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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00171-01

Fecha
6 de julio de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2015-00171-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de repetición, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Por secretaría, DEVUÉLVASE a la parte actora la suma consignada para gastos del proceso o su remanente si los hubiere. CUARTO: Dado que la decisión es denegatoria de las pretensiones, el proceso se decide en única instancia, por lo que, en firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación, previas las anotaciones de rigor. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2015-00171-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00171-01(55887)

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB-

Demandado: FREDDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ Y OTRO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011

Temas: REPETICIÓN - presupuestos de procedencia / Análisis del daño – condena
patrimonial no se demostró / no existe afectación patrimonial.

Procede la Sala a resolver, en única instancia, el medio de control de repetición
presentado por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB- en contra de los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y
Carlos Octavio Gómez Ballesteros.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante sentencia de 11 de octubre de 2012, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado confirmó la nulidad de las resoluciones 640 y 980 de 2003, decretada en
primera instancia. En dichas decisiones administrativas se había impuesto, sin
competencia, una contribución por concepto de valorización. Como consecuencia
de lo anterior, el ente público tuvo que reembolsar los valores pagados por el
particular, debidamente indexados. Por esta razón, la CDMB inició un proceso de
repetición en contra de los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros pues fueron ellos, en su condición de Director General y
encargado -respectivamente-, quienes impusieron y liquidaron dicha contribución.

II. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda

Mediante demanda presentada el 16 de agosto de 2013 (fls. 2-8 c. ppal), la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -
CDMB-, por conducto de apoderado judicial (fol. 1 c. ppal), presentó demanda de

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

repetición en contra de los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros, con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables a título de culpa grave, por la suma de dinero que la entidad pagó con
ocasión de la condena impuesta en la sentencia de 11 de octubre de 2012, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que la sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. –
Italcol promovió con el fin de que se anularan los actos administrativos por medio
de los cuales se impuso un gravamen por concepto de valorización al predio del
demandante. Consecuencialmente, la parte demandante pidió que se condenara al
demandado a pagar la suma de $110’374.159,80.

En concreto, la entidad demandante solicitó que se efectuaran las siguientes
declaraciones y condenas:

Primera. Que se declare como responsables, a título de culpa grave, a Freddy
Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros de los perjuicios
ocasionados a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga – CDMB- al ser condenada administrativamente por el
Tribunal Administrativo de Santander en fallo del 11 de febrero de 2010 a raíz
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por Carbone
Rodríguez y Cia S.C.A. - Italcol.

Segunda. Que se condene a Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros a cancelar la suma de ciento diez millones trescientos
setenta y cuatro mil ciento cincuenta y nueve pesos con ochenta centavos
($110’374.159,80) a favor de la Corporación Autónoma Regional para la
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB-.

Tercera. Que se condene a Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio
Gómez Ballesteros a cancelar intereses comerciales a favor de la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB -
desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso hasta el pago.

Cuarta. Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al
consumidor.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, lo siguiente:

Mediante la Resolución 640 de 16 de julio de 2003, la Corporación Autónoma
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -en adelante CDMB-
distribuyó la contribución por valorización de la canalización de la quebrada “La
Iglesia”, en los municipios de Bucaramanga, Girón y el departamento de Santander,
y le impuso un gravamen a la sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. – Italcol
en el equivalente a $377’191.379,80.

La sociedad afectada presentó recurso de reposición en contra del acto
administrativo; no obstante, la decisión fue confirmada mediante resolución 980 de
21 de octubre de 2003.

2

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

El afectado con las decisiones administrativas interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual culminó con la decisión de segunda instancia
de 11 de octubre de 2012, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En esta providencia se confirmó el fallo de primera instancia, mediante el cual se
anularon los actos administrativos y se ordenó devolver el pago realizado por la
contribución debidamente indexado.

La parte demandante atribuyó a los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y
Carlos Octavio Gómez Ballesteros la responsabilidad a título de culpa grave, toda
vez que expidieron los actos administrativos sin la competencia para hacerlo1.

2.- El trámite de única instancia

La demanda fue admitida2 mediante providencia de 15 de septiembre de 2016, la
cual se notificó en debida forma a los demandados y al Ministerio Público (fls. 63-
64, 70,72, 79 c. ppal).

El señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros se opuso a la prosperidad de la
demanda, pero se limitó a mencionar que no obró con culpa grave, dado que la
expedición de los actos administrativos estuvo precedida de una orden del Consejo
Directivo de la entidad pública (fls. 83-87 c. ppal).

El señor Freddy Antonio Anaya Martínez, en su contestación, afirmó que no actuó
con culpa grave, porque la contribución por valorización del proyecto de
canalización de la quebrada La Iglesia fue adelantado por un equipo interdisciplinar
y no solamente por el Director del ente público. Además, debía tenerse en cuenta
que la nulidad de los actos administrativos no implicaba, por sí mismo, un actuar
caprichoso del funcionario público, por manera que la conducta debía estar
suficientemente demostrada, circunstancia que no se evidenciaba en el plenario (fls.
93-97 c. ppal).

2.1.- La adecuación al trámite de sentencia anticipada

Mediante providencia de 1° de diciembre de 2021, se adecuó el trámite del proceso
para proferir sentencia anticipada, dado que se encuadraba en el supuesto del
numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, ya que no existían pruebas

1
No se invocó algunas de las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001.
2
Inicialmente la demanda fue presentada en el Juzgado Tercero Administrativo Oral de
Bucaramanga; no obstante, en auto de 8 de octubre de 2013, declaró su falta de competencia y
envió el proceso al Tribunal Administrativo de Santander. Posteriormente, en auto de 28 de
septiembre de 2014 y en sede de segunda instancia, se decretó la nulidad de todo lo actuado por
competencia funcional, se dejaron a salvo las pruebas y se avocó conocimiento en única instancia
(fls. 58-59, 252-261 c. ppal).
3

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

que tuvieran que ser practicadas en audiencia. En esta decisión se incorporaron los
medios de prueba documentales y se fijó el litigio de la siguiente forma:

De conformidad con las pretensiones y hechos de la demanda y la contestación
de los demandados, el litigio se circunscribe a determinar, en primer lugar, si
los demandados Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez
Ballesteros causaron a título de culpa grave el daño que dio origen al pago que
debió realizar la entidad demandante en virtud de la sentencia condenatoria
proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
la empresa Carbones Rodríguez y Cía S.C.A. contra la Corporación Autónoma
Regional de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, y en segundo lugar, si
puede atribuírseles responsabilidad por la indexación de los valores objeto de
restitución que la entidad debió asumir (fls. 442-444 c. ppal).

2.2.- Los alegatos de conclusión

Mediante providencia de 23 de mayo de 2022, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (índice
106 del aplicativo SAMAI).

En esta oportunidad, la demandante manifestó que la responsabilidad de los
demandados se encontraba debidamente probada en el expediente, toda vez que
se cumplieron los requisitos de repetición, en tanto que se demostró la calidad de
servidor público, la condena judicial y la culpa grave (Índice 113 del aplicativo
SAMAI).

El señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros se ratificó en su contestación de la
demanda; no obstante, manifestó que no había daño reembolsable en este caso,
porque la condena no constituía una afectación patrimonial de la entidad, sino una
mera devolución (índice 110 del aplicativo SAMAI).

A su turno, el señor Freddy Antonio Anaya Martínez afirmó que debían despacharse
desfavorablemente las pretensiones de la demanda, porque la Sala ya se había
pronunciado sobre un caso similar, en sentencia de 30 de julio de 20213 (índice 111
del aplicativo SAMAI).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

De conformidad con el numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -sin la modificación de la Ley 2080

3
Exp. 56.633, M.P.: José Roberto Sáchica.
4

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

de 20214-, la Sala tiene competencia para resolver la presente controversia en única
instancia, ya que esta Corporación conoce de las demandas de repetición
interpuestas en contra de los Representantes a la Cámara, entre otros5.

En el caso objeto de estudio, resulta importante mencionar que, si bien con la
demanda de repetición se reprocha la conducta del señor Freddy Antonio Anaya
Martínez cuando se desempeñó como Director General de la CDMB, lo cierto es
que ejerció como Representante a la Cámara, circunstancia que supone la
competencia del Consejo de Estado en única instancia6.

