Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2015-00162-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-26-000-2015-00162-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-26-000-2015-00162-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
6 de marzo de 2025
1
Radicado: 11001 03 24 000 2015 00162 00
Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Radicación núm.: 11001 03 26 000 2015 00162 00
Actor: José Guillermo Herrera Herrera
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Tesis: No es cierto que, en las disposiciones demandadas, al establecer la
clasificación de los establecimientos educativos según los resultados de las pruebas
SABER, asignen de manera exclusiva la responsabilidad del proceso educativo a
éstos, desvinculando de dicha obligación a la familia, el Estado y la sociedad.
No es cierto que en las disposiciones demandadas se clasificaron los
establecimientos educativos exclusivamente por sus resultados en las pruebas
SABER, ignorando sus condiciones sociales, culturales y familiares de los colegios.
No es nulo el acto administrativo por el cual se determinaron los parámetros para la
fijación de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar,
básica y media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para
el año escolar que inicia en el año 2016, si el demandante alega que los resultados
de las pruebas SABER no son un mecanismo idóneo y confiable para clasificación
de los colegios.
No es procedente analizar un cargo planteado en una demanda de nulidad, si el
demandante no precisa los procedimientos desconocidos por la disposición
demandada.
NULIDAD – ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la demanda instaurada en ejercicio del medio de control
de nulidad promovido por el señor José Guillermo Herrera Herrera en contra del
numeral 1° del artículo 2 y los artículos 3, 4 y 5 de la Resolución nro. 15883 del 28
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
de septiembre de 2015, “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de
las tarifas de matrículas y pensiones del servicio de educación prescolar, básica y
media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año
escolar que inicia en el 2016”, proferida por el Ministerio de Educación Nacional.
I. LA DEMANDA
1.1. Pretensiones
“II. PRETENSIONES
l.-Se decrete la nulidad parcial de la Resolución Nacional No.15883 de 28-SEP-
2015 del Ministerio de Educación Nacional MEN, específicamente en las
siguientes normas:1) Numeral 1° del Artículo 2, 2) Artículo 3, 3) Artículo 4°, 4)
Artículo 5°.
2.-Como consecuencia de lo anterior, que no se apliquen las normas declaradas
nulas, como parámetros para la fijación de tarifas de matrículas y pensiones del
servicio público educativo por parte de las Entidades Territoriales Certificadas.”1
1.2. Las disposiciones acusadas
A) Numeral 1 del artículo 2 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre
de 2015:
“Artículo 2. Criterios. Para la fijación de tarifas se deberán tener en cuenta las
siguientes variables:
1. El grupo del ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de
acuerdo con los resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2015.
sobre el 100% de las pruebas SABER evaluadas por el ICFES”.
B) Artículo 3 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 3. Clasificación de los establecimientos educativos según el índice
Sintético de Calidad Educativa (ISCE). Para que el establecimiento educativo
de carácter privado establezca el grupo ISCE al que pertenece para la fijación
de los incrementos con tarifas a que se refiere la presente Resolución, tomará
el valor más alto que haya obtenido en el ISCE 2015 en uno de los niveles
educativos que ofrezca, y de acuerdo con este seleccionará el grupo que le
corresponda, según la tabla que se presenta a continuación:
1
Folio 2 del Cuaderno Principal.
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”
C) Artículo 4 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 4. ISCE como indicador prioritario de servicios. A partir del año 2016,
uno de los indicadores prioritarios de servicios de que trata el literal e) del
artículo 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015 que se evaluará para clasificar a
los establecimientos educativos de carácter privado en el régimen Controlado
será el índice Sintético de Calidad Educativa 2015”.
D) Artículo 5 de la Resolución No.15883 del 28 de septiembre de 2015:
“Artículo 5. Clasificación de los establecimientos educativos de carácter privado
en régimen controlado por puntaje en el ISCE. El establecimiento educativo que
obtenga un puntaje en el ISCE 2015 inferior a 3.49 en el nivel de primaria o a
2.99 en los niveles secundaria o media, si los ofrece, pertenecerá a los grupos
ISCE 1 o 2 previstos en el artículo 3 y se clasificará en el régimen controlado
por haber obtenido una calificación inferior a los valores mínimos establecidos
para este indicador prioritario de servicios”.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Como normas infringidas el demandante señaló los artículos 1, 13, 25, 29, 67, 68 y
238 numeral 2° de la Constitución Política, los artículos 131, 137 y 149 del CPACA,
el artículo 4 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 7 de la Ley 715.
1.3.1. Sobre la vulneración del artículo 67 de la Carta Política, afirmó que el acto
acusado, al utilizar el ISCE 2015 como criterio para clasificar los establecimientos
educativos basado en los resultados de las pruebas SABER aplicadas por el ICFES,
atribuye exclusivamente a estas instituciones la responsabilidad del proceso
educativo. Indicó que esto desconoce lo previsto en la citada norma, que asigna
dicha responsabilidad de manera conjunta al Estado, la sociedad y la familia.
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Afirmó que, al fijarse como indicador principal del ISCE los resultados de las pruebas
SABER, se está dejando de lado los factores relacionados con el ambiente escolar
y en especial el de la familia, situaciones que causan un acto impacto en las
calificaciones, afectando así el posicionamiento de la institución educativa en los
valores mínimos y máximos del citado índice.
Señaló que lo afirmado por el Ministerio, en cuanto a que el índice permitiría medir
los ciclos educativos, resulta contradictorio por las siguientes razones: (i) el numeral
1 del artículo 2° del acto acusado establece que el ISCE será calculado con base
en los resultados de las pruebas de Estado, un enfoque que no refleja la realidad
de las instituciones ni de los alumnos. Esto vulnera el artículo 67 de la Constitución
Política, ya que no considera elementos fundamentales del concepto de calidad
educativa, como el equipo humano y las metodologías de enseñanza, y (ii) la
participación de la familia, pese a ser considerada un factor determinante en las
calificaciones a través del Día E de la Familia, no se refleja adecuadamente en el
proceso de educación y aprendizaje.
Argumentó que, con el acto acusado, se desconocía la corresponsabilidad
establecida en la norma previamente citada, la cual consagra que la educación es
un derecho y un servicio público con función social, cuya garantía compete al
Estado, la sociedad y la familia de manera conjunta. Asimismo, señaló que no era
procedente atribuir toda la responsabilidad de los resultados de las pruebas a un
solo agente, ya que dicha responsabilidad debe ser compartida entre los diversos
actores educativos. De no ser así, se incurriría en una vulneración de los principios
de responsabilidad, justicia, debido proceso, equidad, diversidad, accesibilidad,
inclusión y pertinencia, fundamentales en el sistema educativo.
1.3.2. Manifestó que se desconoció el artículo 13 de la Carta Política, al reglamentar
en los artículos acusados los criterios base para clasificar los establecimientos
educativos en cada uno de los regímenes para la prestación del servicio.
Comentó que la información utilizada para la medición corresponde a los resultados
de la prueba SABER, presentada por los estudiantes de las diferentes instituciones
educativas del país, sin considerar el carácter social, cultural y familiar que influye
en los resultados. Por lo tanto, es evidente la desigualdad que se genera, ya que
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las instituciones no operan bajo los mismos mecanismos de aprendizaje. Asimismo,
expresó que no es posible dar el mismo trato a todos los establecimientos
educativos en Cali, debido a los rangos socioculturales que dificultan una evaluación
uniforme.
Informó que los colegios que hacen parte del programa de ampliación de cobertura
educativa en el citado territorio se enfocan en atender población marginal o que
presentan dificultades sociales, lo que ha generado que dichos establecimientos se
vean en la obligación de configurar políticas educativas y enfocar su formación en
propuestas técnicas, aspecto que no es calificado en las pruebas de estado SABER,
colocándolas en una desventaja frente a los lugares que se enfocan únicamente en
lo académico, lo que demostraba que era necesario que se diera un trato diferente,
con un examen que tenga relación con cada proyecto institucional.
Manifestó que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del acto acusado, si las
instituciones educativas no alcanzan una calificación de tres coma cuarenta y nueve
(3.49) para primaria y dos coma noventa y nueve (2.99) para secundaria o media,
quedan automáticamente clasificadas en el régimen controlado y, en consecuencia,
no podrían ser habilitadas en el Banco de Oferentes, conforme a lo establecido en
el numeral 3 del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto número 1851 de 2015.
Señaló que tampoco se tuvo en cuenta el principio de diversidad, al no incluir en el
cálculo del ISCE las diferencias étnicas, geográficas, demográficas y sociales de los
niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se consideran factores como el progreso,
desempeño, eficiencia y ambiente escolar, dejando de lado el entorno sociocultural
y familiar. Esto genera que no se garantice plenamente el acceso y la permanencia
escolar para todas las personas.
1.3.3. “Inconsistencia de carácter técnico-jurídico que vician y hacen improcedente
tener en cuenta las pruebas SABER cómo insumo prioritario para el cálculo del
ISCE”2. Mencionó que las pruebas SABER, aplicadas a diferentes grados,
presentan diferencias significativas. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de
grado 11° se implementan criterios estrictos de vigilancia para evitar fraudes,
2
Folio 17 ibidem.
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incluyendo un sistema de cadena de custodia que no cumple con lo establecido. En
contraste, los estudiantes de los demás grados no están sujetos a supervisión, lo
que genera una diferencia en el grado de confiabilidad al momento de recolectar la
información. Por esta razón, no es adecuado valorar y calificar las pruebas utilizando
las mismas técnicas ni aplicar un tratamiento similar por parte del ICFES.
