.1.3.2.17 del
Decreto 1851 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, en
los términos establecidos en la presente Sentencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de las demandas.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el
expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firma electrónica Firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto
Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
14 de 14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.