Cabe resaltar que cuando la demanda fue presentada, esto es, el 16 de agosto de
2013, el señor Freddy Antonio Anaya Martínez no ostentaba la calidad de
congresista; no obstante, es importante recordar que el proceso fue inicialmente
fallado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander cuando este
ya había adquirido la investidura. Por esta razón, en auto de 28 de septiembre de
2014, esta Corporación decidió decretar la nulidad de todo lo actuado y avocar su
conocimiento en única instancia. En esta decisión, se consideró que debía primar el
factor de competencia subjetivo sobre el objetivo, habida cuenta de la calidad que

4
Artículo 86 “Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su
publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y
tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las
demandas que se presenten un año después de publicada esta ley (…)”.
5
“De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación,
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la
Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de
los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior
Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional”.
6
Sobre el particular la jurisprudencia se ha pronunciado así: “Al interpretar las anteriores
disposiciones, la Sala consideró inicialmente que, para establecer la competencia del Consejo de
Estado en única instancia, era necesario constatar que los demandados hubieran tenido la
investidura a que se refiere el artículo 128 del C. C. A., para la época en que ocurrieron los hechos,
así ya no la ostentaran al momento de presentación de la demanda, o tuvieran alguna otra de mayor
envergadura. La anterior posición varió mediante providencia del 4 de diciembre de 2006, reiterada
en sentencias del 13 de noviembre y 3 de diciembre de 2008, en la que se avocó el conocimiento en
única instancia, de la acción de repetición ejercitada por el Distrito Capital de Bogotá contra Andrés
Pastrana Arango, por hechos acaecidos cuando este último ostentaba la calidad de alcalde mayor
de Bogotá (…) Con fundamento en lo anterior, en esas oportunidades la Sala concluyó que si bien
los hechos que daban lugar al ejercicio de la acción de repetición habían ocurrido cuando el señor
Pastrana Arango se desempeñaba como alcalde mayor de Bogotá, lo cierto es que al momento en
que el Distrito Capital presentó la demanda, el señor Pastrana ostentaba la calidad de presidente de
la República, circunstancia que daba lugar a la aplicación de la norma.

En este caso, la Sala reitera esta última postura para asumir su competencia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 86 y 128 del C. C. A. y 7 de la Ley 678 de 2001, vigentes para la fecha de
presentación de la demanda. Así, el Consejo de Estado es la autoridad judicial competente para
conocer privativamente y en única instancia de las acciones de repetición que el Estado ejerza contra
los senadores o representantes de la República, entre otros. Por consiguiente, a pesar de que los
hechos que se debaten tuvieron lugar cuando el señor Navarro se desempeñaba como alcalde
municipal, lo cierto es que al momento en que se presentó la demanda, estaba investido como
senador de la República, circunstancia que radica la competencia en esta Corporación para tramitar
el proceso en única instancia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 25.694, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
5

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

desplegaba la persona que se encontraba vinculada al proceso (fls. 59-59, 252-261
c. ppal).

Así, para el momento en que fue admitida la demanda -15 de septiembre de 2016-
el señor Anaya Martínez todavía tenía la investidura de congresista, puesto que el
cargo lo desempeñó hasta el año 2018, por lo que esta Corporación es la
competente para decidir el caso puesto a su consideración.

Con todo, la Sala concluye que la decisión que aquí se toma guarda consonancia
con los principios de economía, eficiencia y eficacia, dado que ya hubo una decisión
de instancia y su correspondiente nulidad, por manera que no sería plausible
reiniciar un proceso que, de todos modos, se encuentra protegido bajo el principio
de la doble conformidad del artículo 149A de la Ley 1437 de 2011.

Es importante aclarar que, si bien el señor Carlos Octavio Gómez Ballesteros no
ostentaba ningún cargo de los que hace mención el numeral 13 del artículo 149 de
la Ley 1437 de 2011, se conocerá de la demanda de repetición formulada en su
contra para efectos de que exista unidad de criterio en el estudio de la
responsabilidad que le pueda corresponder respecto de las condenas impuestas al
ente demandante, propósito que se cumple al atender el mandato del legislador,
conforme al cual “si la acción se intentara en contra de varios funcionarios, será
competente el juez que conocería del proceso en contra del de mayor jerarquía”.