Advirtió que, al verificar el acto acusado, se observaba que para todas las pruebas
se les ofrecía el mismo grado de confiabilidad, sin tener en cuenta que las del grado
11° son vigiladas y las otras no; ello genera un error en la formula usada para
calcular el ISCE y una notable diferencia entre los alumnos, lo cual termina
afectando la clasificación de las instituciones educativas en el régimen controlado,
produciendo un perjuicio económico, social y laboral para las mismas.
Expuso que la forma en que se lleva a cabo las pruebas SABER y cómo se calcula
el ISCE demuestran que, al momento en el que son manipuladas para su
calificación, están expuestas a posibles errores y contaminantes, restándoles
confiabilidad. Por lo que no se les debería dar el alcance y la importancia que el acto
acusado pretende proporcionarles, pues lo que debería efectuar el ICFES es hacer
uso de métodos de análisis que se basen en principio de medición o fundamentos
científicos, que ofrezcan un respaldo teórico y experimental.
Ahora, sobre la idoneidad de las instituciones educativas, dijo que se trataba de un
requisito habilitante del ISCE, el cual no cumplía con los parámetros establecidos
por el Ministerio de Educación y, a su vez, no tiene en cuenta las acciones de las
entidades territoriales certificadas, puesto que el trámite normal es que se realicen
las actividades de supervisión y control del servicio educativo mediante auditorias,
interventorías, informes y visitas de los diferentes órganos de control, verificando el
Proyecto Educativo Institucional. Sin embargo, con la norma acusada, con la simple
calificación de la Prueba SABER, se está estableciendo la idoneidad y calidad de
los aspirantes a ser clasificado en algún régimen, desconociendo de esta manera
los elementos pedagógicos, sociales y culturales, y violando el principio de
autonomía y descentralización del artículo 7 de la Ley 715.
Manifestó que, si bien el Ministerio tenía la facultad de establecer el ISCE como
criterio base para la fijación de las tarifas y clasificación del régimen, dicha
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herramienta no le permite sancionar y ubicar a las instituciones educativas privadas
que no alcancen los puntajes en tales categorías, sin tener en cuenta los conceptos
de idoneidad y calidad.
1.3.4. Sostuvo que con las disposiciones acusadas se estaba vulnerando el
derecho al debido proceso, al no aplicar las normas que regulan los diferentes
procedimientos, y, además, se aparta de los postulados establecidos en el principio
de Berlín.
1.3.5. Aseguró que se vulneraba el derecho al trabajo, pues si una institución
educativa estaba prestando el servicio en la modalidad de cobertura educativa y
posteriormente resultó inhabilitada para conformar el Banco de Oferentes no podría
contratar el servicio, afectando al personal que lo integra.
Asimismo, adujo que el acto acusado se enmarcaba en la causal de vulneración de
norma superior, ya que con la determinación del ISCE como el ranking que permite
la clasificación de las instituciones educativas en el régimen correspondiente y para
la posterior conformación del Banco de Oferentes, no se cumplió con los principios
del Decreto 1851 de 2015; tampoco el de diversidad.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. El Ministerio de Educación respondió el libelo introductorio bajo los
argumentos que se sintetizan enseguida3:
2.1.1. Sobre la vulneración del artículo 67 Constitucional manifestó que el Decreto
nro. 1075 de 2015 estableció el reglamento general para definir las tarifas de
matrícula, pensión y cobros periódicos que se originan con la prestación del servicio
público de educación por parte de los establecimientos privados.
Indicó que el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 clasificó dichas instituciones en tres
(3) regímenes:
3
Visible a folios 69 A 73 ibídem.
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1. Libertad regulada: Las tarifas deben ajustarse a los criterios establecidos por
el Gobierno Nacional. Para su entrada en vigor, deben ser comunicadas a las
autoridades competentes con al menos sesenta (60) días calendario de
anticipación, acompañadas de los estudios de costos correspondientes.
2. Libertad vigilada: El Ministerio de Educación evalúa los servicios que se
pretenden prestar y las tarifas, las cuales deben aplicarse dentro de los rangos
establecidos por la entidad.
3. Régimen controlado: La autoridad competente fija los valores que puede
cobrar el establecimiento educativo privado, ya sea por decisión voluntaria del
establecimiento o por orden directa del Ministerio de Educación.
Comentó que el Ministerio de Educación es el competente para regular y ejercer la
inspección y vigilancia de la educación con el fin de garantizar la calidad del servicio,
tal como lo dispone el Decreto número 1075 de 2015. En cumplimiento de esta
función creó el ISCE, el cual no tiene un objetivo pedagógico vinculado a las pruebas
SABER, sino que proporciona información útil para que las instituciones conozcan
su estado actual y se comparen en el tiempo, con el propósito de servir como
indicador orientado al diseño de programas y políticas públicas.
Adujo que, bajo la misma finalidad, fueron creadas las pruebas de Estado en la Ley
115 de 1994, para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación de
los estudiantes, permitiéndole a las entidades competentes identificar las destrezas,
habilidades y valores que los alumnos desarrollan durante el proceso escolar,
independientemente de su procedencia y condiciones sociales, económicas y
culturales.
Afirmó que el demandante, al pronunciarse sobre el Decreto 869 de 2010, olvidó
indicar que la prueba SABER 11 se encontraba alineada con las evaluaciones de la
educación básica para proporcionar los informes necesarios a la comunidad, y,
además, cuenta con unos objetivos que se encuentran previsto en dicha norma.
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Resaltó que la prestación del servicio educativo no es competencia ni
responsabilidad exclusiva del Gobierno, dado que el Legislador ha establecido que
este puede ser ofrecido por particulares. En ese sentido, del artículo 67 de la
Constitución Política se infiere que la obligación de garantizar el acceso a la
educación recae de manera compartida en el Estado, la familia y la sociedad en su
conjunto. Esto demuestra que no se actuó en contravía de dicha norma, ya que son
las instituciones educativas las que asumen la responsabilidad directa de los
resultados en las pruebas SABER, dado que son ellas las prestadoras del servicio
educativo.
2.1.2. En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad, adujo que el servicio de
educación era prestado sin ninguna distinción a todos los niños en Colombia y que
la tesis del demandante se encuentra dirigida afirmar que los infantes que se
encuentran en condiciones sociales, económicas y culturales “difíciles” deben tener
una calidad de educación mínima, lo cual es reprochable.
Resaltó que la Ley 1324 de 2009 fijó los parámetros y criterios para organizar el
sistema de evaluación de resultados de calidad, los principios que deben regular la
práctica de la prueba realizada a través de los exámenes del Estado, y entre ellos
se encuentra la igualdad.
Aseguró que, para el actor, lo ilegal radica en la forma en que se aplican las pruebas
SABER; sin embargo, el acto acusado no reglamenta dicho examen, ya que su
regulación fue establecida en el Decreto número 869 de 2010. Por lo tanto, debió
demandarse directamente esta última normativa, dado que la Resolución número
15883 de 2015 se limitó a fijar las tarifas de matrículas y pensiones con base en la
evaluación institucional y los resultados del ISCE.
De igual forma, expuso que lo que se pretendía con el acto acusado era promover
la calidad de la educación, sin importar la zona de la ciudad en que se encontraran
los niños, pues el servicio no puede ser afectado dependiendo del sector en el que
se preste.
2.1.3. Frente a la vulneración del debido proceso, resaltó que en Colombia el ISCE
no era tomado con un ranking, pues no es un método de ordenación; además, los
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principios de Berlín no son aplicables en el país, debido a que no han sido
incorporados en el ordenamiento jurídico actual.
2.1.4. Por último, sobre el derecho al trabajo, mencionó que se estaba
desnaturalizando el medio de control de nulidad, pues el demandante lo que ha
buscado con la demanda es la protección de los derechos de los colegios de
carácter privado de Cali que no han cumplido con las condiciones de calidad para
poder ser contratistas de esa ciudad y así poder prestar el servicio de educación.
Advirtió que el hecho que las instituciones educativas no pertenezcan al Banco de
Oferentes para contratar con una entidad territorial como consecuencia de la baja
calificación obtenida en el ISCE, lo que las incluye en el régimen controlado, no
constituye una vulneración del derecho al trabajo. Señaló que dicha situación es
consecuencia de los bajos niveles de calidad del servicio prestado por los colegios.
III. AUDIENCIA INICIAL
3.1. El 13 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial.
Particularmente, se fijó el litigio en los siguientes términos:
“VI. FIJACIÓN DEL LITIGIO
El Despacho observa que, en relación con los hechos, las partes están de
acuerdo en lo siguiente:
El Ministerio de Educación profirió la Resolución No. 15883 del 28 de
septiembre de 2015, “Por la cual se establecen los parámetros para la fijación
de las tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar,
básica y media prestado por establecimientos educativos de carácter privado
para el año escolar que inicia en el 2016”.
De otra parte, están en desacuerdo en cuanto a que con la expedición del
numeral 1° del artículo 2°, así como con los artículos 3°, 4° y 5° de dicho acto
administrativo, se vulneraron normas superiores.
Lo anterior por cuanto el demandante alega que mediante aquellas
disposiciones se desconocieron los artículos 1°, 13, 25, 29, 67, 68 y 238,
numeral 2°, de la Constitución Política. Así como el artículo 4° de la Ley 115 de
1994¹ y el artículo 2.3.1.3.1.4 del Decreto 1851 de 2015², mientras que la
entidad demanda considera que la Resolución demandada se encuentra
ajustada a derecho.
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Siendo ello así, la Sala Unitaria advierte que la parte actora propone un cargo
de nulidad frente a las resoluciones demandadas, relacionado con la violación
de normas superiores, y en tal virtud, previo al análisis de la carga
argumentativa que corresponde al actor y teniendo en cuenta la demanda y su
contestación, se deberá definir si con la expedición de la Resolución No. 15883
del 28 de septiembre de 2015, el Ministerio de Educación Nacional infringió los
artículos 1, 13, 25, 29, 53, 67, 68 y 238 numeral 2, de la Constitución Política.
Así como el artículo 4 de la Ley 115 de 1994, el artículo 7 de la Ley 715 de 2001
y el artículo 2.3.1.3.1.4 del Decreto 1851 de 2015.
De encontrar que todas o alguna de las mencionadas disposiciones se
transgredieron, la Sala resolverá si es procedente declarar la nulidad del acto
que se cuestiona”4.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Mediante providencia del 6 de septiembre de 2019 se les concedió a las partes e
intervinientes el término de diez (10) días para alegar de conclusión, lapso dentro
del cual el Ministerio Público también podía rendir concepto.
4.1. En escrito del 12 de septiembre de 2019 el Ministerio de Educación
descorrió el traslado para alegar de conclusión reiterando los argumentos expuestos
en la contestación.5
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa rindió concepto
en el que expuso los siguientes argumentos:
Procedió analizar las normas que regulaban el servicio de educación.
Posteriormente señaló que la ilegalidad se presumía de la aplicación del ISCE por
parte del Gobierno Nacional para la fijación de las tarifas de las matrículas y
pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por los
establecimientos educativos privados.
4
Visible en el índice 50 del Sistema de Gestión SAMAI.
5
Visible a folios 163 a 179 ibidem.
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Informó que, de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015, el mencionado índice fue
creado como instrumento para medir la calidad educativa de los establecimientos
educativos y de las entidades territoriales certificadas, el cual se compone de cuatro
(4) aspectos, que son: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Por lo
tanto, al sumar cada uno de esos componentes se obtiene el resultado del nivel de
formación de cada colegio.
Mencionó que el único factor de medición no eran las pruebas SABER, pues, si bien
este tenía un mayor impacto en la calificación, también los factores de eficiencia y
ambiente escolar influían en ella, al contener un alto nivel de ponderación cualitativo
y cuantitativo.
Afirmó que el Gobierno, al implementar el ISCE para clasificar los establecimientos
educativos, fijar las tarifas de matrícula y pensión y definir quienes harán parte del
régimen controlado, estaba ejerciendo sus funciones de vigilancia, inspección y
regulación correspondientes.
Resaltó que las pruebas SABER eran un factor relevante más no determinante
dentro del ISCE, ya que dicho índice también pondera los factores de eficiencia y
ambiente escolar, lo que demuestra que las calificaciones no se basan netamente
en una valoración cuantitativa, sino también cualitativa. Por lo tanto, no se está
generando la vulneración del derecho a la igualdad, ya que el Ministerio también
tuvo en cuenta otros elementos al aplicar el concepto “trato diferente a situaciones
de hecho disimiles”; además, los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del
Decreto nro. 1075 de 2015, apuntan para tener en cuenta criterios como las
calificaciones, las clasificaciones y las maniobrabilidades de los colegios.
Sobre la garantía del debido proceso, expuso que se habían cumplido con cada uno
de los requisitos previsto en la ley, ya que estaba debidamente motivado y
fundamentado en las normas vigentes y con competencia.
VII. DECISIÓN
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No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir
el asunto sub-lite, previas las siguientes:
VIII. CONSIDERACIONES
8.1. Competencia
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de
lo previsto en los artículos 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
8.2. Planteamiento
De acuerdo con el escrito de la demanda y la contestación, la Sala observa que las
partes concuerdan en que, a través de las disposiciones demandadas, el MEN
reglamentó los parámetros para la fijación de las matrículas y pensiones del servicio
de educación preescolar, básica y media prestado por establecimientos educativos
de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2016.
Sin embargo, se plantea una discusión sobre si las disposiciones cuestionadas
desconocieron los artículos 67 y 68 de la Constitución Política y 4 de la Ley 115 de
1994. Según el demandante, al determinar que los establecimientos educativos
serían clasificados en el ISCE 2015 con base en las pruebas SABER, se estaría
asignando la responsabilidad de la educación de los alumnos exclusivamente a
dichos establecimientos, desvinculando de esta obligación a la familia, el Estado y
la sociedad. Por su parte, la entidad demandada sostiene que no se vulnera dicha
norma, ya que los establecimientos educativos son responsables de los resultados
de estas pruebas, en tanto encargados de la prestación de ese servicio.
Por otro lado, el accionante argumentó que se vulneró el artículo 13 de la
Constitución Política, ya que los actos impugnados clasificaron a los
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establecimientos educativos en función de los resultados de las pruebas SABER,
sin tener en cuenta las condiciones sociales, culturales y familiares de los
estudiantes y colegios. En cambio, la entidad demandada y el Ministerio Público
sostuvieron que el acto cuestionado no infringe el derecho a la igualdad, ya que las
pruebas SABER no son el único factor que influye en la determinación de las tarifas
y, además, en dicho acto no se impide el acceso a la educación para los estudiantes.
En relación con la "inconsistencia de carácter técnico-jurídico que vician y hacen
improcedente la utilización de las pruebas SABER como insumo prioritario para el
cálculo del ISCE"6, el demandante critica que se utilice dicha prueba no se
constituye como un mecanismo idóneo y confiable para la clasificación de los
establecimientos educativos. En cambio, para la cartera ministerial demandada, no
es posible analizar este reparo, pues lo que se está atacando es la forma en que se
aplica el mencionado examen, sin que el acto censurado haya fijado ese
procedimiento, ya que esto fue realizado en el Decreto número 869 de 2010.
Refirió que se vulneró el derecho al debido proceso dado que, en la emisión de la
decisión enjuiciada, no se aplicaron las normas que regulan los diferentes
procedimientos y, además, se apartó de los postulados establecidos en los
principios de Berlín. En contraste, para el MEN no se desconoció dicho principio,
toda vez que no está incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano.
Asimismo, controvierten si se desconoció el derecho al trabajo, pues para el
demandante, si una institución educativa resulta inhabilitada para conformar el
Banco de Oferentes, no podría contratar el servicio, lo que afectaría al personal que
lo integra. Mientras que para la entidad demandada con dicho cargo se
desnaturaliza el medio de control de nulidad, dado que, en su criterio, con el libelo
introductorio lo que se buscaba era la protección de los derechos de los colegios de
carácter privado que no han cumplido con las condiciones de calidad para ser
contratistas y así poder prestar el servicio de educación.
8.3. De la discusión sobre la vulneración de los artículos 67 y 68 de la
Constitución Política y 4 de la Ley 115 de 1994
6
Folio 17 ibidem.
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Deberá dilucidarse si es nulo, por vulneración de normas superiores, el acto
administrativo por el cual se determinaron los parámetros para la fijación de las
tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y
media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año
escolar que inicia en el año 2016, si el demandante alega que, al establecer la
clasificación de los establecimientos educativos según los resultados de las pruebas
SABER, asigna de manera exclusiva la responsabilidad del proceso educativo a
éstos, desvinculando de dicha obligación a la familia, el Estado y la sociedad.
Con miras a resolver ese interrogante, es importante señalar que el servicio de
educación en Colombia tiene rango constitucional y se expresa de la forma que a
continuación se enuncia:
“Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a
la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que
señalen la Constitución y la ley.” (Subrayas de la Sala).
Siendo ello así, es claro que es deber del Estado regular y supervisar de manera
integral el sistema educativo, asegurando la calidad de la enseñanza, el
cumplimiento de sus objetivos y la óptima formación moral, intelectual y física de los
estudiantes. Asimismo, debe garantizar una cobertura adecuada del servicio
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educativo y proporcionar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y continuidad dentro del sistema.
El desarrollo legal se halla contenido en la Ley 115 de 1994, “Por la cual se expide
la ley general de educación”, definiendo para el efecto la estructura del servicio
educativo, modalidades de atención educativa a poblaciones, organización para la
prestación del servicio educativo, de los educandos, de los educadores, de los
establecimientos educativos, dirección, administración, inspección y vigilancia,
financiación de la educación, normas especiales para la educación impartida por
particulares y disposiciones varias.
Por su parte, el artículo 3º ibidem determinó que el servicio educativo podría ser
prestado por entidades estatales o por particulares que cumplan las condiciones
que para esos efectos determine el Gobierno Nacional; veamos:
“Artículo 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será
prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los particulares
podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su
creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del
Gobierno Nacional.
De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones
educativas de carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro.
Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los
derechos económicos de las instituciones educativas.” (Subrayas de la Sala).
Igualmente, es oportuno señalar que, dentro de la estructura del servicio educativo,
la Ley 115 de 1994 distinguió tres (3) tipos de modalidades para su prestación; estos
son: (a) la educación formal, (b) la educación no formal7 y (c) educación informal.
En lo que hace a la primera modalidad la entendió como aquella que está
organizada en los niveles preescolar, básica y media, los cuales son desarrollados
en ciclos lectivos y que están sujetos a pautas curriculares progresivas y
conducentes para la obtención de grados y títulos; por su parte, la educación no
formal no cuenta con niveles y grados y su fin es complementar, actualizar, suplir
conocimientos y formar a los estudiantes en aspectos académicos o laborales; por
último, la educación informal fue definida como todo conocimiento libre y
7
La denominación de la educación no formal varió por el artículo 1º de la Ley 1064 de 2006 a
“educación para el trabajo y desarrollo humano”.