2.- Ejercicio oportuno del derecho de acción

En el caso concreto, la condena impuesta a la CDMB, y por la cual pretende repetir
en contra de los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez
Ballesteros, fue proferida el 11 de octubre de 2012 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 20 de noviembre de
ese mismo año (fol. 52 c. ppal).

En el sub lite, el pago de la condena se efectuó el 26 de abril de 2013, según se
desprende de la certificación expedida por el tesorero del ente público, las órdenes
de pago y los comprobantes bancarios obrantes en el expediente (fls. 39, 50, 53 c.
ppal).

De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de
caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir
de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o,

6

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo
192 ibídem7.

Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para
pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua
codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se
tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos8.

Así, la Sala debe poner de presente que la condena objeto del sub examine se
profirió dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició
su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984-
. De igual manera, la CDMB debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y
178 de ese mismo cuerpo normativo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso es necesario
determinar –en principio- cuándo se produjo el pago de la indemnización impuesta
por la jurisdicción en la sentencia condenatoria a la entidad pública, el cual no sólo
tiene incidencia para acreditar uno de los requisitos para la prosperidad de la acción
de repetición9, sino que, a la vez, es un aspecto fundamental para verificar el
presupuesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción.

Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la CDMB cobró ejecutoria el 20 de
noviembre de 2012, por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo –Decreto 01 de 1984- corrió hasta el 21 de mayo
de 2014, lapso dentro del cual se realizó el pago, este es, el de fecha de 26 de abril
de 2013.

En ese contexto, en este caso debe concluirse que el término de caducidad debe
computarse desde el día siguiente al pago efectuado, por lo que el plazo máximo

7
“Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma
de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de
la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada”.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
de 5 de abril de 2017, exp. 58762, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
9
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y las normas que lo
desarrollan, artículos 77 y 78 del C.C.A. y la Ley 678 de 2001, para que una entidad pública pueda
ejercer la acción de repetición, deben concurrir y reunirse los presupuestos y requisitos a saber: a)
Que una entidad pública haya sido condenada a reparar los daños antijurídicos causados a un
particular, o resulte vinculada a la indemnización del daño en virtud de una conciliación u otra forma
legal alternativa de terminación o solución pacífica de un conflicto; b) Que la entidad haya pagado a
la víctima del daño la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación; y c) Que
la condena o la conciliación se hayan producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa
de un funcionario o ex funcionario o de un particular que ejerza funciones públicas. Ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 31 de agosto de 2006,
Expediente No. 28.448, Actor: Lotería La Nueve Millonaria de La Nueva Colombia Ltda. C.P. Ruth
Stella Correa Palacio.
7

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

para interponer la demanda fue el 27 de abril de 2015 y, dado que aquella se
presentó el 16 de agosto de 2013, resulta evidente que el ejercicio del derecho de
acción fue oportuno.

3.- La legitimación en la causa

La CDMB está legitimada en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de
la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público que aduce haber
sido perjudicada con el pago de la suma de dinero decretada por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se dirigió en contra
los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez Ballesteros,
quien para el momento de los hechos que dieron lugar a la condena contra el ente
territorial, se desempeñaban como Director General y encargado de la CDMB -
respectivamente- y, además, suscribieron los actos administrativos que
posteriormente fueron declarados nulos.

4.- Presupuestos de prosperidad en la acción de repetición. Reiteración de
jurisprudencia

Este medio de control, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan
al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños
antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente
culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de
una función pública, hayan salido del patrimonio estatal para el reconocimiento de
una indemnización. Así, la finalidad de este lo constituye la protección del patrimonio
estatal, el cual es necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del
Estado Social de Derecho10.

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso
segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra este”.

En tal sentido, la antes denominada acción de repetición fue consagrada en el
artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A,
sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. 36.310, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
8

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente
culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste el reintegro
de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una
conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto.

De conformidad con la disposición legal anotada, el particular afectado o
perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está facultado
para demandar a la entidad pública, al funcionario o a ambos. En este último evento,
la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso
correspondiente.

Esta posibilidad ha sido consagrada también en ordenamientos especiales tales
como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, la cual,
en su artículo 71, consagró que “en el evento de ser condenado el Estado a la
reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir
contra éste”, norma referida, en este caso, a los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial.

El mandato constitucional del inciso segundo del artículo 90 de la Constitución
Política encuentra su desarrollo en la Ley 678 del 3 de agosto de 2001, “por medio
de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento
en garantía con fines de repetición”.

Dicha ley definió la repetición como una acción –hoy medio de control- de carácter
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que,
como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado lugar
al reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena,
conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. El mismo medio de control
se ejercerá contra el particular que investido de una función pública haya
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales del
medio de control de repetición y del llamamiento en garantía. Con tales propósitos
fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las
finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las
definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente,
al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en
materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con los segundos, reguló

9

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento,
procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación
judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución,
así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas
cautelares en el proceso.

Sin embargo, como se advirtió anteriormente, los hechos y actos ocurridos bajo el
imperio y vigencia del régimen jurídico precedente a la expedición de la Ley 678 de
2001, potencialmente constitutivos de la acción de repetición contra funcionarios o
exfuncionarios o particulares en ejercicio de función pública, tenían un régimen
integrado por varias disposiciones tanto sustanciales como procesales que, aunque
dispersas, permitían exigir la responsabilidad del agente del Estado en los términos
consagrados en el inciso segundo del artículo 90 de la Carta Política.

Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la
jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva
rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a
partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación. Sólo
excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos.

Lo anterior permite entender que los actos o hechos que originaron la
responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley
678 de 2001, continúan rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la
responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente
compromete su patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título
de dolo o de culpa grave.

De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial
del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de Ley 678
de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será
aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada
la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º
de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los
elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la
responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con
aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de
responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la
Constitución Política).

10

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

Si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la demanda y posterior condena
contra la entidad hubieren acaecido con anterioridad a la expedición de la Ley 678
de 2001, las normas sustanciales aplicables para dilucidar si se actuó con culpa
grave o dolo serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente
público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente
al Estado, en cuyos eventos es necesario remitirse directamente al criterio de culpa
grave y dolo que plantea el Código Civil.

Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado11 ha dicho que para determinar la
existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones
contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características
particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91
de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos,
como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o
manuales respectivos.

Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe,
contenidos en la Constitución Política12 y en la ley, a propósito de algunas
instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten
los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio
que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el
pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del
demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio
de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v)
que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño
antijurídico.

En relación con lo anterior, se debe precisar que la no acreditación de los dos
primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad
pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por
parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al juez por completo
de realizar un análisis de la responsabilidad que se les imputa a los demandados.

En efecto, los supuestos referidos constituyen el punto de partida para estudiar de
fondo los hechos atribuibles a la conducta de quienes han sido demandados, pues

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de
agosto de 1999, exp. 10.865, M.P.: Ricardo Hoyos Duque.
12
El artículo 83 Constitucional estipula: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante estas”.
11

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

el objeto de la repetición lo constituye la reclamación de una suma de dinero que
hubiere sido cancelada por la entidad demandante, de manera que la falta de
prueba de ese daño desvirtúa totalmente el objeto de la acción, en relación con la
cual se habría de concluir que carece de fundamento y, por tanto, en tales casos,
se deberán negar las súplicas de la demanda.

5.- Problema jurídico

Previa acreditación de la existencia del daño, la Sala examinará si el pago realizado
por la entidad pública demandante, como consecuencia de la nulidad de las
resoluciones 640 y 980 de 2003, es o no atribuible patrimonialmente, a título de culpa
grave a los señores Freddy Antonio Anaya Martínez y Carlos Octavio Gómez
Ballesteros.

Por razones prácticas y metodológicas, la Sala verificará, en primer lugar, si se
cumplen los presupuestos procesales para que proceda el medio de control de
repetición y, en segundo término, en caso de verificarse, establecerá si el
demandado actuó con culpa grave, como lo asegura la entidad demandante.

5.1.- El daño: la existencia de una condena judicial y el pago

Para efectos de resolver el caso concreto debe establecerse, en primer término, si
se produjeron los daños alegados en la demanda, para, luego, entrar a definir si
éstos resultan imputables, a título de culpa grave, a la parte demandada.