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espontáneamente adquirido, el cual puede provenir de personas, entidades, medios
masivos de comunicación, costumbres, comportamientos sociales y otros no
estructurados.
En efecto, respecto de la educación formal, el artículo 10 ibidem la definió así:
“Artículo 10. Definición de educación formal. Se entiende por educación
formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en
una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares
progresivas, y conducente a grados y títulos.”.
Además, el artículo 11 ibidem contempló que esa modalidad estaba organizada en
los siguientes niveles:
“Artículo 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se
refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y
la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales
las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente”.
Por otro lado, en relación con las tarifas establecidas por los colegios privados que
ofrecen educación formal, estas se agrupan en tres (3) regímenes: (i) libertad
regulada, (ii) libertad vigilada y (iii) régimen controlado, dependiendo del desempeño
de cada establecimiento. Al respecto, el artículo 202 de la Ley 115 de 1994 dispone
lo siguiente:
“Artículo 202. Costos y tarifas en los establecimientos educativos
privados. Para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos
originados en la prestación del servicio educativo, cada establecimiento
educativo de carácter privado deberá llevar los registros contables necesarios
para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes.
Para el cálculo de tarifas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La recuperación de costos incurridos en el servicio se hará mediante el cobro
de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representen
financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de
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reposición, a los de mantenimiento y reservas para el desarrollo futuro y, cuando
se trate de establecimientos con ánimo de lucro, una razonable remuneración a
la actividad empresarial. Las tarifas no podrán trasladar a los usuarios los costos
de una gestión ineficiente;
b) Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o
redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y
permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos;
c) Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos
deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa. Deben permitir una
fácil comparación con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que
posibilite al usuario su libre elección en condiciones de sana competencia, y
d) Las tarifas permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que
garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y
atendiendo los anteriores criterios, reglamentará y autorizará el establecimiento
o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno
de los siguientes regímenes:
1. Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los
criterios fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación
Nacional, sólo requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la
autoridad competente con sesenta (60) días calendario de anticipación,
acompañadas del estudio de costos correspondiente. Las tarifas así propuestas
podrán aplicarse, salvo que sean objetadas.
2. Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un
establecimiento serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio
de Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro
requisito que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada
categoría de servicio, por la autoridad competente.
3. Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al
establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o
por determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere
necesario para evitar abusos del régimen de libertad.
El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades
territoriales, hará evaluaciones periódicas que permitan la revisión del régimen
que venga operando en el establecimiento educativo para su modificación total
o parcial” (Subrayas de la Sala).
Ahora, para el establecimiento de las tarifas dentro del régimen de libertad vigilada
los artículos 2.3.2.2.2.1. y 2.3.2.2.2.2. del Decreto 1075 de 2015 dispusieron:
“Artículo 2.3.2.2.2.1. Definición. De conformidad con el artículo 202 de la Ley
115 de 1994, el régimen de libertad vigilada es el aplicable al establecimiento
educativo privado que previa evaluación y clasificación de los servicios que
viene prestando y de los que ofrece prestar para el año académico siguiente, le
permite la adopción de tarifas de matrículas y pensiones, dentro de los rangos
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de valores preestablecidos para la categoría de servicio en que resulte
clasificado, de acuerdo con este Capítulo.
Para la determinación de las tarifas dentro de los rangos, el establecimiento
educativo deberá atender los criterios que para el efecto defina el Manual que
expida el Ministerio de Educación Nacional” (Subrayas de la Sala).
“Artículo 2.3.2.2.2.2. Procedencia. El establecimiento educativo privado podrá
aplicar el régimen de libertad vigilada para el cobro de matrículas y pensiones,
siempre y cuando del proceso de evaluación y clasificación que debe efectuar
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.2.2.1.5. de este Decreto, constate
haber obtenido un puntaje total por indicadores prioritarios de servicios, igual o
superior al dispuesto como mínimo en el Manual que expida el Ministerio de
Educación.
Adicionalmente, para que los establecimientos educativos privados puedan
aplicar el régimen de libertad vigilada, a partir de la primera revisión del Manual
ordenada en el inciso tercero del artículo 2.3.2.2.1.5. de este Decreto, deberán
además acreditar que todos los indicadores prioritarios de servicios tienen una
calificación igual o superior a la dispuesta como mínima para la categoría de
base.
En caso contrario, el establecimiento educativo privado deberá someterse al
régimen controlado, de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo
2.3.2.2.4.2. de este Decreto” (Subrayas de la Sala).
A su vez, sobre el régimen de libertad regulada los artículos 2.3.2.2.3.1. y
2.3.2.2.3.2. ibidem, prevén:
“Artículo 2.3.2.2.3.1. Ámbito de aplicación. La presente Sección aplica a los
establecimientos educativos privados que ofrezcan los niveles o ciclos de
educación preescolar, básica y media que aspiran a clasificarse en el régimen
de libertad regulada para la fijación de tarifas del servicio educativo”.
“Artículo 2.3.2.2.3.2. Aplicación del régimen de libertad regulada. Podrá
aplicar el régimen de libertad regulada el establecimiento educativo privado que
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
1. Que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2253 de 1995, en
la manera en que queda compilado en el presente Decreto, y en el Manual de
Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados, adoptado
por el Ministerio de Educación Nacional.
2. Que cuente con un certificado vigente de un sistema de gestión de calidad,
expedido en los términos que se prevén en este Capítulo.
3. Que aplique un modelo de reconocimiento de gestión de calidad, validado en
los términos de este Capítulo y que demuestre haber obtenido el estándar de
suficiencia mínima que establezca el modelo para su reconocimiento ”.
Entre tanto, en relación con el régimen controlado, los artículos 2.3.2.2.4.1. y
2.3.2.2.4.2. ibidem, contemplaron:
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“Artículo 2.3.2.2.4.1. Ámbito de aplicación. De conformidad con el artículo
202 de la Ley 115 de 1994, el régimen controlado es el aplicable al
establecimiento educativo privado para efectos del cobro de tarifas de
matrículas, pensiones y cobros periódicos, por sometimiento voluntario de éste
o por determinación del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad que
éste delegue, cuando se compruebe la existencia de infracciones a los
regímenes ordinarios previstos en la ley y en el presente Capítulo.
La autoridad competente definida en el artículo 2.3.2.2.1.2. del presente
Decreto, fijará las tarifas a los establecimientos educativos sometidos a este
régimen”
“Artículo 2.3.2.2.4.2. Causales. Los establecimientos educativos privados
ingresarán al régimen controlado cuando incurran en una o varias de las
siguientes infracciones:
a) Falsedad en la información suministrada por el establecimiento educativo
privado para la adopción de uno de los regímenes ordinarios;
b) Incumplimiento de los requisitos y criterios señalados en el presente Capítulo
para adoptar uno de los regímenes ordinarios;
c) Cobro de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos superiores y
diferentes a los comunicados a las secretarías de educación departamentales y
distritales;
d) Cuando dejen de existir las condiciones de calidad de los servicios que dieron
origen a la clasificación del establecimiento en el régimen de libertad vigilada o
a su acceso al régimen de libertad regulada;
e) Cuando al someterse al proceso de evaluación y clasificación, el
establecimiento educativo privado no alcance el puntaje para clasificarse en la
categoría de base o alguno de los indicadores prioritarios de servicios, tenga
una calificación inferior a la dispuesta como mínima para dicha categoría.
Parágrafo. Si como consecuencia de la evaluación y clasificación inicial de los
servicios que viene prestando el establecimiento educativo privado, ocurriera
que la tarifa anual comprendida en ella, los valores de matrícula y pensiones
que venía cobrando, resultara superior a los rangos que corresponden a la
clasificación obtenida de acuerdo con el Manual, deberán ingresar al régimen
controlado”.
Lo hasta aquí expuesto es relevante, pues permite entender el contexto de emisión
del acto enjuiciado. En efecto, en la Resolución nro. 15883 del 28 de septiembre de
2015 se determinaron los parámetros para la fijación de las tarifas de matrículas y
pensiones de establecimientos de carácter privado de educación formal para el año
2016. Particularmente, en el numeral 1 del artículo 2º del acto enjuiciado se
determinó que la tarifa de los establecimientos educativos de carácter privado para
el anotado periodo se establecería, entre otras, por el grupo ICSE en el que se
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clasifique el establecimiento educativo, de acuerdo con las pruebas saber evaluadas
por el ICFES, como puede evidenciarse enseguida:
“Artículo 2o. Criterios. Para la fijación de tarifas se deberán tener en cuenta
las siguientes variables:
1. El grupo del ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de
acuerdo con los resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2015,
sobre el 100% de las pruebas Saber evaluadas por el ICFES.
2. El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el
establecimiento educativo, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015”
(Subrayas de la Sala).
Ahora, en lo que hace a las pruebas SABER, que son el criterio que reprocha el
demandante en este punto, se observa que el artículo 1 del Decreto 869 de 2010
las define como un instrumento estandarizado para la evaluación externa, y
determinó que sus objetivos eran los siguientes:
“Artículo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación
Media, ICFES - SABER 11°, que aplica el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (ICFES) es un instrumento estandarizado para la
evaluación externa, que conjuntamente con los exámenes que se aplican en los
grados 5°, 9° y al finalizar el pregrado, hace parte de los instrumentos que
conforman el Sistema Nacional de Evaluación. Tiene por objetivos:
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes
que están por finalizar el grado undécimo de la educación media.
b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su
autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida.
c) Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las
competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior,
así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el
diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción en
este nivel.
d) Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos
educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de
competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de
Educación Nacional.
e) Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de
valor agregado, tanto de la educación media como de la educación
superior.
f) Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de
calidad de la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia
del servicio público educativo.
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g) Proporcionar información a los establecimientos educativos que
ofrecen educación media para el ejercicio de la autoevaluación y para que
realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas pedagógicas.
h) Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el
establecimiento de políticas educativas nacionales, territoriales e
institucionales” (Subrayas y negrillas de la Sala).
Así, la pruebas SABER son elaboradas por el Estado en el ejercicio de sus funciones
de inspección, vigilancia y control sobre las instituciones educativas, con el
propósito de evaluar la calidad de la educación, identificar las debilidades del
sistema educativo y recopilar información que sirva para formular políticas públicas
orientadas a su mejoramiento. Asimismo, estas pruebas permiten detectar las
brechas de aprendizaje entre regiones o grupos poblacionales, facilitando el diseño
de estrategias que promuevan la equidad y reduzcan las desigualdades en el
acceso a una educación de calidad.
En otras palabras, el establecimiento de dichas pruebas como uno de los criterios
para la determinación de las tarifas de los establecimientos educativos constituye
un parámetro objetivo que permite valorar de manera imparcial las competencias y
aptitudes de los centros de enseñanza, garantizando así una relación más
transparente entre la calidad educativa ofrecida y los costos asociados a su
prestación.
En consecuencia, la Sala considera que el uso de las pruebas SABER como uno de
los parámetros para la fijación de las tarifas de los establecimientos educativos tiene
como propósito garantizar una evaluación objetiva de la calidad del servicio
educativo ofrecido. Este criterio no desvirtúa ni excluye el rol fundamental que
desempeñan la sociedad, el Estado y la familia en el proceso educativo ya que lo
que buscan es evaluar el desempeño de las instituciones educativas con miras a
garantizar una educación de calidad.
En otras palabras, las disposiciones demandadas no imponen restricciones ni
limitaciones a los demás actores en el proceso educativo, quienes aún encuentran
en su obligación constitucional el continuar apoyando el mismo. Por el contrario,
buscan valorar la calidad del servicio ofrecido por los colegios.
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Por ende, es claro que el cargo parte de un fundamento erróneo, pues no es cierto
que en las decisiones censuradas se límite para participación de la sociedad, El
Estado y la familia en el proceso educativo.
8.4. Del cargo de desconocimiento del derecho a la igualdad
Se deberá definir si es nulo, por vulneración de normas superiores, el acto
administrativo por el cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas
de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media,
prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar
que inicia en el año 2016, si el demandante alega que en las disposiciones
demandadas se clasificaron los establecimientos de educación exclusivamente por
sus resultados en las pruebas SABER, ignorando sus condiciones sociales,
culturales y familiares de los colegios. Con miras a resolver a ese interrogante,
deberá determinarse si el fundamento del cargo es cierto.
Pues bien, es necesario reiterar que en el numeral 1 del artículo 2 de la Resolución
demandada se determinó como criterio para la fijación de tarifas el grupo ISCE en
el que se clasifica el establecimiento educativo, de acuerdo con los resultados
obtenidos en este indicador en el año 2015, sobre el cien por ciento (100%) de las
pruebas SABER evaluadas por el ICFES.
La norma en contexto prevé:
“Artículo 2o. Criterios. Para la fijación de tarifas se deberán tener en cuenta
las siguientes variables:
1. El grupo del ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de
acuerdo con los resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2015,
sobre el 100% de las pruebas Saber evaluadas por el ICFES.
2. El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el
establecimiento educativo, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015”
(Subrayas de la Sala).
En ese orden, en cuanto al ISCE es relevante señalar que, con las pruebas
aportadas en la contestación de la demanda, el MEN presentó un documento
denominado “Alcances e Inconsistencias del Índice Sintético de Calidad Educativa
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(ISCE), diseñado y aplicado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año
2015”8, elaborado por la Fundación IQ Matrix – Iniciativas para la sociedad del
conocimiento. Particularmente, en dicho informe se indicó que los siguientes eran
los componentes del ISCE:
“1.7. Los componentes que hacen parte del ISCE, son:
(…)
1.7.3. Eficiencia: mediante este componente se busca balancear el puntaje
obtenido en Desempeño, pues si bien tenemos como propósito obtener mejores
puntajes promedio, también debemos buscar que la mayoría de los estudiantes
alcancen los logros propuestos para cada grado escolar. El valor asignado en
este componente corresponde a la tasa de aprobación, es decir al número de
estudiantes que aprueban el año y son promovidos al siguiente grado. Para
primaria y secundaria el valor de eficiencia corresponde al valor reportado por
cada colegio en SIMAT sobre su tasa de aprobación (es decir daría máximo 1
punto en el ISCE). Para el caso de la Media, el valor de este componente se
duplica, la tasa de aprobación por dos ( dando máximo 2 puntos en el ISCE).
Dado que en la educación no se cuenta con datos de ambiente escolar, Por lo
tanto, para todos los colegios el componente ambiente escolar en la media
aparecerá N.R. se debe tener presente que los establecimientos educativos que
no reportan tasa de aprobación, tendrán un "cero" en el aporte de este
componente al índice.
1.7.4. Ambiente escolar: Este componente busca caracterizar el ambiente
escolar en el que se desarrollan las clases recibidas por los estudiantes. Este
componente se divide en dos criterios: Seguimiento al aprendizaje de los
estudiantes en el aula y el segundo, al ambiente de aula. El valor de ambiente
escolar resulta de hacer análisis factoriales (que el MEN no hace explícitos) a
la encuesta de factores asociados que aplica el ICFES junto con las pruebas
SABER de grados 50 y 90, para identificar que ocurre con los dos criterios que
lo componen en los establecimientos educativos, esto con base en las
respuestas que los estudiantes dan en estas encuestas. Los establecimientos
educativos que no entreguen los cuadernillos de la encuesta de factores
asociados, tendrán un "cero" en el aporte de este componente al Índice,
componente que máximo daría 1 punto de los 10 posibles que un
establecimiento educativo puede obtener en el ISCE”9 (Subrayas de la Sala).
Así las cosas, la Sala observa que, tal como lo indicó el Ministerio Público en su
intervención, aunque las pruebas SABER constituyen un factor preponderante en la
medición del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), no son el único criterio
considerado para la clasificación de las instituciones educativas. En efecto, como
se vio, para la clasificación del ISCE también se valora la eficiencia de los colegios
representada en la tasa de aprobación de los estudiantes que son promovidos al
siguiente grado, así como el ambiente escolar en que se desarrollan las clases.
8
Visible a folio 75 del Cuaderno del Tribunal.
9
Visible a folios 75 a 91 del Cuaderno del Tribunal.
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Radicado: 11001 03 24 000 2015 00162 00
Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
Lo anterior resulta relevante, ya que evidencia que el cargo formulado parte de una
premisa incorrecta, pues no es cierto que las pruebas SABER constituyan el único
factor considerado para el establecimiento de las tarifas en el acto enjuiciado; como
se vio, también se toma en cuenta la clasificación del grupo ISCE que incluye, entre
otros elementos, los factores de eficiencia y ambiente escolar.
Adicionalmente, es importante resaltar que el acto enjuiciado tiene como propósito
evaluar las condiciones en las que se presta el servicio educativo, basándose en
criterios objetivos. Esta evaluación busca garantizar el acceso universal a una
educación de calidad para todos los habitantes del territorio nacional. En
consecuencia, no asiste razón al demandante al sostener que deben considerarse
factores económicos, sociales y culturales específicos de cada institución educativa
en lugar de las pruebas, ya que esto podría restringir el acceso a una educación de
calidad para las poblaciones vulnerables, convirtiéndola en un privilegio reservado
para unos pocos, dado que no sería posible evaluar los índices de calidad de las
primeras.
En suma, el cargo no prospera.
8.5. Del cargo relacionado con la "inconsistencia de carácter técnico-
jurídico que vician y hacen improcedente la utilización de las pruebas SABER
como insumo prioritario para el cálculo del ISCE"10
Al respecto se tendrá que absolver si es nulo el acto administrativo por el cual se
determinaron los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones
del servicio de educación preescolar, básica y media, prestado por establecimientos
educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el año 2016, si el
demandante alega que los resultados de las pruebas SABER no son un mecanismo
idóneo y confiable para clasificación de los colegios.
10
Folio 17 ibidem.
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
En ese orden, es menester indicar que, conforme con el artículo 27 de la Ley 30 de
1992, los exámenes de estado tienen por finalidad comprobar los niveles mínimos
de aptitudes y conocimientos, como se puede evidenciar enseguida:
“Artículo 27. Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter
oficial que tienen por objeto:
a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos.
b) Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los
egresados de programas cuya aprobación no esté vigente.
c) Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se
hayan adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido
suspendida o cancelada.
d) Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados
en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la
Educación Superior (CESU)”.
Mientras que, el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009, prevé:
“Artículo 7o. Los exámenes de estado. Para cumplir con sus deberes de
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la
calidad de la educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con
sujeción a los parámetros y reglas de esta ley, se practiquen “Exámenes de
Estado”. Serán “Exámenes de Estado” los siguientes:
a) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes
terminan el nivel de educación media; o a quienes deseen acreditar que han
obtenido los conocimientos y competencias esperados de quienes terminaron
dicho nivel.
b) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes
terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior.