Como el proceso de repetición es “una acción civil patrimonial” 13 y su finalidad no
es precisamente la de indemnizar a la entidad pública por un daño antijurídico sino
la de restituir patrimonialmente una suma pagada como consecuencia de aquel, la
Sala encontrará acreditado el daño en este caso si se verifica que se profirió tanto
una condena en contra del ente estatal demandante, así como la prueba material
del pago realizado por está a favor del beneficiario de aquella.

En ese contexto, valorado en conjunto el material probatorio y de conformidad con
la fijación de litigio, ha de decirse que se encuentran acreditados los siguientes
hechos que tienen relación con el daño alegado en la demanda:

El 9 de julio de 2009, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de
las resoluciones 640 y 980 de 2003 y, como restablecimiento del derecho, ordenó
restituir la totalidad, debidamente indexado, de los dineros pagados a la CDMB por

13
Artículo 2 de la Ley 678 de 2001.
12

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

la sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. – Italcol por concepto de valorización.
En relación con este último punto se fijó así:

Segundo. Ordénase a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, restituir la totalidad de los dineros que la
sociedad Carbone Rodríguez y CIA S.C.A. – Italcol hubiere (sic) por concepto
de la contribución por valorización impuesta mediante resolución 640 del 16 de
julio de 2003, y las que confirmaron, debidamente ajustada, en los términos del
artículo 178 del C.C.A., dando aplicación a la fórmula reseñada en la parte
motiva de la presente providencia (fol. 37 c. ppal).

El 11 de octubre de 2012, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la
decisión de primera instancia. Después de citar la sentencia C-155 de 2004,
consideró que la CDMB no tenía competencia para fijar la tarifa por contribución por
valorización hasta que el Congreso de la República fijara un sistema y método para
que aquella entidad pudiera realizarlo (fls. 41-52 c. ppal).

De conformidad con la condena asumida por la CDMB, en los términos antes
transcritos, resulta evidente que no se puede considerar como una de tipo
resarcitorio pecuniario para efectos de concluir que se está frente a una reparación
patrimonial derivada de la acción u omisión de las autoridades públicas, en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 678 de
2001.

Lo anterior no quiere significar una limitación al alcance de la cláusula general de
responsabilidad del Estado en sede de repetición, sino que se busca dejar claro que
solamente aquellos eventos en los que causalmente pueda establecerse una
obligación de reparación de un perjuicio derivado de la conducta de un agente
estatal, que no un mero o simple restablecimiento del derecho, será procedente la
demanda de reembolso.

Al respecto, vale precisar que el medio de control de repetición tiene como finalidad
lograr el reembolso del patrimonio público cuya erogación se ha derivado de una
conducta dolosa y/o gravemente culposa, de ahí que no se trate propiamente de un
proceso de características sancionatorias, sino, en cambio, uno con fines
retributivos y preventivos. Vale recordar en este punto que no cualquier condena
efectuada a una entidad pública configura, per se, una afectación patrimonial, en
cuyo caso se habilite a la entidad pública para repetir cuando sea causada por la
conducta de uno de sus funcionarios14.

Así, corresponde al juez administrativo verificar que la decisión judicial base de la
repetición objetivamente imponga un detrimento patrimonial a la entidad pública, por

14
Al respecto, consultar, Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
13

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

manera que las órdenes que se escapen de dicha declaración, como lo son las que
impongan un mero restablecimiento del derecho sin afectación económica, una
devolución y/o restitución, no constituyen supuestos que la habiliten para interponer
un medio de control de repetición, puesto que se generaría un enriquecimiento sin
justa causa a favor del Estado.

En un caso donde también se discutía el reembolso de las unas pagadas por un
particular por concepto de la valorización impuesta por la CDMB, la Sala razonó de
forma similar, pues mencionó que:

[C]on el propósito de que la condena de repetición no se convierta en una
decisión desproporcionada, el ordenamiento superior le exige al juez de lo
contencioso administrativo que valore la condena efectiva a una indemnización
que implique una afectación patrimonial del Estado y no la simple devolución o
restitución o restablecimiento de un derecho; asimismo, se debe verificar el
verdadero valor del daño atribuible al agente, suprimiendo del mismo los
incrementos respectivos a factores ajenos a la voluntad del agente y aquellos
valores que resulten claramente desproporcionados en consideración de la
responsabilidad general que deben asumir los funcionarios públicos.