La práctica de los “Exámenes de Estado” a los que se refieren los literales
anteriores es obligatoria en cada institución que imparta educación media y
superior. Salvo circunstancias excepcionales, previamente definidas por los
reglamentos, cada institución presentará tales exámenes a todos los alumnos
que se encuentren registrados exclusivamente en el nivel o programa
respectivo.
Los “Exámenes de Estado” a los que se refieren los literales anteriores tendrán
como propósito evaluar si se han alcanzado o no, y en qué grado, objetivos
específicos que para cada nivel o programa, según el caso, señalan las
Leyes 115 de 1994 y 30 de 1992 y sus reglamentos, las que las modifiquen o
complementen.
Los exámenes se efectuarán de acuerdo con los criterios y parámetros que
establece el artículo 1o de esta ley. La estructura de los exámenes deberá
mantenerse por períodos no menores a 12 años, sin perjuicio de que se incluyan
áreas o estudios particulares que no alteren su comparabilidad en el tiempo.
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
La presentación de los “Exámenes de Estado” es requisito para ingresar a los
programas de pregrado y obtener el título respectivo.
El ICFES administrará en forma independiente la información resultante de los
“Exámenes de Estado”, y reportará los resultados a los evaluados, así como al
Ministerio de Educación Nacional, a las entidades territoriales, a las
instituciones educativas y el público general, en los términos previstos en esta
ley.
Con base en estos resultados, el Ministerio de Educación Nacional y las
entidades territoriales establecerán bancos de proyectos de mejoramiento de la
calidad de la educación, y podrán destinar recursos para financiarlos, de
acuerdo con la reglamentación que para tal efecto establezca el Gobierno
Nacional en cuanto a las prioridades para la asignación de recursos y los
incentivos a las instituciones de educación básica y media que muestren
mejoras.
El Ministerio de Educación deberá implementar planes de mejoramiento en las
instituciones educativas de nivel de educación media, con calificaciones en los
exámenes de Estado por debajo de la media nacional; serán coordinados por
las secretarías de educación territoriales.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los 12 meses siguientes
a la promulgación de la presente ley.
La comunidad educativa y en especial las universidades, tienen derecho a
conocer las características de los “Exámenes de Estado” y metodología con la
que se preparan.
El ICFES, en la realización de los “Exámenes de Estado”, debe hacerlo en
condiciones que cubran todos sus costos, según criterios de contabilidad
generalmente aceptados.
Los costos se establecerán de acuerdo con la Ley 635 de 2000. Una parte o
todos esos costos se recuperarán con precios que se cobren a los evaluados,
según su capacidad de pago. El recaudo se hará siempre por cuenta y riesgo
del ICFES e ingresará a su patrimonio” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 1 del Decreto 869 de 201011 determinó que los anotados
exámenes, entre otras, buscan comprobar el grado de desarrollo de las
11
“Artículo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de la Educación Media, ICFES -
SABER 11°, que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) es un
instrumento estandarizado para la evaluación externa, que conjuntamente con los exámenes que se
aplican en los grados 5°, 9° y al finalizar el pregrado, hace parte de los instrumentos que conforman
el Sistema Nacional de Evaluación. Tiene por objetivos:
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por
finalizar el grado undécimo de la educación media.
b) Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de
su proyecto de vida.
c) Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los
aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son
admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención
de la deserción en este nivel.
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
competencias de los estudiantes, monitorear la calidad de educación de los
establecimientos educativos del país y servir como fuente de información para la
construcción de indicadores de calidad de la educación.
En concordancia con lo anterior, en el documento denominado “Alcances e
Inconsistencias del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), diseñado y
aplicado por el Ministerio de Educación de Colombia en el año 2015”12, elaborado
por la Fundación IQ Matrix – Iniciativas para la sociedad del conocimiento, se indicó
que las pruebas SABER, como componente del ICSE, tenían por finalidad evaluar
el progreso y desempeño de las instituciones educativas, así:
“1.7. Los componentes que hacen parte del ISCE, son:
1.7.1. Progreso: Este componente busca medir qué tanto ha mejorado el
establecimiento educativo en relación con los resultados que obtuvo el año
anterior. Es decir, se trata de una comparación consigo mismo, independiente
del promedio o desempeño obtenido. Considera el cambio en el porcentaje de
estudiantes ubicados en el quintil inferior de la prueba Saber 11o o en el nivel
de desempeño insuficiente en Saber 30, 50 y 90. Esto quiere decir que a medida
que el porcentaje de estudiantes en el quintil 1 y en el nivel de desempeño
insuficiente disminuye, la excelencia aumenta. Este componente da un máximo
de 4 puntos de los 10 posibles que un establecimiento educativo puede obtener
en el ISCE.
1.7.2. Desempeño: Con este componente se busca incentivar mejores
resultados promedios en las pruebas SABER. La calificación de este
componente depende directamente del puntaje promedio del establecimiento
educativo en los grados y áreas tenidos en cuenta en cada ciclo escolar. Se
tienen en cuenta los resultados de las pruebas Saber en Matemáticas y
Lenguaje. Entre mayor sea el puntaje promedio obtenido por el establecimiento
educativo en estas pruebas, mayor será la calificación obtenida en Desempeño,
dando un máximo de 4 puntos de los 10 posibles que un establecimiento
educativo puede obtener en el ISCE” 13 (Subrayas de la Sala).
d) Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con
fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos
por el Ministerio de Educación Nacional.
e) Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto
de la educación media como de la educación superior.
f) Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la
educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público
educativo.
g) Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media
para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de
sus prácticas pedagógicas.
h) Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de
políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales” (Subrayas y negrillas de la Sala).
12
Visible a folio 75 del Cuaderno del Tribunal.
13
Visible a folio 80 del Cuaderno Principal
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
Por ende, es claro que las pruebas SABER sí son un mecanismo idóneo y confiable
para evaluar el desempeño y progreso de los establecimientos educativos en el
ICSE.
Ahora bien, no se pasa por alto que el demandante cuestiona su validez,
argumentando que son altamente manipulables. Sin embargo, dicha afirmación no
desvirtúa su utilidad como herramienta de evaluación, pues, como se ha señalado,
su finalidad es medir las aptitudes y conocimientos de los estudiantes y, en
consecuencia, la calidad de la educación impartida en los establecimientos
educativos.
Además, su aplicación y procesamiento deben estar previstos en los actos
administrativos que regulan cuáles son los controles y mecanismos de verificación
en su presentación, los cuales no han sido objeto de cuestionamiento en este
proceso. En ese sentido, no es posible evaluar su legalidad en esta sede.
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
8.6. Del cargo de vulneración al debido proceso
Se resolverá si es nulo, por desconocimiento del derecho al debido proceso, el acto
administrativo por el cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas
de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media,
prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar
que inicia en el año 2016, si el demandante sostiene que para su emisión no se
aplicaron las normas que regulan los diferentes procedimientos y, además, se
apartó de los postulados establecidos en los principios de Berlín.
Al respecto, es pertinente indicar que sobre este punto en la demanda se sostuvo
lo que se transcribe enseguida:
“EL DEBIDO PROCESO
El Art. 29 de la CN establece el derecho fundamental del debido proceso, que
respecto a los actos administrativos hace extensivo la jurisprudencia
constitucional. Inicialmente, el debido proceso era solamente garantía procesal,
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
es decir, en relación con los procedimientos, luego comprendió la garantía
sustantiva, es decir, la razonabilidad. El debido proceso se consagra en la
Constitución Política como un derecho fundamental (1), es decir, individual,
propio de las personas consideradas individualmente, que garantiza la legalidad
de las decisiones del poder público en todas sus manifestaciones, sean
administrativas, judiciales o legislativas, y desde el punto de vista adjetivo o
formal, se concreta en los procedimientos y reglas que deben cumplir las
Autoridades Públicas en sus decisiones, concretadas principalmente en actos
administrativos, sentencias y leyes, a través de las cuales se regula la conducta
de las personas y restringen sus libertades. Desde el punto de vista sustantivo
el debido proceso es un parámetro de la justicia que establece a los órganos
estatales en el ejercicio de sus competencias, la medida de sus decisiones en
el ámbito de la libertad del individuo.
EI "DUE PROCESS OF LAW", que tiene su origen en Inglaterra, está referido
tanto a los procedimientos que deben circunscribir la producción normativa,
para su validez formal, en nuestro caso La Resolución Nacional No. 15883 de
28-SEP-2015, en los apartes acusados. Esto implica que no basta con la
expedición formalmente válida de un acto administrativo, sino que se deben
observar igualmente los contenidos axiológicos de nuestro sistema jurídico que
están consagrados y garantizados en la Norma Superior. En este sentido, de
acuerdo con el valor justicia, el principio de legalidad impone que nadie puede
ser obligado a hacer lo que la ley justa no manda ni privado de lo que la ley justa
no prohíbe.
Es insuficiente la legalidad de las normas, en nuestro caso, del acto
administrativo que se acusa, dejando de lado, inobservando, y lo que es más
grave, violando disposiciones normativas constitucionales y legales, como lo es
el DEBIDO PROCESO, el cual deber presidir todas las actuaciones en el
Estado, de tal manera que el ejercicio del poder público no se convierta en una
tiranía, y tenga por lo tanto un control en defensa del ciudadano, de los
particulares sobre los cuales recaen las decisiones administrativas, imponiendo
a la Administración del Estado el procedimiento y el cumplimiento de las
condiciones procesales que se deben cumplir en el ejercicio del poder público,
garantizando los derechos constitucionales de los particulares, que en últimas
son los beneficiarios de la Administración.
Además de la legalidad de las normas, o sea, el principio formal que sustenta
su validez se requiere de la razonabilidad de las mismas, es decir, del principio
sustancial, por lo tanto, si la norma jurídica es arbitraria o no razonable, el
principio de legalidad formal resulta insuficiente, lo que deviene en la
inconstitucionalidad de esa norma. Esto significa que la formalidad de las
normas cede a su razonabilidad.
La Norma Superior consagra el derecho del debido proceso, en el Artículo 29,
como una garantía que tienen todos los habitantes del territorio colombiano para
que las decisiones judiciales y administrativas que les afecten, crean o extingan
derechos o impongan sanciones u obligaciones de cumplimiento legal, estén
expedidos por las Autoridades competentes, a través de los medios legalmente
establecidos para su validez y que se observe del derecho de las personas para
el conocimiento y publicación, si es necesario, de las decisiones y tenga la
oportunidad de impugnarlas o controvertirlas.
Las motivaciones del Ministerio de Educación Nacional, para tomar las
decisiones contenidas en los apartes acusados de La Resolución Nacional No.
15883 de 28-SEP-2015, si bien es cierto que tiene la facultad para expedirla,
también lo es que no tiene correspondencia con la realidad y sobre todo, con el
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cumplimiento de los principios y definiciones establecidos en el Artículo 29 de
la C.N., incurriendo, en consecuencia, en situaciones fácticas que configuran
claras violaciones al derecho fundamental del debido proceso, de las
instituciones educativas, que tiene protección especial mediante la acción de
tutela, y constituye causal de nulidad del acto administrativo que se ha expedido
incurriendo en esas transgresiones.
Igualmente, la inobservancia de las disposiciones legales que regulan
procedimientos y consagran facultades, derechos y obligaciones, de manera
clara y afrentosa, constituye o pueden llegar a constituir, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, situaciones de vías de hecho, que se protegen
igualmente mediante la vía de la Acción de Tutela.
La vía de hecho administrativa, es procedente como violación del debido
proceso, conforme se dispone el derecho fundamental en el artículo 29
Superior, sobre el cual hay suficiente jurisprudencia constitucional.
Así, en la Sentencia T-214 de 2004 se pronunció la Corte así: "El derecho al
debido proceso administrativo se traduce en la garantía que comprende a todas
las personas de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que el
compromiso o privación de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado a sus
ciudadanos no pueda hacerse con ocasión de la suspensión en el ejercicio de
los derechos fundamentales de los mismos. Es entonces, la garantía
consustancial e infranqueable que debe acompañar a todos aquellos actos que
pretendan imponer legítimamente a los sujetos cargas, castigos o sanciones."
En el análisis del debido proceso a instancias de la Administración, es que se
ha reconocido la figura de la vía de hecho administrativa. Se decía sobre el
particular en sentencia T-995 de 2007 que: "La tesis de las vías de hecho (...)
ha sido aplicada principalmente en el campo de la actividad judicial, pero esta
Corporación también ha reconocido su aplicación en el ámbito de los procesos
y actuaciones administrativos". Esta se produce "cuando quien toma una
decisión, sea ésta de índole judicial o administrativa, lo hace de forma arbitraria
y con fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta
desconexión con el ordenamiento jurídico".
De acuerdo con la sentencia T-076 de 2011, el debido proceso administrativo
se concreta en, (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a
la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos
por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o
indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera
constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el
ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias
actuaciones, (ii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de
los administrados".
El debido proceso en el establecimiento del ISCE, tomado como un ranking
clasificatorio para los regímenes, se viola cuando no se cumplen los puntos
establecidos en los principios de Berlín, ya detallados, los cuales recogen las
deficiencias y errores en que se incurre”14 (Subrayas de la Sala).
8.6.1. En ese orden, lo que se evidencia es que, para el demandante, con la emisión
de las disposiciones demandadas se infringió el derecho al debido proceso como
14
Visible a folios 24 a 26 del escrito de demanda
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quiera que: (i) dichas determinaciones no tenían correspondencia con la realidad,
(ii) no se atendieron las normas que consagraban los procedimientos y facultades
del MEN, y (iii) no se cumplieron los principios de Berlín.
8.6.1.1. Respecto del primer punto, se advierte que, como quedó en evidencia
en los numerales 8.4. y 8.5. de esta providencia, los componentes definidos para la
clasificación de los establecimientos educativos se encuentran ajustados al
ordenamiento jurídico.
Asimismo, conviene reiterar que las pruebas SABER constituyen un instrumento
idóneo para determinar la calidad de la educación ofrecida por los colegios. Por lo
tanto, en criterio de la Sala, el uso de este indicador como uno de los parámetros
para la clasificación de los establecimientos educativos resulta válido para los fines
de la norma enjuiciada, de modo que no está acreditado que su objeto no sea
contrario a la realidad.
8.6.1.2. En cuanto a los demás puntos, lo que la Sala observa es que: (i) no se
especificó cuáles normas y procedimientos fueron infringidos con la emisión del acto
demandado, y (ii) no se evidencia que los denominados principios de Berlín hayan
sido incorporados al ordenamiento jurídico interno, ni se indicó en qué norma se
encuentran consagrados.
En otras palabras, el demandante se limitó a hacer afirmaciones sin proporcionar
un fundamento preciso para explicar por qué consideraba que, dadas las
circunstancias anteriores, se vulneraba el derecho al debido proceso. En ese
sentido, es pertinente señalar que no es posible interpretar dichos reparos, pues
esta Corporación de manera consistente ha indicado que en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tiene aplicación el principio de justicia rogada, lo que
significa que a la parte actora le asiste la obligación de delimitar el alcance del
estudio de validez que pretende plantear ante el Juez, para lo cual deberá indicar
cuáles son las normas que considera vulneradas por el acto enjuiciado y señalar el
razonamiento respectivo para ese efecto.
Al respecto, esta Sección, en sentencia del 12 de junio de 2014, manifestó:
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“Al respecto, cabe advertir que el Juez Contencioso Administrativo no puede
realizar el estudio de legalidad del acto administrativo acusado con base en
normas no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda.
Sobre el particular, es oportuno traer a colación la sentencia de 27 de noviembre
de 2003 de esta Sección (Expedientes Acumulados núms. Rad.: 1101-03-24-
000-2002-00398-01 y 1101-03-24-000-2002-00080-01 (8456 y 7777), Actores:
José Darío Forero Fernández, Hugo Hernando Torres y otro, Consejera ponente
doctora Olga Inés Navarrete Barrero), en la que se precisó:
“Respecto de la interposición de demandas de nulidad ante lo contencioso
administrativo, es necesario recordar que la justicia contencioso administrativa es
“rogada” es decir, que solo puede pronunciarse respecto de los hechos y normas
que se hayan esgrimido en la demanda de donde resulta que la precisa y
adecuada cita de los fundamentos de derecho y de las normas violadas viene a
constituir el marco dentro del cual puede moverse el juzgador. Así lo ha expresado
esta Corporación a través de sus fallos de los cuales se destaca el siguiente
pronunciamiento:
“En atención al carácter de "justicia rogada" que tiene la justicia administrativa,
el juez no puede realizar el estudio de legalidad con normas no invocadas en la
demanda, pues la expresión tanto de los fundamentos de derecho que se
invocan como vulnerados, así como el concepto de la violación, constituyen el
marco dentro del cual puede moverse el juez administrativo. Así lo ha señalado
en reiterada jurisprudencia esta Corporación. En distintos fallos se ha dicho:
"Esta jurisdicción es por esencia rogada. Ello significa que es el accionante, en
el señalamiento que hace de las disposiciones transgredidas con los actos
administrativos que acusa, quien determina el marco de juzgamiento. No le está
permitido al juez administrativo confrontar el acto impugnado con normas no
invocadas en la demanda ni atender a conceptos de violación diferentes a los
expuestos en el libelo En otros términos, al juzgador solo le es dado analizar el
acto enjuiciado a la luz de las disposiciones que se indican como violadas y por
los motivos planteados en el escrito introductorio". (Confr. Sentencia Consejo
de Estado, Sección Segunda. Radicación 8051. C.P. Joaquín Barreto Ruíz.
Noviembre 29 de 1995). En otro fallo se ratifica este criterio en la siguiente
forma: "El juez administrativo no tiene competencia para realizar un control
general de legalidad. Está limitado por la demanda que constituye el marco de
litis por manera que no puede analizar un acto que no se acusa". (Cfr. Consejo
de Estado. Sección Quinta. C.P: Miren de La Lombana. Radicación 1468).
Cuando la ley habla de citar las disposiciones violadas no se cumple con este
requisito con la simple cita del ordenamiento al cual pertenecen las normas
infringidas, sino que éstas deben señalarse con toda precisión. El control que
realiza el Consejo de Estado no es un control general de legalidad que
supondría la confrontación con todos los ordenamientos superiores
relacionados con el acto acusado, labor que resultaría imposible de ejecutar.
Resulta procedente la prosperidad de la excepción de inepta demanda
propuesta por la apoderada del Ministerio de Agricultura”. (Cfr. Consejo de
Estado. Sección Primera. M.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente:
6536. Fecha: 02/04/18).” (Las negrillas y subrayas fuera de texto)
Consecuente con el precedente jurisprudencial enunciado, considera la Sala
que el Juez Contencioso Administrativo no puede realizar el estudio de legalidad
del acto administrativo acusado con fundamento en normas superiores de
derecho no invocadas en la demanda, ni atender conceptos de violación no
explicados, sino que debe limitarse a estudiar las razones de
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inconstitucionalidad o ilegalidad, expuestas en la demanda, que constituyen el
marco de la litis o del juzgamiento.