En este punto, llama la atención la Sala a que los jueces de lo contencioso
administrativo deben efectuar el análisis correspondiente para que la acción y
la posterior condena que se imponga como producto de una acción de
repetición en los términos del artículo 90 superior, no se convierta en una
decisión que configure en un enriquecimiento injusto para el Estado.

Asimismo, cabe resaltar que corresponde al juez administrativo, al momento de
examinar los presupuestos de la acción de repetición, indagar si efectivamente
se presentó una indemnización a favor de una determinada persona o si, por el
contrario, constituyó un mero restablecimiento, devolución o restitución de un
valor que se hubiera pagado indebidamente al Estado, caso en el cual no se
generaría afectación al patrimonio público, pues al final de cuentas el estado
restituye a su legítimo titular unos recursos que por virtud del fallo de nulidad no
tiene derecho a retener15.

En ese orden de ideas, considera la Sala que no se demostró el daño en este
asunto, dado que no se demostró que la condena patrimonial hubiera causado una
afectación patrimonial a la entidad pública demandante, en los términos del artículo
90 de la Constitución Política. Así mismo, los valores generados por la indexación
de la devolución efectuada al demandante en el proceso antecedente son un factor
ajeno a la voluntad del funcionario público, por lo que tampoco puede ser asumido
como fruto de su conducta16.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 30 de julio de 2021, exp. 56622, M.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
16
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que la condena de repetición tiene que
respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, razón por la cual “el juez, en ejercicio de
su independencia e imparcialidad, debe evitar excesos; es decir, cargas excesivas y
desproporcionadas en cabeza de una persona. Entre los fines esenciales del Estado se encuentra
asegurar la vigencia de un orden justo (CP art 2) y reconocerles primacía a los derechos inalienables
de la persona (CP art 3)”. Sentencia C-619 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar
Gil).
14

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

En efecto, se reitera, resulta desproporcionado exigirle a los demandados el
reembolso de una suma de dinero que no significó una afectación patrimonial para
la CDMB, dado que aquella devino de la mera devolución de las sumas pagadas
por un particular por concepto de valorización.17

Por todo lo dicho, se concluye que no fue probado el daño, por lo que se negarán
las pretensiones de la demanda y, como consecuencia, el proceso se decide en
única instancia, dado que no es procedente el principio de doble conformidad, en
los términos del artículo 149A18 de la Ley 1437 de 2011 -modificada por la Ley 2080
de 2021-.

6.- Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no
obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés
público”.

Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de
repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad
es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es
uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, no hay lugar a
condenar en costas a la parte vencida en este proceso19.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

17
En igual sentido se pronunció recientemente la Subsección en sentencia de 4 de marzo de 2022,
exp. 64853.
18
“1. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus
veces, el Vicepresidente de la República, congresistas, ministros del despacho, directores de
departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República,
Fiscal General de la Nación, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Jurisdicción Especial para la
Paz, miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los
tribunales administrativos, de las comisiones seccionales de disciplina judicial, de los consejos
seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, y de los delegados de la Fiscalía General
de la Nación o del Ministerio Público ante las autoridades judiciales señaladas en este numeral. En
estos casos, la Sección Tercera, a través de sus subsecciones, conocerá en única instancia. Sin
embargo, si la sentencia es condenatoria contra ella será procedente el recurso de apelación, el cual
decidirá la Sala Plena de la Sección Tercera, con exclusión de los consejeros que hayan participado
en la decisión de primera instancia”.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, exp. 63.519, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
15

Radicación: 110010326000201500171 01 (55887)
Actor: CDMB
Demandado: Freddy Antonio Anaya Martínez y otro
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de repetición, de conformidad
con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Por secretaría, DEVUÉLVASE a la parte actora la suma consignada
para gastos del proceso o su remanente si los hubiere.

CUARTO: Dado que la decisión es denegatoria de las pretensiones, el proceso se
decide en única instancia, por lo que, en firme esta providencia, ARCHÍVESE la
presente actuación, previas las anotaciones de rigor.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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