En otras palabras, al Juez le está vedado pronunciarse sobre cuestiones o
asuntos de fondo que no fueron objeto del debate en el proceso, conforme lo
ha sostenido esta Sección en reiterados pronunciamientos, entre ellos, en
sentencia de 7 de junio de 2012 (Expediente núm. 73001-23-31-000-2007-
00153-01, Actor: Ricardo Guarnizo Morales, Consejera ponente doctora María
Elizabeth García González), en la cual se dijo que:
“Reitera la Sala que al juez en cada instancia le está vedado pronunciarse sobre
cuestiones o asuntos de fondo que no fueron objeto del debate procesal, toda
vez que su competencia está circunscrita al ámbito del proceso…”15 (Subrayas
de la Sala).
Lo anterior encuentra sustento si se tiene en consideración que la demanda es el
momento en el que el accionante delimita el objeto (pretensión) y la causa petendi
(hechos y fundamentos de derecho) que se ventilarán en el proceso, de tal suerte
que los demás sujetos procesales tengan absoluta certeza de que es sobre ello, y
nada más que ello, sobre lo que deberán pronunciarse en su respectiva
contestación.
Además, lo dicho está ligado al principio de congruencia, cual es una garantía del
derecho al debido proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones
aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico para que las partes alleguen
argumentos que deban ser tratados en la sentencia. Sobre el particular, el artículo
281 del CGP dispuso:
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (Subrayas del
Despacho).
Debe señalarse que dicha interpretación en modo alguno puede lesionar los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y el principio de
primacía del derecho sustancial sobre el formal. Por el contrario, la Corte
Constitucional, al estudiar sobre la legalidad del numeral 4 del artículo 137 del CCA,
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 12 de
junio de 2014. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2005 00434 01. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
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manifestó que no resultaba desproporcionado que se exigiera al demandante en un
procedimiento contencioso administrativo que identificara la norma que fue
vulnerada por un acto enjuiciado e indicara su concepto de violación, puesto que
dicha circunstancia contribuye a la racional, eficiente y eficaz administración de
justicia, al asegurar que la decisión del Juez se enmarcará dentro de la delimitación
de la problemática jurídica a considerar, mediante la determinación del objeto del
litigio y su causa petendi; veamos:
“2.3. El numeral 4 del art. 137 del Código Contencioso Administrativo establece,
entre los requisitos de la demanda, el señalamiento de los fundamentos de
derecho de las pretensiones y que cuando se trate de la impugnación de un
acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación.
A juicio de la Corte, la exigencia que contiene el segmento normativo acusado,
cuando se demandan actos administrativos, encuentra su justificación en lo
siguiente:
Los actos administrativos constituyen la forma o el modo usual en que se
manifiesta la actividad de la administración, con miras a realizar las múltiples
intervenciones en la actividad de los particulares, que en cumplimiento de los
cometidos que le son propios autoriza el derecho objetivo.
La existencia de un régimen de derecho administrativo como el que nos rige,
implica que la administración a través de dichos actos unilateralmente crea
situaciones jurídicas impersonales y abstractas o define situaciones jurídicas
subjetivas, es decir, que imponen obligaciones o reconocen derechos a favor
de particulares.
La administración no requiere acudir al proceso judicial para declarar lo que es
derecho en un caso concreto e imponer obligaciones a cargo del administrado,
pues ella al igual que el juez aplica el derecho cuando quiera que para hacer
prevalecer el interés público y dentro de la órbita de su competencia necesite
actuar una pretensión frente a un particular, en virtud de una decisión que es
ejecutiva y ejecutoria.
La necesidad de hacer prevalecer los intereses públicos o sociales sobre los
intereses particulares y de responder en forma inmediata a la satisfacción de
las necesidades urgentes de la comunidad, determina que los actos
administrativos, una vez expedidos conforme a las formalidades jurídicas y
puestos en conocimiento de los administrados, se presuman legales y tengan
fuerza ejecutiva y ejecutoria, es decir, sean obligatorios para sus destinatarios
y pueden ser realizados materialmente aun contra la voluntad de éstos.
Los anteriores caracteres que se predican del acto administrativo tienen su
fundamento constitucional en el régimen de derecho administrativo que
institucionaliza nuestra Constitución, con fundamento en los arts. 1, 2, 3, 4, 6,
83, 84, 90, 91, 92, 113, 115, 121, 122, 123-2, 124, 150-2-4-5-7-8-9-19-21-22-
23-25, 189, 209, 210, 211, 236, 237 y 238, entre otros.
Reitera la Corte, que si la administración debe realizar sus actividades con el
propósito de satisfacer en forma inmediata y oportuna los intereses públicos o
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sociales, ajustada a los principios de legalidad y buena fe, dentro de los límites
de su competencia, observando los criterios de igualdad, moralidad, publicidad,
imparcialidad, eficiencia eficacia, economía y celeridad, y sujeta a un régimen
de responsabilidad, la consecuencia necesaria es que sus actos gozan de la
presunción de legalidad y son oponibles y de obligatorio cumplimiento por sus
destinatarios.
La naturaleza y características propias del acto administrativo, que se han
puesto de presente anteriormente, justifican plenamente que el legislador,
dentro de la libertad de configuración de las normas procesales que regulan el
ejercicio de las acciones contencioso administrativas, haya dispuesto que
cuando se impugna un acto administrativo deban citarse las normas violadas y
explicarse el concepto de la violación. En efecto:
Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la
falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o el
desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal de
cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, mas aún cuando dicha búsqueda no sólo dispendiosa
sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece
enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en
la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto
de la violación.”16 (Subrayas de la Sala).
8.7. Del cargo relacionado con el derecho al trabajo
De manera previa a resolver el problema que corresponda, se evidencia que, según
el demandante, se vulnera la referida prerrogativa constitucional, ya que la
inhabilitación de una institución educativa para integrar el Banco de Oferentes
impediría que ésta pudiera contratar la prestación del servicio educativo, lo que
afectaría al personal vinculado a dicha institución.
En efecto, en la demanda se indicó:
“EL DERECHO AL TRABAJO.
16
Corte Constitucional. Sentencia C- 197 del 7 de abril de 1999. Magistrado Ponente: Antonio
Barrera Carbonell.
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Artículos 25 y 53 superiores.
ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
Como consecuencia de la violación de las normas superiores descritas, se
genera un efecto que atenta contra el derecho fundamental al trabajo, ya que si
una institución educativa viene prestando el servicio bajo la modalidad de
cobertura educativa y por las razones anotadas resulta inhabilitada para
conformar el banco de oferentes, no puede por lo tanto contratar el servicio, lo
cual afecta el derecho al trabajo al personal docente y directivo de la institución
educativa que devenga sus salarios merced a la prestación del servicio
educativo de la institución.
En este parágrafo se aplica igualmente el percentil, obtenido mediante el
procedimiento contrario a la Constitución y a la Ley, conforme a los argumentos
antes expuestos. Es de anotar que en este parágrafo se disminuye el ranking
del percentil, del 35% al 20%, sin que por este motivo deje de ser
inconstitucional e ilegal el procedimiento de adopción del mismo”17 (Subrayas
de la Sala).
No obstante, del análisis de las disposiciones impugnadas no se observa que éstas
inhabiliten a los establecimientos educativos para integrar el Banco de Oferentes, ni
que se derive de ellas la imposibilidad de contratar la prestación del servicio
educativo. En consecuencia, resulta claro que el cargo formulado parte de una
premisa incorrecta, ya que no es cierto que las normas demandadas produzcan la
consecuencia que se les atribuye. Por el contrario, dichas disposiciones se limitan
a establecer los parámetros para la fijación de las tarifas de matrículas y pensiones
correspondientes al servicio de educación preescolar, básica y media prestado por
instituciones educativas de carácter privado para el año escolar que inicia en 2016.
Sumado a lo anterior, al parecer, los mencionados reproches se dirigirían en contra
de lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.3.1.3.3.6 del Decreto número 1851
de 201518 que sí consagra la consecuencia normativa reprochada por el accionante,
sin que la Sala se encuentre habilitada a emitir algún juicio de legalidad, dado que
esa norma no fue demandada en este asunto.
17
Visible a folio 26 del escrito de demanda.
18
“Artículo 2.3.1.3.3.6. Requisitos para ser habilitado en el Banco de Oferentes. Para ser habilitado
en el Banco de Oferentes de cada entidad territorial, se deberán cumplir, como mínimo, los siguientes
requisitos:
(…)
3. No estar en régimen controlado en los términos consagrados en la Sección 4, Capítulo 2, Título 2,
Parte 3 de este decreto”
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Demandante: José Guillermo Herrera Herrera
8.8. Costas
Visto el artículo 188 del CPACA19, la Sala considera que no hay lugar a imponer
condena en costas a la parte demandante teniendo en cuenta que el presente
asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por
objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, donde el interés que
mueve al actor es público y no es otro distinto al de defender la prevalencia del
principio de legalidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas, en atención a lo señalado en precedencia.
TERCERO. Una vez en firme esta decisión, procédase por Secretaría al archivo del
expediente, dejando las constancias a que hubiere lugar.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del
6 de marzo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado
19
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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